El cuarto mundo que habitamos

En toda Guatemala, Cuarto Mundo está presente desde 1979.

Carolina Escobar Sarti

23 de octubre de 2025 | 00:04h

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Eran los finales de los años 90  cuando dos queridos amigos me hablaron e invitaron a participar, como aliada, en el Movimiento Cuarto Mundo. Uno de ellos, mi admirado y aún entrañable amigo Max Araujo, el abogado, gestor cultural, contador de historias y escritor que más sabe de cultura en Guatemala; el otro, mi querido Tasso Hadjidodou, nacido en Bélgica, de padres griegos, pero más guatemalteco que el tortrix, hombre grande de la cultura y fundador del Festival del Centro Histórico.

Con ambos me quedo corta en la descripción y a ambos les debo mi presencia en Cuarto Mundo, entre mucho más. A Tasso, por ejemplo, le debo el apodo de l’enfant terrible. Al principio, eso de hablar sobre la pobreza y actuar para su erradicación se me hacía algo demasiado obvio y, por obvio, invisible, en un país que, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi/2023) hoy continúa teniendo un 56% de pobreza y un 16.2% de extrema pobreza. Max, con su paciencia infinita, me fue enseñando que Cuarto Mundo era más que un nombre, y que era un movimiento que había nacido en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la iniciativa del padre Joseph Wresinksi.

Wresinski hizo un cambio que pocos nos atrevemos a hacer: vivió entre las personas más pobres, cambió la manera de escucharlas, reconocerlas, tratarlas y dignificarlas. En 1987, frente a cien mil personas, fue él quien develó la placa conmemorativa de Cuarto Mundo en Trocadero, la Plaza de los Derechos Humanos en París. Y gracias a él, cinco años más tarde, se instauró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada 17 de octubre. Hoy, el movimiento ATD/Cuarto Mundo reúne a personas de todas las condiciones, creencias, nacionalidades y culturas, en más de 30 países.  Como organización internacional, está dotada de estatuto consultivo con Ecosoc, Unesco, Unicef, OIT, el Consejo de Europa y la Unión Europea. Fui muy afortunada al ser llamada primero, como aliada, y luego  como parte del Comité Internacional 17 de Octubre.

No hay un orden divino que separe a las personas pobres de las ricas y tampoco se puede reducir a un cliché la pobreza, ya sea romantizándola mientras sentimos lástima de los pobres que nos quedan lejos, o sintiéndonos salvadores que creen que los pobres deben ser objetos de caridad y ejemplos de superación, gracias a nosotros. Las personas pobres han de ser consultadas sobre sus deseos, sus ideas y sus acciones, porque son fuentes de conocimiento. El fundador de Cuarto Mundo, Joseph Wresinski, soñó con erradicar la pobreza hace décadas, estableciendo un orden distinto al del Tercer Mundo (hoy llamado “países en desarrollo”). “La miseria es obra de los hombres, y solo los hombres pueden acabar con ella”, dijo Wresinksi entonces.

De eso se trata; no de que todos nos volvamos pobres o que todos nos volvamos ricos o que todos tengamos exactamente las mismas cosas, sino de que cada ser humano viva y muera con la misma dignidad. Esto me hace recordar a Joseph Stiglitz, el premio nobel de Economía 2001, cuando dijo que “el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo que hagan, el 90% de los que nacen ricos mueren ricos independientemente de que hagan o no mérito para ello”. El sistema está mal diseñado y me aterra pensar que se hace realidad lo que dijo el Banco Mundial alguna vez: “para 2030, alrededor de la mitad de las personas extremadamente pobres del mundo vivirá en situaciones de fragilidad, conflicto y violencia”. En toda Guatemala, Cuarto Mundo está presente desde 1979 con las bibliotecas de campo y calle, las acciones educativas, los comedores nutricionales, las farmacias comunitarias y muchas acciones más, que priorizan estratégicamente el trabajo con familias que viven en situación de pobreza. Nos importa partir de verles y escucharles, porque el mundo, cuando se nombra, comienza a existir.

Continuum de corrupción y crisis

Nadie escapa de una cárcel sin ayuda externa solo para irse a su casa.

Carolina Escobar Sarti

16 de octubre de 2025 | 00:04h

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En terapia se dice siempre que, si no se llega al problema de fondo, los síntomas regresan, una y otra vez. Es lo que pasa con el Sistema Penitenciario guatemalteco, entre muchos problemas más que nos caracterizan como sociedad en permanente crisis, sobre todo con aquellos problemas asociados a la justicia.

En el 2001, gracias a unas muy desafortunadas resoluciones judiciales, escaparon 78 reos de la cárcel llamada El Infiernito, entre ellos secuestradores, asesinos y asaltabancos pertenecientes a Los Pasaco, Agosto Negro y otras bandas. Cuatro años después (2005), cuando el ministro de Gobernación era Carlos Vielman, se escaparon 19 reos más de la misma cárcel y, según el mismo Vielman, habían comenzado a construir un túnel desde la Semana Santa anterior y a planear todo un año antes, mientras usaban “recursos legales para irse juntando todos los miembros de la banda en la misma cárcel” (LMTonline/Octubre 22/2005). Esta vez, y seguramente todas las anteriores y posteriores, habían sobornado a los guardias de prisión y a otros funcionarios del sistema penitenciario, además de auxiliarse con abogados (¡qué plaga!) que gestionaron que sus clientes fueran entrando poco a poco a El Infiernito, para escapar luego juntos.

Ante una nueva fuga, ahora de 20 líderes pandilleros del Barrio 18, de la cárcel Fraijanes II, conviene preguntarse cuál es el problema de fondo que hace que esto se repita una y otra vez. También conviene preguntarse, de cara a las seis importantísimas elecciones secundarias que se darán en Guatemala en el 2026 (MP, CC, TSE, Usac, CGC, Cang), ¿a quién le conviene moverle el piso a Arévalo y su gobierno? ¿Qué sectores se pronunciaron ante esta fuga, que ante fugas anteriores no dijeron ni pío? ¿Es el pacto de corruptos el que está, de nuevo, detrás de esta crisis de seguridad que enfrenta el gobierno arevalista?

No necesito ni quiero defender lo indefendible e insisto en que el gobierno de Arévalo ha perdido, en innumerables ocasiones, la oportunidad histórica que el pueblo de Guatemala depositó en sus manos. Rescato, sin embargo, que el centro de la corrupción no está en el Guacamolón, como tantas veces antes sí lo estuvo. Ya viví mucha Guatemala durante las últimas décadas como para no saber que el entramado es más complejo de lo que podemos ver a simple vista. En su momento, vimos a mareros matando pilotos para justificar la llegada al poder de un gobierno corrupto de mano dura que instrumentalizó a las maras para su propio beneficio; vimos también marchar, muchas veces, a sindicatos corruptos para generar más crisis y ganar poder; y hemos visto, más de una vez, cómo la violencia se incrementa en momentos de crisis política, para mover la balanza a favor de los corruptos.

El discurso de Arévalo relacionado con esta fuga fue ponderado y claro. Me quedo con su reconocimiento público de las redes criminales desestabilizadoras, y con las medidas para fortalecer el sistema penitenciario (nueva cárcel, censo de reclusos y fuerza de tarea). Pendiente de las modificaciones que hará el Congreso a la Ley Antipandillas y también de los nuevos funcionarios que asumirán en Gobernación. Enfrentamos un continnum de corrupción y crisis y se repiten los mecanismos, muchos de los operadores en los tres poderes del Estado y hasta las narrativas de hace 40 años. Nadie escapa de una cárcel sin ayuda externa solo para irse a su casa. Esta fuga fue orquestada en momentos de mucha tensión política para perjudicar al gobierno actual, que tampoco se ha hecho muchos favores. “En río revuelto, ganancia de pescadores”, dicen las abuelas. Estamos viendo a los tiburones de siempre morder y salpicar en el Congreso, las cortes y otras instancias estatales para que, al final, los ganadores terminen siendo los mismos siempre: los patrones de la corrupción. Eso no lo podemos olvidar si queremos hacer un frente común que cambie la correlación de fuerzas y el estado de cosas en Guatemala.

Territorio, cultura y filantropía

Escucharnos, conectar, organizarnos y trabajar juntos. Por allí se comienza. 

Carolina Escobar Sarti

9 de octubre de 2025 | 00:05h

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Frente a un proceso aparentemente irreversible de deshumanización e incertidumbre sobre un futuro donde la hipervigilancia, la corrupción, la cooptación de los Estados y los controles de las personas crecen ilimitadamente, ¿dónde quedan los ideales de libertad, justicia, paz y democracia? Considerando que esos anhelos le siguen quedando muy lejos a millones de personas en Guatemala, ¿cómo reimaginamos, defendemos y recuperamos, desde los territorios, formas de vida más dignas que alcancen a toda la población?

La criminalización de los liderazgos mayas que han defendido los territorios y que, específicamente, le apostaron a la democracia en el histórico paro de 2023, más el abandono secular y el racismo al que los pueblos originarios han sido sometidos por el Estado y la sociedad, me remiten a otras preguntas: ¿cómo se relacionan, en este contexto complejo, conceptos como territorio, cultura y filantropía? ¿Hay desde los liderazgos locales y comunitarios, la posibilidad de transformar este estado de cosas, si reconocemos el papel fundamental de la cultura y la filantropía?

