La jueza Patricia Rodríguez señaló que hay posibilidad de que Chay haya participado en los hechos que se le sindican, por lo cual fijó un plazo de dos meses para que se hagan las investigaciones necesarias y se dilucide la acusación en contra del funcionario.

Rodríguez resolvió falta de mérito a favor del alcalde, quien también enfrentaba cargos por el delito de abuso de autoridad, debido a que no se presentaron pruebas de este delito.

Lorena Quiñónez, fiscal del Ministerio Público (MP), durante la audiencia detalló que Chay agredió a integrantes de la Asociación de Mototaxis del citado municipio el 7 de abril de 2014, frente a la Municipalidad, cuando estos realizaban una caravana.

De acuerdo con el MP, el alcalde arremetió en contra de Aurelio Sop Carrillo y su hijo menor de edad Marco Antonio Sop, a quien el funcionario le propinó un golpe en la boca y lo amenazó de muerte.

El alcalde dijo que estas son estrategias políticas que utilizan en su contra, ya que tiene intención de participar en los próximos comicios para reelegirse, y que el día del incidente fue él el agredido.

“Los mototaxistas fueron quienes me golpearon a mí; yo estaba afuera de la Municipalidad hablando con otros vecinos cuando llegaron estos a pelear, me maltrataron y me golpearon, por esto yo también denuncié, así que ahora me quieren perjudicar mi imagen”, resaltó Chay.

“En Zunil ya hay varias asociaciones autorizadas, yo no puedo avalar a los tuctuqueros porque primero deben negociar con los grupos establecidos, ese es el problema que originó todo este inconveniente”, añadió.

Antecedentes

Chay ha enfrentado ocho antejuicios este año, uno de los procesos fue dado con lugar y uno sin lugar, el resto aún se tramitan.

El alcalde fue juzgado en el 2009, acusado de ser el autor intelectual del atentado que sufrió en el 2008 Julio Xicay, quien en ese entonces era alcalde de Zunil, sin embargo, fue declarado inocente.

Ganó la alcaldía en el 2011 con el Partido Patriota, ahora se participa por la coalición Creo-Unionista.

Félix Sontay, juez segundo de Instancia Penal de Quetzaltenango, resolvió este viernes ligarlos a proceso sindicados de atentado con agravación específica y les otorgó medida sustitutiva mientras dure la investigación del caso.

Según la acusación del Ministerio Público, el 7 de abril del 2014 frente a la municipalidad del referido municipio los tres sindicados agredieron verbal y físicamente al funcionario, por ciertos desacuerdos por una celebración que hacían los mototaxistas locales, quienes no han sido autorizados por la comuna.

Entre los medios preliminares de investigación que tiene la fiscalía, está la declaración del alcalde, un examen médico forense, en el que se detalla que el jefe edil tenía golpes en el rostro; además, de la declaración de testigos.

Los procesados recuperaron su libertad con la condición de firmar cada 15 días el libro de control en el juzgado de Zunil, no salir del país y no acercarse al alcalde.

El juez estimó que existían pruebas suficientes que comprobaron la participación del acusado en el crimen contra Édgar Sac Sac, 22, quien fue herido con un arma cortante y que falleció en la emergencia del Hospital Regional de Occidente.

El Ministerio Público comprobó mediante pruebas y testimonios que el 29 de noviembre de 2014, frente a la tienda Los Chinitos, en el cantón Chuisuc, Olintepeque, Quetzaltenango, se encontraba Sac en compañía de unos amigos, y a ese lugar llegó Colchim, con quien discusión y lo hirió con arma blanca.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el sentenciado pese a su corta edad, es una persona violenta al igual que algunos integrantes de su familia, ya que hay antecedentes de parientes que han sido condenados por delitos como asesinato.

Moisés De León, juez presidente del tribunal, dijo que se comprobó la participación de Chan en los hechos que se le atribuyeron, y quedó establecido que el sentenciado llevó a un adolescente de 16 años a la terminal de buses Minerva, en la zona 3 de Xela, para que este cometiera un asesinato.

