Este año, 58 personas se inscribieron en la Escuela de Voceadores de Prensa Libre para los distintos niveles. Para la educación inicial se inscribieron 6; en la primera etapa, 8; en la segunda, 8; en primero básico, 9; en segundo básico, 14, y en bachillerato, 13.

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“Estoy agradecido con Prensa Libre, de veras tengo muchas cosas que expresar. Cuando estaba estudiando contaba una experiencia a la seño Judith. A lo largo de mi vida, en mi familia, hemos tenido muchos problemas económicos, pero hemos tenido la mano de Dios y hemos confiado en que nos da nuevas oportunidades, y llegué a Prensa Libre. Nunca me imaginé que en Prensa Libre iba a solucionar el tema de mis estudios”, expresó César Canil, uno de los estudiantes ya graduados.

Canil invitó a los estudiantes a seguir adelante y añadió: “El esfuerzo valió la pena, esperé horas afuera, sentado en la banqueta, para inscribirme en la escuelita, si no me hubiera animado, no hubiera logrado muchas cosas”.

“No podía unirme a pláticas con mis amigos, que hablaban de sus colegios y universidades, mejor me iba, porque no podía decir lo mismo, pero hoy por hoy, la escuelita me cambió la forma de ver las cosas”, manifestó.

Nuevas esperanzas

María Ojeda, de 20 años, es voceadora desde hace ocho años. “Empecé con mi tía, salíamos temprano, y surgió la oportunidad de ingresar a la escuelita. Mi tía me preguntó si quería seguir estudiando y sí logré cupo, me gradué el año pasado de bachiller”, comentó.

Ojeda, con su bebé en brazos, invitó a los jóvenes a que continúen sus estudios. “Algunos dicen que es difícil, pero a la larga es una gran oportunidad, que sigan adelante porque querer es poder.

Lucrecia Pineda, de 42 años, vende ejemplares de Prensa Libre hace seis años. “Me enteré del programa, pero no creía. Venimos a ver y sí era cierto y le dije a mi hijo que podía estudiar aquí, pero me invitaron a estudiar a mí también. Entramos al mismo grado y este año nos graduamos de bachilleres”.

Víctor Barahona tiene 20 años y es hijo de Lucrecia. Dijo: “Nos motivamos entre los dos, verla estudiar me motiva y a ella la motiva que yo lo haga. Uno tiene que superarse y mirar hacia adelante, alcanzar las metas, con el bachillerato se podría mejorar la forma de vida y tener otras oportunidades”.

María de García es exalumna de la Escuela, se graduó de bachiller en el 2016 y ha vendido ejemplares de Prensa Libre desde hace 21 años. “Me enteré por la seño Judith, estuvo insistiendo para que me inscribiera y al final lo hice. En el 2012 saqué la primaria y de ahí seguí los básicos”, relató.

“Me costaba, por la atrancasón, y yo pensaba, mejor ya no llego. Este es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos, que digan que su mamá sí lucho, me levantaba de madrugada para ir a vender y después estudiaba. Tengo un hijo que es perito contador y una hija que es secretaria. Sigan estudiando les digo yo, no dejen a medias la carrera. Me siento feliz por mí misma”, relató.

Angélica de Sontay indicó que estudió por madurez la primaria en Conalfa y así llegó a Prensa Libre. “Tener una carrera sirve para salir adelante y saber más, aprender a desenvolverse. A mí me costó, pero gracias al estudio y a compartir con profesores y compañeros ya no soy tan tímida”, indicó.

Trayectoria

María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración, relató la trayectoria del establecimiento y deseó éxitos a los 57 estudiantes que comienzan el ciclo escolar.

“Comenzamos con el programa de alfabetización por tres años, con Conalfa, y luego nos apoyaron para que comenzáramos con la escuela de voceadores. Fue un sueño del departamento de Circulación y se amplió el programa a todos los colaboradores que no habían completado sus estudios”, expuso De Blank.

Agregó: “Algunos han seguido carreras universitarias, lo que demuestra que han querido superarse y lograr otras metas en su vida. Sigamos adelante, querido voceadores, con nuestra venta de periódico que es una buena forma de ganarse la vida, generar ingresos y lograr que sus familias tengan un ejemplo de trabajo digno y honrado. Los felicito por su dedicación, sacrificio y deseo de superación, son ejemplo para el engrandecimiento de Guatemala, les deseo éxitos en este nuevo ciclo escolar”.

El gerente general de Prensa Libre, Christian Blank, dijo: “Hoy es un día muy especial ya que se conmemoran 25 años desde que Prensa Libre se unió a los esfuerzos de alfabetización y educación de este país y lo hizo con la gente más cercana y que forma parte muy importante de Prensa Libre, que son los voceadores”.

Blank resaltó el orgullo que siente por los esfuerzos de los estudiantes para aprender y superar las expectativas al obtener herramientas para atender este reto, junto a la atención de sus familias.

“Esta escuela ha sido el medio para que puedan alcanzar sus éxitos, los aliento a que inviten a sus compañeros a que también participen”, señaló el gerente general.

También agradeció a Conalfa y a los docentes por el apoyo que han brindado al establecimiento.

Blank hizo un homenaje a la fundadora de la escuela, María Mercedes Girón de Blank, “mi principal fuente de aprendizaje en la vida y cuando veo la trascendencia de esta escuela veo reflejados sus valores”.

Por su parte, Mario Antonio Sandoval, vicepresidente del Consejo de Administración, expresó a los estudiantes: “Ustedes merecen toda la felicitación, porque tomaron la decisión, se dieron cuenta que tenían que superarse, dan un gran servicio a Prensa Libre. Sigan adelante, deben continuar, cuando terminen esta etapa pasen a la siguiente”.

“Se van a beneficiar ustedes, sus hijos, sus nietos y el país”, subrayó Sandoval.

En la inauguración del ciclo escolar participó la cuarta marimba de la Municipalidad de Guatemala, que deleitó a los presentes con un repertorio variado.

Los casos de niños en riesgo de muerte por falta de alimentos continúan registrándose, mientras el Ejecutivo espera una aclaración de la CC para concretar la readecuación presupuestaria que definirá las acciones contra el hambre estacional, mientras un borrador del plan de atención para este año delega la ejecución de acciones a oenegés y comunidad internacional.

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Para esa fecha, los registros también alertaron sobre un incremento de casos en Sololá, El Progreso, Santa Rosa, Chimaltenango, Jutiapa, Escuintla y Jalapa. Este aumento va del 9.1 por ciento al 220 %, en comparación con la misma fecha del 2019.

Además, se advierte que en 11 áreas de Salud hay mayor riesgo de encontrar casos de niños con desnutrición aguda severa, ya que están por encima de la tasa de casos de todo el país. Se trata de Escuintla, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, San Marcos, Petén suroccidental, Izabal, Santa Rosa, El Progreso, Alta Verapaz y Chimaltenango.

El riesgo aumenta debido a que en la quincena de abril comenzará el periodo de hambre estacional, una época anual que se registra en el país y que implica que los agricultores no tengan reservas de granos básicos para comer, tampoco hay demanda de mano de obra, por lo que no tienen acceso a dinero para comprar alimentos.

Para este año, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional proyectó en riesgo por el periodo de hambre estacional a 2.3 millones de personas.

El 2019 terminó con 15 mil 332 menores de 5 años afectados por la desnutrición aguda, un número superior a los localizados durante los cinco años previos -2014 al 2018-, según datos del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).

La falta de atención durante ese periodo de parte de las autoridades anteriores provocó que en algunas comunidades las familias comieran tortilla con sal una vez al día.

Acciones deben comenzar

El 28 de enero el Ejecutivo anunció la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, una estrategia que buscar crear alianzas entre entidades de gobierno, sociedad civil y cooperantes para reducir la desnutrición crónica; sin embargo, en esa misma actividad, se anunció que debían esperar una readecuación presupuestaria para determinar las acciones contra la desnutrición aguda.

Dicha readecuación presupuestaria todavía no se concreta, debido a que el Ministerio de Finanzas espera una respuesta de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el presupuesto que debe asignar a las municipalidades y a la Universidad de San Carlos.

De la respuesta de la CC depende si se reducirán o no recursos a los ministerios de Salud, Educación, Agricultura y Desarrollo Social, los cuales ejecutarían las acciones contra el hambre, explicó luego de una citación en el Congreso el ministro de Finanzas, Álvaro Gonzáles Ricci.

Se consultó a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) sobre las alternativas para comenzar con las acciones contra el hambre estacional, pero al cierre de esta nota no se había obtenido una respuesta.

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Planes en revisión

Debido a la urgencia por atender a tiempo a las familias afectadas por el hambre estacional y evitar el incremento de casos de niños desnutridos agudos, la sociedad civil solicitó en la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), el 4 de febrero, que se presentara el plan de atención a este periodo, pues todavía no se habían concretado planes para la emergencia.

Después de 15 días de la solicitud ya hay indicios de la forma en que el Ejecutivo busca evitar muertes por hambre y la ejecución de las estrategias las delega a la comunidad internacional y oenegés.

El borrador del plan, documento al que tuvo acceso Prensa Libre, todavía se analiza de parte de las instituciones del Gobierno. Una fuente cercana al Ejecutivo dijo que este borrador podría tener varios cambios y debería aprobarse el 3 de marzo, cuando se efectúe la segunda reunión del Conasán.

En el borrador se aclara que un niño con desnutrición aguda severa “tiene nueve veces más riesgo de morir comparado con un niño bien nutrido” y presenta cuatro líneas de acción: Un sistema de alerta temprana en seguridad alimentaria y nutricional, la prevención de la desnutrición aguda en menores de 5 años, la asistencia técnica agropecuaria y forestal y la alimentación escolar.

