El 12 de enero del 2007, el Banco del Comercio no abrió sus puertas al público y comenzó la pesadilla para 12 mil 500 cuentahabientes.

Las operaciones de la entidad comenzaron en 1993, cuando constituyó la offshore Organizadora de Comercio, en Panamá, que tenía como finalidad captar fondos por medio del banco, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), por las cuales ayer fueron detenidas 12 personas y otras ocho fueron citadas para rendir declaración.

Dos años después de la inauguración del banco se otorgó la representación legal a Jorge Ibarra Rivera Iglesias —prófugo—, integrante hasta entonces del Consejo de Administración.

En 1995 también se abrió la cuenta de depósitos monetarios de Organizadora de Comercio, y en el 2002 se creó Organizadora del Comercio, la segunda de las sociedades anónimas que serviría para captar fondos en forma ilegal, informó ayer el órgano investigador, en conferencia de prensa.

Comienza la estafa

El Banco de Comercio ofrecía al público inversiones por medio de pagarés, según el MP.

El inversionista depositaba su dinero en esa entidad bancaria, pero los fondos eran acreditados en la cuenta a nombre de Organizadora del Comercio. A cambio, el ahorrante recibía un “certificado de custodia de inversión en valores”, sin valor legal.

En el “certificado de custodia de inversión en valores” se omitió  el nombre de la entidad a la que era destinada la inversión, se indicó.

En noviembre del 2006, la cartera de crédito del banco aumentó de Q40 millones a Q160 millones. Un mes después, alertados por una crisis bancaria, los clientes solicitaron a Organizadora del Comercio S. A., y a Organizadora de Comercio —Panamá— el pago de sus inversiones.

Entre diciembre del 2006 y enero del 2007 la entidad enfrentó dos desencajes. El 10 de enero del 2007, la Junta Monetaria solicitó a la Superintendencia de Bancos   un informe sobre la situación financiera del banco, en el que se desvirtuaran los señalamientos sobre la mala situación financiera, y resolvió suspender sus operaciones, según la investigación del MP.

Tres caminos

Existieron al menos tres formas con las que el Banco de Comercio habría estafado y lavado dinero, indicaron fiscales.
El banco otorgó préstamos sin garantía a empresas vinculadas y estas trasladaron los fondos a favor de Organizadora de Comercio. En un mes, entre noviembre y diciembre del 2006, se otorgaron préstamos por Q288 millones a 26 empresas.

Estas firmas recibían el dinero del banco, que luego se depositaba en la cuenta de Organizadora del Comercio, S. A.
La segunda forma identificada por los fiscales fue la emisión de pagarés, distribuidos en personas individuales o jurídicas. Los fondos también retornaron al banco por medio de la cuenta Organizadora de Comercio, S. A.

Una tercera forma de operar fueron los préstamos recibidos por empresas, cuyo dinero transfirieron a Organizadora de Comercio, S. A., en Panamá, y luego a cuentas en Miami, Estados Unidos.

Organizadora de Comercio y Organizadora del Comercio, S. A., captaron Q2 mil 499 millones 585 mil 142.47.
Durante los allanamientos de ayer fueron incautadas dos armas, una a nombre de Arrendadora del Comercio, 14  tolvas, dos vehículos y documentos relacionados con el banco.  

Los 12 detenidos —tres exempleados del banco y nueve representantes legales de empresas vinculadas con la entidad— son señalados de lavado de dinero, intermediación financiera y estafa.

El jueves, el Juzgado de Mayor Riesgo A les hizo saber el motivo de su detención y serán escuchados en primera declaración el próximo 4 de noviembre.

Expediente

Antes de que una fiscalía especial se hiciera cargo del caso del Banco del Comercio, el expediente fue investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Raúl Maldonado, uno de los afectados, dijo que López y Sánchez habrían retardado maliciosamente las investigaciones.

El 30 de mayo del 2013, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal ordenó que las pesquisas alcanzaran a María Antonieta del Cid de Bonilla, expresidenta del Banco de Guatemala, y al ex superintendente de Bancos  Willy Zapata.

De la participación de esos exfuncionarios, de Carlos Lowenthal Arceyuz y Jorge Ibarra Rivera Iglesias, no se excluye a nadie y  el caso continúa en investigación, informó la subsecretaria del MP, Ana Guzmán.

Prensa Libre consultó a Del Cid de Bonilla sobre los señalamientos en su contra y respondió: “Las actuaciones fueron de Junta Monetaria como cuerpo colegiado y basadas en lo que establece la Ley”.

También se intentó obtener una opinión de los fiscales López y Sánchez, pero no respondieron las llamadas.
Investigadores confiaron a este periódico que unas 60 personas son investigadas por el caso.

Clientes estafados

Alberto Santandrea

“Era el dinero de mi vejez. Trabajé como albañil, tengo 85 años. Yo vivía en la Bethania —zona 7—, nunca pude tener una casa propia. No tengo hijos. Cuatro meses antes de que el banco amaneciera cerrado yo saqué Q6 mil para enterrar a mi mamá. Perdí Q50 mil y ahora vivo en la casa de mi hermana, en la zona 18. Perdí el dinero; así es. Perdí también la vergüenza, porque he llegado hasta a pedir limosna. Siempre me pregunto por qué no saqué el dinero del banco”.

Adrián Arrivillaga

“En mi caso fueron Q100 mil. Resulta que un día antes de que anunciara la quiebra o cierre de ese banco, como tenía mi cuenta de ahorro, pero los intereses habían bajado demasiado, entonces les dije que iba a retirar mi dinero porque ya no me convenía, y entonces me convencieron de que había otros planes, otras opciones, y les pregunté que si era seguro y me dijeron: sí, aquí este banco es bien sólido, tiene un fundamento y está avalado por la Superintendencia”.

Germán Márquez  

“El Banco de Comercio se presentaba como grandes personas. Yo tenía mucha confianza en ellos… Nunca pensé que llegaran a hacernos una trastada. Yo tenía allí un dinero y con el deseo de tener un fondo decidí depositar mis ahorros a plazo fijo. Lo que a mí me estafaron fueron Q125 mil. Vamos a cumplir ya 10 años y hasta hoy que estoy, que andan otra vez tras la búsqueda de estos señores. Yo he sufrido mucho, incluso tuve malos pensamientos en contra de mí mismo”.

Felipe  Márquez

“Tengo 84 años. Después de tanto ahorrar para mi vejez, el 21 de agosto del 2006 deposité en el Banco del Comercio Q56,332.52… El 11 de enero del 2007 tenía una finca en San Raymundo que la estimé por 50 años, y por la necesidad de comprar una casa en la colonia Bethania la vendí en Q140 mil. Los deposité el 11 de enero del 2007. Esto es mi pérdida y lloro porque ahorré para mi vejez, y aquí estoy con artritis degenerativa… A ver qué hacen por nosotros”.

El Sistema Penitenciario (SP) es tierra de nadie y se calcula que hacinamiento general supera el 200 por ciento de la capacidad de las cárceles del país, debido a la cantidad de reos en prisión preventiva o los que ya cumplieron su pena y aún no son liberados; a ello se suman las talachas y extorsiones impuestas a los detenidos de nuevo ingreso.      

El descontrol se refleja además en el trasiego de celulares, licores y drogas, así como en el manejo de redes extorsivas desde las prisiones.

