Es importante conocer que el fenómeno criminal de las extorsiones ha ido evolucionando conforme el tiempo. Mientras a inicios del siglo XXI las pandillas cobraban una “renta” en los lugares en donde operaban, entre 2006 y 2011 se fortalecieron y sus clicas empezaron a tener mayor presencia y control territorial. La “renta” se convirtió en una extorsión sistemática. Conforme las autoridades lograron investigar y condenar a los pandilleros, estos ingresaron a los centros carcelarios, desde los cuales seguían extorsionando. En consecuencia, surgieron los “imitadores”, que son personas ajenas a las pandillas que cumplen penas en prisión y se hacen pasar por pandilleros para hacer cobros extorsivos, llegando al extremo de que, según registros policiales, actualmente el 80% de las extorsiones se le atribuye a este tipo de delincuentes. Ellos cuentan con una estructura pequeña, involucrando a amigos, familiares y compañeros de prisión, y seleccionan a sus víctimas al azar, contactándolas a través de llamadas o mensajes telefónicos desde las cárceles. Por lo tanto, la extorsión suele ser casual.

Los operativos contra las extorsiones iniciaron en el 2008. Posterior a ello, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) modificaron sus estructuras para hacer frente al delito de extorsión. En la PNC se designó un equipo de investigadores para especializarse en temas de pandillas y sus delitos, unidad que ha crecido constantemente y que a la fecha cuenta con 13 sedes en todo el país, así como con investigadores altamente especializados en los diferentes tipos de extorsiones. En el MP se creó la Fiscalía de Sección contra las Extorsiones en 2015, la cual también se ha expandido a los departamentos y trabaja en coordinación con la PNC. Como respuesta a la evolución del delito, se han creado distintas agencias fiscales especializadas en atender denuncias de casos de imitadores, de estructuras organizadas o de casos en flagrancia, ya que tanto la base legal como el modus operandi y la estrategia de investigación son diferentes para cada tipo. Esa coordinación interinstitucional y especialización del personal es un avance muy importante en el combate de las extorsiones. Además, en el 2020 se creó el Juzgado y Tribunal contra las Extorsiones, para atender casos de extorsiones cometidas en el departamento de Guatemala, con excepción de Villa Nueva, Mixco y Amatitlán. En el 2021, el Organismo Judicial conoció 3,500 casos relacionados con el delito de extorsión.

Mientras las instituciones del sector justicia han ampliado las capacidades y especializado su personal para hacerle frente a las extorsiones, el Sistema Penitenciario, desde donde se origina el 90% de las llamadas extorsivas, según la fiscalía, no ha logrado tomar medidas efectivas y se ha convertido en el problema medular. Entre la sobrepoblación, el descontrol interno y la corrupción, las llamadas de reos salen a diario y cobran nuevas víctimas de extorsión. Por lo mismo, urge mejorar el control en las cárceles en el inmediato plazo, implementando una estrategia de reclusión especial para pandilleros e imitadores que continúan extorsionando. Ello también implica reformar los controles de ingreso, para evitar que entren celulares a las prisiones y lograr un bloqueo efectivo de la señal de telefonía, acciones pendientes desde hace muchos años.

En 2008, Guatemala fue el tercer país latinoamericano en introducir el delito de femicidio en su legislación, a través de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, una ley moderna, con enfoque de género y victimológico. El mismo decreto no solo crea los delitos de femicidio y violencia contra la mujer, sino también la justicia especializada en género, que se empezó a implementar en el 2010, a través de los primeros juzgados y tribunales especializados que atienden exclusivamente casos relacionados al femicidio, delito de violencia contra la mujer y delitos contra la integridad sexual. Actualmente existen 40 juzgados y tribunales especializados en 17 departamentos, incluyendo dos salas de Apelaciones, y se creó la Fiscalía contra el Femicidio en el 2016, ubicada en la capital. Se ha capacitado al personal en temas de género, debida diligencia y atención a la víctima, para lograr un abordaje apropiado en la investigación y judicialización de cada uno de los casos.

