El proyecto fue presentado con carácter enmienda constitucional, por lo que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara alta, que hoy dio su segunda sanción a pesar de las protestas de la minoritaria oposición, que llegó a calificar la propuesta de “crimen de lesa patria”.

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.

La enmienda constitucional aprobada dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.

Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al producto interno bruto  (PIB) , lo que considera “indispensable”  para recuperar el equilibrio fiscal.

Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y el 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de “insostenible” .

El Gobierno argumenta que, entre el 2008 y el 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.

 La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores  (PT), que hoy pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros” .

Según Bezerra, se trata de un “delito de lesa patria”  que ya “ha sido condenado por la mayoría de la población” .

En ese marco, la senadora del PT citó una encuesta publicada hoy por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que solo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.

Frente a la votación realizada en el Senado, sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.

Para garantizar la seguridad, también fue cortado el tránsito de vehículos en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de la capital en la que se sitúan todos los edificios del poder, incluidos el Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto.

Severos recortes del gasto público

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La reforma del “techo de gastos”  implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.

Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163 mil millones de reales  (48 mil millones de dólares) en el 2016 y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.

Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la Presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff  (PT, izquierda) , no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.

El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma “desprovista de cualquier matiz y compasión” , que “afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables” .

Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.

Su aprobación entrará en vigencia esta misma semana.

La oposición presentó varios recursos para tratar de aplazar la votación, que fueron rechazados por la corte suprema.

La sesión está dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos, y contra quien el lunes el fiscal general presentó por primera vez cargos en el marco del megaescándalo de Petrobras.

La enmienda del “techo de gastos”  es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.

Temer bajo presión en todos los frentes

La votación de las reformas en el Congreso transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Lato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas, y el propio Temer, han sido mencionados por exejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.

El presidente negó tajantemente haber pedido en el 2014 10 millones de reales  (4.2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.

Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país “saneado”  a quien resulte electo para sucederlo en el 2018.

Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.

Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en el 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños  (11,8% de la población activa) .

Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una “agenda positiva”  de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.

“Una mayoría de 61 senadores se pronunciaron en favor del sí”, señaló el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, a cargo de supervisar el juicio político contra Rousseff.

Bastaban 54 votos (dos tercios de los 81 senadores) para que Rousseff fuera condenada.

Rousseff prevé hacer una declaración a la prensa este miércoles tras la votación, indicó uno de sus colaboradores.

Un final trágico para la primera mujer que llegó a la presidencia de Brasil, suspendida en mayo tras ser acusada de manipular las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014 y continuar con esa práctica al año siguiente.

Tras este voto de los 81 senadores, convertidos en una especie de Gran Jurado, el vicepresidente Michel Temer, de 75 años, asumirá la presidencia.

Temer (PMDB, de centro-derecha), que ya funge como mandatario interino, prestará juramento ante el Parlamento antes de viajar a China, para la cumbre del G20 de este fin de semana, donde pretende participar ya con el título oficial de presidente.

El voto cierra una sangría política que desde hace nueve meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en vías a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos embarrados en causas de corrupción.

“Este proceso es una farsa, farsa, farsa”, disparó el senador Linderbergh Farias, del PT. “¡Canallas, canallas, canallas!”, señaló este miércoles en un encendido discurso.

Ecos del pasado

Lejos quedaron los días del milagro socio-económico que inició el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), padrino político de Rousseff, que sacó a 29 millones de personas de la pobreza y al país del mapa de hambre de la ONU.

La crisis económico-política se entrelazó con un escandaloso fraude que drenó más de US$2 mil millones de dólares de la estatal Petrobras.

Aunque salpica a todas las fuerzas políticas, el escándalo conocido como Lava Jato terminó por cercar al Gobierno. Y también empañó la imagen del político mejor valorado por los brasileños, el expresidente Lula, en la mira por obstrucción de la justicia y corrupción.