Hace más de un año que no se nombra director, y en lo que va del 2016 hubo un incremento marcado de muertes violentas, según el  informe más reciente de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

La ausencia del Estado dentro y fuera de los centros carcelarios —con aproximadamente 20 mil 784 reos—  es evidente, coinciden analistas. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, considera que esto “es parte del día a día de la reforma del Sistema Penitenciario”.

Cárceles sin cabeza

La cantidad de reos duplica la capacidad de los centros, según las estadísticas de la PDH, pero en prisiones como El Boquerón las cifras se acercan al 600 por ciento; en el Centro de Orientación Femenina, el 411, y en Los Jocotes, Zacapa, el 405.  

Hace más de un año, los centros carcelarios, sin embargo, no cuentan con ningún director o subdirector. En julio del 2015, las autoridades del Ministerio de Gobernación decidieron rescindir los contratos de directores y subdirectores para ahorrar recursos, afirma Corinne Dedik, analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

La ausencia de autoridad ha ido de la mano con el incremento de muertes trágicas en los penales.

La PDH califica esta situación como “exponencial”.  En el 2015 se registraron 54 casos, y entre el 2010 y el 2014  fueron 23. De enero a agosto de este año ocurrieron 90 muertes y 40 fueron catalogadas como violentas.  

“Si el director falta, no hay un responsable que supervise de acuerdo a normas y protocolos. Para no dejar los centros sin directores se optó por poner a un guardia interino como director  de centro”, explica Dedik.

Este guardia cambia con cada turno, “algo que es todavía peor, porque el compromiso para cubrir ese puesto es temporal”, agrega la analista.

“En el Preventivo de la zona 18 hay cuatro mil 800 personas y 80 guardias. Resultan ser como 30 que se quedan en el centro, porque los demás salen a audiencias, hospitales y otras diligencias. Prácticamente, adentro de los centros penales el reo tiene que ver cómo convive con todos los demás, porque hay una ausencia de Estado”, comenta Gerardo Villamar Ramírez, defensor del Debido Proceso de la PDH.

De los cuatro finalistas se seleccionaron dos para hacer sus nombramientos, pero cuando ocurrieron los hechos en Pavón (el asesinato de los reos),  los únicos dos aspirantes que quedaban no aceptaron”, refiere Rivas Lara. Planean hacer otra convocatoria.

Faltan registros

La investigación estableció que la prisión preventiva “tiende a aplicarse desproporcionadamente a personas de bajos recursos”. Uno de cada dos detenidos preventivamente  pasa en la cárcel 10 meses.

Hay un alto número de reos  que cumplieron su condena, pero no consiguen recuperar la libertad debido al registro inadecuado del Estado, por lo que la responsabilidad queda en los acusados o sus defensores de mantener el récord procesal, resalta el informe preliminar de la PDH.

La Ley debe interpretarse en forma extensiva, en beneficio del reo. La correcta aplicación de este es una medida contra el hacinamiento, explica el abogado penalista David Pineda.  

Las leyes en el país contemplan una variedad de formas fuera de la prisión y que no obstaculicen la investigación, como el arresto domiciliario y la existencia de un garante que responde por la otra persona, así como cauciones económicas, entre otras. La prisión preventiva funciona bajo el lineamiento de “lo detengo para investigarlo”, dice.

La Ley de Régimen Penitenciario establece el régimen progresivo, pero no se ha implementado.

Esto permitiría que un reo que tiene 20 años de condena pueda ingresar a ese programa y obtener libertad condicional después de cierto tiempo, con la supervisión del SP, detalla Zoel Franco, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

Franco opina que las empresas propiedad de los  reos potencian relaciones desiguales de poder. Debiera ser el mismo Estado el que ofrezca las oportunidades de trabajo en los centros carcelarios.

Acciones

El Ministerio de Gobernación contratará a un equipo para analizar las mil solicitudes de redención de penas que presidiarios han entregado a sus abogados, dice Rivas Lara.

Además del fichaje electrónico que se hizo en El Boquerón, se implementarán controles electrónicos similares a los de los aeropuertos en ocho cárceles, en diciembre próximo. También dijo que se habilitarán seis clínicas para que los reos ya no vayan a hospitales.

Exdirectores desde 2016

1. Francisco Javier  de la Peña
2. Sandra Elizabeth Zayas Gil
3. Alejandro Estuardo Giammattei Falla
4. Carlos Roberto De León Roldán (interino)
5. Víctor Hugo Rosales Ramírez
6. Carlos Roberto De León Roldán (interino)
7. Ana Margarita Castillo Chacón
8. Álvaro Arreaza Sánchez
9. Gustavo Adolfo Gaitán Lara
10. Eddy Amílcar Morales Mazariegos
11. Giulio Antonino Talamonti Gudiel
12. Eddy Amílcar Morales Mazariegos
13. Luis Alberto González Pérez
14. Nicolás García Fuentes (interino)
15. Édgar Josué Camargo Liere
16. Antony Giovanni Pivaral de León
17. Silvia Argentina Guinea (en funciones)
18. Alexander Toro Maldonado
19. Luis Carlos De León Zea
20. Nicolás García Fuentes

Morales Marroquín declaró el 7 de septiembre en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y Morales se presentó el lunes 12 en la investigación que se abrió por su presunta participación en el caso del Registro de la Propiedad, confirmó el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

El martes último, fiscales de la Feci secuestraron, en el Registro General de la Propiedad, expedientes y papelería relacionada con una compra de canastas navideñas en el 2013.

Las pesquisas los condujeron a dos testigos: los padres de la ex novia del hijo del presidente.

De acuerdo con fuentes del Registro General de la Propiedad, José Manuel Morales Marroquín le pidió a su tío que lo ayudara a conseguir una factura para justificar la compra de las canastas.

Este fue el documento contable de Fulanos & Menganos que la Contraloría General de Cuentas encontró en las auditorías y que sirvió como base para presentar la denuncia por la que hoy son procesados algunos de los 18 sindicados en el caso de corrupción del Registro.

“Ellos dieron información sobre lo que tenían conocimiento…  estamos analizando”, afirmó Sandoval.

El fiscal aclaró que ambos se presentaron voluntariamente “después de escuchar  las imputaciones sobre el caso”.

Viejos amigos

Tras la publicación de un video, en el cual presidente Morales aclaró que su hermano y su hijo rindieron su declaración en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), relacionada con el caso del Registro de la Propiedad, empezaron a salir a luz los vínculos familiares y de amistad con sindicados.

Entre estos sobresale  uno de los financistas del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Othmar Sánchez Herrera, actual diputado al Parlamento Centroamericano.

En voz de la jueza

El martes 6 de septiembre, durante la audiencia de primera declaración de 18 implicados por el caso Botín Registro de la Propiedad, la jueza Silvia de León leyó una declaración del MP en la que se mencionó a Morales Marroquín  y ordenó investigar su existencia y  participación para conseguir las facturas.   En un comunicado,  la Cicig afirma que tío y sobrino rindieron declaraciones “sobre su participación en hechos relacionados a eventos de cotización y contratación en el Registro General de la Propiedad”.

“Con fundamento en esta nueva información, el MP y la Cicig están desarrollando las diligencias de investigación y verificación necesarias y pertinentes para determinar el grado de responsabilidad penal de estas y otras personas”, señala el comunicado, que ofrece “prontos” resultados.

Morales se pronuncia

En un video difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el mandatario Jimmy Morales afirmó que su hijo y su hermano se presentaron voluntariamente a testificar en la Fiscalía.

