Venimos de un 2017 lleno de fracasos y sinsabores, en donde el optimismo que intentamos mantener recibe lluvia de frustraciones provocadas por el permanente desacierto en las decisiones de las esferas estatales. Los tres poderes del Estado han debilitado aún más nuestra confianza en la débil institucionalidad que tenemos y, en general, han sido incoherentes con los principios que inspiran a la democracia.

En ese período ha continuado el arduo quehacer de los profesionales de la información que cumplen con la difícil tarea de trasladar los contextos, las noticias, los hechos y, en general, los distintos aspectos de la realidad que golpean nuestros sentidos y sentimientos, al constatar que en Guatemala continúa un sistema que nos ha convertido en un país inhumano, desigual, discriminador y donde la desigualdad es tan grande como la opulencia de unos pocos que han concentrado en su beneficio y el de sus herederos la riqueza acumulada, contrastando con la miseria de las mayorías.

Nosotras y nosotros los periodistas, aliados en los gremios de prensa, continuamos durante el año pasado la lucha porque el Gobierno cumpliera con su promesa de constituir un Programa de Protección a Periodistas, expresada de manera reiterada ante la prensa nacional e internacional; ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los relatores de la Libertad de Expresión.

Del año 2000 a la fecha, 38 periodistas han perdido la vida de manera violenta. Continúan las agresiones, las intimidaciones y los acosos por distintas vías a medios y periodistas, y, lo peor, han implantado zonas de silencio sobre temas graves de los que no somos informados por los riesgos que corren los comunicadores en los departamentos. Sin embargo, pese a ese contexto lúgubre, resultan esperanzadoras las recientes acciones del Ministerio Público y de la PNC al haber capturado a un diputado señalado como supuesto autor intelectual del asesinato de dos de nuestros colegas en Mazatenango. Ojalá el proceso correspondiente permita que esos crímenes no queden en la impunidad y que, en el futuro cercano, también se investigue y procese a los responsables de los demás asesinatos y de las múltiples agresiones de que hemos sido objeto los periodistas y comunicadores.

En este contexto, el pasado lunes se cambió la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala; me tocó asumir la responsabilidad de la Presidencia de dicha histórica institución. Quienes nos mantenemos militando en la APG estamos dispuestas y dispuestos a defender la libertad de expresión, de prensa, de información a costa de lo que sea.

Y este año que ha comenzado se vislumbra retador para el cumplimiento de estos propósitos. Los discursos tanto del presidente de la República como del novel presidente del Congreso, pronunciados el pasado domingo, muestran un alto y nada casual nivel de coincidencia. Parecieran atrincherados de manera conjunta frente a los avances que ha tenido el país en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se perfila, por lo tanto, un año con altos niveles de confrontación social y política, haciéndose indispensable que los medios y los periodistas asumamos con entereza nuestra responsabilidad de contribuir a que el país avance, sin repliegues, en la senda de la lucha por la justicia, pero que al mismo tiempo no seamos los atizafuegos que quemen los lazos que deben tejerse para buscar acuerdos entre todos, superando las calificaciones de demonios y ángeles que ahora prevalecen de manera incremental.

*Columna escrita horas antes de su fallecimiento.

Desde el 2006, entidades expertas en temas digitales, agrupadas en la APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones),  se reunieron para exponer temas y principios que expresan los puntos de vista y los objetivos con relación a los derechos de los pueblos y las organizaciones a usar libremente la internet, sobre todo para su trabajo en pro de la justicia social, económica y ambiental, pretensión que concretaron en una carta sobre derechos en internet.

Lo anteriormente referido es la introducción al documento que aborda temas que las personas, los medios comunitarios, los organismos reguladores y los responsables de políticas deben considerar en relación con la protección del derecho a comunicarse libremente y desarrollar su potencial para crear un mundo mejor informado y más justo.

La carta de APC sobre derechos en internet se inspiró en otros documentos relativos al tema y toma en cuenta la discusión sobre el uso de dicho recurso como bien público global, considerado por los miembros de esa Asociación como un espacio público global que debe ser abierto, asequible y accesible para todas las personas. Indican que, esta, como otras tecnologías de la información y comunicación, puede ser una poderosa herramienta de movilización social y desarrollo, resistencia a la injusticia y expresión de diferencias y creatividad.

APC cree que la capacidad para intercambiar información y comunicarse libremente usando internet es fundamental para la realización de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo cual es indispensable que se reconozcan protejan y respeten derechos como el acceso universal a internet, el derecho a acceder a la infraestructura sin importar dónde se viva; el derecho a los conocimientos, a interfaces, contenido y aplicaciones accesibles para todas y todas; debe también tener un diseño inclusivo, derecho al acceso igualitario para hombres y mujeres, acceso asequible y en el lugar de trabajo. También el derecho al acceso público y crear contenidos cultural y lingüísticamente diversos, acceso al conocimiento, a la libertad de información, al intercambio. Derecho a la privacidad, a la protección de datos y a no estar bajo vigilancia ni intercepción.

Y algo fundamental, internet debe estar protegida contra todo intento de silenciar las voces críticas y de censurar contenidos o debates sociales y políticos. Las organizaciones y comunidades de individuos deben tener libertad para usarla para organizar manifestaciones y participar en ellas.

La carta de APC establece que el desarrollo tecnológico y la administración central de recursos de internet debe estar descentralizada y ser colaborativa, además de ayudar a garantizar que la red sea interoperable, funcional, estable, segura, eficiente y extensible en el largo plazo y que debe prevalecer el derecho a la neutralidad de internet.

En estos días que el mundo recibió la infausta noticia proveniente del gobierno de los Estados Unidos, una nueva decisión de Donald Trump, de que ese país decidió poner fin a la neutralidad de internet, normativa que, según se ha considerado, beneficia a grandes empresas que podrán bloquear cualquier portal del la red, sin importar el contenido.

Todos esos derechos que estaban garantizados los perderemos al quedar anulado el principio que busca un trato igualitario para el contenido en internet. Cada día afrontamos nuevas violaciones a nuestros derechos.

Iliaalamilla@gmail.com

Mensajes de felicitación, deseos compartidos, anhelos mutuos, buenas vibras y muchísima carga de intenciones positivas para familiares, amigos y allegados han circulado profusamente en esta última semana. Todas y todos queremos paz, prosperidad, buena salud, trabajo y estabilidad económica, logros que algunos alcanzan y la mayoría sigue en modo de espera.

Pero a pesar de nuestras expectativas y optimismos necesarios para no renunciar a nuestros sueños, iniciaremos un año llevando a cuestas nuestros problemas nacionales, además de los personales, por lo cual debemos tener una mente muy positiva para que la fuerza de la atracción nos ayude a enfrentar los desafíos que se avecinan en las próximas horas.

El primero de todos los retos será la famosa cuesta de enero. Ojalá que quienes tienen trabajo y capacidad de compra no se hayan excedido y tengan su reserva para este mes que, junto a las tarjetas de crédito, pasan la factura. Los que tienen mejores condiciones seguramente cambiaron de carro, adquirieron lo más moderno de los equipos electrónicos y compraron el último grito de la moda, además de haber reservado un buen porcentaje para sus ahorros.

Enero, para la mayoría, será como todos los meses, penurias, escasez y limitaciones. Esta sería la primera de las prioridades que debería atender un buen gobierno, tomar medidas para que toda la población cuente con oportunidades y una vida digna. Sin embargo, la cruda realidad evidencia la enorme desigualdad en la que vivimos desde siempre, donde el 59.3% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y el 23.4% en extrema pobreza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (Encovi) 2014, del Instituto Nacional de Estadística. Este gobierno ha dado la espalda al problema.