Creo que sí. Los momentos de crisis, son también de oportunidad. El 7 de octubre, en el contexto del Foro Centroamericano de Donantes (CADF), tuve el privilegio de moderar un panel con cuatro personas que ejercen indiscutibles liderazgos:  Lidia Oxi, mujer maya kaqchikel, directora de World Connect Guatemala, defensora de los derechos humanos y la educación, especialmente de niñas y mujeres; Martín Toc, líder maya k’iché, quien fuera presidente del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, donde defendió los derechos colectivos, la gestión sostenible del territorio y la participación ciudadana desde la cosmovisión maya; Ketzalí Pérez, artista escénica, gestora cultural y comunicadora maya poqomam que, desde Pantalla Itinerante de Fundación Ixcanul, teje puentes entre el cine y las comunidades, entrelazando arte, pedagogía y memoria; y Arturo Aguilar, director del Programa para Centroamérica del Rockefeller Brothers Fund., reconocido abogado y estratega político con experiencia en la defensa de la justicia y la democracia en América Latina. Nos faltó tiempo para dialogar y profundizar.

Lidia habló de la necesidad de creer en los procesos y en el fortalecimiento de un ecosistema propio en cada territorio, sin querer imponer un modelo, e hizo la pregunta: “¿cómo aprovechamos los espacios organizativos en las comunidades?” Habló de la importancia del Convenio 169 que plantea la organización desde el territorio y de Totonicapán como “un modelo que funciona”.  Martín comenzó con un enunciado provocador: “quieren entender a la comunidad, pero no aprenden el idioma que se habla en esa comunidad”. Habló de la necesidad de escuchar y aprender primero de otros, para luego trabajar juntos. “Lo importante es el movimiento, no tú, como persona”, dijo. Habló del poder y dijo que es el tiempo de los pueblos originarios para ejercerlo. Se preguntó “¿por qué los 48 Cantones defendimos la democracia de la ciudad?” para concluir en un “todos somos guatemaltecos”. Ketzalí dijo que la experiencia es territorial, porque “en nuestros pueblos, el arte y la cultura son intrínsecos. Es la propia vida”. El arte y la cultura parecen algo muy lejano, dijo, pero “los derechos culturales promueven vidas más dignas”. Habló de tender puentes para acercarnos y reconocernos, así como de generar otras narrativas que no partan solo del miedo.

Arturo reconoció una ola global antidemocrática que reduce los derechos y planteó cambiar el modelo de intervención para la construcción democrática “que no vaya de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba”. Coincide en que “nada existe fuera del lenguaje”, en la necesidad de aprender a escucharnos y en sostener la intención de dialogar. La filantropía reconoce que el territorio no es solo un espacio físico, sino un organismo vivo que se transforma, al igual que la filantropía, porque el territorio es el lugar donde la cultura, las tradiciones y los saberes locales se inscriben y reescriben. Escucharnos, conectar, organizarnos y trabajar juntos. Por allí se comienza. 

¿Después de los 18, qué sigue?

Creo que es un buen momento para inyectarle más vida a un programa como este.

Carolina Escobar Sarti

2 de octubre de 2025 | 00:04h

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Quienes trabajamos directamente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos sabemos la ansiedad que experimentan muchos de ellos algunos meses, e incluso años, antes de cumplir la mayoría de edad en Guatemala. A contextos cada vez más inciertos y tecnificados, se suman las condiciones de vida inapropiadas para un desarrollo integral que les permita vivir una ciudadanía plena. No es casualidad que haya 4 millones de connacionales en Estados Unidos.

Anteriormente, las familias en situación de pobreza o pobreza extrema tenían muchos hijos que, demasiado pronto, se convertían en mano de obra para apoyar la economía familiar, sin importar que dejaran la escuela o realizaran actividades peligrosas e inapropiadas para su edad. Hoy, con leyes más restrictivas alrededor de la explotación laboral infantil en todo el mundo(bien), pero sin Estados de bienestar para millones de familias pobres(mal), las cosas siguen siendo complicadas.

El Ministerio de Educación proyecta que, al final de 2025, aproximadamente 150 mil jóvenes saldrán del nivel diversificado en Guatemala. A la gran mayoría de ellas y ellos le preocupan principalmente dos cosas: el empleo y la vivienda. Ojalá también su educación universitaria. ¿Quién les dará empleo a quienes nunca han trabajado? ¿Podrán seguir estudiando? ¿Tendrán que irse de casa y conformarse con los peores empleos y, encima, estar agradecidos? Existe la extendida creencia de que, al cumplir 18 años, tienen que comenzar a ser productivos para ellos y sus familias. Como si las agujas de un reloj cambiaran, por arte de magia, la realidad de millones de jóvenes en situación de pobreza y sin oportunidades, en el minuto en que se convierten en “personas mayores de edad”.

No voy a entrar hoy a hablar del sistema que engrasa estos mecanismos, porque me interesa, en este momento, hablar específicamente de un Programa de Becas que me parece que puede tener un impacto importante en la juventud guatemalteca. Se llama “Mi Primer Empleo” y busca facilitar la inserción laboral de jóvenes de entre 18 a 24 años, sin experiencia previa, en el sector privado. Vale la pena recordar que más del 70% de la población económicamente activa del país trabaja en el sector informal, lo cual significa cero prestaciones o estabilidad laboral. Este programa les da la oportunidad, por cuatro meses, de entrar a formar parte del sector formal y parte de un acuerdo que obliga a cubrir el salario mínimo de las personas becadas de la siguiente forma: el Ministerio de Trabajo subsidia un 51% del salario, mientras que los empleadores deben pagar el restante 49%. Al finalizar los cuatro meses, las empresas o cooperativas han contratado a la mitad de las y los becados. Los que no se han quedado, han recibido una indemnización. Al menos, eso dice el papel.

Actualmente, este programa está diseñado solo para 600 jóvenes, lo cual, a mi criterio, es insuficiente en una Guatemala donde más del 70% es menor de 29 años. Viendo algunos números sobre este programa de becas, vemos que se ha dado un total de 2,751 becas en los últimos 3 años, pero el número de jóvenes que aplicaron en ese mismo lapso fue de 48 mil 653. Eso muestra el interés de la juventud por buscar oportunidades laborales y también les habla a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad en general sobre el apoyo que requieren las nuevas generaciones para desarrollarse plenamente y no seguir buscando trabajos en el norte. Si contabilizamos los programas estatales para apoyo a la juventud, son muy pocos. Leí en alguna parte una cita anónima que decía que “no siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero podemos construir nuestra juventud para el futuro” Creo que es un buen momento para inyectarle más vida a un programa como este.

Genocidio en Palestina

Que nunca nos dejen de importar y de doler los niños y niñas que han sido y serán asesinados.

Carolina Escobar Sarti

18 de septiembre de 2025 | 00:05h

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Ningún genocidio surge espontáneamente; es el clímax de modos sociales hegemónicos de operar. No es un hecho aislado inventado al azar, sino una práctica social criminal, estratégicamente diseñada y planificada para destruir y reorganizar una sociedad y las relaciones que se dan en ella. Recordemos en Guatemala el Plan Sofía, la tierra arrasada en poblaciones principalmente indígenas, la instauración de una nueva religión y una nueva narrativa después de las masacres y la ruptura del tejido social. El genocidio que aquí se vivió rompió a la sociedad guatemalteca, y no para bien. Que hablen las estadísticas actuales de desnutrición, analfabetismo, pobreza, desigualdad, migración, violencia, impunidad y corrupción.

Hay teóricos que hablan del genocidio como una narración histórica, lo cual nos pide unir los tres modos existentes para analizar una narración: el andamiaje discursivo, el argumentativo y la implicación ideológica, que se definen y articulan mutuamente. En la Alemania nazi y en la Argentina de la Operación Cóndor, los campos de concentración fueron un dispositivo fundamental de la práctica social genocida, dice Daniel Feierstein en su libro El genocidio como práctica social. En Guatemala, las aldeas modelo podrían ser leídas en este sentido. En los tres países, el racismo y el abuso de poder fueron el caldo de cultivo perfecto para la práctica genocida, que se sustentó en el terror, la desconfianza hacia el otro, el escepticismo o la ausencia de humanidad y solidaridad.

“Un país sensato no libra una guerra contra civiles, no mata bebés como pasatiempo y no participa en desplazamientos masivos de población”, dijo Yair Golan, ex subjefe del Estado Mayor del ejército israelí, en una entrevista reciente. El régimen de Benjamín Netanyahu tiene aproximadamente a dos millones de personas palestinas en una especie de apartheid, donde aproximadamente 14.000 bebés enfrentan una grave desnutrición por la crisis alimentaria. Este es el dispositivo fundamental del genocidio que se está cometiendo: Israel tiene acorralada, desde hace casi dos décadas, a la población palestina en la Franja de Gaza.

¿En qué clave leemos el andamiaje discursivo, argumentativo e ideológico israelí, si, hace poco más de un año, su ministro de Finanzas declaraba que dejar morir de hambre a los dos millones de palestinos de Gaza era “justificado y moral”? ¿Cómo negar el genocidio cuando el exdiputado Moshe Feiglin, cercano a Netanyahu, pidió construir asentamientos para los israelíes en Gaza después de la ocupación, y afirmó: “Ni un solo niño palestino debería permanecer aquí.(…) Estamos en guerra contra la existencia de Gaza (…) cada niño que amamante ahora (en Gaza) matará a tu hijo 15 años después”? No se puede tampoco permanecer indiferente a las declaraciones del ministro de Patrimonio, que dice: “El ejército debe encontrar maneras más dolorosas que la muerte para los civiles de Gaza. Matarlos no es suficiente”. Son todas expresiones de un sistema enfermo y podrido de odio, que ejecuta un proyecto genocida racista, colonizador y deshumanizante.

