71Policías privados brindan seguridad a más de 43 jueces que han sido amenazados en el año que hoy termina.

20 millones al año percibe la CSJ, en concepto de intereses por las cauciones económicas que procesados depositan a cambio de no ir a prisión.

4 mil trabajan en el Organismo Judicial, quienes difícilmente recibirán aumento salarial este año, por falta de recursos.

En un ambiente de amenazas a jueces y limitaciones presupuestarias en el Organismo Judicial, OJ, sectores de la sociedad civil opinan que no fue un mal año para la institución, aunque destacan que todavía falta más independencia y mayores esfuerzos para fortalecer la justicia.

La asignación constitucional de Q391 millones con que funcionó el OJ en el 2002, dio mucho de qué hablar en el país, principalmente porque tanto el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Alfonso Alvarez Lobos, como otros magistrados, advirtieron sobre un posible colapso.

La CSJ señaló en distintas ocasiones que por la reducción de casi cien millones de quetzales a su partida se tuvo que cancelar más de veinte asesorías del renglón 029, no se pudo continuar con el mantenimiento de la Torre de Tribunales, y tampoco fue posible incrementar el salario a casi cuatro mil empleados.

Toda la estructura judicial funcionó este año con un presupuesto estimado de Q800 millones, incluyendo préstamos e ingresos propios.

Por ese motivo, varios magistrados acudieron en repetidas ocasiones al Organismo Legislativo para ?convencer a los diputados oficialistas sobre la necesidad de que se les otorgara más fondos para el 2003?.

Sin embargo, aunque la petición oficial fue de Q1 mil millones, no tuvo mayor aceptación en el Frente Republicano Guatemalteco, y en el presupuesto general de la nación se le asignó sólo Q610 millones.

Nuevo presidente

Otro hecho trascendental en el 2002 fue el cambio de presidente de la CSJ, ya que Alvarez Lobos fue sustituido por el magistrado Carlos Esteban Larios Ochaita, quien al principio se le vinculó con el FRG, lo cual negó en su primera conferencia de prensa.

Las dificultades presupuestarias de la institución y las constantes amenazas a jueces de distintas instancias, incluso a magistrados de la Cámara Penal de la CSJ, provocó críticas y preocupación a principios del año por parte de funcionarios internacionales.

En marzo pasado, el Relator Especial de Justicia de la Organización de Naciones Unidas, Dato Param Cumaraswamy, dio a conocer un informe donde destacó que en el país persistían los asesinatos, violaciones de los derechos humanos, testigos atemorizados y el recorte al presupuesto del OJ.

?De las recomendaciones concretas que se hicieron al Gobierno de Guatemala en 2001, cuatro se han cumplido en su totalidad, 15 se aplican o han cumplido parcialmente, y 10 no se han aplicado en absoluto?, señalaba el informe.

Protección a jueces

A mediados del año, ante el constante acoso a los administradores de justicia, la CSJ creó una partida para prestarles seguridad. La institución gastó aproximadamente Q3 millones para proteger a 45 jueces amenazados en todo el país.

Las principales intimidaciones fueron por parte de sectores ligados al crimen organizado, como narcotraficantes, según relatos de algunas de las víctimas.

Sociedad civil opina

De acuerdo con distintos sectores pro justicia y de derechos humanos, aunque el 2002 no fue un excelente año para la administración de justicia, tampoco fue el peor en materia de resultados.

Argumentaron que sí hubo avances y esfuerzos por consolidar el estado de Derecho.

Las opiniones de esos sectores difieren en el análisis de algunos resultados, aunque coinciden en que los 13 magistrados de la CSJ deben esforzarse por lograr un mayor acceso a la justicia en el 2003, mantener una mayor independencia y que el Gobierno les aumente el presupuesto.

Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, considera que el OJ hizo un papel positivo este año.

Destacó que hubo sentencias importantes, como el caso del asesinato de Myrna Mack, y la sentencia contra los plagiarios del empresario Andrés Torrebiarte.

?Otro juicio de suma importancia fue donde se condenó a los linchadores del juez de Senahú, Alvaro Hugo Martínez. Lo que esperamos ahora es mayor celeridad en otros casos judiciales y que el Gobierno otorgue más recursos al Organismo Judicial?, añadió De Klein.

A criterio del presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Mario René Chávez, hace falta más para fortalecer la administración de justicia en Guatemala.

?Considero que el clamor de justicia y seguridad en el país todavía está pendiente de que se cumpla. Sabemos que tienen problemas de presupuesto, pero creo que si los magistrados se esfuerzan, se puede mejorar el sistema; por lo demás, no veo aspectos negativos?, argumentó.

Casos de narcotráfico

Según el fiscal de Narcoactividad, Fernando Mendizábal de la Riva, en lo que a sus casos se refiere ?el OJ ha cumplido su función?.