El plan, de aprobarse como está el borrador, se pondrá en marcha en los departamentos que tienen índices de inseguridad alimentaria moderada a severa, pero se hará énfasis en los que tienen el índice mayor a 39 %: San Marcos, Suchitepéquez, Quiché, Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Sololá.

Pero establece la atención a quienes perdieron sus cosechas y no se contempla a quienes no tienen tierra para cultivar y solo ofrecen la mano de obra, por lo que este sector podría quedar desatendido.

También se indica que hay intervenciones que harán las carteras de Agricultura, Salud, Desarrollo Social y Educación, pero “varias de estas acciones serán ejecutadas por la cooperación internacional y las Organizaciones no Gubernamentales  por medio de sus programas y proyectos de desarrollo rural”, por lo que se delega el trabajo a estos dos sectores.

Para prevenir la desnutrición aguda se tiene contemplado fortalecer las intervenciones del programa de los Mil Días y brindar asistencia alimentaria y transferencias monetarias condicionadas a familias con niños menores de 5 años con este padecimiento.

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El Ministerio de Agricultura sería el encargado de dar la asistencia con alimentos y el de Desarrollo Social de entregar las transferencias monetarias condicionadas.

Todo el plan requiere de un presupuesto de Q2 mil 732 millones 477 mil 419, según el borrador.

Prensa Libre consultó a la Instancia de Consulta y Participación Social, representantes de la sociedad civil en el Conasán, y confirmaron que ellos ya tienen una copia del borrador del plan y que también trabajan en recomendaciones.

Una de estas es que se defina en corto plazo el funcionamiento del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visán) del Ministerio de Agricultura, pues es clave para la respuesta a la emergencia de inseguridad alimentaria y que este no sea cerrado.

También piden que junto a la estrategia para atender el hambre estacional se desarrolle un plan para reducir la vulnerabilidad en las áreas más recurrentes en ser afectadas.

Además, consideran que el presupuesto que se distribuye en el plan es el que cada año se asigna a los ministerios bajo programas, territorio y población objetivo ya establecidos, por lo que es importante planificar la atención al hambre estacional como una acción adicional al trabajo que ya se efectúa.

El Ejecutivo también plantea posicionar el tema de la lucha contra la desnutrición aguda con una campaña en redes sociales y los sitios web institucionales. Si el borrador se aprueba, el hashtag oficial será #PlanReducciónDA.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) podría desaparecer, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó el proceso de cancelación.

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Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos informó que desde el 7 de febrero se inició el proceso de cancelación de la UNE por violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La UNE tiene 30 días para presentar sus pruebas de descargo, puesto que ya fueron notificados sobre el proceso de cancelación del partido.

El Ministerio Público (MP) señala a Sandra Torres, excandidata presidencial de ese partido, por al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la organización política que representaba y que no fueron reportadas. La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al TSE.

Algunos diputados de la UNE también pidieron la expulsión de Torres por problemas internos que se han expuesto en conferencias de prensa en los últimos días.

“No tenemos ninguna pena”

En conferencia de prensa, el secretario general del partido, Óscar Argueta, afirmó que a la agrupación no le preocupa este anuncio, pues se trata de un proceso que ya ocurrió en el 2017.

Argueta afirmó que la solicitud es de un fiscal que ya no está en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y que el TSE ya les dio audiencia para poder hacer el descargo de los señalamientos, y, ya se dio una respuesta.

“Lo que estamos viendo es la reacción de un funcionario público -Leopoldo Guerra- porque denunciamos que él se reunió con Sandra Torres. Lo va a citar la Feci”, declaró.

Además, el diputado aseguró que todo se trata de hechos promovidos por la misma Torres. “Sandra le fue a pedir que cancelaran la UNE porque ellos ya están comenzando el proceso para crear un nuevo partido y él se está poniendo del lado de ella”, criticó.

“Nos vamos a defender, igual que lo hicimos en el 2017 y salimos bien librados”, reiteró Argueta.

La excandidata presidencial llegó el 18 de febrero a un hotel de la zona 4 capitalina para reunirse con diputados de la bancada UNE y a su llegada calificó de “traidores” a los congresistas que solicitaron su expulsión del partido.

El Registro de Ciudadanos ya canceló los siguientes partidos: Libre, Convergencia, Unidos, Avanza, Encuentro por Guatemala, Fuerza y Partido Productividad y Trabajo.

Las agrupaciones Partido Liberal de Guatemala y Mi País también están en proceso de cancelación y tienen 30 días para presentar sus pruebas de descargo.

El presidente Alejandro Giammattei hizo un reclamo público a los miembros de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codedes), a quiénes señaló de ser objeto de actos anómalos.

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Durante la primera reunión con los representantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el mandatario los instó a trabajar por la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición, la seguridad y la justicia deben ser prioridades en las políticas del Conadur.

Giammattei señaló que los Codedes se han convertido “en un lugar vulgar donde se transan hasta los puestos para gobernador”.

“Tenemos que luchar juntos en contra de la corrupción y cada centavo sea utilizado bien para hacer que las cosas cambien en el país”, destacó el mandatario.

El mensaje de Giammattei estuvo enfocado en la optimización de los recursos. “No debemos permitir que estos fondos se pierdan en esa maldita y asquerosa corrupción, tenemos que exigir que los consejos de desarrollo cumplan con su deber”, dijo.

A partir del minuto 12:00 se puede escuchar el discurso.

El presidente Alejandro Giammattei también pidió al Conadur que se pida al Ministerio de Energía y Minas que se amplíen las operaciones de extracción de petróleo para que genere más ingresos al país. Según el mandatario hay una capacidad para extraer de 75  a 100 mil barriles.

Con décadas de experiencia en el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y como asesor en entidades internacionales, el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Óscar Dávila Mejicanos, ofrece dirigir una entidad que proteja a los ciudadanos y combata la corrupción que, por años, se incrustó en las entidades del Ejecutivo.

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El designado por el presidente Alejandro Giammattei tiene claro que la comisión que dirige no es sustituta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y sabe que, aunque será difícil, no será imposible erradicar la corrupción.

Dávila Mejicanos conversó con Prensa Libre sobre su designación y planes de trabajo.

¿Cuál es su propuesta de trabajo?

Tenemos planificado darle cumplimiento a lo que enmarca el acuerdo gubernativo en dos vías: Ser un canal para recibir informes de alertas de corrupción de parte de los ciudadanos afectados y recibir informes que provengan de funcionarios públicos sobre alerta de corrupción en sus instituciones.

¿Qué ruta seguirán los casos que se investiguen?

Se nos faculta para ingresar a las instituciones sin aviso previo y hacer investigación administrativa, todo eso va a generar información y expedientes y al detectar alguna falta administrativa o un ilícito penal de corrupción se enviará, después del análisis correspondiente, a las instituciones que corresponda.

¿Cree que habrá resistencia a la fiscalización en las instituciones del Gobierno?

Muchos funcionarios han detectado que sus colegas están inmersos en casos de corrupción y no tienen dónde canalizar esa información. Ahora la comisión va a permitir darle el curso que corresponde.

Con las reformas al acuerdo gubernativo de creación de la Comisión ¿Se le resta autonomía a la entidad?

No se le resta autonomía funcional porque la comisión técnica es la encargada de hacer las investigaciones administrativas y la fiscalización administrativa interna. El director tiene las atribuciones para tomar decisiones propias.

La reforma se refiere exclusivamente al área administrativa financiera de la comisión, porque la comisión no va a tener unidad ejecutora y va a depender de la Secretaría General, para todo el actuar técnico y sustantivo de la comisión, el director y su equipo puede trabajar de forma independiente.

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¿Hay apoyo internacional?

Tenemos acercamiento con cooperación internacional, ya se han recibido propuestas para capacitaciones para el personal. La embajada de EE. UU. ha expresado su apoyo para mobiliario y equipo de computación.

¿Cuál va a ser el mayor reto de la comisión?

Puede que sea la demanda de la población y que el grupo de la comisión, por ser limitado, no pueda atender tantas. Comenzamos a perfilar la forma en que se trabajarán los casos que ingresen y vamos a identificar canales prioritarios sin escatimar esfuerzos y sin dejar de lado las solicitudes de los ciudadanos, sean funcionarios o particulares.

¿Se puede comparar el trabajo de la comisión con el de la Cicig?

La comisión que dirijo fue creada para dar seguimiento a casos específicos del organismo Ejecutivo, tenemos atribuciones para accionar internamente en las dependencias del Ejecutivo, no fuera de ellas. Si en algún momento hay participación en hechos de corrupción de entes externos, instituciones externas, particulares o privadas, se cursará la investigación por la Contraloría o el Ministerio Público (MP).

Tampoco tenemos la capacidad legal para actuar como querellantes adhesivos en los expedientes y somos una comisión nacional, no internacional, tampoco recibimos fondos de cooperación internacional, dependemos de un presupuesto de gobierno.

La Cicig también daba acompañamiento directo a una unidad del Ministerio Público, nosotros vamos a coordina con el MP y Contraloría, Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Verificación Especial y otras instituciones a través de un convenio interinstitucional previo.

La comisión trabajará no solo contra la corrupción sino también en la prevención y este tipo de acciones van a generar resultados favorables en las instituciones del Estado.

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¿Cómo ayudará su experiencia en la dirección de esta comisión?

