Es hora de refundar el Estado en Guatemala

Las instituciones públicas fundamentales han experimentado y experimentan una paulatina decadencia. ¿Hasta cuándo?

Eduardo Mayora

23 de octubre de 2025 | 00:02h

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Durante casi cuatro décadas, Guatemala ha venido mostrando un debilitamiento paulatino de sus instituciones públicas fundamentales, un proceso que no parece detenerse. La raíz de este fenómeno radica, en buena medida, en la pérdida de sentido y respeto por la idea misma de institucionalidad. La creencia básica de que cada partido político sostiene y difunde una ideología clara, como fundamento de sus propuestas y programas de gobierno, hoy es prácticamente inexistente. Los últimos partidos que representaron ideologías razonablemente definidas —la Democracia Cristiana Guatemalteca, el Partido de Avanzada Nacional, el Frente Republicano Guatemalteco, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y la Unión del Centro Nacional— parecen haber quedado en el pasado. Las últimas cinco o seis elecciones, en lugar de ser escenarios de debate ideológico, se han convertido en una mezcla de populismo, alianzas oportunistas con grupos de interés, clientelismo y otras variantes del juego político cortoplacista.

Por otro lado, la independencia del Poder Judicial ha sufrido un deterioro tan profundo que resulta difícil entender cómo sobrevive el Estado. La manipulación de las reglas constitucionales para la selección y elección de magistrados, mediante acuerdos y tratos políticos, ha destruido el concepto mismo de justicia independiente. La credibilidad en la justicia y en las instituciones públicas ha quedado en el limbo, y la percepción de que la justicia se encarga o se negocia por intereses políticos o de poderosos ha calado hondo en la sociedad.

Las administraciones públicas, que alguna vez aspiraron a ser profesionales, han dejado de cumplir ese papel. El régimen del servicio civil, basado en oposiciones y méritos, fue sustituido en la práctica por negociaciones secretas, muchas de ellas ajenas al bien común, realizadas contra el texto constitucional por líderes sindicales y políticos interesados solo en sus propios apoyos y en mantenerse en el poder a toda costa. La Constitución y sus principios han sido constantemente violados para favorecer estos pactos, debilitando aún más la capacidad del Estado de actuar en favor de todos.

Pese a todo, el modesto crecimiento económico que Guatemala ha logrado en las últimas décadas —entre 3.5% y 4% anual— ha sido posible gracias, en parte, a la reforma constitucional de 1993 y a las remesas que envían aproximadamente tres millones de emigrantes. Sin embargo, esta estabilidad relativa es precaria y puede romperse en cualquier momento si no se cambian las raíces del problema. La fragilidad del Estado guatemalteco es evidente, y los riesgos que enfrenta son de gran magnitud. La falta de instituciones sólidas hace prever un escenario donde la inestabilidad podría convertirse en crisis definitiva.

Desde hace más de 25 años, una idea ha persistido en el discurso nacional e internacional: la necesidad de refundar el Estado. La pregunta clave es cómo lograrlo. A mi juicio, la única opción realista pasa por la responsabilidad de las élites. Es imprescindible que los sectores más importantes de la sociedad —el económico, el religioso, el intelectual y el profesional— asuman con firmeza la tarea de impulsar una reforma profunda del orden institucional. Esa reforma debe corregir los errores de diseño constitucional que han sido aprovechados por operadores políticos ingeniosos y asesores maquiavélicos, en perjuicio del bien común, la libertad y la justicia.

No hay otra salida si deseamos construir un Estado de derecho y una sociedad libre. La historia y la realidad reciente muestran que la mera voluntad política no será suficiente. Necesitamos una movilización ética y cívica de las élites, un compromiso genuino para transformar las estructuras que han hecho de Guatemala un país frágil y vulnerable.

Una fuga terrible y predecible

Después de décadas de presenciar el mismo espectáculo, ahora, ¡santo al Cielo!

Eduardo Mayora

16 de octubre de 2025 | 00:02h

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La fuga de veinte reos peligrosos de una prisión de alta seguridad es, a no dudarlo, un síntoma más de la disfuncionalidad de las administraciones públicas de Guatemala. Es un síntoma grave. Debe llevar a una consideración cuidadosa de los hechos y a un análisis tan objetivo como sea posible de los antecedentes, para formular posibles soluciones de corto, medio y largo plazos. Pero, convertir esa fuga en evidencia de cómo este gobierno, este partido, este ministro de Gobernación, este presidente, etcétera, son incompetentes, es un despropósito.

Los escándalos en las prisiones de Guatemala se vienen dando desde hace décadas. La corrupción y el hecho de que sea desde los centros de detención y de las cárceles donde se planifiquen y ejecuten innumerables extorsiones y otros delitos se ha cuestionado, criticado e interpelado machaconamente por no menos de seis legislaturas. Las páginas de la prensa independiente han traído escenas de historias espeluznantes de las cosas que ocurren (y que no ocurren) en todo el sistema penitenciario antes y después de la vuelta a la democracia. En fin, la debilidad del sistema de presidios es una dolencia crónica del Estado guatemalteco.

El despropósito consiste, creo, en llevarse las manos a la cabeza por un hecho que tarde o temprano tenía que ocurrir. Como los innumerables eventos que han expuesto, año tras año, una debilidad y disfuncionalidad crónica del sistema penitenciario. Debilidad que, según veo las cosas, se extiende a todo el sistema de justicia del país. En los centros de detención y las cárceles se cumple la inmensa mayoría de penas dictadas por los tribunales del ramo penal y, si bien la responsabilidad administrativa directa es de la cartera del Interior, hay funciones de supervisión y control en manos del Poder Judicial.

El Poder Legislativo tampoco puede sustraerse a la larga cadena de fallas, chicas y grandes, del sistema de presidios de Guatemala, porque en sus manos está la aprobación de los presupuestos de gastos e inversión en las infraestructuras y en el capital humano que hace falta para gestionar y controlar dicho sistema. También es de su responsabilidad reformar las disposiciones legales que organizan y rigen todo el fenómeno penitenciario, para lo cual existen modelos, estudios, recursos de cooperación internacional y de instituciones financieras multilaterales, además de los recursos propios de la Hacienda Pública.

Así, pues, se trata de un hecho sumamente grave que, sin embargo, era previsible. No en sus detalles ni circunstancias de lugar y tiempo, pero en una situación de cárceles, prisiones y centros de detención desbordados —en buena medida por todos aquellos que llevan años en prisión sin una sentencia—, carentes de recursos financieros, sin el suficiente personal y, menos todavía, calificado, en un ambiente de criminalidad rampante a las que se enfrentan unas fuerzas de seguridad insuficientes en número y pobremente dotadas de equipo y entrenamiento profesional, en un cuadro como ese, un incidente así tenía que ocurrir tarde o temprano.

Por supuesto, el problema es político. Es decir, de partidos, facciones y grupos de interés que, salvo las honrosas excepciones que deben reconocerse, no están interesados más que en intermediar con cuotas de poder, fondos y privilegios públicos, y en cargar las respectivas comisiones y, por consiguiente, la recientemente aprobada ley que declara terroristas a las pandillas y asigna recursos y herramientas para mejorar la posición del Estado en la lucha contra ese y otros fenómenos de criminalidad llega con treinta años de retraso y forzada por una fuga inaceptable, pero no sorprendente.

La democracia necesita propuestas, no requisitos

Normativas que favorecen la cartelización y frenan la apertura democrática

Eduardo Mayora

9 de octubre de 2025 | 00:03h

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La regulación de los procesos electorales y de los partidos políticos es clave para asegurar la transparencia, la equidad y la representatividad en cualquier democracia. En Guatemala, sin embargo, a lo largo de unas cuatro décadas, las reformas y propuestas normativas parecen alejarse de esa misión fundamental. En lugar de promover la participación y la competencia, las reglas han evolucionado hacia un entramado de requisitos formales y burocráticos que terminan por dificultar la entrada de nuevas opciones políticas y consolidar a los actores existentes. Este fenómeno, lejos de fortalecer la democracia, la debilita y limita el espacio para el debate ideológico en torno a la búsqueda del bien común.

En sus inicios, la regulación electoral en Guatemala buscaba garantizar procesos justos y accesibles, con el objetivo de construir una democracia funcional y participativa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos han puesto el énfasis en los formalismos: requisitos excesivos para la inscripción de partidos, controles administrativos engorrosos de la publicidad y el proselitismo y trámites que poco tienen que ver con la esencia democrática.

El foco se ha desplazado de los principios al papeleo. El resultado es un sistema que privilegia el cumplimiento de requisitos formales sobre la apertura real a nuevas voces y propuestas.