?Hemos trabajado en conjunto y logrado los resultados esperados, luego de que se han presentado pruebas para conseguir sentencias condenatorias. Otra muestra de voluntad fue la incineración de la droga en el Doan?, agregó Mendizábal.

Para el abogado Mario García, de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, ?en términos generales se ha notado un esfuerzo por mejorar la administración de justicia?.

?Pese a ello, todavía persiste la falta de credibilidad en la justicia en el interior del país?, resaltó el jurista.

Sólo se han dado pasos

Por su parte, Miguel Angel Sandoval, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, enfatiza en que aunque ha habido pasos en el plano de la justicia, en su mayoría ?sigue siendo una aspiración de la mayoría de la gente?.

?El OJ sigue siendo considerado como un reducto de la impunidad, pese a que se han dado pasos hacia algunas reformas. Todavía no existe una justicia pronta y cumplida?, puntualizó.

En tanto, abogados litigantes cuestionaron el período de vacaciones de fin de año en los tribunales, lo cual paraliza la ?administración de justicia, pronta y cumplida? por casi dos meses.

Fuera del aspecto administrativo del OJ y de su funcionamiento, los juicios orales que causaron mayor expectación en 2002 fue la sentencia a 30 años de cárcel contra uno de los militares procesados por el asesinato de Myrna Mack. Además, la anulación del juicio contra tres militares y un sacerdote señalados de haber dado muerte a monseñor Juan Gerardi Conedera.

Ambos casos se encuentran en fase de apelación; el primero, en la Sala Cuarta, y el segundo, en la Cámara de Amparos de la CSJ.

Postura oficial: ?Hubo progresos, pero debemos mejorar?

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Larios Ochaita, enfatizó en que en el año se alcanzaron logros importantes en la administración de justicia, aunque reconoció que se debe mejorar en el tema.

Agregó que uno de los aspectos positivos fue la consolidación del régimen de la Carrera Judicial, y argumentó que todos los jueces y auxiliares de justicia ingresan por convocatoria o concurso de mérito.

?Otro logro es el avance de la modernización judicial, tanto en lo que respecta a recursos humanos como infraestructura?, añadió Larios.

El presidente del OJ indicó que comparte las críticas de sectores de la sociedad civil, en el sentido de que se deben hacer más esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia.

?Es una opinión que compartimos. Si bien es cierto se avanzó en el trámite de casos paradigmáticos, también consideramos que se debe mejorar para evitar algunas fallas, porque la justicia es imperfectible?, puntualizó el funcionario.

Otros procesos y hechos del año

Durante el 2002 se tramitaron más de 15 procesos judiciales considerados de trascendencia social, y se creó una comisión multisectorial contra la corrupción.

? Uno de los fallos trascendentales fue la condena a 50 años de cárcel de tres personas que lincharon al juez de Paz de Senahú, Alta Verapaz, Alvaro Hugo Martínez.

? Se abrió proceso penal contra 22 agentes del Doan, acusados de haberse robado mil 600 kilogramos de cocaína de una de las bodegas que custodiaban.

? Se incineraron otros dos mil kilos de la misma droga, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

? La Sala Décima de Apelaciones anuló la pena de muerte impuesta a uno de los asesinos de la estudiante Rocío Quetzalí Estrada.

? El año próximo serán llevados a debate otros 16 exagentes del Doan acusados de doble asesinato en la aldea Chocón, Livingston, Izabal, el 29 de enero de este año.

? Se abrieron en 15 municipios del país oficinas para obtener carencia de antecedentes penales, para evitar que el trámite se haga en la capital.

? Se firmó un acuerdo entre los sectores de justicia para recibir una donación el próximo año de 10.5 millones de euros, para programas orientados a evitar detenciones ilegales en el país.

?Año positivo?

Se hizo un papel positivo en el Organismo Judicial, porque hubo fallos importantes, como en el caso Mack, por secuestros, y por el linchamiento del juez de Senahú, Alta Verapaz, opinó Ana María de Klein, de Madres Angustiadas.

?Urge más esfuerzo?

??Creo que el clamor de justicia todavía está pendiente que se resuelva. No veo un aspecto negativo este año, aunque creo que se puede lograr más, con el esfuerzo de los magistrados??, opinó Mario René Chávez, del Colegio de Abogados.

?Trabajar más?

??En términos generales, se ha notado más esfuerzos por mejorar la justicia; sin embargo, se debe trabajar más en el interior del país?, opinó Mario García, de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina.

El conato de motín registrado anteayer en dicho reclusorio motivó una reunión entre los reclusos en pugna, que concluyó ayer a las 17 horas.

