Es la primera parte de los bienes que podrían ser extinguidos a quien fuera secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y que ahora es colaborador eficaz en varios casos penales.

Uno de los inmuebles, aunque está valorado en US$33 mil,  se refiere a  una casa de 12 ambientes y 450 metros de construcción, ubicada en residenciales Vistas del Ángel, lotificación San Carlos, Santa Catarina Pinula.

La propiedad, que también cuenta con seis parqueos, está registrada a nombre de Tecnoserobra Consulting, S. A.,  la cual se encuentra bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) desde el 3 de febrero del año en curso.

El 14 de febrero pasado, la Fiscalía también entregó a la Senabed una oficina y tres parqueos relacionados con  Monzón, ubicados en la zona 10.

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La oficina está localizada en el edificio Sixtino II, número 806, piso 8. Se informó que tiene un valor registral de Q577 mil 275.36, y cada parqueo tiene un costo aproximado de Q150 mil.

Consta de un área  de recepción con sanitario. También tiene cuatro ambientes con divisiones y área principal con otros servicios.

Aún sin uso

Otra casa que fue propiedad del ex secretario privado de  Baldetti, y entregada en diciembre del 2016 con medida cautelar, se ubica en Residenciales Colinas de San Cristóbal, Mixco, y ya fue entregada a la Procuraduría General de la Nación.

 El propósito de las autoridades  es instalar allí una casa de abrigo para niños deportados.

El hogar social aún no funciona porque no hay disponibilidad financiera y se necesitan algunos arreglos, que ya comenzaron el año pasado, indicó la vocera de la institución, Lisbeth Vásquez.

“En las próximas semanas se adquirirá el mobiliario para las habitaciones que albergarán en total 12 niños y las oficinas”, manifestó.

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Un equipo multidisciplinario de psicólogas, trabajadores sociales y abogados prestarán allí sus servicios.

Carros en resguardo

En agosto del 2016, la Fiscalía embargó un picop  Chrysler, valuado en US$54 mil, además de una motocicleta  Ducati  que cuesta unos US$36 mil. Lo mismo ocurrió con otra de marca F7 August, valorada en US$24 mil y con una BMW, cuyo precio se calculó en US$20 mil.

Otras ocho motocicletas embargadas eran utilizadas para competencias. Estos automotores aún permanecen en una bodega, afirmaron fuentes de la  Senabed.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero explicó que los vehículos aún se encuentran en esa condición porque tienen medida cautelar —resolución judicial que se utiliza para evitar que el bien sea arrendado, donado, cedido o vendido—.

El ex secretario privado es colaborador eficaz en los casos conocidos como La Línea y  Cooptación del Estado, por los cuales están en prisión, entre otros, Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.

Como resultado de la pesquisa, la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público presentó el viernes último una acción de extinción sobre 15 bienes relacionados con Lima Oliva y su círculo familiar, informó la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. El recluso murió baleado el 18 de julio del 2016 en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón.

Esta es solo una parte del patrimonio de quien fue llamado por el diario New York Times como el Rey de las cárceles.

Lima Oliva fue condenado el 8 de junio del 2001 a 30 años de prisión como uno de los responsables de la muerte de monseñor Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

A mediados del 2008 “empezó a enriquecerse de forma extraña”, confiaron fuentes de la Fiscalía. Fue la época que coincidió con la detención de ciertos narcotraficantes y lavadores de dinero “que no sonaron mucho pero que manejaban fuertes sumas de dinero”, indicaron.

Los análisis de los informes financieros presentados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero revelaron que entre febrero y octubre del 2009 el capital de Lima Oliva aumentó de manera considerable.

La Fiscalía estima que Lima Oliva obtuvo ingresos no justificados en los cuatro años anteriores al pago de su jubilación, para comprar propiedades por US$10 millones por medio de testaferros, trabajadores y familiares.

Al menos dos inmuebles fueron cancelados con ayuda de su esposa, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, indicaron.

Uno de los trabajadores del militar que devengaba Q1 mil 500 resultó ser el comprador de un chalé valorado en Q3 millones, con piscina y jacuzzi. Entre sus bienes figuran, además, dos casas en la zona 17, valuadas en US$1 millón cada una, según las pesquisas.

A partir de estos análisis y un extenso cruce de información que abarca una decena de cuentas bancarias, incluidas las de algunos políticos, Lima Oliva empezó a ser investigado dentro de una causal que se llama mezcla de bienes —relación de capital lícito con ilícito—, refieren las fuentes.

Los tres comercios con los que se le vincula tampoco justificaban esas rentas y los investigadores consideran que la cooperativa en la cárcel, de la que era representante legal, nunca generó ingresos millonarios.

A la orilla del mar

La ruta del dinero con que se compró el inmueble les indicó a los fiscales que fue depositado en cuentas bancarias y con posterioridad se compraron cheques de caja, durante tres días, en mayo del 2009.

“El propietario nunca supo quién se lo compraba, pues el negocio se hizo por medio de una promotora de bienes muy reconocida”, detalló una fuente. En ese entonces las empresas de bienes raíces no eran “personas obligadas” ante la Intendencia de Verificación Especial.

¿De dónde provenían entonces los ingresos? Durante los dos allanamientos efectuados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, en la bartolina de Lima Oliva, uno antes y otro después de su muerte, se encontraron leitz ordenados con calificaciones de sus alumnos de los cursos de portugués que impartía en la prisión; perfiles de otros reclusos, escolaridad, familia, cobros por servicios dentro del penal e incluso una planilla de 20 trabajadores que incluía pilotos y abogados.

El hallazgo y testimonios de reos permitieron descubrir cobros como Q500 por ingresar una botella de Whisky o US$12 mil por traslado de reos.

Según la Fiscalía, también se sumaba lo obtenido de pequeños buses, camiones y mototaxis, incluso fletes, a la puerta del penal, dinero que fue colocado en cuentas personales o de testaferros.

Industria de belleza

Las escuchas telefónicas y seguimientos también fueron claves para determinar la existencia y funcionamiento de un salón de belleza y una agencia de modelaje en la zona 10, a cargo de la esposa del reo.

Allí se encontró una camioneta a nombre de Danton, S.A., vinculada con el supuesto narcotraficante Antonio Yáñez Ochoa, alias el Mexicano.

Las empleadas de la agencia de modelaje, algunas de ellas extranjeras, ofrecían sus servicios como edecanes a compañías de bebidas, bancos, partidos políticos y a la vuelta ciclística. También concurrían a fiestas de ministros y políticos, según fiscales.

Gusto por equinos

En mayo del 2012 se hicieron dos subastas públicas, relataron los fiscales, a las que se presentó Cristian René Picón, excompañero de promoción de Lima Oliva, a quien utilizó como testaferro para recuperarlos. También acudieron familiares de empleados de confianza.

Después de la subasta, para acreditar los caballos era requisito presentar una solvencia económica o ser el titular de los bienes, para evitar investigaciones. Por medio de contratos, los animales le fueron donados a Picón.

Los nuevos “dueños” entregaron un mandato en el que indicaban que Picón sería el responsable del cuidado, pagos y manutención, se indicó. Pero la fiscalía detectó que la esposa de Lima Oliva y su padre eran quienes, con cheques personales, pagaban la estadía de los caballos en la escuela de equitación, cada mes. Cuatro meses después de la subasta pasaron a titularidad de hijas y personas de confianza del reo.

Los caballos fueron recuperados por la Unidad de Extinción de Dominio, en febrero del 2016, y finalmente la Secretaría Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio obtuvo Q50 mil por unos escuálidos equinos hacia los cuales los dueños originales perdieron interés.

Prensa Libre llamó varias veces a Luis Lima Oliva, hermano de Byron, para obtener su versión, pero su celular estaba apagado.

El principio del fin

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, informó en conferencia de prensa que la investigación tuvo como eje central “el descubrimiento de esos poderes paralelos y sus relaciones con particulares, entre los cuales se mencionan intermediarios o gestores de las propias autoridades del Sistema Penitenciario”.

