Haroldo Shetemul | Página 1 | Prensa Libre

Porras y su obra “La fiscal no tiene quien le crea”

Fri, 24 Oct 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Porras y su obra “La fiscal no tiene quien le crea”

Arévalo y su gobierno carecen de una comunicación política eficaz para contrarrestar los ataques en su contra.

24 de octubre de 2025 | 00:02h

Rafael Curruchiche preparó el escenario con gran esmero. Para la ocasión lucía sus mejores galas, y sus sobreactuados ademanes aparentaban ser más firmes. El martes pasado, en el amplio salón del Ministerio Público (MP) se desplegaba una pantalla en la que se informaba sobre las supuestas anomalías por Q7 mil 274 millones 272 mil de un convenio que el gobierno de Bernardo Arévalo suscribió con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El caso espurio de Consuelo Porras y su pandilla buscaría favorecer a las farmacéuticas.

Según el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, esta vez sí impactaría su show, ya que sus anteriores intentos de acabar con Arévalo terminaron en sonados fracasos. Confiaba en que la gente enardecida iría a sacarlo a sombrerazos de la Casa Presidencial. Según él, entre manos tenía un escándalo quizá mayor al que provocó la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El “fiscal del pueblo”, como se hace llamar, creía que sería vitoreado por las multitudes que frenéticas le aplaudirían por destapar un vergonzoso caso de corrupción.

El espectáculo contó con luces de bengala y circo mediático con despliegue de allanamientos, inspección y secuestro de evidencias en el Ministerio de Salud y cinco farmacéuticas. Para que la población se indignara, se inventó un “modelo de negocio” en el que Gustavo Alejos, vinculado a farmacéuticas, recibe dinero y lo deposita en cuentas en el extranjero. Según el fiscal, cuando Arévalo necesita pisto para “actos de corrupción”, los fondos llegan al país y se lo entregan a Santiago Palomo, su secretario de Comunicación Social. O sea, la corrupción llega al nivel más alto del Ejecutivo.

Sin embargo, algo pasó. El libreto de la obra no causó el revuelo esperado. Pasó sin pena ni gloria. La representación teatral evidenciaba que no había sustancia. El caso, como tantos otros fabricados por Consuelo Porras y sus adláteres, se basaba en denuncias de personas anónimas, que quién sabe si existen; tampoco tiene ni una sola prueba contundente que demuestre irregularidades.

Hasta uno de los fiscales que presentaba las supuestas pruebas evidenciaba nerviosismo extremo, como si hubiera estado obligado a mentir frente a las cámaras. La verdad es que hay que reconocer la capacidad imaginativa de Porras y Curruchiche, que estarían bien para escribir el guion de la obra teatral “La fiscal no tiene quien le crea”.

Los mismos autores del sainete saben que el espectáculo no tendrá mucha repercusión porque está montado sobre bases totalmente endebles. Empero, el propósito, igual que los anteriores intentos desestabilizadores de Porras, es desgastar la imagen de Arévalo. Asociarlo con la idea de que es corrupto, lo cual genera dudas en la ciudadanía que esperaba mayor contundencia del mandatario contra los corruptos, como Porras.

Además, buscaría echar por tierra el convenio con la Unops que ha permitido el abastecimiento de medicamentos, equipo y material médico-quirúrgico al sistema hospitalario público, a bajo costo. Es más, hasta la denuncia de Curruchiche reconoce que con este contrato el Estado ha ahorrado en la compra de medicinas. Es claro que uno de los objetivos de Porras y su banda es beneficiar a las farmacéuticas que buscan controlar las compras públicas, porque están vinculadas a la partidocracia tradicional.

Pero mientras sus enemigos hacen hasta piruetas para desbancarlo, Arévalo sigue tranquilo frente a su tablero de ajedrez, como si el país viviera en la dolce vita. Hasta ahora, no se ha dignado a dirigir un mensaje a la nación en el que denuncie el bochornoso montaje de Porras y su pandilla. Ni siquiera hay información masiva para comprender por qué el contrato con la Unops es de beneficio para el país. Como siempre, el presidente y su gobierno carecen de una comunicación política efectiva en momentos de crisis.

Cárceles en poder del crimen organizado

Fri, 17 Oct 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Cárceles en poder del crimen organizado

Ante la debacle carcelaria del país, los guatemaltecos tienen frente a sí el exitoso control de cárceles en El Salvador.

Haroldo Shetemul

17 de octubre de 2025 | 00:02h

La fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2 es un duro golpe para la seguridad del país y evidencia que la crisis del Sistema Penitenciario tocó fondo. En esta ocasión no se puede hablar de que los presidiarios salieron en masa, ya que las autoridades reconocieron que la evasión se dio de forma continuada. Ni siquiera saben cuándo ocurrió porque no contaban bien a los reos. Las cárceles guatemaltecas se han convertido en un chiste. Quien tiene dinero para comprar voluntades no solo puede ingresar desde drogas, bebidas alcohólicas, armas, celulares, televisores, refrigeradoras, construir apartamentos, hasta programar sus salidas temporales o totales.

El Estado ya no manda en las cárceles; los criminales son los reyes y amos.

El caso Renovación 1, habilitada sobre lo que fue El Infiernito, es un ejemplo deprimente. Este centro fue llamado pomposamente de máxima seguridad, con escáneres y cámaras para tener control de los internos. Sin embargo, recientemente, 10 guardias de Renovación 1 fueron detenidos tras conocerse que permitían el acceso de objetos prohibidos a cambio de dinero. Las investigaciones demostraron que los reos pagaban Q10 mil por un celular y entre Q25 mil y Q50 mil por un arma de fuego.

¿Cuál es el problema de Renovación 1 y Fraijanes 2? El mismo de todo el Sistema Penitenciario. Se llevan a cabo cambios cosméticos sobre la misma estructura podrida. La evasión concertada de los pandilleros del Barrio 18 es una muestra clara del cáncer que carcome cualquier reforma carcelaria. Hay que decirlo claramente: el Sistema Penitenciario ya no cumple la función básica de resguardar a los reos, sino que se ha convertido en un espacio donde el Estado ha perdido el control frente al crimen organizado. Es imposible que se pueda hablar de rehabilitación, porque los presidios se han convertido en áreas de solaz y esparcimiento de los presos, quienes no solo viven a sus anchas, sino que dirigen extorsiones y crímenes, bajo la seguridad que les brinda el mismo Estado.

Ante la debacle carcelaria del país, los guatemaltecos tienen frente a sí el ejemplo de lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, donde ha logrado controlar la delincuencia en un alto nivel. A ese mandatario se le podrá criticar que viola los derechos humanos y que su gestión es antidemocrática y autoritaria, pero es indudable que en materia de seguridad ha resuelto el problema.

Para nadie pasa desapercibido ese logro. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, envió una delegación a visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y otras instalaciones carcelarias salvadoreñas y le pidió a Bukele cooperación técnica para construir una prisión para cinco mil reos. Chaves ha dicho que adaptará la experiencia salvadoreña a sus propias necesidades.

¿Qué hará Arévalo frente a la crisis penitenciaria? Ofreció construir una nueva cárcel de máxima seguridad para dos mil reos, un censo penitenciario para conocer el total de reclusos y dijo que pedirá la asistencia del FBI en materia de investigación, inteligencia y control penitenciario.

Estas iniciativas parecieran tratar de resolver el problema, a excepción de la nueva prisión para dos mil reos que a corto plazo podría quedar pequeña y replicar el problema de hacinamiento. Si vemos cómo Costa Rica quiere construir una cárcel para cinco mil presidiarios, no se entiende por qué Arévalo no busca una opción de mayor tamaño.

Además, es importante que el gobernante guatemalteco no eche en saco roto la experiencia salvadoreña de control penitenciario. No solo Costa Rica, sino otros países del continente estudian la experiencia de Bukele que ha demostrado efectividad.

Es importante que Arévalo entienda que ya no estamos para cambios cosméticos del Sistema Penitenciario, se requiere un cambio radical para arrebatar a los criminales el control de las cárceles.

La piñata de los fondos públicos

Fri, 10 Oct 2025 06:02:00 +0000

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La piñata de los fondos públicos

Con el pretexto de que el pasado martes no había sido publicado el veto, 86 diputados decidieron pasar sobre la decisión presidencial.

Haroldo Shetemul

10 de octubre de 2025 | 00:02h

El presidente Bernardo Arévalo sabía que tenía entre las manos una brasa caliente con el decreto 7-2025. La urgencia de vetarlo era porque esa norma no tiene como propósito mejorar la ejecución de las municipalidades, sino permitir la utilización de los recursos públicos en la próxima campaña electoral, sin ningún control. Para nadie era un secreto que las hienas del Congreso no iban a permitir que esos fondos se les fueran de las manos, por las buenas o por las malas.

El estilo diplomático y timorato del presidente Arévalo lo único que ha logrado es que los corruptos le pierdan el respeto.

Pese a esa situación, el mandatario actuó con toda la parsimonia del mundo, como si tuviera frente a sí a las hermanas de la caridad. Hasta el último momento decidió vetar la ley que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a quedarse con el dinero no ejecutado en el presente año fiscal y usarlo a discreción en el 2026. La oposición, encabezada por los diputados Allan Rodríguez y Álvaro Arzú Escobar, no contaba con los 107 votos necesarios para revertir el veto presidencial y por eso recurrió a una artimaña.

Con el pretexto de que el pasado martes no había sido publicado el veto, 86 diputados decidieron pasar sobre la decisión presidencial. Obviamente se trata de un ardid sin ninguna base legal, pero la tardanza de emitir el veto fue aprovechada por quienes quieren hacer piñata los recursos del Estado.