Finalmente, la Unión Europea (UE) se ha pronunciado por el genocidio, y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha anunciado la “suspensión parcial” del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel. Y es que ¿cómo normalizar estos crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo puede nuestra clase política no pronunciarse ante el exterminio más brutal de este tiempo? Más de 65 mil personas han sido asesinadas en Gaza y “más de 18.000 niños han sido asesinados desde el comienzo del conflicto…” (Unicef). Israel está ejerciendo la tortura y la crueldad, está liderando la barbarie. Que nunca seamos indiferentes a las guerras y genocidios. Que nunca nos dejen de importar y de doler los niños y niñas que han sido y serán asesinados. Que nos indigne, como especie, nuestra esperanza mutilada.

Los terroristas son otros

Ninguna autoridad indígena, ningún movimiento indígena, forzó ningún paro ciudadano.

Carolina Escobar Sarti

11 de septiembre de 2025 | 00:04h

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El 11 de abril de 2025, la Fiscalía acusó a Héctor Chaclán y Luis Pacheco por los siguientes “delitos”: asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización de la justicia y obstrucción de la acción penal. El verdadero “delito” de los dos exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán fue haber participado en la protesta ciudadana del 2023, cuando el pacto de corruptos quiso cambiar, a través de sus operadores en distintas instancias estatales, los resultados de las elecciones que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia y se dio el histórico paro de los 106 días, liderado por las autoridades de los pueblos originarios. Ambos siguen en prisión.

Lo mismo sucedió el 28 de agosto, cuatro meses después de la captura de Luis y Héctor, cuando el Ministerio Público capturó al exalcalde indígena de Sololá  Esteban Toc Tzay, bajo los mismos cargos. Imposible olvidar lo relevante que fue la participación de la Municipalidad Indígena de Sololá en la protesta ciudadana de 2023 y su protagonismo, junto a tantas autoridades como las de los 48 Cantones y tantas organizaciones indígenas más,  por el rescate de un Estado que se encaminaba a la impunidad y el autoritarismo, además de decantarse por la corrupción de siempre. Es un hecho innegable que fueron los pueblos originarios y las juventudes quienes llevaron a Semilla y Arévalo a la presidencia. Sin ese movimiento ciudadano que salió al rescate del Estado y de nuestra incipiente democracia, el Guacamolón seguiría siendo el kilómetro cero de la corrupción; esta se movió del centro del poder gracias a la presión ciudadana y no por arte de magia. 

¿Manifestar, expresarse y defender la intención democrática constituye, entonces, terrorismo, asociación ilícita o sedición? Sí, en el lenguaje de las mafias, sí para los corruptos y para cualquier tiranía o Estado terrorista. No, para un Estado democrático. Pero dejemos de lado, por ahora, el concepto de democracia, que camina por la cuerda floja en todo el mundo. Volvamos a “terrorismo”, otra palabra manoseada desde el poder, que debe recuperar su sentido y significado originales y su lado correcto en la historia. Porque, ahora incluso resulta que la organización histórica de los pueblos originarios es interpretada, a la luz del MP y de las elecciones 2026, como sinónimo de estructura criminal y sus integrantes, son considerados terroristas. El absurdo es equivalente a la estupidez y la maldad de los corruptos.

Ya D. Irturralde señaló, hace un cuarto de siglo, que “el reconocimiento de los derechos colectivos, incluidos los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, no eran incompatibles con las lógicas reformistas de los Estados latinomericanos” de aquel entonces. El problema es que el sistema de justicia de Guatemala no se funda en una lógica reformista actualmente, sino más bien en una lógica de impunidad que camina hacia atrás, a ese lugar que adoran las mafias.

Ninguna autoridad indígena, ningún movimiento indígena, forzó ningún paro ciudadano. El país lo pedía a gritos y lo sigue haciendo. Fue un movimiento social de rescate democrático, liderado en uno de sus momentos clave por quienes saben de organización, desde siempre. Lo que sí sucede es la violación a las leyes y a los derechos constitucionales de la ciudadanía por parte de los corruptos y sus operadores en el Estado, todos los días, y eso tiene un nombre: “terrorismo de Estado”.  Este se refiere (según IA) al uso sistemático y deliberado de la violencia y el terror por parte de un gobierno o sus agentes para aterrorizar y controlar a su propia población…”. Esteban Toc salió de la cárcel, por motivos de salud, y fue recibido multitudinariamente en Sololá, tras recuperar su libertad condicional. Recordemos que hablar de los pueblos originarios no es hablar de inditos ni campesinos, sino de actores políticos de peso. Y no olvidemos que la venganza nunca será justicia.

El segundo mandato de Trump y las migraciones

Las deportaciones de Estados Unidos a Guatemala han sido una constante desde hace más de tres décadas.

Carolina Escobar Sarti

28 de agosto de 2025 | 00:04h

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Trump entró a su segundo mandato con la espada desenvainada. Los impactos de su administración en la economía mundial, la geopolítica, los renovados nacionalismos y extremismos en distintas partes del planeta, las narrativas del poder y más, son evidentes. Sin embargo, me referiré particularmente a algunos impactos de la política migratoria trumpista, ya que Guatemala no solo está a dos pasos de los Estados Unidos, ubicada en uno de los corredores migratorios más grandes del mundo, sino que, además, hay casi 4 millones de inmigrantes guatemaltecos en aquel país y el 20% de nuestro PIB procede de las remesas que esos inmigrantes envían a sus familias.

Las deportaciones de Estados Unidos a Guatemala han sido una constante desde hace más de tres décadas, ya que la política exterior estadounidense no hace mucha diferencia entre republicanos y demócratas cuando de políticas migratorias se trata. Según recordaba la maestra Lucía Muñoz hace pocos días, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Irca), firmada por Reagan en 1986, legalizó a la mayoría de inmigrantes indocumentados que habían llegado a EE. UU. antes de 1982 y permitió a 2,7 millones de ellos obtener  residencia. Sin embargo, en 1989 se registró un millón de detenciones migratorias, mayoritariamente de guatemaltecos. En 2012, Obama creó el programa Daca, para proteger la deportación y dar permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que llegaron a EE. UU. siendo menores de edad, pero él también fue conocido como el deporter-in-chief, por las más de 3 millones de deportaciones durante sus ocho años de administración, comparadas con los 2 millones durante el gobierno de George Bush y los 900 mil durante la administración Clinton.

Aún es muy temprano para medir en cifras las deportaciones de la administración Trump, pero, según el New York Times, durante este corto periodo de su segundo mandato, ICE ha deportado a más de 180 mil personas. Proyectan que, para final de 2025, se habrá deportado a más de 400 mil personas. Hasta la primera semana de agosto  habían sido deportadas 1,500 personas cada día.   (https://www.nytimes.com/interactive/2025/08/21/us/

trump-deportations-summer-data-immigration-arrests.html). Otros claros impactos de la política migratoria de Trump son: la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, que manda a todos los extranjeros registrarse con el gobierno. Además, se decretó desde enero de 2025 un estado de emergencia en la frontera sur, aumentando la cantidad de agentes de ICE y el tamaño del muro. Se han reinstalado políticas como la de “Remain in Mexico” (quédate en México) y se eliminó el sistema de liberar a inmigrantes mientras solicitaban asilo. Ha pedido la revisión exhaustiva de los 55 millones de personas con visas estadounidenses activas y, a través de la Orden Ejecutiva 14160, eliminó el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento. También se eliminó el programa de reasentamiento de refugiados y se han producido deportaciones aceleradas sin audiencias judiciales, así como sanciones a las ciudades santuarios por la vía del retiro de fondos federales. 

No es poca cosa en apenas 8 meses. Simbólicamente, también va dejando impactos claros en el ámbito migratorio: ordenó pintar de negro el muro en la frontera, para que escalarlo fuera más difícil al calor del sol. Y abrió centros como el de Alligator Alcatraz, en Florida, o el de Cornhusker Clink, en Nebraska, para detener a inmigrantes en situación irregular.

¿Qué hacen nuestros gobiernos ante medidas como estas? ¿Cuál ha sido la capacidad de negociación de nuestros sucesivos gobiernos ante las políticas decididas en el norte? Será tema de un futuro artículo, pero según nota del analista migratorio Fernando Castro, en Alcatraz hay 249 inmigrantes guatemaltecos, el grupo más numeroso entre los allí detenidos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado de Guatemala en este caso y cómo se garantizarán los derechos de todos ellos?

El 2026 y la necropolítica

Es importante que la ciudadanía esté unida y no distraída, alerta ante estas dinámicas.

Carolina Escobar Sarti

21 de agosto de 2025 | 00:04h

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Al Pacto de Corruptos le conviene ahora, más que nunca, un pueblo entretenido, ignorante, violentado, desesperado, mareado y controlado. Sabe que en el 2026 nos jugaremos el futuro de Guatemala en un hecho que no se repetirá hasta dentro de otros 60 años: cinco elecciones de segundo grado en un solo año que determinarán, al menos, nuestros siguientes diez o quince años como sociedad. No nos jugamos solo nuestra magra democracia, nos jugamos un país.

En el 2026, el presidente de la República, a partir de una nómina de 6 candidatos propuesta por una Comisión de Postulación, elegirá a la persona que ocupará el cargo de fiscal general del Ministerio Público (MP). Esta es una de las elecciones más definitivas para Guatemala. La segunda elección será la de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), designados por cinco representantes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente y su Consejo de Ministros, la Universidad de San Carlos (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios (Cang). Otra elección será la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), electos por el Congreso, a partir de una nómina de 40 candidatos propuestos por otra Comisión de Postulación. La Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala es la cuarta elección fundamental, por su presencia en diversas comisiones e instancias que eligen puestos clave; y la quinta elección será la de la persona que tendrá a su cargo la Contraloría General de Cuentas (CGC), a partir de una nómina de candidatos de la Comisión de Postulación. 

