Geovany Castillo, un agricultor de 33 años, contó a The Associated Press que su hija de 15 años tiene quemaduras en la cara, los brazos y las manos y que sobrevivió casi de milagro. “Dice mi hija que el lugar estaba cerrado con llave (y) que entre varias niñas derribaron la puerta (…) Que se salvó porque puso una sábana mojada sobre ella”.                 
 
Desde el hospital donde aguarda que su hija se recupere, Castillo refiere que ella le contó que en el albergue las maltrataban y a veces sólo les daban de comer una vez al día. “Me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta, para llamar la atención, les prendieron fuego a las colchonetas”, refirió el hombre que llegó desde Huehuetenango.  
 
Agregó que su hija dijo que “ella estaba en el módulo donde estaban las niñas encerradas que se habían fugado”. Aseguró que ella iba a salir del lugar en ocho días.  
               
Otra sobreviviente de 15 años había dicho el miércoles a la AP que algunos varones que residían en el albergue habían entrado al dormitorio de niñas antes del fuego. Ella, dijo, logró salir y se refugió en un techo por miedo a ser atacada. Horas después, vio el fuego a la distancia.  
     
“Vi el humo en el lugar. Olía a carne”, dijo.          
 
En el lugar murieron 19 menores y otras 15 murieron en los hospitales.              
 
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, rodeado de árboles y de un muro de nueve metros se construyó para alojar a 500 jóvenes, aunque en el momento del incendio acogía al menos a 800. Entre los internos había menores bajo tutela del gobierno tras haber sufrido abusos, así como adolescentes con antecedentes delictivos que habían cumplido sus condenas pero no tenían a dónde ir.  
                 
La Procuraduría de Derechos Humanos ha dicho que algunos de los menores les han reportado diversos abusos al interior y la fiscalía confirmó que cuenta con una denuncia sobre trata de personas en el Hogar ubicado en San José Pinula.

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Asimismo, activistas y defensores de derechos humanos presentaron una denuncia contra el Secretario de Bienestar Social y de los que resulten responsables por delitos de homicidio e incumplimiento de deberes.       

Leonel Dubón, director de la organización de ayuda a niños Refugio de la niñez, dijo que desde 2015 se habían presentado más de 20 denuncias sobre el Hogar y los abusos que ahí se cometían. 
 
“Aquí hubo negligencia, hay una responsabilidad compartida de todas las instituciones del estado, pero la mayor es de la Secretaría de Bienestar Social que estaba a cargo del centro y conocía de las denuncias”, dijo.               
 
La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia está bajo la dirección de la primera dama, Patricia de Morales.
 

El centro —inaugurado el lunes— se ubica en lo que era la cárcel de máxima seguridad Fraijanes I, a 19 kilómetros de la capital guatemalteca, y albergará a 150 mujeres detenidas y condenadas por distintos delitos. Se pretende que opere al menos 16 horas al día por presas que serán capacitadas para producir sus propios alimentos.    
               
A la inauguración del nuevo centro, que empezará a funcionar en un mes, asistió William Brownfield, Secretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Narcóticos de Estados Unidos, y el presidente guatemalteco Jimmy Morales. “Por décadas hemos dejado un hueco en el sistema de justicia”, dijo Brownfield al referirse a los centros de prisión y explicó que a los reclusos “hay que ofrecerles educación, vocación y capacitación”.        
    
Estados Unidos aportó 1.5 millones de dólares para la readecuación del nuevo centro.   

Antes de la toma del control de dicha prisión, los reos lograron instalar internet de fibra óptica, tenían al menos 25 pantallas planas, aire acondicionado, camas ortopédicas e incluso una discoteca; todo construido con la complicidad de las autoridades del Sistema Penitenciario.  

El Ministerio de Gobernación anunció que el centro estará dirigido por agentes capacitados en nuevas técnicas de manejo de prisiones. Francisco Rivas, Ministro de Gobernación, precisó que éste será el primero de cinco nuevos centros que abrirán durante el año.     
          
 “Sabemos que hay voces de desesperación que piden penas más largas, más groseras, más violentas”, dijo Rivas, y aseguró que el cambio es estratégico para la reinserción a la sociedad de las personas que cometen delitos. 
                   
Actualmente hay más de 21.300 personas en cárceles de Guatemala en condiciones insalubres y en lugares que se han convertido en escuelas del crimen, por lo que las autoridades apuestan a que con estos nuevos centros podrán recuperar 90% de los recluidos para su inserción.   

#CRR1 es resultado del esfuerzo de #GUA por un nuevo #ModeloGestiónPenitenciaria que busca transformar la situación actual de las cárceles pic.twitter.com/nb1vI1ZXg5

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) 6 de marzo de 2017

Con aportes de Henry Pocasangre y Carlos Álvarez

Recientemente, María Micaela Panjoc presentó su caso ante el “juzgado” encabezado por las autoridades indígenas de la alcaldía de Sololá. Con su bebé en brazos pidió ayuda para que el padre del niño pague la manutención de su hijo.