Entre los detenidos había funcionarios de Presidios, exconvictos y particulares.

En esa conferencia de prensa estuvo presente el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien aseguró: “Hay una firme convicción de que es un tema de justicia y lucha contra la impunidad, en el cual se realizó una investigación”.

Al mismo tiempo prometió seguir con el proceso en contra de los sindicados.

El viernes último se oficializó que López Bonilla es requerido por narcotráfico en la Corte Distrital de Columbia, EE. UU.

Fiscales cercanos a las pesquisas también revelaron una hipótesis: el sentimiento de traición que experimentaron algunos acusados de narcotráfico pudo haberlos convertido en informantes.

El acercamiento con exasesores del Ministerio de Gobernación  que colaboraron con la Unidad Especializada en contra de Organizaciones Criminales de Narcotráfico y Lavado de Dinero (Unilat) —un equipo especializado formado con colaboración de Estados Unidos— permitió a la Fiscalía contra el Narcotráfico materializar en el 2013 los indicios con los que ya contaba.

Estos exasesores revelaron “vínculos” de políticos del PP que sirvieron como “intermediarios” con acusados  de narcotráfico.

Dentro de las pesquisas hay tres narcotraficantes que pudieron haber sido clave para aportar datos a la investigación que originó la acusación presentada en la corte del Distrito de Columbia, Washington, formulada en contra de Baldetti y
López, de acuerdo con fiscales contra el Lavado de Dinero.

Jairo Orellana fue extraditado el 24 de julio del 2015. Curiosamente fue requerido por la misma Corte del Distrito de Columbia.

En Miami

Cuatro meses después, el 27 de noviembre, fue capturado Raúl Arturo Contreras Chávez, alias Calaca, y cuatro días después, en el Tribunal Tercero, aceptó que lo extraditaran  a tierras estadounidenses.

La Corte Distrital de los Estados Unidos, del Distrito Sur de  Florida, había solicitado el arresto provisional de Contreras Chávez desde el 14 de octubre del 2008, según la apelación de sentencia de amparo 1085-2009 de la Corte de Constitucionalidad.

Casi un año después, el 2 de noviembre del 2016, Marlon Monroy, alias el Fantasma, un antiguo oficial del Ejército,  fue también entregado a petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Miami, Florida.

 De acuerdo con los fiscales, tanto Orellana como Contreras Chávez y Monroy se sintieron “traicionados” por el exministro López Bonilla.

En mayo del 2015, Marllory Chacón Rossell —señalada de dirigir una organización de narcotráfico y lavado— fue sentenciada por una corte de Miami. Ella había sellado, en diciembre del 2014, un acuerdo con la fiscalía por el que se declaró culpable y se comprometió a ofrecer información.  

Chacón Rossell y Orellana figuraron como financistas ocultos del PP, según  fiscales. A ella se le ha vinculado también con Baldetti. Fiscales consultados ayer y un informe de la revista digital especializada Insight Crime coinciden en relacionarla con la estructura llamada Los Huistas.

El capitán  y López Bonilla

El Estado mafioso de Guatemala y el caso de López Bonilla, una investigación de Insight Crime,  hace referencia a la relación entre Byron Lima, ya fallecido, y el exministro de Gobernación.

Lima  dijo al periodista Steven Dudley que “López Bonilla era quien extorsionaba a los traficantes y aseguró que su negativa a participar en el esquema de extorsiones lo llevó a la ruptura entre los dos”.

Fiscales cercanos a la investigación contaron a Prensa Libre que, en efecto, la relación de Lima y López Bonilla era tan cercana que las esposas de ambos  iban de compras a Panamá.

 La pareja del exministro  “era una cliente frecuente del salón de belleza de la esposa de Lima,  y tenía abierta una línea de crédito en la boutique”, aseguró uno de los investigadores.

Las posibilidades de adquirir un terreno se minimizan para los pobladores desalojados de asentamientos, pues el Gobierno carece de planes específicos para ellos.

Según el director de la Unidad de Vivienda Popular (Udevipo), Édgar Javier, casos de desalojo como el de las 80 familias que no estaban en terrenos gubernamentales en el asentamiento El Mirador Bárcenas, Villa Nueva, tienen aún menos esperanzas.

Aunque fueran terrenos públicos, añade, según la ley, “no se pueden regularizar asentamientos que hayan sido invadidos después del 31 de diciembre del 2007”.

Hay una iniciativa que pretende  volver a facultar a Udevipo para legalizar asentamientos, y esa es la única opción, dice Javier, aunque añade que otro mecanismo es por decreto, que puede ser refrendado, por ejemplo, por un Estado de Calamidad.

Tampoco hay soluciones inmediatas temporales. “El uso de albergues es en casos excepcionales”, comentó César Díaz, de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, quien ayer acompañó el desalojo ocurrido en Villa Nueva.

Caso dramático

El lote 65 era la dirección de la  “casa” de Josefina Lorenzo: cuatro láminas enmohecidas, una cama imperial con un colchón dañado que comparten ella y sus hijos Zuarly, de 7 años, y Karen,  11, quien no puede hablar, usa pañales y sufre convulsiones que aumentaron  la última semana por falta de medicamentos.   

Los Q50 diarios que su esposo gana como guardia no pagan un alquiler, dice Lorenzo,  mientras aguarda el momento de su expulsión.

La Fiscalía tendrá un plazo de tres días para presentar el acto conclusivo contra Ascencio Mejicanos. La Fiscalía de Delitos contra la Vida pidió inicialmente un procedimiento abreviado en su caso —juicio corto después que el sindicado ha admitido su culpa—, pero el juez no lo aceptó.

En el caso del segundo sindicado, el exdirector Claudio Vinicio Solís Cortez, el juzgador decidió otorgarle un criterio de oportunidad.

El criterio de oportunidad está contemplado en el Código Procesal Penal. Con el  previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, el Ministerio Público podrá abstenerse de perseguir penalmente cuando la responsabilidad o la participación  en el delito haya sido mínima.

Solís deberá recibir un curso durante seis meses relacionado con temas de seguridad industrial o similar.
Está obligado, además, a impartir dos talleres al mes de dos horas cada uno, por un semestre,  a colegios que tengan piscinas, informaron fuentes allegadas al proceso.

Al término de la audiencia, Solís se limitó a responder que la reserva del caso le impide dar declaraciones.
Los padres del estudiante tampoco se pronunciaron y  Luis Lam, abogado que los representa, esgrimió la misma razón que Solís para no revelar detalles del fallo.

 Caso continuará

Durante las audiencias las partes observaron el video en el que Aldana Fuentes entró en la piscina a las 17.20 horas del 29 de marzo del 2016. Su imagen es visible hasta las 17.30 y se le ubicó en la parte media.La audiencia intermedia se hará el 13 de marzo en el mismo juzgado.

Esta etapa se desarrolla después de agotada la etapa de investigación y en esta  se determina si se debe someter al procesado a  acusación formal.

Herrera resolvió, además, apartar a la Asociación Javeriana como tercero civilmente demandado en el proceso.
Aunque fuentes consultadas afirmaron que los padres  llegaron a un acuerdo económico, no se hizo oficial ni trascendió el posible monto.

El caso seguirá en reserva durante 10 días más, afirmó el vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda.

“Con una campaña basada en el temor se está distrayendo de otros artículos que merecen ser reformados. Los poderes tradicionales logran que el sistema de justicia siga operando como a la fecha, con clientelismo, con cortes sujetas a manipulaciones”, afirmó Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), al referirse a la publicidad difundida por el sector privado contra la reforma..

Aunque no están del todo satisfechos, los empresarios consideran que podría avanzarse en temas como el Consejo Nacional de Justicia y lo referente a las postuladoras si se deja de lado el derecho indígena.