En presencia de Gerbert Aguilar, director del Preventivo, y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, los reclusos de los sectores 1 y 2, representados por Luis Fernando Camposano y Luis Cordón, negociaron con los del sector 7, liderados por el capitán Byron Miguel Lima Oliva, procesado por la muerte de monseñor Juan Gerardi, y a quien acusan de abusos.

Acusaciones mutuas

Aunque el acuerdo oficial fue de ?respeto mutuo entre las partes?, hubo intercambio de acusaciones y advertencias. Los procesados por plagio acusaron a Lima de haber golpeado y amenazado de muerte a uno de ellos, mientras que éste los responsabilizó de lo que le pase a él y a su familia. Adelantó que uno de los reos saldrá de prisión en los próximos días. Se trata de Edgar Rolando Muñoz, de la banda Valle del Sol, quien incluso fue uno de los negociadores en el conflicto.

Acusan a exalcalde de Cuilapa

En la reunión se volvió a evidenciar la debilidad del sistema penitenciario, ya que se confirmó que quienes mandan en el Preventivo son algunos presos.

En la discusión se dijo que uno de los más conflictivos es el exalcalde de Cuilapa, Antonio Franco Lazo, quien supuestamente amenaza a otros reclusos, a quienes dice que cuenta con bandas criminales afuera. Otros aseguraron que tiene facilidad para ingresar armas.

?En una ocasión pidió ponerse los guantes con un pandillero, y éste le dio una golpiza?, agregó otro interno.

Pacto de no agresión

Las partes afirmaron que no habrá enfrentamientos, como en Pavoncito, aunque los sentenciados por secuestro insistieron en que quieren a Lima fuera del Preventivo.

Por su parte, el militar dijo que esa inconformidad obedece a que conoció a algunos reos que formaban parte del crimen organizado durante el Gobierno anterior.

Puntos del acuerdo

El pacto principal entre los reclusos fue de ?respeto mutuo?, en el sentido de que ninguno de los grupos debe imponer sus decisiones.

? Se acordó asignar de forma igualitaria los locales para las visitas conyugales.

? Que se realicen elecciones libres de los representantes de cada sector.

? Libertad para comprar víveres en cualquier sector.

? No interferir en las visitas de cada sector de reclusos.

? Los agentes policiales y militares deben ser recluidos en el sector 7.

? El sector 1 cuenta con aproximadamente 180 reos, el 2 con 200 y el 7, con 115.

Provenientes de distintos puntos del país, principalmente de la capital, grupos de pobladores visitaron playas, ríos y algunos centros turísticos de la Costa Sur.

Sin embargo, la mayor afluencia fue en las playas de Puerto de San José, en donde el detalle principal fue la austeridad en los gastos. Al mediodía, los visitantes festejaron con algarabía la Navidad, aunque fue notoria la ausencia de consumidores en los comedores de la playa.

Llevaron tamales

Según indicaron comerciantes del lugar, la gente no consumió como el año pasado. Cerca del muelle se pudo observar a decenas de familias degustando tamales o pavo, gaseosas o licor. No obstante, la mayoría de comida la llevaron de su casa en mochilas. ?Lo único que se consume en el puerto son litros de cerveza?, comentó uno de los bañistas.

Vendedores de mariscos que se ubican en el viejo y deteriorado muelle señalaron que esperan mejor venta el 1 de enero, como en años anteriores.

Precios

Los almuerzos oscilaron entre Q10 y Q30. La libra de pescado se vendía a Q8 y Q10, mientras que las cervezas, a Q8 y las aguas gaseosas, a Q4.

Poca gente en Antigua

La afluencia de visitantes fue menor en Antigua Guatemala, en donde la mayor presencia la representaron turistas extranjeros.

La presencia de familias guatemaltecas fue escasa en la ciudad colonial, aunque no faltaron los fieles católicos que recorrían iglesia o museos.

El parque central fue frecuentado principalmente por extranjeros y pequeños grupos de guatemaltecos que observaban a un Santa Claus que se encontraba cerca de la fuente.

En el mercado de artesanías, las ventas fueron pocas; ?sólo han venido pocas personas de otros países?, refirió María Aspuaco, vendedora de güipiles.

Un 80 por ciento de los restaurantes abrió ayer en Antigua Guatemala, y aunque la afluencia no fue considerable, algunos meseros opinaron que en el curso de la semana se espera mayor turismo nacional, principalmente por la fecha de pago.

En el lugar no se reportaron incidentes relevantes, a la vez que se observó a varios agentes de turismo vigilando las calles.

Ninguno de los argumentos presentados durante la fase de acusación formal le sirvieron al Ministerio Público, MP, ya que la jueza Quinto de Primera Instancia Penal, Leticia Valenzuela, resolvió ayer clausurar provisionalmente el proceso abierto contra Meneses.