Otros comunitarios piden ayuda para resolver disputas de tierras, o como Andrés Xelp, un agricultor que solicitó a la autoridad forzar a su hijo a volver a su casa.

Las autoridades indígenas, electas generalmente sin vínculos políticos, escuchan los casos y tratan de encontrar soluciones rápidas cuando pueden. Cuando son casos de mayor impacto o delitos graves, los remiten a la fiscalía — como el de una joven que en su idioma Kaqchikel les contó que fue violada.

Solamente aquí, en Sololá, el “juzgado” indígena resolvió 3 mil casos en 2016.

Según un estudio del Organismo Judicial, al menos el 95% de las causas que conocen las autoridades indígenas tienen que ver con delimitación de tierras, violencia familiar y pensión alimenticia. Y se estima que las mujeres son quienes más acuden a ese sistema.

Durante generaciones, hubo un menosprecio por la justicia indígena, y en general por la cultura de los pueblos originarios. Según datos oficiales, el 42% de los 17 millones de habitantes en Guatemala se identifica como indígena, y actualmente hay un creciente respeto por sus formas tradicionales para resolver sus conflictos.

La Corte de Constitucionalidad ya ha reconocido un caso resuelto por las autoridades indígenas, y existe una propuesta para que la justicia indígena sea formalmente incluida y reconocida en la Constitución.

Un primer intentó para incluirla en la Constitución falló por solo dos votos en el Congreso en 2016. El sector empresarial se manifestó entonces en contra, bajo el argumento de que temen que haya confusión jurídica si diferentes sistemas judiciales coexisten.

El Congreso tiene programado para el miércoles discutir de nuevo una propuesta para reconocer en la Constitución la justicia indígena, como parte de una amplia reforma al sistema judicial guatemalteco. Para que se apruebe, se necesita el aval de al menos 105 de 158 legisladores.

La idea de su reconocimiento constitucional tiene el apoyo de la fiscal general Thelma Aldana y de Iván Velásquez, quién lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de la ONU que colabora con las investigaciones de la fiscalía.

“Guatemala tiene que ser un país en el que quepan todos sus habitantes”, dijo Velásquez, quien hace poco visitó Sololá para conocer los procesos de justicia.

Aún si el Congreso lo aprobara, faltaría un paso: una consulta popular que avale la decisión.

El sistema legal formal a menudo ha explotado o ignorado a los indígenas guatemaltecos: estaban legalmente obligados a realizar trabajos forzados hasta entrado el siglo XX, y en la actualidad les es casi imposible pagar un abogado. Incluso ahora, sólo el 10% de los municipios del país tienen oficinas de la fiscalía.

A diferencia del sistema tradicional, la justicia indígena no necesita de abogados, traductores o pagos y en las comunidades mayas los tribunales indígenas son una alternativa más rápida para quienes buscan justicia a sus problemas cotidianos.

En Sololá, el alcalde Tomás Saloj preside varias de las audiencias en el “salón del pueblo”, decorado alrededor con los 20 nahuales o espíritus del calendario maya: 20 días por mes, 18 meses por año. En la mesa  o “estrado” usado por las autoridades para resolver los casos, se colocan una vela y un vaso de agua para pedir a sus ancestros sabiduría.

Las sentencias o castigos pueden incluir resarcimiento, trabajo comunitario, destierro o azotes: dos chicotes o látigos de cuero trenzado cuelgan en la alcaldía de Sololá como recordatorio.

Agustín Bocel, vocal de la alcaldía de Sololá, recuerda un caso que le tocó resolver: el de un joven acusado de intento de violación. La joven que lo acusaba lo perdonó, pero la madre del victimario fue más allá y pidió castigarlo.

“Lo azotó 9 veces”, recuerda, “le dijo que era un latigazo por cada mes que lo llevó en su vientre, lo mucho que le dolía y avergonzaba que hubiera hecho eso”. Bocel aseguró que el joven no se ha metido en más problemas.

Tomás Guarcas, alcalde de Pixabaj, una aldea a ocho kilómetros de Sololá defiende la práctica de los azotes.

“Los golpes son como castigo, no violando los derechos humanos, es cómo educar a los hijos”, dijo Guarcas. Los azotes “siempre son aplicados por uno de los familiares del 'victimario', la madre, el padre, los suegros”, asegura Guarcas.

El congresista indígena Amilcar Pop aseguró, sin embargo, que cada vez son menos las comunidades que aplican ese castigo. “Ese tipo de mecanismos hay que buscar cómo controlarlos y evitarlos”, dice.

La fiscal general Aldana ha dicho que no ve contradicción entre un sistema de justicia legalmente reconocido y uno indígena.

