En el mejor de los casos, aunque el menos probable, los ingresos de la recaudación aumentarán 10%. Por lo tanto, el mayor volumen de gasto se cubrirá con más endeudamiento.

Pero no todas las asignaciones de gasto aumentan por igual. Claramente hay rubros priorizados que reflejan las voluntades políticas en el año electoral.

Entre los ministerios de Estado, los más beneficiados con mayores recursos son los de Comunicaciones (57% más que lo actual), Defensa (24%) y Educación (20%).

En el caso de la cartera a cargo de la red vial, es de esperar que el notable incremento se traduzca en la efectiva recuperación de las carreteras, seriamente afectadas por varios años sin mantenimiento, por el desvío de recursos para la corrupción, como lo confirman los distintos casos revelados.

El aumento para Defensa se destina principalmente a los gastos administrativos del despacho central. El rubro de Servicios de Planificación y Consultoría aumenta de Q125 millones a Q235 millones (66% de incremento), y el rubro de Servicios de Apoyo Logístico y Financiero más que se duplica, al pasar de Q155 millones a Q368 millones (137% más).  La razón de ser de la entidad es la Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, pero ese programa de gasto no es el principal destino de los recursos adicionales.

El incremento de Q2 mil 700 millones para Educación debiera ser para aumentar la cobertura educativa. Pero el número de trabajadores programado se mantiene igual. Por el contrario, las remuneraciones son el principal destino de la mayor asignación de recursos (aumento de Q1 mil 800 millones).

El vicepresidente de la República Jafeth Cabrera confirmó luego de una reunión de Gabinete Económico en septiembre, que se cubrirá el aumento salarial previsto en el pacto colectivo con el sindicato magisterial.

Lo peor de esto, es que para nada se discute sobre la mejora de la calidad de la educación, sino es para contar con el apoyo político de la cuestionada dirigencia sindical.

También aumentan en mayor proporción que los ingresos fiscales, los aportes para las municipalidades del país (13% más) y para los consejos departamentales de desarrollo (22% de aumento), los cuales son coordinados por los gobernadores.

Por ley, estos aportes corresponden a porcentajes de la recaudación de impuestos, por lo que no deberían aumentar más que estos.

Habrá que estar vigilantes sobre lo que finalmente se apruebe y el uso que se dará a esos recursos.

* erickcoyoy@gmail.com

Esto es 16% mayor al límite de gastos vigente para 2018. Como se ha vuelto costumbre, los ingresos esperados para el próximo año aumentan a menor ritmo que el de los gastos, 11% en el mejor de los casos.

Significa que se ha programado también un mayor nivel de deuda pública. Tratándose de un año electoral, no extraña el interés por elevar el gasto, a pesar de que hasta el momento persisten las ausencias de muestras relevantes de mejoras en la calidad y transparencia en el uso de los recursos.

Los distintos casos de compras sobrevaloradas con ocasión de la emergencia por la erupción del volcán de Fuego son un ejemplo claro.

Por el lado de los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos, se ha adoptado también como regular la práctica de sobreestimarlos para justificar el mayor monto de gastos que se busca realizar.

Desde 2012, cuando estaba en discusión el presupuesto para 2013, se inició con este artificio que busca ocultar la realidad de la fragilidad fiscal del país.

Esto ocurrió al mismo tiempo que se hacían los preparativos para relevar a las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y así echar a andar la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

En 2017, los ingresos fiscales aumentaron 4.8% respecto de 2016, lo cual fue insuficiente para alcanzar la meta de recaudación establecida, y ello dio lugar al reemplazo del superintendente de la SAT.

Este año, al mes de julio, la captación de tributos ha aumentado solamente 3.4% en comparación con lo percibido 12 meses atrás.

Por ello resulta casi inalcanzable la meta fijada para 2019, cuando se proyecta un incremento de 11%, lo que equivale a triplicar el dinamismo registrado al momento.

La principal causa del deterioro de los ingresos fiscales de Guatemala es la red de defraudación aduanera  La Línea, que inició sus operaciones en 2013 y profundizó el control de estas redes de crimen organizado, las cuales mantienen el control de puertos y aduanas del país.

El IVA que se cobra a las importaciones se redujo de un equivalente de 3.2% del PIB, en 2012, a 2.4% del PIB, en 2017, es decir una reducción de 25% en su aporte a la recaudación.

Recuperar estos ingresos requiere no solamente esfuerzos de la entidad recaudadora, sino un efectivo combate de las redes criminales a cargo del contrabando y la defraudación.

Si no se revierte esta situación, será cada vez más ilusoria la meta de ingresos que se incluya en el presupuesto.