La resolución judicial benefició, además, a los otros procesados Julio Guzmán Alvarez, Marco Tulio Pérez Jiménez, Hellen Yomara Castellanos, Israel Pablo Marroquín, Carlos Rolando Argueta Pérez y Cristian López.

Los motivos jurídicos

Los argumentos judiciales fueron que el MP no presentó los elementos necesarios para elevar el proceso a la fase de juicio oral, ya que las evidencias no constituyeron medios de cargo contra los procesados, principalmente contra Meneses, presunto autor intelectual del crimen.

En la resolución se cuestionó incluso la veracidad del testimonio de Jhonatan Bustamante, el principal testigo clave presentado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Por ese motivo, la jueza Quinto dio un plazo de un año a los fiscales para que consigan los medios de prueba contra los sindicados.

La defensa, conforme

El abogado William Méndez, defensor del exdecano de Economía, dijo ayer estar ?contento por el fallo?, aunque agregó ?estar triste? por el hecho de que su patrocinado estuvo cinco meses en la cárcel ?de forma injusta?.

?Estamos satisfechos por la resolución de la jueza. Hubiéramos querido que se dictara el sobreseimiento; sin embargo, aceptamos la clausura y no vamos a impugnarla?, enfatizó Méndez.

El MP apelará

La fiscal contra el Crimen Organizado, María del Rosario Acevedo Peñate, externó ayer su inconformidad con lo que resolvió la jueza Quinto Penal, y anunció que impugnará el fallo.

?Lo lamentable es que después de que se intenta perseguir penalmente a la gente no se le encuentra ni en el infierno, y a los testigos se les pone en riesgo su integridad física. Vamos a seguir luchando en el caso?, aseveró la fiscal especial.

Los hechos

El empresario alemán fue secuestrado el 7 de mayo de 2001, y el 1 de junio siguiente apareció su cadáver en Bárcenas, Villa Nueva.

Según investigaciones del MP, por liberar al extranjero exigían US$5 millones. La investigación reveló que la orden inicial había sido darle una golpiza al empresario alemán, aunque la víctima falleció luego de estar cautivo por varios días.

Rabbé dio esas declaraciones luego de haberse reunido con el Arzobispo Metropolitano, Rodolfo Quezada Toruño, a quien le pidió su apoyo, al argumentar ser víctima de la prensa escrita.

El ex funcionario señaló directamente a Prensa Libre, elPeriódico y Siglo Veintiuno de ?haber influido en la Embajada de EE.UU., para que tomara la decisión de cancelarle la visa?.

Agregó que sus planes son trabajar en la próxima campaña electoral.

Las deficiencias en las cárceles del país se plantearon durante la última reunión que llevaron a cabo los miembros de la comisión multisectorial contra la corrupción, agregó la directora del Sistema Penitenciario.

Arriaza explicó que en 2003 funcionarán con un presupuesto de Q145 millones, y por ello afrontarán un déficit en los gastos, debido a que la petición fue de Q245 millones.

La funcionaria agregó que los custodios ganan Q1,200 mensualmente, el salario más bajo de quienes laboran en la administración de justicia.

El inconveniente inicial para recibir esos fondos era que el Organismo Judicial, OJ, tenía que pagar la millonaria contrapartida, pese a que también serían beneficiadas las universidades del país, la Defensa Penal Pública y la Procuraduría de Derechos Humanos.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Larios Ochaita, informó ayer que se le dio solución al tema.

Agregó que los Q24 millones los pagará el Estado de Guatemala, y que los fondos para los programas de justicia, orientados principalmente a brindar ayuda a los detenidos sin proceso, serán canalizados por medio de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia.

?Se trata de una donación de 10.5 millones de euros, que se darán de forma escalonada en un período de cuatro años, cuya primera parte se otorgará el año próximo?, puntualizó el presidente del OJ.

El tema fue discutido el 2 de este mes durante una reunión entre el ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón; el Fiscal General de la República, Carlos David de León, y Larios Ochaita, en su despacho de la CSJ.

Según denuncias hechas a Prensa Libre, se trata de un grupo organizado que tiene contactos en distintas dependencias del Estado, como Tránsito, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, Migración, abogados, tramitadores, academias de automovilismo y oftalmólogos.

El objetivo es que los usuarios no hagan los trámites de ley y compren formularios llenos pero ?anómalos?, lo cual les genera más de Q15 millones al año, entre falsificación de exámenes visuales, certificaciones y reposición de licencias de conducir, tarjetas de circulación, pasaportes y hasta tarjetas de crédito.

Demanda en el MP

La Fiscalía contra la Corrupción recibió en septiembre pasado dos denuncias sobre irregularidades en el procedimiento para adquirir licencias para conducir automóvil y motocicleta. En éstas se menciona a Pineda, (quien es hermano del chofer del presidente Alfonso Portillo Cabrera) como la persona que supuestamente sustrae la documentación y la vende a los tramitadores.