De acuerdo con un reportaje publicado por Prensa Libre el pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha propuesto modificaciones al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, lejos de abrir la participación y el debate ideológico y político, establecen aún más barreras para el funcionamiento y permanencia de partidos. Salvo un par de excepciones, las demás son de forma y procedimiento. En otras palabras, el TSE refuerza un sistema cerrado donde solo los partidos consolidados pueden sobrevivir, mientras que los nuevos aspirantes se ven ahogados por la burocracia y el exceso de requisitos.

El principal efecto de estos formalismos es la cartelización del sistema de partidos que, lejos de enfrentar en la palestra pública las grandes cuestiones nacionales desde una perspectiva ideológica clara, derivan en una suerte de clubes exclusivos, donde la prioridad no es el debate de ideas ni la representación de intereses ciudadanos, sino la intermediación entre grupos de interés por cuotas de poder y privilegios legislativos o regulatorios.

Las reglas actuales no promueven ni mayor participación, ni apertura, ni libertad, ni transparencia. Al contrario, desincentivan a ciudadanos y colectivos que podrían aportar renovaciones necesarias a la política guatemalteca. El resultado es una democracia formal, pero vacía de contenido y alejada de las necesidades reales del país.

En este contexto, la regulación electoral se ha convertido en una herramienta para cercar el mercado político. Quienes controlan el sistema dictan las reglas, asegurando su permanencia y forzando al TSE a consolidar el cartel.

Guatemala necesita un marco normativo que priorice la apertura, la libertad y la competencia real, donde los partidos se formen y compitan por ideas y no por su capacidad de navegar el bazar de privilegios y fondos públicos. Solo así la democracia podrá cumplir su función de canalizar el debate público hacia el bien común, según la perspectiva ideológica de cada partido.

Para revertir este rumbo, es urgente repensar la regulación electoral. Más que aumentar los requisitos y formalismos, el país necesita reglas claras, simples y orientadas a facilitar la participación ciudadana. La democracia solo se fortalece con pluralismo, transparencia y competencia, no con exclusión ni formalismos vacíos.

Negociar para el bien común: El arte político en el sistema presidencial

Guatemala y el desafío de consensuar en tiempos de división de poderes

Eduardo Mayora

2 de octubre de 2025 | 00:02h

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El presidente lidera el Ejecutivo, respaldado por su partido y coaliciones más o menos inestables, pero la mayoría legislativa está en manos de otras fuerzas políticas. Esta configuración, lejos de ser una anomalía, es parte natural de la democracia y plantea un escenario que invita a la reflexión sobre el verdadero sentido del Estado y la política, especialmente en naciones en vías de desarrollo donde las necesidades básicas de la población son urgentes y múltiples.

La división de poderes es uno de los pilares de la democracia moderna. En el sistema presidencial, el presidente encabeza el Ejecutivo, mientras que el Congreso o Parlamento representa la pluralidad política de la sociedad. Esta estructura permite que diferentes fuerzas políticas convivan en los espacios de toma de decisión, garantizando controles y equilibrios. Sin embargo, cuando la mayoría legislativa no coincide con el partido del presidente, como ahora: ¿cómo avanzar en políticas públicas en medio de desacuerdos?

Es habitual pensar que la falta de mayoría legislativa para el partido presidencial puede llevar al estancamiento o bloqueo institucional. Sin embargo, esta situación no debería convertirse en un obstáculo insalvable, sino en una oportunidad para fortalecer la cultura de negociación y acuerdos. La política, en su esencia, es el arte de buscar consensos y hacer concesiones recíprocas. Los líderes deben entender que el debate y la negociación son herramientas fundamentales para alcanzar el bien común.

El objetivo central del Estado debe ser el bienestar de todos sus ciudadanos. En países en desarrollo como Guatemala, donde la pobreza, el acceso a servicios básicos y la debilidad de sus infraestructuras son problemas apremiantes, no hay espacio para intereses partidistas que bloqueen iniciativas orientadas a mejorar la vida de la gente. La oposición tiene el legítimo derecho de poner condiciones, exigir transparencia y velar por la correcta aplicación de las políticas, pero no debe obstaculizar propuestas que beneficien a la colectividad. Por otro lado, el Gobierno tampoco puede esperar que se aprueben todas sus preferencias sin considerar las demandas y preocupaciones de otras fuerzas políticas.

Negociar no significa ceder a todo, pero sí implica reconocer la pluralidad y buscar puntos de encuentro. El Gobierno debe saber escuchar, ceder en asuntos secundarios y priorizar lo realmente esencial para el país. La oposición, por su parte, debe actuar con madurez, diferenciando entre la crítica legítima y el bloqueo sistemático. Así, ambos lados pueden construir puentes que permitan avanzar en la solución de los problemas más urgentes y crear políticas públicas sostenibles y justas.

La vida democrática exige que los líderes políticos desarrollen la capacidad de negociar y llegar a acuerdos pensando siempre en el bien común. En Guatemala, el sistema presidencial ofrece una oportunidad para demostrar que, aun en la diferencia, es posible construir consensos. Ni el Gobierno ni la oposición pueden actuar como dueños exclusivos de la verdad. La ciudadanía necesita que sus representantes sean capaces de dialogar, ceder y trabajar juntos para que el país avance. El arte político, en definitiva, es el arte de encontrar soluciones en la diversidad, siempre con la mirada puesta en el bienestar de todos.

El mejor activo para el empresario

¿Por qué el Estado de Derecho importa para los empresarios?

Eduardo Mayora

25 de septiembre de 2025 | 00:02h

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En el mundo de los negocios, solemos pensar que la clave para el éxito está en contar con suficiente capital, tecnología avanzada y un equipo humano de primer nivel. Sin embargo, hay un factor que a menudo queda en segundo plano y que, sin duda, puede marcar la diferencia en la rentabilidad de una empresa: el Estado de derecho. En términos sencillos, el Estado de derecho es ese conjunto de reglas que rigen cómo se hacen los negocios y cómo se resuelven los conflictos, siempre bajo la mirada de jueces imparciales y sistemas legales consistentes.

Imaginemos dos países. En ambos, un empresario tiene exactamente la misma empresa, con los mismos recursos financieros, la misma tecnología y el mismo equipo humano. Pero hay una diferencia fundamental: en uno de los países existen leyes comerciales, corporativas y de propiedad que se aplican de manera clara y consistente, y los jueces son realmente independientes. En el otro país, las reglas son ambiguas, se aplican de forma errática y los jueces pueden estar sometidos a presiones externas o intereses particulares.

¿En cuál de los dos países el empresario logrará mayores utilidades? La respuesta es clara: en el país donde el Estado de derecho es una realidad. Aquí, los contratos se cumplen, la propiedad está protegida y las disputas se resuelven de forma justa y predecible. Esto reduce los riesgos, facilita la planificación y permite que el empresario se concentre en innovar y crecer, en lugar de preocuparse por sorpresas legales o arbitrariedades.

Cuando los empresarios operan en un entorno de seguridad jurídica, la incertidumbre disminuye y las inversiones tienen más posibilidades de prosperar. No es casualidad que los países con sólidos sistemas legales atraigan más inversión extranjera y sus empresas sean más rentables. El marco legal actúa como un escudo protector que permite a los negocios desarrollarse, competir y exportar sin miedo a perder sus activos o ver cómo sus contratos quedan en papel mojado.

Además, la existencia de jueces independientes garantiza que, ante cualquier conflicto, las decisiones serán tomadas según la ley y no por influencias externas. Esto no solo eleva la confianza de los propios empresarios, sino que también tranquiliza a los socios, proveedores y clientes, generando un círculo virtuoso de confianza y prosperidad.

A menudo, cuando se habla de inversión empresarial, pensamos en maquinaria, tecnología o formación de empleados. Pero invertir en el Estado de derecho es igual de importante, aunque menos tangible. Esto puede significar apoyar reformas legales, exigir transparencia, colaborar con asociaciones empresariales que promuevan un mejor entorno regulatorio o simplemente valorar la importancia de operar en países donde la ley se cumple de verdad.

En definitiva, todo empresario que quiera aumentar sus ganancias debería ver el Estado de derecho como un activo estratégico. No se trata solo de cumplir la ley, sino de apostar por un entorno donde las reglas sean claras y los jueces, imparciales. Porque allí donde impera el Estado de derecho, las empresas no solo sobreviven, sino que prosperan y alcanzan mayores márgenes de utilidad.

Si bien el dinero, la tecnología y el talento son esenciales, el Estado de derecho es el cimiento sobre el que se construyen empresas rentables y duraderas. Invertir en este activo intangible puede ser, a la larga, la mejor decisión estratégica que tome un empresario. Porque donde las reglas son claras y los jueces independientes, el margen de utilidad siempre es mayor.

“Libertad 15 de septiembre de 1821”

Ser libre, realmente, es que nadie te pueda coercionar si no es con base en una ley general para todos.