La discusión se aleja del punto medular de la reforma, que es la elección de jueces y magistrados y la administración del sistema de justicia, expuso Mario Taracena Coyado, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

“El tema de la jurisdicción indígena ya iba incluido en la iniciativa. Entonces los diputados tenían que discutirlo, y allí se estancó”, agregó.

Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público, calificó como un “error estratégico” de los impulsores de las reformas incluir el artículo 203. “Ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema —de Justicia— que reconocen a las autoridades ancestrales”, afirmó.

Apoyan reforma

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González Campo, calificó de “conjeturas” las opiniones de quienes ven al sector privado como autor de una campaña que podría frenar no solo el artículo 203, sino otros cambios propuestos. “Tenemos clarísimo que es necesaria una reforma”, aseguró.

“Hemos manifestado nuestra preocupación además en otros temas… Principios generales de justicia, funcionamiento del Consejo Nacional de Justicia y la elección de fiscal general. Creemos que son cosas que se pueden mejorar. Allí podemos tener más consensos”, señaló.

El problema radica en que “nadie tiene claras las enmiendas”, agregó.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, explicó: “Lo único que hicimos es poner de manifiesto que el 203 debía ser estudiado con mayor detenimiento. A ese artículo particularmente hay que darle una vuelta más”.

Zepeda está en desacuerdo con detener la discusión, pero coincidió con Campo en que lo referente al Consejo Nacional de Justicia “debe verse un poco más despacio”, para evitar un “supra poder”.

Monterroso recordó que algunas cámaras plantearon que las reformas podían ser por la vía ordinaria y no constitucional.

“Migajas legalistas”

El Consejo de Pueblos Mayas, en un comunicado, manifestó: “No queremos parches constitucionales. La actual discusión sobre reformas constitucionales es una gran farsa y una gran trampa. No es cierto que la justicia radique en las autoridades… radica en la relación entre las personas y consiste en buscar un equilibrio entre todos y y en la cabeza de la autoridad. Para mejorar la justicia hay que mejorar la vida.”, se lee.

Para hoy se esperan siete bloqueos en rutas del occidente y la llegada a la capital de miembros de los 48 cantones de Totonicapán para exigir el reconocimiento de las autoridades ancestrales.

Ana Sofía Castañeda Deras  la Sirenita, enfrenta juicio desde este lunes ante el Tribunal de Mayor Riesgo A,  por asociación ilícita. En la misma causa serán juzgados  Luis Arturo Méndez Martínez, Julio César López Herrera y Adalberto Carías y Carías.

Hasta ahora el Juzgado de Extinción de Dominio extinguió 15 de sus propiedades valuadas en $US3.1 millones. La historia acerca de cómo fueron adquiridos esos inmuebles estaba contenida en una pequeña maleta de viaje.

La mañana del 27 de septiembre del 2011 Castañeda Derás llegó al salón de belleza Divas Spa, en la zona 13. Acababan de comenzar a aplicarle una mascarilla facial cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el local. Abrigada por una bata logró guarecerse entre dos archivos, dos personas murieron durante el ataque.

Las escuchas telefónicas en poder de los fiscales determinaron que días después del incidente la sirenita trató con urgencia de recuperar una pequeña maleta con franjas amarilla con negro.

Se reproduce audio de escucha teléfonica. @prensa_libre https://t.co/PjjyRj28QG

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 20, 2017

En una de las comunicaciones le aseguran  a Castañeda Derás que hay un empleado del Ministerio Público (MP) que puede ayudarla a recobrar el equipaje.

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Una interceptacio?n de otras llamadas alerto? a los investigadores sobre un plan para asesinar a Roberto Nicola?s Siekavizza A?lvarez, otro presunto miembro de la estructura. Este hecho ,y, los intentos por recuperar la maleta, son las razones por las que los cuatro enfrentarán cargos por asociación ilícita, y, López Herrera y Carías y Carías conspiración para el asesinato.

Siete meses antes del tiroteo en Divas, el 11 de febrero de 2011, había sido asesinado Oscar Ricardo Guzmán Berreondo, -pareja de Castañeda Derás- y Capitán de Fragata, quien era el Jefe de Personal del Comando Sur de la Base Naval del Pacífico. Según la Comisión Internacional contra la Impundiad en Guatemala (Cicig) lideraba una organización dedicada al narcotráfico y al lavado.

MP presenta maleta que Castañeda quería recuperar del almacén del MP, que contenía documentos de propiedades. @prensa_libre pic.twitter.com/h55t3pkJFF

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 20, 2017

De compras

“Su vida estaba en esa maleta”, resume una de las fiscales allegadas a la investigación. El pequeño equipaje de viaje que estaba en una de las camionetas, que el MP se llevó consigo ese día, contenía los documentos de sociedades de cartón y los nombres de testaferros que las representaban por medio de las que la Sirenita adquirió departamentos y casas en exclusivos condominios y edificios.

Entre las 15 propiedades que contabiliza la Fiscalía contra el Lavado están dos apartamentos con sus respectivos parqueos en Torre del Valle zona 10, un apartamento y dos estacionamientos en Vivenza en la misma zona, dos fincas en Masagua, dos lotes en Santa Catarina Pinula, una  residencia en Santiago Sacatepéquez , oficinas en el edificio Sixtino y una mansión en Bosques de las Luces, carretera a El Salvador, figuran en el listado.  

El 9 de febrero Castañeda Derás y Méndez Martínez fueron ligados a proceso por lavado de dinero a petición de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

La papelería de J.S. Mar Inc., Tofer S.A. ,Distribuidora Buenaventura S.A., Cellplus S.A. Corporación Veleros S.A.  y los nombres de los testaferros que sirvieron como representantes legales, entre ellos una nonagenaria y el piloto de Castañeda Derás, figuraban entre los documentos.

“De no haber sido por esa maleta difícilmente la fiscalía podría haber probado cómo se compraron los inmuebles y quienes fueron los intermediarios”, confía otra de las entrevistadas.

Las pesquisas determinaron que Méndez Martínez hizo compras por US$ 1 millón 500 mil.   Solamente de septiembre del 2010 a abril del 2011, ocho inmuebles por $US 2 millones 250 mil fueron adquiridos por medio de estas sociedades según la información de la Superintendencia de Adminsitración Tributaria, en poder de la fiscalía.

Los documentos con las firmas de funcionarios y exfuncionarios que avalaron a la constructora brasileña Odebrecht en Guatemala podrían servir para imputarles cargos por cohecho pasivo, fraude, abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias, entre otros delitos, de acuerdo con fuentes cercanas a la pesquisa.

La adjudicación a la empresa brasileña fue una operación “de gran magnitud”  que la administración del expresidente Álvaro Colom trasladó al Partido Patriota  y se consolidó justo cuando fue aprobada la Ley contra la Corrupción.

La participación de algunos funcionarios ocurrió antes de que  la Ley contra la Corrupción surgiera a la vida jurídica —octubre del 2012—. El Código Penal castiga con seis años de prisión el  abuso de autoridad.  La pena por peculado es de  10 años y  la mínima es de cinco, explica un fiscal a cargo del caso.

Seis momentos claves

Prensa Libre tuvo acceso al expediente y  detalla   seis  momentos claves  de  la negociación que podrían haber facilitado algunos funcionarios, enterados o no del beneficio de Odebrecht. Estos son el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Comunicaciones y Odebrecht, dictamen favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán),  resolución de la Junta Monetaria, aval de la Procuraduría General de la Nación, la carta con la iniciativa de ley para aprobar las negociaciones enviada por el  Ejecutivo al Congreso y el impulso de la moción privilegiada.

El 19 de septiembre del 2011, Florentino Fernández Venegas,  gerente de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) envió al ministro de Finanzas Públicas, Alfredo del Cid Pinillos, la resolución de aprobación del préstamo por unos US$119 millones 400 mil  destinados a complementar el financiamiento de la  “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente”.

