A las 6 horas, el auxiliar fiscal Mario Giovanni Ignacio Santos y el agente de la  Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) José Ismael Set Cuxá se presentaron al lote 5, casa 325, residenciales Los Encinos del Naranjo, Condado Naranjo, zona 4 de Mixco, propiedad de Ronald Giovani García Navarijo, gerente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), y fueron recibidos a balazos por el exministro de Finanzas Pavel Vinicio Centeno López, de 57 años, quien después se suicidó.

En el hecho fueron heridos de bala Ignacio Santos y Set Cuxá, por lo que fueron trasladados por los Bomberos Voluntarios al Hospital 7/19 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Se opuso al cateo

Detectives revelaron que en la vivienda se encontraban la esposa del exfuncionario, Nathalie Devaux de Centeno, y sus cuatro hijos.

Ella expresó a los socorristas que el exministro “se opuso al cateo”, aunque no detalló por qué razón. Después del trágico hecho, tuvo que ser atendida  por un médico privado, debido a que sufrió crisis nerviosa.

No iban por Centeno

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por medio de un comunicado, informó que a quien se buscaba era a García Navarijo, pero los fiscales desconocían que la vivienda había sido rentada a  Centeno.

“La muerte y los disparos se debieron a una confusión. El exministro no tenía orden de captura, por lo que estaba en el lugar equivocado, en el momento inoportuno”, refiere el comunicado.

Investigadores presumen que Centeno López, al ser informado por los guardias del complejo habitacional que el Ministerio Público (MP) y la Policía se dirigían a su casa, tomó el arma y se adelantó a los hechos, sin esperar que el fiscal y el agente de la SGAIA le aclararan que iban en busca del gerente del Bantrab.

Según testigos, para llegar a la casa del exministro de Finanzas es necesario subir unas gradas, y cuando Ignacio Santos y Set Cuxá se aprestaban a tocar el timbre, él abrió la puerta y les disparó. Set Cuxá fue herido  en el tórax y Santos, en el costado derecho.

Después, Centeno saltó una barda de su casa, en la que dejó tiradas sus pantuflas, atravesó la calle en calcetines y al verse copado por otros policías se disparó en el mentón. Su cuerpo quedó boca abajo, sobre la grama, a unos 50 metros de la casa que alquilaba.

Cerca del cadáver quedó tirada la pistola y en la mano izquierda tenía una tolva.

Durante las seis horas que duró la diligencia, entraban y salían agentes del MP y la  División Especializada en Investigación Criminal, de la SGAIA.

El procesamiento del lugar donde murió Centeno López concluyó a las 12.53 horas, cuando el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Para identificar plenamente al exfuncionario se utilizó el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (Afis, en inglés).
A las 16.50 horas, el Inacif informó que había concluido la necropsia y que la causa de muerte del exministro fue un balazo craneofacial.

Inmuebles de García

La fiscal general, Thelma Aldana, expresó ayer por la tarde, en conferencia de prensa, que en Los Encinos del Naranjo se identificaron dos residencias contiguas, cuyos contadores están registrados a nombre de García Navarijo, por lo que se sospechaba  que residía en alguna de las dos.

Iván Velásquez, jefe de la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), resaltó en la misma conferencia de prensa que ni el personal de la entidad que dirige ni los fiscales utilizan armas de fuego en los operativos.

Aldana salió al paso respecto de la seguridad de los fiscales y afirmó que hasta ahora el uso del chaleco blindado es opcional, pero en adelante será obligatorio.

Añadió que Centeno López no estaba bajo investigación en  este caso y que ignoraba si existe alguna pesquisa  en otro.

Estables

Ricardo Godoy, médico del Seguro Social, informó al mediodía de ayer que Set Cuxá fue sometido a una cirugía, debido a que llevaba una bala en el tórax, del lado derecho, y que se encontraba estable, en el área de Recuperación.

Ignacio Santos se mantenía  a esa hora  en fase de evolución por la herida que sufrió en el tórax, y le fue colocado un tubo intercostal.

Después del amanecer de ayer, los vecinos limpiaron sus viviendas del lodo que dejó la inundación. Milca Ramos, ama de casa, relató, entre lágrimas, que el agua ingresó en su casa por la tubería de aguas servidas y cubrió de lodo toda su vivienda.

“No tengo palabras, porque el martes nos pasó lo mismo, y ayer justamente estaba terminando de limpiar la casa. No tenemos a donde ir porque aquí alquilamos y no contamos con dinero para ir a pagar a otro lugar, más caro”, manifestó Ramos.

Relató: “Eran como las 19 horas cuando el río empezó a entrarse por los drenajes, y es tanta la fuerza que tira los trapos o lo que uno ponga; no se puede detener el agua”.

La mujer agregó que corren mucho riesgo a pesar de que hay un muro de dos metros, pues el agua ha superado el muro.

“No es fácil estar aquí exponiéndose, porque yo tengo tres niños y es difícil obtener un lugar donde alquilar con niños, porque le preguntan a uno cuántos hijos tiene”, refirió.

La afectada trabajaba ayer para limpiar el lodo de las habitaciones de su casa. Sus electrodomésticos se dañaron, al igual que las camas, tal y como ocurrió el año pasado.

Tenemos miedo

Lesbia Judith Hernández indicó que su familia también fue afectada por las inundaciones en Santa Inés, y que a las 2 horas de ayer bajaron de la terraza de un vecino que les sirvió de refugio.

“Tenemos miedo de que se nos vaya a derrumbar todo esto, porque tenemos niños. Se salió el río —Platanitos—. Parecía una fuente por todos los tubos del drenaje”, expresó la afectada.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la lluvia del domingo afectó a más de cinco mil familias en Guatemala, Sacatepéquez y Santa Rosa.

Eso originó inundaciones, deslizamientos y un hundimiento, sucesos que dejaron 32 viviendas con daños leves, moderados y severos, según el reporte oficial.

Evacuados

Los Bomberos Municipales reportaron que la noche del domingo último evacuaron a siete personas, integrantes de una familia, en la 10a. avenida y 31 calle final, colonia Los Eucaliptos, zona 13, en donde un desprendimiento soterró una vivienda.

Los evacuados son Andrés Canel, de 38 años; Humbertina Rodríguez, 39; y cinco menores de edad, entre ellos un bebé de 15 días.

Millones en riesgo

De acuerdo a Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el país hay ocho mil puntos de riesgo de deslaves o derrumbes asociados a las lluvias.

 Según esquemas de la Conred, por deslizamientos hay 9.2 millones de personas expuestas.

Solo por los hechos en Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, Santa Isabel 2 y Milagro de Dios, en Villa Nueva, fueron 150 personas afectadas, resaltó Cabañas.