Brasil aparece en el puesto 76 del Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, sobre un total de 168 países. De hecho más de la mitad de los 81 senadores que juzga a Rousseff están investigados o fueron acusados por causas de corrupción.

“Canallas son aquellos que llevaron a Brasil a una situación crítica, en el terreno económico y social”, señaló Ronaldo Caiado, del Partido Demócrata.

Mantiene derechos políticos

Minutos después de votar a favor de la destitución, el Senado decidió mantener los derechos políticos de Rousseff.

EL FIN DE DILMA— Reacciones de festejo, tristeza, llanto, protesta y alegría provocó la destitución definitiva de Dilma Rousseff, hasta hoy presidenta de Brasil. Para muchos, este hecho marca el fin de del liderazgo político de la izquierda en el gigante de Latinoamérica, y en especial de su partido político que dirigió el pais por 13 años. Le sucede en el cargo Michel Temer, hasta hace poco su vicepresidente, y hoy uno de sus principales enemigos. Fotografías #PrensaLibre AP AFP Y EFE. #RetoinstagramPL

Un vídeo publicado por Prensa Libre (@prensa_libre) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 12:23 PDT

En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y 3 se abstuvieron, por lo que no se alcanzó los dos tercios (54 votos) de la Cámara alta necesarios para aprobar este tipo de mociones.

Hace meses, poco antes de ser suspendida de sus funciones, Rousseff dijo que sería “una carta fuera de la baraja” política en el caso de que fuera despojada de su cargo.

Si hubiera perdido los derechos políticos, no podría ocupar ningún cargo público durante ocho años, lo que incluye tanto puestos electivos como cualquier trabajo en empresas públicas.

Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser profesora o trabajar “en un merendero en una escuela pública”.

La votación de la destitución y de la inhabilitación de Rousseff se realizó por separado a petición de última hora del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la ahora exmandataria, que fue aceptada por el presidente de la Corte Suprema, que presidió el juicio político como garante constitucional.

La decisión del presidente del Supremo causó una polémica entre los senadores.

Entre ellos, el expresidente Fernando Collor de Mello se quejó de que se le haya dispensado un trato diferente a Rousseff del que él recibió en 1992, cuando renunció a la jefatura del Estado horas antes de ser destituido en un juicio político similar.

Los retos de Temer

A Temer le durarán poco las ganas de celebrar.

Con el desempleo en niveles récord (más de 11 millones de personas), la inflación galopante y un gigantesco déficit fiscal, la economía brasileña se contraerá un 3,16% este año, según los datos revelados este miércoles por el Banco Central, que revisó al alza sus previsiones.

El nombre de Temer también saltó en las revelaciones en torno al megaescándalo de corrupción en Petrobras, en varias delaciones hechas por acusados que buscan reducir sus condenas.

El ahora presidente interino niega cualquier vinculación con la trama y la Justicia nunca ha presentado cargos contra él.

Y también necesitará de gran habilidad para hacer alianzas en el fragmentado Parlamento, mientras carga con la sombra de “usurpador”.

“Dilma va a pasar a la historia como una figura ambigua: va a ser vista como una villana del punto de vista de la gestión, fue una mala gobernante, que erró mucho, que no supo dialogar con el Congreso, que es responsable en parte por la economía y todo eso va a ser atribuido a ella”, dijo a la AFP, Michael Mohallem, analista de la universidad FGV de Rio de Janeiro.

Pero “también va a haber una lectura sobre el proceso en sí, que fue usado para favorecer a un grupo político, para llevar a Michel Temer y al PMDB al poder de un modo no tan legítimo como serían las urnas”, añadió.

En su última presentación como presidenta ante el Senado, esta economista que fue guerrillera marxista en su juventud y sufrió torturas en la última dictadura (1964-1985) se mostró altiva y dijo que solo unas elecciones directas pueden juzgar a un jefe de Estado.

Y señaló que ella será quien quedará “del lado correcto de la historia”.