Eduardo Mayora

18 de septiembre de 2025 | 00:02h

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Cada 15 de septiembre, los guatemaltecos conmemoran el aniversario de la independencia nacional, recordando la fecha que aparece inscrita en el escudo de armas: “Libertad 15 de septiembre de 1821”. Esta leyenda evoca el momento en que el país firmó el acta de independencia, y, con ello, la convicción de que a partir de ese día Guatemala se constituyó como una nación libre. Sin embargo, cabe preguntarse si esa libertad proclamada en el escudo ha llegado a materializarse de manera efectiva para las personas que habitan el país.

En el fondo, la libertad ciudadana no consiste únicamente en una declaración solemne o en la existencia de símbolos patrios; más bien, se trata de una realidad jurídica y social que debe estar respaldada por la estructura del Estado y su ordenamiento legal. La verdadera libertad implica que ninguno de los poderes públicos pueda ejercer poderes coercitivos sobre las personas, salvo que sea en virtud de leyes generales debidamente establecidas, aplicadas por igual para todas y todos, y ejecutadas por tribunales que sean genuinamente independientes.

El primer elemento fundamental es la existencia de un ordenamiento jurídico compuesto por normas generales, es decir, reglas que no buscan favorecer ni perjudicar a grupos específicos, sino que rigen de manera abstracta y universal. Si, por el contrario, las leyes son diseñadas para conceder privilegios, ventajas o excepciones a ciertos sectores, se desvirtúa el principio de libertad y se erosiona la igualdad ante la ley. No pocas veces, nuestro marco legal ha incorporado disposiciones que otorgan ventajas injustificadas a grupos con influencia, en detrimento del interés general y de los principios de justicia.

El segundo aspecto a considerar es que esas normas legales generales deben aplicarse efectivamente a todos por igual. La libertad ciudadana se ve comprometida cuando la aplicación de la ley depende de la condición social, las conexiones políticas o cualquier otro factor ajeno al contenido de la norma. Cuando los poderes públicos o los órganos de aplicación de la ley otorgan trato preferencial a determinados grupos o individuos, se rompe el espíritu de igualdad y se debilita la confianza en el sistema jurídico.

Finalmente, el tercer pilar indispensable para la vigencia de la libertad es que el ordenamiento legal de la república sea interpretado y aplicado por jueces y magistrados que cuenten, en los hechos, con las garantías constitucionales y legales de estabilidad, inamovilidad e independencia respecto de los partidos políticos y los grupos de interés. Una judicatura sujeta a presiones externas, amenazas o manipulaciones, pierde la capacidad de hacer valer la ley de manera imparcial y se convierte en un instrumento de dominación, no de protección de las libertades.

Mientras estos tres elementos —leyes generales, igualdad en la aplicación de la ley y una judicatura verdaderamente independiente— no se configuren y consoliden plenamente en Guatemala, la “libertad” inscrita en el escudo de armas permanecerá como una aspiración y no como un derecho efectivo para la ciudadanía. En este aniversario de la independencia, más que celebrar un hecho histórico, corresponde también reflexionar críticamente y exigir que estos principios sustenten, por fin, la vida en comunidad y el ejercicio pleno de la libertad para todas las personas en el país.

El formalismo farisaico

El formalismo, cuando menos, oculta la verdad.

Eduardo Mayora

11 de septiembre de 2025 | 00:02h

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Como en otras ocasiones, a la sociedad guatemalteca se le plantea un dilema. Se le dice por unos que la nueva ley, denominada “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”, es indispensable para que los Codedes puedan ejecutar proyectos y obras que, de otra manera, pierden continuidad, se truncan y los recursos respectivos se desperdician. Por otros se advierte a la ciudadanía de que esta ley —que tildan de “exprés”— es más bien un cheque en blanco para que los Codedes gasten sin controles suficientes unos nueve millardos de quetzales adicionales.

Por lo tanto, el dilema se plantea, prácticamente, en los términos siguientes: si quieren ustedes obras y proyectos, no exijan tantos controles, seamos prácticos.

Este, me parece, es un falso dilema. Sin embargo, no puede soslayarse que el Estado, las municipalidades —que desde la Anam apoyan la ley— y sus entidades están atrapadas en sus propias telarañas. Si uno se pregunta cómo se ha llegado a esta situación, creo que se debe a dos factores principales. Uno, que refleja una suerte de mentalidad enfermiza, a saber: el formalismo jurídico, y otra, que refleja una actitud humana muy antigua, esto es: el fariseísmo político.

Así, según el índice de percepción de la corrupción iba situando a Guatemala más y más entre las jurisdicciones opacas, gracias a la mentalidad formalista se proponían por los técnicos pues, eso, más formalismos y, la oposición partidaria, legislatura tras legislatura, iba añadiendo “candados” a la Ley de Contrataciones del Estado y otras, como las que aprueban el presupuesto del Estado, esgrimiendo farisaicamente la necesidad de cuidar de la Hacienda Pública, pero, quizás, con la intención de que el partido oficial, ante la imposibilidad de ejecutar obras y proyectos, fracasara.

Al cabo de casi medio siglo y de las vueltas que da la vida, muchos de los que fueron tejiendo esas telas de araña, tanto del lado “técnico” como del partidista, llegaron a quedar enredados en ellas. Y, entonces, la pregunta se impone: ¿hay otra salida?

Por supuesto, sí la hay. Si los controles y los controladores se enfocaran en la sustancia, en el fondo de los procesos de licitación, de adjudicación, de recepción de obras, etcétera, y no en formalismos inconsecuentes, y si oficialismo y oposición consensuaran unas reglas del juego técnicamente sustentadas que estatuyan esos controles de fondo y dejen hacer sin dar un cheque en blanco, sí habría salida. 

Esto no es fácil porque ha corrido mucha agua bajo el puente y, desafortunadamente, el formalismo, las reglas y controles farisaicos y su aplicación, han ido ahuyentando a los buenos y, como puede apreciarse en los índices de percepción de corrupción, esta ha ido en aumento. Así, desconocer que existen intereses creados muy poderosos que medran de esta madeja de formalismos que permiten escapar a los peces gordos y atrapan a los chicos, sería un error.

Pero, por muy difícil que sea, es imperativo intentarlo. Simple y sencillamente, es insostenible que los presupuestos estatales crezcan año con año y la ejecución y calidad del gasto vaya de mal en peor. La dificultad no es de naturaleza técnica, es de índole política y de mentalidad jurídica y, por tanto, debe exigirse a los partidos políticos, a todos, la solución.

Un parlamento inactivo

Los cárteles son nocivos en todos los mercados.

Eduardo Mayora

4 de septiembre de 2025 | 00:02h

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Dicen que el Congreso de la República permanece, por estos días, en estado de hibernación. Pero, cuidado: no se engañe nadie pensando que la política duerme la siesta. Hay una diferencia fundamental entre la inactividad legislativa y la inactividad política, y nuestro parlamento es maestro, o quizá discípulo aventajado, en el arte de la apariencia.

Por un lado, las luces están apagadas en el hemiciclo y los debates públicos brillan por su ausencia. Las leyes que urgen para el desarrollo del país —aquellas que podrían ampliar la libertad, fortalecer las instituciones democráticas o modernizar el aparato productivo— llevan tiempo esperando turno.

Sin embargo, el rumor de pasillos nunca cesa. Tras las puertas cerradas, la política partidista bulle con una energía inusitada. Es aquí donde la inactividad es solo de cara al público; bajo la superficie, las negociaciones son incesantes. Pactos, acuerdos, trueques y promesas se intercambian a media voz, lejos de la mirada de la ciudadanía. Es legítimo preguntarse: ¿por qué no se llevan estos temas al pleno, al debate abierto, a la confrontación democrática y transparente?

La respuesta parece doble. Una parte se explica por la necesidad de discreción. Hay negociaciones que, para fructificar, requieren de cierta reserva. Pero la otra parte se justifica menos fácilmente: hay acuerdos que no pueden confesarse abiertamente porque responden más a los intereses de grupos o partidos que al bien común. ¿Y de qué tipo de acuerdos hablamos? De intercambios de favores para asegurar partidas presupuestarias, asignaciones de obras públicas, contratos estatales o posiciones clave en la asamblea. El país, mientras tanto, espera leyes, reformas, soluciones; pero lo que se negocia es cómo repartir mejor el “pastel” de las finanzas públicas. Y eso, creo yo, es consecuencia de la cartelización del sistema político.

