Guatemala pasa por un momento fundamental para hacer las reformas necesarias para que el país pueda progresar, tanto como modelo democrático como en su desarrollo económico social y salir del estancamiento en el que se encuentra. De las reformas necesarias, tres le dan al Gobierno la posibilidad de promover la modernización: a. La reforma a la LEPP, que se ha venido discutiendo por los dos últimos años y que tuvo un proyecto de ley importante en el Congreso que fue aprobado, pero el presidente de la República no quiso sancionar, pues insistió en que le hacían falta más cambios. Habiendo convocado a la sociedad civil a un diálogo con el Ejecutivo, se ha elaborado una nueva propuesta que incluso eleva las características democráticas que necesita el proceso electoral, incluyendo la democratización de los partidos mismos, así como el empadronamiento automático al tramitar el DPI, que viene a resolver un gran vacío del padrón electoral en cuanto al subregistro de ciudadanos e igual participación de hombres, mujeres y comunidades indígenas. Un tema de mayor importancia es la creación de partidos distritales, pues viene a facilitar la participación ciudadana y la actividad política de todos, y es un fenómeno ampliamente reconocido en el mundo democrático. Es importante también consolidar la autoridad del TSE y que aunque no controle el padrón siga manteniendo su hegemonía como autoridad superior en todo lo relacionado con el proceso electoral y el quehacer político. b. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones, pues esta adolece de graves debilidades y anacronismos. Para empezar, el órgano regulador de telecomunicaciones, o de servicios audiovisuales, que es la SIT, deberá ser absolutamente autónomo del Estado, con integración multisectorial y no como en la actualidad, que a pesar del nombre es realmente una dirección general del Ministerio de Comunicaciones, lo cual viola todos los principios internacionales de regulación de telecomunicaciones a escala internacional. En la actual coyuntura política del país, en la cual el MP y la Cicig han iniciado acciones penales contra el monopolio de la televisión y cadenas de radio conexas por apoyo ilícito al proceso electoral, es el momento oportuno para que la PGN busque la lesividad de los contratos de concesión de las licencias al monopolio, así como a cadenas radiales que dieron ese apoyo político ilegal, y esto genere el ambiente propicio para que el Congreso pueda emitir una nueva Ley de Telecomunicaciones o Servicios Audiovisuales, en la cual se pueda plasmar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación, esencial para una sociedad democrática. Esto implicaría el reconocimiento de los medios comunitarios o medios indígenas de comunicación en igualdad de condiciones que los medios comerciales, así como el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación para servicios educativos y sociales, incluyendo el canal de las lenguas mayas.

c.El tercer tema es la reforma al IGSS, que está en crisis por la falta de pago de la cuota patronal por parte del Estado en las últimas décadas, que asciende a Q31 mil millones, y por la manipulación política que hiciera a la institución el gobierno anterior, tratándolo como un botín.

Con la pretensión de que se privatice el Seguro Social exonerarían al Estado de su deuda y se apropiarían de los activos del IGSS. No podemos permitir que el Estado siga impune en su deuda y el Seguro Social siga deficiente en sus servicios. Tampoco desbemos permitir que las reivindicaciones de la Revolución del 44 sean burladas.

En Guatemala nos mantenemos en un estado de incertidumbre que es producto de la incertidumbre del Estado. Basta ver la crisis generada por la corrupción desmedida del gobierno del Partido Patriota, con la utilización de cuerpos ilegales a través de los que se aprovecharon del Estado y de sus recursos.

Lo que esta crisis también manifiesta es lo profundo de estos cuerpos dedicados a la corrupción, pero además hace pensar sobre los círculos de responsabilidad que existen alrededor de los mismos. Hoy encontramos, tal y como veníamos mencionando desde hace mucho tiempo, que el monopolio de la televisión y sus múltiples otras inversiones en medios de comunicación llegaron a desarrollar un poder político totalmente desmedido que les permitía manipular procesos electorales, determinar la composición del Congreso, apoyar a varios partidos políticos y candidatos a la Presidencia para obtener de todos ellos compromisos a futuro. Todo esto sucedió con el mayor descaro y cada vez con una mayor influencia política por parte del monopolio mediático que podía llegar a determinar hasta la composición del Congreso.

Los gobiernos, tanto nacional como municipales, gastan enormes sumas en publicidad innecesaria a cambio de que los medios de comunicación tradicional y el Congreso mantuvieran su oposición a generar un espectro de diversidad y pluralismo mediático (diversidad de medios, pluralismo de ideas) que es absolutamente necesario para defender la libertad de expresión y la democracia. En particular se opusieron e incluso criminalizaron a los medios de comunicación comunitaria, especialmente en zonas rurales e indígenas. Esto debe corregirse de inmediato, antes de que se dé el proceso de transición digital de los medios de comunicación audiovisual.

Hoy que la Cicig y el Ministerio Público han logrado determinar su responsabilidad directa en campañas de corrupción mediática, legales e ilegales para apoyos electorales, y han girado las primeras órdenes de captura, es el momento preciso para que el Congreso de la República se vea obligado a legislar rompiendo los monopolios y estableciendo mecanismos que garanticen el espectro radioeléctrico de comunicación, represente la diversidad y pluralismo del país necesarios para una democracia, y se establezcan también las garantías suficientes para que estos fenómenos de concentración no se vuelvan a repetir.

La corrupción es un fenómeno mundial que está provocando estragos en las economías de los pueblos y cuestionando severamente los niveles de liderazgo político en el mundo que no da señales de estar dispuesto a enfrentarlo. Los grandes avances en la tecnología de la comunicación se esperaba que facilitarían los procesos de convivencia pacífica e incrementarían los niveles de productividad; sin embargo, en casos como el de Guatemala, terminaron profundizando la polarización económica, acentuando la corrupción y los extremos de riqueza y de pobreza.

El gran desafío de todos los guatemaltecos es hacer de la justicia y la equidad la base fundamental de la convivencia social y del desarrollo y poner nuestro mejor esfuerzo por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado que permita reencauzar al país.

Felicitamos en particular al comisionado y al personal de la Cicig, a la Fiscal General y al personal del Ministerio Público, así como a los jueces, por la valentía de cumplir con su misión y enfrentar estos desafíos. Esperamos que la institucionalidad de justicia de Guatemala tenga la fortaleza de cumplir con su mandato institucional y su misión histórica.

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Después de la sanción presidencial a la ley que reforma la LEPP es importante mantener nuestra atención en el proceso de reformas que es de suma importancia: la reforma de fortalecimiento al Sistema de Justicia.

Hay que recordar que el sistema de Justicia guatemalteco ha sido reformado varias veces en forma parcial, pero no con una visión global de fortalecer los procedimientos judiciales, facilitar el acceso de la justicia a la población y dar mejores resultados para erradicar la impunidad.

Un avance sustantivo en el tema de justicia fue la aprobación del Código Procesal Penal de 1992, convirtiendo el juicio penal en oral y público, lo cual hace que brinde mayores garantías y donde el juez inicial de instancia ya no es un juez de instrucción responsable de la investigación, sino que esta tarea fue claramente trasladada al Ministerio Público, a través de los fiscales encargados de cada caso. Al iniciar el juicio oral se hace ante un Tribunal de Sentencia, compuesto por tres jueces, con lo cual se logra una decisión colegiada y no individual en asuntos penales.

Urge hacer cambios integrales para la visión y la acción del sistema de justicia, tales como limitar los casos en que se utiliza un recurso de amparo y sus procedimientos, como un procedimiento retardatario de los procesos. Otro es que la Corte Suprema de Justicia solo tenga responsabilidades de tipo jurisdiccional y que lo administrativo quede a cargo de un ministerio de Justicia.