“Contribuye directamente a mantener la paz. Impacta en el descongestionamiento y en la disminución de la carga presupuestaria del sistema de justicia ordinario”, dijo.

En Pixabal, una comunidad de la provincia de Sololá, una vez al mes se reúne un grupo de hombres en la plaza local. Junto con el alcalde comunitario y una empleada de salud, van de tienda en tienda verificando que no haya productos caducados.

“No les vendan nada que pueda enfermar a nuestra gente”, les dice el alcalde a los dueños de los pequeños negocios.

En la comunidad, de unos 20 mil habitantes, no hay policía ni juzgados tradicionales. Aquí, la autoridad indígena resuelve todo.

Victoria Chuj, es una de las tres mujeres entre los 71 alcaldes indígenas de la provincia de Sololá.

Por la calle la gente reconoce que es autoridad cuando porta la “Rub*ara”, o vara de madera, que representa su mando y en cuya punta tiene cuatro colgantes de color rojo, blanco, amarillo y negro que significan los cuatro puntos cardinales,

“La vara tiene que ser bien recta”, dijo Chuj. “Así como la justicia, no se dobla”.

Las osamentas se hallaron en una fosa común del cementerio de La Verbena, en la capital de Guatemala, y son un recordatorio de la guerra civil que cimbró el país centroamericano entre 1960 y 1996.

Juan Estuardo Orozco López y José Zenón Hernández Cusanero son dos de 500 cadáveres desaparecidos identificados hasta el momento, pero de acuerdo con un informe de La Comisión para el Esclarecimiento Histórico —auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas— aún hay pendientes por saldar: en esa guerra que enfrentó a militares y civiles desaparecieron 45.000 y murieron 200.000.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala logró la identificación de los restos tras realizar comparaciones con muestras de ADN de las víctimas con sus familiares. Aunque el proceso inició a mediados de 2016, la información —a la que The Associated Press tuvo acceso en exclusiva— no se había dado a conocer a la prensa sino hasta ahora.

Los nombres de Juan y José se suman a una lista de 183 que aparece en una bitácora conocida como Diario Militar, cuya existencia se dio a conocer en 1999 y constituye un registro de quienes fueron detenidos tras acusaciones de subversión y haber pertenecido a la guerrilla.

Señalados como enemigos de los regímenes militares que entonces gobernaban Guatemala, miles de integrantes de organizaciones sindicales, estudiantiles o campesinas se convirtieron en víctimas del conflicto.

El Diario Militar, que identifica con fotografía a cada víctima de las fuerzas de seguridad, detalla lo que ocurrió tras su detención. Entre otras cosas, ahora se sabe que el número “300” era una clave para detallar que alguien había sido asesinado.

Pila de huesos

Por más de 30 años, los restos de Juan y José no fueron más que un par de osamentas marcadas con números —496 y 1200— en una fosa común. Como ellos, muchos otros cadáveres anónimos ampliaron la cifra de miles de desaparecidos a causa de la guerra.

Según los testimonios de la familia de Juan, un ingeniero eléctrico que tenía 29 cuando desapareció, el joven fue atacado en la zona 11 de Ciudad de Guatemala tras resistirse a ser detenido por fuerzas de seguridad en agosto de 1983. Nunca dieron con su paradero.

El Diario Militar identifica a Juan con el número 2. Asimismo, la bitácora establece que utilizaba el seudónimo de “Miguel y Marín” y que era un supuesto miembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), una de las cuatro fracciones de la guerrilla conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El informe detalla: “cayó abatido al oponerse a su detención”.

José, por su parte, desapareció el 23 de abril de 1983. Tenía 25 años y según los testimonios salió de su comunidad en San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango, hacia la capital. Luego no se supo más de él.

En el dossier, José es el número 112. Su seudónimo era “Marco Antonio” y, según los militares, era miembro del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), una fracción de la URNG. De acuerdo al documento, las fuerzas de seguridad lo identificaron y trataron de detenerlo.

En lo que fracasaron los hombres, tuvieron éxito las armas: “al darse cuenta de los vehículos, se quiso poner en fuga, por lo que tres impactos de (un fusil) M-16 lo detuvieron”.
El informe detalla: “300 en el lugar”.

De las 183 personas que aparecen en el diario militar, 101 fueron ejecutadas. Algunos cuerpos se localizaron; otros nunca aparecieron. Del resto —82— algunos fueron puestos en libertad; del resto no se sabe más.

José Suasnavar, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, dijo que en La Verbena se han localizado 3.323 osamentas que se han comparado con más de 13.000 muestras de ADN del Banco Genético Nacional de familiares y Víctimas de Desaparición Forzada, donde se han localizado a ocho personas que aparecen en el Diario Miliar.

En 2012, la Corte Interamericana condenó al Estado guatemalteco por violación a la vida, integridad y derechos de las víctimas. Desde entonces, el Estado está obligado a resarcir a sus víctimas y a buscar a los desaparecidos.