El gobernante aclaró que su hijo se encontraba en el extranjero y él le pidió que regresara y se presentara en el Ministerio Público.  

“Creemos que en la vida las situaciones por difíciles que sean o que parezcan deben resolverse de la manera correcta”, afirmó el gobernante en el video que dura dos minutos.

Morales dijo que su mensaje en televisión será la única ocasión en la que se refiera al tema y que confía en las instituciones de justicia del país.

El departamento de Recursos Humanos y Financiero del Registro de la Propiedad fue allanado este jueves por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP).

También fue allanada la vivienda de De León, en busca de evidencia que sustente los señalamientos. La exfuncianria fue detenida en su residencia, en el Condado Naranjo, zona 4 de Mixco, por orden del Juzgado Sexto Penal.

La Feci accionó este jueves en el Registro de la Propiedad, cumpliendo 19 allanamientos relacionados con la administración de De León, en el período del 2013 al 2015. 

La Fiscalía informó que el operativo es para cumplir con ocho órdenes de captura en contra de personal que estaría involucrado en al menos 16 contrataciones irregulares en esa dependencia.

Los investigadores han desarrollado 19 allanamientos en varias oficinas, residencias y negocios. El operativo finalizó con la captura de 22 sospechosos y queda pendiente la aprehensión de otros cinco. Detalles de la pesquisa fueron dados por la fiscal general, Thelma Aldana, en conferencia de prensa en la sede central del MP, en el barrio Gerona, zona 1, en la cual participó el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.

La audiencia de primera declaración se programó para este viernes, informó la jueza Silvia de León Santos, quien controla el expediente del caso. Los detenidos fueron enviados al Preventivo para Hombres de la zona 18, y la cárcel para mujeres Santa Teresa. Una de las detenidas, que se encuentra en estado de gestación, permanecerá en la carceleta de la Torre de Tribunales.

De León se opuso a permanecer en la misma prisión que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y solicitó ser remitida a la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, pero la jueza negó la petición a la exfuncionaria.

Capturados

1. Gladys Anabella De León Ruiz
2. Samantha Marisol Mejía Salguero
3. Gabriela María Caridi
4. Otto Waldemar Flores Villeda
5. Patricia Nohemí Chacón
6. Blanca Elizabeth Amaya Morales
7. Jennifer Alejandra Flores Villeda
8. Selvin Alexander Aquino Flores
9. José Manuel Amaya Morales
10. Óscar Alberto Aquino Flores
11. Heidi Roxana Pirir Gómez
12. Bianca Yaneth Chacon Barillas
13. William Enrique Valdez Segura
14. Yoni José Valenzuela Mejía
15. Randy Paul Gómez Pérez
16. Donald Joseph Byrne
17. Miriam Estela Hernández Cisneros
18. Óscar Raúl Alecio Del Cid
19. Gustavo Azurdia Morales
20. Edwin Ariel García Alvarado
21. Joan María Ponce Sánchez
22. Esperanza Josefina Castellanos

Pendientes de aprehensión

• Ana Verónica Barrios Moreno
• Génesis Daniela Alvarado Xona
• Roosevelt Aparicio Aldana Espindola
• Carlos Gilberto Solórzano Morales
• Ernesto Suray Vásquez

La investigación

La Feci abrió una investigación en contra de la exregistradora y en julio pasado informó que las pesquisas se dirigían hacia irregularidades en el manejo de Q66.2 millones en el Registro de la Propiedad durante su administración.

La primera denuncia  contra De León,  presentada el 2 de septiembre del 2015, fue por Q657 mil 999.99.  La segunda fue una ampliación a Q2 millones 947 mil 933.29.

En la primera de las acusaciones fueron señalados cuatro contratistas  “que laboraban simultáneamente en otras instituciones del Estado. En la segunda, el número de trabajadores se amplió a 13.

Los auditores cruzaron horarios, testimonios, contratos y acreditaciones y encontraron, por ejemplo, que algunos de ellos laboraban  “simultáneamente” en el Registro de la Propiedad  Central y en el de Quetzaltenango.

Los sindicatos del RGP, que también presentaron denuncias, identificaron a   Samantha Marisol Mejía Salguero como la encargada de realizar las contrataciones.

Mejía Salguero es la exesposa de Vernon González,  quien fue  abogado del Partido Patriota y enfrenta cargos por coaccionar, junto al exdiputado Gudy Rivera, a la exmagistrada Claudia Escobar.

Otras denuncias

De León deberá  responder, además, por otras cinco denuncias presentadas por la CGC entre septiembre del 2015 y febrero del 2016.

La primera de estas indica que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 se pagaron prestaciones laborales al personal contratado en el renglón 035 —llamado de destajo— por Q15 millones 486 mil 760.20, los que no correspondía remunerar.

La segunda hace alusión al uso del programa informático Fénix, que no fue autorizado por la CGC. “Además de no ser confiable, en este sistema no se registran en su totalidad los ingresos”, indica la información oficial proporcionada por la entidad.

“En el período auditado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se registraron Q321 millones 929 mil 113. 90 de los que en el Sicoin web solo aparecen registrados Q274 millones 297 mil 226.16 siendo la diferencia de Q47 millones 631 mil 887.74, que corresponde a devoluciones por medio de transferencias a usuarios”, agrega el informe.

La tercera se refiere a un pago de facturas emitidas  por Carnes y Ensaladas, Sociedad Anónima, Fulanos y Menganos, por Q90 mil  de desayunos para 564 personas, y otra emitida por el Rincón del Chef por Q51 mil 878.60 que corresponde al montaje para la evaluación de desempeño laboral de los trabajadores del RGP.

La comisión de auditoría, no obstante, constató que esta actividad no se efectuó. El total  de la denuncia es de Q141 mil 978.60.

Dos acusaciones más, presentadas el 28 de enero y el 8 de febrero del 2016, señalan anomalías en la ejecución de los  presupuestos del 2013 y del 2014.

A estas se suma una más,  por la Procuraduría General de la Nación el 16 de septiembre del 2015,  que hace hincapié en el “aumento de contratación de manera irresponsable de personal” y la firma del pacto colectivo que daña las finanzas del RGP.

*Con información de Glenda Sanchez

Prensa Libre visitó el miércoles en la noche y la  madrugada del jueves cuatro lugares en las zonas 1 y 4 capitalinas donde los desamparados conviven en grupos de entre cinco y 20.  Estas son sus historias.

De California a las calles del país

Víctor Antonio García González fue deportado desde California  hace  varios años.

Desde entonces vive en las calles de los alrededores del Hospital General San Juan de Dios. “Ya llevo cinco años de vivir en las banquetas que me sirven de colchón; en Guatemala no tengo ningún familiar y cuando me regresaron no tenía a dónde ir. Ya nadie estaba aquí”, dijo.

Cuando vivió en  Estados Unidos laboró en construcción en varios estados. California, Idaho y Oregón fueron buenos lugares para vivir y hacerlo dignamente, según recordó.

“Al regresar  empecé a buscar trabajo, pero como tengo manchados mis antecedentes  nadie quiere emplearme; cuando busco lo primero que me piden son varios documentos, pero imagínese a mí no me alcanza ni para comer, mucho menos para gastar en sacar mis papeles”, lamentó, mientras llamó “desquiciados” a quienes han atacado a los indigentes.