Hoy la discusión se da sobre si integrar a esta reforma el Derecho Maya, lo cual en un país con diversidad étnico cultural como Guatemala parecería ser evidente; sin embargo, este es un tema que hay que tratar con mucha seriedad y tomándose el tiempo necesario para analizarlo adecuadamente, pues pueden darse dos situaciones no deseadas: que por la premura se toque con superficialidad, lo cual sería muy dañino, por la seriedad que se merece, o que se den especulaciones improvisadamente sobre el tema con algunos planteamientos no fundamentados adecuadamente y esto permita generar una campaña de rechazo a todo el proceso de reforma, contra el cual conspiran algunos grupos que pretenden mantener un régimen de impunidad.

Es indudable que en un pueblo con profunda identidad indígena como el nuestro y con una gran tradición de mecanismos de derecho consuetudinario para resolver asuntos de conflictividad, estos procedimientos merecen un reconocimiento especial y debieran ser vistos con una forma adicional de hacer justicia y de mantener la armonía y paz social en el país. El Derecho Consuetudinario Maya debe ser analizado y reconocido no solo en cuanto a sus valores y contenido, sino también a sus procedimientos de implementación. Está claro que este derecho, como cualquier otro, no queda estático en el tiempo, sino que evoluciona según el contexto. Pero también es cierto que no podemos reconocer como derecho maya cualquier práctica que una persona o grupo proponga.

Cabe mencionar que la Constitución, respondiendo a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado guatemalteco, tiene la obligación de garantizar la ciudadanía, la democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, pues estos son garantías universales establecidas para proteger la vida y la dignidad de todo ser humano que deben ser consideradas por igual en cualquier parte del mundo, cualquiera que sea la raza, identidad cultural, nacionalidad o religión.

Esta defensa de los derechos humanos, por ser una red de garantías mínimas y universales, no puede aplicar ningún relativismo cultural.

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Estos últimos días estuvimos pendientes de que el presidente de la República decidiera sancionar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que aprobó el Congreso de la República.

Cabe mencionar que el presidente originalmente dijo a los medios que tenía ciertas dudas sobre esta reforma y que su inclinación era no sancionarla, por los vacíos que había dejado y que los legisladores no se habían atrevido a apoyar, tales como: limitar los períodos de elección de los diputados al Congreso o resolver la paridad de la participación de las mujeres, los jóvenes y de los pueblos indígenas y haber dejado fuera el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, órgano rector de los procesos políticos del país; y otros temas de igual importancia. Sin embargo, el presidente Morales recapacitó sobre que a pesar de estas falencias la LEPP contaba con amplio apoyo popular y que por primera vez en muchos años los diputados al Congreso de la República aceptaron la necesidad de reformar la ley. De hecho la Coordinadora Nacional para la Reforma Política (Conarep) llevaba varios períodos de estar cabildeando por esta reforma, sufriendo los altibajos de los diputados sobre el interés indispensable para modernizar el modelo democrático del país que exige mayor participación ciudadana, mayor equidad en la participación y mayor transparencia en la gestión pública, y especialmente en el manejo de las finanzas y la publicidad electoral, que siempre fueron elementos oscuros.

No fue sino hasta el inicio de esta gestión que el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, tuviera la voluntad política y determinación de hacer pública la planilla salarial del Organismo Legislativo y además diera su irrestricto apoyo a la iniciativa de reforma a la LEPP.

A esta propuesta de reforma se sumaron múltiples sectores de la sociedad civil que con las movilizaciones de La Plaza entendieron y reafirmaron que Guatemala ha llegado a un cambio trascendental en el que la ciudadanía no se conforma con promesas vacías que esconden subterfugios, sino que demanda una participación real, activa y permanente en la vida política del país que debe asegurar la total transparencia, tanto en lo financiero como en el procedimiento de las decisiones para recuperar la confianza perdida en la institucionalidad del Estado.

Morales, a pesar de tener conciencia de algunos vacíos que muchos compartimos, tuvo la madurez de entender que su decisión sobre sancionar o no la LEPP debía ser producto de una consulta y amplio diálogo con los sectores que venían opinando a favor y en contra de esta reforma, y esto lo llevó a las reuniones que lo ayudaron a tomar su decisión para sancionarla.

Uno de los argumentos fundamentales para esta decisión sigue siendo entender que esta reforma no es única ni la última, sino la primera de un proceso de cambios que deberán irse acotando conforme el desarrollo de la vida política del país y los diversos procesos electorales. Esta reforma es a todas luces incompleta, pero es un paso absolutamente necesario para iniciar el camino de las reformas más profundas que Guatemala necesita.

Es el momento de insistir en que la implementación de la reforma a la LEPP dependerá de la confianza depositada en el TSE, el apoyo que se le brinde, en la responsabilidad y rendición de cuentas de los partidos políticos y sus respectivas diputadas y diputados, y en la actividad permanente y vigilante de las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general

En esta encrucijada histórica de Guatemala, debemos hacer lo posible porque estas reformas sean efectivas.

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Un fenómeno agregado a estas formas de violencia es la intimidación y acoso sexual que se realiza a través del internet contra mujeres periodistas, precisamente por dedicarse al trabajo periodístico y a la función de informar. Incluso mujeres periodistas que quieren dedicarse a la cobertura de la temática de deportes sufren también por su decisión de insertarse en este tema. Pareciera que este mundo retrocede y considera que el periodismo debe ser una profesión peligrosa, además el corolario de estas situaciones de violencia viene a ser la impunidad, pues aunque es propia de sociedades con sistemas de justicia débiles, debemos reconocer que la impunidad por actos de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos es más alta que la que se da en otros temas de violencia general.

Es por lo anterior que a raíz de la masacre de periodistas en Mindanao, Filipinas, se establece el 2 de noviembre como el Día Internacional en contra de la Impunidad, por actos de violencia en contra de periodistas y comunicadores sociales.

El 3 de mayo de 2016, la Unesco lo celebró en la Ciudad de Helsinky, Finlandia, por tratarse del CCL (250) aniversario de la primera Ley de Libertad de Expresión y Libertad de Imprenta (prensa) que se dio en el mundo en épocas que Finlandia era parte de Suecia, promovida por el filósofo Peter Forskal, nacido en Helsinky en 1732, quien elaboró en 1776 un volante con las 25 tesis fundamentales con las que una sociedad democrática debía permitir la libre impresión y circulación de ideas aun cuando fueran críticas del Gobierno y dar acceso al público a todos los documentos oficiales. Dicha publicación se convirtió en ley, que por supuesto no duró mucho tiempo pero sentó las bases históricas para que desde ese entonces se entendiera la importancia de los temas de libertad de expresión, libertad de prensa y de acceso a la información pública como elementos esenciales de la democracia.

Estos temas de libertad de prensa y libertad de expresión progresivamente evoluciona en sociedades democráticas y queda plasmado con claridad en 1948, en el artículo XIX de la Declaración Universal de Derechos Humanos que después se vuelve en el artículo XIX y XX del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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En todo proceso de paz hay tres factores fundamentales que ayudan a determinar ese proceso y luego a consolidarlo y fortalecerlo. Estos son el diálogo, la verdad y la justicia, bases para entender las dimensiones y el grave daño humano que genera un conflicto y encontrar justicia para los responsables que permita recuperar la confianza en la institucionalidad del Estado.

Sobre la verdad: es fundamental para los pueblos, para reencauzar su camino. Esta se vuelve en muchos casos dolorosa, hay momentos de la historia nacional que nos parecen inconcebibles y recordarlos es muy difícil y a veces traumático, pero necesario para superarlos. También es necesario que lo conozcan las nuevas generaciones, para que no se repitan. La verdad siempre tiene un efecto personal de dolor y reparación, también se convierte en un ejercicio imperativo para cualquier sociedad libre. Por eso insistimos en que la verdad histórica no es algo material y estático, debe entenderse como un proceso de búsqueda común y de construcción colectiva que nos permite ir contrastando versiones y opiniones.