Esta será la primera vez en la que Rousseff acude al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra el pasado diciembre para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales del 2015.

Esas supuestas irregularidades se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública, lo que, según la acusación, equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña.

La acusación considera que esas operaciones suponen un “delito de responsabilidad”, que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares.

La suerte de la primera presidenta de Brasil está en manos de 81 senadores y si 54 de ellos, dos tercios de la Cámara Alta, votan a favor de su destitución, perderá el cargo, que pasaría a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer, y quien ejerce la jefatura del Estado de forma interina desde el 12 de mayo.

En ese caso, Temer se mantendría en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018, pero si el Senado vota en sentido contrario, Rousseff recuperaría la Presidencia de forma inmediata.

El cambio en la Presidencia supondría además un fuerte viraje político, que ya ha sido palpable en estos meses, puesto que Rousseff defendía un fuerte gasto social y el Gobierno de Temer prepara drásticos cortes presupuestarios, privatizaciones y recortes en derechos laborales para hacer frente a la honda recesión que atraviesa el país.

La mayoría de los 81 senadores ya ha manifestado su convicción de que Rousseff incurrió en las irregularidades que se le imputan y, de hecho, en las dos votaciones anteriores que se realizaron en la Cámara Alta en fases anteriores del proceso, se superaron los dos tercios, con 55 votos en la primera y 59 en la segunda.

La sesión en la que comparecerá Rousseff se prevé larga, comenzará a las 9.00  (12.00 GMT) con una declaración de la mandataria, que durará media hora y podría alargarse otra media con la venia del presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, que preside el juicio político como garante constitucional.

Después se iniciará un turno de preguntas, en el que todos los senadores tienen derecho a intervenir por cinco minutos y en el que Rousseff no tiene límite para exponer sus argumentos.

A continuación se celebrará un debate en el que todos los senadores podrán hablar por diez minutos y en el que la acusación y defensa presentarán sus alegatos finales durante una hora y media, antes de realizar la votación final, que podría tener lugar entre el martes y el miércoles.

Los senadores contrarios a Rousseff mantuvieron reuniones preparatorias este domingo y aseguraron que pretenden hacer preguntas técnicas, restringidas a las maniobras por las que se le acusa, pero avisaron que serán beligerantes si la presidenta les “provoca” .

Estos entenderían como una provocación cualquier alusión a que el proceso se trata de un “golpe de Estado” , tesis que ha defendido Rousseff de forma insistente, o si saca a relucir el escándalo de corrupción en Petrobras, por el que es investigada buena parte de los senadores y diputados de todo el arco parlamentario.

La mandataria suspendida pretende acudir al Senado acompañada de su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y arropada por los movimientos sociales que se concentrarán a las puertas de la sede legislativa.

Este domingo estos grupos de izquierdas realizaron una concentración en el estacionamiento del pabellón deportivo Nilson Nelson, en el centro de Brasilia, en la que participaron unas 400 personas, cifra muy reducida en comparación a las manifestaciones ocurridas en meses anteriores.

Los manifestantes llevaban pancartas como “Fuera Temer” , “el golpe es contra ti”  y “no pierdas tus derechos”  y además habían colocado otro cartel con la leyenda “no al golpe de Estado”  en el Eixo Monumental, la principal avenida de Brasilia.

Temer enfrenta campo minado

Todo indica que Michel Temer asumirá esta semana la presidencia de Brasil si como indican los sondeos el Senado destituye a Dilma Rousseff. Pero no son tiempos de festejos en la mayor economía latinoamericana.

La larga lista de desafíos económicos, políticos, sociales y hasta judiciales anticipan dos años arduos de gobierno, donde deberá oxigenar una economía en una de las peores crisis de su historia y atender a las presiones de la heterogénea base de partidos que impulsó su ascenso.

Todo, bajo la negra sombra del escándalo de corrupción en Petrobras.

