Al finalizar el acto fueron detenidas cinco personas, entre ellos dos menores de edad, por lanzar objetos contundentes contra el mandatario venezolano. 

En la última toma de la transmisión, obligatoria para todas las televisoras y radios del país, se puede ver a la seguridad tratando de evitar que Maduro fuera impactado por alguno de esos objetos, aunque luego se le puede ver limpiándose algo del cabello.

No está claro qué le lanzan. En redes sociales se habla de huevos y piedras.
Un video aficionado circula en Twitter en el que se ve la metralla de objetos y se escucha la voz de una muchacha gritando “maldito”.

Opositores difundieron imágenes del incidente

Varios políticos de oposición difundieron las imágenes y comentaron sobre el incidente en la red social.
“Termina de irte @nicolasmaduro Por donde vayas los venezolanos te aborrecen! Ahora en Bolívar!”, escribió el excandidato presidencial Henrique Capriles.

“Nicolás. El pueblo de San Félix te ama y te quiere alimentar: por eso te tiraron huevos, tomates, verduras, conchas de plátanos y demás”, señaló por su parte el expresidente del parlamento, Henry Ramos.

En septiembre pasado, la turística Isla de Margarita (noreste) se convirtió en foco de conflicto cuando un grupo de personas 'caceroleó' a Maduro en una comunidad que recorría a pie. Un año antes, una mujer le pegó un mango en la cabeza cuando conducía un bus en el estado de Aragua (norte) para pedirle una vivienda.

En medio de una severa crisis, la popularidad del mandatario cayó al punto que siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, según una reciente encuesta de la firma Venebarómetro.

La apelación fue presentada en julio pasado, y aunque la legislación preveía un corto tiempo de resolución, el fallo recién fue notificado este jueves, un día después de que la esposa de López, Lilian Tintori, fuera recibida por Trump en la Casa Blanca.

En su primera acción directa sobre Venezuela, el mandatario estadounidense pidió la noche del miércoles, en su cuenta de Twitter, la liberación de López, y publicó una foto en la que aparece junto a Tintori, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio.

“El Twitter sirve para el chisme, para uno enterarse de cosas que dan verg enza como la foto esa. Dan pena ajena (…) La Malinche (traidora)” , afirmó el presidente Nicolás Maduro este jueves, en un acto público.

Tintori convocó a la prensa al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para hablar sobre su encuentro con Trump, que a su juicio demuestra que la crisis política y económica de Venezuela es la prioridad en política exterior del nuevo gobernante estadounidense.

La confirmación de la sentencia llegó dos días antes de que López cumpla tres años preso, lo que será conmemorado con una marcha en Caracas.

Maduro había advertido el miércoles que respondería con firmeza a “cualquier agresión”  del gobierno de Trump, con el que sin embargo dijo no querer “problemas” .

Consecuencia inmediata

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la audiencia concedida por Trump a Tintori como una “intromisión y agresión” , y la atribuyó a “lobbies”  de la oposición venezolana “con la mafia de Miami” .

López, un economista de 45 años, es el más radical y emblemático de los opositores venezolanos presos -que la disidencia cifra en un centenar-, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

En la cárcel militar de Ramo Verde -en las afueras de Caracas- López purga una pena de casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas para exigir la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo deL 2014.

“Mientras el presidente Maduro proponía iniciar una nueva era de relaciones de respeto, Donald Trump se solidariza con el jefe de acciones violentas” , cuestionó la canciller.

Para el analista Eugenio Martínez la decisión sobre el caso de López es una consecuencia de la reunión entre Tintori y el mandatario estadounidense. “Inclinó la balanza” , aseveró a la  AFP .

“No sólo se está ratificando la condena a un hombre inocente, que de por sí es grave, sino que destruye lo poco que queda de estado de derecho en Venezuela. No es un acto jurídico sino político” , aseveró el abogado defensor.

“Ya agotamos todos los recursos que la legislación venezolana contempla. Vamos a acudir a (instancias de derechos humanos de) Naciones Unidas. En un par de semanas estaremos presentando el documento” , agregó Gutiérez.

CNN, “instrumento de guerra”

Maduro denunció que el Departamento de Estado y CNN en Español buscan azuzar al gobierno de Trump contra Venezuela, por lo que el miércoles sacó del aire a la cadena de televisión.

Tras esa media, el gobierno está tramitando el bloqueo de la señal de CNN en español en internet, anunció este jueves la autoridad reguladora de las telecomunicaciones.

Medio centenar de periodistas y trabajadores de la prensa exigieron este jueves restituir las transmisiones de la cadena norteamericana, durante una protesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones  (Conatel) en Caracas.

La medida contra CNN ocurrió días después de que el canal denunciara una supuesta venta de pasaportes y visas en la embajada venezolana en Bagdad, que pudieron haber terminado en manos de personas ligadas al terrorismo, lo que fue negado por el gobierno de Maduro que descalificó las fuentes del reportaje.

“CNN es un instrumento de guerra” , justificó el presidente venezolano, quien sostiene que ese medio forma parte de una trama de la oposición venezolana y el Departamento de Estado estadounidense para derrocarlo.

“En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. VENCEREMOS” , escribió El Aissami en la red social Twitter, al responder al anuncio de la congelación de los bienes que puedan poseer en territorio estadounidense él y el empresario Samark José López Bello.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al funcionario de facilitar, proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos mientras se desempeñaba como ministro del Interior  (2008-2012) y gobernador del estado Aragua  (2012-2017) .

López Bello, según versiones de la prensa socio de El Aissami, fue incluido en las sanciones, que prohíben a cualquier ciudadano o compañía estadounidense a hacer negocios con cualquiera de los señalados y 13 compañías.

Pero el vicepresidente considera que la medida es un ataque contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya popularidad se ha visto golpeada por una severa crisis, con una aguda escasez de alimentos y medicinas y una inflación proyectada por el FMI en 1.660% para 2017.

“Que no nos distraigan estas miserables provocaciones, nuestra principal tarea es acompañar a úNicolasMaduro en la recuperación económica” , agregó El Aissami.

“Concentrémonos en las prioridades del gobierno revolucionario: recuperación y crecimiento económico y, garantizar la PAZ y felicidad social” , continuó.

El Aissami, abogado de 42 años y vicepresidente desde el pasado 4 de enero, habría recibido pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y tendría lazos con el violento cartel mexicano Los Zetas, denunció Estados Unidos, que ya ha acusado por narcotráfico a otros altos funcionarios venezolanos.

Maduro dio a El Aissami varias atribuciones, entre ellas expropiar bienes y nombrar viceministros, al tiempo que dirige el llamado “comando antigolpe” , responsable del arresto de media docena de adversarios del gobierno.

Pero las autoridades estadounidenses señalaron que las sanciones “son el resultado de años de investigación”  y no están vinculadas a la designación de El Aissami a la vicepresidencia.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas  (ONA) , fue imputado en agosto del 2016 en un tribunal federal de Nueva York por presuntamente recibir pagos de narcotraficantes.

En mayo del 2015, el diario The Wall Street Journal informó que las autoridades estadounidenses también investigaban a Diosdado Cabello, uno de los más poderosos dirigentes del chavismo, por supuestos nexos con tráfico de drogas.

 “¡¡No podrán con nuestra resolución inquebrantable de ser LIBRES para siempre!! ¡¡Viva CHVEZ!! ¡¡Viva la REVOLUCIóN BOLIVARIANA!! ¡¡VENCEREMOS!!” , expresó El Aissami, en la red social.

El presidente Maduro aún no ha reaccionado a la decisión del Departamento del Tesoro.

EE. UU. sanciona por narcotráfico a vicepresidente venezolano

Estados Unidos sancionó el lunes al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico.

El Departamento del Tesoro designó a El Aissami como narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.