De León resaltó que Chan actuó como cómplice del ejecutor del crimen, delito que es penado por la ley, ante lo cual lo declararon culpable del ilícito.

El tribunal se basó en el testimonio de “Camilo”, un testigo de nombre supuesto que declaró en anticipo de prueba y detalló la forma en que ocurrieron los hechos el 5 de junio del 2014, cuando el adolescente disparó un arma de fuego contra Marlon Alexánder López Orozco, ayudante de un bus urbano, quien murió.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), el ataque fue directo contra López, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de Occidente en donde murió. Dos mujeres que viajaban como pasajeras resultaron heridas.

Por este crimen el adolescente implicado en el hecho, apodado como “el Morsa”, fue condenado en marzo último a una pena de 6 años de prisión, por el Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley, por ser el responsable del crimen contra López.

Marta Chan, madre del sentenciado, cuestionó la sentencia y la declaración del testigo “Camilo”, ya que ella asegura que ese día su hijo se encontraba en una celebración en su vivienda.

“La Fiscalía emprendió contra mi hijo, pero primero lo procesaron por tener un arma de fuego y nunca encontraron indicios de nada. No es justo que el testimonio de alguien que no se identifica ni da la cara sea la principal prueba para condenar a un inocente”, resaltó Chan.

La sentenciada es Ericelda Magalí Aguilar Chacaj, de 21 años, por el infanticidio de su hijo recién nacido. Aunque Aguilar fue juzgada por parricidio, la jueza Perla Nowel indicó que de acuerdo con las leyes el ilícito que ella cometió no encuadra en este delito sino en el de infanticidio por el que fue condenada, siendo beneficiada con una condena menor.

Nowel añadió que la acusada presentó alteración síquica, y que bien podía haber hecho algo más con su hijo en lugar de tomar acciones que lo llevaron a la muerte.

Luego de las investigaciones y pruebas científicas, que el Ministerio Público (MP) realizó, logró comprobar que el 20 de agosto del 2014, en la zona 3 de San Mateo, Quetzaltenango, la sindicada dio a luz a un bebe, quien luego del parto lo metió a una bolsa plástica y lo tiró en una calle cercana a su vivienda.

La prueba genética dio la certeza que Aguilar era la madre del niño, además de las versiones de testigos, bomberos de la localidad y personal médico del centro de salud, quienes atendieron a Aguilar luego del incidente. Así mismo la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, demostró que el pequeño falleció por asfixia.

Los estudiantes presentaron la primera denuncia en la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) sede Quetzaltenango, la cual fue remitida al Ministerio Público (MP) y paralelamente presentaron una demanda civil en el Juzgado Primero Civil del citado municipio, y de cuales dos se encuentran en proceso.

Los afectados alegan en las tres quejas que cuando se inscribieron en el centro de estudios en el 2007 y el 2008, y las autoridades les ofrecieron una carrera de 11 semestres, y uno más para la práctica supervisada, pero hacen énfasis en que no incluía paciente, tesis y exámenes privados oral y escrito.

De acuerdo con la denuncia en Derechos Humanos, los estudiantes debían graduarse en noviembre del 2014, pero no fue así, tuvieron que llevar un paciente, elaborar tesis y someterse al examen privado oral el cual tuvo un costo de Q2 mil, sin embargo por información que se les proporcionó de sus superiores deben someterse al privado escrito, el cual tiene un costo de Q3 mil, y de no hacerlo y ganarlo, no podrán obtener el título de odontólogos.

Los estudiantes resaltan que aceptaron los cambios impuestos y los nuevos requisitos, sin embargo cada vez son mayores los mismos y los costos son altos, motivo por el cual presentaron las quejas.

Flor Gómez, auxiliar de la PDH en Xela, indicó que en lo que va del año es la única denuncia que ha recibido de este tipo, y se decidió remitirla al MP sobre todo por la actitud de las autoridades universitarias que no están abiertas ni al diálogo ni a la negociación.