Santos López Alonzo, de 64 años, fue enviado por avión y entregado a las autoridades guatemaltecas tras el aterrizaje, informó la policía de inmigración y aduanas ICE, por sus siglas en inglés. A su llegada, se dijo inocente y no saber nada de lo que se le acusa.

López fue parte de una unidad de elite del ejército guatemalteco y es uno de cuatro sospechosos de la masacre en la aldea de Dos Erres, que fueron arrestados años después en Estados Unidos (EE. UU.).

Dos purgan condenas en cárceles estadounidenses por delitos migratorios y otro fue deportado a Guatemala, donde lo condenaron a más de 6 mil años de prisión.

En entrevista la semana pasada, López dijo que durante la masacre le tocó vigilar a mujeres y niños, pero que no mató a nadie. Dijo que teme represalias de las autoridades guatemaltecas o de otros presos por ayudar a los investigadores estadounidenses a procesar a uno de sus antiguos camaradas.

“Yo tengo miedo de que voy a ser torturado y me van a matar en mi país, por la razón de lo que yo di un testimonio en un gran jurado”, dijo López. “Como yo hablé sobre ellos todo lo que ellos habían hecho y todo”.

El abogado de las víctimas de la masacre no ocultó su satisfacción.

“Estamos muy contentos de que lo deportaran y que ahora deba enfrentar a la justicia guatemalteca, sobre todo por las víctimas que siempre han reclamado justicia”, dijo Francisco Vivar, abogado de las víctimas de la masacre.

Más de una docena de exmilitares, López entre ellos, están bajo pedido de arresto en Guatemala por su presunta participación en la matanza.

La masacre tuvo lugar en el momento más intenso de la guerra civil de Guatemala, que duró tres décadas y reclamó al menos 200 mil vidas hasta terminar en 1996. El ejército, respaldado por EE. UU., fue responsable de la mayoría de las muertes, de acuerdo con una comisión de la verdad creada para investigar la matanza.

En diciembre de 1982, un grupo de soldados fue enviado a Dos Erres en busca de armas que habían desaparecido. Los soldados acorralaron a hombres, mujeres y niños, violaron a las niñas y mataron a los aldeanos a golpes de mazo para luego arrojar los cuerpos a un pozo.

Seis líderes comunitarios fueron absueltos y un séptimo fue condenado este viernes por el Tribunal de Mayor Riesgo A, después de que la fiscalía los acusara de secuestro y destrucción de instalaciones judiciales durante protestas contra la instalación de una central hidroeléctrica.

Mynor López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, fueron acusados de incitar a un grupo de personas para que secuestraran en 2013 a 10 trabajadores de la hidroeléctrica que acudían a laborar y los obligaran a firmar un documento donde se comprometían a no trabajar más en la planta.

La fiscalía también acusaba a Bernardo Ermitaño López Reyes de haber organizado a la comunidad en 2014 para evitar que se llevaran a prisión a López, Juan Pedro, Pablo Juan y Villatoro Hernández. Además, acusaba a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar de coaccionar al juez para dejar en libertad a dos campesinos acusados de asesinato.

El tribunal condenó a López Reyes a 3 años de prisión por obstrucción de la justicia pero le suspendió la condena por considerar que ya ha estado tres años en prisión.

El tribunal ordenó la inmediata libertad de los sietes líderes comunitarios.

La jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal pidió “no criminalizarnos a los pueblos indígenas. Todos tenemos derecho a vivir en paz”, indicando que para el tribunal no existían pruebas suficientes de las acusaciones.

La zona de Huehuetenango, departamento fronterizo con México, ha sido blanco de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y campesinos que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades.

“Esta es la respuesta del crimen organizado y no de todos; creo que de algunas estructuras y de una en particular”, dijo Aldana. “Es un proceso tan frágil que con mucha facilidad se cae, con mucha facilidad da vuelta atrás, no en los casos, que estoy convencida están bien trabajados. Me refiero a la fragilidad de la lucha contra la corrupción en el país porque son estructuras incrustadas en el estado por años. Nosotros señalamos los casos, pero aquí es el sistema el que debe cambiar”.

Aldana dijo que las amenazas le fueron hechas a ella directamente y que, a pesar de que “tener miedo es de humanos”, ha reforzado su seguridad y es más precavida. La fiscal dijo que su familia permanecerá en el país, pues no tiene los recursos para sostenerlos fuera.

Las autoridades han elaborado varias hipótesis sobre el posible atentado en su contra, señaló la fiscal, e incluso confirmó que una de las informaciones se relaciona con la contratación de un grupo de sicarios de Honduras y Guatemala para ejecutar un plan contra su persona.

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La semana pasada, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que según una investigación de su cartera, las amenazas provienen de una red de corrupción denominada “La Línea”, que fue desarticulada por una investigación penal adelantada por Aldana y un organismo internacional en 2015.