Fernández Venegas le explica a Del Cid Pinillos que está pendiente la aprobación del financiamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

Los acuerdos   comenzaron  el 17 de enero del 2011 con la firma de un memorando de entendimiento  entre el entonces ministro de Comunicaciones, Jesús Insúa, y  Odebrecht. 

El 14 de octubre del 2011, Segeplán solicitó al Ministerio de Comunicaciones efectuar  una licitación internacional, “para evitar una contratación directa de una empresa constructora brasileña”.

El 23 de julio del 2012,  Fernando Carrera Castro, entonces jefe de Segeplán, dio su visto bueno. 

Carrera explica que  Segeplán evaluó, durante cuatro meses, la viabilidad técnica, que es  parte de un requisito de ley. “No evaluamos la calidad jurídica ni la parte del financiamiento”, comentó. “El punto era que se iba a emitir una ley específica”, aclaró.

El 21 de agosto del 2012, la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Larry Robles, dio su apoyo a la solicitud del exviceministro de Comunicaciones Rubén Mejía. 
El 3 de octubre del 2012, la Junta Monetaria dio su aval. El vocero del Banco de Guatemala, Ivar Romero, explicó:  “El artículo 57 de nuestra Ley Orgánica del Banco de Guatemala señala que siempre que el Organismo Ejecutivo tenga el propósito de hacer operaciones crediticias o se contraten préstamos, deberán pedir opinión a la JM”.

El 8 de octubre del mismo año, el expresidente Otto Pérez, su secretario  general Gustavo Martínez y el entonces ministro de Finanzas Pavel Centeno enviaron una carta con la iniciativa de ley para la aprobación en el Congreso al presidente de ese organismo,  Gudy Rivera. El borrador del decreto  fue redactado por  Rivera y los legisladores, Estuardo Galdámez Juárez y Manuel Barquín Durán.

“Éramos miembros de la Junta Directiva. Como secretario de la directiva es obligación certificar la firma del presidente, no el contenido del documento; por eso  mi nombre aparece en la certificación del decreto”, comentó Barquín. 

La moción privilegiada que dio pie a la aprobación fue presentada por los diputados Rivera y Christian Boussinot.
Prensa Libre intentó comunicarse con Mejía, Robles y Galdámez, pero no respondieron las llamadas a sus teléfonos, algunos  sonaron como  fuera de servicio.

Con la visita de decenas de niños, quienes le cantaron y le aplaudieron por su cumpleaños, Trompita comió su pastel de elote, zanahoria, sandía, papaya,  melón y banano, además de abundante maní que es la golosina preferida de la elefanta.

Su pastel fue decorado con diferentes colores y las velas se elaboran con elote y zanahoria.

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Además tenían gorritos de cumpleaños, mientras que a los niños una pastelería que patrocinó el evento, les brindó una porción de pastel.

Trompita fue rescatada en el 2008 de un circo italiano y fue traído a Guatemala y estuvo por un tiempo en un centro turístico en la Costa Sur. También se le llama Bombi y se trata de un elefante asiático “elephas maximus”.

Romeo, quien tiene 40 años de cuidarla, fue contratado, y desde ese período se encuentra en el país.

Con cuidados humanos esa especie puede vivir unos 70 años,  mientras que en el ambiente natural, 60, dijeron sus cuidadores.

Luego de la celebración Trompita se dio un baño de arena que arrancó aplausos de los niños.

De forma preliminar se informó que el ataque fue con una granada según los socorristas y testigos aseguraron se trataba de ese tipo de explosivo. Sin embargo posteriormente los cuerpos de socorro indicaron que se sí trató de un artefacto explosivo pero se analiza de qué tipo fue.

Otras autoridades refirieron que el ataque fue contra una carnicería ubicada en ese mercado y que resultaron heridos dos comerciantes y dos compradores.

Entre los heridos hay tres mujeres y un niño y los bomberos los trasladaron a los heridos al Hospital Rosevelt, se agregó.

Se cree que el ataque se debe a posibles extorsiones.

Señalamientos

El alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, en redes sociales señaló que los comerciantes del mercado antiguo en el centro de ese municipio son vulnerables a extorsiones y ataques porque se han reusado a la construcción de una nueva plaza de comercio.

“Nos urge un Mercado Nuevo; uno donde se dignifique el vecino y el vendedor con seguridad y acabe con extorsiones e impunidad”, señaló Escobar.

En otra publicación el jefe edil criticó: “Mientras asociación de vendedores continúe usurpando mercado y no se construya nuevo el desorden favorece a maras. Una asociación se opone por no dejar de cobrar extra por espacios. La @MuniVillaNueva cobra Q60/mes ellos Q900/mes”.

Escobar urge la edificación de un nuevo mercado: “Simplemente un mercado desordenado favorece solo a los vendedores que usurpan espacio público y mareos para extorsión”.

Las reformas constitucionales difícilmente encontrarán una salida para su aprobación si la bancada oficialista  Frente de Convergencia Nacional (FCN) o la del Movimiento Reformador (MR) no se suman, opinó Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las bancadas FCN y MR son para Taracena “el fiel de la balanza” que podrían equiparar la votación favorablemente a las reformas.

Temas como la jurisdicción indígena, un nuevo modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad y la elección de Fiscal General son solo algunos de los incluidos en la propuesta original, que en el Congreso han sido foco de la discusión de 60 enmiendas.

“Insisto en que la clave son FCN y MR. El artículo 203 es el condicionante. En caso de que este no se apruebe, si es que la alianza perversa está en contra solamente de este artículo o de toda la reforma, la incógnita se despejará el próximo miércoles”, afirmó.

 “El presidente dice que está a favor, pero su bancada hace lo contrario, entonces es un doble discurso”, afirmó Taracena.

Hay  votos en contra de la Unión del Cambio Nacional y Alianza Ciudadana, y bancadas como el Partido de Avanzada Nacional (PAN), por ejemplo, que tiene tres posiciones distintas.

Contra CICIG y MP

El expresidente del Congreso sostuvo: “Ya no es solo el tema de las reformas, es una lucha contra la Cicig y el MP. Así se siente”.

“Es complicado cuando uno ve que un diputado como Francisco Tambriz y Tambriz, que es indígena, está en contra”, comentó el congresista de la UNE.

“También están las  posiciones recalcitrantes de Cacif que, por medio de una campaña, tergiversa la verdad de forma malintencionada. Me da mucha pena ver que seguimos como hace más de 200 años. Tarde o temprano se tendrá que dar el reconocimiento de la justicia indígena”, agregó.

Según Taracena, de “los 4 millones de indígenas”, 3.5 millones “nunca han leído la Constitución”, pero sí reconocen a sus autoridades ancestrales. “Ellos lo seguirán haciendo con o sin reformas”, dijo.

Al consultarle las razones por las que los diputados se quejaron durante la sesión del miércoles pasado de que no tenían todas las enmiendas, Taracena lo resumió como un bloqueo a la votación.

En noviembre pasado los cambios a la iniciativa de reformas sumaban solo 16.

Para retomar el tema del derecho indígena se presentó el miércoles anterior una moción privilegiada que buscaba presentar  la enmienda a este artículo, que supuestamente había sido ya consensuada.

“Hubo varias reuniones en las que el presidente del Congreso nos invitó a hablar sobre las enmiendas. Incluso se discutieron en la sede de Cicig. Allí estaba Iván Velásquez, Thelma Aldana y el Procurador de Derechos Humanos. Ese fue el lugar al que la mesa técnica nos invitó. Fuimos varias bancadas, hace casi un mes”, aseveró Eduardo Zachrisson, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“Nos invitaron a un grupo de jefes de bancada para ver si estábamos en contra o a favor. Se tomaron nota de las opiniones y se hicieron las modificaciones, siempre y cuando estas convenían a la mesa. Al día siguiente invitaron a otros jefes de bloques y se hicieron otras. El tercer día se hicieron más”, añadió.