La justicia se ha vuelto un tema controversial en momentos de transición de la sociedad de una situación de conflicto armado hacia la consolidación de la paz y la democracia; si no se puede garantizar un mínimo de justicia en los casos más graves de violaciones de derechos humanos, no puede garantizarse la paz. Es por ello que la justicia en momentos de transición sienta las bases para el sistema de justicia del futuro en momentos de paz y democracia, permitiendo erradicar la impunidad, que es uno de los más graves flagelos que tiende a generar un conflicto armado y la existencia de gobiernos autoritarios. La impunidad también permite que se desarrollen nuevas formas de violencias que atentan contra la estabilidad y gobernabilidad de un país y genera zozobra en la cotidianeidad de los ciudadanos. La impunidad, junto a la corrupción endémica, tiende a ser de los más grandes males que aquejan a los Estados en la modernidad y que atentan contra el desarrollo económico y social y el establecimiento de regímenes.

El diálogo, como un ejercicio de compartir las ideas o plantear las diferencias y resolverlas, permite acordar la paz en una situación de conflicto. Este ejercicio debe convertirse en una práctica permanente para poder mantener y fortalecer la paz, y es por ello que es importante desarrollar esta habilidad en las nuevas generaciones, empezando por la capacidad de escuchar con atención y respeto o de plantear las diferencias sin que se conviertan en agresiones.

Fácilmente podemos cometer el error de creer que los procesos de paz son irreversibles, pero esto lamentablemente no es así, por eso debe haber un esfuerzo concertado por mantener la paz y la participación ciudadana activa y efectiva. En Guatemala, desde el proceso de negociación de la paz se han tomado iniciativas importantes para fortalecerla y mantenerla. Desde el Acuerdo Global de Derechos Humanos, en marzo de 1994, se planteó la necesidad de combatir la impunidad, así como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (Ciacs) que atentan contra el Estado; luego, en el 2007 se establece la Cicig, que ha dado excelentes resultados en la lucha contra la impunidad. Pero fueron las marchas de la plaza de abril 2015 contra la corrupción y la impunidad las que volvieron a reactivar la participación ciudadana y la lucha popular que provocó la derrota del gobierno y hoy, con el llamado al Diálogo Nacional por la Justicia, Guatemala retoma la esperanza.

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El incidente ocurrido este fin de semana, en el que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de diferentes zonas indígenas del país que se han dedicado a dar conciertos de solidaridad utilizando la música como instrumento de expresión, nos hace pensar tristemente en un retorno a épocas pasadas que pensamos que ya se habían superado y en las cuales el imperio de la violencia era lo que prevalecía en el país.

Como hemos dicho muchas veces, la libertad de expresión es por esencia un instrumento de la democracia y solo puede darse plenamente en sociedades verdaderamente democráticas. Esto se debe a que la libertad de expresión es por un lado el mecanismo con el que recibimos información variada y diversa que nos permite desarrollar un pensamiento propio, tener conclusiones y opiniones propias y en su momento expresarlas con libertad. Esto implica también la posibilidad de expresar nuestra creatividad artística, o nuestros valores o tradiciones culturales que conforman nuestra identidad. Pero adicionalmente a eso, la libertad de expresión es el elemento fundamental que permite la participación ciudadana, expresar la voluntad política, colaborar con la construcción de políticas públicas o criticar las políticas existentes, apoyar la gestión de funcionarios eficientes y honestos o cuestionar la ineficiencia o corrupción de quienes pretenden enriquecerse a partir de la función pública. Esto genera los balances y contrabalances que necesita toda sociedad democrática.

Pero cuando algunos pretenden ejercer el poder, político, económico o social, a partir de la imposición violenta de decisiones utilizando la intimidación como mecanismo de disuasión estamos regresando a regímenes autoritarios dictatoriales, especialmente cuando quienes ejercen la violencia quieren esconderse tras un pasamontañas.

Desde hace algún tiempo, el debate público de Guatemala se ha venido enrareciendo, convirtiéndose a veces más bien en un espacio de intimidación con acusaciones de izquierdista a todo aquel que quiere defender derechos humanos, o de terrorista o sedicioso a todo aquel o aquella que se atreva a denunciar abuso de autoridad o corrupción, o denunciar al crimen organizado y su intento de ingresar al Estado o a quienes comprometen el medioambiente y el futuro del país por intereses económicos personales. Pero este nivel de confrontación verbal con estos hechos del fin de semana genera una regresión a la utilización de la violencia y al ejercicio de la amenaza directa, propio de dictaduras. Esto es inaceptable. Por si esto fuera poco, estos hechos se dan ni más ni menos a casi 20 años de la firma de la paz, lo cual nos hace cuestionarnos ¿qué pasó con la paz? Y cuando organismos internacionales levantan su voz se esgrime el argumento de intervención en la soberanía.

En este tema cabe recordarles a todos los sectores del país que la soberanía no consiste en el derecho de violar los derechos humanos con impunidad. Adicionalmente, debemos mencionar que este acto de intimidación y violencia coincide con un acto de flagrante y ofensiva discriminación cuando diputados de la bancada oficial se permiten tratar a la gobernadora del departamento de Alta Verapaz, Estela Ventura, como “india estúpida“. Actos como este son la causa de la mayoría de conflictos armados en el mundo en este momento y resulta insensato reproducir esto en el país.

Asimismo, el hecho de que quienes manifestaran estas posiciones racistas fueran los diputados al Congreso de la República, obliga a denunciarlos por la población, que además les debe exigir su inmediata renuncia.

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En el mundo de hoy podríamos decir que existe una crisis en los organismos internacionales multilaterales que en cierto modo se debe a la gran variedad de opiniones que tienen los diferentes Estados que los integran sobre el espacio de decisión que tengan y cómo se relaciona eso con la soberanía inherente a cada Estado. Este es un balance difícil, pues muchas veces queremos privilegiar temas de interés universal y que afectan al planeta pero al mismo tiempo queremos fortalecer la legislación interna de cada Estado, los mecanismos de justicia y sus políticas públicas.

Es imposible hablar de cambio climático, de la protección de medio ambiente, del manejo de desechos tóxicos o del uso de energía nuclear sin un debate nacional, regional e internacional. El clima, sus cambios como el alza de la temperatura, el incremento de los huracanes, los tsunamis y las inundaciones, nos afecta a todos en cualquier parte del mundo. Es por esa crisis que se vienen dando reuniones mundiales sobre la discusión del ambiente y calentamiento global que tuvieron su más reciente expresión en la Declaración de París 2015.

Estos temas no se han convertido en un régimen obligatorio de convenciones, pero la lógica nos lleva a pensar que todos los Estados tienen claro por qué la convivencia del mundo debe llevar al cumplimiento de estos principios y declaraciones.

Lo mismo sucede con otros temas que arrebatan la paz del mundo como la preservación de sitios históricos que constituyen patrimonio de la humanidad y que deben ser protegidos aún en la guerra y en los conflictos armados internos, como el escándalo provocado por ISIS con la destrucción del templo romano en Palmira, Siria.

Esto nos lleva a entender que el tema más importante y fundamental de todos los organismos internacionales debe ser la protección del ser humano, de sus derechos y su dignidad. Es por ello que la gran mayoría de organismos internacionales surgen después de la segunda guerra mundial para prevenir que horrores semejantes volvieran a suceder.

El objetivo de Naciones Unidas, de Unesco, y de otros organismos internacionales es la preservación de la paz en el mundo a partir de la protección de los derechos fundamentales de las personas y de generar los espacios de comunicación de entendimiento y de convivencia que permitan la comprensión entre los pueblos para facilitar su convivencia pacífica.