Política

A los 75 años Temer es una pieza permanente del ajedrez del poder brasileño. Pero su popularidad es magra  (en torno al 13%) y llegaría al poder de forma accidentada, sin la legitimidad que dan las urnas.

Hombre fuerte del mayor partido de Brasil, el PMDB de centro-derecha, este hombre que asumió de forma provisoria el gobierno de Rousseff, cuando esta fue suspendida del poder, aspira a quedarse hasta fin de 2018. Para eso, construyó su gobierno con un equipo económico prestigioso y un gabinete multipartidario ligado al “centrao”   (gran centro) , un grupo mayoritario en el Congreso, conservador en lo político y liberal en lo económico. Y ahora estará bajo presión para cumplir con los sectores que lo auparon.

“Temer está apoyado por sectores conservadores y vio una oportunidad de llegar a la presidencia. Pero él es un conciliador y nunca defendió la privatización de Petrobras o la venta de tierras, todas ideas que están apareciendo ahora” , dijo a la  AFP  Roberto Requiao, senador del PMDB contrario al impeachment.

“Y si no lleva adelante ese programa radical, no va a resistir las exigencias de esos grupos conservadores, y si lo hace, estallará otra crisis” , añadió.

La fragmentación partidaria es parte del fenómeno que fragilizó a Rousseff.

En sus propias palabras, el expresidente Fernando Henrique Cardoso  (1995-2002) necesitaba tres partidos para lograr una mayoría simple y aprobar un proyecto en el Congreso. Ella precisaba 14, un sistema al borde del parlamentarismo.

Economía

Es el mayor desafío y la mayor apuesta: pasar de un modelo de mayor intervención en la economía a uno de sesgo liberal.

Con el país rumbo a su primer bienio recesivo desde los años 30, el equipo económico de Henrique Meirelles -jefe del banco central durante las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2010) – quiere frenar el gasto, flexibilizar el mercado laboral y reducir el costo de las jubilaciones.

Todos los caminos apuntan a la vuelta del rigor para restaurar los equilibrios macroeconómicos. Y todas esas iniciativas requieren enmiendas constitucionales.

“Ahora tiene que demostrar a qué vino” , dijo Carlos Kawall, economista jefe del Banco Safra y exsecretario del Tesoro Nacional.

Con el desplome del 3,8% del PIB en 2015 y una contracción de 3,1% estimada para este año, Brasil cruje tras un largo aletargamiento. El desempleo marcó un récord de 11,3% en junio, la inflación es de 8,74% y el déficit primario equivale al 2,51% del PIB.

“El nivel de gasto público es insustentable y no hay opciones para resolverlo sin reformas. La llave hoy es el ajuste estructural. Si no lo consigue entraremos en una crisis más profunda” , agregó.

Estallidos sociales

Temer representa el poder del “establishment”  en Brasil y el Partido de los Trabajadores  (PT) de Rousseff encarnaba la idea de cambio.

Ahora, el PT apuesta a un renacer de los movimientos sociales, que durante más de 13 años se beneficiaron con la amplia agenda de derechos y programas como Bolsa Familia.

“El ajuste hará perder fondos a los movimientos sociales, que durante los gobiernos del PT fueron próximos, quedaron muy ligados al poder, y ahora pueden reorganizarse” , dijo Luiz Alberto de Souza, sociólogo de la Universidad Candido Mendes, en Rio.

“Los sindicatos se pondrán en movimiento con las reformas” , apuntó Kawall.
 

Corrupción

La corrupción en Petrobras, una confabulación empresarial y política que desvió millones de dólares de la estatal pertrolera, no esquivó al gobierno interino.

En su primer mes de gobierno interino, Temer perdió tres ministros por el “Petrolao”  y su nombre fue mencionado en delaciones hechas por acusados que buscan una reducción de sus condenas.

Temer negó los señalamientos y no está siendo investigado. Pero el caso fue la bandera de las manifestaciones que sustentaron el impeachment.