“Es injusto con los estudiantes, nosotros emitimos resoluciones de conciencia, no podemos obligar a nadie a actuar, considero que los estudiantes están solos y presumo que podrían alegar algún tipo de estafa por parte de su universidad”, resaltó Gómez.

Añadió que los estudiantes de universidades privadas están expuestos a cambios y es evidente que hay lagunas legales en sus leyes administrativas, no es correcto que cambien los pénsum si van a perjudicar a los alumnos, deben de respetar los requisitos que se tuvieron en el momento de inscribirse.

Por el contrario, la denuncia en el MP se encuentra en la Unidad de Decisión Temprana, a cargo de Édgar Mazariegos, quien recientemente desestimó la queja de los universitarios, basándose en que primero deben resolver su problema en la vía administrativa antes que solicitarlo en un proceso penal.

“Son problemas administrativos de procedimiento y resulta que los cambios se hicieron cuando los denunciantes aún eran estudiantes, son nuevas normas para graduarse y cambios internos” refirió el fiscal, de oponerse a la desestimación se tendría que llevar a un juez de instancia penal para que sea él quien decida si se continúa la investigación y se cambia de fiscal,” explicó Mazariegos.

Ante esto, Miguel De León, abogado de los estudiantes, dijo que presentó un memorial ante la Fiscalía para oponerse a la desestimación, situación que se dilucidará ante un juez competente porque de acuerdo con sus investigaciones los alumnos fueron engañados por su propia casa de estudios.

La tercera denuncia, una demanda civil que se ventila en el juzgado primero civil de Xela, por el momento se encuentra en la fase de preparación de prueba anticipada de declaración jurada, previo a establecer un juicio civil en contra de la universidad.

Julio Cayax, oficial a cargo del proceso, dijo que por ahora se encuentra pendiente de resolverse una ampliación en la preparación de prueba y que el alegato principal de los estudiantes es el cambio de pensum de su carrera que les afectó para graduarse.

Se buscó una entrevista con Laura Ronquillo, directora académica de la universidad, sin embargo, solo se limitó a decir que se estaba arreglando en los tribunales y que no daría ningún tipo de información al respecto.

Una de las catedráticas de la universidad, quien prefirió el anonimato por temor a ser despedida, dijo que con frecuencia las autoridades toman la decisión de hacer los cambios en los pensum, porque a pesar de cerrar cursos y llenar requisitos, en muchas de las carreras siempre hay algo más que agregar.

Esta catedrática resaltó que las autoridades y coordinadores de carrera están facultados para hacer cambios o detallar nuevos requisitos, y que en el caso de odontología la carrera ha dado más dolores de cabeza que satisfacciones, situación que debería tomarse muy en cuenta para el futuro.

Miriam Castillo, jueza vocal que dio lectura al fallo absolutorio, resaltó que existieron deficiencias e incongruencias en la investigación del Ministerio Público (MP), además que los testigos presenciales no sindicaron a Camacho Aguilar en la escena del crimen.

El tribunal ejecutó en fallo provisional la libertad del acusado, recuperándola horas después de su absolución.

El Ministerio Público (MP) lo señaló de atacar a unos jóvenes, el 15 de marzo de 2014, en una cantina en el sector 2 La Ciénaga, de Cajolá, Quetzaltenango, en compañía de dos personas más que no han sido individualizadas.

Dentro del negocio se encontraba Federico Juárez Escobar y Mario Gómez Díaz, ambos de 19 años, quienes decidieron salir pero Camacho junto a sus acompañantes dispararon en contra de ellos.

Juárez falleció en el Hospital Regional de Occidente tiempo después de su ingreso a consecuencia de perforaciones de bala en la espalda, mientras que Gómez se recuperó de una herida en el abdomen.