Manifestó preocupación porque en algunos lugares hay familias que no quieren salir de sus hogares, por lo que buscan convencerlas.

Buscan reubicación

El gobierno creó ayer una comisión interinstitucional para atender a las familias en riesgo  de algún desastre asociado con la lluvia.

Dicha instancia no solo servirá para atender la emergencia actual, sino para prevenir otras, indicó Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano,  quien presidirá la comisión que movilizaría de manera temporal a las familias en riesgo.

Carlos Barillas, viceministro de Vivienda, explicó que existe una propuesta de política pública que se terminará de afinar, con el fin de que el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgue un préstamo de hasta US$100 millones para un programa y “sacar a las familias” que se encuentren en asentamientos  en alto riesgo y darles opción a crédito para una vivienda digna.

El departamento de Recursos Humanos y Financiero del Registro de la Propiedad fue allanado este jueves por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP).

También fue allanada la vivienda de De León, en busca de evidencia que sustente los señalamientos. La exfuncianria fue detenida en su residencia, en el Condado Naranjo, zona 4 de Mixco, por orden del Juzgado Sexto Penal.

La Feci accionó este jueves en el Registro de la Propiedad, cumpliendo 19 allanamientos relacionados con la administración de De León, en el período del 2013 al 2015. 

La Fiscalía informó que el operativo es para cumplir con ocho órdenes de captura en contra de personal que estaría involucrado en al menos 16 contrataciones irregulares en esa dependencia.

Los investigadores han desarrollado 19 allanamientos en varias oficinas, residencias y negocios. El operativo finalizó con la captura de 22 sospechosos y queda pendiente la aprehensión de otros cinco. Detalles de la pesquisa fueron dados por la fiscal general, Thelma Aldana, en conferencia de prensa en la sede central del MP, en el barrio Gerona, zona 1, en la cual participó el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.

La audiencia de primera declaración se programó para este viernes, informó la jueza Silvia de León Santos, quien controla el expediente del caso. Los detenidos fueron enviados al Preventivo para Hombres de la zona 18, y la cárcel para mujeres Santa Teresa. Una de las detenidas, que se encuentra en estado de gestación, permanecerá en la carceleta de la Torre de Tribunales.

De León se opuso a permanecer en la misma prisión que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y solicitó ser remitida a la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, pero la jueza negó la petición a la exfuncionaria.

Capturados

1. Gladys Anabella De León Ruiz
2. Samantha Marisol Mejía Salguero
3. Gabriela María Caridi
4. Otto Waldemar Flores Villeda
5. Patricia Nohemí Chacón
6. Blanca Elizabeth Amaya Morales
7. Jennifer Alejandra Flores Villeda
8. Selvin Alexander Aquino Flores
9. José Manuel Amaya Morales
10. Óscar Alberto Aquino Flores
11. Heidi Roxana Pirir Gómez
12. Bianca Yaneth Chacon Barillas
13. William Enrique Valdez Segura
14. Yoni José Valenzuela Mejía
15. Randy Paul Gómez Pérez
16. Donald Joseph Byrne
17. Miriam Estela Hernández Cisneros
18. Óscar Raúl Alecio Del Cid
19. Gustavo Azurdia Morales
20. Edwin Ariel García Alvarado
21. Joan María Ponce Sánchez
22. Esperanza Josefina Castellanos

Pendientes de aprehensión

• Ana Verónica Barrios Moreno
• Génesis Daniela Alvarado Xona
• Roosevelt Aparicio Aldana Espindola
• Carlos Gilberto Solórzano Morales
• Ernesto Suray Vásquez

La investigación

La Feci abrió una investigación en contra de la exregistradora y en julio pasado informó que las pesquisas se dirigían hacia irregularidades en el manejo de Q66.2 millones en el Registro de la Propiedad durante su administración.

La primera denuncia  contra De León,  presentada el 2 de septiembre del 2015, fue por Q657 mil 999.99.  La segunda fue una ampliación a Q2 millones 947 mil 933.29.

En la primera de las acusaciones fueron señalados cuatro contratistas  “que laboraban simultáneamente en otras instituciones del Estado. En la segunda, el número de trabajadores se amplió a 13.

Los auditores cruzaron horarios, testimonios, contratos y acreditaciones y encontraron, por ejemplo, que algunos de ellos laboraban  “simultáneamente” en el Registro de la Propiedad  Central y en el de Quetzaltenango.

Los sindicatos del RGP, que también presentaron denuncias, identificaron a   Samantha Marisol Mejía Salguero como la encargada de realizar las contrataciones.

Mejía Salguero es la exesposa de Vernon González,  quien fue  abogado del Partido Patriota y enfrenta cargos por coaccionar, junto al exdiputado Gudy Rivera, a la exmagistrada Claudia Escobar.

Otras denuncias

De León deberá  responder, además, por otras cinco denuncias presentadas por la CGC entre septiembre del 2015 y febrero del 2016.

La primera de estas indica que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 se pagaron prestaciones laborales al personal contratado en el renglón 035 —llamado de destajo— por Q15 millones 486 mil 760.20, los que no correspondía remunerar.

La segunda hace alusión al uso del programa informático Fénix, que no fue autorizado por la CGC. “Además de no ser confiable, en este sistema no se registran en su totalidad los ingresos”, indica la información oficial proporcionada por la entidad.

“En el período auditado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se registraron Q321 millones 929 mil 113. 90 de los que en el Sicoin web solo aparecen registrados Q274 millones 297 mil 226.16 siendo la diferencia de Q47 millones 631 mil 887.74, que corresponde a devoluciones por medio de transferencias a usuarios”, agrega el informe.

La tercera se refiere a un pago de facturas emitidas  por Carnes y Ensaladas, Sociedad Anónima, Fulanos y Menganos, por Q90 mil  de desayunos para 564 personas, y otra emitida por el Rincón del Chef por Q51 mil 878.60 que corresponde al montaje para la evaluación de desempeño laboral de los trabajadores del RGP.

La comisión de auditoría, no obstante, constató que esta actividad no se efectuó. El total  de la denuncia es de Q141 mil 978.60.

Dos acusaciones más, presentadas el 28 de enero y el 8 de febrero del 2016, señalan anomalías en la ejecución de los  presupuestos del 2013 y del 2014.

A estas se suma una más,  por la Procuraduría General de la Nación el 16 de septiembre del 2015,  que hace hincapié en el “aumento de contratación de manera irresponsable de personal” y la firma del pacto colectivo que daña las finanzas del RGP.

*Con información de Glenda Sanchez

Gloria Porras, presidenta de la CC, dijo que uno de los vicios por los cuales se argumentó la suspensión es la forma como el Congreso aprobó la normativa.

Al referirse a los posibles vicios, Porras indicó  que  el caso es similar a la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, que el Legislativo no  aprobó con mayoría calificada de 105 votos.