El viernes 10 de febrero, antes de retomar las discusiones, los jefes de bloques fueron convocados a un nuevo encuentro en el que les “proyectaron en una pantalla” los cambios acordados.

“El miércoles 15 se hizo un almuerzo en el salón de la Junta Directiva. Allí nos proyectaron enmiendas en una pantalla, no por escrito”, sostuvo.

“Recibí una copia de esas enmiendas el miércoles, poco antes de la discusión. Ellos pretendían que esas fueran aprobadas. Les dije que era una locura”, refirió Zachrisson.

Lo votado

Las modificaciones al artículo 203 constitucional contenidas en el artículo 3 de la iniciativa de reformas comenzaron a ser discutidas y votadas el 28 de noviembre. El procedimiento por el que ahora quiere aprobarse, sin embargo, no es legal, añadió Zachrisson. “En esa ocasión se leyó el artículo 3 y se puso a discusión. Entonces aparecieron varias enmiendas. Estas también se leyeron y la votación se perdió por 103 votos. Recuerdo que —Mario— Taracena, quien era el presidente, dijo: Para que no se pierda el artículo, romperé quórum. Y le pidió a la Directiva que se retirara”, recordó.

El miércoles de esta semana, cuando fue retomada la discusión de las reformas, se presentó una moción privilegiada para conocer las nuevas enmiendas. Este, no obstante, no era el procedimiento correcto, pues la votación debió versar sobre el texto original del artículo 3, indicó el legislador.

Zachrisson reconoció no haber “analizado a fondo” toda la reforma, pero sostuvo que el procedimiento con el que pretende aprobarse viola la Ley.

“Esta vez, si al votar la moción privilegiada 60 diputados lo hicieron en contra, quiere decir que hay más legisladores en desacuerdo con las reformas que los que había en noviembre”, afirmó.

De acuerdo con él, no hay enmiendas consensuadas y las votaciones son prueba de ello.

El experto estadounidense en liderazgo John C. Maxwell,    participó ayer en la primera de  tres jornadas de motivación en valores que son el seguimiento al proyecto de transformación emprendido en 2013.

La fundación Guatemala Próspera y   el equipo de Maxwell han efectuado talleres de capacitación intensiva de liderazgo, innovación y valores para instituciónes públicas y privadas, así como para ciudadanos. 

Cuatro años después del arranque de esta iniciativa,   Maxwell habla de  su percepción sobre el proceso de cambio que experimenta Guatemala.

También menciona cinco cualidades que, según su percepción, no deben faltarle al presidente  Jimmy Morales.

Visita el país desde hace varios años. ¿Qué diferencia encuentra entre la primera vez que vino, hace cuatro años?

Esta mañana —ayer—  el Domo estaba lleno de maestros y educadores. Esta tarde  está colmado de gente de negocios y gente de gobierno. Hace tres años y medio estaba en este domo con 130 de mis coach y estábamos lanzando programas de transformación. Había un par de cientos de personas aquí; no había mesas redondas. Ahora esta arena es una escuela. La gente se convirtió en facilitadora y entrenadora. En la primera sesión de hoy, los educadores representaron a un millón de personas. Ese es el tipo de transformación que estamos viendo aquí.

Hay una frase suya: “Los buenos líderes deben comunicar la visión claramente, creativamente y continuamente”. Usted ha seguido de cerca la transformación  del país,  ¿qué pasó con nuestros líderes?

Preferiría decir: bueno, estoy pensando en los líderes  de los anteriores gobiernos…

¿Cuál es su lectura?

Ellos ya se habían desviado antes. Pero cuando empezamos a enseñar valores, de repente toda la gente del país reconoció  que los estaban transgrediendo. Aún más importante es que la gente tuvo el coraje de hacer algo al respecto. Queremos un gobierno que haga las cosas bien. 

En sus charlas usted hace alusión a 21 cualidades en un líder. ¿Puede mencionarme cinco que le recomendaría al presidente Jimmy Morales?

La primera es el espíritu de servicio. Estás en esa oficina para servir a la gente y no ser servido por la gente.

La integridad, pues estás para hacer lo correcto por la gente. Otra vez, no pensando en tu propio beneficio.

También son importantes la constancia y voluntad para continuar por el camino correcto. Creo que  un reto es precisamente ese:  permanecer consistente.

La siguiente que puedo mencionar es el espíritu de enseñanza propia. Cultivar la habilidad de enseñar y también de aprender. Un buen maestro siempre tiene un deseo de aprender.

Y otra es la humildad,  que consiste en comprender que eres mayordomo de los dones que has recibido.

Líder, en el domo

Durante su primera jornada de trabajo en Guatemala, John C. Maxwell se entrevistó con el presidente Jimmy Morales. En el Domo de la zona 13 se presentó ante maestros, integrantes de las fuerzas armadas, Policía Nacional Civil y  empresarios. Se espera que 21 mil personas asistan a sus talleres durante los tres días que permanecerá en el país, aunque en la primera jornada el tráfico se tornó caótico.

• “Las personas exitosas tienen una pasión, y esa pasión les da energía para cumplir sus propósitos. ¡Los hace incansables!”.
• “Hay dos días importantes en la vida de una persona:   el día que nace y en  el que descubre su propósito en la vida”.

Un total de ocho pandilleros del “Barrio 18” capturados y un menor de 14 años remitido a un juzgado fue el resultado de allanamientos de octubre del 2016.

Son parte de una estructura de más de 30 a quienes la PNC identifica como “corner gánster” sindicados de ataques y de cobrar extorsiones a empresas del transporte extraurbano.

Las investigaciones posteriores de ese caso permitieron a la Fiscalía de Delitos contra la Vida establecer una nueva modalidad del cobro de la extorsión.

La pesquisa comenzó después de las denuncias presentadas por  transportes Guadalupe y Orellana, que cubren las rutas hacia Antigua Guatemala. El cobro de las extorsiones dejó tres lesionados, tres fallecidos y el hallazgo de 10 cuentas bancarias utilizadas de febrero a octubre del 2016, refiere una fuente de la fiscalía.

Las escuchas telefónicas determinaron que los extorsionadores, entre ellos seis adolescentes, exigían a los pilotos comprar un teléfono a su nombre. “Comprá un teléfono de Q200, de lo que nos debés, nos llamás a este celular y nos das el número”, fue una de las exigencias.

Las demandas aumentaron después del anuncio ,en julio del 2016, de que los teléfonos celulares prepago o tarjeteros que no fueran registrados por sus propietarios ante las compañías operadoras corrían el riesgo, en octubre de ese año, de ser desactivados del sistema por considerarse anónimos.

La treta usada por los pandilleros garantizó ,durante algún tiempo, el cobro de la extorsión por medio de teléfonos registrados.

En otras ocasiones las víctimas recibieron comunicaciones con el siguiente mensaje: “Usted está recibiendo una llamada del Centro Preventivo de Máxima Seguridad Fraijanes 1”, detalla la fuente.

Los reos pueden comunicarse de teléfonos autorizados por el Sistema Penitenciario y el número de llamadas no está regulado, afirman los fiscales entrevistados.

Distribuidores propios

En la medida en la que el proceso de actualización de los teléfonos avanzó, los extorsionadores también idearon nuevas formas para agenciarse de aparatos propios.

Los medios de investigación con que cuenta la Fiscalía establecieron que con fotocopias de DPI falsos,

Vendedores ambulantes de celulares pudieron haber comprado teléfonos con fotocopias de DPI falsos para darlos a la estructura. 

La audiencia en la que el juez decidirá si enfrentan juicio será el próximo lunes y los acusados podrían enfrentar cargos por asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, conspiración de obstrucción extorsiva de tránsito, traslado ilegal de armas de fuego, traslado ilegal de municiones y portación ilegal de armas de fuego.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció la defraudación por la que Deorsa y Deocsa han pagado Q323.4 millones —Q130 millones en impuestos y Q193.4 millones en multas e intereses—.