Una de las pruebas que sustentaba la acusación del MP fue un casquillo recolectado en la escena del crimen al momento de hacerle el análisis, ya que reflejó que fue percutado con el arma que está registrada a nombre del sindicado, pero no fue la que le segó la vida a la víctima.

Durante el debate, Camacho en su declaración aseguró no conocer a las víctimas y que el día del incidente, al pasar por la cantina dentro de su vehículo, escuchó disparos ante lo cual él decidió disparar al aire, pero aseguró que era inocente.

Información extraoficial da cuenta que Camacho se dedica a trasladar de manera ilegal a personas hacia Estados Unidos y que al parecer fue una rencilla entre él y sus víctimas la que originó el ataque, extremo que nunca se comprobó.

Crímenes impunes

En lo que va del año la Fiscalía no ha logrado comprobar cuatro asesinatos en tres procesos distintos, por lo que los crímenes han quedado impunes, ya que los acusados han sido declarados inocentes.

Judith Pérez, encargada de la referida oficina, explicó que cuando se disponían a comenzar sus labores este lunes se percató que la puerta de ingreso estaba mal cerrada.

Agregó que los delincuentes, que habrían entrado en el inmueble durante el fin de semana, revisaron varios escritorios.

“Es fácil señalar a alguien, pero sin pruebas no es correcto, esperamos que sea el Ministerio Público (MP) el que haga una buena investigación y se pueda saber quién es el responsable del robo”, resaltó Pérez.

Carlos Pérez, fiscal del MP, dijo que se investiga el hecho, debido a que en la escena se recolectaron huellas e indicios que podrán contribuir para ubicar al responsable de haber sustraído el dinero.

Jacobo Arriaga, jefe de la Policía Municipal, afirmó que durante el fin de semana siempre hay un agente de turno que cuida el interior y exterior de la comuna; sin embargo, en ninguno de los turnos se le reportó algún incidente.

“Creemos que el robo fue por el mismo personal de la oficina ya que las instalaciones nunca se quedan solas y se presume fue alrededor de las 7 horas, la duda que hay es que no se nos informó nada a nosotros, sino que lo fueron a denunciar directamente al MP”, resaltó Arriaga.

Algunos de los afectados manifestaron que cuando han llegado a la emergencia han tenido que solicitar autorización para ingresar en el nosocomio y utilizar algún sanitario que encuentren disponible, ya que los que están ubicados en el área de consulta externa, para familiares de pacientes hospitalizados están cerrados.

Debido a la falta de servicios, los cuales están siendo reparados, según las autoridades del hospital, los visitantes agregaron que han tenido que utilizar los baños de las habitaciones de los internos, ubicados en varios niveles del hospital.

Algunos conserjes del HRO, que pidieron el anonimato, indicaron que muchos de los usuarios no cuidan las instalaciones y hacen mal uso de los sanitarios.

“Hay personas que visitan el hospital y que no saben utilizar los sanitarios, ensucian demasiado y nos toca limpiar cosas muy desagradables”, expresó un conserje.

El trabajador añadió que en los sanitarios del segundo nivel del edificio, destinados para pacientes de consulta externa, de cinco lavamanos que hay en el área de mujeres solo funciona uno, y de las cuatro tazas ninguna sirve; mientras que en el área de hombres, de los tres baños solo funcionan dos, de los dos mingitorios solo sirve uno, y de los tres lavamanos uno está en uso.

Otro de los conserjes explicó que es normal que se dañen accesorios de los sanitarios, por lo que con sus compañeros han hecho reparaciones con lazo, para que los usuarios puedan utilizar el mecanismo de limpieza de los tanques de agua; sin embargo, debido a la falta de recursos para comprar los repuestos necesarios, los trabajos de reparación han tardado más tiempo.

María Sunúm, paciente de consulta externa, manifestó que es indispensable que los sanitarios estén habilitados en un hospital, y agregó que viaja desde muy lejos, por lo que le ha causado molestias la falta de los mismos.

