Como cada enero, en el Grupo Banco Mundial publicamos recientemente el informe Perspectivas Económicas Mundiales (GEP), donde se presentan las previsiones de crecimiento económico para el próximo trienio. El reporte destaca aspectos importantes como que se espera una aceleración del crecimiento del PIB de la economía global en 2017 hasta 2.7%, lo cual representa una mejora respecto del 2.3% registrado en 2016.

Las perspectivas para Latinoamérica también son positivas. Según el informe, tras dos años de recesión, la región crecerá nuevamente en 2017, una mejora que se consolidará en 2018 y 2019. Centroamérica, por su parte, continuará con un crecimiento sólido, por encima del promedio latinoamericano, y con tres países (Panamá, Nicaragua y Costa Rica) entre los que más crecerán de la región este año, con 5.4%, 4% y 3.9%, respectivamente.

Más allá de las perspectivas económicas, el GEP destaca este año otro tema importante: las proyecciones presentadas tienen un sesgo a la baja debido a la incertidumbre global, derivada de la orientación de las políticas de las principales economías. Concretamente, el Banco Mundial estima que un período prolongado de incertidumbre podría llevar a importantes reducciones del crecimiento de la inversión en los países emergentes en general y en Latinoamérica en concreto. Esto resulta particularmente importante si se tiene en cuenta que una de las causas identificadas para explicar las bajas tasas de crecimiento de la economía global en 2016 ha sido la debilidad de la inversión.

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para Centroamérica? La principal es que para compensar la incertidumbre global, los países del Istmo tendrán que definir más que nunca sus programas de gobierno fomentando la certidumbre, algo particularmente importante, teniendo en cuenta las vulnerabilidades que existen en materia económica, social y medioambiental.

Ejemplo de reto económico es la delicada situación fiscal de Costa Rica y El Salvador, debida en parte a la evolución de la deuda pública, y que demandará programas de consolidación fiscal que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ello será necesario lograr amplios acuerdos políticos que faciliten una solución consensuada en ambos países. De lo contrario no debería sorprendernos que los mercados muestren cierta preocupación y que agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poors les hayan asignado calificaciones (BB- a Costa Rica y B- a El Salvador) que enfatizan la incertidumbre económica en ambos países, y otorgado perspectivas negativas a dichas calificaciones.

En materia social, el reto seguirá siendo cómo lograr reducir la pobreza y la desigualdad en países con tasas particularmente altas, como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Según una serie de trabajos recientes del Banco Mundial, los altos niveles de desigualdad, como los prevalentes en Centroamérica, afectan negativamente la sostenibilidad del crecimiento económico, convirtiéndose así en un obstáculo a la reducción de la pobreza. Más allá de las consecuencias económicas, la pobreza y la desigualdad generan malestar, preocupación e incertidumbre entre la población.

Por último, como mencionamos, Centroamérica presenta también vulnerabilidades medioambientales importantes. De hecho, según el WorldRiskIndex, cuatro países de la región (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) están situados en la parte más alta del ranquin de riesgos. A ello tenemos que sumarle las consecuencias del cambio climático, que sabemos que irán en aumento, lo cual lo convierte en una prioridad a la hora de definir políticas de desarrollo.

En el Banco Mundial consideramos que estas vulnerabilidades deben requerir la atención de los gobiernos, independientemente del nivel de incertidumbre global. Asimismo, reconocemos que los países ya están realizando esfuerzos y logrando éxitos a favor del desarrollo en temas tan complejos como los mencionados.

Sin embargo, y debido a la situación de incertidumbre global, consideramos que hoy es más urgente que nunca reducir la incertidumbre doméstica. Como ya hemos venido haciendo, en el Banco Mundial seguiremos acompañando a los países a través de asistencia técnica y financiera para lograr este objetivo y que todos los centroamericanos puedan optar a un mejor futuro.

El BM tiene tolerancia cero con la corrupción en sus operaciones. Sin embargo, han surgido acusaciones relacionadas con ese proyecto, en la cual invirtió la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), institución del BM que apoya al sector privado. También se ha señalado que la entidad había sido advertida por organizaciones de la sociedad civil sobre el contrato. En este sentido resalto, como lo ha hecho la propia IFC, que las preocupaciones que se recibieron estaban relacionadas con la naturaleza jurídica y de procedimientos del contrato de usufructo. No estuvieron relacionadas con la situación que dieron a conocer el 14 de abril la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

De hecho, y tal como hemos comentado en los últimos días, en el BM estamos tan sorprendidos por las acusaciones como el resto de la sociedad guatemalteca, ya que esperamos de los gobiernos y las empresas clientes del banco y de IFC que se conduzcan con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. IFC y BM estamos en diálogo permanente con las autoridades del país, y compartiendo nuestra seria preocupación con la situación.

Muchos se preguntarán ¿qué medidas toma el BM en un caso como éste? Lo primero es recordar que la presunción de inocencia es una piedra angular del Estado de Derecho y en el BM lo tenemos presente. A pesar de ello, siempre que existe una sospecha fundada de corrupción, fraude o colusión en una actividad financiada por nosotros, ésta se traslada a la Oficina de Integridad del BM, una unidad independiente que tiene como propósito investigar señalamientos de corrupción en operaciones del BM, y en su caso proponer sanciones. Entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 recibió 323 denuncias, de las cuales 91 fueron seleccionadas para una investigación exhaustiva. Al conocerse las acusaciones contra el director general de TCQ, IFC remitió el caso a la Oficina para la investigación correspondiente.

Cualquier ciudadano tiene derecho de denunciar sospechas, y además ofrece la garantía de que su denuncia puede permanecer en el anonimato y aun así será investigada. Asimismo, las alegaciones de corrupción o fraude pueden referirse al personal del BM, funcionarios públicos y compañías privadas. La lucha contra la corrupción debe continuar. Es una prioridad para nosotros y también debe seguir siendo una prioridad en Guatemala, porque más allá de la injusticia social que provoca, tiene efectos negativos vinculados con el desarrollo, pues cada quetzal que se pierde en corrupción es un quetzal que se le quita a una mujer embarazada que necesita atención, a un niño que merece educación y a una comunidad que necesita agua, caminos o escuelas. Por ello, nos comprometemos a intensificar los esfuerzos para apoyar al país en su lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

* Director del Banco Mundial para Centroamérica