También fue designado narcotraficante el venezolano Samark José López Bello, a quien el Tesoro identifica como prestanombres del vicepresidente.

El Departamento del Tesoro publicó en su página web que también aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados, que supuestamente que conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

AP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario del gobierno de Venezuela había reaccionado en Caracas.

Las sanciones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump son las primeras medidas contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor Barack Obama suspendiera visas y congelara activos pertenecientes a siete funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos.

El mandatario Nicolás Maduro designó a comienzos de año en la vicepresidencia a El Aissami, quien previamente se había desempeñado como ministro de Interior, Justicia y Paz. Días más tarde lo puso al frente de un llamado “comando nacional antigolpe” para enfrentar supuestos planes desestabilizadores.

Las autoridades estadounidenses han tenido a El Aissami en la mira desde hace una década, cuando docenas de pasaportes venezolanos falsos fueron a dar a presuntos miembros de Hezbolá en el Medio Oriente.

Además, un prominente narcotraficante venezolano dijo en 2011 que lo había sobornado a través de su hermano para que no impidiera el tráfico de cuantiosos cargamentos de cocaína.

El ejecutivo estadounidense anunció las medidas después de que un grupo bipartidista de 34 legisladores pidiera la semana pasada a Trump que sancione a funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos, incluyendo aquellos que se benefician de la aguda escasez de alimentos que padecen los venezolanos.

En 2008, el Tesoro estadounidense designó al ex ministro de Defensa y actual gobernador del estado Trujillo Henry Rangel Silva y al ex ministro del Interior y actual gobernador de Guárico Ramón Rodríguez Chacín como narcotraficantes por colaborar con la guerrilla colombiana FARC.

En 2011, Washington designó como narcotraficantes a otros cuatro altos funcionarios venezolanos y en 2013 añadió a la lista a un ex capitán de la Guardia Nacional.

Caracas no ha aplicado medida alguna contra los funcionarios sancionados por Washington.

El gobierno de Trump impuso estas sanciones sin haberse pronunciado públicamente sobre Venezuela.

Sin embargo, Trump abordó la situación venezolana durante su conversación telefónica con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. También durante el fin de semana pasado, el vicepresidente Mike Pence conversó por separado con los mandatarios Juan Manuel Santos, de Colombia, y Mauricio Macri, de Argentina.

Los pronunciamientos públicos más recientes de Washington sobre Venezuela habían sido el año pasado en respaldo a la mediación del Vaticano en un diálogo que el gobierno y la oposición instalaron en noviembre y que no ha alcanzado logro alguno.

El secretario general de la OEA Luis Almagro dijo la semana pasada que la crisis venezolana sufrió el año pasado “serios retrocesos” tales como que no se haya celebrado un referendo para revocar a Maduro.

También se refirió a esfuerzos del Ejecutivo por impedir el funcionamiento del poder judicial, el incremento de presos políticos y el agravamiento de los indicadores sociales por la escasez de alimentos y medicinas.

Almagro anunció también su intención de actualizar el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela en diciembre como Estado parte del Mercosur por no haber adoptado normas sobre derechos humanos y separación de poderes requeridas por el bloque regional.

La coalición opositora consideró necesario “elaborar otro texto”, en el que las organizaciones políticas y la sociedad civil plantee a la comunidad internacional “sus demandas y propuestas para la restitución del hilo constitucional en Venezuela y el retorno de la democracia” .

La oposición acusa al gobierno chavista de haber instaurado una “dictadura” , al “romper el hilo constitucional”  cuando el poder electoral -al que acusa de servir al oficialismo- suspendió el pasado 20 de octubre un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

Para retomar la negociación, aclara la MUD, se deben cumplir con las demandas de “atención a las víctimas de la crisis humanitaria” , respeto a las competencias del Parlamento -de mayoría opositora-, liberación de opositores presos, y un “cronograma electoral”  concertado.

Llamamos al pueblo venezolano a intensificar la protesta pacífica, constitucional y democrática (…) Esta activación política de la calle social es la que podrá rescatar la hoy bloqueada ruta electoral, añade el texto.

La MUD señaló que esa estrategia de calle busca que los venezolanos puedan ejercer el derecho al voto en las elecciones de gobernadores y de alcaldes y ” concertar el necesario adelanto de elecciones presidenciales“, previstas para diciembre de 2018, lo que el gobierno rechaza.

El ” Acuerdo de convivencia democrática“presentado por los facilitadores plantea la realización de las elecciones de gobernadores, que debieron hacerse por ley en diciembre pasado, junto con las de alcaldes este año, y propone ” abordar” el cronograma electoral de 2018.

El texto de los facilitadores también pide que el poder Ejecutivo y el Legislativo -declarado en desacato por la justicia- se reconozcan mutuamente.

La mita de la treintena de partidos de la MUD y buena parte de sus seguidores rechazaron el diálogo, al considerar que la oposición había capitulado ante el gobierno.

Según la encuestadora Datanálisis, ocho de cada 10 venezolanos reprueban al gobierno, agobiados por la inflación -que el el FMI cifró en 475% en 2016 y proyecta en 1.660% para 2017- y la falta de alimentos y medicinas.

La medida sube a 40 mil 638 bolívares, unos US$60 a la tasa oficial más alta y unos US$12 a la cotización del mercado negro.

“Para arrancar el año he decidido hacer un aumento de salario (…). Sería, si tomamos en cuenta el aumento que dí en enero de 2016, el quinto en un año”, dijo Maduro en la primera transmisión del 2017 de su programa semanal en la televisora estatal VTV.

El salario es complementado con un bono de alimentación de 63 mil 720 bolívares (US$93 a la tasa oficial), que se mantiene anclado, aunque el mandatario anunció que será reajustado durante los próximos días.

El incremento salarial decretado abarca a los pensionados, puntualizó Maduro.

Los sucesivos aumentos ordenados por el gobernante socialista han sido devorados por la alta inflación -estimada en 475% en el 2016 y proyectada en 1 mil 660% para el 2017 por el FMI- y la pérdida de valor del bolívar frente al dólar. Además del creciente costo de la vida, los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos y medicinas.

Cuando la oferta de dinero aumenta, generalmente conlleva un incremento en el nivel general de precios.

Para combatir el desabastecimiento, Maduro informó un plan para crear “un sistema de tiendas” que venderán productos básicos a precios subsidiados, el cual estará controlado por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones comunales que distribuyen comida en zonas populares.

Según el presidente, las tiendas se localizarán en las 45 ciudades más pobladas del país petrolero.

En medio de la crisis, agravada por la caída de los precios del crudo desde el 2014, la oposición ha anunciado que retomará este año su ofensiva para buscar la salida de Maduro del poder.

El jueves pasado, Julio Borges, el nuevo presidente del Parlamento de mayoría opositora, anunció que el Legislativo declarará al mandatario en “abandono del cargo”, acusándolo de incumplir sus funciones.

El gobierno denuncia que la crisis es producto de una “guerra económica” de empresarios para provocar descontento popular y deponer a Maduro.

Pese a sus pugnas internas, la Mesa de Unidad Democrática  (MUD) delineará una hoja de ruta en la sesión parlamentaria que comenzará a las 15H00 GMT, tras haber fracasado en su plan de sacar del poder a Maduro con un referendo revocatorio en el 2016.
 
El abogado Julio Borges, de 47 años y fundador de Primero Justicia, partido del excandidato presidencial Henrique Capriles y el mayor de la MUD, dejará la jefatura de fracción y relevará a Henry Ramos Allup en la presidencia del Parlamento, que por primera vez en 18 años de gobierno chavista está controlado por la oposición.
 
“La oposición está retada por la realidad a hacer tres cosas: reestructurar su organización, redefinir su estrategia y presentar a los venezolanos un horizonte claro de solución a la crisis” , aseguró Jesús Torrealba, quien podría ser sustituido como secretario ejecutivo de la MUD.
 