“La limpieza del baño disponible es aceptable, pero hay fugas en las tuberías y a veces no hay agua. Es lamentable que de cinco lavamanos solo se pueda usar uno, por lo que hay que hacer fila y esperar turno”, explicó Sunúm.

“Muchos de los que esperan en la emergencia desconocen que se pueden usar los sanitarios de adentro, y buscan en el área verde un lugar para satisfacer las necesidades. Eso no es correcto”, expresó Jorge Pérez, quien acompañó a un familiar a la emergencia del hospital.

Por aparte, Violeta Sac, comunicadora del HRO, explicó que se ha trabajado en el mejoramiento de los sanitarios en todos los niveles; sin embargo, los que se encuentran sellados en el área de la emergencia es porque se están reparando.

“Se colocaron sanitarios muy modernos allí, pero las personas no los saben usar. Esperamos que en las próximas semanas tengamos los repuestos que necesitamos para que funcionen con normalidad”, aseguró Sac.

Julio Godínez, director de Raíces, explicó que la actividad se llevó a cabo en una audiencia general que el Sumo Pontífice dio en la Plaza de San Pedro, en la cual emitió un discurso acerca de la pobreza y contra la cultura del consumismo.

Godínez añadió que la imagen del Niño del Santísimo fue delcarada Patrimonio Cultural Tangible de la Nación en el 2011, y que este jueves, cuando se celebra el Corpus Christi, su imagen recorre las calles de la cabecera de Quetzaltenango como parte de las tradiciones locales.

El grupo de danza viajó a Europa desde el 25 de mayo del año en curso, y se presentaron en el Festival Folclórico Internacional “Play in Venice”, en Venecia, Italia, y también presentarán el arte quetzalteco en el teatro Maison Du Mondo, en París, Francia.

*Con información de elQuetzalteco

García enfrenta cargos por los delitos de incumplimientos de deberes, obstaculización a la acción penal y denegación de justicia, cuando este fungía como jefe de la subestación policial de Cantel, Quetzaltenango.

El subinspector es señalado por el Ministerio Público (MP) de apropiarse de evidencia material consignada a Tomasa Florencia Tiu Menchú de Talé, detenida en diciembre de 2014, en el ingreso a la Granja Penal de Cantel, Quetzaltenango.

Según la investigación, Tiu fue sorprendida cuando pretendía ingresar Q7 mil en efectivo y un teléfono móvil a la prisión, por lo que fue enviada a la subestación a cargo de García, quien tomó el dinero y los guardó en su casillero personal, en lugar de entregarlo a la Fiscalía del MP.

En su declaración, el subinspector aseguró que es inocente y que a él no le compete entregar evidencias al MP, por lo que guardó lo incautado en un casillero en el que se almacenan las armas de los agentes que no están de servicio.

Agregó que él no se quedó con nada de la evidencia y que al contrario, fueron los agentes que estaban bajo su mando quienes lo hicieron, por lo que cuestionó al MP por no accionan contra ellos también.

El domingo último por la noche, desconocidos lanzaron una antorcha en el interior del negocio de Pérez, lo que originó un incendio que fue controlado por los Bomberos Voluntarios, pero dejó pérdidas de más de Q4 mil.

Pérez dijo que hizo la denuncia con la confianza de que las autoridades determinen el origen de la agresión, pues se siente amenazado por su participación en la organización de las manifestaciones que iniciaron en abril de este año, a las cuales miles de personas se han sumado.

El afectado dijo que no tiene idea de dónde provino el ataque, pero que teme por la integridad de sus otros siete compañeros de organización; sin embargo, las marchas y manifestaciones continuarán, ya que este mensaje los motiva a seguir en la lucha por la justicia.

“Se nos trató de involucrar como simpatizantes de un partido político, reiteramos que no tenemos nada que ver con ningún grupo y somos independientes totalmente, ahora este atentado, nos da pena porque pueden agravarse las cosas,” señaló el afectado.

Añadió que de ahora en adelante se conformaron como colectivo “Vos” para estar mejor organizados y continuar con las propuestas de cambio en el país.