Sin embargo, podemos decir con dolor que la humanidad no ha sido eficiente en la tarea de prevención, continúan las guerras, las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.

Preocuparse por la defensa de los Derechos Humanos es una obligación de todos y de los Estados, sin importar de qué región del mundo sea. Y denunciar graves violaciones de derechos humanos también es una obligación de toda persona que crea en la prioridad de proteger la vida humana, los derechos y la dignidad de todo ser humano por igual.

Claro está que lo más importante es que la Constitución de cada país y su marco legal establezcan la protección de los Derechos Humanos, a través de sus mecanismos internos, sean estos sociales, administrativos o judiciales. Pero eso no libera nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo de levantar nuestra voz por cualquier persona que esté sufriendo vejámenes en cualquier país del mundo, este es un principio básico de ser parte de la humanidad y ante este argumento no se puede esgrimir el de soberanía; los derechos humanos, al igual que los ambientales, son reconocidos como universales y contenidos en convenios, doctrina y jurisprudencia internacional que los hace exigibles en cualquier parte del mundo.

En la Semana Santa vale la pena recordar lo fundamental del mensaje de Jesús para todos nosotros los creyentes, y en este sentido me trae a la memoria una reflexión que hacíamos con Leonardo Boff durante su última visita a Guatemala, en la que mencionaba un trabajo suyo denominado “el mínimo de mínimos”. En esta reflexión, Boff nos decía que el planteamiento más fundamental de la FE cristiana lo sacaba de dos temas de lo que era innegablemente un pasaje histórico textual de Jesús contenido en la oración que nos trasladó del “Padre Nuestro”. Boff dice “El inicio de la oración se puede dividir en el reconocimiento de la existencia de un Dios único al que se le identifica como Padre, que existe en forma real y por consiguiente se le encuentra en el cielo y en todas partes. Lo segundo es que a Dios se le identifica como alguien cercano a nosotros, del cual todos derivamos y compartimos su existencia; por consiguiente, somos parte de Él y es en esa cercanía y familiaridad que se le identifica como Padre. El primer llamado es a vincularnos más en esa relación de afecto que se convierte también en alabanza con el “santificado sea tu nombre”.

A partir de esa alabanza reconocemos que el proyecto general de Dios es la construcción de su Reino y cuando invocamos a que venga a nosotros ese Reino estamos reconociendo que el mismo se construye desde este momento y con nuestras obras de cada día y que no es algo de la otra vida, por eso el imperativo “buscad primero el reino de Dios y su Justicia”. Es pertinente reflexionar que a pesar de todas las cualidades maravillosas que debe tener el Reino de Dios, la que destaca en el evangelio es: su Justicia.

Después pasamos a la invocación de “danos hoy nuestro pan de cada día”, que también debe entenderse en dos vías: es apelar a Dios que nos ayude en la protección y sostenibilidad de la Vida, ejerciendo el Derecho a la alimentación, que implica también contar con trabajo, educación y salud, y la otra connotación más relevante aún es la espiritual, pues el pan de cada día es la Eucaristía misma con la que Jesús quiso compartir su existencia humana con futuras generaciones, alimentando la vida a partir del sacrificio de su vida misma y esta eucaristía compartida la establece precisamente Jesús en la última cena del Jueves Santo con sus apóstoles.

Por último, el Padre Nuestro nos lleva al mensaje final de Jesús, que es el Perdón de Dios a través del sacrificio de su hijo Jesús, pero además con el llamado a que todos nos ganemos el perdón aprendiendo a perdonar a los demás.

En estos momentos de negación absurda de la Vida, sin sentido, convirtiendo en víctimas a personas inocentes con la sola intención de que cunda el pánico entre toda la población, en algunos casos por fanatismos religiosos como los acontecimientos en Bruselas, con quienes compartimos el dolor y nuestra solidaridad y con todos los pueblos del mundo que sufren cualquier expresión de violencia; es en este contexto que vale la pena recordar que terrorista es aquel que está dispuesto a sacrificar vidas o hacer sufrir a otros para imponer su pensamiento extremo y fanático de cualquier tipo religioso, ideológico, económico o político.

Lo más importante para entender el plan de Jesús en nuestras vidas es comparar su mensaje con su Vida concreta y su actuar cotidiano; su interactuar con cada persona, su prédica a través de parábolas que fueran fáciles de entender y permanecieran a través de los tiempos. Jesús no vino a cambiar la ley, sino a invertir la lógica, a construir el Reino, no desde el trono, sino desde los pobres, que es el llamado que lanza desde el Sermón de la Montaña.

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En el tema de libertad de expresión siempre se plantea que estamos ejercitando dos derechos: el de libertad de pensamiento y opinión, y el de libertad de expresión. Estos tienen diferentes características: la libertad de pensamiento y opinión es un derecho absoluto, sin limitaciones, mientras que la libertad de expresión sí puede tener limitaciones en función de proteger en casos extremos cuando se afectan los derechos de otros, limitaciones que están establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el entendido que son excepcionales y de que la norma general es permitir la más amplia libertad. Las limitaciones deben pasar por un examen de tres reglas: a) que las limitaciones sean establecidas por una ley legítima y congruente con la doctrina de Derechos Humanos; b) deben ser necesarias para proteger los derechos; y c) deben ser usadas proporcionalmente a la necesidad de protección de esos derechos.

Las limitaciones pueden referirse a la protección del honor y reputación de personas; la protección de la seguridad nacional y el orden público; la salud pública y la moral pública, y el discurso del odio que lleva a la discriminación e incitación de violencia. En el primero se contempla la difamación como protección del honor y reputación, pero no por la vía del Derecho Penal, según la doctrina de derechos humanos de lo que se trata es de corregir una afirmación equivocada, pero no de amenazar a quienes ejercitan la libertad de expresión. El derecho penal se constituye en una amenaza intimidatoria de sanción y se entiende como un factor que inhibe la libertad de expresión; la doctrina actual de derechos humanos lleva a la despenalización de la difamación y a la búsqueda de alternativas como una acción legal civil.

Con relación al discurso del odio, el factor más importante a establecer es el nivel de daño que se produce como consecuencia de una expresión que contenga discriminación, incitación a la violencia cuando hace un llamado específico a la misma, y la incitación cuando se utilizan apelativos o adjetivos que pueden generar violencia, por considerar que establecen un nivel de riesgo contra la sociedad, tal es el caso de las minorías raciales, étnicas o culturales, lingüísticas, con temas de equidad de género o de opción sexual.

En Guatemala, algunos levantan la bandera de la libertad de expresión para justificar un verdadero acoso ideológico y político hacia los defensores de derechos humanos, pretendiendo desacreditar su trabajo y además intimidar con denuncias penales que probablemente fracasarán, pero que mientras tanto intentan generar zozobra, desprestigio y gasto no planificado de recursos económicos, estas agrupaciones se quieren dar el lujo de tener la opinión decisiva de quien está en lo correcto históricamente, quien es una amenaza a la seguridad nacional y hasta poder calificar de terroristas.

Esto es una maniobra muy antigua, obvia y arbitraria de acoso y de tergiversación de la libertad de expresión, pues esta no puede ser un instrumento manipulable para intereses políticos o particulares, pero sirve para confundir a la opinión pública si no hay quién con mediana claridad lo explique.

Particular atención hay que prestar a quiénes son las personas que se dan por ofendidas, ver qué nivel de credibilidad o representatividad pueden tener, la población debe estar atenta y vigilante para revisar el origen de los fondos, el propósito que persigue esta campaña y los intereses ocultos de la misma. Intimidar o difamar a las personas no es una justificación para limitar la libertad de expresión o utilizarla en forma intimidatoria.