La LEPP ha sido objeto de múltiples reformas a lo largo de los años. El resultado, lejos de abrir puertas, ha sido levantar muros. Las barreras de entrada a la política partidista se han vuelto casi infranqueables para personas sin apadrinamientos ni grandes recursos. Cada partido, en el fondo, está comandado por un grupo que controla las decisiones y que obtiene, de manera casi automática, el apoyo formal de sus afiliados. Pero la gran mayoría de esas afiliaciones no representan convicción ni participación real: son, en muchos casos, números en una lista, no voces en una asamblea.

Pensemos por un momento en un mercado político realmente abierto. Si acceder a la competición política fuera más sencillo y los liderazgos tuvieran que ganarse el respaldo de una base activa, convencida y participativa, entonces la lógica de las negociaciones sería otra. El incentivo no sería conseguir el mayor pedazo posible para el grupo propio, sino presentar propuestas, ganarse la confianza ciudadana y, finalmente, responder a ella.

Los debates serían públicos, las diferencias se dirimirían a la vista de todas las personas, y quizás, solo quizás, el bien común volvería a ocupar el lugar central que le corresponde en la política. No quiere decir que los acuerdos dejarían de existir —la democracia es, por naturaleza, negociación y consenso—, pero sí que las reglas del juego serían más transparentes y estarían regidas, sobre todo, por el interés colectivo.

Hoy, en cambio, el acceso al poder partidario está reservado para unas pocas personas con capacidad de negociación interna, no precisamente para quienes encarnan y canalizan los anhelos ciudadanos. Así, la democracia pierde brillo y se transforma en un ritual vacío, donde el Parlamento no legisla y la política se decide en cuartos oscuros.

Si queremos un país diferente, necesitamos un sistema político más abierto, menos cartelizado, donde las voces ciudadanas tengan peso y las decisiones se tomen en público.

¿Qué hace falta para florecer?

Las naciones ricas de Occidente no florecieron por casualidad.

Eduardo Mayora

28 de agosto de 2025 | 00:02h

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Hay un concepto muy conocido entre politólogos y juristas, el de “Estado moderno”, que, quizás, no tenga para quienes no hayan estudiado la Teoría del Estado el mismo significado. El Estado moderno es una visión del Estado que reúne una serie de características a las que se arribó después de una larga evolución.  Arrancó desde la Edad Media y, a golpes y rempujones, culminó hacia finales del siglo XVIII o principios del XIX. Por supuesto, desde aquel entonces sus elementos definitorios se han seguido perfilando, si bien algunos estiman que desde hace unas tres o cuatro décadas ha ido surgiendo el Estado posmoderno. 

El Estado moderno, o su modelo básico, ha acompañado el desarrollo económico, cultural y político más notable de la Civilización Humana.  En ningún otro período de la historia de la Humanidad ha habido un aumento comparable del bienestar generalizado de la población, nunca habían florecido tanto las ciencias y las letras y otras disciplinas del saber humano, y la velocidad a la que la tecnología contemporánea rebasa una y otra meta que apenas unos años atrás se consideraba lejana  es motivo de comentario y análisis incesantemente. Hoy en día, por ejemplo, casi no hay congreso en el que no se examine el impacto para la profesión, actividad empresarial o industria de la inteligencia artificial. 

Creo que esto no se ha comprendido a profundidad por las élites de Guatemala. No digo que ignoren que esos dos siglos y fracción hayan sido los de mayor desarrollo económico en la historia de la Humanidad, sino que no son conscientes de hasta qué punto esto ha sido gracias a la peculiar configuración del Estado moderno. Libros como Why Nations Fail (Daron Acemoglu y James Robinson), The West and the Rest (Niall Ferguson), The Wealth and Poverty of Nations (David Landes) o The Evolution of Civilizations (Carroll Quigley) tratan de explicar cómo los elementos medulares del Estado moderno (o su ausencia) inciden en el éxito o fracaso en ciertas épocas de ciertos países.

Las circunstancias de que los ciudadanos elijan a sus representantes y participen indirectamente en su gobierno, de que unas leyes no discriminatorias y generales se apliquen en caso de disputa por jueces independientes, de que el gobierno actúe sujeto a la ley y tenga el efectivo monopolio de la coerción y de que se reconozcan y garanticen por todos los poderes públicos unas libertades fundamentales, para no citar sino las más básicas, determinan que una sociedad florezca o que sea decadente.

Creo que lo que ocurre en Guatemala es que, principalmente por esa falta de comprensión a profundidad de todo esto por parte de las élites del país, se ha conformado una caricatura de Estado moderno, en el sentido de que, en una dimensión meramente “nominal”, se declara que existen esos elementos, pero, en la realidad, son otra cosa. 

Ahora bien, como Acemoglu y Robinson ponen de relieve en su obra, esto no es una “condena de muerte”. Algunos países han conseguido remontar situaciones parecidas y conseguir el consecuente desarrollo económico, cultural y social. No es fácil. Uno de los principales obstáculos es que una parte de los grupos que se benefician de la mera apariencia de un Estado moderno son también quienes tienen las llaves de una reforma en la dirección correcta. Pero, la historia nos da algunas muestras de esos momentos en que las élites de un país son capaces de mirar hacia el futuro y renunciar a ciertos beneficios de corto plazo por otros mucho mayores en el largo plazo.

Hacia un nuevo régimen de las instituciones de justicia

Ninguna reforma de la justicia es factible sin la honda convicción y compromiso de las élites.

Eduardo Mayora

21 de agosto de 2025 | 00:02h

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La calidad de un sistema democrático se mide, en gran medida, por la firmeza con que sus instituciones de justicia garantizan la independencia, la imparcialidad y la certeza en la administración de la ley. Sin embargo, en muchas naciones, incluyendo la nuestra, el régimen actual que regula las instituciones judiciales, los fiscales y los defensores públicos, presenta graves deficiencias. Estas deficiencias generan inestabilidad en la función jurisdiccional, afectan la confianza ciudadana y abren la puerta a influencias políticas y de grupos de interés en los procesos de nominación, selección y desarrollo profesional de estos funcionarios clave.

La situación actual evidencia que la elección y postulación de jueces, fiscales y defensores, está excesivamente marcada por criterios políticos y grupales, en lugar de enfocarse en la meritocracia, la ética y la profesionalización. Esto, a su vez, debilita el principio de independencia de las instituciones, perpetúa la inseguridad jurídica y fomenta la desconfianza en la justicia. Por supuesto, hay excepciones, pero son eso: excepciones.

Por ello, es necesario transitar hacia un modelo que integre la plena profesionalización y estabilidad de los funcionarios de justicia, en línea con las mejores prácticas internacionales. La idea central es que quienes ingresen a estas carreras lo hagan mediante concursos abiertos, transparentes y meritocráticos, y puedan ejercer sus funciones en un marco de inamovilidad, siempre que actúen dentro de la ley y los principios éticos. Bajo este esquema, los jueces, fiscales y defensores públicos gozarían de protección frente a presiones externas, con condiciones de carrera claras, condiciones financieras estables y garantías para su desarrollo profesional y jubilación.

Implementar esta transformación requiere de un proceso complejo, coordinado y participativo. Una estrategia posible consiste en que el Jefe del Estado conforme una comisión de expertos en áreas clave: derecho constitucional, derecho procesal, administración pública, derechos humanos y reformas del sistema de justicia. La primera tarea de esta comisión sería elaborar uno o más anteproyectos de reforma constitucional y legal que reflejen estos principios y objetivos. Estos anteproyectos deben ser técnicamente sólidos, jurídicamente viables y socialmente aceptados, por lo que su discusión y perfeccionamiento deben hacerse en un proceso abierto y participativo.

Una vez elaborados, estos anteproyectos deberían ser sometidos a la consideración de la ciudadanía y de los distintos sectores políticos, sociales y profesionales, principalmente las universidades, centros de estudio, gremios profesionales y organizaciones sociales. Recabadas las observaciones, una segunda comisión, especializada en la revisión y síntesis, elaboraría un documento de referencia que ordene las sugerencias según su importancia y coherencia con los principios constitucionales.

Con base en este documento, la comisión que diseñó los anteproyectos ajustaría las propuestas, cuidando de no sacrificar los pilares de independencia, estabilidad y profesionalización. Finalmente, una tercera comisión, conformada por expertos nacionales e internacionales con experiencia en procesos de transición, elaboraría una “hoja de ruta”. Este plan detallado orientaría la aprobación por el Congreso y ratificación por la ciudadanía de las reformas constitucionales y legales, asegurando que la transición se realice de manera ordenada, eficiente y sin desestabilizar las instituciones.

Todo este proceso requiere, por supuesto, de un compromiso firme de las élites del país —políticas, académicas, sociales y económicas— para entender que el cambio es urgente y que una justicia fuerte y autónoma es la base de la democracia moderna. Este esfuerzo, además, deberá incidir en otras reformas estructurales, como las del régimen electoral, los partidos políticos y el servicio civil, que son esenciales para consolidar un sistema democrático estable y transparente.