Por ello, estamos viendo ya cómo los operadores del pacto están cerrando filas en diversas instancias del poder político, cómo se incrementa la violencia en todo el territorio, cómo se introducen varias iniciativas de ley inútiles y polémicas que nos distraen porque tocan nuestro mundo de creencias e ideas, y cómo los peones netcenteros disparan ya su vulgar y muy básica artillería mediática. ¿O acaso no se han presentado en días recientes iniciativas tan absurdas como la del día nacional de la Biblia o la propuesta de ley de amnistía para los maestros que participaron en el paro del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dedicada al corrupto Joviel Acevedo y demás cuatreros? Basta ver quiénes lanzan estas iniciativas para entender sus dobleces morales y darnos cuenta de que la danza de millones se ha reactivado. Bien dice el dicho: “Pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito”.

Otro ejemplo es el de Mafiariegos, el no-rector de la Usac y su actual Consejo Superior Universitario (CSU), que siguen manipulando los procesos de elección internos, mientras varios de los miembros del CSU no sueltan el cargo, aunque esté vencido y haya resoluciones judiciales que les obliguen a abandonarlo. Recordemos que, entre las funciones del CSU está elegir a los magistrados de la CC el próximo año. Esta necropolítica busca usar el poder del Estado para determinar quién se queda y quién se va, a través de políticas que sacrifican la vida de miles de personas para el beneficio de pocas. En un Estado laico y de corte democrático como el guatemalteco, la manipulación de las creencias y de la fe es utilizada por estos operadores de la corrupción como un instrumento de control social para perpetuar prácticas de necropolítica y mantener el poder del pacto de corruptos. El Estado de Guatemala es un organismo vivo, compuesto por órganos como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La necropolítica trata de acabar con este orden de cosas y hará lo posible porque el lawfare, la impunidad y la corrupción sigan reinando.

Es importante que la ciudadanía esté unida y no distraída, alerta ante estas dinámicas, y que cuestionemos las narrativas que tratan de imponernos, para dedicarnos a lo verdaderamente importante: las elecciones de segundo grado en el 2026, quizás más importantes que las próximas elecciones generales.

Sin prisa, pero sin pausa

Después de la sentencia seguimos luchando porque siempre supimos que las niñas tenían razón.

Carolina Escobar Sarti

14 de agosto de 2025 | 00:04h

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En la Guatemala de la eterna impunidad, cada caso tarda años en resolverse judicialmente, si es que llega a resolverse. A menos, claro está, que sea un caso que al Pacto de Corruptos le interese particularmente. En el caso del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, durante el cual quemaron a 56 adolescentes mujeres y fallecieron 41 de ellas, la justicia llegó 8 años y 5 meses tarde.

La sentencia del primer grupo de funcionarios involucrados en el hecho no fue equivalente al tamaño del crimen de Estado cometido aquel 8 de marzo de 2017, pero la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes emitió una sentencia bastante apegada a los medios de prueba presentados. Pero además de determinar las responsabilidades de cada funcionario enjuiciado y las penas o absoluciones correspondientes, Cifuentes ordenó al Ministerio Público (MP) investigar a Jimmy Morales,  presidente de Guatemala al momento de los hechos, para determinar su posible participación en lo sucedido antes y durante el incendio. Lo mismo pidió para Carlos Beltetón, exasesor de Morales. Falta ver si, después de la sentencia, Morales sigue o no en el país.

Fue el expresidente quien, según varios testigos, ordenó que los policías se quedaran en el Hogar Seguro durante los hechos del 7 y del 8 de marzo de 2017, incluso rompiendo la cadena de mando de la PNC. Wilson López Maldonado, subcomisario de la policía, declaró, en su momento, que el incendio “se pudo prevenir” sin la intervención de Morales (Agencia Ocote/12-08-25). Y es que, además, fue Morales quien, según otro testigo, ordenó dejar a las adolescentes encerradas dentro del aula de 6 por 7 metros donde las quemaron.

Más allá de las responsabilidades determinadas a través de la sentencia y de lo que aún falta por investigar, hay una clara deuda histórica del Estado de Guatemala con la niñez y adolescencia, especialmente con las niñas. Por eso, cuando se habla de reparación digna a familiares de las víctimas y sobrevivientes, sabemos que no solo se trata de dinero. Es un proceso de años que ha de comenzar por decirle a la sociedad guatemalteca que no cualquiera puede cuidar niñas y niños. La corrupción inicia cuando un político ofrece una plaza para devolver un favor y alguien sin capacidad para la misma acepta. Fue el caso de  los anteriores secretario y subsecretaria de SBS (quien además encontró cómo salir impune), así como del entonces director del Hogar Seguro. Es aquí cuando cabe recordar muchas denuncias anteriores por violaciones y torturas en ese hogar del Estado.

¿Cómo pedir una reparación digna en un Estado que ni siquiera cuenta con un verdadero sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo salir del atolladero, si 6 de cada 10 niñas y niños pertenecen a uno de los pueblos originarios del país y un 70% de esa niñez indígena vive en pobreza, según Unicef? ¿Cómo se trae de vuelta a la vida a las 41 víctimas y cómo se repara el trauma de las sobrevivientes en una sociedad con escasa salud mental? ¿Cómo se restaura la dignidad de millones de niñas, niños y adolescentes que la han perdido desde el día en que nacen en un país injusto, violento y excluyente? Por ello, es fundamental que las sentencias que se emitan en este caso consideren principios de restitución de derechos, de indemnización, de rehabilitación y satisfacción y, sobre todo, las garantías de no repetición.

Caminar hacia la justicia en el país del litigio malicioso se compara al castigo impuesto a Sísifo, solo que en este caso, a las familias de las víctimas, a las sobrevivientes, a las organizaciones y grupos sociales que acompañan. Sin embargo, después de la sentencia seguimos luchando, sin prisa pero sin pausa, porque siempre supimos que las niñas tenían razón.

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Las condiciones están dadas y el proceso avanza, el gobierno central la respalda y el país entero ganaría.

Carolina Escobar Sarti

31 de julio de 2025 | 00:04h

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Hace pocos días, el presidente Bernardo Arévalo lanzó en las redes sociales el siguiente mensaje: “Nuestro país debe elegir un camino: estar del lado del trabajador honrado, o del crimen organizado. Este Gobierno ya eligió. Presentaremos al congreso una nueva Ley Antilavado. No es una ley más: es un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no hay narcotráfico sin lavado”.

Las redes inmediatamente se activaron más de lo usual a favor y en contra de dicha iniciativa, que ya venía trabajándose técnicamente desde el 2020, pero que nunca fue presentada en la legislatura anterior. Le dejo a usted adivinar por qué, pero puedo imaginar que la trazabilidad del dinero jamás le ha gustado a quienes conforman el Pacto de Corruptos. Sin embargo, la tendencia actual de los países va en esa dirección: mejorar las leyes antilavado y eso siempre se puede hacer siguiendo la ruta del dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la institución intergubernamental creada en 1989 para desarrollar políticas que apoyen el combate de lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Es el GAFI el que establece el estándar internacional para el control y combate de ambas actividades, por lo cual cualquier iniciativa legal antilavado, se basa en los mismos criterios técnicos internacionales. Los países que no cumplen entran a una lista gris. A Guatemala le urge adoptar una normativa que responda al lavado de dinero, no solo porque la norma anterior es de 2001 y 24 años después resulta obsoleta; es porque su implementación es urgente en un narcoestado corrupto, y porque no queremos entrar en la lista gris. Entrar en ella tendría efectos muy negativos para Guatemala, como limitar la relación del sector bancario nacional con el internacional, hacer más complejas las transacciones del país con el resto del mundo, limitar la inversión extranjera, entre otros, además del difícil y costoso proceso que implicaría salir de la lista.

En la iniciativa presentada por el gobierno de Arévalo, hay un par de diferencias de enfoque, si la comparamos con anteriores iniciativas: más que un enfoque basado en la represión, incorpora la gestión basada en riesgo, por lo cual termina siendo preventiva. Busca evitar, más que castigar, y contiene medidas tempranas de mitigación. Permite la identificación inicial del tipo de negocio y del beneficiario final, y aunque se plantea que la figura del beneficiario final sea confidencial en un inicio, el objetivo es que la población sepa, por ejemplo  con los proveedores del Estado, quién recibe el dinero, que es dinero nuestro, y cómo lo gasta. 

¿A quiénes les habla esta ley? Al sector financiero (bancos, cooperativas, compañías de seguros, empresas emisoras de tarjetas de crédito, casas de cambio…) y al sector no financiero (notarios, contadores, auditores, sector inmobiliario, vehículos, joyas, criptomonedas, empresas de transporte, prestamistas, microfinancieras, casinos, sociedades que administren fondos o inversiones). Esta iniciativa ya puso a cantar a algunos coristas procorrupción en las redes sociales aquello de “el gobierno busca perjudicar a la oposición”, cuando lo que parece que se busca es dar cumplimiento a los estándares mínimos contra el lavado de dinero. Narcos, evasores, tratantes, corruptos, predicadores y caleteros quizás no estén muy contentos, ya que esta ley da herramientas para que los órganos de control realicen la trazabilidad del dinero y establezcan alertas más tempranas. Y es que, aunque el delito se haga a escondidas, el dinero es trazable. ¿Se aprobará la ley? Las condiciones están dadas y el proceso avanza, el gobierno central la respalda y el país entero ganaría. Es el momento.

