Un día antes fue capturado el líder comunitario Mynor Manuel López Barrios, sindicado de haber incitado a un grupo de vecinos a tomar medidas de hecho contra la instalación de una hidroeléctrica, lo cual generó el saqueo, daños y destrucción de equipo y mobiliario en la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de la localidad.

López Barrios es sindicado de ataque a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego, amenazas y de ser responsable de hechos violentos, indicó ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

El caos vehicular en la región reinó ayer en las rutas de la región, ya que comunitarios bloquearon el paso en San Juan Ixcoy, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, en protesta por la captura de seis líderes más, los cuales, según las autoridades, ya habían sido liberados.

Un comité de crisis formado por el gobernador, Artemio López Rojas; el viceministro de Gobernación, Eddy Juárez; el jefe del Estado Mayor, Rudy Ortiz, y el comandante de la Quinta Brigada, se comprometió a tomar el control de la situación.

Sin embargo, horas después varios vecinos que se encontraban en el parque consiguieron armas, supuestamente con apoyo de familiares del detenido, y dispararon contra los elementos de seguridad ciudadana que vigilaban el área de la antigua pista.

En ese hecho murió el soldado Víctor Miguelito Soria Pacheco, de 26 años, originario de aldea San Antonio La Esperanza, Chicamán, Quiché.

Según versiones castrenses, Soria Pacheco estaba desarmado al momento en que fue alcanzado por una bala.

López Bonilla indicó que esperan incrementar las fuerzas de seguridad en el área, para recuperar el control.

Afirmó que no descarta decretar estado de Excepción en el municipio.

El jefe del Estado Mayor informó que fueron desplegados a esa región 150 soldados y 80 agentes policiales de las diferentes comisarías de occidente, para tomar el control en el área.

Consternados

Dolor y consternación privaban anoche en la familia del soldado Soria Pacheco, aunque se sienten orgullosos de que la muerte haya ocurrido al servicio de Guatemala. La víctima deja desamparados a su esposa, Floridalma Chamatún, 22; Edín, 5, y Marili Soria, 3. Chicamán espera el arribo del cuerpo del militar, para enterrarlo como a un héroe.

“El Gobierno debería motivar al diálogo. A veces se cree que el Ejército es quien va a poner orden en el país, pero la historia nos ha mostrado que no es así”, expresó monseñor Óscar Julio Vian, al referirse a los disturbios en Santa Cruz Barillas, horas antes de que se conociera la muerte del soldado Soria Pacheco.

DATO 15 órdenes de captura están pendientes, dice López Bonilla.

Conflicto
Opositores a proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango han protagonizado violentas protestas.

1-5-12
Muere  persona  
Soldados  agredidos y una persona muerta dejaron disturbios contra la instalación de hidroeléctrica.

1-5-12
Estado de Sitio  
La noche de ese día, el Gabinete decidió decretar estado de Sitio, para intentar retomar el control.

3-9-13
Pérez y la tensión  
El presidente Otto Pérez Molina intenta dialogar, pero es abucheado. Las pláticas se posponen.

11-9-13
Sentencia  
El guardia Ricardo García fue condenado a cinco años de cárcel por haber disparado contra un  campesino.

28-9-13
Captura  
Las autoridades detuvieron a Mynor López Barrios, presunto responsable de los disturbios.

28-9-13
Destrucción  
La detención de  López Barrios generó más disturbios en la subestación de la PNC y oficinas privadas.

29-9-13
Muere soldado  
En un ataque armado contra elementos de seguridad muere el soldado Victor Miguelito Soria.

El jefe policiaco afirmó que los agentes llegaron ayer a Jalapa para dar apoyo en varios operativos que se efectuaron en la cabecera, para continuar las investigaciones sobre las extorsiones que denunciaron varios pilotos de mototaxis, pero cuando retornaban a la capital se encontraron con un bloqueo de campesinos que se oponen a las operaciones mineras.

“Los agentes fueron retenidos por un grupo de campesinos que les quitaron sus armas”, indicó Sandoval.

Denuncian agresión

Cuatro de los 12 pobladores que resultaron heridos el sábado recién pasado declararon en el Ministerio Público y acusaron a Alberto Rotonda, jefe de seguridad de la mina, de ser quien empezó a disparar contra los pobladores.

Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, explicó que denunciarán a los guardias de la mina y a policías por el delito de ejecución extrajudicial en grado de tentativa.

Las víctimas desmintieron lo aseverado por Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, quien afirmó que se utilizaron balas de goma para dispersar a las personas.

Adolfo Agustín García, quien tiene una herida de bala en la espalda, rechazó las declaraciones del funcionario.

López Bonilla dijo ayer, después de la reunión del Gabinete, que se usaron balas de goma y que “era equipo no letal”.

El funcionario refirió: “Pedí desde ayer —domingo— un informe de la Inspectoría para establecer cuál fue la actuación, porque a esa hora —sábado en la noche— había un contingente en San Rafael Las Flores. Entonces en el término de la distancia tendrían que haber estado presentes”.

La Ley Aduanera, que incluye nuevas normas de procedimientos de importación y exportación, no ha sido de beneficio, a juicio de empresarios y gestores. El desconocimiento de la norma generó muchas multas “injustificadas” y un ambiente de descontento que desembocó en el referido paro.

