Ramón Tobar, superintendente de Bancos, dijo ayer que las estadísticas reflejan que la IVE cuenta con una unidad de análisis financiero que recibe más información y que a su vez investiga con mayor profundidad los casos recibidos.
“A través de esta estadística se puede apreciar que se ha trabajado más, aunque los casos gozan de reserva, por la confidencialidad de los mismos debido a que las denuncias están en poder del Ministerio Público”, expuso Tobar.
El superintendente ofreció sus declaraciones luego de haber participado en la inauguración del Décimo Congreso Regional sobre Prevención de Lavado de Dinero.
Tobar afirmó que el MP debe efectuar las investigaciones pertinentes y si considera que existen indicios de anomalías en los reportes deberá llegar hasta el final de la persecución penal.
Un estudio de la SIB del 2012 refiere que alrededor del 30 por ciento de las denuncias tienen origen en actos de corrupción, 28 por ciento son por extorsión, 17 por ciento provienen del narcotráfico y el resto se deben a estafa, tráfico de personas, defraudación tributaria, adopciones ilegales o falsedad.
Según Eduardo Antonio Soto, director de la IVE, cada denuncia podría estar compuesta por varios reportes de transacción sospechosa (RTS).
“Las personas obligadas tienen la responsabilidad de reportar cuando encuentran una transacción que sale de lo usual y no tiene un fundamento legal económico evidente, y este se convierte en el insumo para una posterior denuncia”, aseguró.
A criterio de Soto, como las bases de datos de la SIB y los bancos del sistema están conectados, se da el caso de que una persona o empresa reportada tiene otros RTS. “Una denuncia puede tener desde un RTS hasta 50 de estos”, explicó.
Aunque no detalló el comportamiento de estos documentos, el director de la IVE dijo que se calcula que cada año aumentan entre 10 y 20 por ciento.
El fiscal contra el Lavado de Dinero, Rolando Rodenas, refirió que esta clase de denuncias tienen reserva legal. Sin embargo, dijo que a cada queja se le da seguimiento e incluso se ha capturado a alcaldes y exfuncionarios que han sido señalados.
Prevención del lavado
Tobar explicó que el proceso de la prevención de lavado de dinero descansa en tres aspectos principales.
El primer paso se da cuando los oficiales de cumplimiento de las personas obligadas —empresas o personas individuales que podrían estar expuestas a lavado de dinero, como en el caso de las joyerías, bancos, financieras o ventas de vehículos— informan a la IVE por medio de un RTS.
Después, la IVE analiza la información por cruce de datos con todo el sistema financiero, y si considera que hay indicios de lavado, lo denuncia en el MP.
Finalmente, el MP a su vez analiza e investiga, y si lo considera factible, lleva el caso a la instancia legal correspondiente.
Los retos de la IVE
Soto refirió que entre los retos de la IVE está avanzar en los estándares a escala mundial que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Según afirmó, el reto más inmediato es adecuar los reglamentos que se tienen bajo el esquema de las recomendaciones para la supervisión basada en riegos del Gafi.
El Gafi tiene planeado evaluar al país el año próximo.
“Nosotros tenemos un plan en el que vamos a actualizar toda la normativa que tenemos y, conforme el plan, vamos en tiempo”, dijo Soto.
Expuso que el objetivo para este año es tener actualizado el 80 o 90 por ciento de las guías de reporte y de la normativa relativa a lavado de dinero, de activos y de la financiación de terrorismo.
En lo que va de este año la IVE emitió las guías correspondientes a las personas obligadas en régimen especial —joyerías o ventas de vehículos—, así como el de las personas expuestas políticamente.
El 20 de julio próximo Guatemala dejará de pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) y se integrará al Grupo de Acción Financiera Internacional del Sur (Gafisud).
El Gafisud está integrado por los países de América del Sur, con excepción de Venezuela.