Pero Maduro ya se prepara para la nueva etapa. La noche del miércoles rearmó su equipo de gobierno, nombrando al joven abogado Tareck El Aissimi, quien se define “radicalmente chavista” , como vicepresidente, una figura clave porque sería su relevo si su mandato fuera revocado en un referendo este año.
  

Promesas socialistas

La oposición aún no aclara si seguirá impulsando un proceso de referendo, tras ser suspendido en octubre pasado por el poder electoral, pese a que ya no implique una salida del chavismo del poder.
 
Según la ley, si Maduro hubiera perdido un referendo en 2016, deberían haberse convocado elecciones presidenciales, pero después del próximo 10 de enero -cuando cumple cuatro años de mandato-, sólo sería reemplazado por su vicepresidente.
 
La MUD anunció que buscará motivar la presión social, pero aún no ha logrado capitalizar el descontento por la crisis, que ha llevado al 78,5% de los venezolanos, hartos de la altísima inflación y la falta de alimentos y medicinas, a reprobar la gestión de Maduro, según la encuestadora Datanálisis.
 
Al asegurar que este año será el de “la recuperación y expansión de la revolución”  socialista, Maduro cambió a su equipo económico y pidió a El Aissimi encargarse de la seguridad del país y luchar contra los “terroristas de la extrema derecha” , como suele acusar a algunos opositores.
 
“Es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no el capitalismo, no la burguesía, no esta derecha terrorista y criminal” , dijo El Aissami, actual gobernador del estado central de Aragua, al asumir su cargo.
 
Para el vocero de la MUD, el nuevo gabinete de Maduro “puede ser el peor”  de lo que llamó el “desgobierno”  que según él está en el poder en el país petrolero.
 

Retos de la oposición

Pese a haber arrasado en las elecciones legislativas de 2015, el apoyo a la MUD bajó, según la firma Keller y Asociados, del 45% a 38% en los últimos dos meses, por errores de estrategia, desconexión con los grupos sociales y por sus divisiones tras haber iniciado un diálogo con el gobierno, rechazado por la mitad de partidos que la integran.
 
Para la oposición, la grave crisis económica, política, social y de violencia criminal que sufre Venezuela sólo se resuelve con un cambio de gobierno, por lo que pretendía lograr, en la mesa de diálogo, una reactivación del referendo o un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
 
Pero el chavismo ha descartado negociar esos temas, tras lo que la oposición congeló el proceso y planea no asistir el 13 de enero a lo que sería la tercera ronda del diálogo, iniciado el 30 de octubre bajo el auspicio del Vaticano.
 
“Borges se comprometió conmigo de palabra a (…) participar de las iniciativas de diálogo. Ojalá cumpla. Él me mandó a decir: el viejito loco se va, yo sí voy a dialogar” , dijo Maduro al referirse a Ramos Allup.
 
Mordaz y de verbo florido, Ramos Allup, de 73 años, mantuvo en su año de gestión un duro enfrentamiento con el gobierno, y esta semana rechazó que la MUD regrese al diálogo, pese a que 17 opositores fueron liberados desde que se inició. Según cuentas de la MUD, aún hay un centenar presos.
 
“pinta muy complejo. Los retos de la oposición son gigantes” , dijo a la  AFP  Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, al asegurar que la MUD debe entender que “sin unidad”  y conexión social “no hay forma de atender el problema” .

El Aissami, de 42 años, uno de lo dirigentes más influyentes y radicales del chavismo, quien sería su sustituto si su mandato fuera revocado en un referendo en el 2017.

“He designado como vicepresidente (…) al compañero Tareck El Aissami, para que asuma esta etapa 2017-2018, con su juventud, con su experiencia, con su compromiso y su valentía”, dijo Maduro, al anunciar la reestructuración del gabinete en un acto transmitido por televisión estatal.

El Aissami, quien sustituye al educador Aristóbulo Istúriz  (70) y es actual gobernador del central estado de Aragua, es uno de los dirigentes más fuertes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha cobrado vigencia mediática en los últimos meses, al lado de Maduro.

“Le he dicho: Tareck, métete de noche y de día a trabajar por la seguridad del pueblo, la lucha contra los criminales (…), la lucha contra los terroristas de la extrema derecha; ya tiene los ganchos listos”, dijo el mandatario.

En sus primeras palabras como vicepresidente, El Aissami reiteró su lealtad a Maduro y su convicción socialista: “Es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no el capitalismo, no es la burguesía, no es esta derecha terrorista y criminal”, dijo, en alusión a opositores.

El Aissami, abogado y exdirigente estudiantil, debe por ley asumir la presidencia si Maduro perdiera un referendo revocatorio en el 2017, en caso de que el proceso, suspendido en el 2016 por el poder electoral, avance como iniciativa de la oposición.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , que el jueves renovará su directiva en el Parlamento -bajo su control desde hace un año-, anunciará también su nueva estrategia contra Maduro, pues aún no aclara si seguirá impulsando un referendo este año, pese a que ya no implica una salida del chavismo del poder.

Si Maduro hubiera perdido un referendo en el 2016, debía de haberse convocado a elecciones presidenciales, pero después del próximo 10 de enero -cuando cumple cuatro años de mandato-, sólo sería reemplazado por su vicepresidente, de acuerdo con la ley.

Un momento crucial

El Aissami, cuya familia es de origen sirio-libanesa, asumirá el cargo en una etapa que Maduro -cuya impopularidad alcanza el 78.5% según la firma Datanálisis-, considera crucial para su gobierno socialista.

Evocando al fallecido líder cubano Fidel Castro, el nuevo vicepresidente aseguró que es necesario “cambiar todo lo que sea necesario cambiar”.

“Nos corresponde a nosotros no dejarlo solo, presidente, debemos repolitizar nuestra gestión, ser más eficientes, y asumir con responsabilidad el cumplimiento de cada orden”, subrayó.

Entre los cambios de gabinete, Maduro nombró al diputado y economista Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas; y a Nelson Martínez, ministro de Petróleo, en sustitución de Eulogio del Pino, quien seguirá al frente de la estatal Petróleos de Venezuela.

“Son personas que no tienen ninguna competencia. Este gabinete puede ser el peor de estos 17 años de desgobierno”, afirmó al aludir al chavismo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, en la primera reacción de la coalición.

La oposición considera que la grave crisis económica y política que sufre Venezuela sólo se resuelve con un cambio de gobierno, por lo que pretendía lograr, en un diálogo con el ejecutivo, una reactivación del referendo o un adelanto de las elecciones presidenciales del 2018.

El chavismo ha descartado tratar esos temas en la mesa de conversaciones, tras lo que la oposición congeló el proceso y planea no asistir el 13 de enero a una nueva ronda del diálogo, la tercera desde que se instaló el 30 de octubre, con auspicio del Vaticano.

Tras poner fin 17 años de hegemonía oficialista en el Parlamento, con un triunfo arrasador en las elecciones de diciembre del 2015, la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) se ve resquebrajada.
 
“Un año después el gobierno está más débil, pero la oposición está más fuerte? No lo está y hay que decirlo con claridad” , admitió hace poco el excandidato presidencial Henrique Capriles.
 
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, fue aún más lejos cuando afirmó que el liderazgo opositor está “fracturado y enfrentado”  justo cuando debería ser la brújula de un país hundido en su peor crisis económica, con escasez de alimentos, medicinas y hasta de billetes.
 
Para el politólogo John Magdaleno, mientras la oposición se hunde en disputas internas, “no canaliza el malestar” .
 
“La conflictividad social puede salirse de control y llevarse por delante el liderazgo del gobierno, chavismo y oposición” , advirtió.
 
Los venezolanos vivieron en los últimos días momentos de desesperación luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro descontinuara el billete de mayor valor -de cien bolívares- para sustituirlo por nuevas denominaciones que hagan frente a la voraz inflación.
 