También enfrenta una investigación del Tribunal Superior Electoral sobre presunta financiación ilegal durante la campaña que alcanza a la fórmula que integró con Rousseff.

La medida fue dictada por el Teori Zavascki, uno de los 11 magistrados del Supremo, que la fundamentó en las numerosas acusaciones que pesan contra Cunha por el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras, por las que incluso ya se ha iniciado un juicio formal en su contra.

Cunha es el segundo en la línea de sucesión del Estado brasileño y podría convertirse en el primero si prospera el juicio político que tramita contra Rousseff y es separada del cargo por el Senado y sustituida por el vicepresidente Michel Temer a partir de la semana próxima.

La posibilidad de que Cunha asuma la presidencia en forma interina ante un eventual viaje de Temer al exterior, en caso de que éste sustituya a Rousseff, causó preocupación en el Supremo, que el jueves mismo tenía previsto analizar esa situación.

Sin embargo, Zavascki se adelantó y decidió por adoptar la medida cautelar, que atendió una petición formulada por la Procuraduría General.

Además de los procesos en la Corte Suprema, el Consejo de Ética de la Cámara Baja investiga si Cunha mintió al Congreso al negar la existencia de esas cuentas, que fueron confirmadas por la propia justicia helvética, que colabora con las autoridades brasileñas.

Cunha es actualmente el segundo en la línea de sucesión presidencial y, si Rousseff es suspendida por el Senado para iniciar un juicio de destitución, quedará como el primero en la línea detrás del vicepresidente Michel Temer, que reemplazaría a la mandataria.

La decisión del Senado está prevista para el 11 de mayo.

Polémico y poderoso legislador que se convirtió en la némesis de Rousseff, Cunha es además el único político protegido por fueros que está siendo juzgado por la corte suprema en una causa que indaga si cobró al menos 5 millones de dólares para facilitar un negocio con navíos sonda en la estatal Petrobras.

En diciembre, cercado por denuncias en su contra y amenazado en la propia cámara de diputados con perder su mandato por faltas éticas, autorizó un pedido de impeachment contra la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas.

Ese proceso dejó a Rousseff al borde de perder la presidencia de una de las mayores economías del mundo y desató una crisis política sin precedentes en la historia moderna del país.

“Necesitamos entender que ese proceso no va a traer estabilidad política al país porque rompe la base de la democracia. Se trata de un golpe”, afirmó la jefe de Estado en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.

Rousseff dijo que el juicio político con fines destituyentes aprobado por la Cámara de Diputados el domingo y cuya apertura está ahora en manos del Senado agravará aun más la recesión económica enfrentada por el país.

“Sin democracia Brasil no se transforma y no recuperamos la capacidad de impulsar el crecimiento económico. Para crecer y combatir la pobreza se necesita de estabilidad política”, aseguró.

Agregó que la economía sólo se recuperará en caso de que el Congreso rechace la apertura del juicio político y los partidos acepten la “repactuación democrática”  propuesta por el Gobierno para restablecer la normalidad en las instituciones y darle condiciones al país de volver a crecer.

Rousseff reiteró que se siente víctima de una gran injusticia debido a que el juicio político en su contra no tiene base legal.

“No hay la menor base legal para ese proceso. No tengo ningún problema en lo que se refiere a irregularidades. Soy una persona contra la que no hay ningún proceso de corrupción o pruebas de cualquier tipo de irregularidad con dolo y mala fe”, dijo.

Justifican proceso

Afirmó que las supuestas maniobras en los balances fiscales de su Gobierno que la oposición usa para justificar el proceso no pasan de prácticas contables que fueron usadas por anteriores Gobierno y que puede cambiar si provocan divergencias.

“Decir que está previsto en la Constitución es una media verdad porque no dicen que es necesario un crimen de responsabilidad para poder usarlo. No estamos en un régimen parlamentario. No basta un voto de desconfianza para el gobernante salga” , afirmó.