La migración, la política y el ADN

No hay persona de la especie humana que no tenga rastros de migración en su ADN.

Carolina Escobar Sarti

24 de julio de 2025 | 00:04h

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Nos vamos de nuestros lugares de origen por varias razones, pero, básicamente, para sobrevivir y apostarle a vidas más dignas. Somos migrantes desde que el primer ser humano habitó la tierra y lo seguiremos siendo, a pesar de todos los Trumps. Guatemala, país de narcos, corruptos, ladrones, criminales y mareros, es uno de los países del gran corredor centroamericano que más puede dar cuenta de la migración, porque no solo es país expulsor, sino de tránsito y, ahora, de destino.

En junio de 2023 se designó a Guatemala, por un acuerdo entre los anteriores gobiernos guatemalteco y estadounidense, como país de procesamiento de migrantes. El nombre no es oficial en ninguna parte, porque las narrativas políticas siempre visten todo de rosado, pero los hechos prueban que Guatemala se ha convertido en una especie de tercer país seguro para los deportados y retornados, para los migrantes en tránsito y las personas solicitantes de asilo y refugio. Frente a esto enfrentamos, como sociedad, enormes desafíos.

¿Cuántos empleos hay para quienes son retornados o deportados a Guatemala, si ni siquiera hay empleos para los connacionales? ¿Cómo controlar la violencia que podría incrementarse en un país con más población y sin acceso a vidas dignas? ¿Cómo recibir y responder a las personas que se acostumbraron a vivir en Estados Unidos y ahora son devueltas a una Guatemala que ya no conocen? (El 50% de los “retornados” corresponde a este perfil). ¿Cómo se asignará y ejecutará el presupuesto para la atención de migrantes? ¿Qué mecanismo existe para la búsqueda de personas desaparecidas en situación de migración, sobre todo niñas, niños y adolescentes?

La gestión del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se ha tenido que fortalecer ante tamaño desafío, y quizás uno de sus aciertos es tener como marco de referencia el Código Migratorio, que pone en el centro los derechos humanos de las personas migrantes. Otro, es darle vida a la política migratoria que ha sido socializada con diversos sectores. Un par de cosas más: el fortalecimiento de la Dirección de Atención y Protección del IGM, y el Plan “Retorno al Hogar” que se basa en tres momentos: 1.) Recepción en aeropuerto; 2.) Atención y registro para entrevistas más profundas que responden a lo contenido en la política migratoria; y 3.) El albergue para personas retornadas que apoya en las primeras 72 horas.

También se han instalado unidades móviles de pasaportes en varios municipios y departamentos del país; se actualizó el Protocolo del Mecanismo Interinstitucional para la Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, suscribiendo un acuerdo con la Fundación de Anatropología Forense (FAFG). Se proyecta la instalación, para este año, de cinco sedes regionales migratorias y  se ha llegado a acuerdos entre el IGM y el Ministerio de Trabajo o la Gremial de Agencias Reclutadoras, con el fin de ayudar a los trabajadores temporales a llenar los requisitos para trabajar en el norte. Pero eso no alcanza.

No podemos negar lo obvio: la cooperación al desarrollo en los países del sur se ha reducido drásticamente, las fronteras se han corrido y militarizado, las políticas migratorias se han endurecido, hay cada vez más tecnologías de vigilancia (datos biométricos) y criminalización de la migración en nuestra región, y la xenofobia está más despierta que nunca, gracias a las narrativas de odio que impulsan algunos dirigentes políticos de países del norte global y sus netcenters.

Es momento de articulaciones nacionales y regionales, de intercambios de experiencias y prácticas de respuesta y resistencia, de profundizar en investigaciones sobre la migración en los contextos actuales, y de hacer incidencia política ante estos desafíos. Es momento de recordar que no hay persona de la especie humana, que no tenga rastros de migración en su ADN.

La educación, en el centro de un nuevo país

¡El derecho a la educación no se negocia! Así es.

Carolina Escobar Sarti

17 de julio de 2025 | 00:04h

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Ya lo decía Juan José Arévalo cuando hablaba con su ministro de Educación, Manuel Antonio Gómez Gálvez: “No hay que pelearse con el partido político más grande de Guatemala: el magisterio”. Pero es que “aquel” magisterio sí merecía el respeto que la población le tenía; entonces, la educación estaba en el centro de todas las acciones políticas del arevalismo. Hoy, Guatemala es el país de América Latina donde, en promedio, la niñez y adolescencia asiste menos años a la escuela. 

El primer Arévalo priorizó la educación en Guatemala: se dio un proceso amplio de formación para las y los maestros; se construyeron el Instituto Normal de Señoritas de Centroamérica (Inca), el Instituto Rafael Aqueche, la Escuela Normal Rural Alameda y las escuelas tipo federación; las escuelas nocturnas se abrieron para las personas trabajadoras; se fundaron la Universidad Popular, la Biblioteca Nacional, el Archivo de Gobierno (hoy de Centroamérica) y el Conservatorio Nacional de Música; y se reorganizaron el Ballet Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. La educación rural recibió un gran impulso y se trabajó en un amplio proceso de alfabetización.

Luego llegaron la Guerra Fría y el conflicto armado interno con todo su horror, con la ruptura del tejido social y los rudimentos de una corrupción que hoy nos tiene de rodillas. Y hasta los sindicatos que habían nacido con buena estrella durante el gobierno de Juan José Arévalo para proteger los derechos de los trabajadores se fueron torciendo. Hoy esos sindicatos son, en su mayoría, grupos instrumentalizados al servicio del mejor postor: el pacto de corruptos. ¿O no ha salido el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG), en medio de las crisis políticas más fuertes de las últimas dos décadas, a defender a los indefendibles y sus causas? ¿No fue Joviel Acevedo quien, en medio de los sismos recientes, soliviantó los ánimos del STEG para realizar paros en el país mientras la ayuda debía trasladarse a las poblaciones afectadas? (Por favor, los ignaros y netcenteros, ahórrense lo de “ahora sí protesta por los paros y cuando los pueblos originarios lo hicieron, no”).

Manifestar es más que legítimo, pero lo que hacen Joviel Acevedo y sus huestes no es manifestar, es afectar la educación, ya deteriorada, de toda una generación, para servir a intereses corruptos. Acevedo lleva 30 años de participar en actividades sindicales y 20 años al frente del STEG y, aunque hay en su contra acusaciones de corrupción, ninguna ha prosperado en el MP. Una rosca de poder lo protege dentro y fuera del gremio, y aunque su jurásico discurso aún tenga eco en algunas partes, sus intereses reales obedecen a los vaivenes políticos nacionales, más que a luchar por la defensa del magisterio y la educación de millones de niñas, niños y adolescentes.  En 2018 comenzaron las investigaciones en su contra; en julio de 2023, Estados Unidos lo sancionó y señaló por corrupción, ya que en el tiempo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti pidió beneficios personales a cambio de alzar al magisterio a su favor. Este fue el caso conocido como la remodelación de la Casa del Maestro, donde él se recetó su apartamento. Acevedo es hoy el símbolo más retorcido del sindicalismo.

Después de que el actual Ministerio de Educación interpusiera 12 recursos legales contra sindicatos de maestros que dejaron de dar clases por aproximadamente dos meses, la actual Corte de Constitucionalidad (CC) tuvo uno de sus escasísimos momentos luminosos, y el 14 de julio ratificó la primacía del derecho a la educación, ordenando al STEG cesar las medidas de hecho. Al enterarse de la disposición de la CC, la ministra de Educación, Anabella Giracca, puso un acertado mensaje en las redes del Ministerio, diciendo: ¡El derecho a la educación no se negocia! Así es. Probado está que la educación ha levantado países. Ya es tiempo de más acciones contundentes como esta, para que Guatemala se levante como país.

Racismo desde el poder

¿Por qué no puede expresarse una funcionaria en su idioma, si nuestra Constitución lo permite?

Carolina Escobar Sarti

10 de julio de 2025 | 00:04h

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En el 2024, autoridades del Ministerio de Desarrollo (Mides) fueron citadas 225 veces al Congreso de la República; en lo que va del 2025, ya van 110 citaciones. ¿A qué hora los dejan trabajar? Entiendo bien que una de las funciones de las y los diputados es fiscalizar, como parte del ejercicio democrático que busca transparentar, ante la ciudadanía, cómo se gastan los fondos públicos.  Sin embargo, en portugués hay un dicho que, traducido, dice así: “use, pero no abuse”.

Cuando se abusa de las citaciones y se hacen sin enfoque técnico, con fines políticos o de corrupción, se convierten en un obstáculo para la buena gestión pública. Las citaciones deben cumplir su función de garantizar el bien común y no ser mecanismos de linchamiento y desgaste político. Ya es tiempo de sacar esta mala praxis del Congreso.  El 25 de junio del 2025 fue la última de estas citaciones. Comenzó tarde, se demoró hasta las 18:00 horas y provocó revuelo.