¿Cuál es el problema? La Constitución señala que el mandatario, en consejo de ministros, dentro de los 15 días siguientes de haber recibido el decreto podrá vetarlo y devolverlo al Legislativo. La Carta Magna no ordena la publicación del veto, sino que solo se refiere a la devolución del decreto al Congreso. La Secretaría General de la Presidencia documentó 50 vetos entre 1994 y 2022, de los cuales muchos no fueron publicados, porque ese no es un requisito constitucional.

Si viviéramos en un estado de Derecho pleno, esa situación se enmendaría sin ningún problema. Los diputados Rodríguez y Arzú recurrieron a una güizachada para hacerse de fondos públicos para la campaña electoral del 2026 y un recurso de inconstitucional bastaría para derrumbar la maniobra.

Sin embargo, vivimos tiempos en los que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado que no les interesa defender las disposiciones de la Carta Magna, sino destrozar cualquier decisión de Arévalo, premiar a los corruptos y frenar el avance democrático.

Esa falta de olfato político y de entender que frente a sí tienen a los diputados más corruptos de la historia determinó que ahora, de nuevo, el presidente Arévalo esté contra las cuerdas, en forma totalmente innecesaria. Sobre todo, porque si no logra detener el decreto 7-2025 los partidos opositores podrán disponer de Q9 mil millones para lanzar una campaña proselitista por todo lo alto en el 2026.

A tales diputados no les importa que ese decreto viole de forma flagrante el principio constitucional de anualidad del presupuesto, el cual dispone que los fondos no utilizados deben ser devueltos. Además, establece que se dará por aprobada cualquier solicitud municipal que no tenga respuesta del Ejecutivo en cinco días, lo cual significa una coerción ilegítima. Al imponer un plazo tan breve a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los proyectos de inversión, prácticamente elimina el análisis de los expedientes y la supervisión del avance físico y financiero de las obras de los Codedes.

Eso podría permitir que el presupuesto fluya sin control de ningún tipo. la normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

El estilo diplomático y timorato del presidente Arévalo lo único que ha logrado es que los corruptos le pierdan el respeto y hagan lo que les dé la gana con los fondos públicos.

Justicia al servicio del mejor postor

Fri, 03 Oct 2025 06:02:00 +0000

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Justicia al servicio del mejor postor

Es difícil confiar en que la administración de justicia está en buenas manos.

Haroldo Shetemul

3 de octubre de 2025 | 00:02h

¿Será que hay alguien que todavía dude de la situación desastrosa en que se encuentra la administración de justicia en el país? Desde la Corte de Constitucionalidad (CC), pasando por el Organismo Judicial hasta el Ministerio Público han dado muestras de su desprecio a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

La dictadura judicial que prevalece en el país brinda impunidad y sirve a intereses políticos.

La CC tiene como función fundamental la defensa de la carta magna y del principio de primacía constitucional. Sin embargo, recién acaba de avalar que la Corte Suprema de Justicia designe de manera directa magistrados para las 18 nuevas salas de Apelaciones. Por mandato constitucional, esa elección le corresponde al pleno del Legislativo.

La razón de hacer a un lado al Congreso no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la justicia, sino que es una jugada política del grupo de magistrados de la Corte Suprema que responden a los intereses de Nester Vásquez, magistrado de la CC. El objetivo es consolidar el poder de Vásquez sobre el Organismo Judicial y asegurarse magistrados leales que permitan su reelección como magistrado de la CC.

Los administradores de la justicia tampoco están interesados en la seguridad de la población. El Ministerio de Gobernación convirtió la anterior cárcel El Infiernito en la prisión de máxima seguridad Renovación I para aislar a los reos de alta peligrosidad. Como no surtieron efecto las acciones de los delincuentes que tomaron cárceles y trataron de atacar Renovación I, ahora han utilizado juzgados para lograr el retorno de los criminales a las cárceles anteriores. Varios jueces se han plegado a los intereses del crimen organizado y han ordenado el regreso de presuntos cabecillas de estructuras criminales.

Ese es el caso de Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo; y de Howard Barillas, alias el Matazetas, entre otros, quienes buscarían volver a las cárceles donde ejercen control para dirigir crímenes, como extorsiones y asesinatos.

Otro tanto ocurre con casos como el de Floridalma Roque, que murió en la sala de operaciones por negligencia de Kevin Malouf. El cirujano trató de ocultar el hecho descuartizando el cuerpo y tirándolo en una fosa común, a 29 kilómetros de la capital. El juzgado Quinto de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer el caso por considerar que es “menos grave” y lo trasladó a un juzgado de Paz Penal. Esta resolución es un insulto para la memoria de la víctima, así como para sus familiares que demandan justicia.

De igual manera sucede con el caso de Melisa Palacios, quien presuntamente habría sido ultimada por Fernanda Bonilla y su guardaespaldas Luis Marroquín. Según las investigaciones, la víctima habría sido asfixiada, arrastrada y rematada con una piedra en Río Hondo, Zacapa. Pese a que el crimen habría sido cometido con alevosía y ventaja, los hechores aseguran que ocurrió en estado de emoción violenta. Luego de que un juzgado los enviara a juicio, la defensa recusó el fallo y trata de que el caso sea trasladado a la jueza Abelina Cruz. La treta es clara: llevarlo a una jueza que ha dejado en la impunidad varios casos relacionados con crímenes y corrupción.

A ese hecho se agrega el de Larkin Daniel Morales, quien sufrió un intento de asesinato por parte de Carlos Acevedo. El hechor lanzó tres veces su vehículo contra Morales, quien conducía una moto en la zona 9 capitalina. Pese a la gravedad de la acción, Acevedo solo fue ligado por lesiones graves y obtuvo libertad condicional, mientras que la víctima sufrió la amputación de una pierna. En este caso, el Ministerio Público se hizo de la vista gorda porque presuntamente el victimario ha estado vinculado con esa institución.

Frente a estas evidencias es difícil confiar en que la administración de justicia está en buenas manos. Al contrario, la dictadura judicial se ha ido consolidando para brindar impunidad y servir a intereses políticos.

Rectificación y disculpa pública

Fri, 26 Sep 2025 06:02:00 +0000

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Rectificación y disculpa pública

Le ofrezco mis sinceras disculpas al canciller Carlos Ramiro Martínez porque la información que publiqué es incorrecta.

Haroldo Shetemul

26 de septiembre de 2025 | 00:02h

En mi columna de la semana pasada, reproduje información inexacta sobre el canciller Carlos Ramiro Martínez, en la cual se decía que se prestó a la salida de la Cicig y que boicoteó la elección del presidente Bernardo Arévalo, por lo que habría sido cuestionado en la OEA. He investigado y me doy cuenta de que eso no es cierto.

Rectifico: El entonces presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, y ordenó su expulsión del país, el 27 de agosto de 2017. Frente a esa situación, el canciller Carlos Raúl Morales y el vicecanciller Carlos Ramiro Martínez se negaron a firmar esa orden porque consideraron que era una violación al debido proceso institucional y legal. Según medios periodísticos, el mandatario destituyó a ambos funcionarios y nombró a Sandra Jovel como canciller, quien sí se plegó a sus directrices ilegales.

Martínez fue vicecanciller durante el gobierno de Alejandro Giammattei de 2020 a 2022 y luego fue nombrado embajador en Italia. Por tal razón, es imposible que haya representado a Guatemala en la OEA en 2023 e intentara boicotear la toma de posesión de Arévalo. Asumo mi error y me retracto.

Por ello, le ofrezco mis sinceras disculpas al canciller Carlos Ramiro Martínez porque la información que publiqué es incorrecta. Al contrario, él demostró en 2017 ser una persona íntegra que no se plegó a las disposiciones ilícitas del expresidente Morales contra la Cicig e Iván Velásquez.

Los vínculos de la UNE con el Barrio 18

Fuerte indignación ha causado que una jueza y los representantes de dos instituciones supuestamente humanitarias favorecieran al crimen organizado. La jueza Lisbeth Mireya Batún ordenó el traslado del pandillero Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, de la prisión de máxima seguridad Renovación 1 a Fraijanes II. Ese fallo hacía añicos los esfuerzos del Ministerio de Gobernación de aislar a los jefes de las maras que cometen crímenes contra la población indefensa.

Existen evidencias de los vínculos que mantendría la UNE con los pandilleros que aterrorizan a la población.

Esa resolución fue posible porque la Procuraduría de Derechos Humanos, dirigida por Alejandro Córdova, y la Oficina contra la Tortura elaboraron informes vergonzosos sobre que el líder del Barrio 18 recibe “un trato cruel y degradante” en la cárcel. El objetivo es que el Lobo regrese a Fraijanes donde puede seguir coordinando crímenes. Lo contradictorio es que ahora salgan en defensa de un delincuente, mientras han guardado silencio sobre los malos tratos que han sufrido fiscales, jueces, periodistas y dirigentes indígenas, víctimas de la dictadura judicial y Consuelo Porras.

No se puede obviar que ese jefe pandillero es esposo de María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, líder de la UNE. Existen vasos comunicantes entre ese partido y el Barrio 18. Por ejemplo, Bryan Morales, subdelegado de la Oficina contra la Tortura que favoreció al Lobo fue financista de la UNE y candidato a alcalde de Pueblo Nuevo Viñas. Asimismo, se sabe que ese partido ha colocado en la PDH a personal influyente en áreas de procuraduría adjunta, dirección de recursos humanos y de procuración. No es extraño, entonces, que la diputada Nadia de León —hija de Sandra Torres— haya propuesto el punto resolutivo para instar al Ejecutivo a declarer grupos terroristas a las maras. Bien se podría entender que es una forma de lavarse la cara por los vínculos de esa familia con el jefe pandillero.

El procurador Córdova y los relatores de la Oficina contra la Tortura han hecho un papel abyecto al proteger a un criminal, que purga una condena de 191 años por el asesinato de 11 pilotos de buses, además de enfrentar procesos por otros asesinatos, femicidios y asociación ilícita. Por eso, es impostergable que el Legislativo los destituya por atentar contra la vida y seguridad de los guatemaltecos.