Rousseff aseguró que el proceso en su contra no pasa de una ruptura constitucional por estar revestido de un “pecado original”  que es la falta de base jurídica, y que no necesita ser un movimiento armado para ser tildado como un golpe.

Dijo que otro agravante es que todo el proceso fue impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como venganza por la decisión del Gobierno de no ayudarlo a frenar los procesos por corrupción que el legislador enfrenta tanto en el Legislativo como en la Justicia.

Investigado por corrupción

“El presidente de la Cámara está siendo investigado por corrupción y en ese momento él quería tres votos del partido del Gobierno para hundir el proceso en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara. Nos negamos a aceptar eso y ahí, por venganza, comenzó el proceso” , dijo.

“Soy víctima de un proceso en que mis juzgadores tienen un historial que no los abona para ser jueces de nada sino para ser reos” , agregó en referencia a Cunha.

Según Rousseff, todas esas circunstancias le permiten decir que es víctima de un proceso basado simultáneamente en una injusticia, en un fraude jurídico y político y en un intento de golpe.

En su opinión, la recesión en Brasil tampoco puede ser usada como motivo para el proceso en su contra debido a que no la pueden culpar por la crisis económica internacional ni por el fin de los precios elevados de las materias primas en los mercados mundiales.

“Si la crisis económica fuese un argumento para sacar presidentes, no habría ningún presidente en pié en los países desarrollados que enfrentaron crisis más graves y pérdidas de empleos mayores que las de Brasil”, dijo.

Temer esperará en silencio

 El vicepresidente brasileño, Michel Temer, que asumirá la jefatura del Estado en caso de que el Senado inicie un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, dijo el martes que esperará en silencio la decisión de la Cámara alta.

“Voy a esperar la decisión del Senado de forma muy silenciosa y respetuosa” , aseguró Temer a periodistas que lo esperaban frente a su residencia particular en Sao Paulo, en donde permanece desde el lunes en un intento de aislarse de la crisis en Brasilia.

Tras la histórica votación del domingo en que el plenario de la Cámara de Diputados le dio vía libre a la apertura de un juicio político con fines destituyentes contra Rousseff, el caso quedó en manos del Senado, cuyo pleno prevé votar la petición en las primeras semanas de mayo.

Y si la presidenta llega a ser destituida por el Senado, su vicepresidente asumirá en forma definitiva.

“Es el Senado el que da la última palabra sobre la materia y, por tanto, sería inadecuado que yo dijese cualquier cosa antes” , aseguró el vicepresidente.

Temer prometió silencio tras las acusaciones de “conspirador”  que le hizo la jefe de Estado en una rueda de prensa el lunes y en la entrevista que le concedió a corresponsales extranjeros este martes.

Es “extremadamente inusitado, extraño, pero sobre todo espantoso, que un vicepresidente en ejercicio de su mandato conspire abiertamente contra la presidenta” , aseguró Rousseff, que viene atacando a Temer desde que la semana pasada, en un audio supuestamente filtrado a la prensa, el vicepresidente dio por hecho la destitución de la titular.

Según versiones de prensa, Temer se ha reunido con dirigentes de diferentes partidos y algunas personalidades para definir el Gabinete que anunciaría en caso de que tenga que asumir el poder.

Según la mandataria, ninguna democracia del mundo respetará a un vicepresidente que actúe como “traidor” .

El vicepresidente es el principal líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) , la mayor fuerza electoral del país y que era el principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores  (PT) en el Gobierno hasta el mes pasado, cuando decidió salirse de la alianza oficialista.

Senado decidirá

La Cámara de Diputados aprobó el domingo recién pasado por una aplastante mayoría  (367 votos a favor, 137 en contra) transmitir un pedido de impeachment de Rousseff al Senado, donde se decidirá si hay base para abrirle un juicio por presunto maquillaje de las cuentas públicas.