Diana Córdova, otra de las organizadoras de las marchas, dijo que el ideal de su agrupación es exigir justicia; sin embargo, aseguró que esto no es más que un vejamen de la esfera política que se está metiendo con la generación equivocada.

“Somos dirigentes que damos la cara, tenemos la solvencia moral para exigir y tenemos el ideal de mejorar la situación del país, como ciudadanos hemos dado un ejemplo de paz en las concentraciones,” resaltó Córdova.

Investigan

Norma Morales, fiscal del MP a cargo de la investigación, dijo que recabaron indicios que serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para su análisis, además, se registraron los daños ocasionados en el comercio y en un inmueble continuo.

“Es posible que exista mano criminal por los indicios localizados; sin embargo, se debe continuar con la investigación del caso, y se tendrá que determinar si existe algún solvente con el que se inició el fuego”, resaltó la fiscal.

Por aparte, Jorge Molina, fiscal distrital del MP, dijo que se pondrá especial atención en este caso debido a que a todas luces se trata de una intimidación en contra de quienes se han dedicado a promover las manifestaciones.

“Es un acto de vandalismo para intimidar a los jóvenes que forman parte de un movimiento a nivel nacional, haremos el mejor esfuerzo para determinar quién fue, porque no es aceptable que sucedan este tipo de cuestiones, las cuales son intolerables,” refirió Molina.

El fiscal añadió que coordinará con la Policía Nacional Civil para el resguardo de estas personas.

Flor Gómez, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos en Quetzaltenango, condenó las acciones en contra del organizador y como institución continuarán el acompañamiento respectivo.

“Es preocupante que este tipo de situaciones se den, sobre todo si se llega a comprobar que es una intimidación, ya que el afectado es uno de los organizadores de las manifestaciones, en el ejercicio de derechos humanos corresponde a las autoridades ser tolerantes con las expresiones,” refirió Gómez.

Agregó que el ejercicio ciudadano en las manifestaciones ha sido pacífico y de altura, y que no se había visto algo similar, pero este es un punto de partida para que las autoridades asuman responsabilidades en protección de los derechos fundamentales de la población.

Con el rostro pintado con los colores de la bandera, caminaba sobre la 4a. calle de la zona 3, donde algunos transeúntes lo felicitaban y obsequian alguna bebida o alimento, para que continuara con su actividad.

Mario indicó que no está de acuerdo con los actos de corrupción que se han descubierto recientemente, y culpó al Gobierno de ser el protagonista, por lo que decidió tomar una actitud de denuncia e hizo un llamado a la población para que se informen antes de efectuar su voto.

En sus carteles se pudo observar señalamientos contra Jorge Barrientos, alcalde de Xelajú en los últimos tres períodos de gobierno, y también contra Armando Paniagua, candidato a la alcaldía por el Partido Patriota.

Mario añadió que dará la bienvenida a quien quieran unirse a su manifestación, y que no tiene un cronograma u horario establecido para manifestarse próximamente, debido a sus condiciones de estudio y de trabajo, pero en cuanto tenga unos minutos disponibles los aprovechará para salir con sus pancartas.

Luisa Montenegro, estudiante de diversificado que observó a Mario, indicó que se siente orgullosa al verlo, porque es su forma de demostrar el coraje que los guatemaltecos deben tener para luchar contra la corrupción.

“Aunque salga él solo a protestar es un ejemplo de que tenemos que reaccionar de alguna forma ante las extravagancias en que cayó el gobierno actual,” sentenció Montenegro.

Yahir Rodas, vecino de la localidad, dijo que el joven es una persona valiente y que motiva a otros a seguir su ejemplo, ya que tiene claro que el voto pensado es importante para las próximas elecciones.

La actividad contó con la participación de 11 centros universitarios de los 14 que prestan servicios educativos en el suroccidente del país.

Organizadores indicaron que participaron unas 200 personas, entre estudiantes, catedráticos y representantes de instituciones de gobierno.