Embajador nombrado a dedo

Fri, 19 Sep 2025 06:02:00 +0000

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Embajador nombrado a dedo

Ya son varios los pasos que ha dado el presidente para congraciarse con la oligarquía.

Haroldo Shetemul

19 de septiembre de 2025 | 00:02h

Cuando el entonces presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, el 31 de agosto del 2018, de manera simultánea envió camiones militares con armas de largo alcance para intimidar al personal que se encontraba en la sede de esa misión. Todo el escenario estaba preparado para desmantelar la lucha contra la corrupción.

Arévalo nombró como embajador en España a quien se dedicó a desprestigiar a la Cicig y justificar su expulsión del país.

En el frente internacional se encontraba Jorge Skinner-Klée, embajador del país en las Naciones Unidas, quien no solo justificó la expulsión de la Cicig, sino que acusó al comisionado Iván Velásquez de impulsar el terror judicial e involucrarse en política. En una entrevista con Ricardo del Rincón, de CNN, Skinner-Klée dijo que Velásquez y la Cicig se habían extralimitado en su mandato, habían violado los derechos de los ciudadanos y se habían metido en campos para los cuales no estaban autorizados. Dijo que el expresidente Morales había sido una víctima de Velásquez porque lo perseguía a él, a su hijo y a su hermano, aunque se cuidó de decir las razones de los ilícitos que estos habrían cometido.

Pero Skinner-Klée no solo atacaba verbalmente, también se involucró de lleno en la conspiración anti-Cicig. Con Manuel Espina, exembajador de Guatemala en Washington; Acisclo Valladares Molina, exembajador en el Reino Unido, y Antonio Arenales Forno, exembajador en Uruguay, conformó un grupo de cabildeo internacional para desprestigiar a la Cicig y justificar su expulsión de Guatemala.

Pese a ese expediente, la fortuna siempre ha acompañado a Skinner-Klée. El presidente Bernardo Arévalo, quien llegó al poder como parte de la ola de la lucha contra la corrupción que impulsó Iván Velásquez, ahora nombra a este diplomático como embajador en España. Ante el repudio que despertó la designación del verdugo de la Cicig, el mandatario obvió referirse a ese rechazo y se limitó a decir que se trataba de una rotación regular y continua de los diplomáticos de carrera.

La justificación de Arévalo es falsa, tal como lo afirma Fernando González Davison, exembajador de Guatemala en varios países sudamericanos y Japón. En un artículo que publicó en el sitio Gazeta,gt, este diplomático dice que le asombra que el presidente que prometió luchar contra los oscuros y el pacto de corruptos justifique ese nombramiento como algo normal cuando Guatemala carece de una academia diplomática formal. “Los embajadores son nombrados a dedo por los presidentes”, expresa. Según González Davison, eso de “diplomático de carrera” no existe, es un invento para “colocar a familiares o amigos de antiguos políticos o militares de gobiernos de turno que hacían parte de las estructuras de corrupción”.

Lo que ha hecho Arévalo es mantener incólume la estructura del servicio exterior, sin cambios de magnitud que reflejen lo que se ha dado en llamar “la nueva primavera”. González Davison también se refiere al actual canciller Carlos Ramiro Martínez, de quien dice: “Siempre ha estado al servicio de los presidentes de turno y de los intereses de los poderosos, incluso del cierre de la Cicig”. Asegura que Martínez, como vicecanciller del expresidente Alejandro Giammattei, intentó boicotear la elección presidencial de Arévalo y por eso fue cuestionado en la OEA. Empero, afirma González Davison, “prevaleció en Arévalo la amistad y compadrazgo con Martínez y lo nombró su canciller”.

Ya son varios los pasos que ha dado el presidente para congraciarse con la oligarquía, mientras se despreocupa de lo que ocurre con quienes arriesgaron hasta su vida para que él pudiera asumir la Presidencia. Ese es el caso de los dirigentes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc Tzay, acusados de terrorismo por su lucha en defensa de la democracia. Así como de quienes han combatido la corrupción, como Jose Rubén Zamora y los fiscales, jueces y periodistas obligados al exilio.

Veto para detener la rapiña

Fri, 12 Sep 2025 06:03:00 +0000

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Veto para detener la rapiña

Además del veto, el presidente Arévalo debería buscar alternativas para agilizar la ejecución de fondos de los Codedes.

Haroldo Shetemul

12 de septiembre de 2025 | 00:03h

El presidente Bernardo Arévalo tiene entre las manos una brasa caliente. El pasado 2 de septiembre, 108 diputados aprobaron el decreto 7-2025, que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a quedarse con los fondos no ejecutados en el año fiscal y utilizarlos en el 2026 sin ningún control, lo cual facilitaría el desenfrenado dispendio de fondos públicos para la próxima campaña electoral. En dos platos: esa normativa abre la puerta de par en par a la corrupción, por algo lleva el sello distintivo del diputado Allan Rodríguez, que así podría contar con recursos ilimitados como en los buenos tiempos que disfrutó durante el gobierno de Giammattei.

Si el mandatario quiere refrendar su ofrecimiento de luchar contra la corrupción, es claro que debe vetar esa ley. Sin embargo, tal medida tiene serias implicaciones negativas en el Legislativo, por el fortalecimiento de la alianza opositora en el Congreso y el desgaste de su imagen en el área rural, donde un alto porcentaje de alcaldes estaría dispuesto a llamar a manifestaciones en su contra.

La nueva disposición es sumamente peligrosa. En tan solo cuatro artículos reforma la Ley del Presupuesto para que los Codedes ya no devuelvan los recursos no utilizados en el año fiscal. Por ejemplo, este 2025, los Codedes solo han ejecutado el 29 por ciento, y el resto quedaría para la piñata. Con eso se crearía una bolsa paralela de fondos sin el control que define la Constitución. El decreto viola en forma flagrante el principio de anualidad del presupuesto, el cual dispone que los fondos no utilizados deben ser devueltos. Con esta nueva norma, la ejecución quedaría de manera ininterrumpida, sin respetar tiempos en la utilización de los recursos públicos.

Además, plantea que se dará por aprobada cualquier solicitud municipal que no reciba respuesta del Ejecutivo en cinco días, lo cual significa una coerción ilegítima. Al imponer un plazo tan breve a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los proyectos de inversión, prácticamente elimina el análisis de los expedientes y la supervisión del avance físico y financiero de las obras de los Codedes. Eso implicaría que el dinero fluya de Finanzas a las municipalidades sin control de ningún tipo. Esta normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

Esta normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

La normativa fue aprobada tras la concreción de una alianza entre los diputados Allan Rodríguez y Luis Aguirre, quienes verían en esta monstruosidad de ley la oportunidad de contar con recursos frescos para la próxima campaña electoral. La voracidad de tener acceso a Q9 mil millones de fondos no ejecutados por los Codedes hizo la magia para que la iniciativa fuera aprobada sin dictamen y de urgencia nacional.

La perspectiva de que se formalice la rapiña del presupuesto que procede de nuestros impuestos obliga al presidente Arévalo a vetar esta norma. Tal medida no estará exenta de contratiempos para la maltrecha gestión gubernamental. El veto podría impactar en forma negativa en la aprobación por el Congreso del presupuesto nacional del 2026 y la conformación de la nueva junta directiva del Legislativo, así como el aumento del descontento popular en el área rural, azuzado por los alcaldes que están en contra del veto.

Pese a ello, es importante entender que la política es el arte de hacer lo posible, como lo expresara Bismarck. El veto no debería ser obstáculo para que el presidente Arévalo busque acercamientos con el Legislativo y la Asamblea Nacional de Municipalidades para explorar alternativas que permitan agilizar la ejecución de los fondos de los Codedes, sin que eso signifique violentar la transparencia en el gasto y se garantice la debida supervisión de las obras.

Porras se ensaña contra los pueblos indígenas

Fri, 05 Sep 2025 06:02:00 +0000

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Porras se ensaña contra los pueblos indígenas

El encarcelamiento de otro dirigente indígena evidencia la política de discriminación y racismo de Consuelo Porras.

Haroldo Shetemul

5 de septiembre de 2025 | 00:02h

El movimiento de los pueblos indígenas jugó un papel fundamental en el 2023 para evitar que el pacto de corruptos, encabezado por Giammattei y Consuelo Porras, diera un golpe de Estado técnico que impidiera la toma de posesión de la Presidencia por Bernardo Arévalo. En octubre de ese año, la marea humana que exigía el respeto al voto ciudadano alcanzó los 22 departamentos del país, siguiendo el ejemplo de los pueblos originarios, principalmente de Totonicapán y Sololá.

Esta es la segunda vez que Porras criminaliza los derechos de los pueblos originarios a la manifestación.

Ahora, el Ministerio Público (MP) se cobra venganza y lanza la cacería contra quienes defendieron la institucionalidad y los trata como criminales. Ese es el caso de Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena de Sololá, a quien señalan por los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Fue detenido cuando iba a tratamiento de diálisis y le rechazaron la solicitud de que fuese internado en el IGSS por su deteriorada situación de salud.

Esta es la segunda vez que Porras criminaliza los derechos de los pueblos originarios a la manifestación y la libre emisión del pensamiento. En abril pasado capturó a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, así como a Héctor Manuel Chaclán, extesorero de esa organización indígena.

¿Cómo es posible que el derecho constitucional a la movilización de los pueblos indígenas el MP los califique de sedición y acciones terroristas? Según el Código Penal, la sedición la cometen quienes impulsan acciones por la fuerza o violencia para deponer o impedir a funcionarios que tomen posesión de sus cargos.

El delito de terrorismo se refiere a la alteración del orden constitucional por medio de la violencia o que se atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. Se considera una amenaza grave contra el orden internacional y puede ser tratado con criterios similares a los delitos de lesa humanidad. ¿En qué cabeza desquiciada cabe calificar de sedición y terrorismo una manifestación pacífica, ampliamente documentada y amparada por derechos constitucionales?

