La presidenciable de la  Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, en su propuesta de gobierno, apostará de nuevo a los   programas sociales, así como a la generación de empleo y a sacar al Ejército a las calles para disminuir los niveles de inseguridad en el país.

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La candidata acudió el viernes último al programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión.

 ¿Por qué insistir en buscar la Presidencia?

Fue una decisión de partido, no fue personal. Es un liderazgo que he construido por varios años. El que quiera gobernar Guatemala debe conocer el territorio, las necesidades de las familias. Conocer la pobreza, platicar con la gente y construir un proyecto que represente el cambio que Guatemala necesita.

¿Por qué la UNE debería regresar al poder?

Porque tenemos experiencia, un plan de gobierno y tenemos equipo.

¿Cuál es la ideología de la UNE?

Estamos en la socialdemocracia, que es Estado y mercado. No es como muchos lo han interpretado, como un partido socialista o comunista; eso desapareció. La UNE es social, por la sensibilidad y acercamiento de la inversión social, y demócrata por la democracia que nos rige en todos los países. Un equilibrio entre un desarrollo económico y social.

¿Cuál es la diferencia entre la UNE del 2008 y la UNE del 2019?

Hemos evolucionado, incluso la misma política ha cambiado. Los cuadros ya no son los mismos y los liderazgos han cambiado. Tenemos más candidatos jóvenes y mujeres. Es el partido que más diputadas tiene en el Congreso.

¿Cuáles son tres aciertos de la primera etapa de la UNE?

El modelo de gestión, la coordinación institucional que funcionó para el tema de inversión social, que apoyé, es lo que trascendió.

En  seguridad, fue el Sistema Nacional de Seguridad y coordinación entre Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Organismo Judicial para  bajar números de homicidios.

Se logró una educación gratis y que regresaran más de dos millones de niños a las escuelas. Se contrataron más de 80 mil maestros.

 ¿Cuáles fueron tres errores que se cometieron?

Se tuvo que haber trabajado más en  seguridad. Bajaron los homicidios, pero se tuvo que haber trabajado más en el Sistema Penitenciario. Transparencia, a pesar que en el gobierno de la UNE se aprobó la Ley de Acceso a la Información y el manejo de la transparencia.

¿Se arrepiente de  cómo se manejó el tema de Mi Familia Progresa?

No me arrepiento de cómo se manejaron los programas sociales y de la información. Según  los abogados , estábamos en ley. Con el dictamen de la Corte, lo tenemos que respetar, y eso  se hizo.

Los programas sociales se manejaron con  transparencia. Después de que se entregan al gobierno del Partido Patriota, me hacen una persecución política, en lo personal Roxana Baldetti, tratando de ver si encontraba algo en esos programas. Hasta la fecha no ha habido ninguna sola denuncia del tema del manejo de los programas sociales. Quiero aclarar que yo no era funcionaria.

No era funcionaria, pero tenía una voz de autoridad.

Más allá de autoridad, era liderazgo.  La autoridad funciona hasta cierto punto; el liderazgo prevalece. Lo que prevaleció en ese momento fue la cantidad de trabajos, de obras e inversión.

¿Quiere ser una líder más fuerte que Álvaro Colom?

No diría eso. Álvaro Colom  tiene su liderazgo. El liderazgo se va acomodando conforme a la personalidad de cada quien.

 ¿Cuáles serían sus prioridades si llega a la Presidencia y qué acciones  tomaría en los ejes de su programa?

Los ejes de nuestro programa de gobierno están concentrados en cuatro: reactivación económica para generar empleo, seguridad y justicia, protección social y un gobierno eficiente y transparente.

¿Cuáles serían los incentivos o las condiciones que generaría para crear empleo?

Hay  que empezar poniendo orden al Estado. Por eso  proponemos una reforma al Estado y una política de austeridad. Pero también certeza y seguridad jurídica,  importante para atraer la  inversión.  No hay reglas claras, que es lo que los inversionistas piden para  invertir y generar empleo. También invertir  en infraestructura.

¿A qué se refiere con empleo inclusivo?

Es un programa para que personas mayores  de 40 años tengan trabajo, porque hoy aunque tenga experiencia no los  contratan. Además, un programa de empleo a los jóvenes, porque más de 160 mil jóvenes se gradúan todos los años y no encuentran trabajo.

¿Por qué propone sacar al Ejército a las calles y por qué es una solución?

El país necesita soluciones y resultados a corto plazo. La gente está pidiendo las fuerzas combinadas en las calles para  bajar los niveles de extorsión e inseguridad, la violencia y la delincuencia. Pero es una medida temporal, no será eterna.

¿Es una medida populista y los patrullajes combinados dieron resultado?

No es populista, es lo que dio resultado desde el 2008 cuando se implementó el Sistema Nacional de Seguridad. Los patrullajes combinados han  resultado. Por eso hablo de algo temporal, porque tenemos que equipar a la Policía, pagarle mejor y dignificarla.

Si es una medida temporal, ¿cuánto tiempo sería?

Depende de los resultados, puede ser un año o seis meses. No puedo adelantar cifras o días porque no tengo los números, porque no se ha implementado.

Esta administración retiró al Ejército de las calles por presión de la Embajada de EE. UU. ¿Usted tomaría una decisión que va en contra de las intenciones de EE. UU.?

Ellos entienden que necesitamos bajar los indicadores de inseguridad. Es cuestión de dialogar  para llegar a un acuerdo. Siempre y cuando sea temporal no hay problema, mientras demos resultados.

