La primera  Encuesta Libre de la campaña electoral 2019, desarrollada por Prodatos, por encargo de Prensa Libre y Guatevisión, revela que cuatro presidenciables suman el 53.5 de la intención de voto de los guatemaltecos, en tanto que los otros 20  alcanzan el 25.1 de la preferencia.

Existen cuatro niveles en cuanto a la preferencia política. En el primero se ubican Sandra  Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 20.7%, y Zury Ríos, del partido Valor, con 15.9%.

A diferencia de los procesos electorales de 2011 y 2015, el primer lugar  arranca el actual proceso con menor ventaja sobre sus más cercanos contendientes en la medición, si se compara con un 30.4 o 30.1 que tenían Otto Pérez Molina, en 2011, o Manuel Baldizón, en 2015, que duplicaban a sus más cercanos perseguidores, según datos de Encuesta Libre publicadas en mayo y abril de esos años.

El segundo grupo que identifica Encuesta Libre está integrado por Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, y Alejandro Giammattei, de la agrupación Vamos, quienes se despegan de la mayoría de candidatos.

El mayor apoyo a Torres proviene del área rural, donde un 31% afirma que votaría por ella, lo cual  contrasta con el voto en el interior urbano y el área metropolitana, donde es tercera. Estas zonas son dominadas por Ríos y Aldana, con mayor margen a favor de la primera.

A los cuatro anteriores le sigue un grupo de 10 presidenciables que tienen más de 1% de intención de voto, y un último, integrado por otros 10 candidatos, que no alcanza ni el 1 por ciento en la preferencia de la población.

Otra conclusión de Encuesta Libre es que el 78.6% de los encuestados ya tendría una preferencia de voto, contrario a un 17.1 que dejó la papeleta en blanco y apenas un 4.3 que afirma que votaría nulo, a pesar de que en el actual proceso ese sufragio es vinculante si llega  a alcanzar la mayoría de  votos emitidos.

Estos últimos datos, que sumados representan el 21.4%, son más bajos que el 24.3% que para abril de 2015 sumaba el voto nulo y   en blanco.

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Promover la productividad, ofrecer incentivos fiscales para que las empresas inviertan en el país, acabar con los privilegios de los funcionarios públicos, reactivar la pena de muerte y poner a trabajar a los privados de libertad son parte de las propuestas de Amílcar Rivera, candidato presidencial por el partido Victoria.

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Julio Héctor Estrada habla de su plan de gobierno

Rivera, quien proviene de una familia de políticos y además  fue alcalde de Mixco en dos oportunidades, buscará la Presidencia en el próximo proceso electoral.

Su plan lo presentó ayer durante el programa Sin Filtro Electoral, una iniciativa de Prensa Libre y Guatevisión.

¿Cuál es la propuesta central de Victoria y en qué se diferencia del resto de partidos políticos?

En el gobierno de Amílcar Rivera lo queremos hacer es buscar la productividad del guatemalteco, a través de tener un pueblo sano, educado, seguro y con trabajo. Eso será la base principal.

Cada gobierno ofrece sentar bases, pero  cuando salen del gobierno, realmente no pasó nada.

Cada  cuatro años estamos reiniciando, porque no hemos tenido políticas públicas de Estado sino lo que ha existido son políticas públicas de Gobierno.

Por ello, vamos a plantear la quinta ley constitucional de visión de Estado y de políticas públicas de Estado para establecer una estrategia de mediano y largo.

¿Qué lo motiva a participar como candidato presidencial y qué experiencia le dejaron los dos períodos que estuvo como alcalde de Mixco?

En los dos períodos en los que tuve la oportunidad de ser alcalde en Mixco me di cuenta que lamentablemente los gobiernos no coordinan el desarrollo real de la Nación, porque la participación ciudadana y los planes de Gobierno, a través de las políticas públicas, deben ser de abajo hacia arriba, donde pueda existir una efectiva coordinación; eso me ha motivado.

Los vecinos llegan con los alcaldes a pedir solución de seguridad pública, salud, educación, y eso es una responsabilidad del Ejecutivo. Eso es otra motivación.

Sueño en lograr la productividad del guatemalteco y un desarrollo real para la ciudadanía.

¿Cuál será su propuesta concreta en la generación de empleo y qué incentivos se podrían dar al sector empresarial?

En Guatemala hay muchas empresas que se han ido a otros países por distintas razones.

Una es la inseguridad, otra la certeza jurídica y la otra los incentivos fiscales.

Vamos a dar incentivos fiscales para provocar que esas empresas regresen, necesitamos darle trabajo a nuestra gente.

Debemos dar certeza jurídica, desburocratizar el Gobierno, porque uno de los grandes problemas es lo burocrático de los procesos y eso hace que las oportunidades de inversión se pierdan. Queremos ser facilitadores y atraer nuevas inversiones.

¿A qué  inversiones se refiere?

Me encantaría que las maquilas regresaran a Guatemala, son una fuente de trabajo muy importante que se ha ido.