El constitucionalista Mario Fuentes Destarac indica que el derecho de resistencia contra la opresión es la facultad inalienable que tiene la ciudadanía para adversar regímenes despóticos e ilegítimos. Es la facultad que le asiste al pueblo para reivindicar los derechos fundamentales amenazados o coartados, así como para defender la institucionalidad democrática y la participación ciudadana, lo cual está contenido en la Constitución.

De la misma manera, el ex secretario general de la OEA Luis Almagro dijo que de ninguna manera se pueden criminalizar las protestas pacíficas del pueblo guatemalteco porque le asiste la razón. Calificó de “injustas e indignantes” las acciones que llevó a cabo la Fiscalía. “Incluidas las acciones sesgadas e irracionales de algunos agentes del MP que socavan la independencia del voto y amenazan la estabilidad democrática”, afirmó Almagro.

La cacería de Porras contra los dirigentes indígenas forma parte de un patrón de criminalización, que incluye a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y personas que luchan contra la corrupción e impunidad. En mayo pasado, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, señaló a Porras y miembros del Organismo Judicial de ser responsables de esas acciones.

Lo expresado por la relatora confirma por qué el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea han sancionado a Porras y a varios de sus colaboradores: su política de criminalización representa una grave amenaza para la democracia, la justicia y los derechos fundamentales. Toc Tzay, Pacheco y Chaclán son víctimas de esa política y deben ser puestos en libertad.

Sepulcros blanqueados

Fri, 22 Aug 2025 06:02:00 +0000

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Sepulcros blanqueados

Solo los diputados se creen el deprimente espectáculo religioso que viola el carácter laico de Guatemala.

Haroldo Shetemul

22 de agosto de 2025 | 00:02h

Qué tiempos los que nos ha tocado vivir. Quién iba a decir que el diputado Allan Rodríguez, en su faceta celestial, iba a ser el heraldo de la buena nueva de que el texto bíblico sería la guía para la salvación de los pecadores. Olvídense de los ingentes problemas nacionales sobre la salud, la educación, la desarticulación del Ministerio Público por Consuelo Porras o la politización de la justicia. El verdadero problema que nos aquejaba era la falta de un día oficial para la Biblia.

Se les olvidó esconder la larga cola de mañas y saqueos que los acompaña.

Por eso el legislador iluminado blandía la espada divina contra los opositores. “Es el demonio que está actuando a través de esas personas que no les gusta que el nombre de Dios se mencione”, decía el operador mafioso de Giammattei. Rodríguez estaba arropado por pastores evangélicos, sí, los mismos que auparon a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Sandra Torres, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. En coro clamaba por que las antorchas alumbraran, aunque sea con ocote, el camino de los diputados que buscaban salvarnos del pecado capital.

El 12 de agosto fue un día de fe y esperanza. Era sublime la imagen que se proyectaba en el hemiciclo donde los diputados abrieron los brazos y levantaron el rostro al cielo falso del Congreso para dar gracias a Dios porque se concedía un día para las sagradas escrituras. Fueron 110 manos que se elevaron buscando tocar el paraíso luego de aprobar ese designio divino. Con gesto de arrepentimiento ante el ser divino, ellos creían que dejaban atrás el lastre de ser considerados la escoria de la clase política.

Sí, los principales ponentes del Día de la Biblia fueron los miembros del Pacto de Corruptos, encabezados por Rodríguez, acusado del saqueo de los recursos públicos, que provienen de nuestros impuestos. Por ejemplo, el diputado Samuel Pérez presentó una denuncia en su contra por asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El creyente Rodríguez es señalado de haber dirigido una red de corrupción desde el Fondo para la Vivienda, durante el gobierno de Giammattei. Por eso ahora busca que las llamas del infierno no toquen su excelsa investidura parlamentaria.

El escenario era digno de un drama shakespeariano, con tintes bíblicos. Los próceres de la patria, con saco y corbata, alzaban el libro sagrado, pero no para meditar sobre el no robarás, sino para tratar de desviar la atención de otros problemas. Los malpensados le llaman a eso cortina de humo.

Que la ciudadanía los vea como pulcros creyentes recitando el salmo 23: “Dios es mi pastor; nada me faltará”. No importa que con gesto de ovejas redimidas violen la Constitución de Guatemala, que declara el carácter laico de la república, o sea que la función del Estado es la neutralidad religiosa porque respeta todas las creencias y no puede favorecer una sobre las otras.

Claro, en su conveniencia política, los diputados tratan de atraer hacia ellos el futuro voto de los fieles de las denominaciones evangélicas, algunas de las cuales se han plegado al circo de la cleptocracia. Como la del pastor Jorge H. López, que, desde el púlpito, en 2019, pedía el voto para el partido de Giammattei: ¡Vamos a votar!

En la búsqueda de la bendición del hemiciclo, Rodríguez y sus tiernos corderitos del Legislativo trataron de obviar lo que dice el versículo de San Mateo 23:27. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”. En la búsqueda de proyectar una imagen pública de rectitud y devoción religiosa, a estos diputados, como dechados de virtudes, se les olvidó esconder la larga cola de mañas y saqueos que los acompaña. Tratan de aparentar que son justos, piadosos y moralmente irreprochables, pero excretan corrupción, maldad y falsedad.

La chatarra tiene permiso presidencial

Fri, 15 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

La chatarra tiene permiso presidencial

El Ejecutivo firmó un reglamento que abre la puerta a más tragedias en el transporte extraurbano.

Haroldo Shetemul

15 de agosto de 2025 | 00:02h

Un bus destrozado en el fondo de una hondonada. Cadáveres regados entre la maleza. Gritos y dolor de los familiares apagados por el ruido de las sirenas. Así amaneció Guatemala el 10 de febrero pasado, cuando 54 personas murieron y nueve quedaron heridas en la Calzada de la Paz. La tragedia fue brutal, pero más brutal aún es descubrir que, medio año después, el gobierno literalmente se lavó las manos y le dio el visto bueno a un acuerdo gubernativo que favorece a los empresarios del transporte. Prometieron cambios. Juraron que no se repetiría, pero mintieron como los regímenes anteriores.

La renovación del parque vehicular
no es un capricho.

Un mes después del accidente, el Ministerio de Gobernación cometió el primer despropósito: quiso imponer un seguro obligatorio a todo tipo de vehículo, no solo al transporte de pasajeros, y amenazó con sanciones a quienes no lo tuvieran. Eso generó un fuerte descontento popular, y las autoridades tuvieron que dar marcha atrás. Hoy, seis meses después del accidente, el gobierno supera su propio récord de torpeza con el acuerdo gubernativo 140-2025. Un documento que, lejos de proteger vidas, las pone más en riesgo.

El viernes pasado, el Diario de Centroamérica publicó esas reformas al acuerdo 225-2012, que regula el transporte extraurbano. Lo más grave: desaparece la prohibición de que circulen buses con más de 25 años, establecida en el acuerdo 535-2013. No es un descuido. Es una omisión calculada. Se ignora la norma más reciente para favorecer a los empresarios. El mensaje es claro: primero es el negocio, después la gente.

Para disfrazar la maniobra, en el artículo 2 inventaron un “control” mecánico cada cinco años. Sí, leyó bien: cada cinco años. Y no a cargo de una autoridad especializada, sino de cualquier taller, técnico o mecánico inscrito en la SAT. Incluso los talleres de los propios dueños de buses podrán “inspeccionar” sus unidades. Un sistema hecho a la medida para el soborno, la simulación y la autocertificación fraudulenta.

Las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT) y los empresarios de buses extraurbanos se tardaron seis meses para parir un reglamento que insulta la memoria de las víctimas y legitima la chatarra rodante. Más de 10 mil unidades obsoletas, antes prohibidas, tendrán vía libre para volver a las carreteras. Un triunfo absoluto para los empresarios. Una derrota mortal para los pasajeros.

El nuevo “control” es una burla. Un rótulo de “taller” y un sello bastarán para validar cualquier carcacha. La corrupción hará el resto. El Estado abdica de su obligación de proteger la vida y se convierte en cómplice de un transporte que mata. Ahora veremos cómo de forma casi suicida los pilotos de las unidades extraurbanas se disputarán aún más el pasaje y los buses volarán a altas velocidades, porque el reglamento les vale un comino.

El acuerdo lleva las firmas del presidente Bernardo Arévalo; del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, y del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica. ¿Será que leyeron lo que suscribieron? Porque, al estampar sus nombres, se sumaron a la larga lista de funcionarios que protegen negocios oscuros a costa de vidas humanas.

La renovación del parque vehicular no es un capricho. Es una necesidad urgente para reivindicar el derecho de los usuarios a contar con un transporte digno. Y, sin embargo, lo que el gobierno ofrece es un salvoconducto para perpetuar un sistema podrido. Este acuerdo no solo prolonga la inseguridad: legaliza el peligro y condena a los usuarios a viajar en unidades obsoletas y riesgosas, con la bendición oficial.

La memoria de las víctimas exige respeto, no un reglamento que abre la puerta a nuevos accidentes mortales. Lo que el Ejecutivo firmó no es una política de transporte: es una licencia para que las carreteras se llenen de chatarra que podría enlutar a más hogares.

El emperador en ciernes

Fri, 08 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

El emperador en ciernes

La nueva tiranía de Bukele coopta el poder judicial y legislativo, además de desmantelar la separación de poderes.

Haroldo Shetemul

8 de agosto de 2025 | 00:02h

Nayib Bukele no deja nada a la improvisación. Cuida cada detalle de su imagen y discurso para prender en las masas el culto a su personalidad. En más de una ocasión ha aparecido en público luciendo una chaqueta negra de corte militar, con bordados dorados en el cuello, acompañada de la banda presidencial.