¿Aplicaría una medida similar en el Sistema Penitenciario?

Hay que hablar de soluciones integrales. Se debe sacar las cárceles fuera de la ciudad y aislarlas, concesionar esas cárceles  y bloquear las comunicaciones que hoy no está funcionando.

¿Con qué presupuesto logrará las nuevas cárceles?

Cada cárcel cuesta entre Q400 y Q500 millones. Actualmente hay 23 fideicomisos con recursos frescos que suman más de Q2 mil 60 millones que no se ha tocado. De 30 a 40 mil plazas fantasmas que hay en el Estado, son más de Q2 mil millones. 17 fidecomisos que se vencieron donde hay Q300 a Q400 millones que se tienen que utilizar. Con esos recursos podemos construirlas, sacarlas del área urbana, aislarlas y acabar con las extorsiones.

Sacar las cárceles de las áreas urbanas viola los derechos humanos de los privados de libertad, porque tienen derecho a visitas. ¿Cuál sería la alternativa?

La medida tiene que ser integral. Tenemos una sobrepoblación de 350% de reclusos en las cárceles. Para bajar las extorsiones hay que sacarlas del área urbana, pero con una estrategia de reinserción.

En el tema de los derechos humanos, dónde quedan los derechos de las víctimas que han sido asesinadas, violadas o ultrajadas. Tenemos que comparar quién tiene más derechos humanos, si los presos o las víctimas.

¿Cómo financia su campaña la UNE?

Con financistas amigos. Estamos haciendo el reporte debido, cumpliendo la ley. Como lo hemos hecho todo el tiempo. También con colaboradores del partido, y tenemos deuda electoral que nos ha ayudado bastante para cumplir con algunos objetivos de la campaña.

¿Puede garantizar que los fondos que recibe en este momento el partido son lícitos?

Por supuesto, estamos cumpliendo con la ley. Nadie está sobre la ley.

¿Qué tanto le afectó el audio en que conversa con Gustavo Alejos de una determinada cifra? ¿Cómo ha llevado ese tema y qué es ese audio?

Ese audio lo sacaron de contexto y quien lo filtra es el Ministerio Público. Es una conversación que nunca se concretó. No hay pruebas ni que haya aportado.

¿Cuál es el contexto de ese audio?

Gustavo Alejos quería ser financista, quería apoyar y yo lo escuché. Nunca se dio, nunca se realizó y por eso digo que se salió de contexto.

¿Existió esa suman de Q40 millones?

No. Ojalá los hubiera habido, pero no lo hubo, porque lo hubiéramos reportado. Todo lo que nosotros gastamos en la campaña de 2015 se reportó. El Tribunal Supremo Electoral lo auditó y pasamos sin multas la auditoría.

¿A qué atribuye la filtración de este audio?

Político,  por parte del fiscal Juan Francisco Sandoval,  que ha hecho un buen trabajo; pero en ese caso, como en otros, vemos que había una intención política detrás de todo. Hemos sostenido y denunciado que él estaba favoreciendo a Thelma Aldana.

 ¿Cómo entender la postura de la UNE ante la Cicig?

Nosotros siempre estuvimos apoyando a la Cicig. Ellos empezaron haciendo un buen trabajo y hay que reconocerlo, incluso el mismo comisionado. Pero todo da vueltas y el trabajo de la Cicig no lo voy a cuestionar. Cuando la  exfiscal decide ser candidata y utiliza al MP como una plataforma política, desvirtúa el trabajo de la Cicig y pone en duda la credibilidad de lo que estaban haciendo. Además, de lo que a mí me imputan es totalmente falso, no hay pruebas para eso y no es que nos sintamos afectados directamente, sino que denunciamos públicamente esa persecución política.

Lo que sucedió en su contra fue en la administración de la fiscal Consuelo Porras y no en la de Thelma Aldana.

La exfiscal todavía tiene tentáculos en el MP. Esa investigación venía desde el 2015, y la misma exfiscal salió a decir que no había nada en mi contra. Pero  siguen tentáculos con el fiscal Sandoval.

¿Qué opina sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que rechaza la solicitud de antejuicio y no conocen el expediente?

Yo soy muy respetuosa de las decisiones de las cortes y nadie está sobre la ley.

¿Considera que esa decisión no fue para beneficiarla?

Para nada, no había pruebas. No voy a cuestionar la decisión de las cortes, porque ese no es mi trabajo. Ni tampoco me voy a cuestionar si me afecta o me beneficia.

¿Cuál es su opinión de la Fiscal General, pensando que podría trabajar con ella?

La conozco muy poco. No he conversado con ella. Lo que puedo decirles es que es una persona técnica y no política. Eso es lo que necesita el MP. Lamentablemente, la exfiscal Aldana decidió incursionar en la política, y creo que se equivocó, porque desvirtuó todo el trabajo que hizo y sus  logros.

¿Cómo visualiza su relación con el empresariado organizado?

Nuestra propuesta es hacer un pacto político con todos los sectores. Nos tenemos que poner de acuerdo por medio de  diálogo, tiene que terminar la polarización y confrontación que ha dividido al país. Por eso  hablamos  de unir a toda Guatemala. Si no nos unimos no saldremos  adelante.

¿Cuáles son las estrategias para optimizar la recaudación fiscal?

Tenemos un 70% de una economía informal y hay oportunidades de ir formalizando por sectores. Por ejemplo, aprobar la Ley de simplificación tributaria en el área de ganaderos que hay que formalizarlos cuando se registren y paguen impuestos. Se debe de hacer un régimen especial para ellos porque sus utilidades son menores. Se está estudiando esa parte, pero es una buena forma de empezar a formalizar la economía. Se debe combatir el contrabando, existe mil millones de dólares de evasión de impuestos en el contrabando.