Durante varias citaciones en las que ha participado la diputada Teresita de León Torres (UNE), cuentan que su trato hacia la viceministra del Mides, Bertha Zapeta Say, ha sido denigrante y abusivo, diferente al que prodiga a otras/os funcionarias/os del mismo ministerio durante las citaciones. Mientras al ministro y a las otras dos viceministras (no mayas) les responde de manera complaciente (“con gusto, señor ministro”, “claro que sí, señora viceministra”), a la viceministra Zapeta (maya) la increpa con un “le estoy preguntando a usted” o con preguntas malintencionadas como “¿cuál es el porcentaje de la ejecución presupuestaria del Bono Nutrición en el municipio de Masagua, Escuintla?”. Mientras la viceministra espera el apoyo de asesores, la diputada interrumpe en repetidas ocasiones, levanta la voz y expresa que “eso debería saberlo de memoria, tenerlo en la punta de la lengua, pero ¿qué se puede esperar?” o “la viceministra Zapeta no entiende, no sabe nada de su viceministerio”, “renuncie, reconozca que no sabe nada”, “mejor a usted ya no le pregunto nada porque ya sé que no me va a contestar” o “¿usted entiende lo que le estoy diciendo?”

¿Qué le molesta a la diputada? ¿Que una viceministra maya esté al frente del viceministerio de protección social, columna vertebral del Mides, que tiene a su cargo la ejecución de los 9 programas sociales? ¿No ha sido ese viceministerio el botín más codiciado por diputados y funcionarios corruptos que saben que allí hay fondos para transferencias monetarias condicionadas para salud, nutrición, educación y otros rubros como los “comedores”, que en el tiempo de su mamá, Sandra Torres, se llamaron “comedores solidarios”?  Tema para otro artículo.

Por otra parte, la citación se desarrolló completamente en idioma español, con la excepción de la alocución en k’iché de la viceministra Zapeta, quien, ante la exigencia del diputado Sergio Enríquez Garzaro (UNE) de dirigirse al pueblo de Guatemala para explicar lo de los comedores, se dirigió en k’iché al pueblo de Sololá, durante aproximadamente 45 segundos, para luego traducir al español lo dicho. A lo cual, el cuestionado diputado Enríquez le dice: “conteste en español” y luego se va con cosas como “me parece una falta de educación” o “si viene a mentir aquí”, porque lo que  él no entiende es mentira.

Ante la querella que la viceministra puso en su contra, Enríquez dice que fue un “exabrupto emocional”. Yo diría que fue un exabrupto racial estructural de los que aquí abundan. ¿Por qué no puede expresarse una funcionaria en su idioma, si nuestra Constitución Política, los instrumentos internacionales ratificados, la Ley de Idiomas Nacionales, entre otros, lo permiten? Mejor que comiencen a leer el libro Linaje y racismo, de Marta Casáus. Así tal vez terminan de entender por qué los mayas llamaban mentirosos a los caxlanes.

Levantar cada palabra

Durante casi dos semanas se levantarán palabras desde todos los géneros de la literatura y el pensamiento.

Carolina Escobar Sarti

3 de julio de 2025 | 00:04h

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Levantamos palabras porque imaginamos mundos que queremos hacer existir. Y cuando otros ojos encuentran esas palabras se cruzan los mundos, se traza el rastro de una historia y “se escriben las obras maestras”, como dijo Paul Valéry. Los oficiantes de la palabra nada son sin sus interpretantes. No hay habladores sin escuchadores, libros sin lectores, amantes sin “amorosidades” (palabra robada al maestro poeta Francisco Morales Santos).

Llegó la Filgua 2025. Esta vez con España como país invitado de honor. Leer para levantar el vuelo es el concepto que unifica las más de 60 actividades que conforman el programa oficial: presentaciones de libros, diálogos, talleres, conciertos, teatro y exposiciones en las que participarán 20 autores y creadores españoles”, dice el comunicado de la Embajada y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). “Una agenda que representa la pluralidad de lenguas, voces y sensibilidades de la literatura actual española pensada especialmente para el público joven guatemalteco. Entre el 1 y el 13 de julio en el Fórum Majadas 11 con actividades especiales para públicos infantil y familiar, actividades profesionales para el sector editorial y formativas para escritores e ilustradores”.

Honrar es una de mis palabras preferidas. Honrar en vida es, además, un gesto de nobleza que nos remite al lugar de nuestra humanidad y nuestra trascendencia como especie. En esta oportunidad, la Filgua se dedica a la doctora en Ciencias Políticas y Sociología Marta Elena Casaús Arzú. Esta intelectual guatemalteca, autora de libros fundamentales como Guatemala: linaje y racismo, Racismo, genocidio y memoria, Oligarquización y reversión autoritaria o profundización democrática, Otra mirada: liberalismo, positivismo y la visión sobre el indio americano, La Sociedad Gabriela Mistral (que presentaremos el martes 8), entre otros, trae a la Filgua importantes temas como el de la memoria, el debate entre los intelectuales mayas, mestizos-ladinos y otros grupos diversos, y sus aportes críticos a períodos de nuestra historia, como el de la generación de 1920.

En una reciente entrevista ofrecida a Prensa Comunitaria, ella dice que “el tema de las redes familiares, así como el de las estructuras de larga duración, el tema del racismo como un factor histórico estructural lamentablemente no han cambiado lo que deberían   haber cambiado y lo que un país o una nación moderna y progresista debería tener. Prueba de ello es la resistencia tan brutal a un hecho democrático y de soberanía nacional como fue la elección de Bernardo Arévalo”. Aunque, agrega: “el bloque de poder, las redes familiares tradicionales, a mi juicio, han sufrido un proceso de desgaste y de deterioro muy fuerte. Aunque hay grupúsculos de los que todos sabemos que han estado con el Pacto de Corruptos y con la oposición, creo que la gran mayoría de estas redes han entendido que o cambiaban o morían”.

Importantes espacios se abren en la Filgua para la reflexión y el debate. Durante casi dos semanas se levantarán palabras desde todos los géneros de la literatura y el pensamiento. En la Guatemala que poco se atreve al intercambio pacífico de ideas, esto no solo se celebra, se baila. No niego que me habría encantado conversar con una autora como Irene Vallejo, cuyo libro El infinito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo habita mi mesa de noche desde hace ya algunos años. Sé que volveré a gozarme cada presentación a la cual fui invitada, que caminaré por esos pasillos de presente y futuro con calma, pasión y paciencia para entrar en la palabra que se levantará.  Veré a las niñas y los niños levantar, como dijo Roberto Juarroz, cada palabra que encontrarán, para examinar debajo. Y levantaremos a cada ser humano que haya oficiado este ritual de trascender.

Que no se nos olvide

También vienen a mi memoria los 106 días en que los pueblos originarios pararon un país en el 2023 para apoyar a un gobierno que dibujaba esperanza.

Carolina Escobar Sarti

26 de junio de 2025 | 00:04h

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Hace diez años, Guatemala se vistió de esperanza. Un movimiento ciudadano plural trazó un río humano nunca visto en nuestro país, todo alrededor de la corrupción y la impunidad que ya no queríamos ver, sentir y vivir en Guatemala. Unas ciento cincuenta mil personas de la ciudad capital y los departamentos se lanzaron a las calles para decir muy recio consignas como “No tengo presidente”, “Renuncia ya”, “Justicia ya” y “La indignación nos une”.

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron los actores políticos sobre los cuales recayó, con sobrada razón, la indignación ciudadana. Pero hubo otros actores dentro del mismo empresariado y otros sectores que cincelaron en las paredes de nuestra historia la expresión “pacto de corruptos”. Sin embargo, el músculo ciudadano se venía fortaleciendo desde el juicio por genocidio contra Ríos Montt, cuya condena de 80 años se dictó el 10 de mayo de 2013. En aquel momento, la gente comenzó a hablar, poco a poco, de estos temas sensibles en las calles, las universidades, las tiendas de barrio, los medios, las redes y las casas. Para mí, ese fue el punto de partida para lo que vendría dos años después: una ciudadanía cada vez más dispuesta a construir el país que imaginaba.

Recuerdo a aquella mujer maya que, parada en la tarima de la plaza central durante la tercera gran marcha ciudadana, tomó el micrófono y dijo: “En el campo y en la ciudad, forjaremos la unidad”. Cuando evoco aquel momento, también vienen a mi memoria los 106 días en que los pueblos originarios pararon un país en el 2023 para apoyar a un gobierno que dibujaba esperanza. Y, por supuesto, hoy pienso que otra oportunidad histórica volvió a perderse y que no se supo aprovechar la posibilidad de reinventar un país para todas y todos. Nombres como el de Manuel Baldizón, desde su partido en el Congreso, se asociaron entonces a la impunidad que tanto nos indignaba en una Guatemala históricamente despojada, criminalizada, corrompida y dividida. 

Cuentan quienes aún recuerdan, que solo la marcha de mineros de Ixtahuacán que entró a la ciudad en plena dictadura militar (1977) se asemejaba en tamaño a la de agosto de 2015. Aun así, era mucho menor.  Esta vez, distintos sectores sociales de todos los colores y formas  aguantaron hombro con hombro los días de lluvia e intenso sol hasta la renuncia de Otto Pérez Molina. Cinco meses después de aquel histórico abril de 2015, hubo un 27 de agosto que nos unió multitudinariamente. Ya hace casi diez años de esto, pero para no olvidar y frente a un presente donde el pacto de corruptos no deja de morder, salpicar y criminalizar, vale la pena recordarlo. Cuando veo las sentencias de jueces y cortes que liberan a criminales amigos y criminalizan a los enemigos del pacto, creo que aún tenemos mucho camino por recorrer.