Urge una revolución cualitativa en el servicio civil

Invertir en administraciones públicas profesionales: una apuesta rentable para la sociedad y las empresas.

Eduardo Mayora

14 de agosto de 2025 | 00:02h

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En cualquier Estado moderno que aspire a la democracia y al desarrollo, el funcionamiento de administraciones públicas profesionales y eficientes no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Basta imaginar, aunque sea brevemente, una sociedad sin dichas administraciones para comprender el caos que sobrevendría. Toda comunidad organizada requiere de instituciones que gestionen y administren los servicios esenciales para la vida colectiva. Dedicar recursos financieros para que esas administraciones alcancen altos niveles de profesionalismo y eficiencia es, sin duda, una inversión que reditúa para toda la sociedad, incluyendo a las empresas.

Detengámonos, por ejemplo, en el monopolio legítimo de la violencia. Este principio, pilar de la teoría política moderna, significa que el Estado es el único con autoridad para ejercer la fuerza a través de sus agentes y oficiales de policía. Pero no basta con que existan policías: se requiere de una administración pública de enorme complejidad, especialmente en regímenes que aspiran a respetar los derechos individuales y las libertades cívicas. La formación, supervisión y evaluación de los cuerpos policiales; la transparencia en sus procedimientos; y la garantía de que la fuerza se use exclusivamente para proteger a la ciudadanía requieren de cuadros administrativos altamente calificados.

La educación pública, considerada por muchas personas como columna vertebral del desarrollo nacional, representa otro caso emblemático. Gestionar exitosamente el sistema educativo no solo implica construir escuelas o contratar docentes; demanda sofisticación administrativa en planificación curricular, distribución de recursos, evaluación del desempeño y capacitación constante. La educación es, por tanto, un fenómeno que exige técnicas y conocimientos avanzados en gestión pública si se busca, de verdad, preparar a nuevas generaciones capaces de integrarse y aportar al progreso social y productivo del país.

El sistema de salud pública, por su parte, es quizá uno de los ejemplos más claros de la necesidad de administradores públicos competentes. Asegurar el suministro constante y suficiente de insumos médicos, la operación eficaz de hospitales, clínicas y centros de atención primaria, la coordinación de emergencias y la implementación de campañas preventivas, todo ello requiere una burocracia profesional, experimentada y responsable. Las complejidades logísticas, sanitarias y presupuestarias de la salud pública no admiten improvisación.

Un caso similar ocurre en el desarrollo y mantenimiento de la red de carreteras e infraestructura básica. Planificar, construir y conservar caminos y autopistas supone una visión de largo plazo, capacidad para coordinar múltiples actores, y acceso a información e investigación de vanguardia. Cuando estas tareas quedan en manos de personas sin la preparación adecuada, el resultado es el desperdicio de recursos, retrasos interminables y obras de poca duración o dudosa calidad.

El fondo de la cuestión, entonces, es claro: los recursos financieros destinados a profesionalizar las administraciones públicas no son un gasto superfluo, sino una inversión que previene el despilfarro, la corrupción y el fracaso de políticas esenciales. Es indispensable articular mecanismos que atraigan, incentiven y retengan a profesionales talentosos y motivados en el servicio público, ofreciéndoles oportunidades reales de desarrollo y reconocimiento.

Por ello, resulta urgente una revolución cualitativa en el régimen del servicio civil, ese núcleo donde se define la calidad de la gestión pública. Reformar, modernizar e invertir en la carrera administrativa debe convertirse en una prioridad para gobiernos responsables y sociedades que entienden que el futuro colectivo depende, en gran medida, de la calidad de quienes administran los recursos y servicios públicos.

La corrupción se combate de fondo, no de forma

El formalismo es como una red que deja ir los peces gordos y atrapa a los chicos.

Eduardo Mayora

7 de agosto de 2025 | 00:02h

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La lacra de la corrupción ha ido marcando la vida de los guatemaltecos. Tanto su vida pública como la privada.  Una de las facetas de la corrupción es la adquisición de bienes o servicios de empresas u organizaciones que no son seleccionadas por las juntas de licitación o los funcionarios que adjudican porque sean la mejor combinación de precio y calidad, de acuerdo con los términos de la licitación, sino debido a que los oferentes han pagado una mordida o a tráficos de influencias. 

Este tipo de prácticas, con algunos altibajos, se han ido extendiendo a lo largo de unas tres décadas.  No es que antes no hubiera casos de corrupción del mismo género, pero, para 2001 Guatemala estaba en el puesto 65 de 91 países incluidos en el índice de percepción de corrupción y en 2024, en el puesto 146 de 180, habiendo mejorado dos lugares respecto de 2023.  Así, en 2001 alrededor del 30% de los países examinados tenía un puntaje más bajo y en 2024 aproximadamente solo un 20% estaba peor.  

Las cosas han ido de mal en peor porque la posibilidad de ganar el dinero fácil de la corrupción es un incentivo muy poderoso y las probabilidades de enfrentar penas de cárcel y la obligación de devolver esas ganancias son suficientemente bajas. Uno de los factores más importantes de que “el crimen sí pague” está en la debilidad crónica de las instituciones de justicia. Pero hay otro factor importante.

Me refiero a la Contraloría General de Cuentas (CGC).   Se trata de un órgano de control del Estado que, como su nombre sugiere, tiene la responsabilidad de verificar que las cuentas de la Hacienda Pública estén claras.  Algunas de las resoluciones que dicta la CGC se recurren ante el Tribunal de Cuentas que, junto con aquella, son responsables de que esta materia tan sustantiva haya quedado reducida a meros formalismos.

El punto es que, cuando una regla legal cualquiera impone obligaciones a los órganos del Estado en materias de probidad y transparencia, su significado varía según las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, ¿hasta qué punto pueden los integrantes de una junta de licitación basarse en su criterio para dar más valor a la calidad de los bienes licitados que a la garantía del fabricante o del distribuidor? ¿Qué elementos deben tener esos órganos y los superiores que aprueban o no la adjudicación para dar más peso a una u otra cosa? ¿De qué manera debe justificarse por los funcionarios responsables la ponderación de cada elemento considerado?

Todo eso tenía que formar parte de una jurisprudencia sistemáticamente recopilada y de fácil acceso a las administraciones públicas que el Tribunal de Cuentas tenía que haber ido forjando a lo largo del tiempo.  La CGC tenía que haber ido desarrollando criterios administrativos a la luz de dicha jurisprudencia o, en su defecto, con base en sus análisis propios de los casos que se van dando día a día.

El peso de los precedentes en el ámbito jurídico, como criterios orientadores, como pautas de acción y de conducta válida, no puede exagerarse.  Los funcionarios y los administrados interesados en hacer las cosas bien, tienen derecho a saber a qué atenerse. Pero ni la CGC ni el Tribunal de Cuentas aportan esos criterios. Los señalamientos y denuncias suelen deberse a errores u omisiones de forma que, pudiendo corregirse, no debieran dar lugar a farragosos e interminables procedimientos que, como el mito aquel de la red que deja escapar los peces gordos y atrapa a los chicos, castiga a los funcionarios razonables y encubre, deliberada o inconscientemente, a los corruptos.

¡Tráfico! ¿Qué coste es mayor?

No hay almuerzo gratis. Una vida sin atascos viales tiene costes.

Eduardo Mayora

31 de julio de 2025 | 00:02h

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Hace treinta años, Guatemala enfrentaba una encrucijada silenciosa, una oportunidad que jamás se tomó pero que, de haberse materializado, podría haber cambiado radicalmente el rostro y el ritmo de vida en la zona metropolitana. Imaginemos que en ese entonces los cuatro o cinco municipios que conforman la zona metropolitana hubieran acordado proponer al Congreso un arbitrio de circulación de vehículos: una contribución anual de mil quinientos quetzales por automovilista, canalizada directamente a un plan ambicioso de desarrollo vial.

Hoy, calculando de manera conservadora, la zona metropolitana registra aproximadamente dos millones de automovilistas. Si ese arbitrio se hubiera cobrado de manera constante durante tres décadas, los fondos hubieran ascendido a la asombrosa cifra de más sesenta millardos de quetzales. Con semejantes recursos, el horizonte de posibilidades se habría expandido enormemente: desde la construcción de una red de metro moderna, la expansión del Transmetro hasta su máxima capacidad, la edificación de puentes y túneles para aliviar cuellos de botella, la creación de ciclovías integradas y la adquisición estratégica de franjas de terreno a lo largo de las principales calzadas y bulevares, asegurando espacios para obras futuras y evitando la especulación inmobiliaria que hoy encarece cualquier mejora.