¿Cuál es la propuesta para combatir el narcotráfico?

Hay que combatir frontalmente el narcotráfico. Tenemos un compromiso con eso y está en nuestro eje de seguridad y justicia. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, como EE. UU. con más presencia de la DEA y del Ejército en las fronteras. Además, una policial especial que se dedique a combatir el contrabando.

¿Cómo alivió asperezas con el sector privado que en el 2008 la veía como una amenaza a la propiedad privada y socialista?

Hemos estado en pláticas y creo que eran desinformaciones y malas interpretaciones. Hemos hecho acercamientos  estos últimos 10 años, en que nos hemos conocido mejor y creo que hemos aliviado esas malas interpretaciones.

¿Cuánto tiempo es prudente  implementar los programas sociales y no generar poblaciones que solo esperan y no se les ayuda a buscar alternativas de desarrollo?

Tiene su temporalidad y le hemos agregado su componente de empleo. La mejor política social es un buen empleo.

Ping-pong

• Transurbano:  Un sistema de transporte
• Julio Ixcamey: Diputado de la UNE por Sacatepéquez
• Grupo Empresarial San Felipe: Una empresa de Julio
• Parlacén: Una institución que es necesaria y hay que mejorarla.
• Carlos Mencos:  Excontralor y diputado por la UNE ahora
• Comisiones de postulación: Reformarlas y ponerles atención
• Contraloría General de Cuentas: Hay que hacerles algunas modificaciones y que sea una institución de prevención y no solo de sanción.
• Jimmy Morales: El presidente más nefasto que ha tenido Guatemala.
• Mario Leal Castillo: Excandidato a la vicepresidencia de la UNE
• Financiamiento electoral: Un delito que se tuvo que reformar y que recién acaba de ser modificado porque era inconstitucional la forma en la que estaba.
• Gloria Torres: Mi hermana mayor
• Pandillas: Erradicarlas, pero hay que trabajar mucho en el tema de prevención.
• Gustavo Alejos: Exsecretario privado de Álvaro Colom
• Mi Familia Progresa: El mejor programa que ha dado resultados tangibles.
• Carlos Raúl Morales: Candidato a vicepresidente actualmente.
• CICIG: Institución que hizo un buen trabajo, lamentablemente se politizó y se termina su mandato el próximo septiembre.
• Thelma Aldana: Exfiscal con aspiraciones presidenciables
• Corte de Constitucionalidad: Estado de Derecho
• Maquilas: Un negocio que yo tuve, fui maquiladora y me siento orgullosa de haberlo sido.
• Migrantes: Tema que tenemos que resolver para que nuestra gente no se tenga que ir a EE.UU. a buscar trabajo.

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¿Cuáles son las propuestas o iniciativas de ley que impulsarían en el Congreso para la próxima legislatura?

Tenemos la intención de continuar con la agenda de desarrollo económico y reactivación económica, que hemos venido impulsando desde el año pasado. Aprobamos la Ley de Factoraje, de garantías mobiliarias, fortalecimiento al emprendimiento. Queremos continuar con esa agenda porque estamos convencidos que el mayor problema de Guatemala en este momento es el tema económica, falta de empleo y oportunidades. Cuando una persona no tiene oportunidades afecta en todos los ámbitos del país, en educación, salud, seguridad y personas que salen al exterior. Todavía queremos que en este año poder seguir impulsando como la Ley de infraestructura vial que plantea un nuevo concepto de cómo contratar la obra pública.

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¿Qué opina sobre las propuestas de la ley de desarrollo rural?

Nosotros estamos en contra de esa ley y en desacuerdo. Hemos leído varias versiones de esa iniciativa y nos preocupan algunos de los temas y el lenguaje que se utiliza. Nosotros somos creyentes de la propiedad privada. Creemos en que no hay ninguna diferencia en una persona que se roba un carro o se roba una propiedad. Estamos claros que hay una necesidad en el área rural, pero nuestro punto de vista no es estar repartiendo tierras.

El problema es otro, como el problema que tenemos en el área del café, en donde el precio internacional está por debajo de los costos de producción. Esto limita a quien se dedica al cultivo de café, de que todo lo que está produciendo genera pérdidas. Abordar el tema agrícola es importante pero nosotros tenemos una visión distinta desde dónde se debe abordar.

¿Por qué buscar la reelección y no dar la oportunidad a nuevos cuadros? ¿Por qué vale la pena que un diputado busque su reelección?

Todos los Congresos del mundo son mal calificados, porque muchas veces el trabajo de los congresos es incomprendido. Nosotros no ejecutamos obra, no construimos escuelas, carreteras. Lo que hacemos es un trabajo de legislar y los resultados de ese trabajo no son siempre tangibles. Muchas veces no se comprende cuál es el trabajo de los diputados.

En nuestro partido solo hay dos diputados para la reelección, los demás candidatos es su primera vez que participan para estar en el Congreso. Pero es importante que todas las personas puedan hacer una carrera legislativa. Estos tres años y medio se pasan rápido y se aprende mucho. Si no se permitiera la reelección, sería comenzar de cero cada cuatro años, es lo que sucede en el Ejecutivo o municipalidades y se pierde la continuidad.

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¿Cuál es su opinión de la modificación que se hizo y la prohibición que tienen los diputados tránsfugas?