Un hogar entre drogas y limosnas

Marvin Álvarez salió de su casa en San José Pinula debido a su adicción. Aunque solo cuidaba carros en un supermercado y lustraba zapatos, para él “todo iba bien”, hasta que sus padres murieron y él comenzó a consumir drogas.

“Ahora vivo junto a María Herminia. Ella es mi pareja y esperamos un bebé. Estoy muy feliz porque ella vive aquí en la calle conmigo y cuando tengamos a nuestro hijo comenzaré una nueva vida”, afirmó con alguna emoción.

Aseguró que él cuida mucho de su pareja para que nadie le haga daño. “Ella no consume drogas y me hace compañía para poder buscar comida y luego criar a nuestro hijo”, subrayó.

Comentó que lo han querido matar en varias ocasiones porque lo acusan de ladrón, aunque él solo pide comida y dinero, con lo cual algunas veces cenan pan con huevo, los cuales cocinan en la calle “donde nos protegemos y cuidamos para que no nos dañen”.

Marlon espera que solo sea “mala racha”

Marlon Rosales Granados, de 50 años, vive junto a su hermano mayor, Mynor, 60, desde hace varios meses en la calle.
“Cuando mi hermano se quedó desempleado por una enfermedad, tuvimos que desalojar el cuarto que alquilábamos en la zona 2. Hemos buscado trabajo, pero por la edad nadie nos da nada formal. Yo limpio las gradas de un edificio, y me dan Q20”, revela.

Asegura que el dinero que le pagan y lo que recaudan por los pequeños trabajos que hace su hermano, les sirve para comer y comprar artículos básicos de aseo personal.

“Lo primero que hago cuando despierto es guardar mis cosas: un par de tenis, cinco camisas, igual número de pantalones, tres pares de calcetines, dos bóxer, cuatro playeras, dos chumpas y dos pares de zapatos, que por cierto cuido mucho porque son muy importantes para caminar por las calles del Centro Histórico y buscar las latas que recolecto para vender”, reveló.

Marlon cree que la  “mala racha” que afrontan pasará, porque Dios no los olvida y le permitirá encontrar un empleo para vivir bajo un techo.

“Desde que me gradué de perito en Comunicación en los años ochenta siempre he trabajado en diversos quehaceres… El vivir en la calle es realmente duro, y muchas veces despierto por las noches para asegurarme de que nadie esté  acechando para hacernos daño”, puntualizó.

Miedo y  angustia son dos palabras con las que varios indigentes de la capital describen los últimos meses en las calles, donde por lo menos  16 de ellos  han muerto con similares patrones de violencia solo en este año.  

Prensa Libre visitó  el miércoles en la noche y la  madrugada de ayer cuatro lugares en las zonas 1 y 4 capitalinas donde los desamparados conviven en grupos de entre cinco y 20.

Aunque varios de ellos estaban bajo los efectos de  alcohol o alguna droga, la mayoría dijo estar enterada de la oleada de muertes que  los ha acechado en los últimos meses.

“Son unos desquiciados”, comentó uno de los indigentes respecto de las personas que han atacado a algunos. Reunidos en pequeños grupos, al ser entrevistados  afirmaron que no se explican por qué los están atacando.

De hecho, algunos dijeron  tener  claro quiénes han agredido a otras personas sin hogar.

Varios de los desamparados, y en distintos puntos de la ciudad,  aseguraron que se trata de “indigentes que son bastante violentos” y que incluso sería un grupo que frecuenta la Plaza de la Constitución, zona 1. 

Los cuatro grupos que fueron visitados coincidieron en que, ante los ataques, han tenido que acuerparse entre sí y mantenerse unidos.

Incluso, algunos que solían dormir en lugares apartados ahora buscan hacerlo en sitios más transitados y donde  se sepa que pasa más de algún autopatrulla durante la noche o la madrugada.

Relataron que una noche sintieron que alguien los observaba y al despertar, un individuo los insultaba y les gritaba: “Los voy a matar”.

Investigan

La línea de investigación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida coincide con los relatos de los desamparados.

El autor de algunas de las muertes podría ser otro indigente, “por los lugares y horas” en que ocurrieron estas, de acuerdo con el fiscal  José Olazabal.

Los ataques se han concentrado en las zonas 1, 6 y 9 de la capital, y las víctimas tenían en común que presentaban golpes en la cabeza causados con objetos cortocontundentes. En ninguna escena de los crímenes se han encontrado armas.

Un testigo relató a la Fiscalía que, en el caso del indigente asesinado en la zona 9, entre el martes y miércoles últimos, un hombre llegó al lugar alrededor de las 23 horas del martes y atacó a  un sujeto de 55 años —el que  murió— y otro de unos 75, quien sobrevivió.

Todo lo que los investigadores tienen en su poder es una almohada con rastros de sangre, una tabla que hacía las veces de cama,  una bolsa plástica con bolsas de agua vacías y un frasco de alcohol puro que encontraron en el pantalón del indigente asesinado.

La Policía relacionó el ataque de una mujer, ocurrido en la madrugada del miércoles, en la zona 1, con el de la zona 9, y detuvo a Gutiérrez Guevara.

Semanas atrás, hubo otra víctima  en la zona 6, quien tampoco fue identificada, como ha ocurrido con las demás.

Sombras de la noche

La mejor descripción de la situación de los mendigos en la Ciudad de Guatemala  la hizo el premio Nobel de Literatura  Miguel Ángel Asturias, en su obra El Señor Presidente.

Aunque los hechos narrados ocurrieron a inicios del siglo pasado, la descripción suena familiar.

“La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el Portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse, rabiosos, se mordían.

Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían  con la cabeza en el costal de sus riquezas: desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados”, dice el tercer párrafo de la obra.

El último censo de indigentes, efectuado en el 2005 por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala, contó 300  personas sin hogar, solo en el Centro Histórico, y según el vocero edil, Carlos Sandoval, está planificado un nuevo conteo, pero aún no hay fecha.

Ninguna otra entidad tiene datos certeros sobre esta población.

Al visitarlos, es notoria la presencia de más hombres que de mujeres, y algunos  niños y  ancianos. Son los testigos silenciosos de una ciudad que los desconoce pero los escucha respirar.

De California a las calles del país

Víctor Antonio García González fue deportado desde California  hace  varios años.

Desde entonces vive en las calles de los alrededores del Hospital General San Juan de Dios. “Ya llevo cinco años de vivir en las banquetas que me sirven de colchón; en Guatemala no tengo ningún familiar y cuando me regresaron no tenía a dónde ir. Ya nadie estaba aquí”, dijo.

Cuando vivió en  Estados Unidos laboró en construcción en varios estados. California, Idaho y Oregón fueron buenos lugares para vivir y hacerlo dignamente, según recordó.

“Al regresar  empecé a buscar trabajo, pero como tengo manchados mis antecedentes  nadie quiere emplearme; cuando busco lo primero que me piden son varios documentos, pero imagínese a mí no me alcanza ni para comer, mucho menos para gastar en sacar mis papeles”, lamentó, mientras llamó “desquiciados” a quienes han atacado a los indigentes.

Un hogar entre drogas y limosnas

Marvin Álvarez salió de su casa en San José Pinula debido a su adicción. Aunque solo cuidaba carros en un supermercado y lustraba zapatos, para él “todo iba bien”, hasta que sus padres murieron y él comenzó a consumir drogas.

“Ahora vivo junto a María Herminia. Ella es mi pareja y esperamos un bebé. Estoy muy feliz porque ella vive aquí en la calle conmigo y cuando tengamos a nuestro hijo comenzaré una nueva vida”, afirmó con alguna emoción.

