Pérez Molina, alegó que tiene derecho a la recreación, salud y libertad de expresión, también pidió una estufa pequeña y un dispensador de agua pura.

La solicitud presentada por los abogados de Pérez Molina a la cual tuvo acceso The Associated Press asegura que como expresidente tiene derecho a la libertad de expresión y que está interesado en escribir un libro sobre la historia de Guatemala.

El juez Miguel Ángel Gálvez, según trascendió la noche de este jueves, habría rechazado la solicitud del ex mandatario por lo que no tendría acceso a los beneficios que aspiraba.

Aunque se intentó comunicarse con el representante legal de Pérez Molina, Moises Galindo, este no respondió a las llamadas a su teléfono celular, para conocer su reacción respecto a la decisión judicial.

En Matamoros

Pérez Molina se encuentra detenido en una prisión civil, dentro de instalaciones del cuartel militar Matamoros, acusado por la fiscalía de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera vinculados a un caso de corrupción.

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien también renunció al cargo, está ligada al proceso y detenida, aunque actualmente se encuentra en un hospital militar por problemas de salud.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) acusan a Pérez Molina y a Baldetti de haber recibido varios millones de dólares producto de sobornos. 
   
Según la Comisión los ex funcionarios conocían, facilitaron y recibieron beneficios de la estructura denominada “La línea” integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios con el fin de evadir impuestos.

La comisión asegura que Juan Carlos Monzón Rojas, el prófugo exsecretario privado y mano derecha de Baldetti, es el artífice y líder de la estructura. Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso.

Estuardo Salvador González, también detenido e integrante de la estructura, dijo ante el juez a cargo de la causa que Pérez Molina y Baldetti habrían recibido el 50% del total de los sobornos recibidos por la estructura criminal.

“Me siento mal, esto es muy duro”, dijo Pérez Molina en entrevista exclusiva a The Associated Press en el receso de la audiencia judicial a la que fue citado tras proferirse una orden de aprehensión. “Por dimes y diretes, por épocas del conflicto, por esto me hubieran matado” , señaló en alusión a los años de guerra entre gobierno y guerrilla entre 1960 y 1996.

Pérez Molina habló en voz baja, compungido, fiel reflejo de su actitud durante la audiencia judicial a la que fue citado para que le fueran leídos y explicados los cargos de corrupción presentados por la Fiscalía y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas  (CICIG) .

Cuando se le preguntó sobre el proceso de corrupción que afronta, Pérez Molina lo comparó con la cruenta y larga guerra civil que padeció el país.

“En Guatemala, por menos, hace 30 años me hubieran asesinado porque dicen que dicen que dijeron que uno era colaborador de la guerrilla, y por eso lo mataban a uno”, dijo. “O dicen que dijo que uno era comisionado militar, y la guerrilla lo mataba. Y hoy eso es lo que están haciendo”.

“Le hago una comparación de lo peligroso que es utilizar decires y eso es lo que he visto hasta el momento. Yo no he visto nada realmente. Mi familia lo está lamentando”, agregó.

Pérez Molina, que viste un traje azul, camisa a rayas y corbata roja, ha permanecido sentado la mayor parte del tiempo durante la audiencia, casi sin movimiento, mientras observa a fiscales y abogados de la comisión que se encuentran sentados frente a él.

Durante la entrevista, se limpiaba la cara constantemente con un pañuelo, y se le notaba cansado, como si no hubiera dormido, y con los ojos rojos. Temprano en el día, arremetió en contra de la fiscalía y la Comisión, al decir que sus miembros “buscan protagonismo” y “llenar sus egos”.

La audiencia inició con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción que provocaron la renuncia de Pérez Molina como mandatario de la nación centroamericana.

Dijo que no se había sentido utilizado por la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, ni por nadie.

“Yo tuve herramientas, puede haber sacado a la CICIG, pude haber cambiado a la fiscal, me pude haber atrincherado y no lo hice” y cuando en la audiencia se presentaron algunas escuchas telefónicas como prueba del entramado de corrupción, dijo: “ahí los que hablan son los verdaderos responsables, a ellos podrían señalarlos, sindicarlos directamente, pero por terceras personas, eso sólo acá en Guatemala”.

A la pregunta sobre cómo afrontaba estas acusaciones como militar, su semblante cambió y se puso en postura firme, tal vez por primera vez desde que arribó al tribunal y dijo “por eso estoy aquí”.

La marcha fue convocada para el sábado en la tarde a través de redes sociales, sin ningún líder al frente, aunque confluyeron en ella una amplia gama de sectores, desde empresarios, académicos y miembros de iglesias hasta representantes de derechos humanos y defensores de la diversidad sexual.

Con el slogan #RenuncienYaFase2 y 16M, los manifestantes exigen el fin de la corrupción así como la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, al que acusan de estar involucrado en actos de esa naturaleza. Pérez Molina rechaza la afirmación y pugna por el combate a esa práctica indebida.

El empresario Geovanni Vásquez, que participó en la protesta, dijo ser uno de los tantos guatemaltecos que se siente “indignado ante la gran corrupción que los gobernantes en Guatemala han hecho”.

“Han abusado de la confianza del voto que uno les ha dado creyendo que ellos iban a ser confiables e iban a llevar al país a un mejor desarrollo”, explicó.

La paciencia de los guatemaltecos se desbordó cuando la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pusieron al descubierto una red de funcionarios y particulares que defraudaron al fisco millones de dólares.

El escándalo de corrupción puso en una grave crisis la institucionalidad del país que incluso forzó la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

La red, según las autoridades, era liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de Baldetti .

Las autoridades determinaron a través de 66.000 escuchas telefónicas que empresarios sobornaban a los funcionarios y éstos a su vez compartían el dinero con particulares con el propósito de evadir impuestos.