Tendremos que enfrentar la grave situación del Estado. Los tres poderes están sumamente desgastados y cuestionados. En el Ejecutivo, pocos ministros se salvan de la dura crítica. La mayoría no ha hecho el menor esfuerzo por atender con propiedad sus carteras. El primero en dar el mal ejemplo en el Gobierno ha sido el presidente, quien no ha aprendido ni un ápice cómo se deben tomar la decisiones y cómo actuar en la calidad que ostenta. Han sido penosos los espectáculos que ha dado y las posturas asumidas que generan vergüenza como país.

La mala imagen muy bien ganada a pulso del Congreso será muy difícil revertirla, sobre todo porque no hay ninguna evidencia de la voluntad de los diputados de rectificar en el mal camino que escogieron. Las erróneas decisiones tomadas, los mezquinos intereses que los mueven y la incapacidad manifiesta de la mayoría de ellos repercuten muy negativamente en el ámbito nacional.

El sistema de justicia también nos ha fallado. Mucho influye en esto la imposibilidad que se tuvo de reformar la Constitución. La Corte de Constitucionalidad, que en un tiempo fue ejemplo de profesionalismo y dignidad, también es blanco de certeras críticas, igual que el Tribunal Supremo Electoral, dos soportes estratégicos de la superestructura jurídico política del Estado, que paulatinamente los estamos perdiendo.

El sistema de salud sigue en deterioro y con déficit de medicamentos. En muchas otras dependencias se quejan de falta de presupuesto, pero no ejecutan y tienen recursos para el pago de bonos, con lo que también se benefician altos funcionarios.

La inseguridad nos persigue, a pesar de que se reporta reducción de delitos; el sistema penitenciario es un calvario para los privados de libertad y para la ciudadanía.

Ojalá se atiendan con prontitud estas prioridades. ¡Feliz año 2018¡

Iliaalamilla@gmail.com

Según el Diccionario de la Real Academia Española, inocente significa alguien “fácil de engañar”. Por eso, entre nuestras mordaces tradiciones está el engaño picaresco con que se sorprende, cada 28 de diciembre, a incautos que puedan creer algo que decimos como burla. Paradójicamente y de acuerdo con nuestra costumbre de reírnos de nuestras desgracias, en esta fecha bromeamos con la tragedia que relata la Historia Sagrada  del intento de asesinar al Niño Jesús.

Por eso, y siguiendo este mal ejemplo, deseo a mis lectores un Feliz Año Nuevo, precisamente hoy en el Día de los Inocentes, con la esperanza de que pueda engañar su desesperanza y que compartan mi deseo, a pesar de la evidencia en contra que muestran los 365 días del Año Viejo.

Se despide el 2017 seguramente avergonzado de lo que nos dejó. No avanzamos ni un solo milímetro en relación con las condiciones estructurales de pobreza en que vive la mayoría de la población, las cuales históricamente nos agobian. Nos dejó la continuidad de un políticamente neófito primer mandatario que siguió demostrando sus abultadas limitaciones para cumplir tan relevante papel. Este año que agoniza nos hereda un Congreso formado mayoritariamente por diputados que ante la tempestad reaccionan con cínica desesperación, continuando sus tradicionales prácticas perversas. Permaneció durante el reinado del presente año, un Organismo Judicial sin reformarse, porque no se aprobaron los cambios constitucionales necesarios. Y a nivel mundial, este año viejo seguramente se sentirá agobiado en su lecho de muerte, viendo su legado, con el inicio del Gobierno de Donald Trump.

Por eso y por muchísimas razones y evidencias que podría referir extensamente si no tuviera las limitaciones del espacio de esta columna, reconozco que mis deseos por un Feliz Año Nuevo solo pueden ser creíbles si los expreso este día de los Inocentes.

Pero como la inocencia también es una virtud, ya que según el mismo Diccionario citado, es el “Estado del alma limpia de culpa”, el “candor” y la “sencillez”, me parece oportuno aprovecharme de esta cualidad para engañar la desesperanza y pensar con optimismo, o sea con realismo positivo, respecto del Año Nuevo y de nuestro futuro común.

En el Legislativo, es urgente la Reforma Constitucional y la del Sistema Electoral y de Partidos Políticos. Sin la primera, es imposible que exista una carrera judicial independiente, característica esencial en la aplicación de la justicia. Sin la segunda, todo el andamiaje estatal seguirá construido sobre arenas movedizas. El estado democrático de derecho requiere de un sistema electoral y de partidos políticos que lo permita. Confiemos en que lo lograremos.

En el Ejecutivo, el 2018 lamento predecir que será casi una Semana Santa prolongada, a menos que el presidente, y ojalá que así sea, asuma un rol diferente. De no ser posible, el Gobierno habrá de ser cargado en andas para llevarlo durante este año preelectoral, por cucuruchos fuertes, como “la Embajada” y las élites empresariales.

El año entrante también se nombrarán al nuevo (a) Fiscal General y al Contralor (a) de Cuentas, ojalá idóneos, puestos clave para continuar la lucha contra la corrupción.

La sociedad civil, profundamente dividida, dispersa y posicionada en diferentes trincheras, enfrentará un reto estratégico, ya que Guatemala sigue requiriendo un rumbo nacionalmente compartido, sin prevalencia de intereses particulares ni sectoriales, donde la “comunidad internacional” respetuosamente acompañe.

¡Ojalá mis deseos se cumplan para el bien del país! ¡Feliz Año, queridos inocentes!

iliaalamilla@gmail.com

En esta época, cuando los católicos celebramos el nacimiento de Jesucristo, también rememoramos episodios de ese acontecimiento, cuando sus padres, María y José, tuvieron que huir para salvar la vida del niño que estaba por llegar al mundo. Así como ellos, a quienes muchos les negaron cobijo, millones de refugiados en la tierra siguen sufriendo las horribles consecuencias de las guerras, las injusticias, la violencia y la falta de humanidad de los poderosos.

Hablar de derechos humanos en nuestra sociedad es controversial, debido a la estigmatización que al respecto se ha creado por quienes los relacionan con la protección a delincuentes, particularmente a esos jóvenes marginados y víctimas de una sociedad excluyente a quienes denominamos mareros.

Muchas son las críticas en contra de una institución creada para defender esas garantías que corresponden, sin discriminación, a todos por igual. Una entidad que se convirtió en un paño de lágrimas y un consuelo para quienes estaban siendo violentados por el Estado o por cualquier otro actor, provocando enormes sufrimientos. Sin embargo, se fue granjeando enemigos, cuando, en cumplimiento de su misión, asumió también la defensa de los derechos humanos de aquellas personas consideradas como una escoria por la sociedad.

Este año, en el marco del Día de los Derechos Humanos, el magistrado de conciencia, Jordán Rodas, instituyó la Orden “Vida y Dignidad, Jorge Mario García Laguardia”, en reconocimiento a la trayectoria de ese notable jurista, quien también ocupó ese cargo con dignidad. Se otorgó en primera ocasión al padre Mauro Verzeletti, un religioso que ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a quienes van en busca de un futuro sin las penurias que enfrentan en su patria; él es un verdadero cristiano, a quien tenemos mucho que agradecer, no solo por su humildad y alto sentido humano, sino por ser un ejemplo de vida y consecuencia, ya que desde 1993 está entregado a esa labor loable de albergar y apoyar a los niños que migraban sin sus familias y, en general, a los migrantes

Las Casas del Migrante, desafiar leyes que penalizaban a quien protegía a un indocumentado, la búsqueda de una legislación justa, de normativas que salvaguarden la vida y la seguridad de los migrantes, la promoción de su dignidad, el nuevo proyecto “Guatemala es tu tierra… quédate”, son algunas de las hermosas contribuciones del padre Verzeletti.

Mi reconocimiento a Verzeletti y a García Laguardia. Y también a Jordán Rodas; honrar, honra.