Aseguró que él cuida mucho de su pareja para que nadie le haga daño. “Ella no consume drogas y me hace compañía para poder buscar comida y luego criar a nuestro hijo”, subrayó.

Comentó que lo han querido matar en varias ocasiones porque lo acusan de ladrón, aunque él solo pide comida y dinero, con lo cual algunas veces cenan pan con huevo, los cuales cocinan en la calle “donde nos protegemos y cuidamos para que no nos dañen”.

Marlon mantiene su fe en Dios para salir de “esta mala racha”

Marlon Rosales Granados, de 50 años, vive junto a su hermano mayor, Mynor, 60, desde hace varios meses en la calle.

“Cuando mi hermano se quedó desempleado por una enfermedad, tuvimos que desalojar el cuarto que alquilábamos en la zona 2.

Hemos buscado trabajo, pero por la edad nadie nos da nada formal. Yo limpio las gradas de un edificio, y me dan Q20”, revela.

Asegura que el dinero que le pagan y lo que recaudan por los pequeños trabajos que hace su hermano, les sirve para comer y comprar artículos básicos de aseo personal.

“Lo primero que hago cuando despierto es guardar mis cosas: un par de tenis, cinco camisas, igual número de pantalones, tres pares de calcetines, dos bóxer, cuatro playeras, dos chumpas y dos pares de zapatos, que por cierto cuido mucho porque son muy importantes para caminar por las calles del Centro Histórico y buscar las latas que recolecto para vender”, reveló.

Marlon cree que la  “mala racha” que afrontan pasará, porque Dios no los olvida y le permitirá encontrar un empleo para vivir bajo un techo.

“Desde que me gradué de perito en Comunicación en los años ochenta siempre he trabajado en diversos quehaceres… El vivir en la calle es realmente duro, y muchas veces despierto por las noches para asegurarme de que nadie esté  acechando para hacernos daño”, puntualizó.

Marlon espera que solo sea “mala racha”

Marlon Rosales Granados, de 50 años, vive junto a su hermano mayor, Mynor, 60, desde hace varios meses en la calle.
“Cuando mi hermano se quedó desempleado por una enfermedad, tuvimos que desalojar el cuarto que alquilábamos en la zona 2. Hemos buscado trabajo, pero por la edad nadie nos da nada formal. Yo limpio las gradas de un edificio, y me dan Q20”, revela.

Asegura que el dinero que le pagan y lo que recaudan por los pequeños trabajos que hace su hermano, les sirve para comer y comprar artículos básicos de aseo personal.

“Lo primero que hago cuando despierto es guardar mis cosas: un par de tenis, cinco camisas, igual número de pantalones, tres pares de calcetines, dos bóxer, cuatro playeras, dos chumpas y dos pares de zapatos, que por cierto cuido mucho porque son muy importantes para caminar por las calles del Centro Histórico y buscar las latas que recolecto para vender”, reveló.

Marlon cree que la  “mala racha” que afrontan pasará, porque Dios no los olvida y le permitirá encontrar un empleo para vivir bajo un techo.

“Desde que me gradué de perito en Comunicación en los años ochenta siempre he trabajado en diversos quehaceres… El vivir en la calle es realmente duro, y muchas veces despierto por las noches para asegurarme de que nadie esté  acechando para hacernos daño”, puntualizó.

Velásquez habló durante una visita al Instituto de la Defensa Pública Penal sobre la necesidad de hacer un nuevo planteamiento del derecho de antejuicio.

“En el proyecto de reforma se establece que ser sometido a procedimiento penal se inicia desde la audiencia de primera declaración, y entonces, si así se aceptara una definición del concepto de antejuicio, significaría que es posible adelantar investigaciones de quienes tienen ese beneficio”, pero sin ser capturados hasta que un juez levante la inmunidad”, explicó el comisionado.

El problema que afrontan los investigadores de los casos en los que hay involucrados funcionarios y alcaldes con inmunidad es que “se hace la solicitud de que se levante la inmunidad y se rechaza porque no hay elementos que soportan la solicitud de antejuicio, y ahí lo que hay es una gran impunidad”, opina Velásquez.

Si las reformas fueran aprobadas sería posible adelantar una investigación preliminar, incluidas las interceptaciones telefónicas, los exámenes financieros y de bancos, y hacer allanamientos, pero con la garantía de no ser privado de libertad, ni imputado antes de que un funcionario judicial dé vía libre para levantarle la inmunidad. En otros países de América Latina, ni altos funcionarios ni alcaldes gozan de ese beneficio, señaló el comisionado.

Preocupados

Los gobernadores están turbados porque en el Diálogo Nacional para reformar el sector de justicia se contempla quitar el privilegio de antejuicio a los representantes del presidente en los departamentos, y no encuentran apoyo, como los alcaldes, en diferentes sectores.

Por ejemplo, en los diálogos regionales la sociedad civil se ha mostrado a favor de retirar la inmunidad por medio de la modificación del artículo 227 constitucional, en el cual se quitaría el grado de ministros a los gobernadores, por lo que ya no tendrían el mismo privilegio.

Dos gobernadores que pidieron el anonimato reclaman que el Ejecutivo no ha sido contundente en manifestarles apoyo como sí lo hizo el presidente Jimmy Morales con los alcaldes, y señalan que estos tampoco han querido respaldarlos. El lunes último, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, indicó que este derecho para “garantizar la gobernabilidad” es para alcaldes, gobernadores y “miembros del Gabinete”.

investigados

La Corte Suprema de Justicia abrió durante el 2015 y el primer cuatrimestre del 2016 un total de 33 expedientes, en los cuales distintos interponentes solicitaron que se les retirara la inmunidad a legisladores actuales y algunos ahora excongresistas. De estos, 17 fueron rechazados en forma liminar; es decir, desde el principio, sin análisis previo.

Nueve de los señalados son diputados. Las dos solicitudes de antejuicio que siguen su curso son las de Inés Castillo Martínez y José Domingo Trejo de la Roca.

En tanto que las de Édgar Justino Ovalle, César Sandino Reyes Rosales, Fidel Reyes Lee, Delia Bac, Orlando Blanco, Nery Samayoa y Luis Pedro Álvarez fueron rechazadas desde el principio.

De acuerdo con datos proporcionados por la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, ocho legisladores oficialistas están sujetos a pesquisas.

Otras fiscalías, como las encargadas de asuntos de corrupción y delitos administrativos, investigan al menos a otros 17 legisladores.

Procesos seguirán

Los siguientes expedientes fueron remitidos al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, para que el proceso continúe.

• Jimmy Ronald Ren acumuló tres solicitudes de antejuicio y una de ellas fue declarada con lugar.
• Emilenne Mazariegos:  antejuicio 402-2015, declarado con lugar.
• Edwin Armando Martínez Herrera: antejuicio 234-2015
• Baudilio Hichos López:  antejuicio 257-2015
• Pedro Muadi Menéndez:  antejuicio 263-2015
•  Mario Gerard Yanes Guerra:   antejuicio 288-2015
• Luis Adolfo Chávez Pérez: antejuicio 293-2015
• Mario Rivera Cabrera:  antejuicio 295-2015
•  Jaime Martínez Lohayza, antejuicio 316-2015
• Daniela de la Luz Beltranena:  antejuicio 580-2015
•  Mirza Judith Arreaga: sin datos

Las capturas se hicieron en  la 3ª avenida y 8ª calle, zona 1, San José Pinula, donde se presume es  guarida de los integrantes de la célula Vatos Locos, del Barrio 18, quienes serían los presuntos responsables del atentado a la unidad del servicio público de pasajeros.