Agregó que una de las impugnaciones que llamó la atención del pleno de la CC fue la presentada por el Banco de Guatemala (Banguat).

La resolución apunta: “Es evidente la inconstitucionalidad, y susceptible de causar daños irreparables”.

El 22 de marzo recién pasado, el Banguat presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 29 y 41 del decreto 7-2015, Ley de Tarjetas de Crédito.

Los  artículos mencionados están relacionados con la fijación de intereses y financiamiento, así como la emisión de los reglamentos.

Según indicó, otra de las instituciones  que impugnó la normativa argumentó que, para aprobarla, el Legislativo  debió solicitar un dictamen del banco central y de la Junta Monetaria.

Porras adelantó  que los magistrados de la próxima CC serán quienes emitan la sentencia.

La Ley fue aprobada por el Congreso el 4 de noviembre del 2015, con el voto favorable de 112 legisladores y el rechazo de seis.

Luego de que entrara en vigencia la normativa, se presentaron  14 impugnaciones en contra; sin embargo, con anterioridad la CC  había rechazado  varios  amparos.

Futuro

El abogado Marcos Palma, vicepresidente del Instituto de Competencia, subrayó que la CC resolvió una suspensión provisional,  lo cual significa que se trata de  un primer análisis, sin haber entrado a fondo ni dictado una sentencia definitiva.

Según el profesional del Derecho, la Corte considera que hay motivos suficientes para suspender la Ley o los artículos impugnados.

Explicó que los magistrados pudieron haber orientado su decisión a que la aprobación de la Ley no siguió el procedimiento adecuado, y para evitar un daño se había tomado la determinación de suspenderla.

Según el abogado, la CC no ha entrado a conocer argumentos de fondo, y de acuerdo con el artículo 138 de la Ley de Amparo, “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio y sin formar artículo dentro de los ocho días siguientes a la interposición, la suspensión provisional de la Ley, reglamento o disposición de carácter general, si a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria  y susceptible de causar  gravámenes irreparables…”.

Palma afirmó  que al no existir ninguna consideración de fondo, la CC, en un período de  15 a 21 días, concederá audiencia a todas las partes implicadas.  Después  debe fijar día y hora para una vista pública, en la cual se podría definir el caso.

Riesgos

De acuerdo con el analista fiscal Óscar Chile Monroy, desde el punto de vista del tarjetahabiente los inconvenientes por la suspensión de la normativa podrían continuar.

“No sería correcto que los emisores mantengan la actitud de cobros exagerados, y continúe el acoso porque la  Ley queda suspendida”, advirtió.  

Añadió que si hubo una disminución en el uso de las tarjetas,  el impacto no fue tan significativo, pero desde el punto de vista fiscal, puede haber un impacto positivo en la recaudación y  el consumo.

Los efectos de la resolución emitida ayer permitirán que las entidades emisoras de tarjetas de crédito “vuelvan a tener  la potestad de acosar a los usuarios con llamadas telefónicas como mecanismo de presión para que paguen”, dijo Omar López,  representante de la Asociación de Usuarios de Tarjetas de Crédito.

Positivo

Luis Lara, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), considera importante la decisión de la CC de suspender por unanimidad la Ley.

Afirmó que  en años pasados  el consumo por medio de tarjetas de crédito estaba creciendo a un ritmo del 8 por ciento anual, pero en marzo último, período en que  estuvo vigente la norma,  bajó un 15 por ciento.

Lara apuntó que la emisión de tarjetas nuevas se redujo en 50 por ciento, de acuerdo con los  cálculos de los bancos.

“Creemos que es importante una ley, pero que construya, y que no destruya”, comentó Lara.

Según el presidente de la ABG, la Ley de Tarjetas de Crédito perjudicaba a más del 90 por ciento de los usuarios, en lugar de beneficiarlos.

En su opinión, el comercio y la economía en general se estaban viendo afectados, porque el consumo se redujo de manera drástica en las últimas semanas.

Aspectos importantes

Estos son algunos de los aspectos más importantes que norma la Ley de Tarjetas de Crédito.

Las tasas de interés anual no deben exceder el doble del último valor de la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario.

La tasa más reciente publicada por el Banco de Guatemala es de 13.13%; es decir, que la tasa que pueden aplicar los emisores  en las tarjetas de crédito no debería sobrepasar el 26.26%.

La ley también obliga a la Superintendencia de Bancos a supervisar que los emisores de tarjetas hayan extendido un contrato y que sea cumplido sin cambios posteriores.

El usuario puede reestructurar su deuda cuando considere que no puede pagar y cancelarla en varias cuotas.

La ley también prohíbe la capitalización de los intereses, el cobro de comisiones, servicios adicionales y otros cargos.

Se creó el delito de clonación de tarjetas de crédito, en atención a  las constantes denuncias de duplicación en comercios y en cajeros automáticos.

Las  penas contempladas por clonación son de prisión de 10 años y multas de entre Q50 mil y Q500 mil.

La Ley  también obliga a las entidades financieras a realizar una evaluación sobre la capacidad de pago del usuario.

El monto de crédito no podrá sobrepasar el sueldo del tarjetahabiente, y también se normó el acoso por cobros.
Visacuotas

Analizan  servicios

Los  programas de cuotas de pago a  precio de contado, comúnmente conocidos como Visacuotas, serían los primeros productos que los emisores reactivarían.
Mario Castrillo, gerente general de Visanet, explicó que tanto comercios como usuarios de tarjetas han  solicitado
la reactivación del sistema.

Agregó que los emisores analizan la reactivación del sistema, pero antes se debe conocer en detalle la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

“Sabemos que es un amparo provisional, por lo que debemos evaluar qué procede en este momento y las condiciones”, afirmó Castrillo.

Juan Bernardo Rivera, presidente   de la Asociación de Emisores de Medios de Pago, expresó que  la resolución de la CC les brinda la oportunidad de retomar la Ley y evaluarla desde el punto de vista técnico, en protección y beneficio de los usuarios y consumidores. “Estamos a favor de una regulación, siempre y cuando sea técnica, pero en esta ley no se hicieron las consultas pertinentes ante la Junta Monetaria”, dijo Rivera.

Además, dependerá  de cada emisor tomar  las políticas adecuadas, aunque no se sabe en qué términos fue otorgada
la suspensión. 
“Las cuotas son un producto que se eliminó, pero  es muy factible que las  regresen al mercado”, afirmó Rivera.

Resolución acertada

Luis  Lara, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), comentó que el país requiere  una ley de tarjetas de crédito, por lo que lo conveniente es discutir de nuevo, enmendar los artículos  que sean dañinos para el desarrollo de la economía del país  y emitir una nueva legislación.