* erickcoyoy@gmail.com

No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis titulado Corrupción en América Latina: La ruta hacia una solución, señala que “estudios anteriores han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica”.

Es decir, que no hay evidencia objetiva para fundamentar el señalamiento contra las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig.

Respecto a los retos que implica la lucha anticorrupción, agrega el FMI en su análisis que “la experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia.

“Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha”, añade el organismo internacional.

Más bien, pareciera que los esfuerzos por menguar la lucha anticorrupción pudieran ser la causa del escenario político convulsionado que vivimos desde 2015, y que tiene un efecto negativo sobre el clima para los negocios y las inversiones productivas generadoras de empleo.

De tal manera que, el reto inmediato es un proceso electoral en 2019 que permita la llegada de nuevas expresiones políticas a los organismos Ejecutivo y Legislativo.

Estos nuevos actores políticos deben estar desvinculados de los partidos ya cancelados por financiamiento ilícito y corrupción, y es de esperar que avancen las investigaciones contra los partidos con similares señalamientos y con investigaciones en curso.

Además, es indispensable en estas elecciones que tendremos en menos de un año, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda tener el acompañamiento y fortalecimiento necesarios para controlar al máximo posible el financiamiento electoral proveniente del crimen organizado, para evitar que los candidatos a presidente, diputados y alcaldes, respondan a esos intereses. 

De lo contrario, no habrá forma de revertir la tendencia decreciente del desempeño económico nacional, y las redes criminales continuarán su expansión y consolidación.

erickcoyoy@gmail.com

Y ni hablar de nuevas carreteras o mejoras sustanciales de las existentes. Se perdieron por la corrupción varios cientos de millones de dólares en los proyectos para la ampliación de las vías que conectan Escuintla y las fronteras con México y El Salvador. A ello se agregan los efectos de los desastres naturales y la falta de medidas para mitigación y adaptación a los mismos.

No es la erupción del Volcán de Fuego la que destruyó la carretera que conecta a Escuintla con Sacatepéquez.
Ni tampoco fueron las lluvias de los últimos días las que destruyeron la ruta hacia Huehuetenango, ni provocaron los deslaves en el paso hacia Panajachel.

Es la falta de acción efectiva de mantenimiento y preparación para las consecuencias de los fenómenos naturales.

Todo esto porque lo prevaleciente en la toma de decisiones sobre asignación y uso de recursos públicos, ha sido y sigue siendo la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios, tanto del nivel central como de los niveles locales, y sus cómplices, a costa del abandono de la nación.

Se habla de una nueva ley para el desarrollo de infraestructura vial. Pero la iniciativa no contempla una reforma integral de todas las instituciones existentes que reciben recursos para este rubro.

Por lo tanto se corre el riesgo de que la nueva entidad que se crearía, quede inserta en un marco  disfuncional en el que persistirán incentivos para que la toma de decisiones siga orientada a intereses particulares mezquinos.

En 2010 se aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, con el mismo argumento que ahora se expone. Y en 2013 inició operaciones la agencia encargada de estos proyectos. Cinco años después, ni un solo proyecto se ha iniciado en este marco. Tampoco queda claro en la nueva propuesta como se superarán las falencias del anterior intento.

La reforma institucional más importante para asegurar que los recursos públicos efectivamente se usen para los objetivos correctos, entre ellos el de infraestructura vial, es la que permita la aplicación de controles y sanciones para persuadir a los involucrados y se abstengan del uso indebido de los recursos.

Existe la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios, pero su aplicación por la Contraloría General  de Cuentas es casi nula.

De tal manera que posiblemente lo necesario sea emitir nuevas normas para los procesos de designación y elección de funcionarios.

* erickcoyoy@gmail.com

Esto, debido  a recurrentes señalamientos de atrasos en las autorizaciones respectivas por parte de la administración tributaria.

Estas devoluciones corresponden al IVA pagado en las compras de insumos o materias primas, porque en el caso de las exportaciones o ventas al extranjero, no hay posibilidad de cobrar el impuesto a los compradores residentes en otros países, y así recuperarlo.

De tal manera que para no afectar el capital de trabajo de los productores nacionales, es necesario que estas devoluciones se realicen de manera pronta.

No obstante, entre los distintos casos de corrupción señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público se encuentra el denominado “Traficantes de influencias”, revelado en enero del 2018.

El caso consiste en una red de corrupción por medio de la cual se agilizaba el pago de estas devoluciones, y en algunas ocasiones, por cantidades que en realidad no correspondía devolver. Es por ello que la necesidad no es solamente agilizar las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, sino también establecer controles efectivos para evitar nuevos casos de corrupción por esta vía.