Pero los nuevos billetes no llegaron a tiempo y violentas protestas estallaron en varias ciudades con saldo de tres muertos. Maduro aplazó hasta el 2 de enero la salida del de cien.
  

El diálogo: la pólvora

 
Las diferencias en la MUD se agudizaron tras el inicio de un diálogo con el gobierno, el 30 de octubre, para superar la crisis. Las conversaciones fueron rechazadas por 16 de los 29 partidos de la coalición.
 
Voluntad Popular  (VP) , del encarcelado Leopoldo López, considera que el gobierno usó las negociaciones para enfriar las protestas por la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra Maduro. Su reactivación fue exigida en la mesa de negociaciones, sin éxito.
 
“El diálogo puso en evidencia duros desacuerdos internos en materia estratégica (…) Si la MUD no resuelve esto, corre el riesgo de que las fisuras se conviertan en fracturas irreversibles” , señaló Magdaleno.
 
La oposición congeló las conversaciones que auspician el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , al acusar al gobierno de incumplir lo pactado.
 
Su principal exigencia era concertar una salida electoral a la crisis, a través del revocatorio o del adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
 
Los acercamientos le pasaron factura a la MUD. Desde su inicio, el apoyo a la coalición cayó de 45% a 38%, según la firma Keller y Asociados. Sin embargo, duplica al del chavismo.
  

Granada fragmentaria

 
Varias granadas han explotado dentro de la MUD, en palabras de Torrealba.
 
La más reciente, el pasado jueves, cuando la mayoría Legislativa no logró reunir los diputados necesarios para nombrar a dos rectores del Poder Electoral, al que considera parte del chavismo.
 
Es “una granada fragmentaria que destruye la unidad” , denunció el secretario de la MUD.
 
Los dos rectores habían sido designados por el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , que tiene maniatado al Parlamento con una declaratoria de “desacato” .
 
“La MUD atraviesa una crisis funcional. Salta a la vista cómo las diferencias están a la orden del día y cómo en vez de aprovechar momentos para acompañar a la población en esta crisis, libra una guerra de culpas” , dijo a la  AFP  el politólogo Édgard Gutiérrez.
 
Varios partidos propusieron retomar la ofensiva contra Maduro desde el Parlamento y las calles. El pasado martes la Asamblea declaró la “responsabilidad política”  del presidente en la crisis, pero la decisión fue anulada por el TSJ.
 
El viernes la MUD realizó dos “encerronas”  -reuniones secretas- para debatir su crisis. Pero de momento, no ha difundido ningún plan estratégico.
 
“La MUD debe salir de nuevo a persuadir, entusiasmar y movilizar a sus seguidores y avanzar en una ruta de presión y acción política usando su activo más importante: una población descontenta y hambrienta de cambio”, destacó Gutiérrez.

Los mandatarios “acordaron abrir la frontera de manera progresiva (…), con estricta vigilancia y seguridad” , indicó en la red social Twitter el ministro venezolano de Comunicación e Información, Ernesto Villegas.

El funcionario subrayó que ambos gobernantes “instruyeron a sus ministros de la Defensa (Vladimir Padrino y Luis Carlos Villegas) a coordinar acciones inmediatas para una normalización de la frontera” , a la vez que pactaron contactos entre sus bancos centrales frente a lo que Venezuela llama “ataques”  a su moneda.

Santos y Maduro hablaron el lunes en la noche, según Villegas.

Maduró ordenó hace una semana el cierre temporal de los cruces fronterizos con Colombia y Brasil, alegando que billetes de cien bolívares  (0.15 dólares a la tasa oficial más alta) eran acaparados en el extranjero por “mafias”  que buscaban “asfixiar”  la golpeada economía venezolana.

El billete de cien era el de mayor denominación hasta la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que incluirá gradualmente denominaciones desde 500 hasta 20 mil bolívares, así como monedas de 10 a cien.

El presidente venezolano había anulado la vigencia del billete de cien, pero dio marcha atrás tras violentas protestas y saqueos el fin de semana, a raíz de falta de efectivo, que dejaron al menos tres muertos. El sábado, la prorrogó hasta el próximo 2 de enero.

    El paso en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica las ciudades de San Antonio  (Venezuela) y Cúcuta  (Colombia) , fue restablecido a las 06H00 locales  (10H00 GMT) , indicó el gobernador del fronterizo estado de Táchira, el oficialista José Vielma Mora.

    De acuerdo con Vielma Mora, el gobierno colombiano “se comprometió a cooperar”  en el combate al tráfico de papel moneda venezolano.

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016, la frontera colombo-venezolana había permanecido cerrada, también por orden de Maduro, luego de un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana.

 AFP

El mandatario tamibén prorrogó el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil para golpear a “mafias” que acaparaban esa denominación.

“He decidido prorrogar la circulación billete 100 hasta el 2 de enero (… y) el cierre de la frontera con Brasil y Colombia”, anunció el sábado el mandatario en una reunión con funcionarios de gobierno, transmitida por la televisión oficial.

Maduro sacó de circulación la semana pasada el billete de 100 bolívares -el de mayor circulación y valor, que equivale a 0.15 dólares a la tasa oficial más alta-, generando protestas en distintos puntos del país por la falta de billetes nuevos para canjearlos.

El presidente atribuyó a un sabotaje internacional “del imperio”  el hecho de que el jueves, como había prometido, no hayan salido los nuevos billetes -el mayor de 20 mil bolívares-.

Ante ello, anunció también el sábado, decidió “hacer una reprogramación de la entrada del nuevo cono monetario”, conforme vayan llegando a Venezuela, desde un país que no precisó.

Se va a “anunciar a finales de diciembre cuántos billetes ya tenemos aquí”, para “romper el bloqueo que nos quieren imponer, la persecución, el sabotaje”, manifestó el presidente socialista.

Maduro dio primero 72 horas para cambiar los billetes de 100 en bancos públicos y privados, pero expirado ese tiempo dio 10 días -que luego redujo a cinco- a partir del viernes para depositarlos en el Banco Central de Venezuela  (BCV).

Miles de venezolanos desesperados hicieron larguísimas filas el viernes y el sábado, bajo fuerte custodia militar, para depositar sus billetes de 100 en la sede en Caracas del BCV, que, al no estar el nuevo cono monetario, solo hizo depósitos electrónicos en las cuentas de los solicitantes.

El malestar estalló en protestas y saqueos a comercios en varios puntos del país. En el estado Bolívar, un diputado y un concejal opositor aseguraron que los disturbios dejaron cuatro muertos, pero las autoridades oficiales aún no confirman esa versión.

En Guasdalito, en el estado Apure (centro-oeste), fueron quemadas dos sedes de bancos estatales, en hechos en los que según Maduro participaron dirigentes opositores que formaban parte de “mafias de bachaquerismo (contrabando) y tráfico de dinero”.

Para Maduro, esas mafias operan mayormente en la zona limítrofe con Colombia, pero también con Brasil, por lo que, paralelamente a la salida de circulación de los 100 bolívares, cerró las fronteras, que debían abrir el domingo.

“Hemos recaudado más de 4 mil millones de billetes de 100. ¿Era o no un golpe monetario, un golpe económico?”, afirmó.

La falta de efectivo aumentó la desesperación de la gente, ya agobiada por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación de tres dígitos hace que se necesiten fajos de billetes para hacer una simple compra.

El Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) sentenció que los actos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”, ratificando que el Legislativo se encuentra en “desacato”.

El TSJ, calificado por la oposición como el brazo jurídico del chavismo, recordó una decisión previa de la Sala Constitucional -emanada el 15 de noviembre último- que había ordenado al Parlamento “abstenerse” de continuar el proceso contra el mandatario.