No somos lo que hacemos una, ni dos, ni tres veces. Somos el resultado de largos procesos humanos y ciudadanos de fortalecimiento que buscan la paz social y el desarrollo de un país, así como la construcción de un estado de Derecho que nos garantice a todos el bienestar, la dignidad y la justicia que, por igual, merecemos. La tensión social y política se incrementaba, los medios internacionales presionaban la salida de Pérez Molina, quien no quería ser “ni traidor ni cobarde”. De su lado, Mario López, del empresariado guatemalteco; Manuel Baldizón, con su 40% de diputados en el Congreso, y Alejandro Maldonado, su vicepresidente tras la salida de la vicepresidenta Baldetti. Buena parte del resto de Guatemala, en su contra. Luego llegaron las elecciones del 6 de septiembre y lo demás es historia.

El mundo que ya no conocemos

Benjamín Netanyahu y Donald Trump son los símbolos perfectos de la decadencia humana actual.

Carolina Escobar Sarti

19 de junio de 2025 | 00:05h

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Si usted no siente el cambio civilizatorio que estamos viviendo, no vive en este mundo. En medio de la incertidumbre por tantos cambios insoslayables de paradigma, la sombra de una tercera guerra mundial se tiende sobre el mundo. La barbarie ha regresado, de forma más descarnada, espectacular y perfecta.

Hace siglos, las guerras se sostenían entre dos ejércitos enemigos en campo abierto; en casa quedaban las familias que sobrevivían o esperaban a los guerreros. El siglo XX marcó la diferencia en ese sentido y las guerras llegaron a las ciudades, a las casas y los pueblos. Hoy, la primera intención de quienes dirigen las guerras en el mundo es acabar con la población civil del lado enemigo, comenzando por las y los niños. Eso constituye un claro signo de deterioro civilizatorio en dos sentidos: la crueldad humana se ha perfeccionado y la esperanza está siendo aplastada. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, son los símbolos perfectos de la decadencia humana actual.

En las últimas semanas, las cosas se han complicado. Esta guerra de naturaleza política, estratégica y religiosa, amenaza a la humanidad entera. La tensión global se siente y todo depende ahora de cómo la resuelvan Irán e Israel. Israel lanzó un ataque “preventivo” y sorpresivo contra Irán recientemente, e Irán respondió rápidamente, lanzando cientos de misiles al centro de Tel Aviv. Entonces Netanyahu le pide apoyo a Washington, que incondicionalmente lo ha apoyado siempre. La tensión puede aliviarse al bajarle la intensidad al conflicto por la vía de la negociación y la diplomacia, o presionando el botón que inicie la temida guerra nuclear, desde las centrales nucleares hasta los territorios. Del lado de Irán están China, Pakistán, Rusia y una buena parte del mundo árabe.

Dijo el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Douglas MacGregor, que “Washington ha gastado 12 billones de dólares en Oriente Medio desde 2003”, lo cual ha matado a miles de estadounidenses y ha dejado a tantos más heridos, afectados o muriendo cada año por consumo de fentanilo. Además, “Un ataque israelí en la isla de Kharg —donde fluye el 90% de las exportaciones petroleras de Irán— o en las terminales de Bandar Abbas, e Irán cierra el estrecho de Ormuz. Eso representa el 20% del suministro mundial de petróleo. Eso significa la interrupción de las cadenas de suministro y una inflación galopante. (…) ¿Para qué? ¿Para que Israel, que inició esta guerra descabellada, pueda arrastrar a los estadounidenses a un conflicto regional más amplio con el potencial de una guerra nuclear?”.

MacGregor sugiere cinco medidas para desactivar una posible guerra: 1. Solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y un alto al fuego inmediato que deje claro que Washington se opone a la destrucción de cualquier Estado en Oriente Medio. 2. Exigir que Israel detenga la matanza (el genocidio/acotación mía) en Gaza y se retire de Gaza y Cisjordania. 3. Suspender la ayuda militar a Israel y permitir la ayuda humanitaria en Gaza. 4. Proponer que los ejércitos de los países no alineados vigilen Gaza y Cisjordania. 5. Proponer que EE. UU., Rusia, China, India y Brasil convoquen y arbitren una estrategia de paz en la región. (…) Los belicistas de Washington tuvieron 22 años. Fracasaron. Mintieron. Se beneficiaron mientras Estados Unidos sangraba. Se acabó el tiempo. Estados Unidos Primero significa Estados Unidos Primero. No Israel primero. No Ucrania primero. No la Otán primero”.

Yo, como ciudadana del mundo, creo que la humanidad es primero. Es la ciudadanía mundial la que importa. Cada persona en todo el planeta. No una potencia, no un país, no una región. Cada niña y cada niño importa. Importamos todos. Y, sin embargo, hemos dejado el mundo en las peores manos.

Fátima habló: “Niñas, no madres”

Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada.

Carolina Escobar Sarti

12 de junio de 2025 | 00:04h

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Cuando la voz de una niña no es escuchada por una sociedad, la justicia puede hablar por ella. Es el caso de Fátima, quien “tenía 14 años cuando quedó embarazada tras ser violada por un exdirector de una guardería pública a la que asistía de niña. Las violaciones ocurrieron después de que ella dejara la institución. Su agresor había mantenido contacto con la familia (…) y se había ganado su confianza, brindándole apoyo económico. Cuando su madre se enteró de los abusos, los denunció y luego fue sobornada y amenazada por el agresor, por la esposa del agresor y por otros integrantes de la familia del agresor.

A pesar de nueve años de procedimientos penales durante los cuales el agresor ejerció presión constante sobre Fátima y su familia para que retiraran la denuncia, este logró evadir la justicia. Guatemala no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado. Desde entonces, Fátima ha sido estigmatizada como una niña que inició su vida sexual a temprana edad”. La hermana mayor también había sido violada por el mismo hombre, pero no se había atrevido a hablar. Si hubiera hablado, Fátima no habría sido víctima. Al no obtener justicia y reparación en Guatemala, Fátima llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada e impunidad sistemática frente a la violencia sexual. Según el Osar, solo de enero a mayo  880 niñas  entre 10 y 14 años quedaron embarazadas, lo cual significa 6 diarias; si sumamos a las adolescentes entre 15 y 18 años, el número crece a más de 18.000, un promedio diario de 117. Solo el 1% de los casos llega a sentencia condenatoria. Y si bien el Código Penal permite el aborto terapéutico cuando la vida de la madre está en alto riesgo, lo cual es una realidad para todas las niñas entre 10 y 14 años, Fátima fue obligada a llevar su embarazo a término y el parto no solo fue traumático, sino casi fatal. También se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo. La violencia sexual y el embarazo forzado le causaron profundos traumas que la llevaron a dos intentos de suicidio. Nueve años después, el niño vive con la madre de Fátima.

El Comité concluyó que Guatemala violó el derecho de Fátima a la vida, ya que este derecho implica el derecho de vivir con dignidad y requiere que los Estados adopten medidas positivas para garantizar el derecho pleno a la salud sexual y reproductiva. “El silencio y la inacción del Estado no son neutrales; no solo constituyen violaciones por omisión, sino que también son factores de revictimización. Forzar la maternidad sobre una niña de esta forma es una grave violación de los derechos humanos”, afirmó H. Tigroudja, integrante del Comité.  Se concluyó que Fátima vivió tortura y trato cruel, inhumano o degradante, dado que este se refiere no solo al dolor físico, sino también al sufrimiento moral.

El Comité instó al Estado guatemalteco a establecer un sistema de registro y monitoreo de casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas, y le solicitó adoptar medidas para reparar el daño que el embarazo y la maternidad forzada causaron en los proyectos de vida de Fátima. También se solicitó a Guatemala hacer un reconocimiento público de responsabilidad y garantizar el acceso a la educación y a la atención psicológica del hijo nacido por violación.

Esta decisión histórica impulsada por el Movimiento Son Niñas No Madres, sienta un precedente para proteger a muchas niñas de Guatemala que quedan embarazadas antes de los 14 años, producto de una violación, la mayoría de veces por hombres de su entorno cercano. Esta sentencia nos recuerda que las niñas han de ser niñas, no madres; que los embarazos han de ser deseados, no forzados, y las maternidades han de ser decididas, no impuestas; que la Educación Integral en Sexualidad es una obligación del Estado para el ejercicio responsable y pleno de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres; y que el Estado, somos todas y todos. La sociedad política y civil de Guatemala.

Justicias indígenas y Estado

Solidaridad con Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Carolina Escobar Sarti

5 de junio de 2025 | 00:04h

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Las preguntas que se hace Boaventura de Sousa Santos ante la problemática que plantea el libro Justicias indígenas y Estado, son fundamentales: ¿Las políticas de reconocimiento de los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas han llegado a su límite? ¿Estamos por entrar en un período de retroceso? ¿Están por surgir nuevas resistencias?

El libro en cuestión analiza cómo se han aplicado en el campo jurídico las políticas culturales neoliberales, con relación a pueblos originarios de México y Guatemala.  Las autoras Sierra, Hernández y Sieder diseccionan, desde diferentes perspectivas, estas formas de violencias contemporáneas y articulan las políticas culturales en el campo de la justicia con las políticas de seguridad nacional y de reforma penal, considerando los desafíos que esto implica para los pueblos originarios.

Dicen las autoras: “Durante los años ochenta y principio de los noventa, analizamos y criticamos el impacto de las políticas indigenistas integracionistas en la vida de hombres y mujeres indígenas (…), señalando que los discursos liberales sobre la igualdad y la ciudadanía universal eran otra forma de encubrir la violencia y la exclusión implicada en la concepciones monoculturales y universalizantes de la identidad nacional. Junto con otros colegas documentamos también el sentido en que el desconocimiento de los operadores de justicia oficial sobre el derecho consuetudinario indígena estaba detrás de las violaciones a los derechos humanos indígenas, lo cual desnudaba el monismo jurídico del derecho estatal y la vigencia de sistemas jurídicos plurales que habían sido silenciados y colonizados por los poderes hegemónicos”.