Tengo una experiencia fiscal de 21 años en el MP. Estuve en varias unidades y fiscalías, unas especializadas contra el crimen organizado. En los últimos 10 años en el MP mi trabajo estuvo encaminado al combate de estructuras criminales, desde sicariato, extorsión, pandillas, narcotráfico, lavado de dinero, delitos tributarios y otros. Todo eso me dio experiencia de investigación puntual contra estructuras criminales.

El delito de corrupción, como tal y como lo hemos visto en los últimos años, se manifiesta a través de estructuras criminales que están incrustadas dentro del Estado.

¿Con cuánto personal contará la comisión?

Tendrá 40 personas, profesionales, a cargo de direcciones, jefaturas, personal de apoyo y personal administrativo.

¿Cómo se conformó la comisión?

Tratamos de formar un equipo perfilando a profesionales que conozcan múltiples materias relacionadas a los temas que se atenderán en la comisión. El equipo va a dar la talla.

¿Qué tan difícil va a ser atacar la corrupción?

Además de lo incrustada que está en las instituciones del gobierno, hay mucha población que está acostumbrada a que esas situaciones se den. Necesitamos que la población apoye para generar un cambio, los funcionarios o personas que estén involucradas van a hacer todo lo posible porque eso no cambie.

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¿Se puede erradicar por completo la corrupción?

Lamentablemente ha habido una cultura que ha influenciado a la población, pero como ciudadanos y como pueblo tenemos que ir cambiando y erradicando.

No es imposible, posiblemente va a ser difícil, muy probablemente, pero no imposible. Estamos con toda la intención, iniciativa y mística para llegar al fondo de las investigaciones y presentar los casos donde correspondan para que las instituciones sigan con lo que corresponde.

¿A dónde puede acudir la población para hacer las denuncias?

Estamos abriendo el canal para el ingreso de las denuncias. Cuando la comisión esté integrada, en la sede, se dará información. Por el momento estamos en la integración del equipo y en la construcción de los manuales de procedimientos.

Perfil

Óscar Dávila Mejicanos

• Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Rafael Landívar.
• Se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, abogado y notario, en la Universidad Panamericana.
• Consultor para la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la Ley para la embajada de EE. UU. en Guatemala.
• Quinto viceministro de Gobernación de enero del 2016 a abril del 2018 tenía como funciones establecer políticas y estrategias para el control y combate de drogas en el país.
• Entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, el secretario fue fiscal especial del MP encargado de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y otros activos y Delitos contra el Orden Tributario.
• Como viceministro, Dávila Mejicanos también coordinó de forma regional para el combate de drogas en países de la región norte, centro y suramérica.

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Las secretarías presidenciales contra la Corrupción y del Centro de Gobierno fueron reformadas este 7 de febrero a través de dos acuerdos gubernativos publicados en el diario oficial.

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Los cambios, en ambos casos, se refieren a la solicitud y manejo de recursos financieros, contratación de personal y captación de donaciones.

En los acuerdos que dieron vida a las comisiones, el 21 y 28 de enero, respectivamente, se establecía que los directores ejecutivos de cada una podían solicitar directamente sus recursos al Ministerio de Finanzas; además, podían contratar el personal que consideraran necesario y recibir donaciones.

Con las reformas publicadas este viernes, las dos entidades dependen de la Secretaría General de la Presidencia para que solicite y administre el presupuesto, además de decidir sobre el personal y aprobar las donaciones que se recibirán.

Los cambios fueron a los artículos 4, 10 y 11 del acuerdo 28-2020, que creó  la comisión contra la Corrupción, y a los artículos 8 y 10 del acuerdo 31-2020 con el que se formalizó la comisión del Centro de Gobierno.

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Estos cambios, efectuados en menos de un mes de creadas las comisiones, les restarían autonomía, según Ricardo Barrientos, especialista en temas fiscales y de gobierno.

Barrientos afirma que las modificaciones se pueden entender bajo un plan de eficiencia administrativa y por las constantes declaraciones del presidente Alejandro Giammattei sobre evitar más burocracia.

Sin embargo, según el especialista, estos también evitarían que los comisionados tengan facultad directa en las decisiones de las entidades, lo que puede generar deficiencias y dependencia de otra secretaría -la General-, pero mantener su supuesta autonomía.

Barrientos dice que cada entidad debe tener su propia unidad ejecutora porque, aunque Giammattei insista en que no quiere generar burocracia, esto ocurrirá de una forma u otra.

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Otro problema será definir cuál de las dos secretarías asumirá la responsabilidad cuando se sospeche de alguna irregularidad, explica el especialista.

“No hay claridad de si la línea de responsabilidad está concentrada en la secretaría –General- o en la comisión –contra la Corrupción y de Centro de Gobierno-“.

El vicepresidente Guillermo Castillo también se refirió a las reformas publicadas este viernes y afirmó que estas se hicieron para evitar sospechas de opacidad o corrupción.

“La intención del presidente es reubicar en el acuerdo gubernativo las acciones correspondientes, pero el director ejecutivo tiene todas las facultades para hacer el trabajo que le corresponde”, explicó.

El vicemandatario dijo que era necesario que desde el Ejecutivo exista un ente que asesore, fiscalice y de garantía de probidad y transparencia en las adquisiciones y contrataciones de los nuevos entes.

“No queremos que se piense que se está haciendo algo indebido de parte de la comisión (…). Lo que menos queremos es que esta comisión se vea opacada con una interpretación que no sea la correcta”, reiteró.

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En el marco de la celebración de los 30 años en los que la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (Jica, en inglés) ha contribuido con vario programas en el país, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió a la entidad que parte de su apoyo se centre en proyectos que contribuyan a la lucha contra la desnutrición en el país.

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“Hay muchos sueños que tenemos y la cooperación ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de Guatemala, falta mucho por hacer, ya lo creo, pero tenemos la confianza de que no estamos solos, que ustedes nos seguirán apoyando. Hay otros temas que quisiéramos resaltar en la cooperación que Jica tiene en Gautemala”, expresó Castillo en su discurso.

El vicemandatario agregó: “La comunicación de las entidades gubernamentales se mantendrá para enfocar la cooperación en los temas que nos interesen. La salud es fundamental y la educación es prioritaria, pero he visto todo lo que Jica ha hecho en temas de desnutrición, y ese es nuestro principal objetivo de gobierno para los próximo cuatro años, así que agradecemos su apoyo”.

Al salir de la actividad, Castillo recordó que en la reunión que sostuvo esta semana con el G13 -grupo de países y organismos internacionales donantes-, identificó que  Corea, Taiwán, y otros países ven a Guatemala como un destino atractivo para la cooperación.

“Se ha pedido apoyo para los temas de desnutrición, salud, seguridad, infraestructura, turismo, pero que además de la cooperación ayuden a vender a Guatemala como un país atractivo para las inversiones, la cooperación es importante, pero varía, lo que sí es permanente son las inversiones, la única forma de generar empleo, que fue lo que se prometió, y prosperidad la única forma de generar prosperidad”, indicó Castillo.

El G13 está conformado por representantes de Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Castillo, quien presidió el jueves 6 de febrero el gabinete económico como presidente en funciones -Alejandro Giammattei estaba en el Senado de México- también se refirió a la reunión con los embajadores, en la que les pidió que ayuden a reenfocar el apoyo internacional a la cruzada contra la desnutrición.

“El objetivo uno del gobierno es reducir entre 4 a 7 por ciento, en los próximos cuatro años, el índice de desnutrición crónica. Siguen confiando en Guatemala, y pedimos ayuda para más inversión”.

Cruzada

El gobierno de Alejandro Gimmattei y Castillo intenta superar su primera prueba respecto con la seguridad alimentaria en el país, uno de sus compromisos de campaña.

De esa cuenta, el Ejecutivo impulsa la Cruzada Nacional por la Nutrición, enfocada en la reducción de la desnutrición crónica; pero aún no tiene un plan para atender a 2.3 millones de personas que están en riesgo por la falta de alimentos y que sufren por un periodo recurrente en el país conocido como hambre estacional.

En la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, el 4 de febrero, en el Palacio Nacional de la Cultura, dirigida por el vicepresidente, se informó sobre la creación de una mesa técnica en la que se evaluarán las acciones que debe tomar cada entidad para atender a las familias en riesgo.

“La seguridad alimentaria y todo lo que tiene que ver con el hambre estacional nos preocupa muchísimo”, aseguró el vicemandatario ese día.

Cada año, entre abril y agosto, miles de familias pasan apuros por la falta de alimentos. En 2019 este periodo comenzó en marzo y las acciones del Ejecutivo llegaron en junio, cuando distribuyeron un cupón de Q200 canjeable por productos de la canasta básica. Ese beneficio fue suspendido por las elecciones generales, por señalamientos de clientelismo, y se retomó en diciembre.

Fondo

El lunes pasado, Giammattei anunció la creación de un fondo por la nutrición con aportes del Ejecutivo, el Legislativo y la iniciativa privada, a la que les solicitó en una reunión, el 3 de febrero, que aporte un poco de sus ganancias y utilidades de productos vendidos.

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Según se confirmó, se trata de Thelma Elizabeth Portillo de Quintana, quien fue asignada para dirigir esa entidad.

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La Sosep es dirigida por la esposa del presidente de turno, pero como Alejandro Giammattei está separado de su cónyuge, la dirección de la entidad la tomará Portillo de Quintana, quien fue candidata a alcalde de Asunción Mita, Jutiapa.

En el libro especial de contribuyentes en especie del referido partido, aparece que Portillo de Quintana donó alimentos durante la campaña efectuada en Jutiapa.

De acuerdo con el listado, el 7 de abril del 2018, la funcionaria hizo dos donaciones de dobladas de pollo y refresco de jamaica en una actividad en Asunción Mita, Jutiapa.