Según el ejecutivo, la resolución de la CC fue importante porque, por  unanimidad, acordó suspender temporalmente la norma.

“Fue una decisión correcta que la CC haya dictado la resolución con celeridad, puesto que la Ley está causando estragos en la economía del país”, dijo Lara.

“Seguirá el acoso”

Omar López, representante de la Asociación de Usuarios de Tarjetas de Crédito, expresó que esperaban esa decisión porque las leyes en Guatemala son  “a favor de los poderosos”.
“Lo que no esperábamos era  una resolución tan pronta, porque fueron 14  los recursos presentados en contra de la Ley”, dijo.   
López cree que seguirá el acoso a los cuentahabientes, que los intereses se incrementarán  y prevé  cobros injustos porque ninguna ley  regula las tarjetas.
“Esperamos que se  cree  una nueva ley que regule a las tarjetas”, refirió.

Reembolsar  cobros

Según el analista fiscal Óscar Chile Monroy, varias empresas emisoras de tarjetas tomaron la decisión de cargar costos a sus usuarios durante el período en que estuvo vigente la ley, por lo que  deberían regresar al sistema anterior y rembolsar los cobros que efectuaron.

Señaló que debe ser una iniciativa de cada emisor hacia sus clientes, es una decisión comercial, ya que la ley no los  obliga.  “Sería una buena decisión, y  es muy probable que siga la competencia”, afirmó.

Regresan beneficios

Roberto Fuentes, directivo de la Asociación de Emisores de Medios de Pago, explicó que lo que se observará es la vuelta a muchos de los beneficios suspendidos.

El primero de los beneficios  que regresarían, según Fuentes, serían las visacuotas, y agregó que cada emisor debe decidir sobre cuáles restablecer.  

Indicó que se debe esperar a conocer en detalle la resolución de la CC para evaluar otros aspectos.

Lamentan decisión

Los diputados ponentes de la ley, Ronald Arango y Luis Contreras, se lamentaron de la decisión de la CC.

 Arango afirmó: “Deja desprotegidas a millones de personas. Creo que los magistrados que ya se van no quisieron salir peleando con uno de los sectores más poderosos del país”.

Agregó: “Guatemala ha sido el paraíso de los banqueros, que no tienen límites de los intereses, cobran los servicios de forma desproporcionada y con hostigamiento”.

El operativo comenzó a las 6.00 horas de este jueves en varias zonas de la capital, Chinautla, Villa Canales, Villa Nueva y San Miguel Petapa; además de áreas de Santa Rosa, Totonicapán y Suchitepéquez.

La Fiscalía contra Extorsiones del Ministerio Público (MP), determinó que opera una banda dedicada a la extorsión de trabajadores de transporte colectivo de San Miguel Petapa y un Juzgado giro las órdenes de captura.

De acuerdo al MP, el grupo se habría apropiado de forma ilícita de unos Q200 mil en el último año, producto de las extorsiones cobradas a los trabajadores de una empresa de transporte de San Miguel Petapa.

La estructura criminal, de acuerdo a la fiscalía, utilizaba cuentas monetarias en bancos del sistema para recolectar la coima y evitar el contacto físico con sus víctimas.

El grupo a través de llamadas telefónicas intimidantes conseguían que sus víctimas depositaran entre Q1 mil 300 y Q4 mil mensuales.

Para el Ministerio de Gobernación, la estructura respondía a pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 indistintamente, y tenían clasificadas a sus víctimas en cinco categorías que les permitía fijar una tabla de tarifas de extorsión semanalmente. Sin embargo, el ente investigador informó que aun indagan a que grupo criminal podrían responder. 

Los empresarios que estaban clasificados en el grupo A tenían que depositar semanalmente a la red Q2 mil 975; el B Q2 mil; el C Q1 mil 800; el D Q1 mil 500 y el E pagaba a la semana Q1 mil 300.

La investigación de Gobernación resalta que el grupo recibía semanalmente unos Q9 mil 575, y durante los cinco años que pudo operar habría cobrado hasta Q2.4 millones en extorsiones.

Personal encubierto y operativos de inteligencia también habrían identificado que integrantes de la estructura visitaban regularmente a privados de libertad, tanto del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en distintos centros carcelarios, por lo que se supone desde adentro de las prisiones se coordinaba la operación ilícita.

Los allanamientos fueron 30 y 13 ordenes de captura, de estas se ejecutaron 12, pues una de las personas estaba  en un centro carcelario. 

Los capturados

1. Luz Carolina López Vargas de  Vicente, 31.
2. Adelaida de Jesús Morales, 47.
3. Blanca Azucena Chávez, 24.
4. Guisela Jeaneth Reyes Reyes, 32
5. Edilsar Otoniel López Tahuit.
6. Alfredo Lima Joge.
7. Yeimy Yadira de Plata Domínguez.
8. Gloria del Carmen Ticun Escobar.
9. Flor de María Ticun.
10. Jairon Orlando Saquic González, detenido en el preventivo de la zona 18.
11. IsmarAngélica Samayoa Corado 
12. Luis Alfredo Lima.
13. Víctor Arturo Rodríguez 

La Policía Nacional Civil (PNC), realizó 11 allanamientos en Chinautla y logró la detención de las mujeres, entre ellas dos integrantes del Consejo Municipal del referido municipio.

Las detenidas son: Maritza Ortiz Veliz, Judith Magali Soc Guzmán, Heidy Carolina Rodríguez Renata y Manuela Victoria Osorio. Las últimas dos son las integrantes del Consejo Municipal de Chinautla.

Los delitos que la fiscalía imputa a las detenidas son peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y casos especiales de estafa, por presuntamente participar en actos de corrupción en la comuna.

Las detenidas fueron llevadas a la Torre de Tribunales y estarán en la carceleta de ese lugar hasta rendir su primera declaración, audiencia que podría celebrarse hasta el 3 de febrero porque hasta ese momento tendría disponibilidad el juez Segundo Penal, Darwin Porras.  

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Investigación

El caso deriva de una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por el evento denominado Construcción vivienda digna área urbana y rural municipio de Chinautla, departamento de Guatemala, por un monto de Q 10 millones.

Según el Ministerio Público (MP) por este evento correspondía realizar una licitación y no tramitar el expediente como cotización, Las especificaciones técnicas contenidas en las bases del proyecto no fueron ofertadas por la empresa ganadora.

Además, el acta de adjudicación no contiene información sobre los criterios de calificación y el cuadro de evaluación de las ofertas, la Junta de cotización no suscribió el acta de apertura y calificación de las ofertas.

Asimismo, dos de los miembros de la junta de cotización tienen impedimento legal para ser parte de la misma y en la documentación importante del proyecto no se incluyeron datos sobre el número de unidades habitacionales a construir, ni la justificación de la compra.