A la fecha, las autoridades no han realizado capturas sobre los presuntos responsables de las amenazas.

“La Línea” era una estructura en la que funcionarios públicos presuntamente recibían sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos y resolver trabas en importaciones, según investigaciones de la Fiscalía encabezada por Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, basadas en escuchas telefónicas.

El año pasado, la fiscalía acusó a Pérez Molina de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. “La Línea” estaba presuntamente dirigida por el exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti.

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En su momento, la comisión informó que cuenta con 88.000 escuchas telefónicas relacionadas al proceso.
El caso de corrupción indignó a los guatemaltecos, que salieron a las calles para pedir la renuncia de Pérez Molina, la cual se hizo efectiva en septiembre pasado. En la actualidad se encuentra tras las rejas junto con Baldetti.

Además de Pérez y Baldetti, por el caso de “La Línea” hay al menos 100 personas sometidas a investigación. Baldetti es acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.

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“La lucha contra la corrupción es abrumadora”, explicó Aldana. “Creo que hay más corrupción, pero lo más profundo ya lo vimos, vimos cómo un partido político (el Partido Patriota, que llevó a la presidencia a Pérez Molina) antes de llegar al poder se criminalizó. Algo más profundo que eso no sé si habrá”, dijo.

Aldana comentó que el apoyo de la población, que ha salido a manifestarse en su favor, le ha dado mucho ánimo para continuar con su trabajo. Sobre alguna posibilidad de incursionar en la política nacional cuando concluya su gestión en año y medio, la fiscal dijo que no le interesa, pues carece de los recursos monetarios para eso.

“Aquí todo se vuelve político partidista, se engaña a la gente, hay demagogia y eso no me interesa”, explicó. “Así me destituyan, me amenacen, yo estoy comprometida con mi trabajo y lo voy a hacer”.

Se trata de dirigentes que se oponen a la instalación de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, ubicada en el departamento de Huehuetenango, a quienes el Ministerio Público acusa de haber secuestrado en 2013 a 10 trabajadores de la hidroeléctrica así como en 2015 haber participado en la destrucción de las instalaciones de un centro de justicia y coaccionar a un juez para liberar a otros comunitarios detenidos.

Según la fiscalía, Mynor López, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, habrían incitado a un grupo de personas para que secuestraran en 2013 a 10 trabajadores de la Hidroeléctrica cuando estos iban a laborar y los habrían obligado a firmar un documento donde se comprometían a no trabajar más en la hidroeléctrica. “Juan Pedro” y “Pablo Juan” son apellidos legalizados en Guatemala.

La fiscalía también acusa a Bernardo Ermitaño López Reyes de haber organizado a la comunidad en 2014 para evitar que se llevaran a prisión a López, Juan Pedro, Pablo Juan y Villatoro Hernández. También acusa a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar de coaccionar al juez para dejar en libertad a dos campesinos acusados de asesinato.

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El abogado defensor Benito Morales dijo que las acusaciones de la fiscalía obedecen a la persecución política de los líderes comunitarios por su oposición a la instalación de la hidroeléctrica en sus territorios y en detrimento de su tierra.
“Sus detenciones son arbitrarias, exigimos que se haga justicia”, dijo Morales que argumentó que los acusados llevan varios meses de estar en prisión.

La audiencia inició sin la presencia de los acusados debido a que el Sistema Penitenciario los trasladó tardíamente a la audiencia. Los familiares y activistas de derechos humanos consideran a los detenidos como presos políticos.

La zona de Huehuetenango, departamento fronterizo con México, ha sido blanco de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y campesinos que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades.

Declaración

Arturo Pablo Juan, uno de los acusados, fue el primero en declarar ante el tribunal. Durante su intervención comentó que se reunió el 22 de abril de 2013 con algunos trabajadores para hablar sobre las inconformidades que había en la comunidad porque ellos trabajaban en la hidroeléctrica y que incluso les sugirieron acudir a instancias como la Procuraduría General de Derechos Humanos.

Sotero Adalberto Villatoro, otro de los acusados, declaró que que les propuso dejar constancia de lo hablado, para lo cual fue a buscar al juez Anthony Pivaral pero no quiso llegar.

Villatoro comentó que al regresar al quien sonó una lámina y todos salieron corriendo, y que el representante de la empresa Manuel Celso Reyes se quedó, por lo que después lo ayudó a llegar a donde estaba una máquina quemada. Allí, indicó, había unos jóvenes a quienes les dijo que lo dejaran ir que no lo persiguieran.

Francisco Pérez Juan Pérez, quien también declaró, señaló que le sorprendió mucho que lo apresaran porque él no estaba allí y que ahora se le acusen de delitos que no cometió. Refirió que él se siente secuestrado por el Estado, que incluso ni la comida le garantiza en el preventivo.

* Con información de Geldi Muñoz.