Una donación estaba valorada en Q100 y la segunda en Q125.

El 7 de junio del mismo año, hizo otras donaciones de los mismos alimentos en el referido municipio y cada una de estas a un costo de Q100.

La última donación de Portillo aparece registrada el 7 de julio del 2018 y consiste en tacos con carne y refresco de jamaica, siempre entregadas en Asunción Mita y con un valor de Q225.

El partido Vamos fue el que llevó a la Presidencia al actual presidente de la República, Alejandro Giammattei.

La misión de la Sosep

La misión institucional de la Sosep es promover y apoyar acciones en educación, salud y desarrollo comunitario que incidan positivamente en los grupos vulnerables, para lograr una nueva generación de guatemaltecos sanos, con oportunidades de desarrollo y mejora de calidad de vida a través de la participación de la mujer y su entorno familiar.

Se identifica como los grupos más vulnerables a los niños y niñas menores de 6 años, mujeres del área rural y a los adultos mayores, observando la aplicación de los principios de solidaridad, transparencia, ética y equidad.

Su visión institucional es lograr la organización comunitaria y la oportunidad de contar con mejores herramientas que permitan a la población más vulnerable ser autosuficiente y capaz de mejorar su calidad de vida, integrando las acciones de sus programas como articuladores del esfuerzo social del Gobierno.

Cuáles son sus atribuciones

• Definir políticas para la formulación y planificación de sus programas y actividades.
• Velar por la correcta y oportuna ejecución de sus programas, mediante normas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y metas.
• Promover la participación comunitaria a través de los programas formulados y planificados y lograr el desarrollo de estos para beneficio de la población a la cual van dirigidos.
• Gestionar la ayuda técnica y financiera necesaria, nacional e internacional, para el desarrollo de sus programas y proyectos.
• Coordinar con organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a promover el bienestar de la población.
• Administrar, dirigir y coordinar los programas asignados para su ejecución.
• Aceptar y llevar el control de ingresos, donaciones, asistencia técnica y financiera que le otorgue cualquier institución.
• Emitir y aprobar el manual de funciones y reglamentos internos que sean necesarios para su mejor funcionamiento.
• Elaborar la memoria de labores y remitirla al Presidente de la República.
• Crear las unidades administrativas y operativas necesarias para su funcionamiento.
• Otras funciones que le asigne el Presidente de la República.

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El presidente Alejandro Giammattei pidió al Senado de México crear un banco de inversión en la zona fronteriza entre Guatemala y México.

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La propuesta, presentada en una sesión solemne, pretende atraer recursos a los municipios fronterizos de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, del lado de Guatemala, tres departamentos que más expulsan migrantes, y Chiapas y Tabasco, del de México.

“Promovamos juntos la instalación de un banco de inversión para que impere el desarrollo”, dijo Giammattei, quien además pidió al vecino país aumentar el consumo de productos guatemaltecos, pues en la actualidad ese país representa el 4 por ciento del comercio exterior para Guatemala y les aseguró que son de calidad.

El mandatario expresó: “Aquí, donde están representadas las voluntades de las entidades federativas que componen a México (…), podemos coincidir en que aunque somos diferentes compartimos cosas, por eso urge que las relaciones entre nuestros países sean fortalecidas como jamás lo han sido, como hace 172 años cuando establecimos relaciones diplomáticas, expreso mi más firme voluntad de hacerlo en beneficio de nuestras naciones”.

Giammattei indicó que “por desgracias, he de reconocer, que por consecuencia de gobiernos anteriores que se olvidaron de promover el desarrollo humano en nuestro país vemos con tristeza como nuestros connacionales abandonan o desean abandonarlo, personas y familias enteras se dirigen al norte para tratar de alcanzar las oportunidades que nosotros les hemos negado”.

“Los invito a que trabajemos juntos en muros de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse”, manifestó el presidente.

Aseguró: “Lo único que los detiene -a los migrantes- son las oportunidades, es la seguridad, un empleo digno, un futuro promisorio, el trabajo, un techo sólido, una familia que crece, una empresa que crece. Mi invitación es que hagamos algo juntos”.

Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado, destacó las acciones del mandatario y dijo que trabajarán juntos para garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de los migrantes.

El plan busca crear un “muro de prosperidad” para que las comunidades fronterizas tengan mayores proyectos de inversión para aumentar el empleo.

Fernández recordó que la geografía y la historia de Guatemala y México unen a ambos países, “compartimos la cultura maya”.

“Ese pasado común ha contribuido al avance bilateral de la agenda de cooperación. Al igual que a ustedes nuestros antepasados nos enseñaron a respetar los símbolos y qué mejor símbolo de unión entre nuestros pueblos que compartir la admiración de esa preciosa ave como lo es el quetzal”, manifestó.

De acuerdo con Fernández, la frontera entre los dos países conviven tres estados mexicanos, con 22 municipios, y 24 municipios guatemaltecos.

La visita de Giammattei, de un solo día y de la que no se informó si incluiría una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se registra después de que Guatemala presentó un acuerdo con la Organización de Naciones Unidad para mejorar la atención de los migrantes que atraviesan Centroamérica con rumbo, principalmente, a Estados Unidos.

Migrantes

Desde octubre de 2018, miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos han salido en caravanas a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia en el norte de Centroamérica.

La última caravana que salió desde Honduras, en enero pasado, fue frenada por México, que desplegó a miles de agentes de la Guardia Nacional para contener a los migrantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a los gobiernos de México y del norte de Centroamérica para contener la corriente migratoria.

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Un grupo de 7 menores fueron localizados en un bus con una persona que es señalada de trata de personas, informaron las autoridades de Relaciones Exteriores.

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Por seguridad de los menores no brindaron mayores detalles, pero explicaron que la persona no pudo justificar la relación familiar con los pequeños.

“Se activó la alerta para evitar que se den todo ese tipo de consecuencias y atentar en contra de la dignidad de los niño”, explicó el canciller Pedro Brolo.

Los niños viajaban en el autobús y fueron detectados en Oaxaca, México cuando el adulto que los acompañaba no pudo dar información básica de ellos. Se supone que uno de los menores es su sobrino.

Este no es el primer caso que ocurre y se mantienen los constantes riesgos y peligros en el tránsito, agregó el ministro.

#CancillerGT @PedroBroloGT junto a la Coordinadora Residente de @ONUGuatemala, Rebeca Arias y el Director General de @MigracionGuate, Carlos Morales, suscriben Acuerdo para la creación de una mesa en materia migratoria y de refugio. #IniciaElCambio pic.twitter.com/rfoPoDwwNZ

— MINEX Guatemala (@MinexGt) February 5, 2020

Los niños, que serían de origen huehueteco, están bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación y el consulado guatemalteco en México ya se puso en contacto con sus familiares.

Trascendió que se trata de tres niños y cuatro niñas de entre 4 y 13 años.

El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un acuerdo de cooperación con la ONU para crear una mesa técnica de apoyo en materia migratoria y de refugio, con esto se pretende elevar la atención a los migrantes a estándares internacionales.

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La Comisión Presidencial contra la Corrupción será dirigida por el exviceministro antinarcóticos, Óscar Dávila Mejicanos.

El presidente Alejandro Giammattei anunció la decisión en conferencia de prensa luego de una actividad en la Brigada Militar Mariscal Zavala por la conmemoración del aniversario de la fuerzas de tierra.

En los próximos 15 días se tiene previsto que comience a funcionar la comisión para denunciar y darle seguimiento a los casos de corrupción en las instituciones del Ejecutivo.

“Hace tres meses empezamos a conocer personas que tuvieran experiencia en el tema y que conocieran sobre justicia e investigación, y creemos que Óscar Dávila recoge esas características… fue fiscal y viceministro… no lo conocía, la semana pasada lo propuse a la comisión y ellos aceptaron”, dijo Giammattei.

Según el mandatario, era importante que la persona que estuviera al frente de la comisión tuviera experiencia en administración pública y procesamiento e investivación.

Giammattei resaltó que Dávila fue fiscal, viceministro de Gobernación y colaboró con agencias internacionales en programas contra la corrupción en otros países.

#ComunicadoDePrensa #MinisterioPúblico y @GuatemalaGob realizan primera reunión de Mesa de Alto Nivel de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. pic.twitter.com/nI59CEruDQ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 26, 2020

Formación académica

Dávila Mejicanos tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Rafael Landívar; además, se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, abogado y notario, en la Universidad Panamericana.

En su experiencia profesional se destaca una consultoría para la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la Ley para la embajada de los Estados unidos en Guatemala, donde tenía como atribución elaborar estrategias para la lucha antidrogas en la región.

Además, de enero del 2016 a abril del 2018, el director ejecutivo de la comisión fungió como quinto viceministro de Gobernación, en donde tenía como funciones establecer políticas y estrategias para el control y combate de drogas en el país.

Como viceministro, Dávila Mejicanos también coordinó de forma regional para el combate de drogas en países de la región norte, centro y suramérica.

El funcionario destaca entre sus logros como quinto viceministro el haber alcanzado “cifras históricas de incautaciones de drogas” en el país, así como lograr la erradicación del 90 por ciento de cultivo de amapola en uno de los municipios con más incidencia, en el norte de Guatemala.

Entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, el secretario estuvo como fiscal especial encargado de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y otros activos y Delitos contra el Orden Tributario.

En su hoja de vida, Dávila Mejicanos incluye como referencias a personal de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y de la Oficina para el Control de Drogas (DEA en inglés) de ese país.

El trabajo

El mandatario dijo que la comisión estará integrada por 38 personas y están acondicionando el espacio donde será su sede en la Casa Presidencial.