El Femicidio en el contexto internacional: A nivel mundial, el continente americano registra para 2017 la segunda tasa más alta de femicidio, después de África. En una comparación latinoamericana en 2020, Guatemala se situó levemente debajo de la tasa promedio (1.7 femicidios por cada cien mil mujeres), con 1.4 femicidios por cada cien mil mujeres. Destacan las tasas altas de los tres países del Triángulo Norte, aunque Honduras y El Salvador, con tasas de 4.7 y 2.1, respectivamente, están marcadamente arriba del promedio latinoamericano.

El Femicidio en Guatemala: De todas las muertes violentas que se registran, un 15% corresponde a mujeres. De los delitos que causan las muertes violentas de mujeres, el año pasado alrededor de la mitad fueron homicidios, seguidos por asesinatos (27%) y femicidios (25%). Si bien los femicidios se redujeron durante el 2020 —año en que comenzó el covid-19—, volvieron a aumentar el año pasado y alcanzaron el mismo nivel de antes de la pandemia. En el 2021 la Fiscalía registró 186 casos de femicidio, 143 de ellos con víctimas fallecidas; el resto sobrevivió. Lamentablemente, no en todos los casos se encuentra a los agresores —hay 30 órdenes de captura pendientes de ejecutar. Sin embargo, en los últimos seis años se han emitido anualmente casi 60 sentencias por femicidio y el 80% de todas han sido condenatorias.

A pesar de los esfuerzos institucionales para la judicialización del delito de femicidio en el marco de la implementación de la justicia de género, quedan aún muchos retos para erradicarlo. Si bien existe un sistema especializado para denunciar los casos, el tema de la prevención ha sido descuidado. Es esencial que las víctimas tengan conocimiento de dónde pueden denunciar y buscar ayuda, que pueden solicitar medidas de seguridad y que una vez se acercan a las autoridades reciban atención eficiente. Se deben intensificar esfuerzos para la prevención de los femicidios a nivel general, pero también con intervenciones focalizadas y tempranas en casos de violencia recurrente o grave, como muestra el preocupante dato de que en el 40% de femicidios existía ya una denuncia por violencia en la fiscalía.

*Investigadora senior del CIEN

Del otro lado de la ciudad está ubicada una cárcel en la Brigada Mariscal Zavala, la cual acaparó las noticias el 10 de mayo, al conocerse la fuga de una reclusa condenada a 94 años de prisión por asesinato. La misma que ya se había fugado un año antes del Preventivo Santa Teresa en la zona 18, y en ambas ocasiones logró ser recapturada por la Policía.

A estos acontecimientos se suman internos fallecidos, numerosas incautaciones de objetos ilícitos y extorsiones que se efectúan desde las celdas. Un reflejo del poco control en los centros carcelarios a raíz del abandono histórico de la institución penitenciaria.

Una mirada a nuestro Sistema Penitenciario  

Guatemala se encuentra entre los cinco países con las tasas más altas de violencia homicida a escala latinoamericana y entre los diez con las tasas más altas a nivel mundial. Delitos como la extorsión, los asaltos y los robos también ocurren a diario, muchos de los cuales quedan impunes.

Para reducir la criminalidad en Guatemala es necesario reducir la impunidad de los delitos. Según un estudio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el año 2015, de cada cien delitos, 95 quedaban sin resolver. Eso significa que muchos delincuentes continúan fuera de las cárceles cometiendo sus fechorías.

Los esfuerzos para reducir la impunidad han tenido efectos en la ocupación de las cárceles. Hasta el año 2008, el Sistema Penitenciario albergaba unas ocho mil personas con una capacidad para alojar a seis mil 420. Con la mejora de la investigación criminal y las transformaciones que se han dado en los últimos años en el sector justicia, como el aumento de la prisión preventiva, la introducción de nuevas leyes y penas más largas, así como métodos de investigación alternas, la población carcelaria creció hasta alcanzar las 22 mil personas a mediados del 2017. Mientras tanto, no se logró aumentar la cantidad de espacios.