Irónicamente, el 18 de diciembre, Día de los Migrantes, en un vuelo de la Fuerza Aérea llegaron de regreso a su país 135 deportados de Estados Unidos, considerados un riesgo para la seguridad nacional de esa potencia. Vuelven de manera humillante, probablemente dejando atrás familias, ilusiones y sueños. Retornan a un país que parece estacionado en el tiempo, sin opciones para quienes están y para los que vuelven, que solo este año son casi 31 mil.

En su alocución, al recibir el reconocimiento, el padre Verzeletti hizo un llamado a salir de la globalización de la indiferencia y pasar a la globalización de la solidaridad, de la justicia, de la verdad y de la paz y, a su vez, en su gran humildad, felicitó a quien lo homenajeó. Agregó que “quien sale de su tierra, se la lleva en su corazón y en su pensamiento”.

“Los pies de los migrantes son sagrados, en cada pisada de la ruta migratoria dejan el sello de que están clamando por justicia, igualdad y fraternidad, y un mundo sin fronteras. Se merecen una nación que los acoja y los trate como seres humanos”, sentenció Verzeletti.

Desde hace algunas semanas se colocó en la agenda pública el caso de los bonos otorgados por entidades del Estado, que han generado una reacción de rechazo de un sector de la población que resiente el peso de la situación económica y considera que es injusto que trabajadores que perciben un salario, todavía se beneficien con ingresos extras.

El caso extremo fue el bono de cincuenta mil quetzales que recibió durante varios meses el Presidente Jimmy Morales, a quien la mayoría condenó por este hecho. Ese bono también lo reciben altos mandos del Ejército, que fueron criticados, aunque no con la furia que provocó esa ilegítima prestación otorgada al primer Mandatario, quien ante la detracción y la presión, reembolsó lo recibido.

Numerosas críticas se han hecho a esta modalidad de los bonos, unas han sido expresadas en los programas radiales y que algunos columnistas lo han abordado. Hay que tener presentes varios elementos y analizar los correctivos a esos excesos considerados por la ciudadanía, ante esos beneficios que son exclusivos de quienes tienen el privilegio de contar con un salario.

En primer lugar hay que partir que los derechos laborales son sagrados, no pueden ser afectados por disposiciones posteriores, eso es reconocido por la legislación y por todo el ordenamiento internacional. Históricamente, a los trabajadores les ha costado vidas conseguir un salario mínimo y condiciones de trabajo decorosas, que les permita tener una vida digna y de allí se origina el principio que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores que están en una posición de desventaja ante los patronos.

En el caso de los trabajadores del Estado, que es justo reconocer que tal vez la mayoría no cuentan con una remuneración apropiada, a diferencia de otros que perciben mucho más por lo poco que hacen.

Nadie podrá negar que los médicos que laboran en el servicio público devengan salarios vergonzosos. Que sus servicios y los del personal de salud, además de ser indispensables, riesgosos y con alto contenido humano, requieren de conocimientos especializados y de una mística que no tienen otras profesiones. A ellos sería, en mi criterio, a los primeros que se debería considerar la revisión de sus salarios.

Mientras que otros, que son parte de una burocracia acomodada que no cumple con entusiasmo y eficacia su trabajo, gozan de altos ingresos por concepto de salarios.

Ratifico mi respeto a los derechos de los trabajadores, pero no estoy de acuerdo en que algunos sindicatos y patronos del Estado gasten festinadamente los recursos que son de toda la ciudadanía. Son muchas las formas de justificar esos sobre sueldos llamados bonos. El Tribunal Supremo Electoral llegó al extremo de premiar el trabajo que aún no se ha hecho.

La solución no es inventar bonos por inimaginables razones. Lo que realmente urge y requiere la atención debida es que se regule de manera equitativa y homogénea, a través de la Ley del Servicio Civil, los cargos públicos y los montos asignados. Debe dignificarse a los empleados y funcionarios públicos con salarios decorosos. Hacer carrera administrativa debe ser una aspiración de quienes laboran en el Estado.

Este es un tema de primer orden para el necesario fortalecimiento institucional del Estado. Los bonos son parches defectuosos que no resuelven las deficiencias que puedan existir en la remuneración de los empleados y funcionarios públicos, su otorgamiento sólo contribuye al rechazo de la ciudadanía y, por consiguiente, a la mayor deslegitimación de ellos. ¡Salarios decentes y equitativos, no bonos antojadizos y espurios!

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Como tenemos tan graves problemas de rapiña y corrupción, de evasión de impuestos y extorsiones, pareciera que allí se agotan nuestras adversidades o tal vez intencionalmente se busca opacar otros temas de alta importancia que mantienen al país en un atraso en relación con las condiciones de vida.

Gran sorpresa provocó la información del INE sobre la encuesta donde se fijó el costo de la canasta básica. Para quienes no conocemos cuál es la metodología adecuada, nos pareció que no reflejaba la realidad, además que la escogencia de los alimentos de la “canasta básica” incluyen bebidas gaseosas. Y aunque las personas de escasos recursos optan por adquirirlos, junto con los tortrix, ponerlo como consumo, es similar a seguir aceptado las publicaciones morbosas.

La función del Estado es precisamente buscar el bien común, así tenga que enfrentar las viejas costumbres que dañan a las personas.

Las grandes luchas pasan por tres momentos, el rechazo, la negación y terminan en la aceptación. Cuando aquí se discutió durante años la ley de Ambientes Libres de Humo de Tabaco, hubo una gran oposición; sin embargo, la tenacidad y las grandes campañas de quienes impulsaron la normativa, se impusieron sobre esos intereses económicos, porque fumar mata y no sólo al activo, sino también al pasivo y hoy ya es una legislación vigente.

Hace unas semanas, la FAO, la entidad de Naciones Unidas que se ha mantenido muy activa en los temas estructurales, presentó junto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESÁN), la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS NET), la Cooperación Internacional (COOPI), Acción contra el hambre (ACH), el Programa Mundial de Alimentos y autoridades de gobierno el informe “Actualización de medios de vida de Guatemala”, en el que destaca que la agricultura, la pesca y actividades forestales, son los medios de vida de la mayoría de la población rural en las13 regiones del país.

Raúl Benítez, Subdirector General de la FAO, en el Prólogo del estudio de Recomendaciones de Política sobre Agricultura Familiar señala que La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en América Latina y el Caribe y el mundo. Los pequeños agricultores son aliados de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre. En nuestra región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. No sólo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.”

Estos temas son de vida o muerte para toda la población, sin embargo no merecen la atención, no tienen los reflectores ni generan interés mediático. Por supuesto que el Estado es el primero en volver hacia otro lado la mirada. Desde el Ejecutivo sólo se interesan en aspectos cosméticos, clientelares o de utilidad política. No hay decisiones, no hay acciones ni continuidad en las políticas públicas. Simplemente se ignoran.

Y el Congreso está en la misma sintonía, temiendo aprobar leyes que beneficiarían a la población, porque les da terror molestar a los que las adversan. Por eso los diputados dejaron estancada la tan necesaria Ley de Agricultura Familiar.

iliaalamilla@gmail.com

Inicio con un saludo y mi reconocimiento a la labor de los periodistas en su día, particularmente a quienes ejercen en condiciones adversas, rodeados de criminalidad, de peligros y con un enorme deterioro en sus condiciones de trabajo y, por lo tanto, de vida. Es a esos profesionales de la información que, por convicción, vocación y con principios trabajan para acercar a la opinión pública fragmentos de la realidad que vivimos que está especialmente dedicada esta conmemoración.

Dignificar esta profesión se hace imperativo. Pero además, urge que logremos que finalmente este gobierno cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales y que adopte e impulse un programa de protección a periodistas, promesa incumplida reiteradamente desde el 2012.

La investigación que realiza Cerigua desde hace 14 años para compartir el diagnóstico del estado de situación de la libertad de expresión y de prensa este año reporta aspectos novedosos. Afortunadamente hubo una baja sensible en las denuncias recibidas y confirmadas de agresiones contra el gremio. Fueron 37, lo que representa 25 casos menos que en el año 2016. Esto es muy significativo, si se ve únicamente en términos numéricos.