También tenemos oportunidad de atraer más call center (centros de llamadas), pero a la par debemos ayudar y colaborar en capacitar a nuestra gente para que tengamos el recurso humano adecuado, y en ese sentido queremos transformar la misión del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura.

Actualmente estos ministerios están concentrados en programas asistenciales que prácticamente lo que han hecho es convertirse en negocios para unos cuantos, pero lo único que han provocado es la pobreza.

Vamos a transformar a través de la tecnología, por ejemplo, para los agricultores de infraestructura agraria, riego e invernaderos, además de crear economías de escala.

Queremos ayudarlos a que se puedan organizar en cooperativas, en asociaciones, en empresas, capital -no regalado-, créditos blandos, porque, no se favorecen las buenas ideas, sino que solo se favorece a aquellos que tienen capital, que tienen dinero en el banco.

El otro aspecto son nuevos mercados. Tenemos embajadores. No voy a generalizar, porque no todos son iguales, pero la mayoría de embajadores a lo que están dedicados es al vino, a la buena comida y a pasear.

Si queremos una Guatemala productiva, tenemos que empezar con la gente que nos va a representar. La tarea será abrir nuevos mercados o traer inversión,  o los vamos a retirar.

¿En el potencial gobierno de Amílcar Rivera se acaban los privilegios, no solo de los burócratas, sino también a ciertos sectores?

Se deben acabar.

Por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, debemos empezar con el presidente. El presidente no debería ganar lo que gana, pero no debería ningún candidato de estar hablando que va a donar una parte del salario, porque después no se dona, sino que se debería de tener un techo máximo de lo que los funcionarios ganan.

¿Se va a reducir el salario?

Lo más que debería de ganar un presidente es unos Q25 mil, lo más. Se debe de revisar también las dietas, porque también se ha abusado. Si queremos realmente un cambio debemos comenzar con la cabeza, que es el presidente.

Como eje de su gobierno está el tema de derechos humanos y de la efectividad de la Policía en un momento en el que venimos de una administración que ha debilitado a la Policía, inclusive, clausuró las inscripciones a nuevos agentes aspirantes a la Policía Nacional Civil. ¿Cuál sería su propuesta?

La Policía Nacional Civil ha estado completamente abandonada, elementos que ya se prepararon, que invirtieron su tiempo. Es una burla lo que están cometiendo, y si algo debemos de fortalecer es la dignificación del policía.

Las condiciones donde ellos duermen son terribles. También hay que incentivarlos. Necesitamos más policías, necesitamos proveerles de tecnología, pero no simplemente cámaras de vigilancia para grabar lo que ha pasado, contrataremos sistemas inteligentes de reconocimiento fácil, de lectura de placas.

Porque todos los hechos delictivos en su mayoría son en carros robados con placas alteradas, o sin placas, con motos. Eso se puede cruzar con la base de datos de la Policía y pueden darse alertas, y no es de instalar miles de cámaras, sino es simplemente que las cámaras deben estar ubicadas.

¿Tiene en mente algún monto de inversión?

Podría oscilar en el primer año de unos Q30 millones a Q50 millones.

También destaca la pena de muerte, según lo ha planteado en sus redes sociales.

Una de las primeras acciones va a ser denunciar el Pacto de San José, y promover que se vuelva a legislar los delitos para los cuales se debe aplicar la pena de muerte. Esas van a ser una de las primeras acciones.  Estratégicamente.

 ¿Cree, entonces, que la pena de muerte sería un disuasivo contra la criminalidad y de qué manera?

No es disuasivo, es un castigo. Porque el decir que es disuasivo sería mentirle a la población. Disuadir es prevención y necesitamos prevención del delito, necesitamos educar a nuestra niñez.

Dice que la pena de muerte no es un disuasivo, simplemente es un castigo, esa es una visión punitiva de lo que es la pena de muerte. ¿Por qué lo ofrece en época electoral, no es eso un populismo?

No, siempre he estado de acuerdo con la pena de muerte, al igual que sacar al Ejército a las calles. Cuando fui alcalde de Mixco, lo pueden revisar, yo fui el que insistió y provoqué que el Ejército llegara a Mixco.

La pena de muerte, está vigente, hay que aplicarla, hay que cumplir con nuestra constitución.

Ha dicho  que a los presos hay que ponerlos a hacer blocks y adoquín, pero, desde las cárceles donde hay hacinamiento. ¿Cuál es su propuesta?

Yo no voy a hacer más cárceles. En las cárceles, la tecnología está para bloquear, pero no se bloquea porque no se quiere.

Lo que hay que tener allí es voluntad política.

¿A quién designará  como su Ministro de Gobernación?

Todavía lo estamos evaluando, no quiero salir como todos los demás que ya lo tengo listo, porque no sería cierto, estamos evaluándolo y cuando lo tengamos antes del 16 de junio lo vamos a decir.

¿No cree que sacar  el Ejército a las calles contravendrían con los Acuerdos de Paz que hablan de la reducción del Ejército y que más bien se debe de fortalecer la Policía Nacional Civil?