¿Qué lo diferencia de Ortega y Murillo? Sus métodos, modernos y efectivos.

La vestimenta no responde al protocolo republicano, sino a una puesta en escena con reminiscencias monárquicas. Los bordados de oropel en los puños del saco evocan motivos barrocos. El cuello alto y cerrado recuerda el atuendo de gala de emperadores europeos o dictadores del siglo pasado. Es la apariencia que trata de proyectar quien se define a sí mismo como “el dictador más cool del mundo”. O sea, sin pudor ha dicho plenamente lo que quiere hacer: perpetuarse en el poder.

El mandatario salvadoreño no encaja en la clásica figura del tirano latinoamericano. Los déspotas de antaño han llegado al poder por la vía del golpe de Estado, han suprimido toda la oposición con violencia y gobernado sin ningún tipo de legitimidad democrática. Es el caso de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que se imponen a la fuerza en Nicaragua, con represión y terror, o Nicolás Maduro, con un fraude electoral.

La deriva autoritaria de Bukele es diferente. Busca eternizarse en el poder sobre la base de sus éxitos en el combate de las pandillas, lo cual le ha deparado un arrastre popular arriba del 85%. Las masas obnubiladas pasan por alto que ese triunfo lo logró aplastando los derechos humanos, persiguiendo a los periodistas críticos y clausurando ONG incómodas.

El caso Bukele es una paradoja fundamental: ¿Puede un gobernante violar la Constitución si el pueblo lo apoya? Claramente la respuesta es no. La legalidad y el respeto a la Carta Magna salvadoreña, que una vez él juró, no es negociable. El milenial que se vendió como un outsider en las elecciones del 2019 borró del mapa a la derechista Arena y el izquierdista FMLN, que se ahogaron en su podredumbre de corrupción. Encarnó el hartazgo de las masas contra la cleptocracia que volvió inservibles los acuerdos de paz. Ahora Bukele demuestra que también es hábil en amasar riqueza desde el poder.

En el 2021, su partido Nuevas Ideas ganó la mayoría legislativa y asumió el control total del Congreso, para reelegir a Bukele en el 2024 de manera inconstitucional, y ya en el 2025 reformar el sistema electoral para permitirle quedarse en el poder de manera indefinida.

El gobernante encarna un modelo de populismo autoritario, para lo cual desmantela los controles institucionales. La nueva tiranía coopta el poder Judicial y Legislativo, elimina la separación de poderes, lo cual le permite modificar leyes y decisiones a su sabor y antojo.

Las masas aclaman a Bukele como el salvador de su país. En esa efervescencia no les importa sacrificar derechos y libertades, pasan por alto la militarización y que pisotee la constitución. Todo sea por la seguridad.

El monarca en ciernes mantiene extasiada a la población con una comunicación política directa, muy cool. Cautiva a su audiencia con mensajes directos en las redes sociales, de X a Instagram y TikTok. Emplea discursos emotivos, memes y ataques certeros contra la prensa crítica y sus pocos opositores, que son celebrados por sus millones de seguidores. De esa manera controla el relato mediático y ha logrado desplazar a los medios tradicionales en la construcción de la realidad política.

Como un rockstar, Bukele es la nueva versión del sátrapa que busca perpetuarse en el poder. ¿Qué lo diferencia de Ortega y Murillo? Sus métodos, modernos y efectivos, pero al final de cuentas persigue lo mismo: erigirse en un dictador, que representa una seria amenaza para la legitimidad del Estado de derecho y la estabilidad no solo de su país, sino de Centroamérica en su conjunto.

Expuestos a un tóxico letal

Fri, 01 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Expuestos a un tóxico letal

Los vecinos de un sector de la zona 12 estuvieron expuestos a un químico letal durante más de cinco meses.

Haroldo Shetemul

1 de agosto de 2025 | 00:02h

Si no hubiera sido por una denuncia ciudadana es muy probable que los vecinos de un sector de la zona 12 capitalina todavía estuvieran expuestos a la inhalación de un químico altamente tóxico. Sergio Vega utilizó las redes sociales para dar a conocer que estaban siendo envenenados los habitantes de una amplia área, que incluye de la 46 a la 55 calles, de la zona 12, del lado de la avenida Petapa. También mencionó entre las afectados a los residentes en las colonias Ciudad Real 1 y 2, Miles Rock, Reformita, Vientos del Valle y Villas de la Colina. El problema se ha extendido a Villa Nueva.

Los vecinos de un sector de la zona 12 estuvieron expuestos a un químico letal durante más de cinco meses.

Los vecinos estuvieron expuestos a un fuerte olor químico todos los días, principalmente en horas de la madrugada, el cual les causaba náuseas, dolores de cabeza, irritación de ojos y dificultad para respirar. Vega destapó el hecho el 16 de junio, pero aseguró que los pobladores afrontaban este problema desde principios de febrero, sin que ninguna autoridad investigara el origen de las emanaciones.

Debido a la presión ciudadana, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) decidió investigar este hecho. Junto con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), esa cartera tomó muestras de las aguas residuales del sector, donde encontraron restos de terbufos, una sustancia tóxica para el ser humano y el medio ambiente.

Se trata de un pesticida que se utiliza en labores agrícolas para controlar plagas del suelo. El problema es que puede causar envenenamiento grave en los seres humanos, náuseas, convulsiones y hasta la muerte. Según el MARN este pesticida está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como de clase 1A, el más letal. Este agente puede producir efectos severos en el sistema nervioso, afectar la respiración y causar serios daños por inhalación o contacto con la piel. En varios países, su uso está prohibido por su alta toxicidad y riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El MARN identificó a la Almacenadora del País, S.A. (Alpasa) como la fuente de contaminación de este pesticida y lo peor es que no tiene licencia ambiental para almacenarlo. Esa empresa se especializa en dar servicios de bodegas a otras compañías e instituciones, supuestamente con procesos de seguridad para la gestión ambiental. Sin embargo, en esta ocasión se evidenció que no tienen ningún control de agentes letales como el terbufos, que mantiene en toneles que habrían tenido derrames.

Hay otro responsable: La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que ha mantenido almacenado en Alpasa este agente tóxico desde hace 26 años. Si no se hubiera dado a conocer este foco de contaminación, la SAT mantendría el pesticida embodegado por los siglos de los siglos, porque es muy probable que ni siquiera sus actuales autoridades tuvieran conocimiento de ello.

Es extremadamente grave que un agente tóxico, como este pesticida, sea manejado de la peor manera, tanto por la almacenadora, como por la entidad responsable de su almacenamiento. Los vecinos del sector pudieron afrontar consecuencias más letales si no hubiera trascendido la denuncia de una persona en las redes sociales. No solo se trata de que el MARN haya identificado el problema, es fundamental que los responsables sean investigados y sean merecedores de las sanciones que correspondan.

Desde el 11 de julio pasado el MARN presentó una denuncia en el Ministerio Público, pero este no ha dicho absolutamente nada, como si la salud de los vecinos no le importara. Lo mismo ocurre con el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, que tampoco ha actuado. Este hecho grave no puede quedar impune porque los vecinos de la zona 12 estuvieron expuestos a un tóxico letal durante más de cinco meses.

Epílogo de un bravucón

Fri, 25 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Epílogo de un bravucón

Tras el fracaso de su huelga, Acevedo creyó que podía encabezar un diálogo nacional, pero el gobierno no cayó en la trampa.

Haroldo Shetemul

25 de julio de 2025 | 00:02h

Desde el 14 de mayo pasado, los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron carpas en el Zócalo y varias calles del centro de la Ciudad de México. Las acciones se impulsaban en demanda de la derogatoria de un sistema de pensiones que consideraban injusto. El plantón frente al Palacio Nacional fue seguido de manifestaciones, algunas con actos violentos. Se calcula que la huelga paralizó cerca de 20 mil centros educativos y afectó a 1.2 millones de estudiantes, sin que lograran su objetivo.

Tras el fracaso de su huelga, Acevedo creyó que podía encabezar un diálogo nacional, pero el gobierno no cayó en la trampa.

El 7 de junio, 24 días después, la CNTE levantó el campamento del Zócalo, tras soportar las inclemencias del tiempo. Los maestros tuvieron que reiniciar las labores educativas. “No estamos cansados ni fracasados, estamos pausados”, dijeron los dirigentes.

Como si fuera una copia del movimiento mexicano, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, hizo lo mismo: ocupó la Plaza de la Constitución, donde instaló carpas y suspendió clases en tres mil 500 centros educativos. Su principal demanda era que el gobierno firmara el pacto colectivo en el que persistían privilegios que le habían otorgado las administraciones anteriores.

Esta vez, no tuvo la misma suerte, porque la ministra Anabella Giracca se negó a mantener las prebendas y se adelantó a otorgar un aumento salarial de 5%, superior al 3% que les concedió el gobierno de Giammattei. Además, la Procuraduría General de la Nación presentó varios amparos para obligar a los afiliados del STEG a retornar a las aulas.

Los cálculos no le salieron a Acevedo. Durante 56 días mantuvo a sus seguidores a la intemperie, bajo el sol, la lluvia y en condiciones insalubres. Creyó que el espectáculo de múltiples carpas en la Plaza de la Constitución iba a ablandar al presidente Arévalo y a la ministra Giracca. Al contrario, fue cercado por las multas impuestas por un juez, luego de que se negara a levantar las medidas de hecho y volver a las aulas.

La bromita le salió en Q3 millones 488 mil en multas que deberán pagar los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y demás dirigentes del STEG. De nada le ha valido al líder magisterial tener a su favor a los magistrados de la CC, a Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, y a varios políticos tradicionales que consideraban que esta vez sí iban a quebrar al gobierno de Arévalo.