No obstante, la realidad es muy distinta. Durante décadas la disfuncionalidad de nuestro proceso político ha condenado a millones de personas a un círculo vicioso de congestión y desgaste. Los atascos interminables no solo drenan la paciencia y el ánimo de los habitantes, sino que implican una pérdida abrumadora de tiempo: unos seiscientos millones de horas al año atrapadas en el asfalto, con motores encendidos y el estrés como compañero. Esas horas, de haber sido liberadas por un sistema de transporte eficiente y moderno, podrían haberse invertido en productividad, en descanso, en vida.

El costo oculto de esta inacción no es solo temporal. La contaminación del aire es palpable: los automovilistas respiran el CO2 que sus propios vehículos emiten, deteriorando su salud y la del entorno. A esto se suman los accidentes viales, heridos y muertes que, año tras año, engrosan una estadística dolorosa y evitable. Todo ello es el precio de no haber apostado a tiempo por un sistema de movilidad integrado, sostenible y digno.

Ante esta realidad, la pregunta es inevitable: ¿qué coste es preferible asumir? ¿El de un arbitrio municipal de circulación, razonable y orientado al bien común, o el de una metrópoli asfixiada por su propio tránsito, con habitantes exhaustos, calles saturadas y un futuro incierto?

La alternativa ya la vivimos: una urbe al borde del colapso, donde el tiempo se diluye entre bocinazos y el aire que respiramos es, literalmente, el humo de nuestras propias decisiones omitidas. Urge aprender la lección y preguntarnos, con honestidad, si estamos dispuestos a seguir pagando el precio de la inacción o si, por fin, optaremos por construir la ciudad que merecemos.

Esto no dependió hace treinta años ni depende ahora solamente de los gobiernos municipales. La Constitución establece que los arbitrios solo pueden aprobarse por el Congreso y un régimen jurídico e institucional ad hoc para concebir, planificar y ejecutar un gran proyecto vial para la zona metropolitana requieren de una decisión de Estado.  ¿Qué podemos esperar de algunos de esos partidos políticos a los que el bien común es lo que menos interesa? Ojalá que no sean otros treinta años de atascos.

El agua es escasa. ¡Cuidado!

Es indispensable maximizar el recurso. Sin derechos bien definidos y negociables, sería imposible.

Eduardo Mayora

24 de julio de 2025 | 00:02h

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Como he compartido en ocasiones anteriores, realmente el régimen legal relativo al aprovechamiento y disposición por personas privadas de las aguas contenido en el Código Civil de 1933, no ha sido nunca derogado. Tampoco ha sido aplicado desde hace décadas.  Sin embargo, creo que, casi un siglo más tarde, es probable que los conceptos detrás de algunas de sus reglas y mecanismos   ya se hayan superado.

Me refiero a que, desde entonces, mucho se ha investigado, escrito y experimentado sobre cómo maximizar la producción, conservación, el uso y aprovechamiento de uno de los recursos más fundamentales para la vida humana. Para la vida y múltiples necesidades, satisfactores e incluso el disfrute de ciertos lujos. 

Uno de los problemas más complejos en cuanto a este recurso es la creencia de que, en manos de empresas lucrativas, su coste pudiera ser mayor de lo que muchas personas que viven en la pobreza pudieran pagar.  Es tan poderosa esta creencia que no pocas veces se dificulta entablar un análisis sereno y objetivo de este problema. 

En parte esto se debe a la idea de que, por medio del sistema impositivo el Estado puede redistribuir los ingresos de la población.  Es decir, en una “primera ronda” los ingresos de cada persona son de un determinado importe y, en una “segunda ronda”, el Estado toma en forma de impuestos progresivos (paga más el que más gana) una parte de esos ingresos de los más ricos para, en una “tercera ronda”, gastarlos en satisfactores varios para los más pobres.

Ahora bien, incluso si la Constitución y las leyes del Estado establecen un régimen conocido como de “justicia social” de este tipo, de todas formas la cuestión de cómo puede lograrse maximizar la generación, conservación, distribución y venta del agua, debe resolverse. 

La respuesta técnica a esta cuestión está muy clara desde hace tiempo, a saber: es indispensable crear “derechos negociables” sobre el recurso y crear condiciones e instituciones para que surja un mercado del agua dinámico y eficiente (tanto como sea posible en el mundo real). En efecto, solo cuando una persona o una organización de personas (como una empresa) tienen la certeza de que al invertir en la extracción, purificación, conservación y distribución del agua sus derechos sobre el recurso y los frutos de su comercialización van a ser respetados, solo entonces, invertirán en las tecnologías más avanzadas para lograr todos esos objetivos.

Naturalmente, la preocupación por las personas que pudieran no tener ingresos suficientes para pagar por el recurso hídrico en cualquiera de sus formas sigue ahí. Y es en este punto —solo en éste— en que el Estado puede jugar su papel subsidiario y solidario.  Del mismo modo como hoy en día existe una “tarifa social” para subvencionar el consumo de energía eléctrica por debajo de un cierto umbral definido con base en la ley de la materia, de esa misma manera el Estado podría crear una “tarifa social” para subvencionar el suministro de agua para, más o menos, el mismo grupo de personas.

Lamentablemente, los fundamentos de las iniciativas de ley en esta materia han recogido otros conceptos.  Quizás con buenas intenciones, pero, sin duda alguna, técnicamente equivocados, suele dejarse este recurso vital en manos de las administraciones públicas y de colectividades altamente ineficientes y carentes de recursos y tecnología. ¿Por qué no emular la solución que, sin ser perfecta, ha funcionado para la energía eléctrica?

Bloqueos, derechos, democracia

Una actitud democrática no equivale a tolerar excesos ni abusos. Consiste en aplicar las leyes con razonabilidad.

Eduardo Mayora

17 de julio de 2025 | 00:02h

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No cabe duda, como se ha dicho hasta la saciedad, de que el derecho de manifestación pública es una de las características que presentan las sociedades abiertas, los regímenes democráticos. Por lo general, una manifestación pública tiene costes altos para los manifestantes. Para empezar, porque supone la expresión de una posición antagónica a cierta política pública, a ciertos actos o decisiones de los poderes públicos, en fin, conlleva una oposición abierta y vehemente. Además, implica dejar las actividades cotidianas, sea el trabajo, los negocios o cosas parecidas. Y todo eso se justifica —o así debiera ser— porque los manifestantes denuncian un abuso, una injusticia, una arbitrariedad o explotación.

Y, sin embargo, este derecho tan próximo a la esencia misma de una sociedad abierta, fundada en el ideal del imperio del derecho y de la participación ciudadana en la elección de sus autoridades, en ninguna parte, ni en las democracias maduras, puede ejercerse sin unos límites, fuera de un marco de razonabilidad y, además, de respeto por los derechos de los demás ciudadanos.

Entre esos límites están, como punto de partida, la seguridad y el orden público. Además, el ejercicio, si bien parcialmente restringido por la manifestación, de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Entre ellos, el de locomoción; el de trabajo, comercio e industria y el de libertad de acción, para no mencionar sino los más importantes. Así, si una manifestación pública, como una marcha por calles o carreteras, puede ocurrir pacíficamente ocupando uno o dos carriles de una autopista, dejando libre uno o dos carriles para la circulación automotriz, o si cabe realizarla en una plaza con suficiente impacto por cinco horas, no puede justificarse ni aceptarse, en el primer caso, que tengan que ocuparse los cuatro carriles de la autopista ni, en el segundo, que la plaza pública se convierta en un campamento.

Es posible que, como en algunos períodos de nuestra historia del último siglo hubo casos de gobiernos autoritarios que reprimieron ese derecho por razones ilegítimas, con el fin principal de sofocar cualquier disidencia, de acallar cualquier crítica o denuncia de arbitrariedades y violaciones a derechos fundamentales, entonces, ha ido creciendo una especie de “complejo”. Un complejo que ha salido demasiado caro y debe superarse.

En efecto, quizás con miras a conseguir suficiente respaldo entre la población, con demasiada frecuencia se permite que los manifestantes, como los sindicalistas de la educación pública en este caso, abusen lo suficiente para que, de ese modo, se alce el clamor de los empresarios y de los cientos de miles de personas que se ven afectadas en sus tareas diarias.

En otras ocasiones, a juzgar por las declaraciones de algunos funcionarios públicos, más bien parece que procuran aparecer como “muy democráticos”, dando mano libre a que se produzcan esos desmanes. Claro, hacen llamados a los manifestantes para que respeten los límites, pero no actúan para poner coto a los excesos.

Pero, una actitud democrática jamás debe equipararse ni entenderse como tolerancia al abuso —no al ejercicio razonable— del derecho de manifestación. Una actitud democrática, más bien por el contrario, se enfoca en el cumplimiento de las leyes del Estado, en el bien común, en la paz y el orden.