No estoy diciendo que no se fortalezca a la Policía. Yo estoy hablando de dignificar al policía y de fortalecerla, pero los que conocemos la realidad de las zonas rojas de Guatemala es terrible.

Hay que tomar el control, hay que devolver la paz, la seguridad.  Si el pueblo de Guatemala me permite llegar al Gobierno vamos a usar todos los activos del Gobierno para provocar esa paz y esa seguridad que necesita el guatemalteco. No es tarea fácil, es difícil, va a costar.

¿Qué piensa de la Cicig y estaría  de acuerdo con renovarla?

Esa es una decisión que le toca al actual gobierno, pero creo importante que el próximo gobierno lo que debe hacer, es reestablecer los puentes con los países, porque nos hemos desgastado.

Todo país o institución internacional que quiera participar y ayudarnos en la lucha contra la corrupción, bienvenido. Obviamente será otra institución.

¿Cuál es su propuesta para desarrollar el sector educativo y cómo plantea aumentar la inversión en ese rubro?

El sistema educativo guatemalteco tiene muchas deficiencias, pero me preocupa principalmente que no tenemos un objetivo claro de lo que queremos alcanzar.

Me gustaría provocar niños con valores, niños y adolescentes que tengan el deseo de ser emprendedores, y principalmente niños y jóvenes que amen a Guatemala.

Yo recuerdo cuando era jovencito, en las aulas recibía uno civismo, urbanismo, clases que hoy ya no se reciben. Los lunes cívicos van a regresar en el gobierno de Amílcar Rivera.

En un ejercicio de respuestas rápidas, se le dará un listado de palabras y para que usted nos diga qué idea se le viene a la mente.

• TSE:  No tienen claro lo que hacen. No saben cómo interpretar. Ahorita hay muchos problemas, mucho vacío, muchas lagunas.
• Familia/ Carolina Regalado:  Carolina, mi esposa, y mi familia, el tesoro más grande que Dios me ha entregado.
• Mixco:  El pueblo que llevo en mi corazón, porque me dio la oportunidad de nacer a la vida política.
• Sector productivo: Importante para que Guatemala se desarrolle.
• Aborto: Algo abominable.
•  Enrico Can Saquic: Vicepresidente, un hombre que vivió la Guatemala profunda, y que tiene el deseo de que más personas no sigan viviendo eso.
• Migración:  Deseo de trabajar y Guatemala tiene todas las oportunidades para que nuestra gente se quede en Guatemala.
• Infraestructura: Crecimiento económico.
• Cicig: Polarización.
• MP:  Polarización.
• Partidos PP y Líder:  Provocaron desilusión.
• Programas sociales:  Pobreza.
• Vehículos blindados J8: Oportunidad que se está perdiendo.
• Informalidad:  Gente con el deseo de trabajar y salir adelante.
• Usac:  Oportunidad para el desarrollo de jóvenes.
• Turismo: Oportunidad para el crecimiento y desarrollo económico.
• Prisión preventiva:  Legalidad.
• 16 de junio del 2016:  Guatemala decide su futuro.

¿Está complacido con los cambios de la ley electoral y partidos políticos?

Se dieron pasos importantes. El manejo de la pauta, los controles financieros, creo que fueron avances importantes, pero nos quedó en deuda que los diputados sean electos no por lista sino que por foto, individuales, también los concejales, y los síndicos de las corporaciones municipales.

¿Cómo están controlando y atajando el tema del financiamiento electoral?

Estamos utilizando los medios que da el Tribunal Supremo Electoral.

¿Tiene nombres de sus financistas?

Somos muy pocos, realmente los que estamos financiando las actividades, prácticamente cada candidato.

¿Cuál es su propuesta en el tema de conflictividad social?

Hay muchos temas que lamentablemente el gobierno se ha hecho a un lado y se lo ha dejado a las municipalidades, y las municipalidades en su “autonomía” han hecho cosas que han generado una gran conflictividad.

Por ejemplo, el alumbrado público que es foco de conflictividad debe de tomarlo el Gobierno central.

Y el otro tema es cómo vamos a plantear nosotros las inversiones, por ejemplo, las hidroeléctricas.

Las hidroeléctricas no tienen un impacto  profundo en el medio ambiente, lo que pasa es que cuando uno va al interior, se da cuenta que hay hidroeléctricas y a la par hay caseríos y aldeas que no tienen ni energía eléctrica y no se ven beneficiadas en absolutamente nada.

En ese sentido, queremos cambiar la forma de  ver esos temas, que pueden eliminar toda esa conflictividad y consideramos que se debería de tomar en cuenta a la población pero no como las consultas que hoy se hablan y que no sirven para nada, lo único que están provocando es más conflictividad, porque estamos enfrentando a las personas.

Por qué no hacer cooperativas donde involucremos a la misma población a la iniciativa privada que quiere invertir y que todos de alguna manera de esa inversión tengan un beneficio.

¿Cuál sería su propuesta en cuanto a crecimiento económico, pobreza y desnutrición infantil?