Luego de una última movilización magisterial que llegó a la capital, Acevedo tuvo que recoger sus bártulos. Los maestros ya no aguantaban más vivir a la intemperie, mientras su líder dormía a cuerpo de rey. La noche del 21 de julio, tras 56 días, sus seguidores levantaron las carpas de la Plaza de la Constitución y se fueron por donde vinieron.

Sin más medidas para presionar, Acevedo se ve en la calle de la amargura, apenas apapachado por la fracción de la UNE dirigida por Sandra Torres. Como por arte de magia se saca de la manga la iniciativa de encabezar un diálogo nacional para resolver los principales problemas del país, por supuesto, de la mano de los diputados uneístas. Sin embargo, el gobierno no cae en la trampa y le responde que la convocatoria de un diálogo nacional no le corresponde a él, ni al Legislativo.

Acostumbrado a amenazar a diferentes gobiernos, Acevedo se va con las manos vacías. No todos sus seguidores continúan la huelga. Arévalo asegura que, desde el levantamiento de las carpas, unas mil escuelas reiniciaron las clases. “No hay vencidos ni vencedores”, pregona Acevedo, pero quién sabe si dará su brazo a torcer.

Aunque amenaza con una segunda fase de su lucha, el problema será convencer a sus seguidores de que su movimiento puede triunfar, pese a haber dañado el ciclo escolar y tener en contra el rechazo popular. Con él, nada se descarta.

Apuestan por la opacidad electoral

Fri, 18 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Apuestan por la opacidad electoral

Para las próximas elecciones, el pacto de corruptos busca la opacidad para tratar de burlarse de la voluntad popular.

Haroldo Shetemul

18 de julio de 2025 | 00:02h

¿Qué habría ocurrido si en las elecciones del 2023 no hubiera habido presencia de observadores internacionales? Es muy probable que se hubiera cometido un fraude electoral para imponer a Manuel Conde, del partido oficialista Vamos. Quizás Bernardo Arévalo no fuera presidente y estuviera en el exilio. Por supuesto que la ciudadanía guatemalteca, principalmente los pueblos originarios, encabezados por los 48 Cantones de Totonicapán, habrían dado la batalla, pero en un ambiente aún más adverso.

Para las próximas elecciones, el pacto de corruptos busca la opacidad para tratar de burlarse de la voluntad popular.

La presencia de los veedores externos es vital en las elecciones de países donde los procesos electorales son traumáticos y están amenazados por estructuras paralelas que buscan la continuidad de regímenes corruptos, como es el caso de Guatemala. Los observadores tienen experiencia alrededor del mundo y sus estándares permiten certificar si una elección fue trasparente o no. No a todos los políticos les gusta el respeto de la voluntad popular expresada en los votos. Ese es el caso de Conde. El 27 de junio pasado, en una reunión de políticos en el TSE, ese excandidato de un partido que ya está cancelado se pronunció contra la presencia de los observadores internacionales y pidió que se limite su participación en las elecciones del 2027. Por ello, le solicitó al TSE que se elabore un instructivo para restringir la labor de los acompañantes internacionales.

La molestia de ese excandidato tiene una razón muy sencilla. Giammattei buscaba que Conde continuara su régimen de impunidad y corrupción. Lo hizo visible en las giras departamentales, además de invertir en él millones, procedentes de nuestros impuestos. Con el respaldo del TSE, Giammattei eliminó a los presidenciables que le podían hacer sombra. Así desaparecieron del proceso electoral Carlos Pineda, Roberto Arzú y Jordán Rodas. Dejaron a Edmond Mulet y a Zury Ríos porque confiaban que con ellos podían continuar la rapiña en el Estado. Lo que no lograron advertir fue que el descontento por la manipulación del proceso le daría aliento a Arévalo, un aspirante que no aparecía en los primeros lugares de las encuestas. A los golpistas les cayó un balde agua fría cuando las diferentes misiones extranjeras dieron a conocer que la votación había sido válida y transparente, a partir de sus propios escrutinios. Conde despotrica contra los observadores porque le echaron a perder la fiesta golpista. Él se veía con la banda presidencial, flanqueado por Giammattei, Miguel Martínez y la corte del pacto de corruptos.

La maniobra de Giammattei había sido de tal magnitud que aún confiaba el 14 de enero del 2024 que podía evitar la toma de posesión de Arévalo. A las 10 de la noche de ese día envió en una bolsa de supermercado la banda presidencial, el collar y el botón de jade, insignias que acompañan la ceremonia oficial. Hasta esa hora se dio cuenta de que no había cuajado el golpe de Estado que promovía, en compañía de Felipe Alejos, Sandra Torres, Consuelo Porras y sectores empresariales afines.

Los observadores son vitales porque pueden dar la voz de alarma internacional contra las prácticas antidemocráticas. En Venezuela fueron ellos quienes constataron y denunciaron que Nicolás Maduro cometió un fraude electoral para aferrarse al poder, pese a que en las urnas había triunfado el opositor Edmundo González Urrutia.

Conde quiere seguir el camino de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes impidieron que en las elecciones nicaragüenses participaran observadores internacionales, además de eliminar a los principales opositores, encarcelarlos y luego enviarlos al exilio para mantener su dictadura. Por eso es importante que el TSE no acepte en ninguna circunstancia que se limite la participación de los observadores internacionales en los comicios del 2027.

Acevedo acumula más repudio

Fri, 11 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Acevedo acumula más repudio

El STEG mantiene la paralización de clases desde hace 52 días y ahora bloquea carreteras para retener sus privilegios.

Haroldo Shetemul

11 de julio de 2025 | 00:02h

A Joviel Acevedo, al frente del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), no le basta con mantener paralizadas las clases desde hace más de 52 días, sino que ahora se lanza a bloquear el tránsito a nivel nacional. Como no le ha funcionado la presión con sus carpas en la Plaza de la Constitución, ayer obstruyó 21 tramos carreteros, a pesar de que el país se encuentra en alerta naranja debido a la serie de sismos que ha afectado a los guatemaltecos.

El STEG mantiene la paralización de clases desde hace 52 días y ahora bloquea carreteras para retener sus privilegios.

Estas medidas de hecho que van en detrimento de la población estudiantil y de quienes utilizan la red vial solo pretenden retener los privilegios que los gobiernos anteriores le dieron a este dirigente. Sin embargo, son muestras de desesperación. Los sindicalistas buscan a toda costa la suscripción de un pacto colectivo abiertamente ilegal y que ha contribuido al deterioro del sistema educativo. Por esa razón, a medida que avanza el tiempo, Acevedo acumula más rechazo popular.

A la fecha, los sindicalistas suman diez amparos judiciales para que suspendan el paro de labores que comenzaron el 19 de mayo. Los amparos exigen detener de forma inmediata las medidas de hecho por ser ilegales y lesionar el derecho a la educación de los niños. Acevedo se envalentona sabiendo que cuenta con el respaldo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes decidieron no suspender de forma provisional siete artículos del pacto colectivo que el Ministerio de Educación considera inconstitucionales.

El fallo de la CC fue a todas luces un golpe bajo a la Carta Magna porque avala la interferencia de un sindicato en las funciones internas de un ministerio. Entre esas acciones está que el STEG debe aprobar los programas destinados a la mejora de la educación y que las capacitaciones de los maestros deben estar dentro del marco del pacto colectivo. Estas son aberraciones que golpean la Constitución.

No solo la CC está alineada con Acevedo. También el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, da muestras de importarle un comino la paralización de labores académicas. La fiscalía no actúa con la celeridad con que atiende casos en contra de funcionarios del gobierno. Desde el 23 de junio, el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social emitió un amparo provisional a favor de la Procuraduría General de la Nación.

La resolución judicial ordenó al STEG levantar la suspensión indefinida de clases en un plazo de 48 horas. Como el fallo no fue acatado por Acevedo, el juzgado cursó la documentación al MP el 25 de junio para que iniciara las acciones penales correspondientes por desobedecer las leyes del país. No obstante, 15 días después Porras se desentiende de la crisis educativa del país y le da alas a Acevedo.

Pese a esos apoyos, las huestes sindicales se encuentran cercadas y desesperadas. Mantener su campamento en la Plaza Mayor les está pasando el costo a los seguidores de Acevedo que deben sobrevivir en condiciones insalubres y con todo tipo de incomodidades desde hace 52 días, sin que se vislumbre un resultado positivo a corto plazo. Lejos de recibir apoyos, el STEG acumula repudio de la mayoría de sectores por anteponer sus privilegios a la educación de los niños.

Esa habría sido la razón por la que ahora salga a bloquear carreteras con la esperanza de visibilizar sus acciones, pero de nuevo los sindicalistas solo han acumulado más rechazo popular. La paralización del tránsito ocurre en un momento difícil para la población que aun afronta las secuelas por la serie de sismos que han dejado miles de damnificados.

Lejos de contribuir a la solución, el sindicato magisterial se convierte en otro problema. Por más que patalee, las acciones de Acevedo solo van a acumular más condenas por el grave daño que le ocasionan a la educación y al país.

Quijivix, una nueva puesta en escena

Fri, 04 Jul 2025 06:02:00 +0000

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Quijivix, una nueva puesta en escena

Quijivix habría contado con el aval del entorno de Giammattei para lavar dinero y desfalcar al Estado.

Haroldo Shetemul

4 de julio de 2025 | 00:02h

Con una sonrisa, Melvin Quijivix fue llevado a la Torre de Tribunales por agentes policiales. Más que la captura de alguien denunciado por lavado de dinero y el desfalco de Q8.6 millones al Estado, parecía la más reciente puesta en escena del Ministerio Público (MP) para dar la apariencia de ejecutar acciones contra el entorno del exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Quijivix habría contado con el aval del entorno de Giammattei para lavar dinero y desfalcar al Estado.