Una cosa es que a un diputado le ofrezcan dinero para cambiarse de una bancada a otra, y con ese acto estamos en desacuerdo y debería de estar prohibido. Pero considero que existen algunas situaciones que cambiarse de alguna bancada a otra puede ser legitimas e incluso un derecho.

Podría existir el caso de que pertenece a una bancada y el partido lo obliga a votar por algo en lo que está en desacuerdo o toma la decisión de irse por una línea ideológica distinta a la que pertenece. En esos casos, considero que es aceptable que un diputado pueda decir que abandona ese partido porque ya no cree en lo que lo obliga a hacer. Lo importante es que si el diputado se cambia o no de bancada debe de seguir con su agenda legislativa.

¿Se dio realmente un pacto de corruptos en 2017?

Yo llegué ese día al Congreso sin saber qué iba a pasar. Presentaron las iniciativas se aprobó la primera que era una reforma al 407N, que después la Corte de Constitucionalidad (CC) nos exhorto a que se reformara. La otra quizá necesitaba más discusión. Creo que el fondo del asunto era correcto, pero lo que se hizo en 2017 fue un claro ejemplo de hacer algo bueno, mal hecho. El problema fue haberlo con una moción privilegiada, sin discusión. El espíritu de la segunda ley que se había aprobado era con respecto al tema de la prisión preventiva, el fondo era ese. Hoy tenemos más de la mitad de la población de los centros penitenciarios están en prisión preventiva.

¿La forma de la discusión fue el error?

Yo creo que el fondo es debatible y lo estamos debatiendo, que es el tema de la prisión preventiva. El problema fue que se hizo apresuradamente, y cuando se hace de esa forma se hace mal. Lo que estamos tratando de hacer es poner sobre la discusión nacional el problema de la prisión preventiva pero de una forma en general que abarque todos los problemas que se necesitan resolver desde ese punto de vista.

Si se hizo de una forma apresurada ¿Cómo se negoció para que votaran tantos diputados?

Yo no sé. Yo llegué ese día, sacaron las mociones, me enseñaron el del 407N que honestamente lo vi muy bien ya que era algo necesario. Después la CC nos dio la razón en ese sentido. Yo no participe en ningún acuerdo, en ningún pacto. Fue una decisión que tome en ese momento en el hemiciclo.

Con el tema de la CICIG ¿Cree que el Congreso agarró partido en temas que no corresponden a un diputado?

El Congreso no se metió mucho en ese tema. Nosotros nunca legislamos en contra de CICIG. Yo puedo hablar con total solvencia con mi desacuerdo con CICIG, porque en el partido Unionista votamos en contra para que se creara la comisión porque estamos en contra del concepto. Más allá de lo que hizo bien o hizo mal, por el tema de injerencia, pero sobre todo por el tema de la soberanía del país y de delegar ciertas funciones fundamentales para preservar la soberanía del país que nos pertenece a los guatemaltecos.

¿Algo positivo que dejó CICIG?

Al final la gente sí puso más presión y atención sobre los funcionarios e instituciones. Me parece que hasta cierto punto es saludable. Creo que eso sería algo de lo poco salvable de la CICIG

¿Cómo le explica la agenda legislativa del partido Unionista a quienes son contrarios a su ideología?

Quizá es muy económica la agenda y no tan social. Nosotros pensamos que el mejor programa social es un empleo. Hay un límite de cuánto el Estado le puede regalar o donar a una persona que va a tener soluciones de largo plazo. Debe de haber un brazo subsidiario por parte del Estado y no estamos en contra de eso. Creemos que lograr un desarrollo económico sostenible en el tiempo es la única forma de creer que las personas van a tener todo lo que necesita para una vida digna.

¿Qué hará su partido político con el tema de la polarización de los ciudadanos?

No me preocupa que exista una posible polarización. Lo que me preocupa es que haya una ausencia de discusión política. Se bajó a un nivel absurdo a calificar a las personas por su decisión libre de estar a favor o en contra de algo y la discusión se terminó. Todo lo reducimos a la discusión “pro CIGIG” o “anti CICIG”.

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¿Qué hacer para retomar la discusión política?

Comenzar a hablar de cosas que son importantes para el país. Qué vamos a hacer los guatemaltecos con el país de aquí para adelante. Por ejemplo, ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer a las instituciones luego de la etapa de la CICIG? Esas son las discusiones que deberíamos de estar haciendo, sobretodo en una campaña electoral.

¿Por dónde se tiene que comenzar a discutir los cambios para una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)?

Yo pienso que fue una responsabilidad del país, de los partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil hasta de la comunidad internacional, que todos presionaron para que las reformas a la LEPP se aprobaran sin necesidad de discusión. Yo ya acepte mi error, pero todos deben de aceptar todos los que fueron participes que se aprobara esa ley sin discusión.

El problema que tenemos en este proceso electoral es la judicialización de todo el proceso. Porque entre más reglas, normas y prohibiciones le ponemos a una ley, más se judicializa todo. Claro que deben de haber reglas, pero en Guatemala nos vamos de un extremo a otro. Tenemos que buscar el justo medio entre que existan límites pero que también no se criminalice la actividad política.

¿Qué propuestas vienen en materia de legislación sobre los problemas de inseguridad, falta de empleo, corrupción y faltas de escuelas?

En el tema de seguridad, nosotros no somos quienes manejamos a la policía. Nosotros lo que hacemos es darle las herramientas posibles a los cuerpos de seguridad para que hagan su trabajo.