El problema es que los ministros no invierten, gastan. En nuestro gobierno vamos a trabajar diferente con proyectos regionalizados, por ejemplo, en el caso de Sololá, el turismo debe ser lo más importante, pero no solo el Inguat debe involucrarse, sino también Gobernación, Ambiente, Educación, el Maga, Cultura, Economía, Relaciones Exteriores.

Voy a nombrar comisionados presidenciales por proyecto para que me ayuden a coordinarlos por regiones para priorizar el gasto.

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La legitimidad de la administración de justicia está cuestionada, opina el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Gonzalo de Villa, quien analiza la polémica por el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas en las reformas constitucionales, y considera que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) debe continuar en el país.

¿Cómo ve el panorama de  reformas constitucionales?

El tema de mejorar la administración de justicia y la mayoría de las propuestas están bien, y ojalá salgan. Lo que se atravesó fue el caso del artículo 203, que lamentablemente no ha dado lugar a debates serios, sino a polarizaciones muy extremas, y eso nunca nos ayuda como país.

¿Por qué cree que eso generó tanta polarización?

Hay tres interpretaciones posibles: una es el racismo ancestral de Guatemala, otra es la imprecisión del artículo en su redacción. Uno no sabe qué alcance tiene, en qué circunstancias va a operar;  muchas cosas muy indefinidas. En tercer lugar, los más partidarios de que se apruebe  lo hacen más, creo yo, para darle un rango constitucional a la dignificación del pueblo indígena en su lucha, cosa que me parece muy bien, pero de eso no se trata el artículo.
Hasta ahora la Iglesia Católica no se ha volcado en apoyo a grupos indígenas.

¿Lo hará?

Hace cuatro meses, en un comunicado, abordamos este tema y mostramos algún grado de preocupación de que el tema podría ser más divisivo y confrontativo que resolutivo. Evidentemente queremos apoyar a la población indígena, son nuestros feligreses,nuestros curas, nuestros seminaristas.La posición de la Iglesia tiene que ser, en principio, mesurada. Parte de lo valioso en la Iglesia es la libertad para hablar en nombre de la verdad, pero no ser forzados a decir lo que no queremos decir.

¿Cómo evalúa, en general, la situación de los pueblos indígenas?

En general, en el mundo indígena en Guatemala  los niveles educativos han ido mejorando, hay muchos más profesionales indígenas, y la globalización también ha impactado. Cosas de mucho aislamiento que se mantuvieron por generaciones de pronto se rompen. Hay valores inmensos en la cultura indígena que enriquecen al país y son, de alguna manera, el rostro de Guatemala.

¿Cree que no aprobar el Derecho Indígena  pueda ser un detonante social?

Teóricamente podría ocurrir. El campo del diálogo está no solo abierto, sino que en estos momentos, inexplorado. En declaraciones de distintos grupos o liderazgos indígenas en los últimos días he visto también unas posiciones muy maximalistas y otras mucho más abiertas al debate.

Siempre creo que el diálogo es importante y es parte  de lo que la población indígena asume que es el modo de la justicia indígena, a través del diálogo.El gran tema es el derecho maya, y parece que nadie se interesa en el antejuicio.Así es.

El haber metido el artículo 203 junto con todo lo demás no creo que haya sido lo más inteligente. Yo no digo que no se hubiera podido meter en su momento antes o después, pero haberlo metido junto es hasta cierto punto una manera de obstaculizar muchos de los otros puntos.

Hablando de la coyuntura institucional, ¿ha cambiado después de los acontecimientos del 2015 contra la corrupción?

En el tema de la impunidad, como algo que ya no es lo habitual, hay un gran avance, y también creo que a la hora de procesar los casos tampoco hay que ir al linchamiento antes del juicio.

La institucionalidad del país está en una situación particular porque tenemos a un presidente que llegó con poca experiencia política y con su bandera de “ni corrupto ni ladrón”, pero a la hora de conformar equipo y gabinete ha tenido dificultades  de generar una sensación de que hay un presidente que representa la unidad nacional.

¿Los  organismos transmiten confianza?

El Congreso está muy cambiante, siempre lo ha sido, pero quizá en estos momentos más. La administración de justicia está muy cuestionada en su legitimidad, en su autoridad; a veces también en sus conocimientos jurídicos.

¿Es Jimmy Morales el líder anticorrupción que el país necesita?

Lo que creo es que sí fue una cierta sorpresa su triunfo y marca también una corriente que no es única en el mundo. Sí creo en la buena voluntad del presidente Morales. Ahora, qué diputados tiene, qué experiencia de juego político tiene, ahí las horas de vuelo que tiene.

¿La Cicig debe continuar?

Creo que sin la Cicig no se hubiera hecho toda la lucha contra la impunidad que se ha logrado. Sin duda, la Cicig ha sido muy determinante y creo que es muy importante que siga”, afirmó Gonzalo de Villa, presidente de la CEG.