Los capturados son Julio César Flores López, alias el Chino, de 22 años, de nacionalidad salvadoreña, Nelsy Paredes Terrón, mujer de 19, y tres menores de 17 años, entre ellos otra mujer.

Nery Ramos, director de la PNC, indicó que como una dificultad para ubicar a los pandilleros que éstos se movilizan constantemente de sus escondites pero que se ha logrado ubicarlos en un inmueble en dicho municipio.

“Las investigaciones nos han permitido llegar a los autores materiales y jefes intermedios de la estructura criminal responsable directa del ataque con bomba al bus”, dijo el director de la PNC.

Felicito a @PNCdeGuatemala y @MPguatemala por el éxito de la Operación Cóndor en la captura de responsables del atentado en San José Pinula.

— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) April 2, 2016

No descartó que durante la pesquisa se vincule el caso a la muerte de un recluso en el interior de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1, en donde murió Óscar Armando Lorenzana, alias Arjona ocurrida el 17 de marzo pasado.

Cómo lo hicieron

Según investigadores cerca de la hora de la explosión de la bomba en el bus, se activaron los teléfonos celulares de Flores López, Paredes Terrón y la otra menor conocida con el alias de la Diabla.  Además por las imágenes de las cámaras de video vigilancia en el lugar de los hechos y descripciones de testigos se logró identificar a los presuntos responsables del atentado.

La pesquisa determinó que Flores López y la Diabla, fueron los que abordaron el bus con el paquete que contenía la bomba, esto se pudo establecer por medio de las imágenes de las cámaras de video vigilancia.

También se mencionó que un pandillero identificado como Alex Ricardo Cifuentes, fue el presunto responsable de colocar el artefacto explosivo en el interior del bus, y días después del hecho fue baleado y quedó herido y se encuentra detenido en un centro asistencial. 

Se indicó que Érick Juárez Contreras, fue el encargado de elaborar la bomba en la Comunidad, zona 10 de Mixco, él tamibién fue muerto a balazos en dicha colonia.

Y  Delia Granados, alias la Delia, fue la encargada de trasladar el artefacto explosivo de Mixco a San Jose Pinula, a ella le dieron muerto en un ataque armado en Santa Catarina Pinula, mientras que Rolando Cifuentes González, delegó a otros pandilleros adultos y menores de edad para que participarán en la detonación de la bomba.

Los hechos

El incidente se produjo a primera hora del domingo 6 de marzo último, en la 3a. calle y 6a. avenida de la zona 4 de San José Pinula, ubicado a 22 kilómetros de la capital.

La explosión del artefacto en el interior de un bus de la empresa Estrella del Paraíso, dejó 17 heridos y dos muertos.
En ese entonces los testigos relataron que una pareja abordó el bus con una caja que simulaba que llevaban un pastel y que minutos después se bajaron, dejando el paquete en la unidad de transporte público.

“Me parece que la Cicig lo que está haciendo es reiterar todo lo que la sociedad civil ha venido denunciando sobre la poca transparencia y publicidad que han hecho las comisiones de Postulación”, afirmó.

Añadió que un ejemplo de ello son los 11 amparos y cuatro acciones de  inconstitucionalidad que fueron presentados contra el proceso.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, manifestó que los planteamientos del comisionado son pertinentes y los cuestionamientos sobre los tres jueces son atendibles.

“El problema es que los planteamientos los hace el jefe de la Cicig, a destiempo, porque todo esto —el tráfico de influencias, las presiones, los vicios—  está  siendo denunciado  por las organizaciones que estamos monitoreando el proceso desde hace varios meses, y no de ayer”, aseveró Ibarra.

Se repite

Arístides Crespo, presidente del Congreso, señaló que se repite la  situación de hace cinco años, cuando el entonces comisionado, Carlos Castresana, hizo señalamientos contra jueces y el proceso tuvo que reiniciarse.

Crespo agregó que prefiere no entrar en controversias, porque el Congreso ha estado alejado de todo el proceso de elección y solo espera que lleguen los listados para poder empezar el proceso de elección final.

El presidente de la comisión postuladora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Félix Serrano, dijo desconocer esas declaraciones y que no sabía sobre las irregularidades que se mencionan. Añadió que si se pide detener el proceso, es preciso hacerlo en los tribunales.

 Las postuladoras están por comenzar el proceso para votar por los elegibles a magistrados de la CSJ y de Apelaciones.

Después deben trasladar los listados al Legislativo, donde se debe definir a los nuevos magistrados, quienes deben asumir el 13 de octubre próximo,  para un período de cinco años.

Analista

“Peligra institucionalidad”

El director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Rodrigo Asturias, dijo: “Estamos a punto de haber fracasado en un proceso donde los comisionados no han jugado un rol como les corresponde”.
 “Es un proceso cuestionado y  todavía hay un momento para rectificar. Por lo tanto, el llamado de urgencia que hace la Cicig hay que atenderlo,  reflexionarlo y tomar los correctivos suficientes para que la próxima semana no tengamos una lista cuestionada por la sociedad, una  con montón de candidatos de gobierno,  vinculados a partidos o  a poderes fácticos”, expresó.
Afirmó que si no se da un cambio  de rumbo peligra la propia institucionalidad.
“Es  evidente que no se está evaluando el perfil adecuado, sino se están llevando candidatos según intereses particulares. El objetivo es lograr una Corte adecuada con perfiles idóneos y personas probas, aunque se retrase un poco el proceso”, expuso.

Reiniciar

Da tiempo

La activista Helen Mack expresó que aún se está a tiempo de reiniciar el proceso, ya que la Ley del Organismo Judicial establece que pueden permanecer en el cargo hasta que sean designados los nuevos magistrados. “Daría tiempo y no sería la primera ocasión en que un funcionario sigue en el cargo hasta que se nombre a su sucesor”, dijo.

Movimiento

Postuladora anti-Cicig

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusiticia, señaló que la mayoría de  comisionados son anti-Cicig, y por ello es lógico que rechacen los señalamientos, mientras que el resto están  en una posición complicada porque no tienen mayoría y no pueden tomar decisiones en el proceso.

Congreso

Defiende labor

Arístides Crespo, presidente del Congreso, defendió el actual proceso de las postuladoras.

 “Si se repite el proceso, como lo propone esa instancia contra la corrupción, haría colapsar el proceso, porque el 13 de octubre deben quedar electos los magistrados de las diferentes salas”, enfatizó.

Apelaciones

Se abstiene de hablar

El rector Carlos Alvarado, presidente de la comisión para elegir magistrados de salas de Apelaciones, dijo ayer en la tarde que aún desconocía oficialmente las declaraciones vertidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Alvarado se abstuvo de emitir cualquier criterio.

Comisionados

A través de tribunales

Para el presidente de la postuladora de la Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, si existe alguna intención de detener el proceso de las actuales postuladoras se debe hacer a través de los tribunales.

Al mismo tiempo expresó que desconoce las declaraciones del jefe de la Cicig.

Señalados

Sin postura

Se intentó conocer la postura del expresidente de la CSJ Érick Álvarez; Jisela Reinoso, jueza cuarta de lo Penal, y  Walter Villatoro, de la Sala Primera de Apelaciones, respecto de los señalamientos del jefe de la Cicig, pero no respondieron las llamadas. El secretario de Villatoro dijo que éste se encontraba en reunión.