La proliferación de partidos es un mal síntoma

Organizar un partido político es costoso. Si no tienen fines político-ideológicos, ¿qué los mueve?

Eduardo Mayora

10 de julio de 2025 | 00:02h

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En Guatemala, la cantidad de partidos políticos presentes en el escenario electoral ha alcanzado cifras notables. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, actualmente existen 13 comités activos que buscan formar nuevos partidos. En las elecciones más recientes, participaron hasta treinta partidos habilitados para presentar candidaturas, y para la presidencia y vicepresidencia se registraron veinticinco binomios, de los cuales cuatro fueron descalificados.

Esta situación contrasta de forma significativa con lo que suele observarse en democracias liberales consolidadas. En estos sistemas, el número de partidos relevantes rara vez supera los cinco, y en casos como el de Estados Unidos, la competencia se limita a solo dos. Cada uno de estos partidos representa una de las principales corrientes ideológicas contemporáneas, como el comunismo, en su versión democrática; la social democracia, los movimientos verdes, posturas de centro —a veces inclinadas levemente al intervencionismo económico a veces privilegiando el mercado— y la derecha extrema, que puede adoptar tendencias libertarias, conservadoras o neofascistas. Generalmente, no hay más de un partido por cada gran corriente, ya que la fragmentación implica una dilución de la base de votantes; aunque existen ocasiones en que se producen divisiones internas.

Frente a este panorama, surge la pregunta de por qué en Guatemala existe tal proliferación de partidos. Una posible explicación es que la política nacional ha dejado de estar centrada en ideologías. La competencia ya no se basa, salvo excepciones, en la defensa de proyectos sociales, democráticos o liberales claramente definidos. El objetivo principal parece ser el acceso a espacios de poder, ya sea a nivel nacional, departamental o local. Ese acceso permite gestionar fondos públicos, influir en oportunidades de negocios y traficar cuotas de poder para diferentes intereses.

Esta multiplicidad de partidos es, en última instancia, reflejo de un problema medular mayor: la corrupción. Esta se ve favorecida por instituciones de justicia débiles, susceptibles de manipulación y falta de independencia, lo cual es perceptible para la ciudadanía. Así, la abundancia de partidos no responde tanto a una vitalidad democrática, sino a síntomas de disfuncionalidad y oportunismo en el sistema guatemalteco.

Si no fuese así, es decir, si la corrupción no fuese el magneto que atrae a tantos “empresarios de la política” a incursionar en sus tempestuosas aguas, ¿qué pudiera explicar esa incesante eclosión partidaria? No digo que todos los comités pro-formación de un partido político ni que todos los existentes sean meros “brokers” de poder y de los presupuestos públicos. A lo largo de los años he conocido de algunos proyectos que, hasta donde he podido conocer y constatar, planteaban un proyecto socioeconómico para el desarrollo del país basado en alguna ideología. Sin embargo, en la actualidad es casi imposible entender, salvo raras excepciones, en qué punto del espectro ideológico se ubica cada organización política.

Si los fenómenos de corrupción enfrentaran un aparato de control administrativo y financiero, de persecución legal y enjuiciamiento eficaces, convirtiendo la gestión de presupuestos públicos y el ejercicio del poder en instrumentos aptos para su naturaleza esencial, es decir, para procurar el bien común de acuerdo con alguna visión ideológica preferida por la mayoría de los ciudadanos al acudir a depositar su voto, dudo mucho que hubiera la multitud de partidos políticos que, como queda visto, nunca parecen suficientes. Es otra de las razones por las cuales hay que comenzar por la reforma constitucional de la justicia.

A grandes males, grandes remedios

El Estado podría delegar los procesos de licitación en entidades expertas. No es una de sus funciones esenciales.

Eduardo Mayora

3 de julio de 2025 | 00:02h

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En el contexto actual, Guatemala enfrenta una necesidad urgente de desarrollar proyectos de infraestructura vial que puedan conectar regiones, potenciar la economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con ese objeto se ha promulgado recientemente la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y ahí se regulan procedimientos desde el diseño hasta la licitación y entrega de los proyectos. Sin embargo, esta necesidad se ve frustrada por un contraste tan inconveniente como perjudicial: la complejidad procedimental y la mentalidad formalista que predominan en los procesos de licitación. Este desafío no solo ralentiza el progreso, sino que también amenaza con perpetuar las desigualdades regionales y limitar el crecimiento nacional.

El sistema de licitación en Guatemala está profundamente arraigado en una cultura burocrática que prioriza el cumplimiento formal sobre la eficiencia. Los proyectos viales, muchos de ellos urgentes, enfrentan largos retrasos debido a la falta de claridad y dinamismo en la Ley de Contrataciones del Estado. En lugar de facilitar la implementación rápida y transparente de obras que beneficien a la población, el actual marco procedimental fomenta la dilación, dejando a comunidades enteras sin acceso a carreteras y servicios básicos por años. De hecho, en una columna de opinión en este mismo diario (16 de junio) se comentaba de dificultades burocráticas para que tomara posesión el órgano nuclear de esta nueva ley.

Para enfrentar esta problemática, propongo una reforma a dicha ley que permita una solución innovadora y eficaz. Durante un plazo de cinco años, el Estado podría delegar los procesos de licitación en tres entidades internacionales de reconocido prestigio. Estas compañías, expertas en concursos públicos y adquisición de bienes, obras y servicios, recibirían las facultades legales para llevar a cabo las licitaciones que tanta falta hacen en el país.

Esta estrategia no es nueva ni arriesgada, pues el país ya ha implementado delegaciones similares en el pasado. En el sector salud, por ejemplo, se ha confiado en organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir medicamentos esenciales. Dichos procesos demostraron ser razonables, transparentes y libres de corrupción, lo que podría replicarse en el ámbito de infraestructura.

La delegación de facultades a estas empresas no debe interpretarse como una cesión absoluta de control. Para garantizar que los procesos sean transparentes y se ejecuten de manera correcta, propongo que estas entidades estén sujetas a auditorías independientes realizadas por firmas internacionales de prestigio. Dichas auditorías evaluarían la eficacia, la transparencia y la calidad de las licitaciones realizadas, asegurando que ningún recurso público sea mal utilizado y que los resultados sean los esperados.

Este modelo podría transformar radicalmente el panorama de infraestructura vial en Guatemala. Al agilizar los procesos de licitación, se podrían lanzar proyectos clave en tiempo récord, generando empleo, mejorando la conectividad regional y fortaleciendo la economía. Además, la presencia de entidades internacionalmente conocidas por su eficiencia y seriedad aportaría credibilidad y confianza en el manejo de los recursos públicos, un aspecto crucial para atraer inversión extranjera y fomentar alianzas estratégicas.

Ahora más que nunca, Guatemala necesita soluciones audaces y pragmáticas para superar los obstáculos burocráticos, el formalismo y los actos de corrupción que han limitado su desarrollo. La reforma a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria no es solo una propuesta, sino una necesidad urgente para construir un futuro más dinámico y prometedor. Con un enfoque decidido y transparente, podemos convertir los desafíos actuales en oportunidades para el progreso.

La importancia de las expropiaciones para el desarrollo de infraestructuras de interés público

Las expropiaciones no son cosa de socialistas ni de comunistas. Todo el mundo capitalista las emplea para el desarrollo de infraestructuras económicas.

Eduardo Mayora

26 de junio de 2025 | 00:02h

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En el ámbito del desarrollo de infraestructuras de interés público, las expropiaciones indemnizadas a valor de mercado juegan un papel crucial. Este mecanismo permite al Estado o a los gobiernos locales adquirir terrenos, derechos de vía y otros medios necesarios para proyectos que beneficien a la población, garantizando al mismo tiempo una compensación justa para los propietarios afectados.

Un ejemplo claro de la necesidad de este tipo de intervenciones se puede observar en el sector del transporte colectivo de autobuses extraurbanos.  Imaginemos a un grupo de veinte o treinta empresarios que operen en este sector. Es bastante probable que la mayoría de estos empresarios preferirían que sus choferes y empleados no se detuvieran en cualquier parte de la carretera para recoger pasajeros, sino que existieran paradas debidamente señalizadas, equipadas y seguras a intervalos razonables. Sin embargo, lograr esto en el ámbito privado presenta numerosos desafíos.

En primer lugar, los empresarios tendrían que identificar a los propietarios de las extensiones de terreno necesarias para cada parada. Luego, tendrían que coordinarse entre sí y negociar con cada propietario la compra o el arrendamiento a largo plazo de los terrenos. Además, una vez adquiridos los terrenos, tendrían que obtener los permisos necesarios para que cada parada tenga entrada y salida a la carretera. Este proceso es complejo y costoso, y si dos tercios de los empresarios están dispuestos a contribuir, pero cinco de ellos no, se enfrentan al problema de la competencia desleal.