Sin embargo, el otro valor agregado del informe, las entrevistas a periodistas de siete departamentos, demostraron que las cifras no siempre revelan la realidad, igual sucede con la economía, los datos macros no responden al nivel de vida de las mayorías. Resulta que la censura y la autocensura provocada por criminales, narcotraficantes y actores políticos, siguen siendo los mecanismos a través de los cuales se influye en los periodistas del interior para que decidan qué temas abordan y cuáles no, lo que significa que no sabemos con certeza lo que está pasando en nuestro país.

En esas entrevistas también se proporcionaron aspectos relevantes, como por ejemplo la existencia de acoso sexual, hostigamiento e incluso discriminación en contra de las mujeres periodistas, no solo por el género, sino por ser periodistas y ser indígenas. También han revelado que los periodistas no tienen confianza en las autoridades locales ni en el sistema de justicia; por lo tanto, no presentan denuncias de los casos de agresiones. El resultado es un sub registro en las estadísticas. Hablaron de los escenarios inseguros y peligrosos para la prensa y de los responsables de los ataques.

Este año se dieron casos de participación de personas particulares o comunidades organizadas en ataques contra la prensa y nuevamente se evidenció la intolerancia de ciertos sectores hacia el trabajo crítico e informativo de los medios. Personajes cobijados bajo el manto del anonimato de las redes sociales y el internet despotricaron en contra de medios de comunicación y periodistas, emplearon perfiles falsos, blogs y supuestas páginas de noticias para atacar, denigrar, acusar sin fundamento y desacreditar el trabajo de información.

Reportamos dos asesinatos a comunicadores y señalamientos a funcionarios como responsables de las agresiones contra reporteros. Los agentes fiscales de la Unidad de Delitos contra Periodistas revelan importante información.

Incluimos una cronología del Proceso de Construcción del Programa de Protección a Periodistas a partir del 2012 hasta el 2017, cuando Guatemala de nuevo aceptó ante la ONU, en Ginebra, ocho recomendaciones, compromisos reiteradamente incumplidos.

Hay citas de las numerosas Declaraciones y Recomendaciones Internacionales al respecto, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de la OEA.

Los invitamos a conocer este informe en: www.cerigua.org

El  20 de junio el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España  convocó al Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a este año, con el  que se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Así reza la introducción de la convocatoria.

El Premio está dotado con 125 mil euros, no puede ser dividido, declarado desierto ni concederse a título póstumo.

Los candidatos pueden ser los escritores o escritoras cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en Lengua Castellana. Pueden presentar candidaturas: las Academias de la Lengua Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las instituciones que su naturaleza, fines o contenidos estén vinculadas con la literatura en lengua castellana y los miembros del Jurado.

La presentación de candidatos se realiza en un escrito dirigido a la Secretaría del Jurado, por los ponentes, en el que se hacen constar los méritos y circunstancias especiales que concurren en los autores propuestos, acompañado de una memoria sobre la obra literaria publicada por los mismos. Hay un plazo para la presentación.

El Jurado es nombrado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Se integró este año con el último galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, don Eduardo Mendoza, español; el ganador en 2015, don Fernando del Pozo se excusó; con un miembro de la Real Academia Española, quien presidió el Jurado; y las personas designadas por la Academia Nacional de Letras de Uruguay, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Unión de Universidades de América Latina, el Instituto Cervantes y por el delegado del ministro de Educación. También lo integraron representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de la Asociación Internacional de Hispanistas y de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), de la cual la APG es miembro.

Para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se promueve la presencia equilibrada entre los miembros del Jurado. El Ministerio designará al que corresponda para mantener la paridad. En este caso fuimos seis mujeres, ya que tuve el inmerecido honor de representar a la Felap.

Las votaciones se efectúan mediante voto secreto y solo se tienen en cuenta los votos emitidos por los miembros del Jurado que asistan personalmente a las reuniones. El fallo se publica en el Boletín Oficial del Estado, es definitivo, no puede impugnarse.

Estas son las disposiciones contenidas en la orden ministerial por la cual se convocó al Premio. Los miembros del Jurado son informados de su designación para otorgar el principal premio otorgado en lengua Castellana. La primera convocatoria fue en 1975 y el máximo reconocimiento se entrega el 23 de abril de cada año, fecha del fallecimiento de don Miguel de Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

Solo cuatro mujeres lo han recibido: Elena Poniatowsca, Ana María Matute, Dulce María Loynaz y María Zambrano.

Esta ha sido una de las experiencias más emotivas de mi vida. Desde el momento que mi Federación me distinguió con este alto honor, luego recibir la comunicación oficial, hacer la selección de candidatos a proponer, estudiar su memoria literaria, transitar por sus historias, sus talentos, sus actividades, grandes aptitudes y dones fue un verdadero privilegio que concluyó, en esta primera parte, en la selección del premiado, el escritor centroamericano Don Sergio Ramírez Mercado.

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La situación de pobreza y pobreza extrema en la que se encuentra una gran parte de la población guatemalteca fue motivo de preocupación para varios países que se refirieron al tema durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), al que se sometió el país el pasado 8 de noviembre del año en curso, incluso recomendaron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, así como  atender los conflictos de tierras.

El informe gubernamental leído por el presidente de Copredeh, doctor Jorge Luis Borrayo, quien encabezó la delegación oficial, indicó que el Gobierno está comprometido en el combate de la pobreza, habló sobre las transferencias monetarias condicionadas y se refirió al programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, impulsado en el Maga, como una medida para erradicar el hambre y la desnutrición. Agregó que la economía campesina es la solución integral al rezago en que se encuentra el área rural.

Este informe se produce en un contexto donde se ha evidenciado a nivel mundial la precaria situación que vive el país en relación a los indicadores socioeconómicos. Un informe reciente del Instituto de Progreso Social, sobre el Índice Global de Hambre, reportó que Guatemala está a la cola del listado de países y que solo Honduras genera peores condiciones sociales a nivel latinoamericano. Ocupamos la posición 84 de 128 países. El informe indica que si bien Guatemala creció bien económicamente, no se preocupó por su población.

En esa misma dirección, el International Food Policy Research Institute (Washington, www.ifpri.org), en su reciente Índice Global del Hambre, del pasado mes de octubre, que clasifica a los países en una escala de 0 a 100, en orden de gravedad, ubica a Guatemala, junto con Haití, en la posición más alta de América Latina, definiéndola como “grave”. Esta situación coloca al área rural como el principal reto por superar.

El tratamiento del problema debe realizarse de manera integral. No es posible que sigamos siendo testigos mudos de la tragedia de los campesinos, que son los mayoritariamente pobres y excluidos, quienes, a pesar de alimentar a la sociedad, viven en la precariedad.

No basta con expresiones discursivas como las que manifestó el doctor Borrayo en Ginebra, el abordaje debe ser a la altura de las necesidades del segundo país más atrasado en América Latina que mantiene altos índices de pobreza y pobreza extrema.

Mencionó el doctor Borrayo en su informe dos programas que podrían ser trascendentales para avanzar en esa dirección: el de agricultura familiar, para fortalecer la economía campesina, conocido como Paffec, y el de transferencias monetarias condicionadas, TMC.

El gobierno debería priorizar estas dos intervenciones. Su efectividad ha sido comprobada en muchos países de América Latina, pero tal y como se han impulsado hasta ahora en Guatemala, su impacto es y seguirá siendo cero.

Para lograr un buen resultado, el Maga debe abandonar el clientelismo asistencial que sigue impulsando con la entrega de subvenciones y cupones, y el Mides debe entender que su rol no es filantrópico. Las TMC deben entregarse con regularidad, cumplirse las condicionalidades y cubrir a quienes corresponde. Y ambos programas, las TMC y el Paffec, deben llegar a los mismos sujetos, los campesinos, conforme sea necesario.