Este domingo fueron varios los damnificados que madrugaron para votar en ese lugar; la mayoría de los vecinos esperó la distribución del desayuno asistir ir a las urnas.

La primera persona en votar fue la vecina Sonia Cordón, quien lo hizo en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa, donde votará la mayoría de vecinos afectados.
 
“Es importante que votemos, porque con ello podemos cambiar el país (…) espero que el nuevo presidente combata la corrupción y que erradique la violencia. Además, espero que las nuevas autoridades distribuyan el presupuesto a las comunidades que más lo necesiten”, dijo Cordón.

La mujer llegó acompañada de su hija y explicó que madrugó porque luego tienen que trabajar, mencionó que llevo a su hija para darle un ejemplo ciudadano.

Otra de las vecinas fue Blanca Estela Sajquiy, quien pese a su tristeza por la tragedia, espera un mejor futuro para su familia, la comunidad y Guatemala.

“Nosotros no pedimos a ningún familiar, pero nos quedamos en la calle, pues nuestra casa se ubica en el área declarada inhabitable, estamos tristes porque no tenemos vivienda, menos dinero para alquilar, pero eso no nos detiene para definir a nuestras próximas autoridades”, dijo Saj  Quiy mientras esperaba emitir su voto en el Instituto Básico por Cooperativa en Santa Catarina Pinula. 

Misael López damnificado de El Cambray, comentó que espera que el próximo gobierno apoye a los vecinos que 25 días después del desastre empiezan a recuperarse del trauma, la mayoría de los afectados anhela un mejor futuro para sus hijos.

“Esperamos que el nuevo gobierno cumpla,  nuestro temor es que no se construyan las viviendas”, aseveró.

Agregó que el próximo año, por las condiciones, no podrá inscribir a sus cuatro hijos a la escuela, no tiene dinero y porque al lugar donde serán trasladados no hay centro educativo.

Previo a la apertura de los centros de votación cercanos al área del desastres los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) realizaron una oración para pedir por las víctimas y sus deudos.

Por unanimidad, los cinco magistrados declararon inconstitucional el impuesto a la telefonía fija y móvil, el Impuesto Sobre Distribución de Cemento, así como el incremento de regalías para la actividad minera.

El primero consistía en fijar un impuesto de Q5 mensuales por línea telefónica fija o móvil, y pago de Q100 por centrales de llamadas o líneas concentradoras de llamadas, pero había quedado suspendido  en diciembre de 2014, por una acción de amparo presentada por las tres empresas de telefonía que operan en el país.

Martín Guzmán, secretario de CC da a conocer que declaró inconstitucional impuestos en presupuesto 2015 https://t.co/S6tuJhQqO2

— Bvasquez_pl (@Bvasquez_pl) September 17, 2015

Con el impuesto de telefonía se pretendía recaudar Q1 mil 344 millones este año.

En el caso del Impuesto Sobre Distribución de Cemento, que subió de Q1.50 a Q5, en el primer semestre de este año recaudó Q166.4 millones, que representó un crecimiento del 226 por ciento respecto del mismo período de 2014.

Asimismo, se declaró inconstitucional el incremento del 1 al 10 por ciento las regalías para la actividad minera.

La decisión de la CC podría influir en la presión que varios sectores tienen para que el proyecto de presupuesto 2016 sea revisado, principalmente por los ingresos tributarios que se tenían contemplados.

Para el próximo año, el proyecto de presupuesto se fijó en Q72 mil 430 millones, mayor en Q1 mil 714 millones al aprobado para este año., con un estimado de recaudación tributaria de Q54 mil 556 millones, Q543 millones por otros ingresos directos e indirectos, como fuentes de financiamiento propias.

Luego de que el Congreso retiró ayer la inmunidad de funcionario a Pérez Molina, se hizo posible que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investiguen al mandatario por supuestos vínculos con la red de defraudación aduanera denominada La Línea.

Una vez el juzgado que controla el expediente sea notificado sobre el retiro de la inmunidad del mandatario, la judicatura quedará pendiente de cualquier solicitud de la Fiscalía, ya sea citar o capturar a Pérez Molina para que comparezca a una audiencia de primera declaración.

El caso por defraudación aduanera es controlado por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien dirige el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, quien el pasado 26 de agosto ordenó que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti esté en prisión preventiva.

Escenarios

El abogado César Calderón, defensor del mandatario, dijo que la primera acción que dirigirá será entregar un memorial al juzgado, en el cual se haga del conocimiento de Gálvez que Otto Pérez Molina se pone a disposición de la justicia, con el objetivo de evitar que se ordene su aprehensión.

“Estamos conscientes de que el hecho de ofrecer que el presidente se pone a disposición de la justicia no anula la posibilidad de que se gire su captura, porque lo que se quiere es hacer un espectáculo de este caso”, dijo Calderón.

Calderón no descartó que luego de una audiencia de indagatoria, Pérez Molina pueda ser beneficiado con el archivo del expediente por falta de mérito a los cargos que se hacen en su contra, y quedar en libertad.

El abogado penalista David Pineda, al referirse al caso, dijo: “Será decisión del MP si lo va a capturar o lo cita para una audiencia de primera declaración. Son los dos únicos caminos que tiene”, aseguró.

El profesional añadió: “Si él fuera citado a primera declaración y en esa diligencia le dictaran auto de procesamiento, pero no auto de prisión preventiva, puede seguir ejerciendo su cargo. Pero si le dictan auto de prisión preventiva, tiene que dejar el ejercicio de su función de forma inmediata. La Ley de Antejuicio así lo establece”, explicó.

El penalista Francisco Gallardo subrayó: “Ahora enfrentará un proceso como cualquier persona común y corriente, como cualquier ciudadano, y estaría en manos de la justicia común. Hay que esperar que este trámite continúe. Ahorita lo que se está autorizando es que el MP realice la investigación y que un juez de Primera Instancia tenga el control jurisdiccional sobre la investigación”, enfatizó.

Comprobar culpa

El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos aseguró que el mandatario es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante un juez.

“Los que lo acusen deben probar, sin lugar a dudas, la culpabilidad de esa persona, debido a que es una garantía constitucional de toda persona”, expresó Molina Mencos.

El entrevistado consideró que existe la posibilidad de que Pérez Molina deje el cargo luego de que se ordene auto de procesamiento en su contra.

“Al ser ligado a proceso, deberá dejar el cargo de presidente de la República, porque al estar siendo procesado él ya no podrá atender sus funciones como corresponden, por estar pendiente de su proceso judicial”, dijo.

El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos Lizandro Acuña indicó que al declarar el Congreso con lugar a formación de causa, el presidente sigue y permanece en el cargo, desempeñándose como mandatario, aunque careciendo de la legitimidad y del apoyo de la población.