Sebastian Charchalac, gerente regional de TNC, dijo que el fin principal de la actividad fue adaptar a la academia con las consecuencias del cambio climático, debido a que Guatemala es el cuarto país que será más afectado con este fenómeno.

“La sociedad tendrá que cambiar en conjunto, en especial la educación, la infraestructura, ya que dentro de 20 años subirá dos grados la temperatura habitual, los inviernos serán más fuertes y los cultivos tendrán más plagas”, resaltó Charchalac.

El gerente indicó que se tiene acercamiento con las instituciones de gobierno para que se tracen lineamientos a seguir desde ahora ante los cambios que tendrá el clima en el país.

Deber de todos

Para Luis Ochoa, gerente de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, el principal responsable para tomar acciones es el Estado; sin embargo, la sociedad también debe de desempeñar un papel importante para trabajar y exigir acciones para estar preparados al cambio en el clima.

“Nosotros como representantes de instituciones estamos contribuyendo, pero es el Ministerio de Ambiente el que debe hacer cumplir la legislación que se ha dictado respecto a este tema y reducir los efectos que se visualizan en el futuro,” resaltó Ochoa.

El debate está programado para que continúe el jueves, día en el que se escucharán los testimonios de expertos, sicólogos y la víctima, quien asegura que Aguilar le impidió graduarse de la carrera de contaduría pública, cuando el señalado era el director de la división de Ciencias Económicas, en el 2013.

De acuerdo al Ministerio Público (MP), el 28 de enero de 2013, la estudiante se avocó a Aguilar para conocer por que no tenía fecha de graduación, y este le respondió “aquí todo lo que entra sale, no tengo nada suyo, pregúntele a la secretaria”.

Además, la acusación resalta que esa situación se dio en tres ocasiones, debido a que Aguilar argumentaba que la tesis no estaba completa y no llenaba los requisitos necesarios, lo que provocó en la agraviada menoscabo en su autoestima, falla en rendimiento habitual y daño emocional.

Aguilar goza de medida sustitutiva de libertad.

El Ministerio Público (MP) señala al acusado de haber atacar a unos jóvenes el 15 de marzo del 2014, en una cantina en el sector 2 La Ciénaga, Cajolá, de este departamento, en compañía de dos personas más que no han sido identificadas.

Dentro del negocio se encontraba Federico Juárez Escobar y Mario Gómez Díaz, ambos de 19 años, quienes decidieron salir, pero Camacho junto a sus acompañantes dispararon en contra de ellos.

Debido a los disparos, Juárez falleció en el Hospital Regional de Occidente días después a consecuencia de perforaciones de bala en la espalda, mientras que Gómez se recuperó de una herida en el abdomen.

La principal prueba que maneja el MP es que un casquillo recolectado en la escena del crimen al momento de hacerle el análisis respectivo, reflejó que fue disparado con el arma que está registrada a nombre del sindicado.

Además, cuentan con declaraciones de testigos presenciales del ataque, por lo que serán escuchados durante el desarrollo del juicio.

Durante el debate, Camacho, en su declaración aseguró no conocer a las víctimas y que el día del incidente, al pasar por la cantina dentro de su vehículo escuchó disparos ante lo cual él decidió disparar al aire, pero aseguró que era inocente.

Información extraoficial da cuenta que Camacho se dedica a trasladar de manera ilegal a personas hacia Estados Unidos y que al parecer fue una rencilla entre él y sus víctimas lo que originó el ataque.

Hanny Koppler, encargada de mercadeo del matutino, dijo que llegaron aspirantes de Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Huehuetenango y Retalhuleu, quienes participaron en las distintas actividades programadas, como llenar solicitudes, asistir a entrevistas y recibir charlas motivacionales.

Koppler dijo que en promedio se tienen 850 plazas disponibles de 12 empresas participantes, quienes ofertaron puestos de empleo.

La feria comenzó el jueves último en el centro comercial Paseo Las Américas, zona 9 de esa ciudad.