Una opción para evitar estas irregularidades es realizar una modificación a la ley del IVA para incluir a las exportaciones entre las transacciones comerciales no obligadas a realizar el cobro del impuesto a los proveedores. 

Actualmente, hay varios rubros incluidos en esta categoría, como es el caso del pago de cuotas por estudios a colegios y universidades.  Esto significa que en sus compras de insumos y servicios, estas entidades exentas no cobran el IVA a sus proveedores, y a cambio les entregan una constancia de exención por el valor del impuesto que debiera pagarse.

Por su parte, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lleva un control de entidades exentas y de las constancias de exención que entregan para asegurar que se trata de transacciones en el marco de la ley.

Sí se pretende una reforma legal para agilizar las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, deben tomarse en cuenta las mejores prácticas internacionales respecto a la forma en que se evita el cobro del IVA a los exportadores por sus compras de insumos o materias primas, o bien, que se les devuelva de manera ágil, pero con los controles necesarios para asegurar que se evitan irregularidades.

* erickcoyoy@gmail.com

Las APP surgieron como respuesta a las dificultades enfrentadas por las entidades estatales en los distintos países para lograr efectividad, calidad y transparencia en el uso de los recursos.

En Guatemala fue aprobada en 2010 la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y en 2011 fue aprobado su reglamento.

En 2013 inició operaciones la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), entidad a cargo del impulso de estos proyectos.

En 2017 se iniciaron los procesos para la ejecución del que se propone como el primer proyecto de esta modalidad, y es la Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla – Puerto Quetzal con Cobro de Peaje.

El Banco Mundial publicó en 2016 su informe económico para Guatemala “Cerrando brechas para generar un crecimiento más inclusivo” y resalta la necesidad de cerrar las brechas económicas y sociales que enfrenta el país, entre ellas la de infraestructura.  Para ello recomienda esta modalidad.

El documento destaca además que las APP deben ser evaluadas y reguladas adecuadamente, para asegurar que las licitaciones sean otorgadas de forma transparente y que los términos de los contratos sean especificados y regulados de manera eficiente. Concluye que la agenda de las APP necesita asentarse en estos elementos para garantizar la promoción exitosa de estos proyectos.

Las inquietudes por la transparencia en los proyectos no se dan solo en Guatemala. En días recientes el Tribunal de Cuentas Europeo publicó el Informe Especial “Asociaciones público-privadas en la Unión Europea: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados”.

Dicho informe concluye que “pese a que las APP tienen el potencial de lograr una ejecución más rápida de las políticas y preservar altos niveles de mantenimiento, los proyectos auditados no siempre se gestionaron de forma eficaz y no proporcionaron una rentabilidad adecuada”.

Añade que “a menudo no se lograron los beneficios potenciales de las APP, debido a que se infrautilizaron y sufrieron retrasos y aumentos en los costes. Esto ocasionó un gasto ineficaz de 1 mil 500 millones de euros, debido también a la falta de análisis pertinentes y de enfoques estratégicos con respecto al uso de las APP y los marcos jurídicos e institucionales”.

* erickcoyoy@gmail.com

No obstante, desde su creación en 1998 la entidad se ha visto sometida las presiones de redes de corrupción y grupos de interés para que se designe a personas al servicio de intereses particulares. El caso extremo es el de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

En las actuales circunstancias nacionales, nuevamente se corre el riesgo de que en la designación del superintendente quede subordinado el interés nacional de recaudar con eficiencia y transparencia los ingresos que por mandato legal aportamos todos los ciudadanos, y prevalezca la sujeción a grupos particulares que buscan aprovecharse de la entidad y burlar el cumplimiento de la ley.

Los casos de corrupción revelados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) confirman que son varias las formas posibles, y no solo la evasión y la defraudación aduanera, de obtener beneficios a costa de drenar los recursos de la recaudación.

Pero el fortalecimiento de la SAT depende no solamente de una adecuada designación de su máxima autoridad, sino también de la efectiva implementación de acciones para el combate al crimen organizado que controla las redes de contrabando y defraudación en las aduanas, especialmente en los puertos.

No debe olvidarse que el anterior superintendente había fijado un plazo de seis meses a la Portuaria Santo Tomás de Castilla para que resuelvan problemas de control en las instalaciones, específicamente relacionados con “escasos controles en los patios de contenedores, falta de equipos y controles biométricos, ingreso de personas ajenas a la portuaria, y escasa vigilancia en las puertas de salidas e ingresos” (Prensa Libre, 6/7/17).

Unos días antes de ser destituido, el ahora exfuncionario había anunciado que 2018 sería el año del combate al contrabando y a la defraudación aduanera. Reducir el efecto en la recaudación de estos ilícitos es urgente para revertir la tendencia decreciente de la carga tributaria, y que en 2017 nos devolvió a los niveles de 2009 (cuando se dio el efecto de la crisis económica internacional), y de 2015 (cuando se dio el efecto de La Línea).