A menudo se nos olvida que la Democracia, además de ser un sistema político de amplia participación en el que las decisiones las toman la mayoría y donde los organismos del Estado funcionan con niveles de representatividad de la población de todo el país, también es un sistema político que busca garantizar la justicia y la equidad en todos los temas del quehacer nacional, incluyendo precisamente el de la participación y representatividad.

En ese sentido, entendemos perfectamente y consideramos legítima la demanda de las organizaciones sociales del país por lograr la paridad de género en la representación y lograr una equitativa representación de pueblos indígenas de Guatemala.

Esto debería parecer lógico para cualquiera que esté interesado en consolidar un régimen verdaderamente democrático, pero es interesante ver cómo en el Congreso de la República, hoy que se está discutiendo el tema de la Reforma a la Ley Electoral, se manifieste tanta oposición por tantos diputados que no han sido precisamente el ejemplo de eficiencia en su labor legislativa, ni de espíritu democrático en sus deliberaciones. Por supuesto que entendemos que se sientan amenazados por una medida de esa naturaleza porque esto rompe con el tradicional caudillismo nacional y local, que se da en los mismos partidos políticos que no dan muestras de poder democratizar su gestión interna. Es más fácil para estos caudillos querer mantenerse en el poder manteniendo estructuras inflexibles.

Son precisamente estas actitudes por las que el pueblo quiere modificar la reforma a la Ley Electoral, pues de lo que se trata es de ampliar los niveles de participación y generar una verdadera representatividad de quienes son electos como representantes del pueblo en el órgano más importante, que es el Congreso de la República.

Todos los diputados llamados “padres de la patria”, y ahora también esperamos que “madres de la patria”, han tenido madre, hermanas, tías, primas y familiares mujeres a las que respetan (o deberían respetar) y quienes en cierto modo tienen un alto nivel de representatividad de la familia, y saben que las mujeres hoy constituyen más del 50% de la población. Cuál es el argumento para negarse a aceptar un nivel equivalente de representatividad en el Congreso?

De hecho, en el mundo entero las mujeres han demostrado ser más responsables y eficientes en sus funciones cuando ocupan cargos públicos y han demostrado tener más disciplina y contacto con la realidad en las comunidades. Por supuesto que esto no implica seguir insistiendo que las condiciones indispensables para ocupar una curul de hombres o mujeres de cualquier región, etnia o extracción social deben ser siempre la de tener una manifiesta y comprobada honorabilidad y ética personal en su actitud de vida, así como elementos fundamentales que la califiquen para ejercer la representación que ostenta y la función que cumple en el Legislativo.

La corrupción no tiene género y casos de corrupción o de oportunismo político encontraremos tanto en hombres como en mujeres, y es por eso que la elección del o la funcionaria es personal y en función de sus características personales, pero esto en nada altera la necesidad de que como criterio en la nominación de candidatos por los partidos políticos se mantenga un elemental nivel de equidad que represente la composición de la población, tanto en temas de género como de identidad étnico-cultural.

Lo importante en una democracia es que el pueblo se sienta verdaderamente representado y esto implica que dicha representación mantenga la composición social de una nación.

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Cuando la población vota, lo hace consciente de que vota por las personas, así como por el partido político del que forman parte, con el cual supuestamente comparten una visión de país y un plan de trabajo o plataforma programática. Es por ello que no es válido que ignorando el voto y la voluntad de sus electores simplemente se cambien de partido.

Durante los cuatro años del periodo anterior, hubo diputados que tuvieron el descaro de cambiar cinco veces de partido. Pero al inicio de esta nueva gestión y habiendo quedado claros los cuestionamientos por esta mala práctica, se vuelve a dar el fenómeno. Muchos eran miembros del Partido Patriota simplemente por ser el de gobierno, y otros del partido Líder, pues su candidato aparentemente encabezaba las encuestas. Ante la debacle de los últimos meses del año pasado, en que el gobierno del Patriota colapsa con la detención del presidente y la vicepresidenta, y ante el fracaso electoral del candidato de Líder, la situación de quienes habían engrosado estas bancadas con una visión oportunista se volvió crítica, teniendo que ver cómo resuelven hoy su posición de debilidad.

Si, por el contrario, vemos que el presidente Jimmy Morales llega al poder con una bancada de ocho diputados, es fácil entender cómo algunos diputados se movilizan para reacomodarse antes de la aprobación a la reforma de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que no permitirá que un diputado que se retira de una bancada se incorpore a otra. Más grave aún es el hecho de que el presidente y su partido FCN manifestaron con claridad durante la campaña que no aceptarían diputados tránsfugas en su bancada. Parece que las promesas de campaña se olvidan más rápido de lo que uno piensa, pero, entonces, ¿qué opinión le merece al pueblo de Guatemala esta bancada “ampliada”?

Esto implica lo que hemos mencionado reiteradamente en esta columna, que el pueblo de Guatemala debe exigir del Congreso aprobar a la mayor brevedad tanto la reforma a la Ley Orgánica como la reforma a la LEPP, pues son estas modificaciones las que paso a paso crean las condiciones para una práctica política distinta en el país, para demandar un ejercicio democrático al interior de los partidos políticos y demandar de estos que respondan efectivamente a las necesidades de construir una sociedad más coherente, más democrática, con justicia efectiva y en paz. Nada del futuro quehacer del Congreso tiene sentido si no se logran por lo menos estas reformas, aunque modestas y limitadas.

Así como estas bancadas demostraron su agilidad para unificar sus intereses y hacer un frente común, el pueblo de Guatemala debe exigir la misma agilidad para aprobar las reformas mencionadas.

flarue1@hotmail.com

Nos encontramos frente a otro tema decisivo, y es el de la reforma a la LEPP. Esta ley es fundamental para la democratización del país y para todas las demás reformas del Estado que se puedan plantear, pues es la que debe regir en el actuar y la conducta de los partidos políticos, de sus dirigentes y del sistema político en general, para garantizar que la voluntad de la población se haga efectiva.

Hoy tenemos la ventaja de que desde la sociedad civil se trabajó con el TSE para elevar una propuesta al Congreso que fue aprobada en gran parte y adicionalmente, que este proyecto de ley fue enviado a la Corte de Constitucionalidad para su revisión desde la perspectiva de la Constitución de la República y esta semana ha regresado con dictamen favorable y con pocas modificaciones.

El actual proyecto de ley reconoce la necesidad de dar paridad a las mujeres en su participación política y reconocer una participación proporcional por parte de candidatas y candidatos indígenas. Esto en un país como Guatemala es un salto enorme, pues implica reconocer el derecho que tienen estos sectores para representar sus comunidades y sus intereses legítimos, rompiendo con los siglos de elitismo político, exclusión y discriminación que se ha dado en el país y reconociendo además nuestra identidad multiétnica y plurilingüe.

En el proyecto de ley se establece que los espacios en medios de comunicación para propaganda deberán ser administradas por el TSE como la autoridad única en esta materia, garantizando que todos los partidos tengan acceso equitativo a los medios, sin que sea el factor dinero y los grandes contribuyentes con intereses definidos los que determinen el resultado de la campaña. Vale la pena mencionar que esta reforma está siendo asumida progresivamente en el mundo entero.

Se establecen algunas normas de democratización de los partidos que también permitirán que estos respondan a sus miembros y a sus asambleas y no a las élites que los formaron y han dirigido, otro paso importante en la construcción de la cultura democrática del país donde incluso se acostumbraba “vender” las candidaturas al mejor postor. Y en este espíritu democrático también se reconoce el voto nulo como una manifestación de la voluntad política de la población, pues también entrará al recuento e incluso si pasan del 50% del voto, anula la elección. Esto unido al reconocimiento del voto de las y los ciudadanos que han migrado al exterior, se convierten también en cambios fundamentales que perfilan otro escenario para la vida política del país. Hay dos temas que podrán levantar protesta por haber quedado ausentes, uno es el de la no reelección, pero este me parece de menor relevancia porque en última instancia es la ciudadanía quien decide si reelige o no a un diputado o diputada, y podremos soñar en el día en que quienes hayan jugado un papel honesto y positivo puedan desarrollar una carrera legislativa en lo que se convertirá un Congreso con un número fijo de miembros, lo que da un nuevo elemento de seguridad. El segundo tema es el de los partidos políticos distritales que son absolutamente fundamentales para la participación de las comunidades locales pero que podrán ser introducidos posteriormente.