“La operación les permitió absorber el crédito mercantil y favorecerlos con amortizaciones para no pagar impuestos”, indicó Adrián Zapata, el intendente jurídico de la SAT.

La defraudación

Ascoed, S.A., y Asroed, S.A., son “sociedades de cartón”, según el Ministerio Público (MP), fundadas con un capital de Q5 mil, que habrían  servido para operaciones de más de Q1 mil millones y fueron constituidas por los abogados Álvaro Castellanos Howell y Lourdes Eugenia Leal Orellana.

Según el expediente, el 19 de mayo del 2011, Unión Fenosa, con sede en España y dueña de las acciones de Deocsa y Deorsa, endosó sus títulos a Deocsa BV, con asiento en Holanda, y esta los vendió a Ascoed, S.A., por Q1 mil 549 millones 172 mil 82.17. El valor nominal de las acciones era de Q56 millones siete mil 282.68, por lo que se considera que hubo un exceso de pago de Q1 mil 493 millones 164 mil 699.49, denominado crédito mercantil —valor adicional al consignado en libros—.

Ese mismo día, Unión Fenosa hizo una operación similar para endosar a Deorsa BV acciones por Q953 mil 926 millones 808.51. El valor nominal de esas acciones era de Q101 mil 332 millones 596.50, por lo que el exceso de pago fue de Q852 mil 594 millones 12 mil con un centavo, según las pesquisas.

Para financiar la compra de acciones, Unión Fenosa, Deocsa BV y Deorsa BV aportaron capital a Ascoed, S.A., y a Asroed, S.A., que se sumó a un préstamo bancario. Los fondos fueron retirados el mismo día de las cuentas de las empresas recién creadas, según la fiscal Azucena Solares.

Cinco meses después, Ascoed, S.A., formalizó su fusión con Deocsa, y Asroed, S.A., con Deorsa. El 3 de noviembre del 2011 las fusiones se inscribieron en el Registro Mercantil y se disolvieron  Ascoed, S.A., y Asroed, S.A.

Figura polémica

A pesar de las sospechas de la SAT, Castellanos Howell sostiene que la figura  de Leveraged Buy Out (LBO, en inglés) es común en operaciones mercantiles y se trata de una compra de apalancamiento de activos, método para adquirir una empresa en la que se usa como financiamiento el valor de los activos de la misma compañía. Explicó que los ejecutivos o directivos de la firma se hacen cargo de la compra de las participaciones.

“Fueron sociedades que se constituyeron temporalmente para hacer este LBO. Nunca me hubiera prestado a algo así para defraudar”, afirmó.

Mynor Amézquita, vocero de Energuate, propietaria actual de Deorsa y Deocsa, señaló: “Son montos —adeudos— que nos han requerido y hemos pagado bajo protesto. Es un proceso todavía en discusión”.

 Reforma legal

Hacer uso de una figura que en otros países es legal, pero que en Guatemala es poco conocida, puede exponer al abogado a ser objeto de denuncias, según el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Marco Sagastume.

“El abogado está sometido al Código de Ética Profesional, que determina que no puede participar en actos ilícitos. Sin embargo, este código tiene vacíos legales que requieren cambiarlo para incorporar el tema de la corrupción o evitar ser perseguido por el ejercicio de la profesión”, refirió.

Según Hugo López, ministro de Educación, ya se instruyó a los directores departamentales y los controles “quedan a criterio de cada establecimiento”.

El Instituto de Educación Básica Simón Bolívar, en la colonia Primero de Julio, en Mixco, está situado en un área de narcomenudeo. Las requisas ya se hacían allí, precisamente para evitar el ingreso de enervantes.

Los registros se hacen por grados, uno a la vez. Los estudiantes colocan a la vista de los maestros el contenido de los bolsones, explica el director Juan José Pérez.

En la misma colonia, a escasos kilómetros, Lisette Hernández dirige la escuela primaria Darío González, pero se encuentra en un dilema. Está consciente de los peligros, aunque considera que inspeccionar las mochilas corresponde a la Policía.

Localizan munición

Una de las docentes entrevistadas durante el recorrido efectuado por Prensa Libre contó que hace pocas semanas encontraron una munición útil  en una mochila. El menor respondió que la halló tirada. Llamaron a la Procuraduría General de la Nación y ante la negativa de actuar de la institución acudieron a la Policía. Los agentes les dijeron que  no podían hacer ningún procedimiento a menos que el menor tuviera 50 cartuchos en su haber.

Cerca del Instituto Miguel García Granados, colonia Bethania, zona 7, hay tres puntos de narcomenudeo, uno en el campo situado al lado del plantel educativo.

Frente al establecimiento de 630 estudiantes hay una patrulla del programa Escuelas Seguras que también vigila otras seis escuelas. Allí no se practican las revisiones porque no hay un protocolo, afirma el director Nery Maldonado. El docente cuestiona si la disposición violentará la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.En el instituto faltan 12 maestros desde hace dos años.

Los agentes Isabel Ramírez y José Chalí pertenecen al programa de Escuelas Seguras y aseveran que la peligrosidad aumenta en El Búcaro, Villa Nueva y la zona 6, donde los maestros son amenazados.

Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, coincide en que el ministerio de Educación (Mineduc) debe elaborar un protocolo.

“¿Sabes que llevan tus hijos a la escuela?”, es la pregunta del video promocional del Mineduc dos días después de que apareciera  en Facebook una foto del bolsón de una estudiante que contenía un arma, una caja de balas Remington y la anotación “Todo listo”.

Édgar Pacay Yalibat, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y experto en Derecho Indígena, explica por qué las enmiendas no favorecen la jurisdicción indígena y que la misma no debe generar temor.

• “Es un dulce que nos dan y nos quitan”

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

 Los jueces de la justicia estatal tienen jurisdicción. Esto significa que pueden juzgar y ejecutar en nombre del Estado. La justicia indígena no debe apoyarse en la división político co-administrativa del Estado, sino desde la división, que es la aldea. El derecho indígena tiene la característica de que es oral porque eso le permite actualizarse constantemente, según el caso concreto.

¿Qué delitos le competen?

El punto central de la discusión de la jurisdicción indígena está en el artículo 66  de la Constitución —Protección a grupos étnicos—, que otorga un reconocimiento pleno constitucional  de la cultura indígena, sus costumbres y organización social. ¿Por qué se preguntan qué hará cuando se trate de un delito grave como un asesinato? Si queremos aplicarle la justicia estatal a un poblador de la aldea por un crimen que cometió, le estamos aplicando leyes que para el pueblo urbano son justas, pero para el indígena, no.

¿Cómo aplicar la pena?

 La justicia estatal está estructurada de acuerdo con un bien jurídico, que es el individuo. La jurisdicción indígena, no. En la aldea el bien es la colectividad. Prima  la comunidad,  el principio  del bien común. El linchamiento es un delito y no es justicia indígena, que no es sancionadora y aún menos físicamente.

¿Qué opina de las enmiendas que se discuten?

Debe delimitarse el respeto a la competencia que será determinada en la Ley del Organismo Judicial.

¿Hay que reformar la Constitución?

No es necesaria la reforma constitucional. Se puede desarrollar al reformar el artículo 58 de  la Ley del Organismo Judicial  para que se incluya a la autoridad indígena dentro del grupo que imparte justicia.

¿Se habla de coordinación entre autoridades ancestrales y sistema de justicia?

Eso implica que habrá un coordinador y un coordinado, y como siempre quieren que los indígenas estén sujetos a la autoridad de la ciudad.

¿Cómo funcionarían los tribunales indígenas?

Conforme las normas y procedimientos en la aldea. Lo que no aceptan es que haya un ordenamiento jurídico en las comunidades indígenas, que exista una autoridad que pueda aplicarlo, y esta es legítimamente constituida.

¿La enmienda  sujeta la autoridad indígena a la oficial?

 Es un dulce que nos dan y nos quitan, una farsa, porque la justicia  seguirá sujeta a las autoridades  en el sistema oficial. La Cicig y el MP plantean cosas fuera de la realidad.