La oposición había postergado el procedimiento legislativo contra Maduro en el marco del diálogo iniciado con el gobierno el 30 de octubre a instancias del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas  (Unasur), pero lo retomó luego de congelar las conversaciones, alegando que el oficialismo había incumplido los acuerdos alcanzados.

Así, el martes último, la mayoría de la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) aprobó establecer la “responsabilidad política” del presidente y solicitar a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el gobernante socialista que lleve a su destitución.

Los diputados chavistas se retiraron de la sesión, denunciando un intento de “golpe de Estado”.

Ahora el TSJ subrayó que “aún persiste”  la situación de desacato del Parlamento, “por no haber sido formalmente desincorporados”  tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude presentadas por el oficialismo.

Los asambleístas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos por el estado Amazonas, solicitaron su exclusión el 15 de noviembre, lo que es considerado suficiente por la oposición, pero la justicia sostiene que esa petición no fue “aprobada o rechazada” en el hemiciclo.

 Maduro, firmó este domingo un decreto de emergencia económica para acabar con supuestas “mafias” que almacenarían millones de billetes de 100 bolívares en Colombia.

El presidente dijo que ordenó la medida después de que las autoridades venezolanas concluyeran una investigación que descubrió miles de millones de bolívares en billetes de 100 “en poder de mafias internacionales dirigidas desde Colombia”.

La medida se produce en momentos en que el gobierno prometió comenzar a circular seis billetes de mayor denominación en los próximos días, con un valor facial de 500 a 20 mil bolívares.

El gobierno espera que eso ocurra paulatinamente a partir del jueves con nuevas monedas de 50 y 100 y billetes de 500 bolívares, para que más adelante sigan llegando al país los de 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil y 20 mil.

Actualmente existen en Venezuela billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. El billete de 100 apenas permite comprar un caramelo, mientras se requieren 50 billetes de esa denominación para pagar una hamburguesa.

Maduro ordenó “cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se llevaron” y también instruyó que se tomen “cartas en el asunto” por vía diplomática.

Eso hizo que en las últimas semanas la escasez de efectivo golpeara a los venezolanos, pues hacen falta cada vez mayor cantidad de billetes para pagar bienes, muchos en grave desabastecimiento.

“Hoy nos encadenamos en la Nunciatura Apostólica por la libertad de mis hermanos secuestrados por el régimen” , señaló el parlamentario.  

Su protesta ocurre en vísperas de la tercera ronda del diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , que mantiene en duda su asistencia al encuentro, atribuyó la liberación de Mantilla y de otros cinco opositores a las conversaciones iniciadas el pasado 30 de octubre.

A la Nunciatura también llegó este lunes Henri Falcón, gobernador del estado Lara  (noroeste) y uno de los delegados de la MUD en el diálogo, para entregarle al nuncio, Aldo Giordano, una carta dirigida al papa Francisco.

“Le pedimos no abandonar a los venezolanos en la construcción de una salida pacífica a la crisis” , dijo a periodistas.

La MUD dejó en suspenso su continuidad en las negociaciones, auspiciadas por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , por considerar que el gobierno no ha honrado sus compromisos.

Las protestas por los detenidos llegaron hasta el Vaticano, donde el domingo también se encadenaron Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, y Mitzy Capriles, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está bajo arresto domiciliario.

“Exigimos que se liberen todos los presos políticos” , pidió Tintori.

Además, 14 opositores presos en el servicio de inteligencia  (Sebin) , en Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir la libertad de todos los políticos encarcelados y una salida electoral a la crisis.  

“Al parecer esa huelga de hambre está siendo reprimida, los están maltratando para tratar de levantar la huelga” , denunció este lunes Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

Otro grupo de 36 opositores detenidos, también en el Sebin, pidió el sábado a la MUD mantenerse en la mesa hasta que el gobierno libere a todos los llamados “presos políticos” .

Esta manifestación ocurre horas después de que Lilian Tintori, esposa de López, se encadenara frente al Vaticano, en Roma, para pedir la liberación de todos los “presos políticos”  en la próxima reunión de diálogo, prevista para mañana.

Junto a ella se encadenaron también Antonieta López, madre de Leopoldo López, y Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró hoy que el Vaticano envió una “carta confidencial”  que supuestamente desmiente la postura del Gobierno frente a la mesa de diálogo nacional.

Torrealba afirmó que con esta comunicación el Vaticano, mediador en la mesa de diálogo, “desmiente la postura del Gobierno”  y de sus voceros en el proceso, quienes han negado que las liberaciones de opositores encarcelados o la realización de elecciones presidenciales se haya planteado en las negociaciones.

La noticia llega mientras crecen las denuncias sobre decenas de ejecuciones durante operativos de seguridad. “Estaban algunos desmembrados (…) Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados”, señaló la fiscal al canal Venevisión, indicando que nueve cuerpos ya fueron identificados.

Ortega confirmó que las víctimas -halladas en fosas comunes el viernes y el sábado últimos- no tenían antecedentes penales ni estaban cometiendo delito alguno al momento de su arresto.

“Entrevistamos a 50 testigos, entre familiares y personas que estuvieron detenidas. Tenemos tres testigos protegidos (…) Solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del Ejército. En este momento están privados de libertad 10 de ellos”, detalló.

Según la fiscal, los agricultores fueron capturados en la localidad de Barlovento  (estado Miranda, norte) entre el 15 y 16 de octubre. No se refirió a los motivos de la masacre.

Los hechos revivieron las denuncias de violaciones de derechos humanos en acciones especiales contra la criminalidad, llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), puestas en marcha en julio del 2015 por el presidente Nicolás Maduro.

Inti Rodríguez, coordinador de la oenegé defensora de los derechos humanos Provea, aseguró el miércoles que desde que iniciaron las OLP han ocurrido 850 muertes a manos de militares.

Es una “operación de exterminio”, afirmó por su parte el dirigente opositor Henrique Capriles, quien sostuvo -citando un “informe confidencial”  de la Fiscalía- que sólo el año pasado las OLP dejaron 883 asesinados.

En su informe de gestión del 2015, la fiscal dio cuenta de 245 muertes en los primeros seis meses de las OLP.

El martes, el chavismo y la oposición -que controla el Parlamento- aprobaron un acuerdo legislativo inédito que condena la matanza en Barlovento.

Según la Fiscalía, Venezuela registró el año pasado 17 mil 778 homicidios, para una tasa de 58.1 por cada 100 mil habitantes  (seis veces mayor al promedio mundial), pero la oenegé Observatorio Venezolano de Violencia estima que la media es de 90 por cada 100 mil.

La Fiscalía solo cuenta los casos que tipifica como asesinatos, mientras la oenegé incluye todas las víctimas por armas, incluidos los fallecidos en acciones policiales, que a priori se consideran resistencia a la autoridad.

Pese a los primeros acuerdos de un diálogo que auspicia el Vaticano, el gobierno y la oposición mantienen posturas irreconciliables en torno a una salida electoral.

El domingo, un día después de que finalizara la segunda ronda de conversaciones, el presidente socialista Nicolás Maduro descartó que la negociación incluya un adelanto de elecciones o un referendo revocatorio de su mandato, principal objetivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) .

A ello se suman las cada vez más notorias divisiones de la oposición en torno al diálogo.

“¿Salida electoral? ¿Salida para dónde? (…) Que nadie se obsesione con procesos electorales que no están en la Constitución”, dijo el gobernante el domingo en su programa semanal de televisión.

Más temprano, la MUD negó que esté capitulando en las conversaciones con el gobierno y ratificó que su objetivo sigue siendo sacar al chavismo del poder.

“Se avanza en la creación de condiciones que hagan posible recuperar el derecho del pueblo venezolano al voto”, señaló en un comunicado el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aludiendo a la suspensión del proceso de revocatorio contra Maduro -el pasado 20 de octubre- por parte del Poder Electoral.