“El mensaje es muy claro. Vamos a combatir al más alto nivel contra la corrupción en el Ejecutivo. Estaremos ya reclutando a las personas que van a integrarla en las cinco distintas áreas que tiene la comisión”, afirmó Giammattei.

Añadió que el equipo de cómputo y mobiliario de oficina para la entidad anticorrupción será donado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL).

La Comisión Presidencial contra la Corrupción entro en vigor el 22 de enero, a través de un acuerdo gubernativo publicado en el Diario de Centroamérica. Esta fue un compromiso de campaña del presidente Alejandro Giammattei quien recibió la presidencia sin la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Esta tendrá una duración de cuatro años y tiene 11 atribuciones, entre ellas, promover la política contra la corrupción, crear mecanismos de detección de actos de corrupción y recomendar leyes y reglamentos.

Las reuniones ordinarias están planificadas para una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando se considere necesario.

La entidad está integrada por

• El presidente de la República, quien la preside
• El ministro de Gobernación
• El ministro de Finanzas Públicas
• El procurador General de la Nación
• El secretario General de la Presidencia
• El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
• El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno
• El director ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción

Como parte de su compromiso en contra de la corrupción, Giammattei también se comprometió durante su campaña a pedir asistencia al Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y como mandario electo anunció que Israel apoyará con equipo antropométrico para evitar plazas fantasma en el Ejecutivo.

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La falta de alimentos es uno de los mayores problemas para muchas familias y unos 2.3 millones de personas necesitan ayuda alimentaria urgente, según el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan).

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Este problema afecta al 30% de los hogares rurales, señaló esa entidad.

El presidente Alejandro Giammattei explicó que está impulsando una cruzada por la nutrición que pretende juntar un fondo común para poder crear programas de apoyo.

“Estamos pidiendo a la iniciativa privada para que con un aporte de sus ganancias pueda crearse un fondo por la nutrición y le pediremos al Congreso que aporte parte de sus ahorros para este fondo”, dijo Giammattei.

Taiwán donará 2.3 toneladas de arroz para combatir la falta de alimentos, explicó el presidente.

Se pretende juntar unos Q200 o Q300 millones iniciales con el aporte del Ejecutivo.

“Le quisiéramos pedir al congreso de la república que se les caiga el codo con unos Q25 millones o Q30 millones”, dijo el mandatario.

Además con la venta de los productos de las empresas que se sumen, también se podrá aumentar el monto.

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Debido a que de forma tradicional los conflictos sociales se atienden hasta que ya hay acciones concretas de los afectados, la Comisión de Diálogo apuesta a la aprobación de una política nacional y una ley de diálogo que permita prevenir estos acontecimientos.

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Para diciembre del 2019, la CPD había registrados dos mil 574 conflictos sociales, el 67 por ciento debido a problemas agrarios y otro 17 por ciento, por la utilización de recursos naturales. El 16 por ciento restante se divide en inconformidades por energía eléctrica, derechos cívicos, políticos y sociales y políticas públicas.

Además, el registro indica que en nueve departamentos se concentra el 81 por ciento de los conflictos: Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Petén, Izabal, Guatemala, Baja Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos.

En los análisis de la comisión también se hace una relación entre la pobreza y vulnerabilidad y el alto riesgo de conflictividad social; así, se determinó que hay riesgo en 12 municipios de Alta Verapaz, tres de Chiquimula, 10 de Huehuetenango, cinco de Quiché, dos de Totonicapán y uno en Baja Verapaz, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, San Marcos y Zacapa.

En el 2019, del total de conflictos se registraron 492 procesos, de los cuales 164 fueron por conflictos agrarios; después, otros 148 por inconformidades a las políticas públicas en educación, salud, vivienda e infraestructura y 81 se atendieron con relación a la distribución, transporte y generación de energía eléctrica.

Según los registros, de esos 492 procesos de diálogo, 104 (21%) fueron en municipios que están por debajo del promedio del índice de desarrollo nacional e incluso están en números negativos y se consideran en extrema pobreza. Otros 201 procesos (40%) están en municipios considerados pobres debido a la carencia de servicios básicos y que también están debajo del índice nacional.

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La política, que ya fue revisada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, debe recibir un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación y luego ser enviada a la Secretaría General de la Presidencia, donde, con la firma del presidente Alejandro Giammattei, se podrá implementar.

Uno de los principales cambios que promueve la política es que las instituciones del Estado atiendan las necesidades de la población que se siente afectada y vulnerable, para ello, será necesaria la instalación de una oficina de prevención y atención de la conflictividad en cada edificio estatal.

“El conflicto social se define como un malestar de la población o un sector de la población ante una necesidad sentida, pero no satisfecha, lo que quiere decir que el ente del Estado que lo debe resolver, o los ignora o no los escucha o lo retarda”, explicó Jesús Gómez, asesor en diálogo y atención de conflictos sociales de la CPD.

Además, la iniciativa de ley que se trabaja y que pronto será enviada también a la Presidencia para que se presente al Congreso, busca crear los mecanismos para que haya un compromiso y obligación de cumplirlo, de parte de las entidades gubernamentales.

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Con la política también se busca ampliar el trabajo de prevención que ya se hace en 13 departamentos y que incluye la participación de los gobernadores departamentales y Consejos Departamentales de Desarrollo. El objetivo es que el trabajo de prevención y de atención temprana evitará que todos los conflictos sociales se centralicen en la capital.

Lo que se promueve es que los conflictos sociales se detecten antes de que causen una reacción. “La población, al no ser escuchada y no ser atendida reacciona con violencia, porque es la única forma que, infortunadamente en Guatemala, es como el Estado vuelve a ver”, reitera Gómez.

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La política se discutió durante dos años -2018 y 2019- y tuvo el acompañamiento técnico y financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para construirla se convocó a representantes de todos los sectores que tienen relación con los conflictos sociales y con la solución de estos, así se logró tener la participación de grupos de jóvenes a través del Consejo Nacional de la Juventud; de mujeres, a través de las oficinas municipales de la mujer; del sector académico, a través de los rectores de todas las universidades del país; representantes de los pueblos indígenas y garífuna; participación del Ejército y de la Policía Nacional Civil y del sector empresarial.

Poca importancia

Cuando comenzó el trabajo la instancia de diálogo para resolver conflictos, también se reflejó la poca importancia que los funcionarios ponen al tema y así lo confirmó el excomisionado Rokael Cardona, quien fue el primer nombrado y quien dio vida a esa instancia.

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Cardona explicó que es necesario definir el compromiso de las instituciones y criterios para garantizar que los conflictos se resuelvan priorizando el bien común y no intereses privados.

“Había ministros que no asistían -a las reuniones-, por eso debe haber compromiso de los actores para que se logre que la conflictividad disminuya, pues hay muchos casos que están estancados”, señaló.

Para prevenir los conflictos se requieren recursos financieros específicos en todos los ámbitos, dice el comisionado: en el nacional, en las municipalidades y en los consejos de desarrollo.

Convocará a diálogo nacional

El presidente Alejandro Giammattei afirmó que la CPD será reformada para dividir su trabajo en dos procesos importantes, continuar con la mediación de conflictos a través del diálogo y convocar a un gran diálogo nacional a través del Consejo de Estado, una propuesta de su plan de gobierno y que anunció sería creado a través del Acuerdo Gubernativo 3-2020.

Giammattei había anunciado que dicho consejo estaría conformado por representantes de todos los sectores del país quienes, además de acordar soluciones a problemas nacionales, estarían encargados de nombrar a tres guatemaltecos notables para que dirijan una nueva comisión contra la corrupción, la cual entró en vigor el 22 de enero.

Sin embargo, hasta el viernes 31 de enero, los encargados de la comisión de diálogo todavía no tenían información sobre las reformas que se aplicarán a esta entidad y no habían podido conversar en persona con el presidente. Así lo confirmó también el comisionado Sergio Flores.

Aunque la intención es buena, no debería ser la CPD quien se encargue de convocar al Consejo, asegura el excomisionado de Diálogo Miguel Ángel Balcárcel. El exfuncionario explica que hay diferencia entre el diálogo social y la atención preventiva de la conflictividad.

“El diálogo político es distinto y la conflictividad social requiere acciones diferentes: capacidad de respuesta, acciones del Ejecutivo, para resolver conflictos de forma pacífica”, señala.

Para Balcárcel, el consejo propuesto por el presidente tiene antecedentes como los diálogos para el proceso de Paz y cuando se construyó una agenda nacional compartida.

Cardona considera que la propuesta de reformar la CPD es buena en la medida en que se pueda resolver un conflicto, pero que el consejo haga modificaciones de fondo para que el mismo no se vuelva a repetir. “Es una oportunidad para impulsar proyectos de desarrollo integrales, no solo un acuerdo entre las partes”, dijo el exfuncionario.

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El Ministerio Público (MP) informó que le diligencia se lleva a cabo este jueves 30 de enero con autorización de las autoridades respectivas, ante las posibles irregularidades y sobrevaloración en la compra del referido alimento.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, informó que si hay indicios el aérea administrativa se dirijan al MP para la denuncia y luego se presenten los fiscales.

Al consultarle de dónde se obtuvo los precios del pan, ya que en Guatecompras aparece un precio y el presidente Giammattei dijo otros, Sandoval respondió que la documentación está en el referido portal y aparece la compra de francés, pan de rodaja y de seis unidades de pan muffin que cuesta Q16.50, por lo que hay que verificar si este está a precio del mercado o sobrevalorado.