El problema más grande es el tema de las extorsiones y la mayor parte se realizan desde las cárceles. La prisión preventiva y sistema penitenciario, queremos abordarlo de una forma integral. Existe un préstamo de aproximadamente 300 millones de dólares, que lo que hace es invertir la mitad del dinero para el sistema judicial y la otra mitad para la construcción de cárceles de máxima seguridad. Ese préstamo nos puede servir para comenzar y distanciar a las personas y controlar de una mejor manera lo que suceda dentro de las cárceles.

En esta legislatura se ha aprobado muchos temas educativos, un préstamo para la inversión de infraestructura escolar. Como diputados nos corresponde fiscalizar que se esté gastando ese dinero. Se aprobó un aumento en las refacciones escolares y permitió que la asistencia a clases haya subido en el país. Además, aprobamos el préstamo para la Universidad San Carlos para construcción de nuevos centros educativos.

¿Cómo va a garantizar el proceso transparente para las próximas elecciones magistrados?

Lo tendremos que hacer de la forma más abierta posible en el sentido que está bien que un diputado conozca los candidatos, se reúna con ellos y lo haría públicamente. Tampoco considero que sea ilegal hacerlo de forma privada. Sin embargo, se habla mucho de que van a presentar amparos para que esta legislatura no elija, pero sino que se espere a la siguiente. Eso sería casi un golpe de Estado, porque si el 14 de octubre no toma posesión una nueva Corte Suprema de Justicia, vamos a tener a 12 magistrados usurpando sus funciones cuando ya terminó su mandato.

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Las quejas por tratamiento de poca calidad, una resolución que señala al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) encendió el debate entre Ramiro Lorenzana, director de la empresa Pisa ; Zulma Calderón, jefa de supervisión de hospitales de la PDH y Byron Arana, subgerente de Prestaciones en Salud del IGSS en el programa Diálogo Libre.

Byron Arana reconoció que el número de pacientes oscilan entre 530 a 538 porque algunos recuperan su capacidad renal. Hasta este viernes se tenía a 96 pacientes atendidos por peritonitis.

Para Zulma Calderón es necesario resarcir a las familias de los pacientes fallecidos. “Desde mi punto de vista humano, yo diría que sí. Al menos con una disculpa, aceptando que nos hemos equivocado, reconociendo errores o demostrando que no se han equivocado”, explicó.

Ramiro Lorenzana, director de Pisa afirmó que lamenta la muertes de los pacientes pero defendió a la empresa Pisa y rechazó la resolución de la PDH. “Me duele que un paciente se muera, eso a nadie le gusta. Pero hay que hacer notar que son pacientes en una fase terminal de la enfermedad, desafortunadamente, lo que los llevo a tener un riñón incapaz de poder limpiar la sangre los va tener que matar tarde o temprano”, expresó Lorenzana.

Para Lorenzana no necesariamente la peritonitis es causada por los productor Pisa y pidió que le Ministerio Público investigue las muertes de los pacientes.

Ahora los pacientes renales que  requieren el servicio de diálisis peritoneal serán referidos de nuevo a la empresa Baxter, que durante seis años prestó el servicio al seguro social.

Desde que Pisa empezó a dar el tratamiento, se contabilizaron 95 pacientes infectados y 11 fallecidos y grupos de pacientes renales han presentado acciones legales al Ministerio Público para que se investigue la responsabilidad del IGSS y de la Droguería Pisa en el deterioro de salud de los afectados.

Este viernes conversaremos sobre este tema  con el Zulma Calderón, supervisora de hospitales de la PDH y Ramiro Lorenzana de la Droguería Pisa en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 horas.

Una vacante en Casa Presidencial. La selección del nuevo vicepresidente provoca debate sobre las funciones del número dos del Organismo Ejecutivo.

La terna enviada por el presidente Otto Pérez Molina ya ha sufrido sus primeros altibajos. El cambio de uno de los candidatos provocó suspicacias entre los diputados que tienen la última palabra en la selección del vicemandatario.

Adela de Torrebiarte, Adrian Zapata y Olivero García Rodas son las alternativas que el Parlamento tiene para  elegir a la persona encargada de coordinar el gabinete de Gobierno en Casa Presidencial.

¿Qué rol debe jugar el nuevo vicepresidente?. ¿Podrá estabilizar al gobierno hasta el final de su administración?

Este miércoles conversaremos sobre este tema  con el exvicepresidente Rafael Espada en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 hora

El proceso de antejuicio contra Roxana Baldetti evidencia la necesidad de algunos cambios en la aplicación del derecho de antejuicio afirmaron Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y el diputado Álvaro González Ricci en el programa Diálogo Libre.

Hugo Maúl Figueroa explicó que la figura del antejuicio busca proteger a los funcionarios de acusaciones y procesos espurios o con fines políticos pero que la norma actual impide a los señalados a poder renunciar al derecho de antejuicio y poder enfrentar un proceso legal.

“Creo que un antejuicio, así como esta en Guatemala no funciona. El señalado aunque esté siendo investigado sigue ejerciendo el cargo. No creo que ningún puesto puede ser ejercido eficientemente si está siendo procesado y tiene que ir al banquillo de los acusados”, expresó Maúl.

Por su parte el diputado Álvaro González Ricci, que fue uno de los elegidos para integrar la comisión pesquisidora, afirmó que en estos momentos de convulsión social, el Congreso debe actuar conforme a derecho.

“No nos va temblar la mano para conocer todos los antejuicios de personas señaladas de corrupción. Los funcionarios debemos de dar cuenta a la ciudadanía y qué bueno que nos están fiscalizando porque debemos de rendir cuentas al electorado”, expresó el parlamentario.