Durante la jornada se analizarán las tres inconformidades planteadas contra el listado de aspirantes a dirigir la Fiscalía y dos por no haber incluido en la lista a dos aspirantes, las cuales fueron presentadas durante las últimas 48 horas.

La mesa encargada de recibir los documentos concluyó su trabajo ayer, a las 15.30 horas, después de haber cumplido 72 horas de haber sido instalada.

Dos inconformidades fueron presentadas ayer contra la inclusión de Thelma Aldana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación.

Ambas fueron planteadas por Berta Lidia Alonzo Sierra, quien envió un mensajero para que entregara su memorial. El documento ingresó en la mesa receptora a las 15.10 horas.

A Aldana se le señala de no tener experiencia ni conocimientos en aspectos de persecución penal, ya que su carrera ha sido formada en el Organismo Judicial.

Contra Rivera Clavería se indica que es un profesional del Derecho con vínculos con el oficialismo, por lo cual se duda de su imparcialidad.

El 6 de mayo último se presentaron otras tres impugnaciones: una por no incluir a la actual jefa del MP, Claudia Paz y Paz, en la nómina; otra por seleccionar a la viceministra Eunice Mendizábal, y la última, por no integrar a Íngrid Soto Carcuz en el listado.

Escenarios

Mientras la postuladora resuelve, un escenario difuso se dibuja en el marco de la elección de fiscal general.

Según diputados de la UNE y Todos, la magistrada Aldana y la exfiscal Mendizábal se disputarían las dos primeras posiciones.

No obstante, otros legisladores afirmaron que el fiscal Rony López empezó también a ganar cierto terreno. Aunque su candidatura no fue impugnada por nadie, hubo objeciones que la postuladora no tomó en cuenta.

Anoche trascendió por las redes sociales que el abogado Alfonso Carrillo solicitó un amparo contra el gobernante, para que se abstenga de nombrar al nuevo fiscal general hasta que se resuelvan las impugnaciones.

Candidaturas impugnadas

La nómina de seis candidatos al cargo de fiscal general recibió tres impugnaciones

que deberá resolver la comisión de postulación, que mañana comenzará

 el análisis de las inconformidades.

Una impugnación  fue planteada, por falta de experiencia en el área de persecución penal.

Señalado de tener  vínculos con el oficialismo y además se desconfía de su  independencia en el cargo.

Se impugnó su candidatura  al señalar que usó testigos falsos para obtener la condena contra dos hombres por asesinato.

Una organización impugnó la exclusión de  Claudia Paz y Paz de la nómina. Íngrid Soto pide una explicación por no haber sido  seleccionada.

Designación

Presidente esperará fallo para decidir

El presidente Otto Pérez Molina esperará que la comisión de postulación resuelva las tres impugnaciones que recibió por la nómina final de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

“Sabemos que hay un recurso presentado, tendríamos que esperar y ser cuidadosos con todo”, refirió.

El gobernante dijo que espera que hoy la postuladora resuelva, ya que ayer se vencía el plazo para presentar inconformidades.

Además, descartó que vaya a hacer una depuración de los seis finalistas. Afirmó que de esa nómina seleccionará a “la mejor persona”, y que aún revisa y analiza los planes de trabajo que le entregaron los candidatos el viernes último.

Con el plazo que tiene la comisión para resolver pasarían otros dos días sin que se designe al nuevo jefe del MP.- Por G. Contreras.

La reacción de los funcionarios del Ejecutivo ocurrió después de la divulgación y publicación de un audio que evidencia una cita hecha al presidente del Colegio de Abogados a la Secretaría General de la Presidencia, para discutir acerca del proceso de postulación para fiscal.

“Luego de leer la nota publicada hoy —ayer—, creemos que es una interpretación errónea de la transcripción de un audio que hay ahí. Quiero ser tajante y ratificar que el Gobierno de la República del presidente de Otto Pérez Molina no interviene en la función de ninguna comisión que por ley se establezca en Guatemala”, expresó Cuevas.

Velásquez dijo: “Dentro de las competencias de la Secretaría no tenemos ninguna injerencia en las comisiones de postulación. Prácticamente nosotros nos dedicamos dentro de nuestras competencias a los consejos departamentales de Desarrollo”.

Coincidió con Cuevas en que se trata de un “audio manipulado”.

“Niego categóricamente que haya citado al presidente del Colegio de Abogados o a otro funcionario o representante de la Universidad de San Carlos (Usac)”, expresó el secretario de Coordinación de la Presidencia.

En el audio original, Velásquez no hizo mención a reuniones con representantes de la Usac ni fue consignado en la publicación.

Velásquez reconoció que su voz sí se escucha en el audio y que, en efecto, la reunión con el abogado Renato Cruz sí se efectuó en la fecha que él dijo.

“Los representantes del Cang debieran ser separados ante la falta de idoneidad evidente”, dijo Iduvina Hernández.

Según varios miembros de la Convergencia, el audio proporcionado a Prensa Libre por el abogado Renato Cruz, en el cual el secretario de Coordinación Ejecutiva menciona una citación hecha al presidente del Colegio de Abogados, para reunirse con él y el secretario general de la Presidencia, es una prueba de ello.

Gerson Sotomayor, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, dijo que en este caso puede aplicarse el artículo 170 de la Ley de Amparos, invocado por la Corte de Constitucionalidad hace cuatro años, cuando el proceso para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público fue anulado.

El artículo se refiere a la facultad de los magistrados de inhibirse de conocer un caso en el cual su imparcialidad este comprometida.

Niega señalamiento

Reyes indicó que la nota que señala sus vínculos y “que presenta como prueba una grabación carece de fundamento y a la vez de veracidad, toda vez que en la citada grabación no hay elementos que puedan demostrar dicho extremo”. No obstante, el secretario ejecutivo Germán Velásquez reconoció que la voz del audio sí es la suya y que la entrevista con Renato Cruz sí se llevó a cabo en la fecha indicada.

Los exámenes físicos practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y ordenados por el Ministerio Público (MP) suman tres mil 932 hasta el 31 de julio, y de seguir así las proyecciones, el año podría terminar con unos seis mil 740 casos comparados con los cuatro mil 373 registrados en el 2012.

La Policía efectúa más capturas, el Inacif practica más exámenes, el MP presenta más acusaciones, el Organismo Judicial (OJ) sentencia más, según reflejan sus estadísticas por separado. Sin embargo, ninguna cifra coincide.

Los juzgados y tribunales contra el Femicidio que ven casos de violación están saturados. El inicio de muchos juicios está programado hasta para marzo del próximo año.

Las reformas al Código Penal, la creación de los juzgados contra el Femicidio y el aumento de capturas ayudan a explicar las razones del incremento de las cifras. No obstante, también develan un alto grado de impunidad.

El MP logró 356 sentencias condenatorias por violación el año pasado —109 más que en el 2011—, y en lo que va de este año se reportan 277.

Antes de las reformas al Código Penal, en el 2009, había incesto, estupro mediante inexperiencia o confianza y estupro mediante promesa falsa de matrimonio. Todo eso era considerado violación, y así fue tipificado a partir de ese año, explicó la abogada Mayra Véliz. Esa medida aumentó el número de casos. La creación de juzgados contra el Femicidio, de una unidad especializada en violencia sexual en el MP y más información también coadyuvaron a ello.