“Hay un montón de temas y productos que parten de este análisis que la SAAS realiza para entregarle al MP, abarcaremos todas la áreas, incluyendo la adquisición de bebidas alcohólicas para transparentar el procedimiento si fue correcto o no”, afirmó el funcionario, quien añadió que entregarán esa información el MP.

Luego seguirán con verificaciones de procesos en el área administrativa y de encontrar indicios se procederá a denunciar en el MP.

“Tenemos que ser transparentes en todo sentido, la transparencia no solo se da que nosotros de aquí en adelante hagamos las cosas correctas. También está en darle cuentas al pueblo de Guatemala y qué se hizo con el dinero de los guatemaltecos.

También verán temas de contrataciones y plazas, ya que esto tiene que ver con recursos de los guatemaltecos.

Gastos por año

Según datos brindados por el actual gobierno, solo durante el 2019, la compra de pan habría sido de Q1 millón 936 mil, mientras que en el 2018 el gasto fue de Q1 millón 056, reveló el mandatario.

En el año 2015 fueron gastados Q74 mil 993 en pan. Asimismo en el 2016 Q702 mil 452 y en el 2017 el gasto fue de Q1 millón 207 mil.

En Guatecompras figuran cuatro concursos de la SAAS entre el 14 de enero de 2016 y de 2020 relacionados con la compra de pan para la preparación de alimentos para el personal administrativo y de seguridad de la entidad.

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“Encontramos un acuerdo de asilo que es el que está firmado, reconocido por el gobierno, tiene incluso opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad y lo estamos cumpliendo. Han venido una serie de salvadoreños y hondureños producto de esos envíos, pero sí han venido más de 500 y de los cuales la mayoría han preferido regresar a su país”, indicó Giammattei este martes en conferencia de prensa.

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Agregó: “de ahí en adelante hay supuestamente siete anexos los cuales encontramos como borradores, no está firmado ni uno solo, ayer -lunes- me comuniqué con el secretario Wolf y quedamos que la semana entrante viene una comisión técnica del gobierno de Estados Unidos a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración para que podamos definir los alcances del acuerdo, porque no existen esos anexos, no los podemos asumir, pedimos que nos sentemos para formalizar lo que ya está funcionando. Eso no causa gastos, porque la Acnur y OIM se hace cargo, pero las caravanas sí nos hacen gastar”.

Giammattei respondió sobre el paso de caravanas de migrantes centroamericanos que se esperan para estos días por el país y el trato que han tenido de parte de las autoridades mexicanas.

Al respecto, expresó: “No puedo juzgar lo que hagan del otro lado del Suchiate. Si están preparando caravanas, no van a pasar, hemos seguido atendiendo a los migrantes y no ha habido quejas sobre la atención, somos respetuosos”.

“Les hemos dicho que no pasen niños, hemos sido muy drásticos porque encontramos a una mujer en Tecun Umán, desesperada, una hondureña, vendiendo a sus dos hijos, porque ella quería pasar y dejarlos. Hemos devuelto 19 niños no acompañados en situación lamentable, se rescataron en Las Cruces, Petén, y en Tecún Umán y se entregaron a las autoridades hondureñas”, dijo.

El mandatario aseguro que “niño que pase tiene que pasar con los papeles respectivos. Lo que sí puedo decir es que México no va a permitir que la gente pase, ya lo demostraron. Nosotros tuvimos que poner buses de regreso para mandar un montón de gente. Tuvimos colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones que nos apoyó un poquito, pero no lo suficiente. Salud hizo jornadas, pero no podemos impedir que la gente pase, no podemos discriminar a la gente, hay libre paso”.

Prensa Libre intentó obtener una explicación más profunda sobre los borradores que recibieron por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, y su director de Comunicación, Joaquín Samayoa, ofreció que haría la consulta y daría la información, pero ya no respondió.

Secretismo y presiones

 Para analistas en temas migratorios, el hecho de que Giammattei revelara que tales anexos no existen, confirma que las negociaciones y la firma final del acuerdo se hicieron en un círculo de secretismo y opacidad donde el objetivo era esconder la información de a qué se comprometía el país.

Para Pedro Pablo Solares, analista independiente, no sorprende el anuncio que hizo el mandatario guatemalteco toda vez que los acuerdos y medidas respecto a la migración que impulsaron en conjunto las administraciones de Donald Trump y Jimmy Morales “se caracterizaron por ser impulsivas y no profesionales”.

Para el analista, desde el propio hecho de que haya sido el Ministerio de Gobernación y no el de Relaciones Exteriores el que negoció el acuerdo muestra que no hubo ese filtro de expertos en relaciones internacionales para evaluar la viabilidad jurídica del mismo.

Respecto a la visita de siete funcionarios estadounidenses que vendrán al país para hablar del acuerdo, Solares teme que el gobierno de Giammattei pueda tener presiones que lo motiven a continuar la política de “evadir o esconder” lo que se negocia toda vez que los contenidos del acuerdo no favorecen al país.

Al hablar de si hay o no razones que hagan pensar que el mandatario guatemalteco comienza a recibir presiones de EE. UU., el analista expuso que antes de asumir la presidencia, Giammattei hablaba más abiertamente en contra de los acuerdos, pero ahora parece que ese “impulso por la protección del bienestar nacional se vio menguado”.

“Posiblemente podríamos decir que el presidente le está pasado aquello de que es diferente verla venir que bailar con ella”, ironizó Solares.

Hablar con claridad

Úrsula Roldán, directora de Proyección y Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Landívar, coincidió en que no extraña el anuncio que hico el presidente guatemalteco debido a que desde un principio se vio la manera opaca en que se negoció el acuerdo “que no pasó por ningún procedimiento ni legal ni político” tanto en EE. UU. como en Guatemala para que cobrara vigencia.

La inexistencia de esos anexos, añadió Roldán, confirma el secretismo de las negociaciones que llegaron al extremo que ni la propia Acnur (oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) llegó a conocer de qué se trataba puntualmente el acuerdo, cuando es la entidad de las Naciones Unidas encargada de dar asesoría a los estados en materia de asilo y refugio.

Roldán ve positivo que Giammattei haya hecho esa revelación y afirma que el Gobierno de Guatemala debe abordar abiertamente el tema con la delegación estadounidense que vendrá al país la próxima semana.

“Que EE. UU. diga claramente qué le pide a Guatemala, a qué quiere que se comprometa con qué recursos y cómo afectaría eso al resto de país centroamericanos”, precisó Roldán.

Programa poco demandado

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que, hasta ayer 316 personas, entre hondureños (188) y salvadoreños (128), habían sido deportados al país bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), de estos apenas 13 habían solicitado la protección del Estado guatemalteco.

UU. deportó a familias completas que lograron llegar hasta su frontera sur para pedir asilo, prueba de ello es que en los números de retornados bajo el ACA se incluyen a 131 menores de edad.

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Un total de 113 municipios de 10 departamentos serán priorizados en el combate a la desnutrición, que se convirtió en uno de los temas que destacó el presidente Alejandro Giammattei en la toma de posesión.

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Maritza Oliva, jefa de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesán), explicó que esos municipios son los que tienen altos niveles de pobreza extrema, inseguridad alimentaria y desnutrición crónica en niños menores de 5 años, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

De esa cuenta serán priorizados 12 de Alta Verapaz, cinco de Chiquimula, 27 de Huehuetenango, 18 de Quiché, 13 de Sololá, ocho de Totonicapán, siete de Chimaltenango, 11 de San Marcos, tres de Jalapa y nueve de Quetzaltenango.

Para lograrlo, un gupo de diputados y cinco entidades del Ejecutivo firmaron este 28 de enero una carta de entendimiento para el fortalecimiento interinstitucional por la lucha contra el hambre y la desnutrición.

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Ese acuerdo incluye al Frente Parlamentario contra el Hambre y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesán), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Salud y el Consejo de Seguridad Alimentaria (Conasán).

En el caso de las instituciones del Ejecutivo se comprometen a:

1. Trabajar de forma permanente por medio de la ejecución de programas sociales vinculados al combate a la pobreza y malnutrición de forma eficiente.
2. Crear e implementar estrategias en materia de seguridad alimentaria para atender a la población vulnerable, priorizando a la niñez y su incorporación al sistema educativo.
3. Promover el buen funcionamiento y agilizar la gestión administrativa.
4. Atender e investigar denuncias planteadas por el FPH, mediante coordinación y comunicación fluida.

EI Frente se comprometió a:

1. Prestar atención y colaboración en las acciones que realice el facilitando mecanismos de comunicación y coordinación, mediante legislativo.
2. Documentar y fiscalizar la ejecución de compromisos, avances y gastos del Gobierno.
3. Citar a los funcionarios que tengan la obligación de informar sobre avances en materia de seguridad alimentaria.
4. Realizar visitas “in situ” que acuerden las partes.

El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, aseveró: “Estas acciones no son partidistas ni gubernamentales, son parte de un proyecto de Estado del que todos deben formar parte”.

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Jairo Flores, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza e integrante del Frente, dijo que en esta cruzada promovida por el Ejecutivo contra la desnutrición crónica, que afecta al 46 por ciento de los niños, hay que trabajar sin banderas políticas.

Desde el Frente, agregó, habrá trabajo de fiscalización de las entidades que intervienen en el combate del hambre y la desnutrición, pero también acompañamiento de las iniciativas para lograr los objetivos.

Al respecto djio que el anterior gobierno gastó Q280 millones en programas de mini riego que no llegaron a la población.

El ministro de Agricultura, Óscar Bonilla, invitó a los tres organismos del Estado a trabajar en la misma dirección para reducir la desnutrición.