Empresarios indicaron que la falta de un reglamento de la referida ley ocasiona que se impogan multas en forma arbitraria.

Debido a esta crisis, el presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a emitir un acuerdo gubernativo para exonerar de las citadas multas durante 90 días a los supuestos infractores, lo cual había sido solicitado por el sector empresarial.

El impacto

Según cálculos de empresarios del sector exportador, las pérdidas solo durante este fin de semana podrían sumar US$105 millones, en tanto que las cámaras empresariales calculan que la paralización de labores en las aduanas ya generó pérdidas por US$210 millones

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, informó en una rueda de prensa conjunta con otros sectores que están detenidos 12 barcos con más de 850 contenedores, de los cuales 250 son de productos perecederos, y que los mismos tendrán que zarpar del país sin descargar. Afirmó que el movimiento de contenedores en un fin de semana causaría pérdidas por unos Q2 mil millones.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que unos dos mil 400 contenedores permanecen detenidos en las aduanas del país. Briz exigió que la Ley Aduanera sea revisada de manera colectiva y que las fuerzas de seguridad despejen a los manifestantes de las aduanas.

Protesta

La gremial de tramitadores de Tecún Umán, San Marcos, informó que desde el martes último efectúan un paro de labores como protesta por las multas impuestas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Un tramitador indicó que las multas varían entre US$250, US$500 y US$1 mil, según los supuestos “errores” que se puedan cometer en la consignación de datos en los formularios.

Los tramitadores argumentaron que en promedio ganan entre Q200 a Q300 al día, pero con las multas pierden ese ingreso.

Debido al paro, en la aduana de Tecún Umán hay unos 500 automóviles cuyos importadores no han podido efectuar el trámite para ingresarlos al país.

Según la información, en la Aduana II, ubicada en el mismo municipio, se han formado largas filas de automotores que esperan pasar a territorio mexicano, donde cargan diversidad de productos.

Según datos de la SAT, más de 10 mil tramitadores de aduanas a escala nacional suspendieron sus labores porque la normativa exige que porten un carné de identificación extendido por esa dependencia, y no lo tienen.

En Puerto Barrios, cientos de gestores mantienen paralizadas las aduanas de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, con lo cual impiden la salida de unos 500 contenedores cargados con mercadería provenientes de varios puertos del extranjero.

Al igual que en otros puntos del país, los gestores de Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, y San Cristóbal Frontera, en Atescatempa, Jutiapa, continuaron ayer con el paro de labores.

En San Cristóbal Frontera, la fila de transporte pesado tenía ayer seis kilómetros de largo, producto de tres días de paro.

Acuerdo gubernativo

El presidente Otto Pérez Molina firmó ayer el Acuerdo Gubernativo 51-2012, por medio del cual exonera, a partir de la vigencia del mismo y hasta el 15  de julio, el pago de multas a toda persona individual o jurídica que incurra en alguna de las infracciones aduaneras administrativas sancionables.

El documento indica que esas exoneraciones corresponden a la Ley Aduanera Nacional contenida en el Libro III del Decreto 10-2012 del Congreso de la República, y equivale al cien por cien del valor de las multas que resulten como consecuencia de tales infracciones.

Según el mandatario, el acuerdo gubernativo permitirá que en el tiempo estipulado se puedan registrar los gestores de aduanas.

Asimismo, explicó que la Ley Aduanera era necesaria, pues Guatemala necesitaba equipararse   con el resto de países de Centroamérica. Afirmó que eso había causado  problemas al principio, pero el acuerdo ayudaba a solucionarlos.  Sin embargo, el acuerdo mencionado aún no ha sido publicado en el Diario de Centro América y será hasta el lunes cuando aparezca en la publicación oficial.

Los municipios que quedaron sin presencia policial son San Lorenzo, Sipacapa, Comitancillo, Río Blanco, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Tacaná, Sibinal, Ixchiguán y San José Ojetenam.

Ottoniel Sandoval, jefe de la Comisaría 42 de San Marcos, dijo que la decisión la tomó la Subdirección de Operaciones de la PNC, para proteger a los agentes.

Explicó que el 29 de diciembre del 2011 dirigió un memorial al Distrito Occidente, para que lo enviara al Ministerio de Gobernación, con el fin de que se evaluaran medidas ante las acciones violentas de pobladores.

Sandoval explicó que contrabandistas ingresan mercadería de forma ilícita por Tacaná, y que pobladores armados de municipios aledaños protegen esas actividades ilegales. Según él, la PNC no tiene suficiente personal en San Marcos ni armas para contener a los vecinos, que incluso portan fusiles.

Mauricio López, ministro de Gobernación, indicó que analizan la situación, para decidir cómo reaccionarán.

El presidente Otto Pérez Molina dijo que López deberá entregarle un informe de lo ocurrido, e instruirá al ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, para que se pongan de acuerdo para restablecer el orden y hagan respetar la autoridad en aquellos lugares.

Los hechos

El miércoles último, la PNC incautó dos camiones con combustible mexicano de contrabando, que era trasladado de San Marcos a Quetzaltenango.

Al enterarse, los pobladores abordaron varios camiones en busca de los agentes, para retenerlos y luego canjearlos por el combustible.

El gobernador departamental de San Marcos, Óscar Barrios, se limitó a decir que son acciones ilegales y sin sentido.