• “Es un fuero especial… es exclusiva”

José Toledo, abogado penalista y catedrático de Derecho Penal, explica   los riesgos relacionados con  aplicar “leyes extraterritorialmente” al avalar la justicia indígena.  La ley no debe ser “casuística” y tiene un carácter general para todos, defiende Toledo.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la justicia indígena?

Después de la Conquista, los españoles y descendientes dividieron el territorio en rancherías y así nacieron las autoridades indígenas comunales.  Ellos ejercieron esa función durante la Colonia y aún después de la Independencia. Guatemala es una nación que tiene una Constitución, un pueblo.

¿Qué delitos le compete juzgar?

Se puede caer en el riesgo de darle a las jurisdicciones indígenas un carácter de fuero especial al derecho indígena.

La justicia indígena es un fuero especial en el que se aplicarán leyes extraterritorialmente, lo que significa que únicamente en determinadas áreas en donde las comunidades indígenas ejercen su jurisdicción se aplicará. Esto quiere decir que es exclusiva.

¿Cómo aplicar la pena?

La ley no es casuística, tiene carácter general para ladinos, indígenas, no importa su edad, ideología o género.
En cambio, con la justicia indígena se aplica en los casos que las comunidades indígenas elijan y a quienes ellos decidan. Esto implica un retroceso histórico al sistema inquisitivo, que es el que regía antes de 1992, en el cual los jueces eran juez y parte, pues eran los encargados de la investigación, persecución penal y juzgamiento. Actualmente tenemos el sistema acusatorio.

¿Qué opina de las enmiendas propuestas?

Las enmiendas todavía no son lo suficientemente claras. Hay que reglamentar  que no puede aplicársele a cualquier persona y no debe estar incluido el Derecho Penal.

¿Por qué no debe incluirse el Derecho Penal?

Porque goza de principios que no se pueden quebrantar, como el del debido proceso o bien el derecho de defensa, el cual reza que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso penal, ante un juez competente.

En ninguna parte de la ley dice que deba ser ante una autoridad indígena.

¿Son contradictorias entonces las reformas?

Sí, porque están aceptando que alguien imparta justicia sin ser abogado, sin tener una carrera judicial, que es lo que las mismas reformas constitucionales impulsan. ¿Acaso eso no es algo incoherente?

¿Las enmiendas hablan de una coordinación entre autoridades ancestrales y el sistema de justicia?

Contestaré con otra pregunta: ¿Qué competencia o qué legitimación tienen las comunidades indígenas que no tengan entes con mayor legitimación legal?

La magistrada ha negado el uso de un peluquín. “Probablemente sea un montaje, usted sabe son muy fáciles de hacer”, dijo Stalling este jueves a periodistas, antes de comparecer ante el Juzgado Séptimo, que la ligó a proceso por tráfico de influencias y la envió a prisión.
 
“El parte policial no es prueba, esa peluca no existe”, esgrimió la noche del miércoles Marco Antonio Rossell, abogado de Stalling.
 
Medios de comunicación publicaron fotos y video donde se ve a Stalling con un peluquín al momento de ser arrestada en la zona 9, en cumplimiento de la orden judicial.

Consultada la fiscal General, Thelma Aldana, manifestó desconocer el paradero de la peluca y el teléfono celular de la magistrada Stalling.

La cadena de custodia

El hecho que la peluca no aparezca, dicen abogados consultados por Prensa Libre, es una falla en el resguardo de la evidencia.

El problema de fondo es que no hay un protocolo definido en la antesala del procedimiento de ejecutar una orden de captura. “La pérdida de la peluca pone de manifiesto la improvisación”, señala Oliva.

“Si el Ministerio Público o la PNC dice que la detenida tenía peluca, debe presentarla. Si no aparece, no existe en el universo jurídico, por lo tanto, no puede alegarse ni presumirse, ni siquiera mencionarse”, resume el abogado César Calderón.

La peluca no es determinante, puede utilizarla cualquier persona. Si estaba en la calle, entonces la sindicada no se escondía, estaba en una tienda y esto puede favorecerla, en lugar de perjudicarla, analiza el defensor.

“Si esa peluca apareciera con posterioridad tampoco tendría valor porque no existió en la cadena de custodia. Debieron haberla embalado”, expone Calderón, quien coincide con Oliva en que tanto la Policía como el MP tienen el adiestramiento necesario para fortalecer la cadena de custodia.

“Es lamentable que no podamos ver una vez más la peluca”, bromea el penalista David Pineda, que luego añade: “Es relevante –la peluca- si la fiscalía asegura en el juzgado que Stalling fue capturada con una peluca porque entonces tienen que probarlo, especialmente si intentan sustentar que ella obstruía su captura al usarla”, agrega.

El abogado Wilve Salazar difiere si era necesaria  una cadena de custodia para la peluca, si es que esta no es parte de los indicios por los que Stalling fue capturada.
 
“Para acreditar el peligro de fuga, si llevaba o no peluca, creo que no es un elemento fundamental. Lo relevante es si se encontraba o no en su casa o en los hospitales en donde aseguró que se hallaba. Una peluca no prueba la intención de fugarse”, opina.

Los fiscales investigan, al menos, a 15 estructuras relacionadas con el despojo de inmuebles. Solo del caso Los Topacio —banda integrada por 32 personas que ya fueron condenadas por haberse apoderado de 50 inmuebles— se derivó otra pesquisa que podría dar origen a 300 casos más, explicó la fiscal a cargo, Johana Pinto.

La forma más nueva de robar propiedades es por el uso de documentos falsos en la renta de bienes inmuebles.

Los estafadores buscan propiedades para alquilar y luego los dueños son despojados de estos por medio de la falsificación de firmas. Los delincuentes utilizan, además, identificaciones robadas y falsifican firmas en las escrituras de compraventa.

La falsa vuida

Las historias son muchas y las modalidades documentadas por las autoridades varían.

En un caso, por ejemplo, los socorristas encontraron el cuerpo de José Luis Andrino Palencia, el 18 de septiembre del 2009. Había sido estrangulado días atrás. Lo enterraron como XX hasta que un familiar que buscaba sus restos en el Cementerio General se presentó a la fiscalía.

Meses después, durante el proceso de investigación, una mañana apareció en la Fiscalía Adela Juárez, quien aseguró ser la viuda de Andrino Palencia.

Hasta ese momento los fiscales ignoraban que alguna vez la víctima haya estado casado con alguien, pues la cédula de vecindad encontrada al cadáver nunca fue razonada.

Vecinos aseguraron que aquel octogenario educado que vivía cerca de la iglesia de La Merced, zona 1, nunca vivió acompañado. Añadieron que la mujer que se hacía pasar por su viuda vivía a escasas seis cuadras.

Cuando verificaron la inscripción de matrimonio se percataron de que había sido asentada dos años después de que el anciano murió.

Estos peritajes formaron parte del expediente de la compraventa fraudulenta de dos propiedades que estaban a nombre de otras personas y que solamente fueron descubiertas cuando su legítimo familiar comenzó el proceso de intestado, explicó la fiscal Pinto.

Juárez enfrentó juicio por falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil.

El notario Mario René Sazo Soto, quien fue detenido por el caso Los Topacio, figuró también en las pesquisas de este nuevo caso.

En el marco del proceso contra la estructura Los Topacio, 13 notarios fueron arrestados.

La banda obligaba a las víctimas a firmar escrituras falsas, bajo amenazas de muerte, y algunas de ellas, las que sobrevivieron, tardaron casi siete años en recuperar sus inmuebles.

Inmovilizarla propiedad en 10 pasos 

Aquí algunas de las recomendaciones de la Dirección de Seguridad Registral para evitar el robo de inmuebles.