La prioridad debe ser la de exigir al Congreso la aprobación inmediata de esta reforma sin permitir que esta misma se vuelva como tantas veces una discusión banal por los detalles y paralizar lo que es una reforma trascendental y absolutamente necesaria.

flarue1@hotmail.com

La comunicación es un elemento fundamental del conocimiento, pues nos traslada información, el conocimiento nos hace libres y la ignorancia nos esclaviza, nos somete y niega nuestra libertad de pensamiento. Esto no quiere decir que quien sabe más es más libre, sino que la libertad se manifiesta en el ejercicio mismo de buscar y recibir información, así como de expresar ideas y opiniones. Es por ello que todo esto constituye parte integral de la libertad de expresión y de acceso al conocimiento.

Adicionalmente, las Metas de Desarrollo Sostenible aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas para el 2015 al 2030 establecen en la Meta 16 que un factor fundamental para lograr el desarrollo en todo sentido es tener sociedades en paz y con justicia, así como garantizar el acceso público a la información. Es interesante que en esta conceptualización se amplíe el concepto tradicional “al acceso público a la información”, que va más allá del simple acceso a la información pública, que es esencial para la transparencia en todo estado y para garantizar una justicia pública y efectiva, es por consiguiente un requisito fundamental para erradicar la impunidad sobre la corrupción que, según estadísticas recientes, ha llegado al 97%.

El derecho a la comunicación se puede ejercer en forma individual, colectiva, o incluso ser entendido como un derecho de los pueblos, pues es a través de la comunicación que los pueblos manifiestan su cultura, su idioma, tradiciones y valores, pero en general manifiestan su identidad.

De hecho, Naciones Unidas establece en su declaración sobre derechos de los pueblos indígenas, el derecho a comunicar y reproducir la identidad de un pueblo, así como tener acceso a los medios tradicionales de comunicación o de “contar con medios propios de comunicación”.

Este tema es particularmente relevante en estos momentos en que se está discutiendo la Ley de Radios Comunitarias en el Congreso, a la que siempre ha habido oposición. Aprobar la ley es urgente por razones de justicia y democracia, pero también para continuar el proceso de paz que por 20 años sigue inconcluso en algunos temas, pues el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas establece el derecho de los pueblos indígenas de Guatemala a tener medios comunitarios de comunicación.

Muchos de los medios comerciales se han opuesto sistemáticamente a que se reconozcan medios comunitarios, pues erróneamente piensan que se convertirían en competencia comercial, o simplemente porque se han acostumbrado a pensar “que la comunicación puede tener dueño”, cuando el conocimiento y la información son patrimonio de la humanidad y las frecuencias electromagnéticas de telecomunicaciones son un bien público y propiedad de cada estado.

En Guatemala tenemos un marco legal totalmente obsoleto, que no ha incorporado las normas de toda democracia sobre la diversidad y pluralismo necesario en los medios para que un pueblo pueda, con objetividad, gozar del derecho de acceso a la información y libertad de expresión.

La ley que reconozca a las radios comunitarias no puede ser discriminatoria o que imponga condiciones muy diferentes a las radios comerciales, y el Consejo que se establezca para tramitar y aprobar las solicitudes de frecuencia tiene que ser independiente y de representación multisectorial, que únicamente vele por el procedimiento y no tenga inherencia en temas de contenido, pues se convertiría en un mecanismo de censura. Los comunicadores sociales y los periodistas comunitarios deben recibir además el mismo reconocimiento, respeto y protección que los periodistas de otros medios.

En Guatemala, a los 20 años de la firma de la paz todavía padecemos problemas fundamentales, y es que nunca fuimos efectivos en el fortalecimiento del Estado, de la justicia y la democracia.

Un proceso de paz exitoso, con 12 acuerdos bien elaborados, constituía una agenda básica de nación, pero necesitaban y necesitan aún un Estado sólido y una ciudadanía consciente y activa que los hiciera realidad.

Con el tiempo tuvimos que reconocer que nuestro sistema de justicia seguía débil y por eso propusimos la iniciativa de Cicig para fortalecer la lucha contra la impunidad, y en este último año quedó claro que no hemos logrado generar un sistema en el gobierno e instituciones del Estado que garantice la transparencia y la efectividad de la democracia, lo que provocó la indignación y las movilizaciones masivas de la población. Este año empezamos con muchas expectativas, reconociendo que el tema de la impunidad sigue siendo un tema central del pasado y del presente, de casos contra la corrupción como de violaciones de Derechos Humanos, y en el futuro deberá ser por evasión fiscal. La justicia es una, se aplica a todos los temas, debe ser accesible y aplicarse con igualdad para todas las personas y no tiene ni ideología ni temporalidad. Es por eso que felicitamos la gran iniciativa del “Pacto Nacional por la Justicia”, que se lanzó ayer ante el Congreso de la República, respondiendo a las aspiraciones del pueblo de Guatemala y con el apoyo decisivo de 6 instituciones. Esta iniciativa de la PDH, del MP y la CSJ, con el apoyo de Cicig, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Guatemala, se plantea en un momento de urgencia nacional y con una coyuntura oportuna por la conciencia y participación ciudadana, y demanda el apoyo de todos quienes creemos en una Guatemala mejor y sin impunidad. Es impostergable la reforma a la LEPP para lograr construir un sistema verdaderamente democrático, y no únicamente de nombre para justificar partidos y procesos electorales.

Las dos reformas son diferentes en objetivo y contenido, pero ambas coinciden en la necesidad de democratizar al país.

El sistema político, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo han sido conmocionados por la denuncia de la población y la exigencia de transparencia y algunas municipalidades siguen también este camino, por lo que es en este momento en que debemos unir la reivindicación contra la corrupción, con la reivindicación contra la impunidad, e implica fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública a todos los niveles, así como el trabajo por el fortalecimiento a la justicia en todos los temas.

No podemos hablar de reformas constitucionales y menos aún convocar a una Constituyente en la situación actual, sin haber reformado y fortalecido la justicia y especialmente sin haber reformado y democratizado a las organizaciones políticas y al sistema político mismo. Esto último es fundamental, pues toda ley, toda reforma al Marco Legal, algunas reformas constitucionales o incluso la convocatoria a una Constituyente pasan por el Congreso actual, donde a pesar de los esfuerzos de transparencia y la reforma del mismo por parte del presidente Taracena, aún se encuentra controlado por los contubernios de partidos tradicionales corruptos y con poca representatividad. Al momento de emitirse el dictamen de la CC sobre la reforma a la LEPP, es importante que todos unamos esfuerzos para garantizar que esta sea aprobada a la mayor brevedad, aunque después puedan proponerse más reformas.

En Guatemala, la sociedad civil sintió su fuerza al plantear desde el año recién pasado su indignación por la corrupción gubernamental y su demanda porque esto concluyera. Logró por primera vez en mucho tiempo movilizarse en forma masiva y constante por varios meses, y con un amplio espectro de representatividad en los sectores de la sociedad, hasta llegar a la caída del gobierno, encontrándose hoy la ex vicepresidenta y el expresidente en prisión. La demanda por transparencia ha permanecido vigente e incluso trascendió al cambio de gobierno, pues hoy, ante un nuevo período de gobierno central, la exigencia de honradez y probidad y la denuncia contra la corrupción se mantienen vigentes.