Se fijan meta

El ministro de Salud, Hugo Monroy, aseguró que para tener una estadística real del índice de desnutrición en el país se hará una línea base que está a cargo del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap), resultados que también servirán de línea base para medir los resultados de las acciones institucionales.

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Además, el funcionario explicó que se pretende reducir el índice de desnturición de entre dos y cuatro por ciento anuales.

Monroy afirmó que hay subregistro en las cifras de desnutrición crónica y aguda, por lo que es valioso el apoyo del Incap. “Hasta el momento sabemos que de dos niños, uno es desnutrido, pero vamos a comenzar a tener el dato real y así implementar las acciones que se deben hacer”, explicó.

Uno de los objetivos de la cruzada contra la desnutrición es cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2: Hambre Cero para el 2030.

Reto “personal”

Durante la toma de posesión el 14 de enero, Giammattei anunció una “cruzada nacional por la nutrición” con apoyo de la comunidad internacional y sector privado, así como la creación de un fondo contra el hambre y la desnutrición, que daría un seguro médico, educación y nutrición a personas necesitadas.

Calificando el hambre y la desnutrición como “el gran fracaso de nuestro país”, Giammattei también se propone proyectos de riego para más producción agrícola, adaptación al cambio climático y un fondo de garantía para el desarrollo rural donde los campesinos puedan tener créditos flexibles y a largo plazo.

Los 113 municipios priorizados son:

Alta Verapaz

• San Cristóbal Verapaz
• Tamahú
• Tactic
• Lanquín
• Senahú
• San Juan Chamelco
• Santa Cruz Verapaz
• Tucurú
• Cahabón
• Chahal
• Panzós
• Santa Catalina La Tinta

Chiquimula

• Jocotán
• Olopa
• Camotán
• San Juan Ermita
• Chiquimula

Huehuetenango

• San Mateo Ixtatán
• San Juan Atitán
• San Miguel Acatán
• San Rafael Independencia
• Colotenango
• Santa Eulalia
• Santa Bárbara
• San Sebastián Huehuetenango
• San Gaspar Ixchil
• Barillas
• San Sebastián Coatán
• San Juan Ixcoy
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Ponerle fin a la corrupción en el gobierno y transparentar la inversión pública continúan siendo los temas principales que aborda el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien; además, le apunta a la integración centroamericana para alcanzar el desarrollo de Guatemala.

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Para el jueves 30 de enero está prevista la primera reunión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción para analizar el perfil de quien dirigirá esa dependencia, creada por el nuevo gobierno con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos.

El mandatario señaló este martes 28 de enero en conferencia de prensa que luego de que la Comisión quede integrada con el nombramiento del director ejecutivo -el jueves-, el procedimiento de denuncia de casos de corrupción podría cambiar, al hacer referencia a una que interpusieron por la existencia de medicina que se presume está alterada.

En este caso se solicitó apoyo a la Universidad de San Carlos para que por medio de la Facultad de Farmacia se tomen muestras de los medicamentos y determinar si los componentes son los que se establecen en los documentos, aunque asegura que hay alteración en el registro de los fármacos.

Atención de conflictos

Giammattei también informó que el 15 de febrero se constituirá el Consejo de Estado, el cual tendrá como objetivo atender conflictos sociales y generar “puentes de comunicación” entre los sectores de la sociedad para avanzar a un diálogo constructivo y llegar a acuerdos importantes sobre cambios “trascendentales” que se requieren en el país.

Para crear ese Consejo se deben hacer reformas al acuerdo que dio vida a la Comisión Nacional de Diálogo, dijo el mandatario.

Sin fronteras

Luego de que los presidentes de Guatemala y El Salvador, Alejandro Giammattei, y Nayib Bukele, respectivamente, firmaron el convenio de “cielos abiertos”, para permitir que los vuelos entre ambos países ya no sean considerados internacionales, este martes 28 de enero se informó que se pretende eliminar las fronteras migratorias y aduanales.

Giammattei dijo que en un mes se borrarán las fronteras migratorias por tierra entre ambos países, para luego hacer lo mismo -en tres o cuatro meses- con las fronteras aduanales, como parte del proceso de integración, con lo que, según las autoridades guatemaltecas, se fomentaría el turismo entre ambas naciones, pues se eliminarían los chequeos migratorios. Esa misma estrategia se podría poner en práctica con Honduras, según se dijo.

#NuevoGobiernoGT | Se espera que antes de 15 de febrero se hagan los cambios necesarios en la Comisión Presidencial de Diálogo, que será encargada de convocar a la integración del Consejo de Estado. pic.twitter.com/d8WFvNBbm7

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) January 28, 2020

También se refirió a la creación de un puerto con salida al Atlántico hacia El Salvador, el cual podría hacerse por medio de una concesión que debe conocer el Congreso.

“Guatemala no perderá competitividad, por que lo que entra a El Salvador va por Puerto Cortez Honduras, nosotros hemos perdido competitividad en el puerto por la corrupción que existe en la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. La concesión para la explotación de un puerto va a pasar por el congreso cuando llegue su momento. No hay compromiso, lo que hay es voluntad de una integración centroamericana”, dijo el mandatario.

Centro de Gobierno

Este martes 28 de enero se publicó en el Diario de Centro América el acuerdo gubernativo 31-2020, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, la cual tienen como fin fomentar la cultura de ejecución y fortalecer la transparencia y la calidad del gasto y rendición de cuentas del organismo Ejecutivo, entre otras cosas.

Según la publicación, la Comisión deberá tener un director ejecutivo, el cuial será nombrado por el presidente de la república y deberá cumplir con los mismos requisitos que un ministro de Estado.

Además, Asesorará al presidente para el seguimiento y cumplimiento de las prioridades presidenciales, con la finalidad de identificar y reportar las restricciones administrativas y financieras que afecten el logro de los resultaros propuestos.

El acuerdo establece que la Comisión estará integrada por el ministro de Finanzas, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, secretario general de la Presidencia, director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno.

#NuevoGobiernoGT | Este Consejo de Estado estará integrado por sociedad civil, académia y otros sectores, según el anuncio del presidente Alejandro Giammattei. pic.twitter.com/HEB8X5vrkx

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) January 28, 2020

El gobierno de Jimmy Morales habría gastado más de Q4 millones en la compra de pan, denunció el presidente Alejandro Giammattei.

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Solo durante el 2019, la compra habría sido de Q1 millón 936 mil, mientras que en el 2018 el gasto fue de Q1 millón 056, reveló el mandatario.

En el año 2015 fueron gastados Q74 mil 993 en pan. Asimismo en el 2016 Q702 mil 452 y en el 2017 el gasto fue de Q1 millón 207 mil.

La información fue entregada por las autoridades de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), que actualmente está haciendo una extensa auditoría en el gasto de la administración anterior.

Giammattei añadió que se auditan compras efectuadas en otras entidades del Estado durante la administración anterior.

En Guatecompras figuran cuatro concursos de la SAAS entre el 14 de enero de 2016 y de 2020 relacionados con la compra de pan para la preparación de alimentos para el personal administrativo y de seguridad de la entidad.

Los cuatro fueron ganados por Café, Panadería y Pastelería Pangeli, propiedad de Glenda Rosibel Véliz Caal de Portillo, con sede en la 17 avenida 2-15 zona 4 de Mixco, colonia Valle del Sol.

Una compra de 220 mil franceses en presentación de filas de seis unidades en mayo de 2019 costó Q88 mil. La compra fue directa y la unidad de francés costó 40 centavos de quetzal, según el número de operación de Guatecompras (NOG) 10429905.

Ese mismo mes hubo otra compra directa de 149 mil 500 panes dulces por Q61 mil 295, cuyo costo por unidad fue de 41 centavos de quetzal, según el NOG 10429891.

En agosto de 2017 y junio de 2019 hubo dos compras de pan horneado (sandwich, champurradas, pirujos, hamburguesa, muffin, entre otros) por Q268 mil 587.5 y Q290 mil 420, respectivamente.

En anteriores oportunidades, el mandatario ha propuesto la iniciativa que dispone la liquidación y disolución de la SAAS, creada en 2003.

Entre los considerandos, el Ejecutivo expresa esa secretaría ha mal utilizado su presupuesto y no ha sido transparente.

Estado de Prevención

Giammattei también entregó resultados del estado de Prevención en Villa Nueva.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acompañados por pelotones militares han mantenido operativos en Villa Nueva por el estado de Prevención y el presidente Alejandro Giammattei presentó los primeros resultados.

Entre los capturados “hay muchas mujeres vinculadas a extorsiones”, lamentó el mandatario. Añadió que en un barranco encontraron un “polígono” donde pandilleros practicaban con armas de fuego. En el lugar habían uniformes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un muñeco con sangre que posiblemente se utilizaba para ritos satánicos.

Se organizaron 117 allanamientos y fueron ejecutadas 31 capturas de personas vinculadas a dos clicas de pandillas, principalmente, informaron las autoridades.

#NuevoGobiernoGT | El presidente Alejandro Giammattei presenta resultados del #EstadoDePrevencionGT decretado en #VillaNueva. 117 allanamientos y 31 capturas son algunos de esos resultados. pic.twitter.com/iLMtq5l7V7

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) January 28, 2020

Uno de los primeros hallazgos de la administración de Raúl Romero como ministro de Desarrollo Social es la renovación por un año de mil 107 contratos en renglón 021 efectuada el 2 y 3 de enero pasados.

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Esas plazas están ubicadas en la provincia, son los delegados, pues son de las personas que operativizan los programas sociales y el funcionamiento del ministerio. “Los dejaron instalados como que, prácticamente, siguieran gobernando -Jimmy Morales-“.