El expresidente del consejo directivo del Inde estuvo prófugo de la justicia durante varios meses, pero ahora dice que se pone a disposición para esclarecer los hechos. El detenido lucía en su brazo izquierdo un cabestrillo, símbolo distintivo de quienes gozan de los favores de las autoridades. Los incómodos grilletes están reservados para los enemigos de Consuelo Porras y los ciudadanos de a pie.

El ahora aprehendido formaba parte del Centro de Gobierno, una instancia que Giammattei constituyó al gusto de Martínez, su pareja sentimental. Quijivix había sido contratado como delegado en el Ministerio de Energía y Minas. Poco duró el gusto porque la duplicidad de funciones que significaba esa dependencia generó muchos anticuerpos y rechazo en diversos sectores.

A regañadientes, el exmandatario, con todo el dolor de su corazón, tuvo que cerrarlo en diciembre del 2020, pero no dejó en la calle a los favoritos de Martínez, ya que la mayoría de ellos fueron incorporados en otras áreas del Ejecutivo.

Ese fue el caso de Quijivix, a quien le buscaron un buen destino. La mejor idea que se les ocurrió fue crear una plaza fantasma en el renglón 0-22 en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), seis días después del cierre del Centro de Gobierno. El problema es que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) rechazó el requerimiento porque la plaza no era viable técnica ni legalmente, debido a que las atribuciones del puesto le correspondían a la titular de la Segeplán.

Ni lenta ni perezosa, Keyla Gramajo, jefa de Segeplán, se quejó con Giammattei, quien montó en cólera por la falta de obediencia de la Onsec. La estrategia que siguieron fue que Gramajo le dirigió una carta al presidente, en la cual solicitaba la plaza, y Giammattei le dio el visto bueno, con su firma y sello. Así, quién se iba a oponer, pero quedó la evidencia de que el expresidente autorizó la plaza fantasma.

Un año después, el favorito ascendía a la presidencia del Inde, no por su capacidad o experiencia, sino porque contaba con el beneplácito de Giammattei y Martínez. Entre las gracias del nuevo titular del Inde estuvo la contratación de 211 personas en el renglón 0-22, una de ellas, su propia esposa, Nina Patricia Román.

Al contar con el respaldo al más alto nivel del Ejecutivo, a Quijivix no le importó contratar los servicios de la consultora Mine, de la cual él mismo era gerente general y cuyo domicilio fiscal era su casa. También benefició a Grupo Eda, otra de sus empresas, que vendió energía a hospitales, y a Corporación Educativa en Informática, cuyo propietario es su suegro, Julio Isaías Román.

Por esa razón, el 4 de noviembre pasado, el actual gobierno denunció a Quijivix por el desfalco de Q8.6 millones, que llevó a cabo por medio de la contratación de servicios de sus propias empresas y de sus familiares. También fueron denunciados el expresidente Giammattei y la exjefa de Segeplán, por abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Debido a estos antecedentes, es muy probable que ya exista alguna estrategia para favorecer a Quijivix, porque si el MP estuviera interesado en esclarecer la verdad, tendría que investigar las implicaciones de Giammattei y Martínez. Eso, obviamente, no lo hará. Para más el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Quijivix en la Lista Engel de actores corruptos desde julio del 2022.

La desnutrición que mata el futuro

Fri, 27 Jun 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

La desnutrición que mata el futuro

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas.

Haroldo Shetemul

27 de junio de 2025 | 00:02h

La desnutrición infantil en Guatemala sigue siendo un flagelo que está lejos de erradicarse. Según el Ministerio de Salud, en los primeros cuatro meses de este año han muerto siete niños menores de 2 años a causa de desnutrición aguda. Pero el panorama es aún más alarmante: los fallecimientos son apenas la punta del iceberg, ya que existe un amplio subregistro de casos de desnutrición crónica, especialmente en las regiones rurales donde no llega la asistencia gubernamental prometida.

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas.

Cuando Bernardo Arévalo asumió la presidencia, en enero del año pasado, se comprometió a reducir los índices de desnutrición infantil que colocan a Guatemala en el vergonzoso primer lugar de América Latina y el sexto a nivel mundial. Sin embargo, tras 17 meses de gestión, los resultados distan mucho de lo esperado. Expertos en la materia advierten de que el gobierno no cuenta con un plan estructurado para prevenir la desnutrición, en sus diferentes manifestaciones.

La niñez guatemalteca sufre dos tipos principales de desnutrición: aguda y crónica. La primera implica una pérdida rápida de peso en relación con la talla, provocada por una deficiencia severa de nutrientes en un corto período. Sus causas van desde enfermedades infecciosas —como la diarrea— y hambrunas, hasta la falta de alimentación suficiente o de calidad. Se manifiesta con debilidad muscular, mayor riesgo de infecciones y puede ser letal.

La desnutrición crónica, en cambio, es un retraso en el crecimiento causado por una alimentación deficiente de forma prolongada, desde el embarazo hasta los primeros años de vida. La raíz del problema está en dietas pobres en nutrientes, falta de agua potable y condiciones de pobreza extrema. Esta forma de desnutrición provoca daños irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo, afecta la capacidad de aprendizaje y eleva el riesgo de enfermedades crónicas.

Mientras la desnutrición aguda exige respuestas inmediatas ante emergencias, la crónica revela un problema estructural más profundo, reflejo de desigualdades sociales históricas. Requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo. Es inadmisible que, en un país con tanta riqueza agrícola, la infancia siga siendo víctima de inseguridad alimentaria.

Durante décadas, distintos gobiernos han prometido enfrentar este drama, pero la corrupción ha devorado los recursos destinados a combatirlo. Según Unicef, la desnutrición crónica afecta al 47% de los niños menores de 5 años. Las comunidades indígenas y rurales son las más golpeadas, con un acceso limitado a alimentos nutritivos, agua potable y servicios básicos de salud. A ello se suman los efectos del cambio climático, que con sus prolongadas sequías agrava la pobreza extrema.

Los datos oficiales muestran que la desnutrición crónica severa en menores de 5 años está presente en 14 departamentos, especialmente en el llamado corredor seco (Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa), una región particularmente vulnerable a la inseguridad alimentaria y cuyos habitantes afrontan hambrunas permanentes.

Pese a los reiterados ofrecimientos gubernamentales, la realidad es desalentadora. En declaraciones a Prensa Libre, María Marta Ramos, representante de la Instancia de Consulta y Participación Social, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, señala que el gobierno carece de un plan integral para prevenir tanto la desnutrición aguda como la crónica. “Es frustrante”, dice, “porque las autoridades saben qué hacer, pero no accionan”.

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas. Mientras tanto, la desnutrición continúa cobrando vidas y condenando a la niñez guatemalteca a un futuro sin oportunidades.

Justicia secuestrada

Fri, 13 Jun 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Justicia secuestrada

La justicia está al servicio de la cleptocracia y es utilizada como instrumento de persecución política.

Haroldo Shetemul

13 de junio de 2025 | 00:02h

Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones tomaron posesión el 13 de octubre del año pasado, se pensó que la elección había sido balanceada y que los nuevos funcionarios impartirían justicia de forma independiente, sin vínculos políticos. Ocho meses después, el panorama judicial es desolador: la justicia continúa siendo instrumentalizada para la persecución política y permanece secuestrada por redes clientelares vinculadas al partido Vamos y sus aliados.

La justicia está al servicio de la cleptocracia y es utilizada como instrumento de persecución política.

Durante la pasada elección en el Congreso, las fuerzas encabezadas por el diputado Allan Rodríguez —quien representaría los intereses del expresidente Giammattei— lograron aglutinar los votos de al menos 12 bancadas, entre ellas, Valor, UNE, Unionista, Todos, Cabal y Bien. Las resoluciones más recientes de jueces y magistrados confirman que persiste un nefasto contubernio con el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras.

Esta semana, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones agregó el delito de Asociación ilícita contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. Ese sería el tercer delito que se les imputa. Desde abril pasado, están en prisión por cargos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Este nuevo cargo ilustra con crudeza la criminalización sistemática de las protestas ciudadanas.

Esto es sintomático de la utilización de la justicia como forma de venganza política, porque en el 2023 el movimiento indígena exigía la renuncia de Porras y el respeto al voto ciudadano que estaba en peligro por las acciones golpistas encabezadas por la fiscal general. Ellos no actuaban solos, sino como presidente y tesorero, respectivamente, de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y ejercían sus derechos a la manifestación y a la libre emisión del pensamiento. Tanto Porras como los magistrados violan flagrantemente esos dos derechos consagrados en la Constitución.

En forma paralela, el abogado Eduardo Masaya, quien fuera aprehendido cuando formaba parte de una planilla en el Colegio de Abogados y Notarios, enfrentará juicio hasta el 30 de abril de 2026, por el delito de falsedad ideológica porque supuestamente avaló unas actas del Movimiento Semilla. Este caso forma parte de la persecución política de Porras y el juez Fredy Orellana contra el partido en el gobierno.

El peso de la justicia no es igual para todos. El abogado David Barrera, principal acusado de la estructura criminal B410, fue dejado en libertad condicional por la Sala Tercera de Apelaciones, pese a que la Superintendencia de Administración Tributaria lo señala de una defraudación de Q300 millones. Barrera representa a más de 200 empresas que estarían involucradas en el mayor caso de defraudación fiscal de la historia del país. Esa misma sala es la que mantiene en prisión al periodista Jose Rubén Zamora, otra víctima de la persecución política del MP.

Mientras Porras se ensaña con casos inventados contra sus opositores, sus fiscales fracasan en sustentar adecuadamente casos de corrupción comprobada. Es lo que ocurrió con el expediente de plazas fantasmas contra el expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien estuvo prófugo durante años. La investigación del MP fue tan deficiente que permitió a la jueza Claudette Domínguez dictar sobreseimiento a favor del acusado. Así, Rabbé quedó libre de los cargos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

Los hechos no dejan lugar a dudas: la justicia no es independiente. Está al servicio de la cleptocracia y es un instrumento de persecución política contra líderes indígenas, fiscales, jueces, periodistas y contra quienes se atrevan a desafiar la corrupción y la impunidad. Hoy, la ley protege a quienes manipulan las instituciones para conservar sus privilegios.