Destacan que los certificados visuales son vendidos en Q20 a los tramitadores, y los documentos para primeras licencias, en Q200. Los primeros son vendidos a los usuarios en Q50 o Q75, y los segundos, en Q450 y Q600.

Como parte de la investigación, el MP allanó en noviembre pasado la clínica ?Zonoletti?, ubicada en la 15 calle de la zona 10, en donde localizó decenas de licencias de cartón, certificados visuales en blanco, denuncias del MP hechizas y sellos con la leyenda ?Academia de Expertaje Automovilístico El Rosario?.

En la diligencia se comprobó que el optometrista no cuenta con equipo adecuado para exámenes de la vista.

Escuelas de conducción

La pesquisa también incluye al personal de otras tres academias de automovilismo, a donde supuestamente se envía papelería de la Dirección de Tránsito.

Uno de los investigados es Abigail Castro, representante de una oficina de trámites, quien se encuentra sujeto a proceso por uso de documentos falsos, pero quedó libre mediante fianza.

Recientemente se le tomó declaración a una mujer vinculada con las estafas, quien dijo haber trabajado con Jorge Mario Aguilar, propietario de la academia ?Una Vía?.

Según consta en su declaración, allí conoció a José Gabriel Ramos (hijo de la ministra de Comunicaciones, Flora de Ramos), quien entrega los formularios de Tránsito a Carlos Enrique Alvarez Chang. Destaca que éste es dueño de la academia Fórmula I, que supuestamente labora en Caminos, y que llega en un picop de la institución a distribuir la papelería a los tramitadores.

La declarante agregó que el dinero de esos trámites se deposita en la cuenta bancaria de Ramos (Nº 933-00150-50-5).

Los fiscales presentaron aproximadamente 140 evidencias a los tribunales, y destacaron que continuarán los allanamientos en otras empresas que se presume son parte de la banda de estafadores.

Reportes de certificaciones visuales en módulos de Maycom Metronorte, zona 10, y Mixco, del 25 al 31 de octubre de 2002, revelaron anomalías en 244 informes, casi el 75% de los casos reportados en sólo siete días. De estos datos se desprendieron las primeras querellas.

Pineda: ?Son sólo puras especulaciones?

El director de la Policía de Tránsito, Benedicto Pineda, calificó ayer de especulaciones la denuncia en su contra que se planteó en el Ministerio Público, MP.

?En ningún momento hemos tenido relación con estas personas, pues hemos insistido a la gente que para sus licencias se acerquen a la Dirección de Tránsito, y no a los tramitadores, porque los pueden engañar?, enfatizó Pineda.

Al preguntarle si podría haber una banda organizada de estafadores sobre ese tipo de casos, respondió: ?Existen personas oportunistas que se aprovechan de la buena voluntad de la población, pero siempre hemos estado en contra, y sería irónico que participáramos en esas ilegalidades?.

Pineda asumió el cargo de director de Tránsito hace aproximadamente cuatro meses, en sustitución de Carlos Aldana.

Sin embargo, en la Fiscalía Metropolitana se planteó desde inicios del actual gobierno una denuncia sobre anomalías en esa unidad.

El hallazgo se produjo luego del análisis químico de un cargamento de 331 paquetes que estaban almacenados en un furgón que se utiliza como bodega desde 1995. Luego de la prueba de campo, se estableció que 35 de los paquetes contenían harina.

No despertó duda

El fiscal de Narcoactividad, Fernando Mendizábal de la Riva, informó que no surgieron dudas de que la droga haya sido cambiada, al argumentar que esa carga fue inventariada, y que en esa época ?no se realizaba prueba de campo?.

La incineración

Con la presencia de dos jueces de Instancia Penal y fiscales del Ministerio Público, MP, se incineró la droga.

La primera incineración fue de 85 kilogramos abandonados hace quince días en Chisec, Alta Verapaz. Posteriormente, se quemaron paquetes con mariguana. El MP solicitó para la próxima semana la quema del resto de droga que hay en las bodegas.

Dirigentes de organizaciones pro justicia y de derechos humanos coincidieron ayer en que la Comisión Multisectorial contra la Corrupción debe buscar los mecanismos necesarios para lograr una verdadera coordinación ?en la cadena de justicia?, con el propósito de dar mejor servicio el año próximo.

Fortalecer la PNC

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS, enfatizó ayer que se debe fortalecer la PNC, tanto en equipo como en capacitación del personal.

Según Muralles, en los procedimientos de la institución policial se puede determinar si habrá debido proceso, y si realmente hay pruebas durante el juicio oral.