Romero aseguró que no hará señalamientos ni acusaciones contra exfuncionarios hasta que tenga la documentación, fundamentos o pruebas al respecto. Dijo que realizan un inventario de esas contrataciones para determinar si cumplen con el perfil requerido para el puesto y si cumplen con la función establecida.

Agregó que de esas plazas, 47 son nuevas contrataciones y 67 que laboraban desde hace seis meses, a un costo de Q350 mil mensuales. “No había necesidad de estas contrataciones porque el Ministerio funcionaba bien en años anteriores sin estas personas”, expresó.

El funcionario afirmó que aún desconoce cuántos empleados efectivamente laboran el cartera y que aún están en ese análisis para verificar la cantidad de plazas y personas que laboran, para lo cual levantan un inventario de la presencia física del personal.

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De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala el renglón 021 corresponde a personal supernumerario, temporal.

“Contempla los egresos por concepto de sueldo base a trabajadores públicos, contratados para labores con títulos funcionales que por la necesidad temporal en las instituciones Públicas, requieren ser creados únicamente para el ejercicio fiscal. Las Autoridades Nominadoras evaluarán si persisten las causas que justifiquen la continuidad de este tipo de personal para el siguiente ejercicio fiscal”, dice el documento.

“No estamos de acuerdo en que se gaste más en funcionamiento que en inversión, y eso comienza con el diagnóstico, el costo de arrendamientos, entre otros”, indicó Romero.

Solo en pago de arrendamientos, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) eroga Q17 millones al año por el edificio central y Q3.5 millones, por 43 sedes regionales.

#NuevoGobiernoGT | En el @midesgt el exministro tenía cuatro vehículos asignados y los viceministros dos cada uno, además se le asignaron a secretarias, dijo el actual jefe de la cartera, Raúl Romero. pic.twitter.com/soDOlpCLYT

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) January 27, 2020

Romero indicó que la dirección jurídica analice el contrato de arrendamiento de la sede central para tomar acciones y buscar una alternativa. También analizan el pago por las sedes regionales para determinar si los costos están dentro del precio real de mercado.

Además se encontró la asignación de cuatro vehículos al servicio del exministro, Carlos Velasquez Monge, y dos para cada uno de los viceministros; además, había secretarias y otro personal con vehículo a su disposición.

Programas sociales

La nueva administración también investiga la entrega de alimentos que se hizo del 10 al 31 de diciembre, por el que se deben pagar Q12 millones. Se supone que entregaron 400 mil raciones, pero no hay registro de la entrega.

“Tenemos que documentar que se recibieron y que se entregaron esos alimentos, no hay fotos, no hay evidencia. Es una entrega que hubiera sido muy sensible. Si corresponde se pondrán las denuncias correspondientes”, aseguró.

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Lo mismo ocurre con la ubicación de los comedores, pues no hay un fundamento de por qué funcionan en los lugares donde se instalaron. Se trata de los comedores de Palencia, Fegua, la colonia El Milagro, Roosevelt, Fraijanes y Mixco, debido a que están instalados en lugares donde no hay alta incidenica de desnutrición aguda o crónica.

Romero indicó que se deben cumplir 489 órdenes de juez para incluir a personas como beneficiarias en los programas sociales que maneja el Mides. “Las encontramos archivadas, prácticamente, ya están en análisis. Hago la salvedad de que hay plazos, y que algunos están retrasados, pero estamos evacuando”, dijo.

El ministro aseguró que está comprometido con erradicar el clientelismo en la cartera. “Estamos conscientes de que ha habido clientelismo en los beneficiarios programas sociales y nuestro compromiso es revertir esa situación. Los programas sociales no deben ser utilizados para beneficiar amigos o allegados de funcionarios y mucho menos politizarlos partidariamente, deben ser un instrumento de una política de Estado que permita ayudar a la población a salir de la pobreza”, manifestó.

Además se hará una depuración de los beneficiarios de los programas sociales y crear criterios e instrumentos técnicos para evaluar cada programa, para lo cual reciben apoyo de la cooperación internacional.

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De acuerdo con Romero hay duplicidad de esfuerzos, gastos y funciones en las instituciones y dependencias que combaten la desnutrición. “Esto es importante, hemos tenido reuniones preparatorias para el fortalecimiento del gabinete social y se deben definir estrategias de coordinación para que el Estado tenga una intervención integral en las regiones donde más se necesita por medio de un sistema de atención social”, explicó.

El Mides también analiza la función del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) para determinar si continúa o no funcionando. En bodegas a cargo de este fondo encontraron 40 mil escritorios escolares, los cuales comenzaron a ser entregados en escuelas públicas.

Romero criticó que hayan escuelas con deficiencias en la infraestructura mientras que el equipo está guardado.

El viceministerio de Protección Social utilizará un software para la entrega de las transferencias monetarias condicionadas, anunció la viceministra Rutilia Ajanel. Este programa es con apoyo del Banco Mundial y Unicef en el que utilizará tecnología para determinar si un beneficiario debe o no ser parte del programa social.

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El cierre de esta secretaría fue un compromiso de Giammattei que comenzó a tomar fuerza cuando se hicieron públicas las compras de viandas como carne de conejo, de codorniz, cordero, además de accesorios de costo elevado, que ocurrieron durante el gobierno de Jimmy Morales.

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El mandatario está decidido a desaparecer la entidad y ya envió al Congreso la iniciativa de ley que permitiría disolver la SAAS y así instalar de nuevo la Guardia Presidencial.

“Haremos acopio de la fuerza élite del Ejército que está desde hace más de cien años consignada a cuidar al presidente”, aseguró Giammattei el 15 de enero, un día después de la toma de posesión y luego de recibir el saludo militar y ser reconocido como comandante general del Ejército.

Analistas de seguridad, derechos humanos y política; sin embargo, consideran que, aunque las motivaciones del presidente podrían ser correctas debido a los actos de corrupción de esa secretaría, lo ideal es que no haya retroceso y se cumpla con los Acuerdos de Paz, por lo que la depuración es la mejor herramienta.

Sergio Morales, exprocurador de los Derechos Humanos y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, recuerda que la SAAS se creó para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y como un compromiso del Estado sobre el respeto de los Derechos Humanos.

“Es necesaria una evaluación de la SAAS y depurarla. Cerrar la secretaría sería un ¨no¨ para los Acuerdos de Paz que siguen vigentes”, considera el exprocurador.

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Morales agregó que el objetivo de la creación de la secretaría también fue legitimar al Estado, por lo que el cierre representaría un retroceso.

Para Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, la motivación política y coyuntural del presidente se debe a los señalamientos de corrupción en esa institución, pero la solución no sería el cierre sino la depuración y revisión administrativa.

“La necesidad de transformarla -a la SAAS- es obvia, pero esto no implica destruirla”, dice Jiménez, quien recuerda que la SAAS no está encargada solo de la seguridad del presidente pues también es una unidad ejecutora que utiliza fondos de la presidencia.

Para el exministro regresar a la Guardia Presidencial sería retornar al uso de una parte del Ejército que, aunque es independiente a la línea de mando, tendría influencia directa en la toma de decisiones y acciones del presidente, pues estaría a cargo de su agenda, reuniones y todas sus actividades.

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Este acceso privilegiado, según Jiménez, provocó que con la excusa de protección a los mandatarios se hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos como el asesinato de la antropóloga Mirna Mack.

“La seguridad del presidente y la inteligencia estratégica del Estado debe estar en manos de civiles para evitar la influencia militar en las decisiones del presidente”, señala el exfuncionario.

El especialista en seguridad añadió que esta intención del mandatario representaría un gran retroceso. “Si quien acuesta, levanta, y da de comer al presidente son los militares, tienen un nivel de influencia muy grande”, reitera.

En términos reales, Jiménez cree que llevará mucho tiempo el intento de Giammattei pues debe conseguir los votos suficientes en el Congreso y derogar la Ley de la SAAS, además de asignar funciones presupuestarias a otra unidad que administre el dinero del Ejecutivo porque la Guardia Presidencia no es ejecutora.

 “Todo es un gasto”

El politólogo Gabriell Duarte también cree que al instalar la Guardia Presidencial se militarizará la seguridad, pero esto creará un gasto más para el Ministerio de la Defensa, lo que supuestamente se pretende evitar con el cierre de la SAAS.

“Todo lo estatal es percibido como un gasto, durante el gobierno de Morales hubo muchos señalamientos de SAAS, lo que desgastó su imagen, pero también hay otras entidades señaladas por malos manejos”, indica.

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Para Duarte, en estos casos es cuando debe intervenir la Contraloría General de Cuentas y debe ponerse en práctica el objetivo de la comisión presidencial anticorrupción creada por Giammattei, pues estas dos entidades son las que debe fiscalizar el trabajo de las entidades del Estado.

Además, el especialista recuerda que la población debe estar atenta y ser fiscalizadora también de las ejecuciones de todos los ministerios y entidades gubernamentales.

No es militarización

En conferencia de prensa, el vicepresidente Guillermo Castillo aseguró este 22 de enero que no se trata de una militarización de la seguridad presidencial, sino de la creación de una entidad que esté dedicada a la seguridad del presidente, funcionarios y personalidades que lo requieran.

“No se pretende afectar a los trabajadores porque hay gente calificada, lo que el presidente -Giammattei- consideró es que se pueden distribuir entre Guardia Presidencial y el ministerio de Gobernación que asumiría las acciones de SAAS”, dijo el funcionario.

Según Castillo, esto se requiere debido a la forma en que ha estado trabajando la SAAS, que fue evaluada “y no era la correcta”, pero que la intención no es regresar a esquemas militares.

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