Llegaría luego el auge del movimiento indígena en el continente, el rechazo al V Centenario del llamado “Encuentro de Dos Mundos” y el surgimiento de nuevos actores políticos que sustituyeron las “identidades campesinas” por identidades indígenas. Fue el momento que permitió comenzar a repensar los Estados Nacionales en América Latina. Las reformas constitucionales colombianas de 1991 abrieron la puerta a otras reformas constitucionales en distintos países del continente, que reconocieron los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Al inicio, esto se percibió como un logro alcanzado gracias a las luchas indígenas, lo cual se abrió a la esperanza. Sin embargo, algunos advirtieron que el entusiasmo no debía empañar las limitaciones de las reformas logradas, muchas de las cuales empataban bien con las reformas estructurales del neoliberalismo.

W. Assies (1999) dijo al respecto que “el proyecto cultural” del modelo económico neoliberal requería de un nuevo tipo de ciudadanía “menos dependiente del Estado” en el que cada ciudadano se responsabilizara de su bienestar y señaló que “la desagregación del Estado se podía acomodar a las demandas autonómicas de los indígenas”. D. Irturralde (2000) señaló que “el reconocimiento de los derechos colectivos, incluidos los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, no eran incompatibles con las lógicas reformistas de los Estados latinomericanos”.

Posteriormente, las autoras investigan las tensiones y contradicciones en el papel regulatorio de los derechos. Escuchan a hombres y mujeres indígenas sobre temas fundamentales como la cultura, la tradición, la justicia y la autonomía. Analizan   los procesos de politización de las identidades culturales como espacios de movilización fundados en demandas de reconocimiento y redistribución. Reconocen el potencial emancipatorio o regulatorio que pueden tener las reformas legislativas  sobre pueblos originarios y las políticas de reconocimiento cultural, y documentan cómo han impactado los procesos de reforma legal en el campo de la justicia y las luchas políticas de organizaciones indígenas. Hoy, los nuevos contextos de criminalización de pueblos originarios, seguridad nacional y guerra contra el narcotráfico han hecho que el análisis se desplace en otras direcciones que terminan afectando a las poblaciones indígenas.

Mujeres, maternidades y totalitarismos

La maternidad debe ser una decisión.

Carolina Escobar Sarti

29 de mayo de 2025 | 00:04h

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A lo largo de su campaña electoral, Trump se autodenominó el rey de la fertilización in vitro (FIV). Como presidente, anunció en marzo, que quería ser recordado como el “presidente de la fertilización”. Su administración está animando a la gente a tener más hijos, con el fin de elevar una tasa de natalidad en declive y, para ello, está considerando un bono por bebé de US$5,000 para cada madre estadounidense después de dar a luz, lo cual ha abierto un amplio debate que se complejiza ante preguntas como ¿Les deben pagar a las mujeres por tener hijos? ¿Les seguirán pagando por su cuidado? ¿El fin principal del gobierno de Trump, al tomar este tipo de medida, es crecer el número de consumidores, soldados, votantes y pagadores de impuestos?

En el 2023 la tasa de natalidad en los Estados Unidos era de 1.23 hijos por mujer y para garantizar que la pirámide social se mantenga, debe ser de 2.1 por mujer. Así que podría verse como una medida “inocente”, pero hay que mantenerse alertas, porque esto sería el inicio de algo que podría hacernos retroceder. Si no, que lo digan las mujeres bajo el régimen de los talibanes, que en pocos años han retrocedido siglos. Hace más de veinte años, las mujeres de Afganistán iban a la universidad y no usaban burka; hoy, con los talibanes de nuevo en el poder, más de 30 medidas represivas fueron dictadas en su contra. No salir solas a la calle con el riesgo de ser lapidadas si muestran un poco de piel de los tobillos, no reír en voz alta, no usar tacones para no hacer ruido al caminar, no salir a los balcones o hacer deporte, entre muchas más.

La historia nos ha enseñado que no hay totalitarismo que no se meta con la maternidad y, por ende, con los cuerpos de las mujeres. Claros ejemplos de ello fueron la dictadura de Franco con sus falangistas dándole hijos al régimen, así como las madres de la patria en la Alemania nazi o durante el fascismo italiano de Mussolini. Nadie niega que algunas mujeres apoyen los neofascismos en todo el mundo, que sean muchas las madres árabes que aún llevan a sus hijas al ritual de la mutilación genital, o que tengamos entre nosotras a portavoces del orden más conservador. ¿De qué otra manera podría continuar el orden del padre hasta hoy, si no fuéramos también parte de la reproducción biológica e ideológica del mismo? ¿Qué otro mecanismo les habría permitido, a tantas mujeres y a sus hijos e hijas, por siglos, sobrevivir a la hoguera, la marginación social, al aislamiento, la miseria, la prisión o la muerte?

Los Estados quieren niños que se conviertan en adultos para sus propósitos, pero no les importa mucho su cuidado desde el nacimiento hasta antes de que se vuelvan productivos. Por eso se ha romantizado tanto la idea de la maternidad, al dejarla principalmente en las manos de las mujeres que por siglos lo han hecho gratuita y calladamente, entre la culpa y la obligación y ahora, además, respondiendo a sus necesidades de trabajar o sus deseos de estudiar y realizarse personalmente. A los sistemas totalitarios les gusta mucho la reproducción, pero no la maternidad como tal. Así que engrasan los engranajes para que funcione bien el orden: asocian el cuidado a lo materno y la protección a lo paterno, no importa qué es lo que desean las unas y los otros. Prehistórica concepción de un orden que deja sin opciones a las mujeres y los hombres. La maternidad debe ser una decisión.

Esto me hace traer a este espacio la famosa sentencia de Simone de Beauvoir: “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca deben darse por adquiridos, las mujeres deben permanecer vigilantes toda su vida”.

La memoria que seremos

La memoria no es nostalgia, sino una inapelable condición de presente y futuro.

Carolina Escobar Sarti

22 de mayo de 2025 | 00:04h

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Cuando mi padre murió, hace 44 años, yo sentí una especie de temor que se incrementaba cada día durante los primeros meses después de su partida: olvidar su rostro y su voz. Era mi primer acercamiento al dolor de la muerte. Desde entonces, hubo una intención de hablarlo con frecuencia, de recordarlo con sus luces y sus sombras, de escribirlo y dibujarlo, de llevarlo conmigo de tantas maneras, para que nunca se fuera. Hoy, sobra decirlo, mi padre es parte de mi historia, pero no lo es solo porque fuera mi padre biológico; lo es de una manera consciente, racional y amorosa. Recordarlo así me ha hecho bien.

Sin duda, una de las características de la memoria es su persistencia. Me sirve recordar esto ahora más que nunca, cuando siento que atravesamos un cambio civilizatorio, un cambio de era. En un mundo incierto, rápido, robotizado, artificialmente inteligente y violento como el de hoy, la memoria constituye, más que nunca, un refugio, un lugar de resistencia y una posibilidad de trascendencia y dignidad humana. ¿Qué seríamos sin la memoria? ¿Y qué seríamos si no construyéramos nuestras historias desde lo que consideramos verdadero y justo?

Hay ejercicios y espacios importantes de preservación de la memoria en todas nuestras historias personales y colectivas.

En Guatemala, uno de ellos ha sido la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia, inaugurada en abril de 2010. Esa muestra nació para imaginar un futuro diferente, más justo y más alegre para Guatemala, concebido desde una reconstrucción de nuestra memoria histórica universal, pero especialmente guatemalteca. Uli Stelzner es, sin duda, la mano que movió inicialmente (y durante los últimos 15 años de esta Muestra), los engranajes que hicieron girar esta maravillosa intención, junto a un equipo humano incansable, visionario y comprometido. De la primera película (La Isla) a las últimas (Carga de Paz y Fuego), un río de memorias, con toda su intención de verdad y justicia, recorrió varias salas de cine en distintos puntos del país. El último fin de semana de la Muestra (17 y 18 de mayo), cuando se presentaron Fuego y Carga de Paz, más de 1,200 espectadores se reunieron en cines de Guatemala y Quetzaltenango.

Diez años tuvieron que pasar para presentar en Guatemala Carga de Paz, documental sobre la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz, quien creía firmemente, como lo dice en el documental, que la justicia es capaz de cerrar las heridas abiertas de un pueblo. Esta “crónica de viaje” de la fiscal Paz y Paz nos recordó un momento importante y luminoso para la justicia guatemalteca, pero también nos recordó que pocas veces hay finales felices. Por su parte, la gran película Fuego fue más allá de la historia de un volcán, para espejear en la pantalla las tragedias de un país, pero también sus resistencias, sus heroísmos y la persistente esperanza de un pueblo.

Un festival memorable, un cine que nos puso a hablar y a pensar con cada película y cada foro a los que asistimos;  un espacio para documentar las intenciones de resistir y caminar; un lugar para la libertad de expresión y el resguardo del ayer. La memoria, como ya lo dije en otra parte, no es nostalgia, sino una inapelable condición de presente y futuro. Pienso en lo importante que es hacer y mostrar este cine contra el olvido, porque el olvido borra una parte esencial de nuestra historia, y porque la falta de memoria rompe el puente entre las generaciones.  Finalmente, porque creo y suscribo las palabras del cineasta chileno Patricio Guzmán:  “Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo del presente. Los que no la tienen, no viven en ninguna parte”.