Protección a jueces

De acuerdo con Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, el próximo año también se debe dar prioridad a la protección a jueces y a fortalecer la autonomía del Organismo Judicial, OJ.

?Se debe evitar la interferencia en la administración de justicia, de sectores reales del país, como militares o políticos?, puntualizó Polanco.

Por su parte, Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, MA, fundamentó que la principal tarea en 2003 debe ser el acceso a la justicia en todo el territorio nacional. De Klein opinó que se debe fortalecer la Defensoría Penal Pública y al Sistema Penitenciario.

?Urge la aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario?, agregó.

Combate a corrupción

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, consideró importante el combate frontal de la corrupción en la administración de justicia.

La activista señaló que ese flagelo debe ser combatido de forma interna y a nivel del trabajo que desempañan instituciones como el OJ, MP y la PNC.

Mario García, de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, Conic, destacó que se debe facilitar el acceso a la administración de justicia, pero no sólo en castellano, sino en todos los idiomas que se hablan en el país, entre ellos, los mayas.

?Se debe trabajar en el combate de la corrupción y terminar con el tortuguismo en los tribunales?, puntualizó García.

Opiniones

?La corrupción es un cuello de botella para la justicia y un mecanismo efectivo para consolidar la impunidad?, Carmen Aída Ibarra, Fundación Myrna Mack.

?Es de suma importancia que se fortalezca la Policía Nacional Civil, porque desde ahí empieza el debido proceso?, Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS.

Los vacíos financieros en un sector prioritario

La falta de capacitación, la corrupción y los recortes de los presupuestos constituyen la principal debilidad de las instituciones que integran la cadena de justicia.

Organismo Judicial:

? Funcionará el año próximo con una partida constitucional de Q600 millones, pese a que se solicitaron Q1 mil millones.

Ministerio Público:

? Funcionará el año próximo con un presupuesto de Q398 millones, aunque el Fiscal General había pedido Q750 millones.

Policía Nacional Civil:

? El presupuesto sigue siendo un secreto, por orden de las autoridades de Gobernación.

La PNC la integran 20 mil agentes.

Sistema Penitenciario:

? Es una de las instituciones donde se da más corrupción en la cadena de justicia.

Tampoco se conoce su presupuesto real.

A eso de las 10:55 horas, las ceremonias religiosas fueron suspendidas de repente, cuando un grupo de católicos empezó a quejarse de picaduras de abejas.

La misa de las primeras comuniones que se hacen en diciembre fue suspendida cuando los feligreses salieron corriendo de la iglesia a causa del enjambre.

Algunas de las víctimas se colocaron los velos en la cara, aunque la desesperación de algunas personas provocó que fueran llamados los Bomberos Municipales.

Se llevaron el panal

Algunas personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios y otras atendidas en el lugar, incluyendo a uno de los periodistas que recababa información.

Posteriormente, los bomberos lograron remover el panal que se encontraba en la iglesia.

Varios pasajeros afectados dijeron ?estar hartos de que la consigna de los choferes sea llegar primero, o ir peleando pasaje a cualquier costo?.

Ello provocó ayer que las dos unidades fueran protagonistas de dos accidentes, donde incluso hubo otros vehículos particulares involucrados.

En el kilómetro 12.5 de la carretera a El Salvador, el autobús con placas C-75246 fue colisionado por otro del servicio extraurbano, placas C-71988.

En el percance resultaron heridos Antonio Galicia, de 34 años; Salomón García, 36; Jesús Alexander, 18; Carlos Torres, 27; Arcel Hernández, 27; Mario Alexander Torres, 7; Omar Guerra, 22; Marlen Gómez, 14; Leticia Velásquez Corado, y los hermanos Cristofer Rafael y Velter Francisco, Emili Leticia, Caterin y Dayana Atz Velásquez.

Fueron trasladados al Seguro Social y al Hospital Roosevelt.

Otro en la cuesta de Las Cañas

El segundo accidente se produjo al mediodía en el kilómetro 35 de la cuesta de las cañas. En una de las rampas volcó un autobús de transportes La Primorosa, con placas de circulación C-70107.

La unidad del transporte extraurbano colisionó a los vehículos particulares P-793128 y P-691358. Resultaron heridas 15 personas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Versión del piloto

El conductor de la unidad del transporte colectivo, Seferino Figueroa, argumentó que se le fueron los frenos en la parte final de la cuesta.

Sin embargo, algunos de los usuarios que prefirieron no identificarse, se quejaron con los reporteros de que el accidente ocurrió por exceso de velocidad.

En lo que va del año, sólo ha habido una sentencia condenatoria contra un piloto de un autobús, en un accidente ocurrido en el Progreso, mientras que la aseguradora G&T desembolsó Q907,500 para 22 familias afectadas. En el hecho murieron 33 personas.