Las cifras son disímiles. Es complejo medir la impunidad porque tiene una dinámica que no es igual en las instituciones que conforman el sistema de justicia, de acuerdo con la analista Carmen Aída Ibarra.

“Puede ser que las violaciones que se cometen hoy sean un problema de impunidad para el MP en la medida en que están en investigación o pendientes. Pasará mucho tiempo antes de que se convierta en una cifra para el Organismo Judicial”, afirmó.

Los perfiles

En el 61 por ciento de los casos, el agresor era un conocido, según estadísticas sobre los 586 hechos que de enero a la fecha conoce la Fiscalía de la Mujer.

Los padres, padrastros y tíos resultan ser, la mayoría de las veces, los victimarios en los casos que ha conocido Alba Albizuris, jueza del Tribunal de Sentencia contra el Femicidio y Violencia contra la Mujer.

A la lista de padres sindicados de violación se suman cuñados, agregó Wendy Ordóñez, fiscal de la Mujer.

Los perfiles policiales coinciden también en que los agresores son familiares cercanos. La violación termina produciéndose por exceso de confianza de parte de los padres.

La Policía detuvo a 105 personas por violación no consumada y a 130 en flagrancia.

La Unidad de Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigaciones Criminales (DEIC) reportó otras 146 detenciones en lo que va del 2013.

Para elaborar los perfiles de los agresores, los investigadores se basan en los análisis de fluidos practicados por el Inacif, informes psicológicos y entrevistas.

En muchos casos, el violador tiene conductas sexuales desviadas y actúa por satisfacción o para experimentar. Las edades oscilan entre los 20 y 40 años.

En cuanto a niños abusados, la mayoría son menores de 13 años. “Los agresores, en muchos casos, fueron abusados también, y por esa razón desarrollan esa conducta”, explicó uno de los entrevistados.

No hay un patrón de comportamiento específico de un violador, agregó.

Según los detectives de la Unidad, este año comenzaron a recibir denuncias de violaciones sexuales ocurridas hace 10 y 12 años. “Lo que nos permite investigar es que las víctimas se atrevieron a denunciar, y con las investigaciones se lleva a los responsables a los juzgados”, afirmaron.

“En Guatemala todo lo hacemos al revés”, expresó Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes.

Leonel Dubón, de El Refugio, un hogar para víctimas de trata, indicó que la legislación actual ordena que cuando un menor es víctima de violación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) “debe rescatarlo”.

Eso implica, según Dubón, que el niño sea llevado ante un juez de la Niñez y, a solicitud de la PGN, quede institucionalizado.

“El agresor queda libre y en su casa, mientras la víctima es llevada a un hogar, lejos de su ambiente familiar”, criticó Cruz.

Ordóñez reconoce que es una disyuntiva, una situación muy compleja. Si hay una pareja de menores, él de 16 y ella de 14, que viven juntos y ella dio a luz a los 13, para la menor él es su conviviente o “novio”; para el bebé, su padre, pero jurídicamente es un violador, porque ella dio a luz antes de los 14 años y de acuerdo con la ley debe recibir el mismo tratamiento que un transgresor.

“¿Qué le vamos a decir entonces a ese niño que fue fruto de una violación?”, cuestionó la fiscal.

Los juzgados, el MP y el Inacif seguirán atendiendo más casos si se toma en cuenta que cada hora resultan seis adolescentes embarazadas luego de una violación, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

MP busca a mil 212 agresores

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas  ha presentado a la fecha mil 446 casos de menores de 14 años embarazadas.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), mil 212 casos aún están en investigación.

En 181   no se encontró la ficha clínica, y en 110 fue imposible  establecer  con exactitud los datos de las víctimas.

Cinco fiscales y un grupo de investigadores han sido asignados al equipo. Sin embargo, encontrar a una menor de edad  con solamente un nombre y un apellido, sin una dirección completa y sin el nombre de un acompañante, se ha convertido en una tarea sumamente complicada, afirman.

Las menores no aparecen en registros del Renap y en varios casos su conviviente también es  menor de edad. Cuando esto sucede hay que rastrear al adulto que  acompañó a la víctima al servicio de salud.

Muchas veces esa persona mayor solo aparece identificada con un nombre y un apellido —si es que está registrada— en la ficha médica. De ser así,  los fiscales tienen que hacer un tamizaje para encontrarla en la localidad. Hasta ahora la Fiscalía de la Mujer ha vinculado 57 casos.

Las investigaciones del MP  determinaron que 35 niñas viven con su “agresor”, algunas veces con el consentimiento de  sus padres.

Quince personas han sido capturadas, pero no hay sentencias y dos expedientes se encuentran en fase intermedia de investigación.

A partir de esta experiencia  se estableció que los  fiscales deben acudir de oficio a los hospitales cuando se reporte el  embarazo de una menor de 14 años.

Guatemala, Escuintla  y San Marcos es donde se reportan más casos, según la PDH.

En el banquillo de los acusados

En el 90 por ciento de casos de violación,  las víctimas son mujeres y solo en el 10 por ciento son hombres, pero en la mayoría de hechos el agresor es de sexo masculino.

Mató a su hija

Un análisis practicado por un psicólogo grafólogo   a cuatro diarios de Gía Carlota Barrios, quien murió a los 13 años, refleja que esta era víctima de abusos sexuales y físicos por parte de su padre, Édgar Haroldo Barrios Cifuentes, 54, quien fue absuelto en un primer juicio en Quetzaltenango, de donde es originario,  y ahora enfrenta otro  debate  en la capital.

Era esclava de policía

El oficial de la Policía Nacional Civil Marvis Florián Lemus fue condenado a 61 años de prisión, por  haber mantenido a una niña de 13 años   en una habitación alquilada. Florián Lemus llegaba cada tarde y la obligaba a  tener relaciones sexuales. Cuando él no llegaba, la madre de la niña, Yolanda Alonso Ramos, se encargaba de que esta no escapara.

Va a prisión 21 años

Héctor Arcul Oscal, de 37 años, fue condenado a 21 años de prisión porque durante dos años violó a su hijastra, en el segundo piso de su casa, mientras su conviviente hacía y vendía tortillas en el primer nivel. La niña fue abusada desde los 9 hasta los 11 años de edad, y Arcul fue descubierto cuando la madre de la menor subió a avisarle a él sobre el cobro de un  cheque.

Su padre abusó de ella

Mario Raúl Ruche Hernández fue condenado a 18 años de cárcel por  haber abusado de su hija, de 15. Producto de las múltiples violaciones, la menor quedó embarazada y dio a luz un niño con problemas cardiacos y  una deformación conocida como polidactilia —seis dedos en cada extremidad—. La joven padece estrés postraumático,  según las psicólogas que la trataron.

AGRESIÓN

Según la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, agresión sexual la comete “quien con violencia física o psicológica  realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o  a sí misma, siempre que no constituya delito de violación”.

Violación y agresión sexual la cometen cuando la víctima es menor de 14 años, o con incapacidad cognitiva o de voluntad, aunque no haya violencia física o psicológica.

La pena sube las dos terceras partes si  la víctima es vulnerable, está embarazada, es contagiada o es familiar del agresor, o si este  utiliza armas o sustancias,  o es funcionario público.

VIOLACIÓN

“Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma.

12 años de prisión es la pena máxima por el delito de violación.

8 años de prisión es la pena máxima por  cometer  agresión sexual.