A su juicio, el aplaudir a la Comisión no significa que no cometa errores, porque sí los ha cometido, pero resalta que “sí hay que apoyarla”.  En cuanto a los ataques, De Villa cree que provienen de varios ámbitos, no solo de sectores vinculados con exmilitares. “También puede haber hasta sindicalistas contra la Cicig”, añadió.

La breve, pero cargada agenda de Kelly, estuvo dominada por el tema migratorio, como lo evidencia, además de la reunión con el presidente Jimmy Morales, el diálogo que sostuvo con el ministro de Gobernación, Francisco Rivas —a cargo de la Dirección General de Migración—, y presenciar  el recibimiento de un vuelo lleno de guatemaltecos deportados.

Tres vuelos con deportados arribaron ayer con 347 personas, y el funcionario de EE. UU. presenció la “bienvenida” que se le dio al tercer grupo y conoció detalles del proceso de recibimiento.

 Minutos antes de abordar el avión que lo llevaría a México, Kelly, uno de los hombres de más confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el vuelo de ayer no ha sido el primero de deportados que observa, sino que ya había visto otros  cuando era jefe del Comando Sur.

Al Secretario se le preguntó cómo observó la capacidad del Estado para recibir a los retornados, pero evitó responder y comentó que no se harán deportaciones masivas.

“Tenemos leyes que debemos seguir, así que estaremos enfocándonos primero en quienes han cometido delitos. Pero no habrá redadas masivas, y cuando se aprehenda a alguien será sometido al sistema legal estadounidense, son las cortes, y las cortes decidirán qué sucede con ellos”, explicó.

Reiteró que en la frontera sur de Estados Unidos se construirá una “barrera física” y se reforzará con tecnología de observación, pero no con personal militar.

“Parte de esa orden ejecutiva incluye un proceso legal más rápido de cuando aprehendamos a un inmigrante irregular. Serán retornados a sus países más rápido de lo que ha sido en la última década”, añadió.

Mensaje a medios de comunicación por parte de ministro de Relaciones Exteriores y secretario de Seguridad Nacional … https://t.co/DRpBOM2o1W

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) February 22, 2017

Kelly tampoco comentó acerca del futuro del estatus de protección temporal (TPS, en inglés) que pudiera solicitar Guatemala, sino que habló de que lo más importante para su gobierno es retomar el control de la frontera sur de EE. UU.

Pide no viajar

Más temprano, durante una declaración después de haberse reunido con el canciller Carlos Raúl Morales, Kelly hizo un llamado a que los guatemaltecos no viajen ilegalmente a Estados Unidos.

“Mi sugerencia para las excelentes personas de Guatemala que están pensando tomar esa decisión, de tomar esa trayectoria hacia el norte a través de México para llegar a los Estados Unidos, es que no tomen este riesgo, ponen en riesgo su vida y la de sus preciosos hijos”, declaró.

Agregó que los coyotes son unos mentirosos, a quienes no les importa la vida humana y son “depredadores” que solo quieren dinero.

Duras acciones

Las directrices, firmadas por el secretario Kelly, indican que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan “abusado”  de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

También figura la contratación de 10 mil  nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas  (ICE, en inglés) y cinco mil más de la Oficina de Aduanas y Fronteras  (CBP, en inglés).

Reuniones privadas

Antes de su pronunciamiento, el secretario de Seguridad Nacional se entrevistó con el presidente Morales en el Palacio Nacional de la Cultura, y luego se dirigió  a la sede del Ministerio de Gobernación, donde sostuvo otra reunión con el ministro Rivas Lara, todos los viceministros de esa cartera y los directores de Migración y de la Policía Nacional Civil.

La magistrada Delia Dávila declinó de su postulación, al argumentar que no pasaba de los cuatro votos y no llegaría a un consenso.

“Esto es desgastante para el país estar haciendo las rondas y las rondas, entonces en este momento mi decisión es declinar de esta candidatura. Tal vez con otras personas que puedan surgir se pueda llegar a feliz término y cumplir con esa resolución de la Corte de Constitucionalidad”, indicó Dávila.

En su lugar, Dávila propuso a la magistrada María Eugenia Morales, quien no aceptó al asegurar que tampoco obtendría los votos necesarios.

“Antes de poder expresar mi aceptación o no, yo sí pediría un receso. Honestamente había declarado y he confirmado que no vine aquí, y en seis meses, yo soy la primera que no tengo esos productos con ustedes, no conseguiría más de los cuatro votos que la magistrada Delia ha obtenido, y mi postulación no va a desentrampar nada, al contrario, va a generar mucho más dificultad en el sentido que nosotros podamos allanar el camino”, enfatizó Morales.

No obtiene los votos

Al celebrar la décima ronda de votaciones, sin la magistrada Dávila, de igual forma el magistrado Nery Medina no obtuvo los votos necesarios, debido a que dos se abstuvieron de votar y dos votaron en contra.

El pleno se reunirá de nuevo este jueves a las 15 horas para tratar de encontrar a un segundo postulante y continuar el proceso de votación.