Pero el presidente ironizó sobre la aspiración opositora. “La MUD continuará en la mesa hasta lograr salida electoral. Me alegra mucho que la MUD vaya a continuar en la mesa de diálogo hasta diciembre de 2018” , dijo en referencia a la fecha de las próximas elecciones presidenciales.

El sábado último, el gobierno y la oposición pactaron “una hoja de ruta”  para atender la crisis, según un documento leído por el enviado del Vaticano, Claudio María Celli, que no hizo mención a las exigencias electorales de la oposición.

Las partes se plantearon la “superación”  del desacato de la mayoría opositora en el Parlamento, declarado por el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) tras la juramentación de tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude.

Igualmente, se comprometieron a trabajar para la elección de dos rectores del Consejo Nacional Electoral  (CNE) -acusado por la oposición de servir al oficialismo-, cuyo período vence en diciembre.

“Hay que superar esa inhabilitación del Parlamento para poder reconfigurar el CNE; hay que reestructurar el CNE para poder tener elecciones”, sostuvo la MUD.

Retomar la calle

Al relucir cada vez más sus diferencias internas, la MUD llamó este domingo a evitar una “fractura” en sus filas.

“El diálogo entre el régimen y un sector de la oposición inició como consecuencia del robo del referendo revocatorio, pero hoy nos preguntamos: ¿dónde quedó el derecho a elegir de los venezolanos?”, cuestionó Voluntad Popular -partido del encarcelado Leopoldo López- en un comunicado en el que rechazó los acuerdos.

Junto con Voluntad Popular se marginaron de las conversaciones otros 15 partidos de la treintena que conforman la MUD.

En tanto, el excandidato presidencial Henrique Capriles llamó en Twitter a “retomar de inmediato”  la agenda de “movilización popular en todo el país” .

Tras el inicio del diálogo el 30 de octubre, la oposición suspendió un juicio parlamentario contra Maduro y un marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores. En septiembre y octubre realizó movilizaciones que convocaron a cientos de miles de personas.

A tono con la demanda de Capriles, Torrealba anunció que se retomará la agenda de protestas, sin especificar fechas. “Que nadie le pida al diálogo lo que solo la calle puede conquistar” , remarcó.

Uno de los negociadores de la MUD, Carlos Ocariz, se mostró de acuerdo con mantener la vía de la “presión popular” , pero criticó a copartidarios que a su juicio hacen poco para activarla.

“Ese camino está allí y también hay que transitarlo. Le pido a aquellos compañeros que hablan de manera permanente de esto, que hablen menos y hagan más” , expresó el domingo.

“Falsas expectativas”

Luego de la cita del sábado, en la cual las partes se comprometieron a convivir y respetarse para encontrar un camino “pacífico y electoral”  a la crisis, Jorge Rodríguez, principal negociador del oficialismo, acusó a la oposición de difundir “información errónea”  sobre los acuerdos.

“Mejor no levantar falsas expectativas”, escribió en Twitter, dirigiéndose a Ocariz.

Incorporado a la mesa de diálogo esta semana, el gobernador oficialista del estado Aragua, Tareck El Aissami, aseveró en Twitter que una salida electoral “no se discutió”  y que el revocatorio está “muerto” .

Mientras, el cardenal venezolano Jorge Urosa consideró que el diálogo debe llevar al voto, según una entrevista difundida el domingo.

Maduro extendió el domingo por 60 días más el estado de excepción y emergencia económica vigente desde enero pasado.

El presidente acusa al empresariado y la oposición de desarrollar una “guerra económica”  para provocar escasez de productos básicos, pero la oposición atribuye los problemas a la política económica del chavismo.

Las conversaciones se producen en un campo minado al estar en disputa la continuidad del chavismo en el poder. Las cuatro horas de deliberaciones la noche del viernes en un hotel de Caracas, las partes acordaron continuar la segunda roda de diálogo el sábado desde las 10 horal local.

“Se avanzó en acuerdos fundamentales, cuyos contenidos exactos serán revelados”  al final de la reunión, dijo a la prensa el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, al anunciar la extensión de la cita junto al enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli.

El Vaticano y Unasur fungen como acompañantes del diálogo iniciado el 30 de octubre.

“Me pareció que brotaba durante los trabajos el deseo de encontrar soluciones positivas, compartidas, a los problemas del país”, comentó Celli.

Samper indicó que en el encuentro fueron revisados los avances de cuatro mesas temáticas. Se hizo “un análisis serio de la agenda electoral”, sostuvo.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) exige un referendo revocatorio contra Maduro este año y, como alternativa, elecciones generales en el primer trimestre del 2017.

“He hecho todo lo posible e imposible para que haya diálogo de paz con la derecha y estoy dispuesto a seguir, pero sin ultimátum, sin bravuconerías”, dijo Maduro horas antes del encuentro, al que envió un documento con su visión de la crisis.

El diálogo se abrió cuando la tensión estaba al tope por la suspensión, el 20 de octubre, del referendo con el que la MUD buscaba revocar el mandato de Maduro. De no prosperar el proceso, el conflicto podría escalar de nuevo.

La MUD ha amenazado con retirarse de la mesa y retomar su ofensiva si no se discute una salida electoral. A la espera de gestos, el 1 de noviembre postergó un juicio sobre la responsabilidad de Maduro en la crisis y una marcha al palacio presidencial de Miraflores.

Maduro se ve terminando su mandato en enero del 2019, al señalar lo que el gobierno espera del diálogo: “Que podamos navegar las aguas de lo que queda del año 2016, los años 2017 y 2018”.

“No hay referéndum ni hay elecciones generales, aquí lo que hay es revolución”, manifestó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

A la cita asisten además los exgobernantes José Luis Rodríguez Zapatero  (España), Leonel Fernández  (República Dominicana) y Martín Torrijos  (Panamá).

Bomba económica

Luego de la tregua de once días, la oposición, que quiere evitar que el gobierno use el diálogo para ganar tiempo, exige resultados concretos.

“Venezuela es una olla de presión y la válvula, que era el revocatorio, la soldaron. O nos devuelven el referendo o se activa un acuerdo para adelantar elecciones”, declaró el viernes el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) rechazó el viernes un recurso de la MUD para reactivar el referendo.

“Resolver lo económico es mi obsesión”, afirmó Maduro.

Pero para la oposición un cambio de gobierno es la única salida a la devastación económica del país petrolero, agobiado por la falta de alimentos y medicinas, y una inflación que rondará este año 475% según el FMI.

“Los venezolanos necesitamos señales de cambio. Estamos al límite, la situación económica es una bomba que puede explotar” , declaró el excandidato presidencial Henrique Capriles.

Negociando imposibles

Analistas ven improbable que el gobierno acepte reactivar el referendo o adelantar elecciones. Según el analista Luis Vicente León, porque ello implicaría la salida del chavismo del poder, dada la impopularidad de Maduro.

“Parece que la tendencia de la oposición es negociar imposibles”, declaró el politólogo socialista Nícmer Evans, fuerte crítico de Maduro.

Para Evans la MUD se equivocó al paralizar, antes de ver frutos del diálogo, la movilización de calle, quedándose sin mecanismo de presión; y en “pedirle al otro que entregue todo (el poder) a cambio de nada”.

Además de desactivar las protestas, la presión internacional bajó con el diálogo, apoyado incluso por Estados Unidos, aunque la elección de Donald Trump abre interrogantes sobre ese respaldo.

Los analistas ven más factible avanzar en otras demandas opositoras como la liberación de políticos presos y en un “canal humanitario”  de suministro de alimentos y medicinas.

La MUD también pide la sustitución de autoridades electorales y de justicia -a las que acusa de oficialistas- y la restitución del Parlamento, que domina pero fue declarado en desacato por la corte suprema.

La reunión está marcada por las profundas diferencias que mantienen ambas partes sobre los temas a discutir. La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha insistido en los últimos días que de esta reunión espera “resultados concretos”.