Gálvez, a cargo de los procesos judiciales más sonados contra la corrupción en Guatemala, concedió una entrevista a Associated Press, para referirse a las presiones que sufren los jueces en el ejercicio de sus funciones. 

“Lamentablemente para el juez, siempre hay una parte que no está de acuerdo y que, en determinado momento, esa forma de desacuerdo en algunos casos los manifiesta en una forma violenta”, dice Gálvez.

“Los jueces hemos estado acostumbrados a este tipo de situaciones”, afirmó.

El juez ha debido resolver dos de los temas más importantes de justicia en Guatemala en los últimos años: envió a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de dirigir organizaciones de funcionarios y particulares que cometieron actos de corrupción. Y en un juicio por violaciones a los derechos humanos durante la guerra,
puso en prisión al ex dictador José Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio.

Gálvez asegura que el juez resuelve sobre las circunstancias procesales y los medios de investigación que se le presenten. “Esa es para mí la forma como se tiene que impartir justicia” , dice.      

Las amenazas al juez fueron recibidas en la oficina de la seguridad del Organismo Judicial a través de llamadas telefónicas sobre un posible ataque, y en el Ministerio de Gobernación donde se confirmó la información. Sin embargo el juez no se aventura a determinar de donde podrían venir las agresiones.           
   
“Ahora se ha marcado mucho por los mismos procesos que se llevan, por las tendencias de las investigaciones practicadas y las relaciones a ciertos grupos…Como que en determinado momento se pretendieran que no se dictaran resoluciones acorde a derecho”, explicó el juez.         

“En el quehacer humano todos tenemos riesgos”, dice y agrega que “antes de cometer o hacer una injusticia o algo que no es, mejor me retiro”.  

La Corte Suprema de Justicia anunció que reforzaría la seguridad del juez.

Tras la denuncia de las amenazas, varias organizaciones nacionales e internacionales mostraron su apoyo al juez. La Oficina de defensa de los Derechos Humanos en las América, Wola, por sus siglas en inglés y con sede en Washington, Estados Unidos, urgió al estado guatemalteco a garantizar la seguridad del juez, su familia y sus colegas.

“Estoy bastante impresionado y sorprendido, me hace sentir bien”, dijo el juez sobre el respaldo.

En “una semana bastante intensa” , como la definió Morales horas antes de emprender viaje, el presidente se reunirá con sus homólogos de El Salvador y Honduras, Salvador Sánchez Cerén y Juan Orlando Hernández, así como con el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, para hablar del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

El Congreso estadounidense aprobó el pasado diciembre US$750 millones para apoyar el plan que los tres países centroamericanos impulsan desde 2014 para generar condiciones de empleo favorables que desanimen la emigración hacia EE.UU.

Los encuentros con los presidentes centroamericanos y la reunión bilateral con Biden marcarán la agenda de Morales, que incluirá además visitas al Banco Mundial y a algunas fundaciones para recaudar fondos para la lucha de Guatemala contra el cambio climático y los efectos de El Niño.

Otro de los ejes de la visita de Morales será la Cumbre Energética de los Estados Unidos, el Caribe y América Central, en la que Guatemala ofrecerá su potencial para el desarrollo energético de la región.

Actualmente, el país centroamericano produce más del doble de energía de la que requiere, por lo que podría beneficiarse económicamente de sus excedentes.

Asimismo, la cumbre energética abordará el proyecto de gaseoducto mexicano, que está previsto que el próximo año alcance la frontera con Guatemala y cuya ampliación hacia El Salvador y otros países podría contemplarse.

El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, se ubica La Puya, donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.    

La resolución de la Corte Suprema, notificada el lunes, responde a un amparo solicitado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que argumentó que cuando se otorgó la licencia minera en septiembre de 2011, no se realizó una consulta a la población indígena del lugar para establecer si estaban de acuerdo o no con las operaciones de la mina, algo que obliga la ley. 

Rafael Maldonado, abogado de Calas, dijo que la decisión de la Corte Suprema “es una reivindicación de la lucha de la comunidad que ha defendido los derechos humanos de la población”.       
         
En su resolución la Corte dice que como consecuencia del amparo provisional otorgado “se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata” en el lugar. La mina está ubicada en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala.      
    
Según la página web oficial de Exmingua, el proyecto está ubicado a 41 kilómetros de la ciudad capital dentro de lo que denominan Cinturón Regional de Oro orogénico denominado Tambor, una zona de su interés para la extracción de oro y plata y la cual ya estaba funcionando.
                    
Debido a los constantes conflictos que se han dado en el lugar en 2012 se instaló una mesa de diálogo que hasta hoy no ha dado resultados concretos.
       
The Associated Press se comunicó vía telefónica con representantes de Exmingua, para conocer su opinión sobre el fallo de la Corte, que respondieron que atenderían posteriormente la solicitud de información. La misma contestación dijo René Rodríguez, de la oficina de comunicación del Ministerio de Energía y Minas. 