Fin a la violencia en América Latina. Una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta es el título del estudio dirigido por Laura Chioda, el cual evalúa varias causas de la criminalidad y cómo combatirla con un “enfoque integral más fuerte de prevención”.

Los panelistas comentaron que la violencia es uno de los problemas que fomentan la migración hacia Estados Unidos. Ese país, México y Centroamérica deben buscar acciones para prevenir la criminalidad regional.

Enfoque eficiente

De acuerdo con la autora del estudio, la efectividad y rentabilidad de la prevención se basa en la evidencia causal relacionada con las políticas de prevención, las cuales resultan más eficientes que aquellas acciones tradicionales.

“De hecho, las soluciones de prevención no solo son eficaces, sino  también pueden ser más eficientes que los enfoques en mano dura. La evidencia sugiere que los adolescentes y los jóvenes no son particularmente sensibles a la severidad de las sanciones. Además, hay pruebas considerables de que la vida en prisión puede hacer más daño que bien a los jóvenes delincuentes”, explicó Chioda a Prensa Libre.

Agregó que el tiempo en las correccionales debe dedicarse a la rehabilitación, y  las intervenciones educativas —prevención del abandono escolar— han demostrado ser estrategias eficaces para reducir la delincuencia y la violencia, tantoa corto como a largo plazos.

“La calidad de las instituciones desempeña un papel central”, comentó la autora del documento presentado.
 
 

#FinALaViolencia | Guerrero: "El crimen no necesariamente es un homicidio y por eso a veces no entran en los datos" https://t.co/P7R6yJhBci pic.twitter.com/vEjDbfTJ4z

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 7, 2017

Laura Chioda, autora del informe Fin a la violencia en América Latina, señaló que el 10 por ciento de la población es la que comete entre el 70 y 80 por ciento de crímenes.

“Hay que rediseñar o repensar las políticas existentes, la prevención es posible y eficaz en función de costos, la mayoría de las intervenciones son de bajo costo, no buscamos altos doctores, sino personas que tengan sensibilidad que les permita desempeñar un papel clave”, manifestó.

Chioda recalcó que importa que haya legitimidad en las instituciones, pero requieren de capacidad de intervención como despliegue de fuerzas policiales y que se ganen la confianza de la comunidad.

Daniel Lederman, jefe adjunto del BM para América Latina y el Caribe, opinó que el crimen es un fenómeno social complejo, en particular por la pobreza y las condiciones del mercado laboral que afectan a la población. “Se relacionan al crimen organizado, eso explica el aumento en la tasa de homicidios que hacen parecer la paradoja de desarrollo y alto crimen”, puntualizó.

Panel #FinALaViolencia: Existe un deteriodo dentro de la sociedad entonces la gente se va, emigra. ► https://t.co/P7R6yJhBci pic.twitter.com/twaSoZkSxc

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 7, 2017

Rodrigo Guerrero, exalcalde de Cali, Colombia, hizo la referencia a que el crimen no son necesariamente homicidios. “El narcotráfico es para la sociedad lo que el Sida para el cuerpo humano, ataca las defensas, penetra”, remarcó.

Guadalupe Correa, profesora de la Universidad de Texas, opinó que los delitos están concentrados en los lugares donde hay desigualdad, además de redes sociales y tecnología, que hacen que las personas se sientan privadas respecto a otros.

La corrupción

“Arreglar todo el sistema no es tan fácil, si el sistema esta corrupto toma tiempo”, refirió Correa.

Por su parte Lederman estimó que la desigualdad en las instituciones públicas que se encargan de  la seguridad es una clave, pues las personas no confían en la fuerza pública y por eso no denuncian los delitos.

Guerrero apuesta a la importancia de la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que hizo un llamado a Estados Unidos e indicó que tienen un papel importante en apoyar  a combatir la corrupción.

General migración

El director del programa latinoamericano de Wilson Center, Eric Olson, relacionó la violencia o los delitos, con la migración voluntaria, es decir, que algunos deciden dejar sus países por la violencia. Sin embargo la mayoría son de origen laboral y familiar.

“Parte de los delitos tiene que ver con la demanda de drogas en los países, pero no toda es debido al narcotráfico y crimen organizado. Uno de los nuevos desafíos de Donald Trump es ver la violencia más allá del narcotráfico”, detalló.

“Hay comunidades donde los ciudadanos toleran la violencia, pero cuando se llega a un nivel que no pueden asistir a las escuelas o les está afectando el desarrollo diario, se van como migrantes”, manifestó Correa.

Mancilla Fernández se desempeña actualmente como comandante de la Guardia Presidencial, Sosa Díaz ocupa el cargo de inspector general del Ejército, Monterroso Suárez es comandante de la Segunda Brigada de Infantería y Cossio Cámara es Director de la Escuela Politécnica.

El nuevo ministro de la Defensa, sustituirá a Manuel López Ambrocio quien dejará el cargo el 31 de julio próximo. Él llegó al cargo en 2013 en sustitución de Ulisis Noé Anzueto, quien pasó a dirigir la Secretaría de Inteligencia Estratégica, pero fue separado del cargo por orden del presidente Otto Pérez Molina.