Esos resultados pasan por una convocatoria a elecciones adelantadas y la apertura de un canal humanitario que permita la entrada al país de alimentos y medicamentos.

Estos son los cuatro temas en donde dejan claro sus profundas diferencias.

Salida electoral

La oposición insiste en un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016 -suspendido en octubre-, pero plantea como alternativa unas elecciones generales en el primer trimestre de 2017, escenario calificado como “una fantasía” por el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello.

“Es evidente que el gobierno no va a ceder”, dijo a la AFP el politólogo Nicmer Evans, quien considera que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alimenta “falsas expectativas” sobre una salida del chavismo del poder, que pueden tener un efecto búmeran.

“Tú puedes decir: quiero mi revocatorio porque es un derecho, pero ¿cómo ejerces ese derecho? No puedes si la institucionalidad no lo convoca”, expresó a su vez el analista Luis Vicente León.

El gobierno afirma que la mesa debe centrarse en resolver la crisis económica.

Libertad de “presos políticos”

Un centenar de opositores están encarcelados en Venezuela según la MUD, entre ellos Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el chavismo niega que sean “presos políticos” y señala que están recibiendo castigo por instigar a la violencia y conspirar contra Maduro.

El pasado 1 de noviembre, tras la primera reunión de la mesa de conversaciones, cinco opositores, ninguno de alto perfil, fueron liberados.

“Los dejaron libres como si fuesen secuestrados, siendo un reconocimiento de la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, indicó Evans.

El politólogo subrayó que el tema no está en las prioridades de una ciudadanía golpeada por la escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.

Restitución de poderes públicos

La oposición exige que su mayoría en el Parlamento sea reconocida, después de que casi todas sus decisiones fueran anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La máxima corte declaró a los asambleístas en desacato por incorporar tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude.

Para el oficialismo, cualquier medida de la Asamblea Nacional es nula mientras continúe en desacato. En tanto, la mayoría opositora inició un proceso para designar nuevas autoridades en el TSJ y el Poder Electoral, a cuyos actuales integrantes acusa de servir al gobierno.

“Entendiendo la defensa a los diputados (impugnados), pero mantenerlos le ha dado al gobierno una razón para seguir ganando tiempo”, advierte Evans.

Canal humanitario

El gobierno reconoce la existencia de una grave crisis económica, pero denuncia que es producto de una “guerra” empresarial para derrocar a Maduro.

Mientras, la oposición pide abrir un canal humanitario para donaciones de alimentos y medicinas desde el exterior, lo que según el chavismo busca crear el terreno para una intervención de Estados Unidos.

En medio de la disputa, “ni unos ni otros están ofreciendo soluciones a la gente”, opinó Evans.

Por su parte, León advirtió que, pese a las profunda diferencias, “sin una negociación no va a haber soluciones estables”.

Presentará documento y video

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el oficialismo presentará en la mesa del diálogo con la oposición un documento “por la paz” y un vídeo documental de unos 20 minutos de duración “sobre las campañas de odio” y “los llamados a la violencia” desde grupos antichavistas.

El gobernante hizo este anuncio en su nuevo programa de radio “La hora de la salsa” que se transmite en la estatal Radio Miraflores, desde el palacio presidencial.

Maduro dijo que acababa de revisar el contenido de este documento “muy importante” que hoy, “a nombre de la revolución bolivariana, del gobierno revolucionario” se va a presentar en la mesa de diálogo.

“El documento se titula 'Para un proceso de diálogo por la paz, la prosperidad económica, la felicidad social y la soberanía nacional, construyamos un consenso para la vida y la paz de la patria'”, dijo el gobernante.

Adelantó que este escrito recoge “todas las propuestas, la visión del gobierno revolucionario sobre el proceso de diálogo” y, tras asegurar que se trata de un “documento bien completo”, señaló que el contenido será “explicado al país” en los próximos días.

“Creo que va a ser de buen agrado, va a ser bien recibido por las grandes mayorías de venezolanos y venezolanas que queremos paz, queremos tranquilidad, queremos trabajo”, agregó.

Dijo que además será presentado en la mesa de diálogo un trabajo audiovisual “un documental de unos 20 minutos que hizo un grupo de cineastas, investigadores, psiquiatras, psicólogos, comunicadores sociales venezolanos” sobre “las campañas de odio, de intolerancia, los llamados a la violencia y a la muerte”.

“Aprobado, se acuerda diferir” los puntos de la agenda del martes, anunció el jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, tras explicar que no se trata de una “capitulación” de la oposición, sino que se inscribe en la búsqueda de una solución a la crisis.

En tanto, la liberación de cinco presos políticos horas después del comienzo del diálogo es una muestra de la voluntad política, dijo la Cancillería venezolana.

Cinco opositores presos fueron liberados en la noche de este lunes en Venezuela, un día después del  comienzo de un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus adversarios, anunciaron líderes opositores.

El dirigente Carlos Ocariz informó en la red social Twitter que Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo quedaron en libertad, con tres mensajes distintos citando cada caso, todos acompañados por una fotografía del liberado y el mensaje “vamos avanzando. DIOS NO SE MUDA” .

Después, el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), Jesús Torrealba, añadió los nombres de Coromoto Rodríguez y Andrés León.

El domingo último, delegados del Gobierno y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) acordaron una agenda para el diálogo sobre la grave crisis política del país petrolero, a instancias del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) .

Por su parte, Moreno y Trejo habían sido detenidos en septiembre tras producir un video para el partido opositor Primero Justicia que llamaba a los militares a reflexionar sobre la crisis, considerado por el oficialismo como una incitación a la rebelión.

Rodríguez, quien era jefe de seguridad del Presidente del Parlamento, el duro opositor Henry Ramos Allup, permanecía detenido desde mayo. León, desde el 2014, pero tenía medida de casa por cárcel por razones de salud.

Gestos concretos

Formalizado el comienzo de las conversaciones en medio de tensiones por la suspensión del referendo revocatorio que la MUD impulsa contra el presidente Maduro, Torrealba había pedido al Gobierno “gestos concretos”  de voluntad de diálogo.

“Sin gestos concretos, el diálogo no puede continuar”, dijo Torrealba.

Según denuncia la oposición, en Venezuela hay más de un centenar de “presos políticos”, entre ellos algunos de alto perfil como Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

“Nosotros que nos hemos mantenido permanentemente esperando por los sectores opositores para dialogar, saludamos que finalmente se haya podido dar”, señaló la canciller a su llegada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo de la segunda revisión periódica universal de los derechos humanos en el país andino.

Denuncia injerencia

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “cese el hostigamiento”  contra Venezuela, dado que el país mantendrá irreversible su modelo y su revolución, pese “al cerco económico, el bloqueo financiero y acoso mediático”  contra la nación andina.

En el debate sobre la segunda revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en Venezuela, la canciller recalcó que el país andino ha hecho “avances importantes”  desde el primer examen en el 2011, y acusó a los poderes “imperialistas y foráneos, mediáticos y económicos”  de tratar de desestabilizar la política del gobierno de Nicolás Maduro.

Según la canciller, “los logros y avances son innegables”  en Venezuela en materia de derechos humanos, ya que garantizan el desarrollo en materia educativa, de salud, vivienda, alimentación y la inclusión política.

“A pesar de la guerra económica, no convencional, de este intento de desestabilización en Venezuela, nosotros mantenemos nuestro modelo de derechos humanos”, sostuvo Rodríguez.

Las conversaciones girarán en torno a cuatro temas que serán abordados en mesas separadas y cuya instalación se producirá de forma “inmediata”, según un comunicado leído por Claudio María Celli, delegado del Vaticano para el diálogo, tras una primera “reunión plenaria del diálogo nacional”.

Una de las mesas estará dedicada a la paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía, detalló el documento.

Otra mesa discutirá de verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación.