Para Maúl y González , las manifestaciones públicas pacíficas convocadas por ciudadanos fueron decisivas en las decisiones que han tomado los órganos de justicia y los políticos.

“Creo que las manifestaciones públicas seguirán pidiendo justicia y exigiendo que se frene la corrupción. Este movimiento no se detendrá y si los políticos siguen sin escuchar ese mensaje los niveles de insatisfacción se elevarán”, concluyó Maúl.

Con la presencia de 133 votos a favor y cuatro en contra se aprobó la moción privilegiada para que se integrarán cuatro pesquisidoras, siendo la primera la de la vicemandataria, luego la del ministro de Salud, de energía y Minas y por último el de Desarrollo Social.

El Congreso sesionó después de 26 intentos que resultaron fallido  s por falta de quórum. El mecanismo para la integración de la comisión fue a través de una tómbola y números asignados a cada diputado. Nineth Montenegro y Amílcar Pop fueron los invitados por la Junta Directiva a sacar los números que comprometían a los diputados presentes a integrar la pesquisidora.

La comisión quedó integrada por Salvador Baldizón, Mario Yanes, Manuel Barquín, los tres de Líder, Álvaro González de Creo y Fidel Reyes de la UNE. ¿Qué pasará con ese trámite en el Congreso?

Este viernes conversaremos sobre este tema  con el diputado Álvaro González Ricci, integrante de la pesquisidora y con el exmagistrado Hugo Maúl Figueroa en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 horas

Para detener la crisis que amenaza a la SAT, las autoridades de esa entidad han delineado 12 acciones  y una propuesta que hará el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

El intendente interino de la SAT expuso que se pretenden mejorar los controles en Aduanas, auditar a las empresas importadoras que cometieron el fraude, investigar patrimonio económico de los empleados y medidas de seguridad, entre otras medidas.

Este miércoles conversaremos sobre este tema  con Juan Alberto Fuentes, vicepresidente del Icefi  en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 horas.

Ruano,de 29 años, trabajadora del Departamento de Investigación Materno Infantil del Área Rural del Hospital General, fue alcanzada por las esquirlas de la granada en la cabeza. 

Desde el ataque su estado de salud era delicado y los médicos la mantenían en coma inducido, después de varias intervenciones quirúrgicas. 

La joven trabajadora, víctima colateral de un ataque, supuestamente perpetrado por pandilleros contra pandilleros que eran atendidos en el nosocomio ese día, también participaba activamente en el programa Fábrica de Sonrisas. 

Larga agonía

Para Luis Ruano y su esposa, Suly Cordón, la agonía de su hija fue larga. Prensa Libre en un seguimiento al caso de Kimberly estableció que con un pase especial, los padres podían entrar al área de cuidados intensivos y acompañar todos los días a su hija. 

“Es una de las tantas víctimas inocentes de la violencia en el país”, dijo el padro a Prensa Libre, una semana después del suceso.

Fueron 25 heridos

El 10 de marzo un grupo de hombres a bordo de un vehículo lanzaron una granada y dispararon contra los guardias de un vehículo del SP a las 9 horas. El vehículo se encontraba estacionado frente a la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios en la 9 calle A entre Avenida Elena y 1a. avenida de la zona 1 capitalina.

El ataque dejó heridas al menos a 25 personas, la mayoría se encontraban en el hospital esperando a ser atendidos.

El día del ataque murió María Romero Saravia, un día después se sumó a las víctimas mortales Domingo Ical Alvarado, de 35 años y una semana después falleció Modesto Ambrocio Esteban Gonzáles, 50.

Después de ese ataque y ante el rechazo de médicos de atender a privados de libertad, el ministerio de Gobernación y Salud instalaron clínicas exclusivas para reos en el complejo carcelario de Fraijanes. 

Lejos de sentir frustración o desesperanza, los integrantes de diferentes sectores que asistieron a la marcha pacífica confirman que seguirán participando en las protestas. Así lo expresaron Sor Reina Morales y Fray Armando González de Familia Franciscana y Samuel Pérez Álvarez, presidente de la asociación de estudiantes de economía de la Universidad Rafael Landívar (URL) en el programa Diálogo Libre.

Samuel Pérez Álvarez expresó que el fin de la primera marcha era la renuncia. Sin embargo reconoció que ese primer chispazo puede despertar muchas otras marchas que buscan fines distintos pero legítimos.

“Hay que llegar a un consenso y salir a manifestar con dos o tres puntos comunes. Pueden ser reformas a la Ley Electoral y al financiamiento de partidos que se suman a la solicitud de las renuncias”, afirmó Pérez.

Si navega en móvil vea el programa aquí: “Ciudadanos en las marchas”

Fray Armando González expreso que no importa quién convoque mientras el mensaje sea para el ejecutivo y se pida la renuncia de los responsables.

Para Sor Reina Morales la decisión es seguir apoyando el reclamo ciudadano. “Nosotras siempre hemos dicho, como religiosas, cuando las cosas se hagan en orden y para defender los derechos del pueblo vamos a manifestar. El Papa nos ha dicho que le digamos no a la apatía, que salgamos de nuestros conventos y acompañemos al pueblo”, concluyó la religiosa.

Miles de guatemaltecos llegaron a la Plaza de la Constitución el sábado último sin mayores intermediarios. El objetivo de la marcha: manifestarse en contra de los escándalos de corrupción, en especial  por la red de defraudación aduanera que se desmanteló en las últimas semanas.