El Gobierno podría encontrar en la articulación de estos dos programas una opción para superar la intrascendencia sustantiva de su gestión. El presidente y sus descoordinados ministros deben ser coherentes con el discurso del doctor Borrayo.

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A  cinco años de haber asumido un compromiso voluntario de construir un programa de protección a periodistas, como ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos, y de haber aceptado las nueve recomendaciones que hicieron los países en 2012, la delegación del gobierno guatemalteco fue evaluada ayer por tercera ocasión, por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), en la sede de la ONU en Ginebra.

Su comparecencia fue precedida por un informe engañoso en el cual aseguraron que estaba en marcha el mecanismo de protección. La delegación estuvo encabezada por el doctor José Luis Borrayo, presidente de Copredeh, quien estuvo acompañado por la Embajadora Carla Rodríguez; un delegado de la Cancillería, de la Corte Suprema, del Ministerio Público y el jefe del Jurídico del Ministerio de Gobernación, quien ha desobedecido la orden del presidente Jimmy Morales que avaló la propuesta del gremio y ha sido el principal obstáculo para que el Estado honre su palabra.

El caso de Guatemala concita gran interés internacional, por la delicada situación que atraviesa el país, por la lucha contra la corrupción, por la situación de pobreza y pobreza extrema, así como la desigualdad, la situación de la niñez y de los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres y las niñas, la población LGBTI, así como por la vulnerabilidad de los periodistas y comunicadores sociales.

Cerigua y Reporteros sin Fronteras presentamos en su oportunidad ante el Consejo una contribución voluntaria en la que hicimos ver el escenario peligroso y el ambiente hostil de trabajo para periodistas y comunicadores, mostramos el incremento del número de periodistas asesinados desde la última evaluación del país a la fecha, cuando registramos 18 casos de muertes violentas de comunicadores y colaboradores de medios.

La alianza de entidades de prensa, integrada por 16 miembros, ha recorrido todas las oficinas de los principales funcionarios para que se haga efectiva la orden del presidente de iniciar la construcción del Programa, ha hecho grandes esfuerzos para posicionar el tema en agenda mediática, se ha reunido con integrantes de la CIDH, con el relator de la Libertad de expresión de dicha Comisión. Ha entregado informes al relator de la ONU; ha recibido la solidaridad de las más importantes entidades internacionales de defensa de la libertad de expresión y de prensa que enviaron mensajes de preocupación por la indiferencia de las autoridades ante los peligros que los periodistas enfrentan y respaldaron nuestra demanda de protección

Cerigua realizó un lobby en Ginebra, en donde expuso a varias misiones el incumplimiento de la implementación del Programa y de la falta de acciones de prevención. Durante la evaluación, Francia, la Santa Sede, Indonesia, Reino Unido, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Chile y Venezuela recomendaron la aplicación de programas de protección a periodistas y a medios de comunicación y que se proteja la libertad de expresión y de prensa; otros países solicitaron proteger a defensores de derechos humanos, entre ellos los periodistas.

Lamentamos que el presidente de Copredeh no quiso ratificar el compromiso voluntario cuando ayer se lo preguntamos en Ginebra, argumentando que están en el proceso, y que el abogado Lam de Gobernación dijera que el “acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, un galimatías para justificar el incumplimiento después de dos años de que el presidente avaló nuestra propuesta

Originalmente, el Día Mundial contra la Impunidad se estableció el 23 de noviembre, en conmemoración del aniversario de la masacre de Ampatuan, Filipinas, en 2009, cuando 32 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados. En el 2011, en Guatemala, organizado por Cerigua, se presentó por primera vez, el informe regional ¿Por qué un Día Mundial contra la Impunidad?

El objetivo de esta efeméride es lograr justicia para quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y, específicamente, para los profesionales de la información, que han hecho del ejercicio de este derecho su profesión. Posteriormente, la fecha se movió al 2 de noviembre, día en que paradójicamente, en algunos países como México, se conmemora el Día de los muertos.

Los miembros de la alianza IFEX ALC presentamos el primer análisis regional contra la impunidad ante las altas autoridades de nuestro país, en presencia de una representación de dirigentes de once países de Latinoamérica.

Todas las vidas humanas tienen el mismo valor; sin embargo, asesinar un periodista es la forma extrema de la censura y de la agresión, lanza un mensaje negativo e intimidatorio y se niega a la sociedad el derecho de estar informado.

En el informe referido indicamos que Guatemala figura como uno de los países con más periodistas asesinados en Latinoamérica, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH. Como en otras naciones, las leyes formalmente garantizan la libertad de expresión y existen instituciones estatales que protegen al periodista. Aquí, más allá de declaraciones de papel y de algunos intentos por abordar esta problemática, la impunidad, que ciertamente no sólo afecta a los asesinatos de periodistas, se hace casi norma.

En un mensaje Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con ocasión de esta efeméride, señaló que “La justicia es la piedra angular de toda sociedad libre; disuade a quienes amenazan la libertad de expresión y alienta a quienes la defienden; esta es la razón por la cual la injusticia contra los periodistas es tan costosa para todas las sociedades”.

Afirmó que como parte de sus esfuerzos por velar por la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, durante el 2017 invitó a 62 Estados Miembros que tenían casos no resueltos a proporcionar información sobre el estado de las investigaciones judiciales.

Reporteros sin Fronteras informó que “en 2017 fueron asesinados 42 periodistas profesionales, 5 periodistas-ciudadanos (el periodismo no es su profesión) y 8 colaboradores de medios de comunicación. En 10 años, más de 700 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su profesión”.

La SIP considera que a través del hemisferio se ha consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos.

Hoy, recordamos a nuestros colegas asesinados vilmente a lo largo de la historia, a quienes rendimos un sentido tributo. No se borrará de la memoria gremial la aberrante intensión de silenciar la voz de denuncia que ellos ejercieron; rendimos homenaje a sus vidas y continuamos exigiendo justicia para los asesinos.

Guatemala está a las puertas de pasar el Examen Periódico Universal para conocer la situación del respeto a los Derechos Humanos. En el caso de los periodistas incumplió su compromiso voluntario de crear e impulsar un Programa de Protección recomendado por varios Estados. Del anterior examen a la fecha, 18 periodistas han sido asesinados. Esperamos que la delegación ratifique el compromiso y, sobre todo, que lo cumpla.

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Los y las periodistas agremiados llevamos ya más de cinco años intentando que los tres gobiernos que hemos tenido asuman su responsabilidad, honren su palabra y cumplan con el compromiso voluntario que asumió el Estado en el Examen Periódico Universal, en Ginebra, en 2012, de crear un programa de protección a Periodistas, tal como lo ha recomendado el Consejo de Derechos Humanos a todos los países.

Hemos acudido a todos los funcionarios y a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Todos han dicho que sí, pero la propuesta avalada por el Presidente se quedó estancada en Gobernación desde el año pasado, en donde un funcionario de la Asesoría Jurídica se ha negado a cumplir con la orden del gobernante. El viceministro de Gobernación en temas de Seguridad nos ha asegurado que se va a impulsar el Programa, pero tampoco ha cumplido.

Estando a las puertas del próximo Examen Periódico Universal que el país enfrentará el 8 de noviembre, el Gobierno envió un informe. En el párrafo C # 149 dice: “149. En noviembre de 2016 el Presidente de la República, impulsó la creación de un Acuerdo Gubernativo, mediante el cual se crea el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, con el objeto de garantizar el libre ejercicio de la profesión”. Esa afirmación es una artimaña, esconde la realidad porque camuflajea su incumplimiento. Que quede claro, el Estado no ha cumplido.

En Guatemala tenemos altos porcentajes de pobreza, somos el noveno país más desigual del mundo y uno de los más violentos. Nuestros gobernantes oyen, pero no escuchan, no atienden, no cumplen y a ningún funcionario le importa lo que pasa.