Se ha felicitado al diputado Taracena como nuevo presidente del Congreso, por hacer algo que sus antecesores no se atrevieron: hacer pública la planilla de los salarios de empleados del Legislativo. Por su lado, el presidente Jimmy Morales se ve obligado a remover a la recién nombrada ministra de Comunicaciones, quien tenía conflicto de intereses por contrataciones anteriores con el Gobierno, y la sociedad pide además que el proceso de nombramiento de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad sea realizado con total transparencia para garantizar no solo la credibilidad del proceso, sino también la credibilidad misma de la CC en el desempeño de su mandato.

La lucha contra la corrupción y por el establecimiento de un régimen de transparencia en la gestión pública es algo que nos une a todos y contra lo que se oponen únicamente los corruptos, o quienes se benefician de la corrupción. Cabe reflexionar que la lucha contra la corrupción es también la lucha contra la impunidad, pues fortalecer la transparencia implica fortalecer también la justicia.

Y recordemos que la justicia es una sola, tanto para corrupción como para otros temas, tanto para temas del pasado como para temas del presente, y lo será en el futuro; que la transparencia no puede existir sin justicia, y que las dos son elementos fundamentales para el desarrollo de un pueblo, quedó claro en la formulación de las nuevas Metas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al año 2030, aprobadas en la Asamblea General ONU, diciembre 2015.

Estas metas son un nuevo desafío en el desarrollo de todos los países del mundo, incluyendo poner fin a la pobreza y extrema pobreza, así como reducir el hambre, garantizar salud y educación de calidad e igualdad de género en todos los aspectos del desarrollo. Pero en particular, el objetivo 16 establece la necesidad de promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e incluyentes.

Este objetivo se plantea reducir la violencia, igual acceso a la justicia “para todos” y combatir el crimen organizado.

Para este último propósito, además, agrega un corolario en su inciso 10: “Garantizar el acceso público a la información”, y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

Ese es el desafío de hoy en el mundo entero: establecer sociedades pacíficas, que garanticen igual acceso a la justicia con transparencia a partir del pleno acceso público a la información y sin políticas de discriminación. Y la tarea fundamental de la ciudadanía —hoy— es convertirse en garantes de la transparencia, exigiendo información total en lo público y fortaleciendo el acceso a la justicia, manteniendo un monitoreo y observación permanente de todas las entidades del Estado, a nivel local o nacional.

La semana pasada observamos la toma de posesión del nuevo Congreso, del nuevo gobierno y de las municipalidades; a continuación, algunas reflexiones: Sobre el discurso del presidente Jimmy Morales, a sabiendas de que su alocución fue bien recibida por una amplia mayoría de la opinión pública nacional, existen algunos elementos que me parece nos deben llamar a la reflexión y no pueden pasarse por alto.

En principio, el discurso se mantuvo en el ámbito de los valores y de lo teórico, y esto no está mal, lo que además genera reacciones positivas; sin embargo, da pocos elementos para entender cuál será el plan del gobierno y los ejes principales del trabajo de la Presidencia y del Gobierno Central para enfrentar los problemas de la realidad nacional.

Quiero destacar en forma positiva aspectos de este discurso: Jimmy se propone como tema central combatir la corrupción a todo nivel, y garantizar la transparencia, lo cual es absolutamente necesario en nuestro país. En segundo lugar, reconoce que toma posesión de un Estado al que se le drenó de recursos económicos y, por consiguiente, tendrá problemas en el financiamiento para la ejecución de proyectos concretos, por lo que con toda claridad planteó que este es el momento en que hay que “pagar impuestos”.

Algunos críticos plantean que el presidente no definió cuáles serían estos impuestos, o si tiene planeada una reforma tributaria; pero en todo caso, a mí me parece que este ha sido siempre un tema tabú para todo político y que el solo mencionarlo tiene su mérito.

También habló de la disparidad económica y la polarización que no solo es inaceptable, sino que genera conflicto social e ingobernabilidad, por lo cual debe corregirse este fenómeno iniciando con programas de combate a la pobreza y extrema pobreza.

Reconoció que Guatemala ha sido marcada por la discriminación étnico-cultural, pero comete el grave error de plantearle al pueblo maya como expectativa, que él está seguro de que “algún día” tendrán un presidente maya. Me parece que un presidente no puede ofrecer un futuro incierto como promesa, sin plantear lo que hará durante su período de gobierno, y en este caso teniendo una escasa representatividad indígena en el Gabinete.

Manejarse en el mundo de los valores es correcto, pero un presidente no puede quedar satisfecho cuando simplemente ofrece actuar bien en privado y en público, sin definir qué significa esto.

Sonó ofensiva la frase de que Guatemala no puede seguir viviendo de la caridad, cuando la Cooperación Internacional “nunca” puede ser entendida como caridad, sino como solidaridad entre los pueblos.

Por último, vale la pena mencionar que temas muy importantes en la coyuntura actual no aparecieron mencionados, lo que también es un mensaje. Aquí nos referimos al tema agrario, al fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños y medianos agricultores, al tema de la minería y la consulta con las comunidades locales, o al tema ambiental y la contaminación, todos los cuales han sido motivos serios de crisis y conflictividad.

En contraste, hay que celebrar el discurso del nuevo presidente del Legislativo, y especialmente la decidida acción del diputado Taracena, en hacer pública la planilla de salarios del Congreso, con lo cual demuestra con hechos reales y concretos, en el corto plazo, su decisión de garantizar la transparencia en el Organismo Legislativo y de comprometerse en su reforma. Felicitamos al diputado Mario Taracena y lo exhortamos a continuar en esta dirección, en diálogo con todos los sectores de la sociedad, a los que animamos a apoyar esta iniciativa.

Se han dado muchos comentarios sobre si discutir relaciones de Derechos Humanos del pasado o si demandar justicia para las víctimas es un elemento de polarización en la sociedad. Nunca he entendido este argumento; es inaceptable, puesto que en una sociedad democrática, la libertad de expresión implica un diálogo e incluso un debate respetuoso, pero abierto; con cortesía, pero con franqueza sobre lo que cada quien piensa tanto de la convergencia de ideas como de las diferencias, divergencias de ideas y valores entre los mismos. El propósito del diálogo abierto es que de la discusión se puedan encontrar puntos comunes o soluciones. La intransigencia y la polarización innecesaria no surgen de quienes hacen los planteamientos, sino más bien de quienes rechazan el diálogo y pretenden negar sistemáticamente los hechos y excusar lo inexcusable o esconderlo.

Por supuesto, es más fácil plantear que los momentos difíciles de la historia de un pueblo, los errores o en especial las atrocidades cometidas sean olvidadas. Pero esta ficción nunca ha sido efectiva para el avance de los pueblos, pues la historia y el pasado no se pueden borrar aunque haya quienes quieren silenciarlos con intimidación y amenazas, ese pasado nos seguirá a donde vayamos y aparecerá en el presente y en el futuro mientras no lo resolvamos.

Por eso siempre hemos dicho que solo los pueblos que reconocen plenamente su pasado podrán definir y construir libremente su futuro. La verdad histórica no es propiedad de nadie, sino se construye colectivamente mediante un proceso serio que comparten actores directos, testigos, historiadores y analistas; y esa es la historia que se irá definiendo como resultado de ese proceso.

Demandar que se reconozca la verdadera historia y se discuta no es polarizar al país, sino es sentar las bases de su reconciliación. Lo mismo pasa en la relación entre la paz y la justicia, pues quienes demandan justicia no atentan contra la paz. Todo lo contrario, la justicia debe ser uno de los pilares fundamentales de la cultura de paz.