“La Ley establece que se cesa en su función o empleo a la persona cuando se emite un auto de prisión preventiva por un juez competente, y eso llevaría su tiempo, y aun así, estaríamos hablando que hasta que se emita una sentencia condenatoria él sería separado definitivamente del cargo de presidente, porque se puede alegar el principio de presunción de inocencia”, afirmó Acuña.

El MP informó que el juzgado que controla el caso contra el mandatario decretó el arraigo de Pérez Molina, como medida precautoria para asegurar su permanencia en el país.

El gobernante —quien según su vocero no descarta el escenario de una renuncia— es señalado por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación tributaria.

La información la confirmó la fiscal general y jefa del Ministerio Público Thelma Aldana, quien indicó que el caso inició en 2014 por un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Aldana dijo que por existir derecho de antejuicio contra el candidato a la vicepresidencia del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), no es posible brindar mayores detalles.

Thelma Aldana, Fiscal General, informó que el 3 de agosto último Édgar Barquín presentó un amparo en su contra en donde argumenta que el 2 del mismo mes se presentó a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Lavado de Dinero, su abogado Víctor Alfredo Pérez Torres, en donde se le dio a conocer que existe un expediente de investigación de extinción de dominio contra los bienes de Barquín.

Aldana explicó que el expediente es del 2014 pero que no podría brindar mayores detalles del caso por estar en investigación y porque Édgar Barquín goza del derecho a antejuicio.

Agregó que generalmente los expedientes en extinción de dominio son abiertos por denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Cabe mencionar que la IVE genera las denuncias por transferencias consideradas sospechosas que no son acordes a los perfiles de los cuentahabientes.

La CSJ dio trámite a una solicitud de antejuicio que presentó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien lo acusa de lavado de dinero cuando fue presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

El Ministerio Público y Cicig señalan Barquín, su hermano, el diputado Manuel Barquín, y al diputado Jaime Martínez Lohayza, de integrar una red dedicada al lavado de dinero.

Los tres tienen antejuicio con trámite por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, por colaborar con Francisco Morales Guerra, conocido como “Chico dólar”, que supuestamente encabeza una estructura criminal.

La investigación detalla que los implicados habrían recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones, los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico y que era utilizado para el financiamiento de partidos políticos.

“Se otorga amparo provisional solicitado, en el sentido de dejar en suspenso temporal, mientras se tramita y resuelve en definitiva el presente amparo, la resolución del 10 de junio de 2015 —por medio de la cual la CSJ dio trámite al antejuicio contra el gobernante—”, dictó el máximo tribunal.

Con esta resolución se detiene el trabajo de la comisión pesquisidora del Congreso, la cual  recibió ayer el informe  del mandatario, por escrito.

CSJ no es “pasador”

El magistrado  Roberto Molina Barreto subrayó  que la CSJ no constituye un simple “pasador” de antejuicios, sino tiene que hacer un preanálisis para determinar si la denuncia que motiva el proceso de antejuicio es  espuria,  política o ilegítima.

“En este caso no lo hizo, y no establece de ninguna manera la vinculación que podría existir entre los actos por los cuales  terceras personas están siendo juzgadas —en  La Línea, por defraudación aduanera, y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Droguería Pisa— con  el presidente —Pérez Molina—. Lo único que cita es el hecho de que  él  nombró a algunos de ellos, lo cual es  por mandato legal. Esta situación provoca y  pone en peligro la institucionalidad del país”, expuso Molina Barreto.

El magistrado agregó que tampoco aparece la manifestación ni la participación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que tienen la persecución penal en los procesos de los terceros. 

Por esa razón se les está vinculando para que participen como terceros interesados, así como al procurador general de la Nación.

El magistrado Héctor Trujillo asegura  en su voto razonado: “La postulante carece de legitimación para promover amparo, toda vez que es presupuesto esencial de procedencia de esta acción constitucional la existencia de un agravio personal y directo, pues nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno,  ya que al  único que puede afectarle  la decisión de la CSJ de dar curso a las diligencias de antejuicio es al Presidente de la República”.

Al mismo tiempo explica que si bien en otros casos como los procesos de las comisiones de postulación se han admitido los amparos, se debe a que  dicha ley establece que cualquier ciudadano tiene la facultad de fiscalizar la elección de los funcionarios que allí se regula.

#CC Corrupta: Perez Aguilera, Molina Barreto y Araujo ampararon a K Fischer. Amparo es personal. Cual legitimacion KF? Retorcimiento Ley

— Helen Mack (@HelenMackCh) June 18, 2015

Es una bofetada

El diputado de Winaq Amílcar Pop calificó como “una bofetada”, el amparo provisional que frena el proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.

Pop que fue el que presentó la acción en contra del mandatario dijo que la resolución de la CC es un paso “lamentable de retroceso”, en la lucha contra la impunidad en el país y mostró su preocupación por los efectos “gravísimos” que está decisión puede tener a corto y medio plazo.

Abogada

Martín Guzmán, secretario general de la CC,  detalló que  Fischer tiene legitimidad porque dentro del  amparo denunció que hay anormalidades en el procedimiento del antejuicio contra el mandatario, lo cual va en defensa de la institucionalidad.

“Aquí no hablamos de agravio, porque este sí es personal, sino que  en el ejercicio del deber ciudadano acudo a denunciar que la decisión de la CSJ es contraria y pone en riesgo y peligro el orden constitucional”, aseveró.

Agregó: “La CC observó que el antejuicio  al proteger el cargo también lleva inherente un aspecto relacionado a la defensa del orden constitucional. En esa medida se acepta que cualquier ciudadano puede accionar en ejercicio del deber de proteger la Constitución…”.

La semana anterior, la CC denegó un amparo presentado por el abogado Édgar José Elías Corominal, porque el mandatario, en su informe, señaló que la acción fue presentada sin su consentimiento.

A la actividad asistió el presidente Otto Pérez Molina; monseñor Óscar Julio Vian; y Jaime Osorio, director de Correos.

El presidente Otto Pérez Molina, expresó que la Catedral Metropolitana ha sido testigo de la firma de la Paz, y que constituye una riqueza cultura nacional.

El párroco de la Catedral Metropolitana, José Luis Colmenares hizo una reseña en la cual mencionó que los planos de la Iglesia se elaboraron en 1779, que la primera piedra se colocó en 1782, así como que en 1992 se estrenó la Sacristía y que la construcción duró 33 años, y fue inaugurada en marzo de 1815.

Jaime Osorio, resaltó que los sellos circularán por todo el mundo con las riquezas arquitectónicas de la Catedral Metropolitana.

Entre las personas detenidas se encuentra José Benvenuto Conde Fernández, exdirector financiero del Legislativo durante la presidencia de Eduardo Meyer Maldonado, aprehendido en su residencia en la zona 11 capitalina.