En una reunión reciente, celebrada en Montevideo y convocada por la Relatoría de la Libertad de Expresión y Artículo 19 para analizar el estado de los mecanismos de protección existentes en la región y los que están en construcción, informamos de nuevo al comisionado Jesús Orozco y al relator de la Libertad de Expresión que el proceso no ha avanzado nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Guatemala se reunió con el Presidente, quien también les mintió al asegurarles que impulsaría el programa, como a nosotros, como a la SIP en su Asamblea. El 12 de septiembre, en una resolución, la CIDH de nuevo instó al Estado a adoptar mecanismos de protección a personas vulnerables, entre ellas los periodistas.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su asamblea de Cancún, en junio pasado, por primera vez adoptó una resolución relativa a la protección de los periodistas, en la que exhortó a los Estados a condenar los asesinatos de periodistas y a adoptar medidas especiales de prevención de riesgos y protección de reporteros, a luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas, a través de la creación de fiscalías especiales independientes, a la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamientos específicos, y a la formación continua de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y de seguridad de periodistas. Los instó a reafirmar públicamente que todo periodista tiene derecho a recibir, buscar y difundir información sin padecer ningún tipo de discriminación.

Finalmente los alentó a fortalecer la colaboración de los Estados miembros con la CIDH y la oficina del Relator Especial, en particular en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.

En México, Colombia, Honduras y Brasil los programas, aunque tienen deficiencias, ya existen. Aquí seguimos esperando.

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Esta discusión ha sido tan reiterada en Guatemala como refutada constantemente. Un sector del empresariado considera que invertir en los pobres es desperdiciar los recursos, es mejor invertir en los “innovadores”, en los pequeños empresarios, en las cooperativas, o sea aquellos que, según ellos, generan riqueza. Con esta visión menosprecian el aporte, actual y potencial, que los campesinos dan a la economía del país. ¡Comemos lo que ellos producen!

Datos de la FAO indican que más de las tres cuartas partes de la población pobre del mundo dependen de la agricultura y de los medios de vida basados en los recursos naturales. Y señala que “muchos de los motivos que llevan a las personas a migrar pueden abordarse invirtiendo en desarrollo rural, apoyando el empleo rural decente y garantizando redes de seguridad social. Este esfuerzo también contribuye a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentable del Hambre Cero en 2030”. Guatemala no cumplió casi con ninguno de los Objetivos del Milenio y, a diferencia de otros países que reportaron disminución de la pobreza, en nuestro caso esta se incrementó, así como la riqueza de algunos.

Infinidad de diagnósticos e informes nacionales e internacionales han concluido que en nuestro país la población más afectada por los bajos ingresos, la falta de empleo y de oportunidades es la que se encuentra en las áreas rurales, que parecen una pintura de hace décadas. No cambia nada debido a la falta de formulación e implementación de políticas para transformar esa realidad.

Durante 10 años se discutió de manera participativa y fue aprobada una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), aplaudida internacionalmente e ignorada por el Estado y cuestionada por quienes ven el desarrollo como producto de la urbanización, pretendiendo ubicar a las mayorías empobrecidas en polos de desarrollo, pero sin considerar las condiciones en que se encuentran actualmente, su falta de capacitación y de preparación para llegar a esos paraísos de “ciudades intermedias”, propuesta que los empresarios hicieron el año anterior, ahora complementada con otra oportunidad de “inversión y ganancia”, que es la construcción de infraestructura vial, que ciertamente es indispensable, pero que no debe ser excluyente a la urgente necesidad que tiene el país de invertir en las áreas que están calificadas como las más pobres y de donde son expulsados grandes contingentes de jóvenes, tanto a los centros urbanos como al exterior, principalmente a los Estados Unidos.

La población rural carece de ingresos para adquirir la canasta básica; es decir, no tienen ni para comer, 76% de ellos están en condiciones de pobreza general y 35%, en extrema pobreza.

La implementación de la PNDRI contribuiría sustancialmente a cerrar la brecha campo/ciudad, logrando que los campesinos alcanzaran una vida digna.

Los y las campesinas, además de dedicarse a la agricultura, tienen aptitudes para desempeñarse en otras actividades, como la crianza de animales, la artesanía, el comercio de sus productos, los tejidos, solo por mencionar algunos. Esa es la enorme riqueza desperdiciada en Guatemala, en donde la mayoría de los niños rurales menores de 5 años ya no podrán recuperarse del daño irreversible que la pobreza, convertida en desnutrición crónica, ha causado en sus cerebros.

La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación cada 16 de octubre, para conmemorar la fundación de esa organización en el año 1945. Se organizan eventos en más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del calendario de la ONU.

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A la mayoría de  guatemaltecos se los está llevando el río, a unos más que a otros. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reporta graves daños en muchas localidades; hay 27 personas fallecidas y 368,694 afectadas por las lluvias, pero pasan desapercibidas, así como los 26 heridos, los 4 desaparecidos y las 7,218  viviendas que tienen daños entre leves, moderados y severos. Total, eso no es lo más importante para el país, que se encuentra inmerso en una polarización que no tiene visos de encontrar cauces para el entendimiento.

Mientras tanto, Alta Verapaz, Retalhuleu e Izabal han estado en alerta roja por las lluvias, así como Huehuetenango y San Marcos; estos dos debido al sismo del pasado 7 de septiembre. En Petén, Quiché y Huehuetenango hay lugares con derrumbes. Pero esa realidad es muy lejana para los citadinos. En fin, las personas que viven en el área rural siempre han tenido toda clase de problemas; estos fenómenos naturales que provocan desastres sociales son uno más.

A los huracanes, tormentas tropicales, deslaves, inundaciones, crecida de ríos que arrastran lo que encuentran a su paso se suma otro terrible ciclón, el de la corrupción, que por décadas ha azotado al país y que ahora por fin estamos combatiendo.

Pero además de ese objetivo y de luchar contra la impunidad, también deberíamos abordar lo que están viviendo los millones de personas que nunca han sido atendidas por esta simulación de Estado que tenemos, que siguen con el mismo ciclo de pobreza y desigualdad y que poco saben de qué se trata esta cruzada contra la corrupción.

Las movilizaciones son expresión de la participación ciudadana, en ejercicio de su legítimo derecho. Las autoridades, mesuradamente, han tenido que hacer esfuerzos por evitar confrontación y provocaciones, lo que debe ser reconocido; sin embargo, en medio de todo este movimiento cívico que se ha gestado, empezamos a percibir actitudes que deben preocupar al Gobierno y a la población.

Me refiero a la cobertura de hechos noticiosos en donde ya hay indicios de intolerancia, abuso e incluso violación a normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión, de prensa, de opinión y del derecho a informar y ser informados. Estas agresiones las ejecutan líderes políticos, agentes del Estado y hasta personas individuales.

Hay ciudadanos cuya confianza en el sistema de información ha disminuido. Acusan a unos medios de ser proclives a ciertas tendencias, a otros los señalan de ser parciales y a unos más hasta les han dicho que están “vendidos”. En las redes sociales se han ensañado en contra de periodistas, a quienes tratan de desacreditar y deshonrar.

Pero es inaceptable que las reacciones violentas, las injurias, las calumnias y la difamación se conviertan en la estrategia para atacar a medios y a periodistas que trabajan en ellos, olvidando que dichos comunicadores son trabajadores, igual que quienes están acudiendo a las manifestaciones o aquellos que se expresan en redes sociales.

Debemos poner un alto a esta situación. Los reporteros, corresponsales, periodistas, columnistas, fotógrafos, camarógrafos y todos los que participan en el proceso informativo merecen respeto, están desempeñando un trabajo en función social, están acercando partes de la realidad a la audiencia. No es posible que la prensa se convierta en el “enemigo a vencer”. Y si hay colegas que no están apegando su trabajo a la ética y no se desempeñan con responsabilidad, hay otras vías para denunciarlos, pero rechazamos la violencia y los intentos de degradar el trabajo de la prensa.