Es aquí donde el Estado o los gobiernos locales pueden intervenir. Al identificar el problema y la solución, pueden utilizar la facultad expropiatoria para adquirir los terrenos necesarios y desarrollar o concesionar las paradas. Por supuesto, esto debe hacerse indemnizando a los propietarios a valor de mercado, garantizando así una compensación justa.

Para financiar estas infraestructuras, se puede crear una tasa por el uso de las mismas, que los empresarios pueden repercutir a sus clientes pasajeros como parte de sus costes. Para los pasajeros, el coste individual adicional de cada pasaje sería casi imperceptible y, a su vez, disfrutarían de la seguridad, el orden y las ventajas de esperar en un lugar adecuado a la llegada de los autobuses. Además, el tránsito carretero mejoraría notablemente en términos de seguridad y orden, evitándose una parte de los excesivamente numerosos accidentes de tránsito.

En conclusión, las expropiaciones indemnizadas a valor de mercado son una herramienta esencial para el desarrollo de infraestructuras de interés público. Permiten superar los altos costes transaccionales y las dificultades de coordinación que enfrentan los empresarios en el ámbito privado, garantizando al mismo tiempo una compensación justa para los propietarios afectados. De esta manera, se facilita la creación de infraestructuras que beneficien a toda la comunidad, mejorando la calidad de vida y promoviendo el desarrollo económico y social.

Comprendo que, a partir de las expropiaciones de tierras agrícolas bajo el decreto 900 en la década de los cincuenta del siglo pasado, muchos miran con mucho recelo las expropiaciones, quizás hasta como emblemáticas del socialismo o cosas parecidas. Pero eso es un trauma histórico que debe superarse. En todo el mundo capitalista moderno las expropiaciones a valor de mercado son una técnica común para el desarrollo de infraestructuras indispensables para el desarrollo económico.

Servicios públicos. Se ha perdido el rumbo.

La Ley de Servicio Civil era el rumbo constitucional. En su lugar, unos pactos colectivos leoninos y negociados en secreto son el rumbo al caos.

Eduardo Mayora

19 de junio de 2025 | 00:03h

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Cuando un barco ha de recorrer unas cinco millas náuticas, un error en la fijación de su rumbo de unos pocos grados no le impedirá llegar a puerto. Fuera de condiciones climáticas muy extremas, el puerto estará a la vista a tiempo para corregir el rumbo. Pero, cuando un barco ha de recorrer cien o más millas náuticas, ese mismo error de rumbo muy probablemente le impedirá que llegue a puerto.

Creo que algo parecido ocurre cuando se desnaturaliza una institución jurídica. Al principio, la desviación parece inocua. De los responsables se escuchan expresiones como “no hay que ser más papista que el Papa” o “eso no está escrito en piedra ni es ley mosaica”. Y, así, paso a paso, lo que al principio parece una pérdida de rumbo sin consecuencias, termina en una deformación sustantiva y no pocas veces caótica.

Creo que algo así ha ido ocurriendo con el servicio civil, y la situación actual de la educación pública es, desgraciadamente, la más costosa evidencia para la sociedad guatemalteca.

Imagino que, cuando en algún momento en 1984, al discutirse la Constitución Política vigente, alguien dijo: —“Los trabajadores del Estado deben tener derecho a la huelga”, el constituyente que replicó: —“el Estado no es un patrono ni quienes prestan sus servicios en las administraciones públicas son trabajadores” recibió, precisamente, aquellos comentarios: —“No seas más papista que el Papa, no seas dogmático”.

Y, sin embargo, él tenía razón. Cuarenta años después, aquella aparente distinción que no hace una diferencia, nos ha llevado a la más increíble deformación del concepto de “servicio público”, a una inimaginable perversión de las funciones de los “servidores públicos”. En teoría, esos cientos de miles de sindicalistas debieran ser los conductos por los cuales el Estado entrega a los ciudadanos seguridad, justicia, educación, salud, cultura, infraestructuras públicas y un largo etcétera. En la práctica, son grupos de presión agrupados a las órdenes de unos líderes que están dispuestos a sacrificar a millones de niños, de enfermos, de transportistas y automovilistas, en fin, de contribuyentes, de personas inocentes que soportan las consecuencias de las graves deformidades del sistema.

No tiene caso discutir si debiera o no haber derecho a la huelga en el sector estatal. Está en la Constitución. Sin embargo, una cosa es tener derecho a la huelga y otra muy diferente es sustituir la Ley de Servicio Civil por unos pactos colectivos leoninos negociados en secreto. La Constitución también manda que las relaciones entre el Estado y sus “trabajadores” (debiera decir “funcionarios”) debe regirse por esa ley. Pero, perdiendo el rumbo, quizás creyéndose muy progresistas, una larga cadena de políticos ha estado dispuesta a sacrificar a quince o más millones de ciudadanos para contentar a unos doscientos mil sindicalistas. Esos políticos lo han tenido claro: los ciudadanos no van a marchar por las calles, no van a acampar en la Plaza de la Constitución, no van a bloquear carreteras, etcétera. Los sindicalistas sí. Además, igualmente confundidos, muchos formadores de opinión van a identificar a esos “trabajadores” como víctimas de un “patrono” encarnado, en ese momento, por ese político. Y así, aquellos diez grados que, al zarpar, no parecían gran cosa, han llevado al país a un puerto al que nunca quiso llegar: unos servicios públicos caóticos.

Campañas electorales y todo eso

La regulación de las campañas electorales debe ser realista. La perfección no existe.

Eduardo Mayora

12 de junio de 2025 | 00:02h

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La democracia enfrenta desafíos estructurales relacionados con la disponibilidad de información y la capacidad de valorar las consecuencias prácticas al votar. Existen múltiples propuestas para abordar estas dificultades. Algunas defienden el desarrollo de soluciones por parte del “mercado político” mediante prueba y error, mientras que otras promueven regulaciones obligatorias para garantizar acceso equitativo a la información.

En democracias maduras, los partidos políticos invierten en definir y divulgar su ideología. Esto permite a los ciudadanos identificar las políticas que un partido respaldaría o rechazaría, lo que fortalece la confianza y lealtad hacia sus candidatos. Sin embargo, esta fidelidad ideológica tiene costos, entre ellos, la necesidad de invertir recursos para atraer simpatizantes e incrementar el apoyo ciudadano.

Los analistas y comentaristas independientes juegan un rol crítico al aportar apreciaciones que enriquecen el debate público. Estos especialistas utilizan diversos medios, como televisión, blogs o debates en plataformas como YouTube, para ofrecer perspectivas informadas a los ciudadanos.

Una propuesta común sugiere igualar el acceso de los partidos políticos a la difusión de mensajes y materiales de propaganda. Si bien esto busca evitar que la visibilidad de un partido dependa únicamente de sus recursos, plantea problemas de implementación y posibles distorsiones de preferencias ciudadanas.

Las contribuciones a los partidos políticos suelen responder a dos motivaciones principales. Primero, el respaldo ideológico: aquellos que apoyan las políticas de un partido para beneficio propio y colectivo. Segundo, la búsqueda de rentas: quienes esperan influir en decisiones futuras para obtener ventajas particulares. La regulación que obliga a compartir recursos entre partidos puede distorsionar las preferencias genuinas de los ciudadanos y es contraria al principio democrático de que el respaldo ciudadano, incluido el financiero, determine el éxito de un partido.

Es difícil evitar que los intereses particulares se canalicen a través de contribuciones financieras. Esto pone en riesgo los principios democráticos cuando partidos específicos “venden” políticas públicas mediante donaciones. Para abordar esta problemática, se proponen dos medidas principales: 1) Evitar la confección de paquetes de rentas: Las reglas constitucionales y legales deben prohibir el uso de potestades legislativas o reglamentarias para otorgar ventajas, protecciones o privilegios específicos. Toda política pública debe regirse por el principio de generalidad. 2) Transparencia y fiscalización: Es crucial que todas las contribuciones políticas sean públicas y vigiladas por un ente independiente. La transparencia mantiene la integridad del sistema democrático y permite a los ciudadanos evaluar las influencias detrás de cada partido.

Aunque estas no son soluciones perfectas, hasta ahora han demostrado ser las más eficaces.

Por otra parte, no es posible determinar anticipadamente si un político utiliza su imagen con fines electorales o en el curso de sus actividades como político, exponiendo su ideología. Esta determinación puede ser subjetiva y sesgada. Los factores distintivos son muchos y para apreciarlos adecuadamente haría falta contar con criterios válidos consistentemente aplicados.

Así, la transparencia y fiscalización rigurosas son esenciales para preservar la legitimidad del proceso democrático y al paso que se debilita al Tribunal Supremo Electoral, esto se desvanece.