Más del 70 por ciento de los participantes había concluído estudios de diversificado, y el 10 por ciento de licenciatura.

Los trabajadores en paro lograron que le fuera revocado el contrato de una empleada y cambiado de puesto otro trabajador, quienes supuestamente fueron contratados por influencia de Paniagua, quien en una radio local aseguró que el presidente Otto Pérez Molina le dio poder para proponer contrataciones en esa entidad.

El paro se inició el jueves último y concluyó ayer, lo que causó atraso en el trámite de expedientes y que los usuarios no tuvieran acceso a revisión de libros catastrales.

Integrantes del sindicato 5 de Agosto protestaban contra dos contrataciones recientes con salarios que superan la norma de la nómina y aseguraron que los dos nuevos empleados fueron puestos por Paniagua.

Muestran rechazo

En un comunicado colocado en los pasillos de la institución, el referido sindicato manifestó su repudio a la injerencia política de Paniagua para contratar personal.

También rechazan que Paniagua utilice la imagen del nuevo edificio con fines políticos y condenaron todo tipo de injerencia y atribución que este se tome.

Nery Cifuentes, secretario general del sindicato, explicó que se oponían a la contratación de Amariles Marlene Reyes de Castillo como secretaria del registrador, Estuardo Barrios, y de Eddi Carlos Estuardo Lima de León, como encargado del proceso de transparencia en Guatecompras.

Según lo detallado en los contratos de ambos trabajadores, Reyes recibiría un salario mensual de Q15 mil, como secretaria del registrador y encargada de elaborar manuales y reglamentos. Mientras que Lima estaría en el renglón 022 con un sueldo de Q8 mil al mes.

“Nos oponemos porque los salarios que ellos devengarían eran altos y aquí hay personal que lleva más de 15 años y su sueldo no supera los Q5 mil mensuales”, resaltó.

Fuera de la ley

Jorge Ortega, vocero del presidente Otto Pérez Molina, dijo que la Constitución de la República es clara en las funciones del presidente para nombrar o remover a funcionarios y trabajadores públicos.

Agregó que los representantes del Ejecutivo en los departamentos son los gobernadores.

Resaltó que si Armando Paniagua no es funcionario y no tiene jerarquía en la institución no le corresponde contratar personal en el Segundo Registro de la Propiedad en Quetzaltenango, ya que no está apegado a la Ley.

Trayectoria cuestionada

Armando Paniagua fue electo diputado por Quetzaltenango en dos gobiernos y es señalado de actos anómalos.

Está casado con Delia Karina Rivera, única diputada del PP por Quetzaltenango.

En el 2012 fue nombrado director del Fondo Nacional para la Paz; un año después fue cerrada esa institución por supuestos actos de corrupción.

Según empleados públicos, exige que delegados de ministerios le den fertilizantes y víveres para su campaña.

En diciembre último realizó un convivio navideño donde otorgó más de 15 mil bolsas de alimentos que incluían una postal con su fotografía.

Hay señalamientos en su contra de exigir “diezmo”, el 10 por ciento del salario de cada empleado del gobierno que él colocó en distintas instituciones, con el argumento que es la cuota mensual para el partido.

Se le sindica que dentro de su campaña política utiliza recursos del Estado en especial del Ministerio de Cultura y Deportes, entre zapatos, balones, uniformes, entre otros.

A los jefes de instituciones les exige quintales de granos básicos para usarlos en las bolsas de alimentos que regala en su campaña, de lo contrario los amenaza con destituirlos del cargo.

De acuerdo a empleados públicos, exige que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Desarrollo Social, le entreguen fertilizantes y bolsas de alimentos para su campaña y demás proyectos comunitarios y sociales, con los mismos fines.

Obliga a empleados por contrato del Gobierno a trabajar en el remozamiento de calles y parques de la ciudad, como parte de su propaganda política.

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Escuche las declaraciones que Armando Paniagua dio en una entrevista de radio.