Se trata de Melfi Estuardo Barrillas, de 28 años de edad, agente del Servicio de Investigación Criminal, SIC.

El agente fue detenido durante un allanamiento en el bar Saturno, zona 8, cuando supuestamente se encontraba en una habitación con una de las sexoservidoras, a quien había robado sus joyas y estaba estrangulando, según informes de la oficina de prensa de la Policía Nacional Civil, PNC.

Otra redada

Los operativos también se llevaron a cabo en las cantinas Villa Hermosa y La Bronca, y en el club nocturno Caprichos, en donde fueron detenidas 26 prostitutas.

Las acciones se produjeron por la intervención de la comisión multisectorial integrada por la PNC, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Dirección de Espectáculos Públicos, Gobernación Departamental y Migración.

Los operativos conjuntos continuarán esta semana en centros nocturnos que no estén legalizados.

Luego de una serie de ponencias donde se enfatizó que el país atraviesa una fase de remilitarización, dirigentes de distintas organizaciones sindicales y campesinas acordaron pedir la intervención de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA.

?Se acordó pedir a esos altos organismos internacionales una comisión especial. El planteamiento será enviado próximamente al secretario de la ONU, Kofi Annan?, informó Miguel Angel Albizurez, de Alianza contra la Impunidad.

Demanda ante la Cidh

El dirigente agregó que también se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, con el propósito de que se abra una averiguación especial sobre el resurgimiento de las patrullas de Autodefensa Civil.

Varios representantes del Congreso Nacional, que inició el 5 de diciembre pasado, calificaron el 2002 como un mal año para las organizaciones de derechos humanos. Señalaron que esa situación no fue sólo por las amenazas e intimidaciones a algunos de los activistas, sino porque la situación económico-social se agravó considerablemente.

?El problema del hambre se extendió a otros lugares del país, y cada día hay mayor inseguridad, a tal grado de que pareciera que la vida vale muy poco?, dijeron.

La jueza Segundo de Primera Instancia Penal calificó de preocupantes las amenazas e intimidaciones proferidas contra más de 45 administradores de justicia. ?Cada día se suman más casos a la lista de amenazados?, indicó.

Ochoa no sólo instó a los magistrados de la CSJ a que hagan el esfuerzo para brindar seguridad a los jueces, sino que hizo un llamado al Ministerio Público, MP, y la Policía Nacional Civil, PNC, para que garanticen el estado de Derecho en Guatemala.

?Desde ya y por escrito, exhortamos a las autoridades a garantizar la integridad física de los jueces, aunque sabemos que ya se integró una comisión multisectorial que trabaja el tema?, añadió.

La funcionaria resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, ha observado la problemática en lo que va del año, y que próximamente emitirá un pronunciamiento oficial.

Causas principales

De acuerdo con denuncias, las causas de las intimidaciones contra jueces son consecuencia de procesos relacionados con el crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

Las amenazas más recientes fueron contra los jueces del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, motivo por el que la presidenta de esa unidad judicial fue trasladada a un tribunal de Sentencia de la capital. Se trata de Jackeline España Samayoa, a quien se le asignó seguridad especial.

Otros jueces amenazados son Yazmín Barrios y Morelia Ríos. Ambas integraron los tribunales de Sentencia que conocieron los crímenes contra monseñor Juan Gerardi Conedera y Myrna Mack Chang, respectivamente.

Pero no sólo los jueces son víctimas del crimen organizado, también los miembros de la Cámara Penal del OJ, según denuncias hechas por el magistrado Napoleón Gutiérrez.

Se gastan Q3 millones anuales en seguridad

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Carlos Larios Ochaita, informó ayer que la institución gasta al año aproximadamente Q3 millones en brindar seguridad a los administradores de justicia, y aclaró que el año próximo esa partida será incrementada.

El funcionario agregó que existe preocupación por esa problemática, y que por ese motivo se han aunado esfuerzos para proteger a los administradores de justicia en el país.

Ejemplificó que a la jueza Jackeline España le asignaron cuatro agentes de seguridad, y a Morelia Ríos y Jazmín Barrios, dos a cada una.

?Las amenazas a jueces es una preocupación que compartimos con la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, con quienes mantenemos contacto para trabajar sobre el tema. Nosotros consideramos importante mantener las plazas de los agentes de seguridad que cuidan a los administradores de justicia.

En total, la Corte gasta tres millones al año en ese aspecto?, señaló Larios.

El presidente de la CSJ indicó que 71 policías privados brindan protección a jueces, y que se contempla contratar a otros veinte el año próximo.

Dirigentes de varias organizaciones sindicales y campesinas también fueron afectadas por grupos clandestinos.

Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, solicitaron en julio pasado al Fiscal General de la República, que investigara ese tipo de agresiones en contra de activistas de derechos humanos.

Por ello, el Ministerio Público, MP, creó una fiscalía especial para investigar las denuncias, la cual está a cargo de Tatiana Morales.

Agresiones

El hecho más grave fue el asesinato de un contador de la Fundación Rigoberta Menchú, y por lo cual se encuentran procesadas dos personas.

Las otras intimidaciones se produjeron mediante allanamientos de sedes de diversas organizaciones, como Ceibas, en donde ingresaron cinco veces, así como a la de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala.

Según algunos dirigentes de derechos humanos, los responsables de las amenazas podrían ser grupos ligados a estructuras militares que actúan de forma ilegal. Las denuncias se encuentran en el MP.

El controversial sacerdote habló ayer con la prensa, y con el humor que lo caracteriza se refirió a la política y a hacer críticas indirectas al gobierno.

?Ganaría el tío Conejo?

Ruiz destacó que si las elecciones ?fueran hoy? posiblemente ganaría las elecciones Oscar Berger, aunque con un pequeño margen de diferencia.

?Realmente sería una lucha libre reñida entre el tío Conejo y el tío Bigotes?, agregó el religioso, al referirse al general Efraín Ríos Montt y a Berger.

El padre Chemita dijo no tener planes por el momento de postularse para el ámbito político, aunque no descartó la posibilidad en el futuro, resaltando que le gustaría postularse para diputado, sin devengar sueldo.

?Estaría dispuesto a postularme como diputado, pero cuando promuevan una ley en la que se trabaje de gratis, sería entonces cuando trabajaría por mi pueblo?, comentó.

Ruiz Furlán resaltó la ?enorme amistad? que tiene con monseñor Rodolfo Quezada Toruño.

Lo anterior fue expresado ayer por su abogado defensor, Francisco Flores, quien se refirió a varias noticias publicadas en un medio de comunicación escrito. Argumentó que esa información es parte de la declaración del testigo Javier Ortiz, alias Jerez.

El abogado de Moreno considera que dichos medios de prueba no podrían utilizarse en el juicio oral, porque se viciaron al haber sido publicados.

Petición legal

Flores agregó que la semana próxima hará la petición al Tribunal de Sentencia de Mixco, aunque dijo que todavía no sabe qué figura legal utilizará.

?Vamos a solicitar que mi patrocinado quede desligado del proceso penal, por lo cual esperamos que ya no se efectúe el debate?, puntualizó el litigante.

Sindicaciones

Moreno Molina es procesado por contrabando aduanero. Desde diciembre de 2001 se encuentra bajo libertad provisional, mediante fianza de Q1 millón.

El Ministerio Público lo señaló de ser el capo del contrabando aduanero en el país.

En distintas audiencias judiciales, Moreno ha asegurado que es amigo personal del presidente Alfonso Portillo y del presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt.

En reciente declaración dijo ser amigo de cinco militares investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque las partes fueron citadas a las 10 horas en la sede de la sala, la secretaria de la judicatura les notificó de la suspensión de la audiencia.

Los defensores de los militares Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera recusaron al presidente de la Sala Tercera, Augusto Eleázar López, y al vocal Francisco Rolando Villatoro Recinos.

Sólo los abogados

A la diligencia no acudieron los tres castrenses procesados, únicamente sus abogados defensores. También se hicieron presentes los fiscales del Ministerio Público y los asesores querellantes.

El 3 de octubre pasado, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 30 años de prisión al coronel Valencia Osorio, por la muerte de la antropóloga Myrna Mack, y absolvió al general Edgar Augusto Godoy Gaytán y al coronel Oliva Carrera.

Las intenciones del exjefe edilicio de conseguir su libertad se vieron frustradas ayer por la acción de amparo presentada en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por la fiscal de Mixco, Eugenia Angulo. Aunque la acción todavía no fue declarada con lugar provisionalmente, sí se le notificó a la jueza contralora Reyna Yes Marcos sobre la impugnación.

La jueza resolverá hoy si procede la fianza a Morales o deja en suspenso la orden de la Sala de Apelaciones que ordenó la medida sustitutiva.

La fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, opinó que el exalcalde no llena los requisitos para que se le otorgue una medida sustitutiva, ya que hay peligro de fuga.

Defensa: Es algo personal

El abogado Francisco García, asesor del exalcalde, manifestó que fiscales del MP llegaron ayer ?a presionar a la jueza? que lleva el caso y que, pese a ello, espera que su patrocinado salga hoy del Preventivo.

?Esta acusación obedece a intereses personales del Fiscal General, porque es propietario de la empresa Multicobros?, aseveró García.

Morales fue detenido el 11 de octubre pasado, acusado de los delitos de usurpación de funciones y falsedad material.