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La libertad de información está  consagrada universalmente, igual que el derecho a la libertad de expresión y de prensa; constituyen las bases para la participación ciudadana real en un contexto democrático.

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 59 (I), que dice: “…la libertad de información requiere como elementos indispensables la voluntad y la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, además, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin prejuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa”.

La información es concebida como un bien social. El artículo 30 de nuestra Constitución garantiza que todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Y el artículo 31 regula el derecho que todas las personas tienen de acceder a lo que de ellas conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, que antes nunca se cumplió.

La información es algo más que un valor intercambiable. Es la base de un régimen democrático, es una herramienta para el libre desarrollo personal. Es un derecho subjetivo pero que interesa a toda la comunidad. Es el derecho a saber y a buscar libremente la verdad. El derecho a la información es más amplio que la libertad de expresión y de opinión.

En 2005 y sobre la base de la legislación, práctica y experiencia de 60 países con leyes de acceso a la información, se adoptaron diez principios sobre el derecho a saber: 1. El acceso a la información es un derecho de todos; 2. El acceso es la norma —la secrecía es la excepción; 3. El derecho aplica a todos los entes públicos; 4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito; 5. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes; 6. Las negativas deben estar justificadas; 7. El interés público tiene prioridad sobre la secrecía; 8. Todas las personas tienen el derecho de apelar una decisión adversa; 9. Los organismos públicos deben publicar de manera pro-activa información central; y 10. El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente.

El 28 de septiembre se conmemora el día del derecho a saber, o sea a tener acceso a la información. Es imperativo valorarlo y exigir su práctica. En el tiempo de la contrainsurgencia, todo era secreto de Estado, no podíamos hacer efectivos derechos constitucionales que formalmente existían. Hoy contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública que recoge todos estos principios, pero que encuentra una muralla en algunas entidades del Estado y otros entes descentralizados o autónomos, entre ellos las municipalidades.

Ha sido una lucha permanente de la Procuraduría de Derechos Humanos demandar el cumplimiento de esa normativa, la cual es una garantía para la ciudadanía de contar con información indispensable para su participación en la toma de decisiones y en la reivindicación de sus derechos.

Y el presidente no ha sido el mejor ejemplo de la transparencia. No quiso hablar con la prensa durante 45 días y, cuando por fin lo hizo, fue esquivo en sus respuestas. Urge que cambie de estrategia mediática. El ensimismamiento, la imprecisión, las salidas por la tangente o la superficialidad no pueden ser las características de un mandatario en su relación con la prensa, menos aun cuando enfrenta una crisis política como la actual.

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La situación del país es muy peligrosa. Ya hemos pasado por coyunturas similares, es cierto, pero cada vez estamos más polarizados; la descalificación es la tendencia, el señalamiento la estrategia y la crítica la destreza a la que se recurre para que el otro tenga la culpa.

Ya lo dijo monseñor Álvaro Ramazzini recientemente, todos somos culpables de lo que hoy vivimos. Nadie puede decir que está exento de responsabilidad. Algo hemos hecho mal que los resultados están a flor de piel. Y no se trata de ver quién tiene más o menos razón, se trata de que estamos a un paso del precipicio y cualquier acción puede ser el empujón que nos lance a un espacio sin retorno.

La juventud, que es mayoría, no ha vivido la tragedia de un conflicto armado, ni los gobiernos militares, la represión y las violaciones a los derechos humanos. Tiene la suerte de poder expresarse con libertad, sin ser silenciada, perseguida, asesinada o desaparecida. La famosa Plaza es una muestra de la situación que antes no tuvimos. Por eso, ellas y ellos, los jóvenes, están llamados a ponerse en primera fila, acompañados de organizaciones o liderazgos experimentados, honorables y visionarios, cuya principal virtud debe ser no guardar odio ni rencor en su corazón y poner en primer lugar al país.

Contaminar más el ambiente nos llevará al camino de la autodestrucción como sociedad; ya hemos tenido suficientes mártires, víctimas y dolor como para que retornemos a épocas pasadas, tragedias que permanecen peligrosamente latentes en nuestra historia reciente. La ansiada paz no llega a nuestros corazones ni al entorno. Hay demasiados intereses en mantener un ambiente de agresión permanente a quien no piensa como nosotros.

Algunos están ansiosos de crear más crisis pues así lograrán sus propósitos, otros quieren resultados inmediatos que en estas circunstancias son imposibles de alcanzar. Si apelamos al respeto a la institucionalidad y al estado de Derecho, corremos el riesgo de ser tachados de mojigatos, de querer mantener el statu quo que está despreciado. Los grupos están atrincherados en posturas intransigentes.

Y el Estado, ausente de los escenarios donde más se le necesita, en los lugares remotos del país. Las instituciones, cada vez más desacreditadas; no hay credibilidad en los poderes del Estado y el sistema político está repudiado. Las razones para estas percepciones son legítimas; la mayoría de diputados se ha ganado a pulso el rechazo ciudadano, algunos jueces, magistrados, fiscales y autoridades locales tienen historias que los descalifican para el desempeño de su alta investidura y el Ejecutivo se ha caracterizado por la mediocridad en algunos cuadros de alto nivel que el mandatario ha colocado.

La figura presidencial está desgastada y desacreditada. El presidente dio un salto al vacío sin paracaídas, lo que le ha representado asirse de las nubes más negras que ha ido encontrando en su camino. Se ha ido generalizando el clamor porque renuncie y los pocos aliados con que cuenta están cuestionados. Se habla de diálogo, pero no lo quieren con él ni con el Congreso, y con razón.

Entonces hay que buscar una salida, en la que esos personajes de la vida nacional tienen que estar de acuerdo, salvo que se esté pensando en un golpe de Estado. Hay propuestas, una viable podría ser pedir la intervención de personalidades con credenciales aceptables.

Cada quien tiene que ceder algo o aceptar que se encienda la chispa y que se provoque el incendio. El presidente tiene el deber de flexibilizar sus posturas, mientras tenga tiempo de hacerlo, que se le está agotando.

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En el continente americano los periodistas se ven afectados en su trabajo. En una reunión de los Corresponsales en América Latina de Reporteros sin Fronteras se discutieron y abordaron los principales problemas y retos que enfrentamos.

México tiene datos abrumadores, es el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo sin estar en guerra; este año hay reportes de 11 periodistas asesinados, la mayoría de casos están en la impunidad y desde el año 2000 más de cien periodistas han perdido la vida en forma violenta.

En Honduras y Guatemala hay escenarios de violencia. Los periodistas están en un estado de indefensión e inseguridad, rodeados de criminales que cometen sus hechos deleznables con toda impunidad. La falta de fallos judiciales condenatorios a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos contra periodistas es una constante. Esto es considerado como una “patente de Corzo” para que continúen delinquiendo.

En Guatemala el silencio lo han impuesto los criminales y narcotraficantes a través de la censura y la autocensura; además, las campañas en contra de medios y periodistas continúan. Algunas personas, incitadas por agitadores o motivadas por noticias falsas o tendenciosas, arremeten contra reporteros y corresponsales, violando la ley; algunos políticos y autoridades transgreden el derecho a la libertad de expresión.

Los Estados tienen la obligación de proteger la libertad de expresión, de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos, de las y los periodistas y comunicadores sociales,

Además de las muertes violentas, también se producen amenazas, intimidaciones, agresiones y ataques; todos son flagelos que enfrentan los comunicadores que no pueden realizar su trabajo y no reciben respuesta de las autoridades a sus repetidas quejas sobre la inseguridad. Es reiterativa la denuncia de agresiones de pobladores organizados y las amenazas por la información que divulgan.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en reiteradas ocasiones ha recomendado a los Estados adoptar mecanismos de protección a periodistas, dado el alto riesgo que enfrentan en su trabajo. La OEA, en su última asamblea, adoptó, por primera vez, una resolución relativa a la protección de periodistas, para incrementar su seguridad y luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos en su contra, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una resolución hace pocos días instó al Estado a proteger a los periodistas y medios de comunicación, por el riesgo de investigar y difundir información sobre corrupción.