Iván Velásquez, el abogado colombiano a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -un ente dependiente de Naciones Unidas- dijo que es importante que se aproveche la discusión y el rechazo a la corrupción que se está dando en el país para analizar la posibilidad de crear un gravamen que contribuya a mejorar la situación del Poder Judicial.
 “Un impuesto especial y transitorio de vigencia temporal limitada dirigido a gravar patrimonios que superen determinados montos”, dijo Velázquez, “para fortalecer al Ministerio Público en su capacidad investigativa y de cobertura territorial y también al organismo judicial”.
Velásquez recordó que en la época del conflicto armado en Guatemala  (1960-1996) se creó un impuesto para financiar la parte operativa de los acuerdos de paz y que es momento de pasar del discurso anticorrupción a la acción.
Según el informe “Un camino para la justicia” de la Comisión, se requieren más de 1 mil 380 millones de dólares para mejorar la situación del sistema judicial hasta el año 2023.     

Sería muy importante que la ciudadanía participe más.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) November 4, 2015

De acuerdo con el documento de cada quetzal -la moneda nacional- recaudado en impuestos, sólo 65 por centavos llegan al Estado y el resto se perdería en corrupción.       
El país centroamericano vivió en abril una ola de protestas de miles de ciudadanos que salían a las calles en demanda del fin de la impunidad y un alto a la corrupción que culminaron con la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina.   
Jonathan Mencos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo que el Estado invierte sólo el 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto en la justicia, por lo que “la oferta de servicios de justicia es insuficiente”.                
La oficina de Unicef en Guatemala dijo que se reciben a diario al menos 134 denuncias que afectan a la niñez. “De éstas al menos 40 denuncias tienen que ver con la situación de orfandad en la que quedan los niños por los crímenes de sus padres”, dijo Christian Skoog, representante de Unicef en Guatemala.  

La fiscalía guatemalteca confirmó que la Sala Quinta de Corte de Apelaciones “resolvió darle trámite al antejuicio presentado contra el alcalde del municipio de Almolonga”, a quien señalan de haber violado la ley al autorizar el matrimonio de la menor con un adulto.

La niña de 12 años se casó el 23 de noviembre de 2012 con Mariano de Jesús Satey Sop, de 23 años, y fue el mismo alcalde quién ofició la boda.    
 
La fiscalía dijo en un boletín de prensa que iniciaran las investigaciones para deducir la responsabilidad del edil en el hecho.
                    
Las leyes de Guatemala no permiten las bodas de niñas menores de 14 años, aunque sean avaladas por sus padres o tutores.

De acuerdo con  las autoridades, la boda fue celebrada  el 19 de noviembre del 2012  por López de León.
 
La menor pertenece a la familia Siquiná Siquiná, y su esposo fue identificado como Mariano de Jesús Satey Sop, 23.
 
Brenda Maldonado, abogada de la Asociación Nuevos Horizontes de Quetzaltenango, explicó que a la fecha las leyes de Guatemala permiten que niñas mayores de 14 años  contraigan  matrimonio, siempre y cuando tengan la autorización de los padres o de un juez competente.

Boda ilegal

Resaltó que no están autorizados matrimonios de niñas menores de 14 años, aunque los progenitores den la autorización o hagan “tratos” entre familias, situación que podría calificarse como delito de violación a la menor.
 
Maldonado indicó que el artículo 81 del Código Civil permite el matrimonio de niñas de 14 años en adelante, siempre con autorización, ante lo cual el alcalde se extralimitó en sus funciones al efectuar una boda con una niña menor de la edad estipulada en la ley.
 
“El alcalde  contravino la ley. Para nuestra organización no es aceptable ni por costumbre el matrimonio en niñas”, dijo. 
 
Eunice Ramírez, coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva en Quetzaltenango, indicó que toda relación sexual que sostenga una niña menor de 14 años es considerada una violación; lo cual tendrá que definirse durante la investigación para deducir responsabilidades de todos, no solo del alcalde, sino del cónyuge y de los padres de la menor.
 
“Hay investigaciones sobre salud materna que confirman que antes de los 20 años una mujer no está preparada para un embarazo, menos  las niñas menores de 14 años, lo que podría dar condiciones para una muerte materna”,  resaltó la coordinadora.

“Creemos firmemente que tener una organización independiente es el camino correcto para ayudar a Guatemala a contrarrestar el crimen organizado y fortalecer el sistema de justicia criminal”, dice la misiva enviada al mandatario por los miembros de la comisión Eliot Engel, Edward Royce, Albio Sires y Jeff Duncan. 

El gobierno guatemalteco ha manifestado su negativa a continuar con el mandato de la comisión pues asegura que ya han hecho su trabajo en el país, sin embargo sectores sociales aseguran que el estado aún está cooptado por el crimen organizado.