Durante la manifestación se pudo observar la participación de grupos que comúnmente no participan en protestas ciudadanas. Niños, ancianos, religiosos y grupos civiles de diferentes ideologías.

¿Cuáles son los siguientes pasos en las marchas que se convocarán para los próximos días?, ¿Qué sucede si los mandatarios no reaccionan como desea la mayoría de manifestantes?

Este miércoles conversaremos con Samuel Pérez Álvarez, presidente de la agrupación de estudiantes de economía de la URL , Fray Armando González, religioso y Sor Regina Morales, religiosa franciscana en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 hora

La decisión del presidente Otto Pérez Molina de extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no detiene los reclamos sociales afirmaron Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro de la Defensa de la Constitucion (Cedecon). Carmen Aída Ibarra del Movimiento pro Justicia y Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG) durante el programa Diálogo Libre.

Gerson Sotomayor valoró positivo el hecho de la continuidad pero expresó que esto se da en la coyuntura de hechos que han conmocionado al país. “Se van a dar a conocer más investigaciones que provocarán mayores cismas en las estructuras criminales”, afirmó Sotomayor.

Para Carmen Aída Ibarra el Presidente se vio obligado. “ Pérez Molina llevaba un año dando mensajes negativos hacia la Comisión.A partir de ahora es que la Cicig va tener un trance difícil , un camino cuesta arriba, sino veamos como la mafia de la SAT fue favorecida por la jueza”, comentó Ibarra.

Si navega desde su móvil vea aquí la entrevista: Continuidad de la Cicig

Alexander Aizenstatd manifestó estar complacido por la prórroga pero reconoció que no es un motivo de orgullo el tener a la Cicig porque evidencia un problema mayor y el hecho de no tenerla debilitaría más las instituciones.

La crisis que envuelve al Organismo Ejecutivo por la desarticulación de una red de defraudación aduanera en donde se señala al exsecretario privado de la Vicepresidencia evidencia la pérdida de credibilidad del Organismo Ejecutivo afirmaron los académicos Jorge Ruano, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y Carmen Ortíz, consultora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) en el programa Diálogo Libre.

¿Qué magnitud tiene la crisis que en este momento esta viviviendo el Gobierno?

Jorge Ruano afirmó que esta es una crisis profunda de desconfianza y legitimidad que afianza más las dudas de la población hacia los políticos.

“Es un gobierno que está terminando, ya no tiene capital político”, afirmó Ruano.

Carmen Ortíz expresó que para cualquier sistema, la confianza es la base sobre la cual descansa el éxito de su administración y que cuando ello se termina lo que más se desgasta son las instituciones.
“He escuchado mensajes de desesperanza y que no ven una salida institucional. Yo si veo un éxito en las investigaciones y que la mayor prueba será en el Organismo Judicial. Hay incertidumbre sobre la información que se tiene alrededor del caso”, concluyó Ortíz.

Las pesquisas para dar con los responsables de la red defraudadora en aduanas apenas comienzan afirmaron Carlos Ruiz, Secretario General del Ministerio Público (MP) y Óscar Schaab, fiscal contra la Impunidad durante el programa Diálogo Libre.

Al debate se unió el análisis de Alberto González, experto tributario que ve la coyuntura como una oportunidad para reinventar la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

Carlos Ruíz afirmó que la fiscalía contra la Impunidad comenzó a trabajar y a crear un caso a partir de los datos que otorgaron los vistas de aduanas y fortaleciendo un grupo de fiscales. Después de 8 meses se formó el caso y se le da seguimiento para lograr dar con las personas que participaban en esa estructura criminal.

Óscar Schaab expresó que los 500 contenedores dieron como promedio entre 20 mil y 80 mil quetzales que se dejó de percibir.” El tipo de delito que nosotros estamos persiguiendo es la declaración inexacta de las mercaderías que ingresan al país”, manifestó el fiscal.

Schaab afirmó que la investigación de la red apenas empieza y que como parte del trabajo que en ese momento se está llevando, el MP tiene secuestradas las declaraciones aduaneras para tener un cálculo de lo defraudado, tanto de la estructura como de los usuarios.

Ruiz aclaró que el MP tiene en su poder celulares y computadoras para ver que más información existe y poder operativizar contra otros objetivos.

“De hecho no se descarta nada en este momento, al realizarse estos operativos se vuelve de nuevo las reuniones de trabajo para definir las líneas de investigación, confirmar algunas y descartar otras.

Este caso no se basa en prueba testimonial, se basa en prueba científica y documental”, concluyó Ruiz

La desarticulación de una banda dedicada a la defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria evidencia la injerencia de cuerpos paralelos en la institución que realizaban actos ilícitos.

Los operativos coordinados por la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), dieron con la captura de 17 personas entre ellos el titular de la SAT, Omar Franco y exsuperintendente Carlos Muñoz.

La investigación va mas allá y la Cicig señalo a Juan Carlos Monzón, como uno de los cerebros de la estructura criminal encargada de efectuar cobros para liberar furgones.

¿Cómo funcionaban estas redes en aduanas?, ¿Hasta dónde llega la influencia de estas redes criminales y como combatirlas?

Este viernes conversaremos sobre este tema con Carlos Ruíz, Secretario del Ministerio Público y Oscar Schaad, fiscal contra la impunidad en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 horas

La pugna que se originó entre los militantes del partido patriota por la lista de diputados por el departamento de Guatemala evidencia la débil democracia interna de los grupos partidarios afirmaron Mario Itzep del Observatorio de Pueblos Indígenas y Luis fernando Chávez del Instituto Centroaméricano de Estudios Políticos (INCEP)

¿Que valoración hacen de los procesos de asambleas?