En lo que respecta al resto de la cúpula militar el  Viceministro, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Isnpector General asumirán los cargos el próximo 30 de julio. Mientras que el nuevo ministro de la Defensa asumirá el 31 de julio, según información oficial.

Los que serán los nuevos jefes del Ejército tienen el grado de generales de Brigada.

El presidente no pudo disimular su desmejorado estado durante la reunión que presidió la mañana de este jueves, quien durante la actividad se mostró pensativo y preocupado.

Pérez Molina, fue captado por Prensa Libre en una actitud cansada y abatida, la cual podría deberse a que el Congreso de la República tiene nuevamente en sus manos la capacidad de retirarle su inmunidad.

Hasta el momento el amparo provisional otorgado a la abogada Karen Fischer, había detenido el proceso de antejuicio que se llevaba en su, sin embargo al no recibir el amparo definitivo, el proceso continúa.

La semana recién pasada el Pérez Molina presentó su propio amparo, sin embargo la Corte no le otorgó ese beneficio, por lo que el trámite para que exista la posibilidad de iniciar un proceso judicial en su contra sigue.

Durante su participación en el Conadur, se aprobó una Política Nacional de Desarrollo, además de discutir diferentes temas sobre los avances en las mesas temáticas sobre desarrollo urbano y rural.

También abogaron por no colocar demasiados impuestos a algunos sectores, concretar la integración centroamericana y capacitar al capital humano.

Reglas claras

Andrés Gluski, gerente de la compañía AES, de los más grandes proveedores de energía, dijo que se necesitan reglas claras, e hizo ver que una de las desventajas de los países de Centroamérica frente a otros como Colombia, es que son muy pequeños y eso hace que la electricidad sea más cara.

“Debe haber una sola institución en Centroamérica que certifique los medicamentos, en lugar de cinco y cada una con reglas diferentes, por lo que empresas farmacéuticas se evitan ese dolor de cabeza y no vienen”, ejemplificó Roberto Kriete, de la junta directiva de Avianca y quien también abogó por mejorar la infraestructura aeroportuaria.

Asimismo, Maritza Castro, vicepresidenta de Aduanas y Asuntos Regulatorios de la empresa DHL, hizo ver que en aduanas a veces los movimientos son demasiado lentos, por lo que recomendó profesionalizar al personal y que hable inglés.

“Necesitamos tener el correcto clima de negocios, tener el marco regulatorio que tenga transparencia a largo plazo. Necesitamos justificar nuestras inversiones”, aseguró Andrean Scheid, vicepresidenta de la compañía de telecomunicaciones Millicom.

En su turno, el presidente Otto Pérez Molina declaró que en las próximas semanas se reunirá con sus homólogos de Honduras y El Salvador, para agilizar la unión aduanera y concretarla lo más pronto posible, con miras a que —ejemplificó— si una mercancía ya está chequeada con su marchamo en la nación de origen, viaje de largo sin tener que detenerse en la frontera con El Salvador.

Economía del país

Para el 2012, la inversión extranjera en el país se calculó en US$1 mil 206 millones, según el Banco de Guatemala.

La inversión en cinco años creció 68 por ciento.

Los principales inversores extranjeros en el país son Canadá, Estados Unidos y Rusia.

A septiembre del 2014, Guatemala exportó US$8 mil 169 millones, sobre todo a EE. UU. y Centroamérica.

En el mismo período se importaron US$13 mil 631 millones.

Las compras fueron de EE. UU., México, Centroamérica y la República Popular de China.

Silvia Escobar, jefa de la Diaco, informó que el aumento en los precios de los medicamentos es del 50 por ciento, de marzo recién pasado a la fecha.

La denuncia fue presentada por especulación de precios. Según Escobar, entre las pruebas que tienen hay facturas que les entregaron las droguerías, donde se verifica la tendencia al alza de las medicinas.

“A partir del lunes vamos a solicitar la documentación a otras farmacéuticas para seguir con la investigación, y no se descartan más denuncias”, dijo Escobar.

La vicepresidenta Roxana Baldetti elogió la denuncia de la Diaco contra las farmacéuticas, y espera que las investigaciones continúen para que los responsables sean llevados “a donde corresponde”.

Postura

Alberto Cohen, gerente general de J.I. Cohen, expuso que es incorrecto lo expresado por la Diaco en relación con el incremento del 50 por ciento en los precios.

Cohen explicó que la Diaco les solicitó documentación de la lista de medicamentos. “Según requerimiento de precios anteriores y actuales de los medicamentos, se llevó a cabo un estudio que reveló que durante los últimos 18 meses, el 94 por ciento de los productos mostraron un incremento entre cero y 7 por ciento. Ningún incremento llegó al 50 por ciento indicado por la Diaco; por lo tanto, sus declaraciones son incorrectas. Los incrementos de precio de nuestros proveedores a mi representada son de similar magnitud y responden a situaciones inflacionarias”, enfatizo.