Conde Fernández, se encontraba prófugo desde el 6 de junio del 2008, cuando el Juzgado Segundo emitió orden de captura en su contra.

La Fiscalía contra la Corrupción estableció que Eduardo Meyer, expresidente del Legislativo, omitió cambiar las firmas de las cuentas bancarias cuando asumió el cargo el 14 de enero del 2008. Esto permitió que en marzo de ese mismo año su exsecretario privado Byron Sánchez Corzo, quien se encuentra detenido desde el 30 de abril de 2014 y el exdirector financiero del Congreso, José Benvenuto Conde, realizaran la transferencia de los ahorros de este organismo a MDF.

El MP considera a Sánchez Corzo como el posible “cerebro” de la operación, debido a que se benefició económicamente con la transferencia de los Q82.8 millones —dinero que no ha sido recuperado—, al recibir una comisión de US$89 mil 743 —Q693 mil 713.39—, mientras que Conde fue quien firmó los documentos para la autorización del traslado de los fondos. El 15 de mayo del 2008, Sánchez Corzo fue despedido.

El MP logró inmovilizar unos US$40 mil (Q280 mil) de cuentas bancarias de Sánchez Corzo y Conde Fernández.

Detenidos

1.  José Benvenuto Conde Fernández 
2. Ada Elizabeth Herrera de Conde (Esposa de Conde)
3. Gianny Giusepp Fuentes
4. Ana Sucely Ramírez Barrios
5. César Alvarenga Cotera 
6. Herlin Abraham Colocho Herrera
7. Daniel Martín Yax Tiu 
8. Arturo martínez González 
9. Ronald Frese Quiroa
10. José Guillermo Reyes López
11. Velvet annelisse Vásquez Galiano
12. Belmy Edith Urizar de Ramírez 
13. Ana María Bolaños
14. Luis Alberto Rosales Martínez 
15. Ana Carolina Pinillos Solares
16. Jorge Luis Pinillos Ugarte
17. Jonny Harón García Ordoñez
18. Ana María Solares de Pinillos
19. Luisa Fernanda Miralda Martínez
20. Huber Ranferi Salvatierra (en flagrancia)
21. Cergio Noel Bojorquez
22. Fredy Porras Barrientos

Se reportó la detención de tres personas más, sin embargo las autoridades no facilitaron los nombres de estos. 

Desvío de Q82.8 millones

 
El escándalo ocurrió a partir del 4 de junio del 2008, tras haberse revelado el desvío de los Q82.8 millones del Legislativo.
 
El 5 de junio de ese año, Eduardo Meyer, presidente del Congreso, informó del desvío de fondos del Congreso hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF), supuestamente sin su autorización. José Conde, jefe financiero, asumió la responsabilidad.
 
Un día después, diputados del Partido Patriota solicitaron antejuicio contra Meyer, por siete delitos, entre ellos peculado, fraude y omisión de denuncia. El Ministerio Público llegó al Congreso para comenzar las pesquisas.
 
El 6 de julio, un juez ordenó la detención de Byron Sánchez y de José Conde, director financiero del Congreso en esa época. Byron Sánchez habría salido del país tres días antes, y Conde no volvió a aparecer.
 
Tres días después, Meyer solicitó al Legislativo dos meses de permiso para ausentarse del cargo, a fin de aclarar su situación legal. Aseguró que el desvío se fraguó a sus espaldas. Sus propiedades y cuentas bancarias fueron embargadas.
 
El 31 de julio del 2008, cuando esperaban en el Congreso la devolución de los Q82.8 millones, Raúl Girón, representante de MDF, aseguró que no tenía los fondos. Al siguiente día se emitió orden de captura en su contra, pero no fue sino hasta el 22 de agosto cuando se entregó. A la fecha es el único capturado de los sindicados por la estafa millonaria.
 
El 27 de octubre de ese año, en allanamientos, le decomisaron a Meyer 18 cheques que superaban los Q2 millones, además de un certificado de inversión de MDF.

Ayer la Instancia Coordinadora del Sector Justicia (Icsj) recomendó prorrogar el mandato de la Cicig por dos años más.
Hoy en conferencia de prensa ante el Cuerpo Diplomático, Pérez Molina informó que la Comisión permanecerá en el país hasta septiembre del 2017.

Antes del anunció, Pérez Molina hizo una reseña de la Cicig, la cual tuvo sus cimientos en los Acuerdos de Paz, en donde surge la idea de combatir los cuerpos paralelos, y es por ello que en el 2003 se oficializa la solicitud a la Organización de Naciones Unidas para la creación de una Comisión de Investigación de los Cuerpos Clandestinos denominada (Ciciacs).

Esta semana, la oficina del jefe Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo en un comunicado que la participación de la Comisión de la ONU se ha renovado tres veces y que el organismo mundial respondería “favorablemente” a una petición de otra extensión. “Estamos listos para continuar apoyando a Guatemala”, señaló el secretario general.

En el análisis hecho a la Comisión destaca el impulso de reformas a leyes que ya están vigentes desde el 2007, “a la fecha hay 10 iniciativas que fueron convertidas en leyes”, acotó Perez Molina.

El gobernante reconoció que la Cicig ha trasladado capacidades a entidades del sector justicia y ha sido clave en procesos judiciales, reconoció que ha realizado un trabajo importante.

“He tomado la decisión atendiendo la recomendación de la Instancia de solicitar la ampliación de la Cicig, estoy convencido de que Guatemala pasa por momentos cruciales y se está avanzando en hacer una limpieza de diferentes estructuras”, afirmó el mandatario al momento de anunciar la prórroga de la Cicig.

Sí está en su móvil ingrese aquí ?Pérez Molina y la Cicig

Limpieza de estructuras

Recomendaciones del informe

Informe disponible para los guatemaltecos

Comisionado satisfecho

El comisionado de Cicig, el colombiano, Iván Velásquez, expresó que efectivamente es una demostración de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia, la solicitud de extender el mandato de Cicig.

Abundó que desde todos los sectores se generó toda una discusión que incluía no solo el tema de la Cicig, sino del fortalecimiento de las instituciones del Estado.

“Ese esfuerzo tiene que ser traducido en la realidad para lograr un propósito que ya en otras ocasiones he expresado que. La Cicig no puede ser considerado como un cuerpo extraño en el país sino como un grupo de personas interesadas en apoyar al país”, aseveró el comisionado.

También dijo que es necesario un sistema judicial independiente para construir una verdadera independencia en el sistema de justicia.

Enfatizó que la Comisión no actúa independientemente sino que lo hace en conjunto con el ente investigador.