Chávez: Las elecciones son procesos que ocurren cada cuatro años y los grupos políticos generan más movimientos.

Las asambleas deberían tener los objetivos de buscar personas para dirigir a la agrupación, las asambleas también postulan candidatos y en partidos sólidos es normal que exista una competencia interna para dirigir al partido.

Es importante que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea el garante para que esto ocurra.

Itzep: Los partidos políticos cumplen con los requisitos formales. Las asambleas de los partidos políticos no son democráticas , ni representativas. Los hechos del fin de semana nos afirman que los partidos no tienen ideologías, son mercantiles y no representan la pluralidad del país.

Las asambleas municipales, departamentales y nacionales de los partidos políticos son procesos normales en la vida de estas agrupaciones. Las mismas están creadas para elegir a los dirigentes de los grupos políticos y apoyar aquellos cuadros idóneos para competir como candidatos a  alcaldes, diputados y presidente.

La voz de las bases, muchas veces, queda eclipsada por listados de última hora, acuerdos bajo la mesa o alianzas pragmáticas que dejan fuera a los militantes de los partidos.

La UNE eligió hace poco como compañero de la fórmula de Sandra Torres a Mario Leal, reconocido empresario conservador. El PP quedó dividido  en el departamento de Guatemala por la falta de consenso en las candidaturas y otros partidos como UCN han dado refugio a personaje políticos con pasado en otras organizaciones.
¿Qué representatividad tienen las asambleas de los partidos? O son solo un requisito más.

Este  miércoles conversaremos  sobre los procesos de asambleas con el analista Luis Fernando Chávez de INCEP y Mario Itzep del Observatorio de Pueblos Indígenas en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 horas.

Opciones de relevo en la administración de la municipalidad capitalina y un balance de los 12 años de gestión continua de Álvaro Arzú al frente de la comuna fueron los temas que trataron Caryl Alonso, profesor universitario de Gestión y Políticas Públicas, y Aldo Bonilla, analista en asuntos municipales, en el programa Diálogo Libre.

Aldo Bonilla expresó que la política pública es la herramienta más importante de la gestión. Con ella se pueden medir metas y objetivos cuando se busca un fin. Bonilla aseguró que ninguna municipalidad ha establecido de manera formal una política, ya que es como hacerse un harakiri, porque establece puntos para ser evaluado en los próximos cinco años.

“En los últimos años, la gestión municipal se ha limitado a aspectos de maquillaje; no hay soluciones de fondo”, expresó Bonilla.

Por su parte Caryl Alonso explicó que la política pública es la visión de largo plazo donde se establecen objetivos y se anticipa la capacidad de reformas de las instituciones. La segunda, y más importante, la política pública, es el cerebro del gobierno.

“La administración de Arzú tiene estos criterios: la capacidad de persuadir a la ciudadanía, que se demuestra en sus 12 años de gobierno; sin embargo, cuando analizamos a fondo, mucho de lo que se hace se denomina estrategia vitrina, en donde hay un efecto impactante en mostrar dos o cuatro resultados muy bien elaborados, pero tiene un gran problema, que no se puede incorporar a la dinámica de los grandes problemas del ciudadano: la seguridad, el desempleo y la informalidad, que para el año 2020 significaría 10% más”,concluyó Alonso.
 

La Ciudad de Guatemala enfrenta desde hace décadas problemas estructurales como la falta de agua, ordenamiento territorial, control y manejo de desechos entre otros afirman analistas y expertos urbanistas.

El gobierno municipal, encabezado desde hace varias administraciones por Álvaro Arzú no ha dado una respuesta definitiva a esos problemas y el escenario electoral actual no adelanta un posible relevo en la comuna.

¿Qué desafíos espera a la próxima administración municipal? , ¿Qué candidatos pueden dar la sorpresa y formar una alternativa al actual gobierno municipal?, ¿Es Álvaro Arzú un candidato en solitario?

Este viernes   conversaremos sobre los problemas de la Ciudad de Guatemala y el escenario electoral alrededor de la competencia por la comuna  con Caryl Alonzo, docente universitario de Gestión y Políticas Públicas y con Aldo Bonilla, analista político en tema municipal en el programa Diálogo Libre. La cita es a las 15.30 horas. 

La creación de una nueva fiscalía para perseguir a los empleados y fiscales del Ministerio Público (MP) que incurran en delitos de corrupción es una oportunidad para recobrar la credibilidad de esa institución afirmaron Mayra Véliz, asesora del MP y Luisa Leiva del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) durante el Programa Diálogo Libre.

Mayra Véliz afirmó que la fiscalía de sección de Asuntos Internos tiene otra dimensión y depende directamente de la fiscal general.

“Nosotros no podemos investigar a personas que comenten actos delictivos si tenemos en la casa personas que comenten crímenes”, expresó Véliz.

La asesora del despacho de la Fiscalía General expreso que Las expectativas son que la población tenga la certeza que van a investigar a los fiscales y personal administrativo.

Si navega en móvil vea aquí la entrevista: Alcances de la Fiscalía de Asuntos Internos

Por su parte Luisa Leiva manifestó que el tema de corrupción en el Ministerio Público es una falta de acceso a la justicia.

“ La corrupción dentro del sistema de justicia limita nuestros derechos. En el tema penal los retos son bastantes, necesitamos una fiscalía independiente con personal especializado”, concluyó Leiva.