cuando sus hijos llegaban a la adolescencia, pues eran arrebatados con violencia de sus familias y comunidades por el ejército. A pesar que la ley de servicio militar establecía la edad de reclutamiento en 18 años y más.

Durante el conflicto armado interno, la situación fue aún peor, se llegó al extremo de reclutar niños y obligar a los conscriptos a masacrar a sus propias comunidades.

Entre marzo de 1982 y agosto de 1983 el general golpista José Efraín Ríos Montt, puso en marcha la política de tierra arrasada —la más cruenta desde la invasión de 1524—, bajo su mandato y en poco tiempo el Ejército de Guatemala masacró a más de 413 comunidades mayas, se incrementaron las desapariciones forzadas, se recurrió de manera sistemática a la violación sexual contra las mujeres mayas sin importar su edad, ni que estuvieran embarazadas, al extremo de asesinar a bebés antes de nacer (feticidio). También el ejército quemó las viviendas de las familias y destruyó sus cultivos.

Por otro lado, este gobierno de facto le dio continuidad a la militarización de las comunidades mayas, por medio de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Mediante esta figura los civiles militarizados fueron obligados a violar a las mujeres, así como a desaparecer, torturar y asesinar a sus vecinas o vecinos.

Mientras estas atrocidades ocurrían, organizaciones fundadas y lideradas por mujeres mayas y/o ladinas como Conavigua y el GAM, iniciaron la histórica lucha contra el reclutamiento forzoso, la denuncia a nivel nacional e internacional de los delitos de genocidio contra el pueblo maya y las desapariciones forzadas que afectaba a la niñez, adolescencia, mujeres y hombres a lo largo y ancho del territorio nacional.

Aunque el 24 de marzo de 1994, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), firmaron el Acuerdo Global de Derechos Humanos que, en teoría, puso fin al reclutamiento militar forzoso. En la actualidad, esta práctica vejatoria sigue vigente. El ejército en su afán de mantenerse en el poder y continuar con su objetivo de mantener controladas a las comunidades; ahora va con el discurso de que el servicio militar es voluntario y quienes “deciden” ingresar a las filas castrenses, la historia les recordará por haber servido con “honor” y “orgullo” a la patria.

Es innegable que las élites políticas y económicas criollo-oligárquicas se enquistaron en el poder desde hace más de 192 años, mantienen vigentes sus políticas racistas/colonialistas y militaristas de excluir, subalternizar y oprimir al pueblo Maya. La militarización cumple esos tres objetivos.