Si la moción se aprueba y el juicio se instala, Rousseff sería separada transitoriamente del cargo y sustituida por Temer, a la espera de que los propios senadores declaren en un plazo máximo de 180 días a Rousseff culpable o inocente.

El vicepresidente y su partido, el centrista PMDB, salieron hace un mes de la coalición del gobierno y asumieron la bandera de la destitución.

    Rousseff ha llamado “traidor”  y “conspirador”  a Temer, asegurando que se habría sumado a la cruzada por su destitución porque no puede llegar al poder por las urnas.

    En el último sondeo de la firma Datafolha, Temer de hecho obtuvo entre 1% y 2% de la intención de voto de cara a las elecciones de 2018.

“Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero” , dijo la mandataria, quien consideró “justo y legítimo”  que las Cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año.

Sin embargo, apuntó que “el Congreso puede volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes” .

Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados del año pasado, que según los órganos de contraloría del Estado fueron “irregulares”  y continuaron en 2015, no bastan para iniciar un proceso de destitución.

Según Rousseff, Brasil “tiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas”  que deben actuar dentro del estricto marco del Estado de Derecho.

“Somos capaces de convivir democráticamente y por eso la gran importancia del Estado de Derecho”  y de la “preservación de la más absoluta legalidad”  para garantizar la “unidad”  del país, dijo.

Según la mandataria, “el país precisa de unidad, pero eso depende del respeto de la legalidad”  y de que “todo este proceso sea hecho bajo la luz de la legalidad” .

Rousseff conversó con periodistas tras una reunión con un grupo de unos treinta juristas con los que analizó las acusaciones en su contra y el juicio al que puede ser sometida.

Según una nota divulgada por la Presidencia, “todos”  los juristas reunidos por Rousseff rechazaron su posible enjuiciamiento, ya que consideran que en la acusación “no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad” .

Esa opinión es totalmente contraria a la que sostienen tanto la oposición como un grupo de abogados que han pedido procesar a la mandataria, quienes aseguran que las maniobras fiscales del Gobierno constituyen un “delito de responsabilidad” , que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

La apertura del proceso será decidida por una comisión especial de la Cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, que será instalada hoy mismo y tendrá un plazo mínimo de quince sesiones, aún no definidos en términos de días, para llegar a una conclusión.

Presentará defensa

Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de 10 sesiones para presentar por escrito su defensa.

Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.

En caso de que los legisladores lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.

El proceso fue aceptado a trámite el pasado miércoles por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, uno de los cincuenta políticos investigados por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Cunha y Rousseff, ambos en la cuerda floja, son declarados enemigos políticos y en los últimos días se han enzarzado en un cruce de acusaciones.

A pesar de la presión, Rousseff se ha mostrado “tranquila”  ante la apertura de un juicio político al considerar que no existen razones que fundamenten su destitución.

La oposición, en cambio, argumenta que las maniobras fiscales suponen un “delito de responsabilidad” , que de acuerdo con la Constitución es una de las causas que pueden llevar a la destitución de un jefe de Estado.

El temporal político ha dejado al país prácticamente polarizado a favor o en contra de la salida de la mandataria y los movimientos civiles han comenzado a articularse en ambas direcciones.

El PT y la Central Única de los Trabajadores, la mayor central sindical de Brasil, se reunirán los próximos días para definir la agenda “antiimpeachment” , mientras que los movimientos que apoyan la salida de la presidenta ya han convocado un acto el próximo 13 de diciembre.

La apertura del juicio ha sacudido el país y ha paralizado la agenda económica del Ejecutivo en un momento en el que el país se encuentra sumido en su peor recesión en las últimas décadas, con una inflación próxima a los dos dígitos y una escalada de los índices de desempleo.

La ralentización de la aprobación del paquete de ajuste fiscal lanzado por el Gobierno añade más presión sobre la fragmentada economía brasileña y aumenta las posibilidades de que el país pierda su “grado de inversión” , enredando todavía más la situación del mayor país de Latinoamérica.