Velásquez omite declaraciones del caso “La Línea”

Conferencia de prensa prórroga Cicig

Wola aplaude ampliación de Cicig

“La prórroga del mandato representa una importante oportunidad para fortalecer el Estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Adriana Beltrán, coordinadora del programa en WOLA sobre seguridad ciudadana.

El WOLA concluyó en su reciente informe sobre la experiencia de la CICIG, que los grupos clandestinos fueron mutando después de los Acuerdos de Paz, pudiendo cooptar las instituciones del Estado, buscando reconfigurar el poder desde adentro para procurarse impunidad y lograr sus propios objetivos ilícitos.

La CICIG en Guatemala, cuenta con el apoyo del Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, esa entidad aglutina al Arzobispo Metropolitano de Guatemala, la Alianza Evangélica Guatemalteca, el Procurador de Derechos Humanos y el rector de la Universidad de San Carlos. Las otras instancias son la Cámara de Comercio, integrantes del Foro Guatemala, la Universidad Rafael Landívar, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el Movimiento Pro Justicia, y diversas organizaciones de derechos humanos y sociales.

Monzón Rojas está señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de liderar una red denominada La Línea que defraudó al Estado por varios millones de quetzales en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Según las alertas de la Interpol, el viernes último, el exfuncionario llegó a España vía Madrid, aunque no se tenía una ubicación exacta de su destino porque aunque dio la dirección de un hotel, las autoridades tenían información de que viajó a Valencia.

Agregó el funcionario que este miércoles por la mañana recibieron información de una alerta de El Salvador en la que se registró que Monzón Rojas viajó de Colombia hacia el país centroamericano como paso de tránsito y con destino final a Honduras.

Las autoridades hondureñas registran el movimiento migratorio del exfuncionario guatemalteco. En esta nación se logra determinar que lo acompañan dos personas que al parecer son sus familiares por los apellidos, ellos son identificados como Juan Enrique Monzón y Marcela Monzón.

El ministro manifestó que se están haciendo las coordinaciones para determinar el paradero de Monzón Rojas y poder traerlo a Guatemala para que enfrente a la justicia.

Monzón Rojas viajó la semana pasado junto a Baldetti a Corea del Sur y de allí se presume que se traslado a España, luego a Colombia, El Salvador y por último Honduras.

Entre ellos, el piloto José Campos, copiloto Robert González; como pasajeras Daniela Beltranena y Roxana Baldetti.

Allan Alvarado, subdirector de Aeronáutica Civil, precisó que el avión con placas N371 CF sí aterrizó en el país el viernes último aunque no señaló la hora. Según un reporte al que Prensa Libre tuvo acceso da cuenta que la aeronave salió de Houston, Texas, Estados Unidos (EE.UU.) rumbo a Guatemala.

El vuelo duró dos horas y media, según la bitácora la aeronave salió del aeropuerto La Aurora, en EE. UU. aterrizó en el aeropuerto intercontinental, George Bush, luego voló hacia el aeropuerto William P. Hobby.

Alvarado agregó que dicha dependencia no tiene competencia para poder determinar cuántas personas acompañaban a Baldetti y que solo se confía como en otros vuelos privados en la información que traslada el piloto de la aeronave.

Este es el recorrido que tuvo la aeronave que transportó a Roxana Baldetti hacía Estados Unidos desde Guatemala y viceversa. (Foto: Prensa Libre)

Esta es la segunda ocasión en que un juez ordena el desalojo del inmueble, la primera vez fue el 5 de julio de 2013 pero una acción judicial evitó que el desalojo.

Los invasores decidieron desalojar el inmueble de forma pacífica y empezaron a desarmar sus viviendas que fueron construidas con láminas, madera y cartón, entre otros materiales.

La movilización de policías en el lugar generó problemas de tránsito en el Anillo Periférico. 

Al menos 200 elementos de las Fuerzas Especiales de la PNC fueron destacados a la zona 7 para cumplir con la orden de desalojo. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos estuvieron verificando el procedimiento de desalojo para garantizar que no se abusara de la fuerza ni se violentaran los Derechos de los pobladores. 

Por el trabajo de mudanza, los pobladores lograron negociar tres días para entregar los terrenos ocupados ilegalmente. El próximo sábado se vence el plazo y el lugar tendrá que estar desocupado, informaron autoridades. 

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Transparencia, José Alejandro de León Maldonado, dice que el Ministerio de Cultura usa el naranja en artículos deportivos.

Machón indicó que desconoce que si los productos incautados en marzo último corresponden a los del contrato con la empresa Importaciones y Distribuciones Comerciales de Guatemala S.A., por le que solicitaron un informe para determinar si estos pertenecen a dicha cartera.

El 22 de marzo último fueron capturados dos hombres en el kilómetro 265 de la ruta entre Malacatán y la cabecera de San Marcos, donde en el furgón SD29916 transportaban 345 bultos que contenían mochilas escolares y pelotas del Ministerio de Educación (Mineduc) con el logotipo de Educación Física.

Las autoridades informaron que los capturados son Boris Enrique Campos Barrios e Iram Saúl Fajardo, quienes no pudieron explicar la procedencia de la mercadería.

Anabella Espinoza, del Ministerio Público, informó que lo incautado es material deportivo del Mineduc, y que son tres mil 300 pelotas de basquetbol y 34 mil 500 mochilas escolares.

En la citación Carlos Lainfiesta, interventor de la EPQ, negó haber realizado las compras y afirmó que han utilizado la Ley de Contrataciones para todos los procesos de compra y contrataciones.

Roberto Alejos, diputado de Todos, dijo que han recibido varias denuncias sobre el uso indebido de los estados de calamidad para las compras.

Empero Lainfiesta respondió que ambos acuerdos están delimitados geográficamente por lo que no era imposible que esa instancia pudiera utilizarlos como mecanismo para compras.

Mientras tanto en la oficina de prensa de la Cancillería se indicó que la decisión se tomó para “coadyuvar en las investigaciones que están en proceso”.

El diplomático explicó que se espera que en el transcurso del día el presidente Otto Pérez Molina, firme el acuerdo respectivo para hacer efectiva la remoción de la diplomática.

El 17 de diciembre de 2013, Irma Rebeca Monzón Rojas, presentó ante el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Subrogante, Marco Albuja de Ecuadro, las Cartas Credenciales, la cual la acreditaron como jefe de la misión.

Prófugo

Juan Carlos Monzón Rojas, hermano de la diplomática, desde el jueves evade su captura y supuestamente el Ministerio Público cuenta con información que estaría en España.

Además la Policía Internacional (Interpol) ya tiene alerta roja para proceder a su detención.

Hoy el canciller Morales dijo que el presidente Pérez Molina y el ministro de Gobernación pedirán la ayuda de la comunidad internacional para logra la captura de Monzón Rojas.

Las autoridades Guatemaltecas tienen información que estaría en España,