Me parece interesante ver cómo en el tema de la corrupción hubo un consenso nacional sobre demandar justicia contra los corruptos, e incluso a nivel internacional se está haciendo justicia en los escándalos del futbol. Entonces, por qué extraña que se pida justicia por atrocidades inhumanas que costaron la vida a muchos inocentes de todas las edades y de todos los orígenes. El hecho de que actuara la justicia contra 13 oficiales retirados del Ejército debe ser un motivo de confianza en el avance de la independencia de la justicia y no un escándalo que amenaza la paz como algunos lo han querido plantear. La justicia transicional o justicia en momentos de transición de una sociedad no puede ser una ficción de justicia, sino que debe consistir en casos reales y simbólicos en los que la justicia se haga efectiva.

En el Proceso de Paz hubo una ley de amnistía, la Ley de Reconciliación Nacional, y esto perdona los actos de violencia que cometieron ambas partes durante el conflicto armado, con el propósito de que ambas partes aceptaran la paz, a sabiendas de que su sola participación en este conflicto no les traería consecuencias legales ni les impedía ingresar a la vida normal. Pero esta misma ley, en su artículo quinto, excluyó los actos que constituyen “de lesa humanidad” y que son las atrocidades cometidas contra población civil inocente, como desaparición, tortura o genocidio.

Nunca, en ningún país del mundo, se ha podido detener la aspiración de los pueblos por la justicia, aunque hayan aprobado falsas amnistías o hayan intimidado a víctimas o a operadores de justicia, tarde o temprano la justicia siempre llega.

Los acontecimientos de esta semana van marcando claramente los desafíos con los que llega al poder el nuevo gobierno. Guatemala es un país en el que se han acumulado tensiones, problemas sin resolver y situaciones que incluso se deterioran en el presente.

Cabe mencionar que el proceso de paz fue un paso que provocó gran optimismo y entusiasmo; los sectores de la población esperábamos que fuera el inicio de grandes cambios necesarios en el país, desde establecer un verdadero estado de Derecho, eliminar la corrupción, buscar vías de solución a la crisis de violencia, los Derechos Humanos como normativa del quehacer público y hacer justicia por las violaciones del pasado, para generar confianzas en el sistema de seguridad pública y de justicia. En fin, se buscaba alcanzar un ambiente de paz y un mejor nivel de vida para toda la población.

Hoy vemos con dolor que nos solo se abandonó la agenda de la paz, sino aún peor, las condiciones de vida de los guatemaltecos se han deteriorado sustancialmente: hay un incremento dramático en la extrema pobreza como lo demuestra el último informe de Encovi; nos rebasó la corrupción del sector público, la violencia aumenta con el crecimiento del crimen organizado y con abusos de poder de las autoridades, como el caso de Santiago Atitlán ocurrido esta semana, lo que también provoca explosiones sociales en la población. Guatemala es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Por si todo esto fuera poco, el presidente interino, cuya misión era llevar el país en forma tranquila y estable hasta concluir el período presidencial, decide por un arrebato, capricho ideológico o por pactos y/o componendas con maquilas nacionales y transnacionales, imponer en cuatro municipios un salario mínimo diferenciado, entiéndase disminuido, pretendiendo ignorar que aun el salario mínimo actual está por debajo de las necesidades vitales.

Esta decisión no solo viola la ley laboral, sino los principios que inspiran al Código de Trabajo y que también se establecen en la Constitución de la República, que el presidente Maldonado como constitucionalista debería conocer muy bien; pero además viola los pactos internacionales de la OIT, exponiendo al país a denuncias internacionales. Su idea es un modelo exportador que no respeta los derechos laborales de los guatemaltecos. Se olvida el señor Maldonado de que su responsabilidad es con el pueblo y no con las corporaciones nacionales e internacionales. Además de cometer esta ofensa en cuatro municipios, se altera ante las legítimas críticas de un funcionario de Naciones Unidas, responsable de observar el respeto a los Derechos Humanos, de hacer sus comentarios y recomendaciones. Guatemala no es una isla, no puede comportarse como un país que retrocede en el tiempo.

Por último, cabe mencionar que la aspiración legítima del pueblo de Guatemala es contar con un sistema de justicia eficiente, independiente y objetivo; sin embargo, cuando el MP —de forma correcta y valiente— decide solicitar la detención de los oficiales que fueron responsables de desapariciones, torturas y ejecución de población civil, algunos sectores se oponen, se escandalizan y demandan que se detengan estos procesos y se retorne al estado de Impunidad. ¿Por qué cuando la justicia funciona se le quiere detener, en lugar de fortalecerla? Será que algunos se benefician con una justicia inefectiva, o en la impunidad que protege al crimen organizado y a quienes pactan con él, o en la Guatemala que permite la corrupción?

En esta época de adviento, en que esperamos la Navidad como una celebración de la Vida, debemos reflexionar ¿qué tipo de vida tiene el pueblo de Guatemala? Qué es lo que engrandece su dignidad en su calidad de seres humanos. Con esta reflexión confronto la cotidianidad de la Vida de las y los guatemaltecos y me cae el balde de agua fría al revisar los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del 2014. Este resultado no solo demuestra los niveles trágicos de pobreza en que vive la mayoría de la población, sino cómo se ha deteriorado en los últimos ocho años.

Guatemala tuvo un crecimiento económico aproximado del 4 por ciento.

Es dramático encontrarnos con que el 59.3% de la población vive en situación de pobreza; entiéndase que esta es la mitad de la población del país. De igual forma nos golpea la conciencia el dato de que el 23% de la población vive en “extrema pobreza”. Eso significa que de los 15 millones de habitantes que somos, nueve millones viven en pobreza y 6.3 en extrema pobreza, esto es inconcebible en términos humanos e inmoral para un pueblo que se define así mismo cristiano y que en una semana celebra la Navidad como el obsequio de la vida.

Sí, la economía del país creció, pero también creció la pobreza. Se confirma que vivimos en un modelo económico injusto, que crece para algunos a costillas de empobrecer a otros. La verdad es que la encuesta del Encovi se ha venido realizando de la misma manera y por consiguiente da datos comparables. Así también comprendemos que el fenómeno del hambre también ha crecido en el país y que si tradicionalmente Guatemala tiene 49% de niñas-niños creciendo con desnutrición crónica infantil, este dato hoy será más severo; por lo que como hemos dicho, estamos condenando a la mitad de nuestra niñez a crecer con limitaciones de desarrollo físico y mental. ¿De qué Navidad hablamos?, ¿y qué es lo que pretendemos celebrar? ¿Qué futuro le ofrecemos a la niñez guatemalteca?

El otro factor fundamental en el crecimiento de la pobreza y extrema pobreza, es la corrupción en términos gubernamentales, que no solo reduce las posibilidades del gasto público en temas de desarrollo económico y servicios sociales, sino que además empobrece al Estado y le inhibe para generar alternativas. Hoy hemos observado cómo la corrupción ha sido el flagelo de muchos Estados, que en Guatemala ha llegado escandalosamente hasta las autoridades deportivas. Es por ello que también denunciamos que quienes se oponen al trabajo efectivo de la Cicig, es porque defienden mecanismos de corrupción y vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

La única alternativa para un pueblo de generar un modelo eficiente de desarrollo que proporcione un mejor nivel de vida a la ciudadanía, es exigiendo absoluta transparencia en la gestión pública, lo cual será el desafío para el próximo gobierno. Esta transparencia no solo abarca el quehacer de la gestión pública, sino que además debe darse especialmente sobre el sistema tributario. Debemos saber quién paga impuestos y quién evade… Eso también es corrupción; debemos saber cómo se gasta el presupuesto del Estado, pero en especial cuál es el criterio de la tributación; a quiénes se exonera ¿y por qué?

El crecimiento de la polarización económica es un indicador de que el sistema tributario no es funcional como norma reguladora y de redistribución, y por consiguiente debe ser reformado. Quienes se oponen a la reforma fiscal, son también responsables de que aumente la pobreza.