1. Utilizar el servicio de inmovilización biométrica.
2. Para hacer uso de este sistema se debe presentar una solicitud al Registro de la Propiedad.
3. Esta solicitud  debe llevar firma legalizada por un notario.
4. El notario,  por medio de este documento, da fe de que la huella y la firma son las del solicitante.
5. El interesado debe acudir directamente al Registro de la Propiedad.
6. En el Departamento de Seguridad Registral se hace una captación biométrica de los datos.
7. El personal, con una computadora, registrará las huellas del propietario que se asociarán con el inmueble.
8. El costo de la inmovilización es de Q160.
9. El Registro de la Propiedad  inmoviliza el bien por un plazo máximo de tres años.
10. El trámite puede solicitarse de nuevo al vencer el plazo.  Si se siguen estos pasos, la única forma de cancelar la inmovilización es que el propietario llegue y con sus huellas  efectúe todo el trámite.

Debilidades en la ley

La ley no obliga al Registro de la Propiedad Inmueble a verificar todos los documentos, explica el director de Seguridad Registral, Alexánder Villeda.

El Registro de la Propiedad solamente está obligado a verificar el pago del impuesto, la fecha en la que comparecieron ante el notario quienes harán la transacción, los datos personales, la voluntad para celebrar el contrato, corroborar los datos de la finca y el monto de la negociación, antes de inscribir el inmueble.

El Registro recibe cada semana unos mil 300 documentos y su función es inscribir los derechos de los propietarios y los documentos, que desde el momento en que ingresan son recibidos con una presunción de legalidad, afirma Villeda.

“No tenemos el derecho de dudar de lo que está plasmado en el documento, a diferencia del MP, cuando recibe una denuncia. El Registro de la Propiedad no tiene una función de investigar”, recalca Villeda.

La falsificación de escrituras no es algo nuevo para los fiscales que investigan estos casos, pero los estafadores buscan formas cada vez más refinadas para despojar a los legítimos dueños.

Entre esas modalidades está la utilización de protocolos de otros notarios y emplear hojas de protocolo que nunca fueron elaboradas por el Taller de Grabados en Aceros y que vende a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Muchas de estas hojas han sido usadas por notarios de esas estructuras criminales.

Los documentos son redactados con fechas atrasadas, en hojas sobrantes de los protocolos de los notarios.

Incluso, en algunos casos, las hojas son sustraídas del Archivo General de Protocolos y que pertenecieron a abogados ya fallecidos, como hacían Los Topacio, refirió Pinto.

Estas debilidades podrían corregirse con reformas al Código de Notariado.

El Registro de la Propiedad ha establecido muchas más restricciones, que no se limitan a aspectos de forma, de acuerdo con el abogado civilista Rodrigo de la Peña.

Los nombres de propietarios son confrontados con el historial, hay una delegación de la SAT en el Registro de la Propiedad que revisa el pago de impuestos al que está sujeta cada operación y se pide la solvencia del impuesto de inmuebles, como medidas que han reforzado la seguridad, ejemplificó.

“El problema está en las falsificaciones de los protocolos, de firmas, de documentos”, coincidió De la Peña.

La SAT trabaja en un nuevo sistema de papel protocolo, con códigos de verificación, que permitirá establecer que se trata del notario que autorizó el documento, detalló el abogado.

Esquizofrénica

Los estafadores de propiedades usurpan identidades de compradores con identificaciones robadas para comparecer en procesos de compraventa.

Han ido más allá, según las pesquisas, hacen presentarse a menores de edad como adultos; han seleccionado víctimas que se parecen a los propietarios de los inmuebles y, en algunos casos, no importa si el estado mental de las personas está bien o no.

Esto ocurre con frecuencia cuando se simulan donaciones.

En un caso, una nieta había vivido durante años con su abuela, quien había sido diagnosticada con cierto grado de esquizofrenia. Cuando debieron hacer un trámite en el Registro de la Propiedad se dieron cuenta de que la casa, situada en la zona 5, había sido trasladada a nombre de otra persona. Lograr la cancelación de la inscripción falsa tomó dos años.

En los documentos que se encuentran en el expediente de la fiscalía a cargo del caso figura la notaria Olga Alicia Valenzuela, quien fue condenada en el caso Los Topacio a 63 años de cárcel.

Agonizante

La supuesta donación de las propiedades de aquella anciana agonizante podría haberse concretado sin problemas, de no haber sido porque el director de Seguridad Registral se percató de que la nonagenaria había firmado el documento el mismo día que murió.

Cuando el expediente llegó a las manos de Villeda, indagó si la supuesta donante había recibido alguna visita de un notario en su lecho de muerte.

El exfiscal averiguó que la anciana falleció en el intensivo de un hospital privado y que las visitas estaban restringidas, por lo que nunca firmó.

Los hermanos Ánderson y Ánthony Morales Larios, estudiantes de segundo grado y párvulos, repectivamente, asisten a la escuela Luz Valle, zona 7, mientras que Léster, el tercer hermano, quien cursa cuarto grado, no va a clases porque su maestro renunció hace pocos días.

“Mi hermano se va ahora con mi papá. Lo acompaña a vender playeras”, cuenta Ánderson mientras rellena con papel de China figuras geométricas.

La falta de planificación y la carencia de recursos golpean la efectividad educativa en diversas formas: directores que ejercen funciones administrativas y docentes, aulas que están por rebasar el medio centenar de estudiantes y padres que se atrincheran frente a escuelas para exigir la contratación de maestros han sido las constantes en las tres primeras semanas del ciclo lectivo.

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En la escuela Luz Valle que atiende a 460 niños, renunciaron este año tres maestros, y solo  ha sido nombrada una sustituta. Los padres de familia se atrincheraron en la puerta del establecimiento, el jueves  pasado.

Aulas saturadas

Según el encargado del área de Educación del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Mario Rodríguez, existe mala planificación de las autoridades educativas, ya que la situación se repite cada año y, aunque se tenga conocimiento del problema, que radica en la mala distribución de docentes, “no se hace nada”.

La maestra Leslie García Chávez se hizo cargo de una de las dos secciones de segundo grado en la Escuela Número 435 de la Colonia El Amparo, zona 7. Debió posponer sus planes de jubilarse, después de 24 años de trabajo, pues su compañera no puede hacerse cargo de 83 niños.

“El mismo Ministerio de Educación se contradice, pues ellos han dicho que el número de niños en cada aula debe ser de 25, para dedicarles la atención debida”, comentó.

En las mismas instalaciones, por la tarde, funciona la Escuela Rafael Mauricio, con 280 estudiantes. Desde el 2015 hacen falta  cuatro docentes.

Armando Juárez, director, está a cargo también de uno de los grados y las maestras se turnan para atender a los estudiantes.

Compromete calidad

El presidente de Empresarios por la Educación, Gabriel Biguria, destaca que la situación repercute en la meta de 180 días de clases y reitera que el problema se debe a la mala distribución de docentes.

La calidad de la educación, dice, implica contar con docentes preparados y comprometidos con sus alumnos, y bajo ese criterio se deben asignar los maestros requeridos.

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Pese a ello, el ministro López, si bien reconoce la mala distribución, explica que esta viene de mucho tiempo y se debe a razones de comodidad de los maestros. También dijo que hasta 2 mil 500 maestros se jubilan al año, pero lo hacen a mediados de enero, lo cual complica la distribución.

En la Escuela Germán Alcántara, colonia Santa Marta,  zona 5 de Mixco, el problema se resolvió con la contratación de dos maestras de parte de la comuna y una  nombrada por el Ministerio. Los padres de familia han obstruido el tránsito en la calzada San Juan, en demanda de docentes.

Los maestros de  establecimientos visitados  coinciden en que el Mineduc exige atender un número cada vez mayor de estudiantes por aula, pero   no reciben aporte para refacción, útiles, libros ni valijas didácticas a tiempo.

Según el líder sindical, Joviel Acevedo, hay  dos millones de niños que necesitan ingresar en el sistema educativo nacional,  y  señala que la distribución de docentes no es la adecuada.