La fiscalía presentó escuchas telefónicas en donde miembros de la red hablaban de entregas de 325 mil dólares semanalmente en sobornos.

Las escuchas también detallaron que una de las personas que conocía de estos sobornos era alguien a quién identificaban como “la 2”, “la R” o “la Señora”. La fiscalía ha dicho que podría tratarse de Baldetti.

El solo indicio de una vinculación le costó a la ex vicepresidenta su puesto y una prohibición para salir del país mientras la investigan las autoridades.

El viernes 27 de febrero la Policía capturó a la Tuta en Morelia, Michoacán, mientras que el miércoles 4 de marzo cayó el Z-42 en un barrio lujoso de Monterrey, Nuevo León, pero el crimen organizado se reacomodará y dará origen a nuevos grupos, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones.

Tanto la Tuta como el Z-42 son señalados como sanguinarios, torturadores y matones que aterrorizaron México, uno en el estado occidental de Michoacán, y el otro, en el noreste de ese país.

“Desmantelarlos era un paso necesario, pero no acaba con el problema de la inseguridad”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad. “La siguiente fase es más complicada. Hay pequeños grupos, remanentes que extorsionarán, robarán y posiblemente fabricarán metanfetaminas”, indicó.

Gómez, maestro de primaria de 49 años reconvertido en uno de los narcotraficantes más poderosos de México, fue capturado después de meses de trabajo de inteligencia junto con otras ocho personas que tenían en su poder armamento pesado, incluido un lanzagranadas, y en un operativo en el que no hubo ni un solo disparo, dijo el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido.

El cartel de los Templarios, un grupo con inclinaciones seudorreligiosas que se escindió de la Familia Michoacana, había logrado un “control absoluto” de Michoacán, en palabras del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Orquestaba la vida política, controlaba la economía, cobraba “impuestos” —extorsiones—, predicaba un particular código de devoción a Dios y a la familia, mataba, asesinaba y generaba terror.

Pero esa organización perdió poder cuando miles de civiles se alzaron en armas en el 2013 y crearon los grupos de autodefensa para luchar contra ellos y, sobre todo, cuando el gobierno federal intervino en Michoacán en enero del 2014 para poner orden en ese estado.

Respecto de la captura de Omar Treviño, alias el Z-42, considerado uno de los narcotraficantes mexicanos más sanguinarios, analistas sostienen que esa organización seguirá al frente con otro líder.

Los Zetas, surgidos a finales del siglo pasado por militares de élite desertores, pusieron una especial marca de terror en la llamada “guerra del narcotráfico” que ha azotado México desde hace más de ocho años, en los que han sido asesinadas más de 80 mil personas.

Treviño está acusado de 11 cargos relacionados con secuestro, narcotráfico, robo de hidrocarburos y lavado de dinero. Además, pesa sobre él un pedido de extradición de autoridades de Estados Unidos.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder hace poco más de dos años, ha tenido éxito en la captura de importantes narcotraficantes, incluido el capo de capos y líder del cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, detenido hace un año.

Buscan al Mayo

En total, en los últimos seis años han sido arrestados o abatidos en México 10 líderes criminales, seis de ellos durante el mandato de Peña Nieto. Y de los máximos capos solo sigue libre Ismael el Mayo Zambada, del cartel de Sinaloa.

Sin embargo, las detenciones, aunque sean de líderes poderosos, parecen tener poco efecto en el tráfico de drogas. Las aprehensiones en la frontera entre México y Estados Unidos, la única manera de tener una estimación del tráfico, han fluctuado de las mil 220 toneladas del 2010 a las mil 410 del 2011 y las mil 40 del 2014, según cifras oficiales.

Los expertos dudan de los efectos a mediano y largo plazos de estos resultados. “Es peligroso sugerir que los Caballeros Templarios están desmantelados”, explicó David Shirk, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de San Diego. “Puede que les lleve seis meses o un año, pero este es un grupo de actores ilegales que ha conservado el poder. Sus raíces se remontan a los años 80 y 90. Tienen diferentes etapas, cambian los nombres, cambian los líderes, pero el problema persiste”.

De hecho, los Caballeros Templarios surgieron como una escisión del cartel la Familia, donde la Tuta comenzó transportando marihuana antes de convertirse en uno de sus líderes, hace una década. Ese cartel se presentó como un grupo ejecutor de la justicia divina dispuesto a proteger a los michoacanos de los Zetas, pero era una organización sanguinaria que adiestraba a sus miembros en las técnicas más violentas, desde ejecuciones a desmembramientos, y que solía emboscar a militares y policías.

Testimonio

El hermano del dueño de una cadena de farmacias aseguró que todos los comercios en Altamirano pagan “cuotas” anuales que van desde US$335 a US$2 mil por el mero hecho de poder funcionar. Si no pagan, las consecuencias son claras: violencia, secuestros y la quema de negocios.

“Tengo la impresión de que las capturas de la Tuta y del Z-42 no tendrá consecuencias judiciales”, señaló Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado e investigador de la Universidad de Columbia. “Lo único que se pretende es reordenar el mapa para alcanzar una especie de paz mafiosa al margen del sistema de justicia que mejore la imagen de la gestión de Peña Nieto”.

De hecho, la Comisión Nacional de Seguridad dijo que la detención de la Tuta y el Z-40 puede causar un breve pico de violencia en México por pugnas para sucederlos.

Sin embargo, para frenar esta violencia se necesita derrumbar todos los niveles de los carteles y no solo las cabezas, aseguró el exfiscal antidrogas, Samuel González.

La decapitación de los carteles no ha significado la victoria del Gobierno porque muchas veces también derivan en escisiones más despiadadas, las cuales encuentran su financiación en otros crímenes contra la población como el secuestro y la extorsión.