Prensa Libre buscó la versión de Lanquetín, pero no fue posible ubicar a sus directivos o representantes legales.

El acuerdo 370-2012, firmado por el gobernante Otto Pérez Molina un día antes de la celebración de los 16 años de la firma de los acuerdos de paz —28 de diciembre del 2012—, detalla que la reserva del 20 de febrero de 1987, cuando el Estado reconoció la competencia de la CIDH, “no ha sido interpretada adecuadamente” por la Comisión y la Corte Interamericanas”.

El acuerdo publicado ayer en el Diario de Centro América declara: “Guatemala interpreta la reserva contenida en el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 123-1987, en el sentido que la competencia de la Corte Interamericana de Justicia (sic) es exclusivamente para hechos cometidos con posterioridad al 9 de marzo de 1987 y que en caso de hechos o delitos continuados, el principio de ejecución o conducta originaria debe haber sucedido con posterioridad al reconocimiento de esa competencia, ocurrida el 9 de marzo de 1987”.

El artículo 2 del acuerdo 123-1987, emitido el 20 de febrero de 1987, al que se refiere la reciente publicación, especifica: “La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos”.

El constitucionalista Alexánder Aizenstatd expuso que Guatemala intenta que su reserva sea interpretada de la misma manera que las de El Salvador, Nicaragua y Chile.

Pero eso no es posible, ya que esos países establecieron “la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o actos jurídicos posteriores o hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta Declaración de Aceptación”, se lee en las reservas de esos países.

Aizenstatd, quien ha laborado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, explicó que Guatemala no especificó que la CIDH no pudiera conocer violaciones que continúan a la fecha, lo que sí hicieron esos países.

Expuso que una desaparición forzada se inicia en el momento en que la víctima es secuestrada, pero continúa en el tiempo mientras no regrese con sus familiares, o sus seres queridos no conozcan la ubicación de sus restos.

Según el constitucionalista, “el acuerdo gubernativo es contrario al Derecho Internacional. El mecanismo por el cual se quiere retirar la competencia de la Corte no está reconocido por el Derecho Internacional”.

Omite reparaciones

En el acuerdo, publicado ayer, el Estado también estipula que reconocerá toda reparación que pueda ser impuesta por la CIDH por hechos ocurridos “exclusivamente con posterioridad al 9 de marzo de 1987 y hasta por valores o formas de reparaciones que no excedan aquellas previstas en la Constitución”.

Édgar Pérez, abogado de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), expresó: “No es posible que el Estado juegue de una forma tan burda con obligaciones internacionales tan delicadas. Están poniendo en riesgo la responsabilidad internacional del Estado”.

Agregó que el Gobierno desconoce su responsabilidad internacional, con lo cual “corre el riesgo de que Guatemala sea parte de la lista de países violadores de derechos humanos”.

Para el representante de Famdegua, el no cumplir con las sentencias emitidas por la CIDH, como lo pretende el Estado con la publicación del acuerdo, “es más grave”. Critica que se escuden en que los valores no deben exceder a las previstas en la Constitución.

Las sanciones emitidas por la CIDH se deben a la negación de la justicia a escala nacional, según Édgar Pérez, quien ejemplifica ese extremo con la sentencia de las masacres de Río Negro, donde la CIDH no reconoció el derecho a la vida, pero sí que el Estado violó el derecho de acceso a la justicia, por lo cual lo sancionó.

Aizenstatd dijo que hay un principio del Derecho Internacional que indica que un Estado no puede invocar el derecho interno para incumplir decisiones de tribunales internacionales. “Está en la Convención de Viena y la Convención Americana de Derechos Humanos”, añadió.

Lo ven como retroceso

Juan Francisco Soto, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), expresó que la publicación en el diario oficial “es preocupante. Es un retroceso, porque las víctimas del conflicto armado accedan a la justicia en ese órgano regional”.

Agregó: “Se le está negando a las víctimas del conflicto armado interno que se conozca la negativa de justicia nacional. Lamentamos que se dé y esperamos que se rectifique”.

Para Soto y Édgar Pérez, el sistema de justicia guatemalteco ha tenido mejoras en los últimos tres años, tiempo en el que se ha visto avance en algunos casos, pero consideran que aún son pocos.

Nineth Montenegro, diputada por la bancada Encuentro por Guatemala y viuda del estudiante desaparecido Fernando García, expresó que espera que no sea una dedicatoria a ella por trabajar en la oposición.

Agregó que es evidente la inclinación de este gobierno al reconocer la labor y resarcir a expatrulleros con viviendas y dinero en efectivo.

“No hay sentido de que el Gobierno ponga excusas, cuando el Estado fue el responsable de hechos que se dieron y deben de conocerse”, puntualizó.

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, comentó: “Es clara impunidad; un acuerdo gubernativo no puede contradecir una normativa internacional”.

En su opinión: “Es clara la intencionalidad. Puede verse la intención de proteger a quienes han violado los derechos humanos”.

Se trató de conocer la opinión del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, pero aún se encuentran de descanso.