Acevedo, el cuasi ministro paralelo

Fri, 06 Jun 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Acevedo, el cuasi ministro paralelo

La CC tiene la posibilidad de acabar con los abusos del STEG, que incide en las políticas del Mineduc.

Haroldo Shetemul

6 de junio de 2025 | 00:02h

Desde hace tres semanas, las huestes de Joviel Acevedo acampan en la Plaza de la Constitución como medida de presión contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Poco les ha importado a los sindicalistas magisteriales que, en ese mismo lapso, miles de niños hayan quedado sin clases. Al final de cuentas, su preocupación no es la educación, sino la supervivencia de su gremio. Afortunadamente, el juez Quinto de Trabajo y Previsión Social, Carlos de la Cruz, otorgó un amparo provisional a la Procuraduría General de la Nación y ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspender el paro iniciado el 19 de mayo. Esto significa que deberán recoger las carpas instaladas frente al Palacio Nacional y volver a las aulas. El amparo exige suspender de inmediato las medidas de hecho, por ser ilegales y lesionar el derecho a la educación de los niños. Se trata de un golpe contundente contra Acevedo, quien buscaba sostener su resistencia ante un gobierno que, por primera vez en años, parece dispuesto a ponerle un alto a sus excesos.

La CC tiene la posibilidad de acabar con los abusos del STEG, que incide en las políticas del Mineduc.

Gobiernos anteriores —en particular los de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei— le entregaron en bandeja de plata el Ministerio de Educación a Acevedo, a cambio de su respaldo político. Este líder sindical pasó años entre apapachos y complacencias con los presidentes de turno, sin importarles el deterioro del sistema educativo. Acevedo se convirtió en una figura de peso, con capacidad de incidir directamente en las políticas del Mineduc. La confidencialidad del pacto colectivo protegía el contubernio que mantenía con los gobiernos de turno, más interesado en negociar cuotas de poder que en mejorar la calidad educativa. El aumento salarial para los maestros no era una prioridad. Basta con recordar que el STEG aceptó un raquítico 3% de incremento con Giammattei, porque lo verdaderamente importante era mantener el control sobre las decisiones educativas. Hoy, paradójicamente, Acevedo protesta por un aumento del 5% otorgado por el presidente Arévalo y la ministra Anabella Giracca.

Gracias a esos acuerdos oscuros, Acevedo operó durante años como un cuasi ministro paralelo de Educación. ¿Desde cuándo se necesita el visto bueno de un dirigente sindical para definir las políticas educativas del país? El líder sindical conocía de antemano todos los planes de trabajo del Ministerio y tenía potestad para decidir sobre ellos. Incluso se le debía consultar si un maestro debía ser trasladado, reubicado o sancionado. Tenía voz —y voto de facto— en decisiones como la alimentación escolar. De ahí su insistencia en mantener el seguro estudiantil, un gasto millonario ineficiente que nunca resolvió los problemas de salud de los alumnos. Su apoyo incondicional a los gobiernos anteriores ayudó a consolidar un sistema educativo estancado en la mediocridad.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de inconstitucionalidad contra siete puntos del pacto colectivo firmado con el STEG, por considerar que violan principios fundamentales de la Carta Magna. Estos artículos otorgan funciones a los sindicalistas que corresponden exclusivamente a las autoridades del Mineduc, debilitando su capacidad para tomar decisiones programáticas. Es decir, cualquier medida técnica orientada a mejorar la educación debe pasar antes por el filtro político o ideológico del sindicato. La Corte de Constitucionalidad tiene ahora la posibilidad histórica de acabar con este abuso, que ha significado la claudicación del Estado frente a un sindicato que decide quién enseña, qué enseña y cómo enseña. Los resultados están a la vista: ocho de cada diez estudiantes no comprenden lo que leen, y el futuro del país se nos escapa entre las manos.

Política de criminalización

Fri, 30 May 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Política de criminalización

El MP responde a intereses ajenos al Estado de derecho.

Haroldo Shetemul

30 de mayo de 2025 | 00:02h

¿Existe en Guatemala un patrón de criminalización contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y actores que luchan contra la corrupción e impunidad? Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, asegura que sí, y señala al Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, y miembros del Poder Judicial como responsables de esa acción repudiable.

El MP responde a intereses ajenos al Estado de derecho.

La jurista estadounidense llegó a esta conclusión tras una visita de 12 días al país, durante la cual se reunió con diversos sectores, incluida la propia Porras, quien habría intentado presentarse como víctima de acoso gubernamental. Sin embargo, los hechos no dejan lugar a dudas: el MP responde a intereses ajenos al Estado de derecho y se ha transformado en una estructura alineada con actores que buscan socavar la institucionalidad democrática, con el objetivo de deslegitimar y derribar al presidente Arévalo.

De acuerdo con la relatora, la información documentada muestra cómo el MP ha desarrollado una política sistemática de criminalización contra quienes combaten la impunidad, denuncian abusos de poder o defienden los derechos humanos. Una de sus tácticas recurrentes es declarar los casos bajo reserva, con el argumento de proteger las pruebas. Pero en la práctica, es una artimaña para ocultar que los procesos carecen de fundamento legal sólido. Esta opacidad impide a la ciudadanía acceder a información clave sobre asuntos de interés público y encubre irregularidades graves.

Satterthwaite señaló que el MP presenta acusaciones vagas, repetitivas y excesivamente generales, lo cual refuerza la percepción de persecución política. Además, denunció un uso indebido de la asignación de casos por parte del Organismo Judicial, ya que “la mayoría de víctimas de la persecución penal arbitraria del MP son asignadas a un puñado de jueces”, lo que refuerza la sospecha de manipulación judicial.

Porras no actúa sola. Su gestión estaría al servicio de un grupo que insiste, sin pruebas, en que Arévalo ganó las elecciones con un supuesto fraude. La maquinaria ha sido puesta en marcha para validar esa falsa narrativa. Así se explica la captura de Ligia Hernández, exdirectora del Instituto de la Víctima, obligada a aceptar cargos para facilitar la cancelación del partido Semilla. También fueron encarcelados el abogado Eduardo Masaya y Jorge Santos, exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, por formar parte —según el MP— de una presunta conspiración fraudulenta.

Igualmente, permanecen en prisión Luis Pacheco, viceministro de Energía, y Héctor Chaclán, ambos exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, con el fin de construir el relato de que Arévalo accedió al poder mediante acciones supuestamente terroristas. Bajo esa lógica, el MP ha llegado a criminalizar el derecho constitucional a la protesta de los pueblos originarios, como ocurrió con las movilizaciones indígenas de 2023.

¿Cuántas veces Rafael Curruchiche ha intentado retirarle el antejuicio a Arévalo? Ese mismo fiscal ignora la corrupción documentada durante el mandato de Alejandro Giammattei, a quien se niega a investigar. Es evidente el interés del MP por posicionar en la opinión pública un discurso alternativo, que busca deslegitimar a las actuales autoridades y justificar su eventual remoción. Esta narrativa es promovida por sectores ultraconservadores, cercanos al partido Vamos, que aspiran a retomar el poder para continuar los negocios opacos y el saqueo de los recursos del Estado.

Las conclusiones de la relatora confirman por qué el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea han sancionado a Porras y a varios de sus colaboradores: su política de criminalización representa una grave amenaza para la democracia, la justicia y los derechos fundamentales.

Haroldo Shetemul | Página 1 | Prensa Libre

Porras y su obra “La fiscal no tiene quien le crea”

A contraluz

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Arévalo y su gobierno carecen de una comunicación política eficaz para contrarrestar los ataques en su contra.

El caso espurio de Consuelo Porras y su pandilla buscaría favorecer a las farmacéuticas.

Cárceles en poder del crimen organizado

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Ante la debacle carcelaria del país, los guatemaltecos tienen frente a sí el exitoso control de cárceles en El Salvador.

El Estado ya no manda en las cárceles; los criminales son los reyes y amos.

La piñata de los fondos públicos

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Con el pretexto de que el pasado martes no había sido publicado el veto, 86 diputados decidieron pasar sobre la decisión presidencial.

El estilo diplomático y timorato del presidente Arévalo lo único que ha logrado es que los corruptos le pierdan el respeto.

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Es difícil confiar en que la administración de justicia está en buenas manos.

La dictadura judicial que prevalece en el país brinda impunidad y sirve a intereses políticos.

Rectificación y disculpa pública

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Le ofrezco mis sinceras disculpas al canciller Carlos Ramiro Martínez porque la información que publiqué es incorrecta.

Los vínculos de la UNE con el Barrio 18

Existen evidencias de los vínculos que mantendría la UNE con los pandilleros que aterrorizan a la población.

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Ya son varios los pasos que ha dado el presidente para congraciarse con la oligarquía.

Arévalo nombró como embajador en España a quien se dedicó a desprestigiar a la Cicig y justificar su expulsión del país.

Veto para detener la rapiña

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Además del veto, el presidente Arévalo debería buscar alternativas para agilizar la ejecución de fondos de los Codedes.

Esta normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

Porras se ensaña contra los pueblos indígenas

A contraluz

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El encarcelamiento de otro dirigente indígena evidencia la política de discriminación y racismo de Consuelo Porras.

Esta es la segunda vez que Porras criminaliza los derechos de los pueblos originarios a la manifestación.

Sepulcros blanqueados

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Solo los diputados se creen el deprimente espectáculo religioso que viola el carácter laico de Guatemala.

Se les olvidó esconder la larga cola de mañas y saqueos que los acompaña.

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El Ejecutivo firmó un reglamento que abre la puerta a más tragedias en el transporte extraurbano.

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