Es de esperar que este objetivo superior prevalezca entre los criterios de designación del nuevo funcionario.

erickcoyoy@gmail.com

En aquel momento fueron los factores externos los principales determinantes del estancamiento registrado.
Un año después empezaron los indicios de la recuperación internacional, y el aparato productivo nacional volvió casi inmediatamente a sus niveles promedio de crecimiento mostrados desde 1990.

Pero en 2017 el panorama fue distinto. La economía estadounidense, principal socio comercial de Guatemala, tuvo un positivo resultado en el primer año del nuevo gobierno.

Sin embargo, el efecto favorable que en otras ocasiones se ha percibido del exterior no se logró en el año anterior, debido a los factores internos que llevaron en octubre último a una de las principales calificadoras internacionales de riesgo país a rebajar la calificación de Guatemala. Esto se debió a que el país no ofrece las condiciones adecuadas para la inversión productiva  y el Gobierno no cuenta con una estrategia que promueva el crecimiento económico y la generación de empleo.

La inversión pública se encuentra estancada desde 2012, durante el período   del binomio presidencial Otto Pérez y Roxana Baldetti, ahora en prisión.

Como porcentaje del gasto total del Gobierno, la inversión se redujo del 33% en 2006 al 26% en 2011, y al 16% en 2017.
El efecto de esta tendencia negativa es notablemente visible en la red vial del país, que muestra un creciente deterioro.

Por el contrario, el gasto en funcionamiento del Gobierno Central ha seguido una tendencia ascendente, por cuanto fue equivalente al 50% del gasto total en 2006, aumentó al 60% en 2011 y al 68% en 2017.

A lo anterior debe  agregarse la falta de transparencia y de calidad en el gasto público, y si bien el gobierno  destina cada año una mayor proporción de su gasto al funcionamiento, esto no se ha traducido en  mejor calidad y cobertura de los servicios públicos de educación, salud, seguridad y justicia.

En su tercer año de gestión, el Gobierno tiene la última oportunidad de pasar de la inacción a la acción positiva en materia económica e inversión pública.

Se necesitan decisiones basadas en una visión de desarrollo nacional, y no solamente en la búsqueda de la supervivencia política, como ha sido el caso de las recientes decisiones en materia diplomática.

* erickcoyoy@gmail.com

Con la mayoría o casi todos los principales indicadores económicos y sociales en franco deterioro, que se conjuga con la creciente incapacidad del sector público para dar respuestas a los problemas nacionales de su competencia, resulta necesaria una reflexión a este respecto.

Pero los políticos nacionales parecen ignorar esta situación y siguen obstinados en preservar sus privilegios a costa del creciente retroceso que enfrentamos.

De poco o nada han servido para cambiar los criterios de decisión sobre los temas nacionales los múltiples foros y espacios de discusión abiertos por distintos sectores o entidades, como los encuentros de empresarios o los informes de desarrollo humano.

La realidad en muchas áreas no solo es la misma o casi igual que hace más de 20 años cuando se firmaron los acuerdos de paz, sino que en varios aspectos el deterioro es lo que prevalece en los años recientes.
Las proyecciones de población indican que somos un país de gente mayoritariamente joven, y esa tendencia se mantendría en los próximos 20 años (el llamado bono demográfico).

Pero de nada servirá este supuesto factor positivo si no se realizan cambios de fondo en muchos aspectos de la vida nacional, que permitan superar los factores de bloqueo a las oportunidades de los jóvenes para tener acceso a la educación y al trabajo.

Actualmente solo uno de cada dos jóvenes logra terminar la educación diversificada, y así tener alguna preparación mínima para el mercado laboral.

Si no se aumentan las oportunidades de educación para el trabajo, lo que tendremos en los próximos años será un contingente mucho mayor al actual de población juvenil cuyas únicas opciones son la migración al exterior o las pandillas juveniles, como instrumento del crimen organizado para aterrorizar a la población.

El crecimiento económico que tradicionalmente Guatemala ha mostrado (con un promedio de 3.5% anual en los últimos 25 años), ha sido insuficiente para la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes.

El agravante ahora es que incluso ese crecimiento insuficiente se deteriora, sin una crisis externa que provoque el estancamiento.

Son los factores internos los que dominan el escenario productivo, pero sin visos de solución en el corto plazo por la inacción oficial.

De tal manera que resulta indispensable no solo revertir los deterioros recientes, sino cambiar el patrón de crecimiento prevaleciente hasta el presente.