Guatemala fue sometida al Examen Periódico Universal (EPU) el 24 de octubre de 2012, en la sede del Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza, en el marco del 14º Periodo de Sesiones. Durante la sesión los países presentaron ocho recomendaciones y observaciones para el Estado de Guatemala, relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, las que fueron aceptadas, además de que el país adoptó voluntariamente el compromiso de impulsar el Programa de Protección a Periodistas.

A cinco años de distancia, ninguno de los tres gobiernos que hemos tenido —Pérez, Maldonado y Morales— ha cumplido con este compromiso de Estado y en ese lapso 19 periodistas y comunicadores han sido asesinados. Guatemala será examinada en ese mecanismo de la ONU en Ginebra, este año, en donde estamos insistiendo para que se solicite al Gobierno que se adopte e impulse el programa de Protección a Periodistas con participación de las entidades gremiales, periodistas y trabajadores de los medios, como se ha recomendado.

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Tenemos un país hermoso, lleno de luces y sombras, con una historia milenaria, bellos paisajes y una multiculturalidad que constituye un patrimonio invaluable. Contamos con un clima envidiable y, sobre todo, valores nacionales que ante tanta fatalidad quedan opacados y no logran brillar y emplear sus talentos para sacar al país de este cenote profundo a donde se le ha empujado.

Venimos de una historia de conflictos, divisiones y malas decisiones que han generado desconfianza y falta de esperanza, lo cual no aporta para buscar el camino de la reconstrucción del país, para llegar a la reconciliación tan ansiada por muchos, pero, sobre todo, para contribuir con los millones de guatemaltecos y guatemaltecas que son ajenos a esas mezquindades y que siguen en el mismo círculo vicioso de pobreza y miseria.

Por el contrario, una parte de la sociedad sigue llena de odios, resentimientos, envidias y descalificaciones, sentimientos que nos tienen enfermos como sociedad.

Que tenemos sobradas razones para la inconformidad debido a que esta nave donde vamos todos no tiene rumbo, ni capitán para guiarla, es cierto. Que tenemos un sentimiento de frustración compartido porque nunca las cosas resultan como esperamos, también. Que deseamos que todos los que han hecho daño, los indeseables y los corruptos reciban su castigo, así es; pero la forma en que estamos abordando los problemas ya se demostró que no nos llevará a ese resultado.

Cuando analizamos la historia y constatamos que países que en el pasado enfrentaron horribles guerras, plagas y confrontación lograron emerger y convertirse en grandes potencias, tendríamos que averiguar cómo lograron salir de esa noche de terror para intentar dar algunos pasos en esa dirección.

Que no tenemos líderes y dirigentes como los históricos porque los asesinaron, es parte de nuestra realidad. Es innegable que las instituciones son frágiles, que hay funcionarios corruptos. Pero también hay muchos honestos, que a diferencia de quienes solo critican, se atreven a estar en el Estado, sirviendo a la población y al país. El Gobierno es un desastre, pero es lo que la mayoría eligió, igual que a los diputados. El Organismo Judicial tampoco está a la altura. Pero no todos los funcionarios y dignatarios de la nación son merecedores de desprecios.

Las demandas sociales de quienes tienen el privilegio de estar informados, de participar de distintas formas, de protestar y de proponer, son legítimas, pero lo que nos está haciendo mucha falta es pensar en lo que está viviendo la inmensa mayoría de la población, aquella que es tomada en cuenta solo en las campañas políticas o cuando hay que traer a alguien a manifestar. La que está reportada en los vergonzosos datos que nos ubican como uno de los países más desiguales del mundo, con altos niveles de pobreza y pobreza extrema. La que no está en las redes sociales, ni puede ver internet, ni los memes.

Esas familias son las que deberían están gritando y exigiendo el cambio que necesita nuestra Patria, pero como no tiene voz, nadie escucha ni atiende sus necesidades. Esa es la persona humana que la Constitución prioriza.

Por eso, ahora que diversos actores sociales hablan de diálogo para superar la actual crisis política, donde cada día se aumenta algún nuevo elemento —el deleznable bono que recibe el presidente, por ejemplo—, se hace necesario pensar en los problemas de fondo referidos. Dialoguemos, pero atrevámonos a abordar la dimensión estructural que nos agobia y que subyace en las reiteradas crisis políticas que angustian a las ilustradas élites progresistas.

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En medio de esta crisis, que de no solucionarse podría llevarnos a consecuencias indeseables, los periodistas, como profesionales de la información que cumplen un papel crucial en la sociedad, se convierten en un blanco de quienes, incitados por sentimientos perversos o motivados por los temores de ser descubiertos en sus acciones punibles, llevan a cabo, de manera conjunta, individual, concertada, planificada o espontánea, hechos que atentan contra su seguridad, violan la Constitución Política y atropellan el derecho a informar y estar informado.

Desde el principio del año, cuando dos periodistas fueron asesinados, hemos reiterado que hay un escenario no idóneo para el trabajo de la prensa, el que cada día se contamina más. Hace semanas, varios medios denunciaron que estaba circulando una campaña para desacreditarlos, entre ellos Plaza Pública, Soy 502; el periodista Juan Luis Font ha estado bajo hostigamiento; Guatevisión denunció una campaña para bloquear la señal y evitar que los usuarios puedan recibir la información que ellos transmitieron cuando el presidente encendió esta chispa.

La APG, en un comunicado, denunció que en Guatemala se está censurando información difundida por Guatevisión y llamó a las entidades nacionales e internacionales que velan por la libertad de expresión a estar alertas ante estas flagrantes violaciones a la libertad de expresión. Indicó que intereses aviesos han pretendido limitar y censurar la información que ese noticiero difunde, que además está siendo atacado por redes sociales y páginas falsas. Rechazó los bloqueos que ha tenido el citado medio de comunicación en varios departamentos, entre ellos Petén, Retalhuleu, Quetzaltenango y Sololá, y que según su director, Haroldo Sánchez, los sistemas de cable donde han ocurrido dichas acciones están vinculadas con alcaldes y diputados.

En coyunturas tensas, lo primero que los depredadores de la libertad de expresión hacen es intentar censurar o intimidar a los medios y periodistas para que no cumplan con su misión de llevar información a sus audiencias; los periodistas somos un eslabón vulnerable en esa cadena que se resiste a sucumbir. El procurador de Derechos Humanos abrió un expediente por los intentos de desestabilizar a la prensa independiente.

Otra de las intenciones de los responsables de esos ataques e intentos de censurar es que las personas pongan en duda la veracidad de las informaciones, introducir elementos de confusión, noticias falsas, desinformación, que llevan a conclusiones erróneas en relación con aspectos de la realidad.

Con mucha preocupación se ha detectado, en algunos casos, que la ciudadanía cae en esa trampa y ha arremetido contra los periodistas; en otros se ha dañado su prestigio personal y profesional.

El martes, a plena luz del día, la redacción de Canal Antigua, fue impactada por un disparo que afortunadamente no provocó más que daños materiales; sin embargo, este hecho nos alerta aún más.

Desde el poder, hay una enorme responsabilidad, no solo en la polarización que se profundiza, sino en los riesgos que estamos corriendo todos, tanto institucionales como personales. La prioridad debe ser el interés nacional y no los beneficios personales

Plataformas falsas, call centers y publicaciones anónimas o sin firma, acusaciones y las campañas difamatorias, buscan crear un estado de opinión negativo contra los medios y periodistas. El ente investigador debe actuar con agilidad para encontrar a los que están escondidos detrás de esos hechos y el presidente y su equipo deben ser reflexivos en sus declaraciones.

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