Como consecuencia, ahora el Sistema Penitenciario se encuentra ocupado al triple de su capacidad. Para la prisión preventiva la ocupación es dos veces y media y para el cumplimiento de condena la misma es cuatro veces su capacidad.

La sobrepoblación carcelaria se debe a varios factores:

1. No se construyeron nuevas cárceles a pesar del incremento drástico de la población.
2. Existe alta reincidencia delictiva, se estima que seis de cada diez personas que salen de prisión vuelven a reincidir en la delincuencia por lo que regresan a la cárcel.
3. Los procesos en el sistema judicial son lentos, lo cual ha provocado que la mitad de las personas en las cárceles están en prisión preventiva.

Estos niveles de sobrepoblación dificultan enormemente la labor del Sistema Penitenciario. El personal es insuficiente, lo cual se refleja en la poca presencia de las autoridades en los recintos, lo que a su vez genera espacios con poca supervisión del personal y esto es aprovechado por los presos para tomar el liderazgo. Ante la gran población a atender, la logística penitenciaria se vuelve sumamente complicada y los servicios básicos y los de rehabilitación son escasos, por lo tanto la institución ya no logra garantizar los derechos mínimos ni cumplir con el propósito de rehabilitar a la población reclusa.

¿Por qué es importante que el Sistema Penitenciario funcione?

Las cárceles deberían funcionar como instituciones de prevención del delito y rehabilitación. Prevenir el delito implica tener control interno para que los reclusos no cometan delitos desde la cárcel, pero también implementar programas de rehabilitación a través de trabajo, estudio y programas específicos como de desintoxicación de drogas e intervenciones para cambios de conducta.

Se estima que cada año salen unas 5 mil  personas de los centros carcelarios. También se tienen registros de que aproximadamente tres de cada cuatro personas en la cárcel tienen altas probabilidades de cumplir sus sentencias y retornar a la sociedad, por lo tanto es importante que dichas personas reciban tratamiento para su rehabilitación. Contar con un Sistema Penitenciario que cumpla su función beneficia a toda la sociedad, evitando la delincuencia desde la cárcel, la reincidencia al salir y con ella se reduciría también el hacinamiento.

Cambiando el modelo penitenciario

En el 2016, el Ministerio de Gobernación decidió trabajar una reforma profunda al Sistema Penitenciario, implementando un nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual cambia la forma de administrar las cárceles.

El objetivo del nuevo modelo es crear centros bajo el mando de las autoridades, teniendo suficientes espacios, cumpliendo las reglas del régimen interno y brindando una atención personalizada por parte de los equipos profesionales. La política de cero hacinamiento ayuda a eliminar los incentivos para cobros indebidos por la escasez de servicios, como es lo usual en los otros centros. Además el personal es sometido a evaluaciones periódicamente y supervisado de cerca.

Este modelo de gestión penitenciaria ya es realidad en el centro de Fraijanes I, el primero que funciona bajo esa modalidad desde marzo de este año, en donde 160 mujeres condenadas podrán participar en capacitaciones ocupacionales, programas de estudio y convivir en un ambiente humano y digno.

Se espera que durante el segundo semestre del presente año otras cárceles pasen a ser administradas bajo este nuevo modelo.

Los resultados de esta reforma penitenciaria y su impacto en los índices de delincuencia se observarán en el mediano y largo plazo. Retomar el control de los centros carcelarios es un proceso y es necesario que los esfuerzos continúen con determinación en el futuro. Lo bueno es, que ya está en curso la tan necesaria y anhelada reforma de una institución a la cual nadie le ha querido apostar.

Especial para Prensa Libre: *Investigadores y analistas de seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)