La tercera tendrá a su cargo lo económico y social.

Y la cuarta la generación de confianza y cronograma electoral, indicó el documento.

Las partes convinieron volver a encontrarse el próximo 11 de noviembre en Caracas.

La reunión que finalizó en la madrugada del lunes había comenzado la noche del domingo en un museo de la capital.

“Con el propósito de mantener y preservar un ambiente de paz y de concordia, el gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político”, destaca el texto leído por Celli junto al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper.

El delegado del gobierno, Jorge Rodíguez, destacó que el inicio de conversaciones aleja a Venezuela del camino de la violencia ante el agravamiento de la crisis política y económica.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, anunció que, en paralelo al diálogo, la oposición mantendrá su estrategia contra el gobierno, que combina protestas de calle y la declaratoria de Maduro en “abandono del cargo” por parte del Parlamento, controlado por esa coalición.

Acusaciones mutuas

Previo a la reunión, las partes cruzaron acusaciones por la convocatoria de la oposición a marchar el próximo jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores.

El principal delegado de Maduro para el diálogo, Jorge Rodríguez, calificó ese llamado como una “locura” y reiteró acusaciones sobre supuestos planes para “generar violencia” y precipitar un golpe de Estado contra el gobernante socialista.

“Ojalá que la oposición entienda el nivel de locura de esa manifestación (…) ¿Durante cuánto tiempo la gente de oposición seguirá aceptando propuestas de violencia y zozobra”, inquirió Rodríguez durante una entrevista con la televisora privada Televen.

A la convocatoria opositora, el chavismo respondió citando a sus partidarios en la casa de gobierno el mismo día. “Vamos a estar esperando”, advirtió el sábado el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

Uno de los principales líderes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el excandidato presidencial Henrique Capriles, rechazó las palabras del funcionario, al tildarlas como una incitación una “guerra en Miraflores”.

“Tenemos (el) legítimo derecho de movilizarnos a cualquier dependencia pública a exigir (que) cumplan la Constitución”, afirmó Capriles, quien el pasado miércoles lideró una marcha de cientos de miles de opositores en Caracas.

Las tensiones políticas arreciaron tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio que la oposición impulsa contra Maduro, por fallos judiciales que anularon un recaudo de firmas necesario para activar la consulta.

A raíz de ello, el Parlamento de mayoría opositora denunció una ruptura del hilo constitucional y se dispone a declarar a Maduro en “abandono” del cargo por presunto incumplimiento de sus funciones.
Un juicio político no está previsto en la Constitución y, en todo caso, la justicia -según la MUD secuestrada por el gobierno- declaró en “desacato a la Asamblea Nacional, por lo que sus decisiones son consideradas ilegales.

Según una encuesta de la firma Hinterlaces divulgada este domingo, 83% de los venezolanos está de acuerdo con un diálogo para resolver la crisis y 87% apoya la mediación del papa Francisco.

Venezuela sufre una severa crisis económica agravada por la caída del ingreso petrolero, que se manifiesta en escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, proyectada por el FMI en 475% para 2016. Esta situación minó la popularidad de Maduro.

La agenda

Sobre la medianoche del sábado, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, confirmó la asistencia de representantes de partidos políticos opositores al encuentro, aunque reconoció que existe un clima de “escepticismo y desconfianza”.

“El temario es claro: Solución electoral (en alusión al referendo o un anticipo de elecciones), libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional”, expresó Torrealba en un comunicado.

“De esa reunión podrían salir importantes conclusiones que permitan ‘desescalar’ el conflicto”, añadió.

La oposición insiste en su pedido de referendo revocatorio, aunque el oficialismo ha dejado claro que ello no está en negociación.

Pero para muchos venezolanos los precios de esos productos importados son desorbitantes. Agrandando los ojos, Delia Mendoza mira el lector de precios que fija en unos Q50 medio kilo de frijoles, básicos en la dieta venezolana. “¡Increíble!”, balbucea devolviendo el paquete al estante.

“Hay bastante pero todo carísimo, importado porque aquí no se fabrica nada. Si antes me comía un plato grande de espagueti, ahora la mitad para que me dure dos días”, dice la jubilada de 75 años, en un supermercado de una zona acomodada del este de Caracas.

Ante una economía devastada por la caída de los precios del petróleo y una severa escasez, enfrentado al malestar popular y a la presión opositora para sacarlo del poder, el presidente Nicolás Maduro comenzó a permitir la importación y venta de alimentos a precios liberados en varios Estados, y poco a poco en Caracas.

“El gobierno se ha hecho de la vista gorda. Hay una implosión la estructura de subsidios y controles, de forma desordenada. Pero la gente lo resiente en el bolsillo”, comentó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.

Maduro atribuye la crisis a una “guerra económica”  de los empresarios para desestabilizarlo. Economistas aseguran que el control cambiario y de precios, vigente desde el 2003, redujo las importaciones y desestimuló la producción.

Bajo ese régimen de control, rige una tasa de 10 bolívares por dólar exclusivamente para la importación de alimentos que el Estado ordena vender a precios subsidiados, pero el sector privado se queja del poco acceso a esa divisa.

Inflación más alta del mundo

Judith Quintana, ama de casa de 56 años, hace largas filas para comprar productos subsidiados, con lo cual medio kilo de frijoles le cuesta unos Q3.34, pero “el problema es que no conseguimos nada”, lamenta.

Tampoco le alcanza para comprar a los “bachaqueros”, quienes revenden los productos escasos hasta 40 veces más caros.

Para un venezolano con ingreso mínimo (salario y bono alimentario) de 65 mil bolívares, unos US$100, la cesta “bachaqueada”  y los productos importados son prohibitivos.

“El gobierno impulsa la idea de que está resolviendo la crisis alimentaria, pero no. Los grandes beneficiados con el nuevo plan son los que importan. Hacen negocio con el hambre de los pobres”, declaró Marco Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social.

En la libre venta, un paquete de 500 gramos de pasta italiana cuesta unos Q50, Q38 el kilo de arroz colombiano y Q36 el de azúcar brasileña.

Incluso hay alimentos más caros que en el país de origen, como el litro de leche que en Costa Rica vale Q12 y en Caracas Q31. Otros son una locura como el litro de aceite de canola a unos Q133.

Muchos de esos productos fueron comprados por los empresarios con divisas adquiridas en el mercado negro, a mil 200 bolívares por dólar.

En el primer semestre, 65% de las importaciones las hizo el Estado. Del 35% restante que realizaron empresarios privados, más de la mitad fueron a dólar paralelo, según Econoanalítica.

Todo esto dispara una inflación que ya es la más alta del mundo, proyectada por el FMI en 475% este año.

¡Pasamos hambre!

Buscando eliminar las colas, Maduro dispuso la venta de bolsas de comida subsidiada en los barrios, para lo cual la gente debe censarse.

“Tengo siete muchachos y esto no me rinde ni dos semanas. Tenía casi dos meses de no recibirla”, se queja Isolina Godoy, de 47 años, al salir de un mercado popular de San Martín, suroeste de Caracas.

Para Miriam Palma, de 57 años, la bolsa es una “bendición” .

La de 16 kilos (leche, harina, frijoles, azúcar, aceite, arroz, pasta) le costó Q57; “bachaqueada” habría pagado Q538 o más. “Hay una guerra económica y el gobierno está solucionando”, manifestó.

“A mí no me llega la bolsa porque dicen que soy clase media. Gano el mínimo, hago colas y además tengo que comprar lo importado con tarjeta crédito”, se quejó Jennifer Rodríguez, de 63 años, en un supermercado de Caracas.

Judith reconoce el esfuerzo del gobierno, pero lamenta que hace rato no le llega la bolsa. “A veces no hay nada que comer. Pasamos hambre”, aseguró. Ella y su marido sólo comerán hoy un plato de sardinas.