La activista Helen Mack, dice que la comisión es la garantía para rescatar el maltrecho sistema judicial del país.
 
Los legisladores le recordaron al presidente guatemalteco que el Congreso estadounidense discute la ayuda económica de 1 mil millones de dólares solicitada por Centroamérica para financiar un plan que busca frenar la migración de centroamericanos al norte y que la comisión podría ayudar.
 
La comisión fue creada en 2007 para combatir los grupos y aparatos de seguridad clandestinos incrustados en el estado guatemalteco.

La Cicig recibió de la ONU el respaldo para continuar en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)  

Casos emblemáticos
 
La exoneración de un presidente falsamente acusado de homicidio y la desarticulación de bandas criminales dentro del Estado dedicadas a ejecuciones extrajudiciales, adopciones y narcotráfico son los principales méritos de la Cicig de 2007 a 2014.
 
Un informe elaborado por la misma entidad, señaló dichos casos como los más “emblemáticos”  durante sus siete años de apoyo al sector de Justicia guatemalteco, después de ser creada en 2007 por la ONU.
 
El documento fue entregado por la Cicig a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, comisión que deberá rendir un informe al presidente Pérez Molina, para definir la renovación o no del ente de la ONU, cuyo período en la nación del istmo vence en septiembre próximo.
 
El informe comienza su expediente de investigaciones con el caso Rosenberg, quizás el más representativo en la vida de la Comisión, que fue instalada en Guatemala para “apoyar”  al Estado en su lucha contra la corrupción y las estructuras criminales que se han infiltrado en sus instituciones.
 
“El 10 de mayo de 2009 es asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg, quien antes de su muerte, grabó un vídeo inculpando al entonces presidente de la República Álvaro Colom”, afirma el documento.

La Cicig logró determinar que Rodrigo Rosenberg planificó su muerte. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)  

Rosenberg culpó también a la esposa de Colom, Sandra Torres, por el crimen, implicando a la pareja presidencial en una trama de asesinatos políticos y de corrupción.
 
La acusación hizo que el gobierno de Colom se tambaleara en medio “de confrontaciones entre varios sectores de la sociedad”, según el documento.
 
Cuatro días después del asesinato a balazos de Rosenberg en un lujoso barrio de la capital a manos de sicarios, el caso fue traslado a la Cicig, en aquel momento bajo el mandato del abogado español Carlos Castresana, primer comisionado de la entidad.
 
“Cuatro meses después se captura a diez personas de la organización criminal vinculada al asesinato, quienes fueron condenados por los delitos de asesinato y asociación ilícita”, precisa el informe.
 
Por el caso también están “pendientes de enfrentar”  un juicio oral los hermanos Francisco y José Valdez Paiz, primos de Rosenberg, quien ordenó su propia muerte, según determinó la Cicig.
 
La entidad de la ONU fundamentó su caso en las evidencias científicas de llamadas telefónicas del mismo Rosenberg, quien contrató a los sicarios que finalmente le quitarían la vida.
 
La Cicig también identificó “estructuras criminales”  que se asocian con otras “de mayor alcance como la del presunto narcotraficante Juan Ortiz”  pueden “diversificar a otro delitos y ganar influencias”  en corporaciones municipales, consejos de desarrollo, partidos políticos y diputados de la región.
 
De acuerdo a la entidad, durante su mandato también se “logró identificar a grupos de individuos”  de trabajadores del Estado que “se organizaron para utilizar y abusar del poder otorgado con el fin de apropiarse de recursos públicos”.
 
“No se trata de simples casos de corrupción administrativa, si no de la construcción de todo un andamiaje que abarca los distintos niveles de la administración pública”, destaca el documento.
 
En el listado de casos descritos por la Cicig, sobresale la condena de un exdirector de la Policía Nacional Civil en Austria, Erwin Sperisen, al igual que un ex jefe de investigación criminal, Víctor Hugo Soto Diéguez y el de un jefe de la unidad de secuestros de la misma entidad, Víctor Manuel Ramos Molina.
 
En todos los casos, la acusación fue por el delito de “ejecución extrajudicial”, mismo crimen por el que fue condenado un analista del Ministerio de Gobernación  (Interior), Axel Arnoldo Martínez Arriaza.
 
El informe también manifiesta que la Cicig “determinó la existencia de una estructura criminal infiltrada en el Sistema Penitenciario (SP)”  guatemalteco, comandada por el exmilitar Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato del obispo Juan Jose Gerardi Conedera en 1998.
 
La Cicig también relata la condena de una estructura criminal de 35 funcionarios públicos y particulares que operaban en una red “trasnacional”  de tráfico ilícito de migrantes, además de varias redes de adopciones ilegales en la nación centroamericana.
 
La permanencia del ente de la ONU ha sido renovada en dos ocasiones anteriormente por Guatemala, mediante el cruce de cartas con la organización, que tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos.