Aunque López aseguró que fue un proceso transparente, en la lista aparecen Juan Fernando Rodríguez Ortiz, excandidato a la alcaldía de Jocotán, Chiquimula, y Romeo Morán Mus, exaspirante a la vara edil de San Cristóbal, Alta Verapaz. Ambos fueron postulados por FCN-Nación.

También figura Hember Roberto Herrera Girón, quien el año pasado fue candidato a concejal primero de Santa Cruz del Quiché impulsado por el Partido Patriota (PP).

Veinte departamentos ya conocen quiénes serán los directores. Sin embargo, quedaron pendientes los nombramientos de Zacapa y Escuintla, debido a que los candidatos no llenaron los requisitos solicitados.

“Fue un proceso técnico que comenzó con una convocatoria abierta publicada en un medio de comunicación. La misma fue atendida por profesionales que contaban con el perfil requerido”, manifestó López.

Afirmó que se conformó una comisión de 20 profesionales, expertos en selección de personal y reclutamiento, quienes revisaron y depuraron los expedientes.

Los aspirantes que no cumplieron con los requerimientos fueron excluidos automáticamente. “Los candidatos que si cumplieron fueron entrevistados y evaluados con diferentes pruebas”, detalló.

Calificación

Puntualizó que quienes obtuvieron un puntaje igual o mayor a 75 fueron incluidos en el listado de elegibles.

“Se hizo una consulta al Ministerio Público para determinar cuáles eran las condiciones de cada una de las personas, en función de tener alguna tacha o procedimiento a nivel judicial”, enfatizó.

El ministro refirió que posteriormente él procedió a seleccionar a las personas que ocuparán los cargos a partir de este miércoles.

“En Zacapa y Escuintla se han declarado desiertas las plazas porque ninguno de los participantes obtuvo el puntaje mínimo requerido. La próxima semana haremos otra convocatoria para llevar a cabo un nuevo proceso de reclutamiento para encontrar a los candidatos idóneos”, explicó.

Aseguró que el proceso de selección fue transparente pues se cumplieron los requerimientos que establece la Ley de Servicio Civil.

Los elegidos

1. Guatemala Norte, Leticia Yaneth Berganza Betancourt de Castillo.
2. Guatemala Sur, Claudia Elizabeth Morales García de Ixquiac.
3. Guatemala Oriente, Carmen Consuelo Maldonado.
4. Guatemala Occidente, Nimeiry Abraham Martínez Soto.
5. Sololá,  Juana Navichoc Chavajay.
6. Totonicapán, María Dominga Pu Tax.
7. Quetzaltenango, Carlos Enrique López De León.
8. Quiché, Hember Roberto Herrera Girón.
9. Baja Verapaz, Fausto Samuel Esquivel Rivera.
10. Alta Verapaz, Romero Morán Mus.
11. Petén, Amílcar Rolando Corzo Márquez.
12. Izabal,  Julio Antonio De León Sosa.
13. Suchitepéquez, Hugosveli Chapetón Cardona.
14. Retalhuleu, Emma Cristina Marroquín Reyes.
15. San Marcos, Mario Roberto Chang Bravo.
16. Huehuetenango, Juan Francisco López Cano.
17. Chiquimula, Amparo de Jesús Rodríguez Javier.
18. Jalapa, Yadira Abigail Ishiaj Conde de González.
19. Jutiapa, Álvaro Arnaldo Moreira Mellado.
20. El Progreso, Adán Estrada Valdez.
21. Sacatepéquez, Juan Fernando Rodríguez Ortiz.
22. Chimaltenango, Raúl Sánchez Álvarez.
23. Santa Rosa, Arcenio Castillo Colindres.

Carlos López, César Fajardo y Julio López Villatoro fueron señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de tener más empleados de lo que les permitía la ley durante su gestión como directivos en el Congreso.

El diputado por Huehuetenango Mauro Guzmán afirmó en su cuenta de Twitter que los congresistas debían ser sancionados y expulsados del partido.

“No mencioné nombres específicos en la cuenta de tuiter porque creo que se tiene que hacer una depuración del partido total, no podemos permitir a personas señaladas de delitos graves”, dijo Guzman a Prensa Libre.

El presidente del Congreso y secretario general adjunto de la UNE, Mario Taracena, se negó a opinar pero mencionó que si se comportaron moralistas cuando se realizó un mitin inapropiado en Escuintla y se expulsó al diputado, lo mismo tiene que suceder en este caso.

El jefe de esa bancada, Orlando Blanco, indicó que el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido se reuniría para analizar el futuro de los congresistas. Sin embargo, no ha revelado el resultado de ese encuentro.

Los defienden

Mientras que la UNE debate la expulsión  o no a sus diputados señalados, Alianza Ciudadana (AC) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), coinciden en que no separarán a los congresistas que fueron señalados y que pertenecen a sus partidos.

Carlos Fión, jefe de Creo, Indicó que respaldarán a Selvin García mientras se realizan las pesquisas correspondientes porque aún no ha sido declarado culpable.

“Vamos a darle el beneficio de la duda”, declaró a Prensa libre.

La misma opinión tiene Julián Tesucún, jefe de AC, quien dice que retirarían a Luis Rabbé del bloque solo si resulta culpable, pues en el país existe la presunción de inocencia y “él solo está señalado, aún no ha sido condenado”.

El mandatario anunció en conferencia de prensa que la nueva jefa de la PGN asumirá el cargo este viernes 3 de junio. Morales mencionó que se efectuó un proceso de selección en el cual se analizaron expedientes de varios profesionales.

Destacó que Morfín fue vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y es una especialista en materia de derecho.

“Quiero agradecer a la licenciada Morfín por haber aceptado el reto. En sus manos está devolver la confianza de la PGN a la ciudadanía”, expresó.

Morales añadió que uno de los retos de su gobierno es recuperar la credibilidad de todas las instituciones y resolver los casos de alto impacto.

La llegada de Morfín a la Procuraduría General de la Nación (PGN) ocurre en momentos en que la institución evalúa  al menos 19 contratos de usufructo que el Estado de Guatemala firmó con empresas privadas.

La nueva procuradora deberá darle continuidad al trabajo de su antecesora en la PGN, con el caso  de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El trabajo de la nueva PGN

1. Intervenir en los negocios en que estuviere interesado el Estado, formalizando actos y suscribiendo los contratos que sean necesarios a tal fin.
2. Representar al Estado en las sociedades mercantiles de las que sea socio o que tenga participación de cualquier tipo y en las entidades públicas que teniendo adscritos bienes a su nombre carezcan de personalidad jurídica propia.
3. Defender los intereses del Estado judicial y extrajudicialmente.
4. Asesorar y dictaminar en los asuntos de la Administración Pública, pudiendo corregir de oficio, pronunciamientos y dictámenes ya emitidos por sus subalternos o por la propia Institución, cuando vaya en beneficio de los intereses del Estado.
5. Otorgar Mandatos o Acuerdos de Delegación a Abogados de la Institución. También podrá otorgar mandatos para casos o materias específicas, a abogado colegiado activo y a funcionarios de las instituciones y organismos del Estado y entidades autónomas o descentralizadas.
6. Promover o adherirse a los procesos en contra de los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus cargos puedan generar responsabilidad civil solidaria del Estado. Asimismo, ejercer todas las acciones legales en defensa del Estado.
7. Accionar en los juicios económico-coactivos, ejercitando las diligencias pertinentes o coadyuvando con el órgano estatal que las ejecute.

Los datos del estudio mencionan que Danilo Medina, presidente de República Dominicana, quien recientemente fue reelecto para un nuevo periodo, se sitúa en el primer lugar con una aprobación del 73 por ciento.

Detrás de él se posiciona, con 70 por ciento de popularidad, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, que se postulará nuevamente a la primera magistratura en las elecciones que se efectuarán en noviembre próximo.

Aunque sólo lleva cuatro meses en el poder, Jimmy Morales obtuvo el tercer lugar con un nivel de aprobación del 61 por ciento, superando por escaso margen a Evo Morales de Bolivia -57- y al hondureño Juan Orlando Hernández -52-.

Luego aparece un grupo de gobernantes que tienen más opiniones negativas que positivas, pero que aún cuentan con cierto respaldo de los ciudadanos.

Entre ellos destacan Mauricio Macri de Argentina, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, Juan Carlos Varela de Panamá y Enrique Peña Nieto de México.

El mandatario peor calificado fue el peruano Ollanta Humala con un 18 por ciento de aprobación.

Muestreo

La medición fue realizada por la firma CID Gallup Latinoamérica y otras compañías consultoras durante mayo del año en curso.

“Los estudios son a nivel nacional, con muestras mínimas de 1 mil personas cada uno. El margen de error es de 3 puntos porcentuales”, menciona el documento.

Quién es Morales

En octubre de 2015, y con un 67.44 por ciento  –2 millones 750 mil 847 votos–, Jimmy Morales ganó la presidencia de la República por el partido Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación.

Morales, de 46 años, es un hombre casado y padre de cuatro hijos. Tiene estudios de Teología, administración de empresas y estrategias de seguridad.

Su propuesta de gobierno es alimentación, educación y fomento al desarrollo empresarial.

Morales no tiene experiencia en la función pública, esa es una de las principales razones que los guatemaltecos argumentaron para darle su voto.

Morales hizo realidad la historia de su película Un presidente de asombrero, en la cual actúa como Neto, uno de los personajes que representó durante 15 años en la serie Moralejas.

En proceso de elecciones del 2011, el ahora presidente intentó lanzarse a la política pero fracasó en sus aspiraciones para alcanzar la alcaldía del municipio de Mixco, donde perdió contra Otto Pérez Leal.

La acción fue planteada por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este jueves el MP en su portal de internet.

Julia Barrera, portavoz de la fiscalía, indicó que la asistencia persigue verificar por qué no se ha dado cumplimiento a un amparo provisional que ordena cesar el funcionamiento del proyecto Progreso VII Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

“El MP presentó la asistencia a la CSJ para que se ejecute lo resuelto en ese amparo. Se verificará por qué no se ejecuta”, explicó.

En su portal digital, la fiscalía menciona que “se planteó una asistencia para la debida ejecución de lo resuelto con la finalidad que el tribunal de amparo determine si el Ministerio de Energía y Minas o cualquier otra persona o entidad involucrada ha incumplido con el amparo provisional decretado”.

Afirma que, según el fallo, deben cesar las actividades de explotación minera de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

“Se debe ordenar inmediatamente el encausamiento de los responsables, librándose para el efecto certificación de lo conducente, para la iniciación del proceso penal que corresponda”, agrega.

Investigación

El MP también dio a conocer que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente comenzó una persecución penal de oficio en contra de la compañía.

“La investigación, que está en desarrollo, busca determinar la posible contaminación que el proyecto minero estaría causando”, añadió Barrera.

Este jueves el MP y la Cicig  solicitaron antejuicio en contra de los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo, Julio López Villatoro, Manuel García Chutá, Carlos López Girón, César Fajardo y Selvin García.

César Fajardo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien fungió como primer secretario en la junta directiva 2015-2016 del Congreso de la República, aseguró que nunca ha cometido dolo y que no actuó con fines de lucro.

“Yo soy respetuoso de la ley, me someto al imperio de la ley. Estoy disponible en cualquier momento para ello. Estoy dispuesto a aclarar esta situación en los cánones de la ley, por mi familia y por la sociedad guatemalteca que me conoce”, declaró.

Fajardo afirmó que todo el personal que se contrató durante su gestión llegaba a trabajar. “No recuerdo cuantas plazas tenía. La costumbre en el Congreso es que el personal 022 no marca su asistencia, pero eso no quiere decir que no estuvieran presentes”, mencionó.

Selvin García, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quien desempeñó el cargo de tercer vicepresidente en dicho periodo, dijo que la ley orgánica del legislativo les permite contratar personal adicional.

“Es importante destacar que la actividad de los diputados es política y se necesita personas de confianza. Los empleados 022 no marcan porque son de confianza. Algunas personas estaban a mi disposición cuando salía al interior y otras se quedaban en el Congreso. Yo tenía 13 personas a mi cargo”, explicó.

El parlamentario no desestimó los señalamientos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“En el momento que comience la investigación se va a demostrar que los diputados que son miembros de la junta directiva tienen el derecho de contar con más personal. Los que yo tenía asignados si venía a trabajar”, sentenció.

El resto de diputados señalados por la Cicig y el MP no han contestado llamadas a sus teléfonos celulares.  

Piden apego a la ley

Boris España, jefe del bloque Movimiento Reformador (MR), al cual pertenecen Crespo y García Chutá, expresó que deben prevalecer las leyes del país y se debe respetar el debido proceso.

“El procedimiento correcto es que ellos sean vencidos en juicio. Tendrán que aportar las pruebas en los tribunales. No podemos estar haciendo un circo de dos diputados que fueron señalados. La responsabilidad de ellos con la justicia guatemalteca”, puntualizó.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, no descartó que en los próximos días las autoridades soliciten más antejuicios.  “Son tragos amargos y difíciles que van a mejorar el Congreso de la República. Hay que hacerlos”, enfatizó.

Taracena lamentó que los parlamentarios contra quienes se solicitó antejuicio no puedan ser arraigados. “No se va a poder legalmente”, manifestó.

La directiva de Luis Rabbé:

• Luis Rabbé, presidente.
• Arístides Crespo; vicepresidente.
• Julio López, segundo vicepresidente.
• Selvin García, tercer vicepresidente.
• César Fajardo, primer secretario.
• Edgar Cristiani, segundo secretario.
• Manuel García Chutá, tercer secretario.
• Carlos Herrera, cuarto secretario.
• Carlos López, quinto secretario.

Gálvez resolvió que Morales Guerra y  11 personas más enfrenten juicio por supuestamente haber integrado una red delictiva que lavó dinero y cometió financiamiento electoral ilícito.

Los delitos por los cuales Gálvez ordenó que el caso denominado Lavado y Política vaya a debate son asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.

También es señalado de falsificación de documentos, revelación de información confidencial, obstrucción de la justicia, defraudación tributaria y peculado por sustracción. Queda pendiente programar la recepción de las pruebas.

Gálvez ordenó al Ministerio Público (MP) que investigue a las autoridades del Banco G&T Continental que resulten responsables de haber permitido a Morales Guerra hacer “transacciones irregulares” en la entidad.

En relación con la decisión judicial, Carlos Granados Moreno, gerente de Mercadeo y Comunicación  del Grupo Financiero G&T Continental, manifestó: “Ratificamos que a partir del año 2009 reportamos en varias oportunidades las operaciones de Francisco Morales Guerra y empresas vinculadas, con conocimiento de las autoridades, derivado del estricto cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero. De esa cuenta, a partir de enero del 2011 se cancelaron todos los servicios bancarios que esta persona poseía con nuestra institución. Para nosotros es importante continuar apoyando con cualquier información relacionada a este caso, colaborando así con lo que las autoridades dispongan; estando siempre en la mejor disposición de atenderlos”.

Estructura

Morales Guerra supuestamente encabezaba la red que entre los años 2008 a 2011 habría recibido grandes sumas de dinero en efectivo, en moneda extranjera, y los introdujo en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían aparentemente del narcotráfico.

Según Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así.

“Mantenía una relación con los hermanos Barquín -Edgar y Manuel- y el diputado -Jaime- Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas”, mencionó el comisionado.

En la estructura también había empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.

Juez Miguel Ángel Galvez continúa pronunciamiento por otros delitos. @prensa_libre pic.twitter.com/MUkZZ7Sx0Y

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 25, 2016

Después de una publicación hecha por la actriz mexicana Wendy González en redes sociales, la Fundación Rigoberta Menchú emitió un comunicado en el cual exige una disculpa pública a la artista oriunda de Monterrey.

La publicación de González y la reacción de Menchú encendieron las redes sociales en ambos países. Mientras unos apoyan la petición de la premio Nobel, otros le restaron importancia. Sin embargo, el tema podría acarrear consecuencias.

María Concepción Ajcot, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), repudió el mensaje de la actriz y dijo que no debe aceptarse porque incita al odio racial.

“Este caso no es el primero, es uno de muchos que se han dado. Se trata de una mujer que tiene gran prestigio a nivel mundial. Si se tienen estas actitudes contra ella –Rigoberta Menchú- cómo será contra otras personas indígenas de todo el mundo”, indicó.

Ajcot recordó que Guatemala tiene un convenio de cooperación con la Conapred de México. “Nos comunicaremos con ellos para que se cumpla la disculpa que está pidiendo la doctora Menchú”, enfatizó.

Denuncia

Byron Paredes Tiul, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), lamentó que Wendy González no se encuentre en Guatemala porque ello impide interponer una denuncia por discriminación en su contra.

“Este es otro claro ejemplo de la mala utilización de las redes sociales. –Menchú- Es una persona emblemática del país. Se está violando el derecho de entidad de los pueblos indígenas porque se denigra la condición de indígena”, explicó.

Afirmó que espera una disculpa de la actriz. “Las autoridades de México deben tomar cartas en el asunto porque los comentaristas mexicanos tienen un racismo muy marcado, como lo sucedido con David Faitelson”, mencionó.

Reflejo de la sociedad

La socióloga Silvia Monzón detalló que el humor tiene un papel en la sociedad ya que es una forma de expresión, pero generalmente tiene una carga sexista, racista y clasista.

“La mayoría de chistes se burlan de esas condiciones. La discriminación es planteada como un delito porque puede tipificarse como expresión de odio. Eso ocurre en sociedades profundamente racistas como la mexicana y guatemalteca porque los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos”, añadió.

Agregó que el uso de las redes sociales debería tener ciertos parámetros. “La misma violencia de relaciones de género que se da en la vida real se da en el espacio virtual. Es un reflejo de lo que somos como sociedad”, manifestó.

Monzón dijo que Rigoberta Menchú es una figura pública conocida mundialmente. “Ella tiene todo el derecho de exigir una disculpa. Quién le da el derecho a una persona para burlarse de otra”, se preguntó.

La comuna dio a conocer que el viaducto, denominado “Conexión zona 5 – zona 10”, ayudará a mejorar la fluidez vehicular en el sector.

“Se calcula que 75 mil automovilistas usarán el paso diariamente, por arriba y por abajo. Ayudará a quienes se dirigen a la zona 15 y bulevar Vista Hermosa”, detalló Sandoval.

La construcción de la obra comenzó a finales de diciembre del año pasado. Actualmente está en la fase de señalización.

El vocero municipal afirmó que el costo aproximado del distribuidor vial es de Q12 millones. “Hubo aportes de algunas empresas y de los vecinos”, puntualizó.

“Esperamos que sea bien recibido. En este crucero existía mucha afluencia vehicular. El semáforo o el trabajo de los agentes de tránsito no era suficiente”, mencionó.

La Dirección de Obras de la comuna publicó en su portal de internet que “este viaducto contribuirá a mejorar la fluidez vehicular de quienes acceden a la zona 10, provenientes de la zona 5 y el norte de la ciudad”.

Agrega que la construcción dará vía continua a los automovilistas que se conducen por la 2ª. calle, con dirección al bulevar Vista Hermosa.

El director de Obras de la comuna, Álvaro Hugo Rodas, explicó meses atrás que la construcción del viaducto tendría una inversión de Q12 millones.

En la zona 16

Desde enero comenzó la construcción del viaducto Las Flores, en la glorieta del mismo nombre, en Cayalá, zona 16, y que conecta los bulevares Rafael Landívar, austriaco y La Montaña.

El objetivo del distribuidor vial, es descongestionar la actual rotonda de Cayalá pues actualmente se forman embotellamientos en ese sector, debido a que los automovilistas, en la actualidad, deben hacer un alto, que en las horas pico se complica por los dobles carriles y por quienes deben cruzar en alguna de las tres direcciones.

Andrei González, de la Fiscalía de Delitos Económicos, indicó que hace unas semanas el juez Miguel Ángel Gálvez autorizó la inmovilización. Sin embargo, la empresa interpuso un amparo que fue otorgado.

Posteriormente el MP presentó una apelación en contra de dicho amparo. “Fue conocido por la CC y nos dieron la razón”, explicó el fiscal.

“En ese momento la Sala Cuarta había resuelto el amparo en definitiva y se había dejado sin efecto la inmovilización. Presentamos otra apelación y hoy la CC nos notificó que resolvió otorgarnos la apelación de amparo. Por tal motivo queda en pie la inmovilización de cuentas”, detalló González.

Agregó que no tenía el dato exacto de la cantidad de cuentas inmovilizadas. “Son todas las cuentas que tienen en los bancos del sistema”, mencionó.

El fiscal expresó que la medida busca inmovilizar las ganancias que pudo obtener la estructura.

Ligados a proceso

El 3 de marzo último el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso penal a 15 personas vinculadas con la supuesta defraudación fiscal de Aceros de Guatemala por alrededor de Q255 millones.

La investigación del MP sostiene que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra le empresa Aceros de Guatemala, S.A, en las que señala a esa entidad de simular compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana.

La pesquisa destaca que en agosto de 2012 Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala y se archivó el caso, pero el MP apeló esa decisión.

Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres  denuncias.

El caso

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción encabezada por los sindicados, Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovani Marroquín Navas, enlace de la estructura – vinculados en el caso La Línea -, para obtener la desestimación de tres querellas contra la empresa por Q255 millones 612 mil 266.82.

El objetivo de la estructura no solo era librar a la empresa Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa) dio a conocer que 7 mil metros cúbicos de basura fueron arrastrados a ese manto acuífero en los últimos días.

Entre los desechos que llegaron al lago por la desembocadura de 14 ríos se encuentran bolsas plásticas, botellas de vidrio, llantas, ropa, cartón y otros productos que lo siguen contaminando.

Según Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), en época de lluvia el río Villa Lobos arrastra diariamente más de 250 toneladas de basura.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que durante la época lluviosa los niveles de los ríos crecen y arrastran desechos que terminan en lagos y lagunas.

El domingo recién pasado vecinos alertaron a las autoridades debido a que en el lago de Amatitlán se acumularon grandes cantidades de basura.

Ese día los Bomberos Voluntarios localizaron los restos de una mujer que murió luego de ser arrastrada por el agua el viernes último.

A cinco días de que venza el plazo para sancionar o vetar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y en medio de cuestionamientos por el caso de corrupción conocido como TCQ, Morales hace la publicación.

“No saben lo difícil que es para un Presidente pararse sobre una tarima ante una población que requiere de tanto, que necesita tanto”, escribió este viernes por la tarde.

“Al verlos no puedes obviar las décadas de abandono, son la materialización, la encarnación misma de tanta corrupción”, añadió.

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Morales recordó que hace poco tiempo era un ciudadano común, indignado y cansado como la mayoría de guatemaltecos.

“Hoy, estoy al frente del reto más grande de mi vida, pero también ante una gran oportunidad, no es sólo mía, es nuestra”, puntualizó.

El mandatario enfatizó que no se cansará de invitar a la población para que se sume al trabajo. “Hay problemas muy serios y decisiones difíciles que tomar”, reconoció.

Conformar equipo

El gobernante pidió a la población conformar un equipo. “Juntos encontraremos la mejor solución al caso TCQ. Juntos convertiremos la Ley Electoral y de Partidos Políticos en una Ley moderna e idónea”, indicó.

“Trabajando juntos haremos que Guatemala se convierta en una gran Nación. Feliz descanso Guatemala, millones de guatemaltecos cuidaremos tu futuro. Bendiciones”, manifestó Morales.

La actual reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) fue aprobada por el Congreso, previos comentarios de la Corte de Constitucionalidad (CC), solo está pendiente la sanción o veto del Ejecutivo para que cobren vigencia los cambios.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) urgieron al Ejecutivo la sanción de las reformas, tema de Estado y que aportaría un sustancial cambio al proceso electoral actual.

El máximo órgano electoral del país se pronunció luego de las diferencias que han trascendido los últimos dos días, entre el presidente del Congreso, Mario Taracena, y Jimmy Morales, presidente del Ejecutivo, por el veto de la norma.

Las razones de Morales para vetar la LEPP

• El Congreso no respetó el dictamen en el que se plasma la opinión de la Corte de Constitucionalidad.
• Aumentaron la cantidad de diputados a 160, cuando el máximo tribunal lo dejó en 158.
• No tomaron en cuenta el clamor popular respecto de las cuotas para mujeres e indígenas.
• Se dejó  abierta la posibilidad para que los legisladores se cambien de partido en año electoral.
• La no cancelación de los partidos políticos.

Jovel Polanco fue señalada por el Ministerio Público (MP) de falsificación de documentos privados y falsedad ideológica, según una denuncia que la Procuraduría General de la Nación (PGN) efectuó en febrero de 2012 y por la que está detenida su exasesora, Dominga Lissette Ordóñez Sáenz.

De acuerdo con la investigación, Jovel, de forma anómala, logró que un niño entregado en adopción a la asesora del despacho del Viceministerio de Relaciones Exteriores, Dominga Lissette Ordóñez Sáenz, se quedara con ella a pesar que no era elegible para ser madre sustituta.

Por este caso la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo el martes en una casa de Fraijanes a Ordoñez Sáenz -su esposo Mynor Edgardo Quintana Sánchez está prófugo-, por los delitos de abandono de niños y personas desvalidas y desobediencia.

Además, el MP solicitó antejuicio contra el magistrado de la Sala de Apelaciones, Leonel Rodrigo Sáenz Bojórquez, bajo sospechas del delito de prevaricato, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

La secretaria del MP, Mayra Veliz, explicó que el juez Sáenz Bojórquez es primo de Ordóñez Sáenz.

Pesquisa

Todo comienzó el 21 de julio de 2010, cuando la PGN se enteró que en un hospital privado abandonaron a un recién nacido –tres días –, quien fue llevado ante un juez de Paz.

Según la pesquisa, el 24 de julio Ordóñez recibió dos llamadas del PBX de Torre de Tribunales. Las comunicaciones duraron cuatro minutos cada una. De acuerdo con la declaración de una trabajadora social de la PGN, el juez llamó ese día a su prima para decirle que existía un niño que necesitaba entregar en abrigo provisional.

A las 17 horas de ese día se efectuó la audiencia en el Juzgado de Paz de Faltas de Turno; el juez Sáenz entregó al recién nacido al cuidado y abrigo de Ordóñez Sáenz.

Jovel Polanco ofreció hacerse cargo del bebé para que no fuera internado en una casa cuna. Según las autoridades, la audiencia se retrasó cuatro horas porque el juez esperó la presencia de Ordóñez.

Siguen el rastro

En 2012 la PGN pidió a la PNC seguir el rastro del pequeño. Luego de cinco días de investigación la Policía informó que el bebé no vivía con Dominga Ordóñez sino con Joviel Polanco.

La PGN descubrió que la entonces funcionaria registró al bebé como hijo suyo en el Registro Nacional de Personas (Renap).

El 20 de febrero de 2012 la PGN denunció a Ordóñez Sáenz y Jovel Polanco por falsificación de documentos privados y falsedad ideológica.

Víctor Maldonado, vecino de la zona 2, mostró su malestar pues dijo que por años las autoridades no han podido solucionar el problema de las inundaciones.

“Esto apenas está empezando y ya estamos inundados nuevamente. Años tenemos de estar solicitando soluciones, pero no hay nada de parte de las autoridades y cada vez se empeora”, aseguró Maldonado.

Sandra Quijivix, propietaria de un comedor, dijo que tuvo pérdidas económicas, debido a que por las inundaciones no llegaron clientes al negocio, el cual también resultó afectado por la acumulación de agua.

“Estaba esperanzada de que iba a vender, pero nadie vino. Solo el agua ingresó y por más que intentamos sacarla con escobas, fue imposible; además, se perdieron algunas cosas porque se mojaron”, dijo la comerciante.

Daños en cementerio

Además, debido a la filtración del agua de lluvia, una parte de un paredón del cementerio general,  en la zona 1, se desplomó. 

Lluvia causa estragos

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a López el 27 de enero último en la colonia Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco.

El Ministerio Público (MP) informó que existe un pedido de formal extradición en contra del aprehendido, quien deberá enfrentar a la justicia estadounidense por violación en primer grado de una menor de 14 años.

La fiscalía dio a conocer que el guatemalteco también enfrenta cargos por abuso deshonesto en dicho país.

Este miércoles el MP solicitó que “con base a lo solicitado por Estados Unidos, oportunamente se ordene la entrega a dicho estado de los objetos que fueron incautados al requerido al momento de su detención”.

El día que González López fue arrestado portaba un gafete blanco forrado con plástico y fotografías en ambos lados. También le fue decomisado un teléfono celular.

“Al momento de resolver con lugar el pedido de extradición y al quedar firme el fallo pedimos que el Tribunal comunique, a través de la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores poniendo a disposición al requerido y los objetos anteriormente descritos”, solicitó el MP.

Informe

Durante la audiencia la fiscalía hizo saber al sindicado que Estados Unidos lo está requiriendo. Ese país deberá presentar un informe con los señalamientos en un plazo de 40 días.

Cuando esa nación entregue el documento González López podría allanarse para agilizar el trámite, sino lo hace se fijará una fecha para llevar a cabo la extradición. 

El MP detalló que la intervención de la cadena de farmacias se decidió luego de una sentencia emtida por el Tribunal, para garantizar el pago de lo defraudado. 

La fiscalía explicó que fue un largo litigio en el cual fueron presentados seis amparos que buscaban obstaculizar la acción penal. 

Según el MP entre los medios de prueba se logró determinar que había proveedores y direcciones inexistentes. 

Empieza juicio

El 18 de febrero de 2015 comenzó el juicio contra el representante legal de farmacias de la Comunidad, Héctor Escobedo Salazar.

El proceso legal empezó porque, según las investigaciones, de julio de 1999 a 2000 se presume que defraudó al fisco por Q5 millones 867 mil.

La defraudación la habría realizado mediante dos empresas inexistentes con las que se subcontrataba y emitía facturas falsas.

Durante el comienzo del juicio se informó que, de 2000 a 2015, los intereses que generó la cantidad defraudada superaban los Q24 millones.

Sentencia

El monto original de lo defraudado fue de Q5 millones 865 mil 292.97, pero la suma se elevó  al agregar las multas y los intereses resarcitorios.

En este caso fue acusado Héctor Arnoldo Escobedo Salazar, representante legal de Farmacias de la Comunidad, por los delitos de defraudación tributaria, según consta en el expediente judicial.

Los delitos

El Tribunal cambió la calificación del delito porque consideró que las acciones emprendidas por Escobedo, “quien firmó declaraciones de impuestos soportadas con facturas con inconsistencias”, encuadran en el delito de encubrimiento propio, y lo condenó a un pago de Q5 mil.

La sentencia será apelada, aseguró el fiscal Andrei González, quien dirigió la investigación.

Proveedores y direcciones inexistentes, además de  otro abastecedor que no reconoció transacciones comerciales con la cadena, y auditorías forenses fueron parte de las pesquisas.

La judicatura ordenó la investigación contra el actual representante legal y socio mayoritario de la cadena, Rodolfo Luna del Pinal.

Este empresario  ha sido identificado como  amigo cercano del expresidente Otto Pérez Molina, quien está actualmente en prisión.

Los abogados de Carlos Aldana y Gabriela Fuentes, padres de Alexander, dieron a conocer que la juzgadora debió inhibirse de conocer el caso porque un hijo de ella estudia en el Liceo Javier y por ello su actuar no fue imparcial.

Una investigación efectuada por los juristas, que recurrieron al Registro Nacional de las Personas (Renap) y al archivo matricular del Ministerio de Educación (Mineduc), permitió determinar que un hijo de Cortés está inscrito en dicho establecimiento.

Según los padres del fallecido, la jueza dejó de ser imparcial cuando otorgó tres meses para efectuar la investigación y no concedió los seis meses que ellos solicitaron.

Los abogados de la familia Aldana-Fuentes tienen contemplado presentar dos denuncias en contra de Cortéz este lunes.

Una sería presentada en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y otra ante la Junta de Disciplina Judicial.

Ligado a proceso

Edward Alexander, quien tenía 13 años, murió ahogado en la piscina del Liceo Javier el 29 de marzo último mientras recibía una clase de natación.

El 5 de abril Cortéz ligó a proceso penal por homicidio culposo a Gustavo Adolfo Acencio Mejicanos, quien dijo ser catedrático suplente de Educación Física.

Acencio Mejicanos fue beneficiado con una medida sustitutiva y recuperó su libertad después de pagar una fianza de Q20 mil.

La jueza también arraigó al catedrático y le prohibió comunicarse con las autoridades del centro educativo para evitar obstruir la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público (MP).

Ese día Cortéz programó la audiencia para el acto conclusivo de la fase de investigación para el 14 de julio próximo.

Después del incidente armado, Pérez Hernández, Salomón Martínez Pascual, 19, y Edín Alexánder Escobar García, 17, fueron detenidos por las autoridades de Belice, señalados de extracción ilegal de oro en la reserva forestal de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que los tres connacionales fueron arrestados a inmediaciones del Parque Nacional Chiquibul, situado a unos ocho kilómetros de la línea de adyacencia, en territorio que administra Belice.

Por medio de un comunicado, el Minex detalló que Pérez Hernández fue herido de bala en el codo izquierdo. “Los guatemaltecos son originarios de la comunidad Las Brisas, Chiquibul, Melchor de Mencos, Petén”, señala el documento.
Agrega que se hacen las indagaciones correspondientes y que los tres serían campesinos que  enfrentarían cargos por ingresar de forma anómala en una reserva forestal y por extracción ilegal de oro.

Una comitiva del Minex viajó ayer a la zona de adyacencia para obtener mayor información de lo ocurrido.

Investigación

El canciller Carlos Raúl Morales mencionó que personal del consulado guatemalteco en Belice estaba dialogando con los detenidos y otros connacionales que estaban en el lugar para que contaran su versión de lo sucedido.

“Estoy regresando de la zona de adyacencia. Al parecer, los guatemaltecos detenidos estaban extrayendo oro en territorio de Belice. Se está investigando el caso. Estamos haciendo todo lo posible para evitar estos incidentes”, declaró ayer por la tarde.

Jaime Regalado Oliva, diputado y presidente de la Comisión Específica de Petén, indicó que las capturas se efectuaron en el área conocida como El Ceibo Chico.

Según el parlamentario, los campesinos fueron trasladados a una cárcel del distrito de San Ignacio Cayo, a 22 kilómetros de la zona de adyacencia con Melchor de Mencos.

“Los guatemaltecos deben cancelar una multa de  unos Q3 mil 500 para recobrar su libertad; de lo contrario, podrían pasar seis meses en prisión”, puntualizó.

El gobierno beliceño emitió un comunicado de prensa ayer por la noche.

En el mismo explica que una patrulla conjunta formada por funcionarios de la Fuerza de Defensa de Belice, el Departamento de Policía y amigos para la conservación y desarrollo encontró a un grupo de 10 o 15 personas “en lo que parecían ser operaciones de extracción de oro de forma ilegal”.

Señala que el hallazgo se efectuó en el área del Ceibo Chico, de la reserva forestal de Chiquibul, el viernes 13 de mayo, a las 19.45 horas aproximadamente, 7.9 kilómetros al este de la frontera.

“La patrulla informó que Carlos Roberto Pérez Hernández avanzó  hacia un miembro de la patrulla de manera agresiva con un machete y un oficial disparó al aire en forma de advertencia, pero Hernández continuó avanzando. El oficial disparó entonces por segunda vez, en defensa propia y Hernández resultó herido en su brazo izquierdo”, afirma el documento.

“La patrulla prestó primeros auxilios a la herida de Hernández; después, los tres capturados  fueron escoltados a la estación de policía de San Ignacio para su proceso. Hernández fue llevado al Hospital San Ignacio, donde fue tratado y liberado en custodia de la policía. Continúa la investigación sobre este incidente”, agrega.

Rechazo

Minutos después, el Gobierno de Guatemala, a través del Minex, denunció a los militares beliceños por excederse en el uso de la fuerza.

“El Gobierno de Guatemala  lamenta  y denuncia ante la comunidad internacional un nuevo hecho de uso excesivo de la fuerza del ejército de Belice y rechaza  la versión oficial, de que el campesino guatemalteco pueda atacar con un machete a una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Belice debidamente equipada y armada”, publicó el Minex en su portal digital.

Antecedente

El 25 de abril último, integrantes del Deportivo Las Viñas, de Melchor de Mencos, informaron que cuando retornaban de una cuadrangular, fueron retenidos en la aduana de Belice, donde fueron agredidos verbalmente y les exigían un pago, porque supuestamente se les venció el permiso para estar en ese país.

Uno de los integrantes del referido equipo de futbol explicó que pasaron por Belice y se dirigieron a la frontera de ese país con México para participar en una cuadrangular. 

Añadió que cuando regresaban, fueron detenidos por una hora en la aduana beliceña, donde los agredieron verbalmente y les indicaron que debían pagar BZ$200 (Q773), porque supuestamente se les venció el permiso para estar en ese país.

Crimen origina tensión

La tensión entre Guatemala y Belice se mantiene tensa desde el 20 de abril recién pasado, cuando un ataque armado perpetrado por soldados beliceños contra una familia en la zona de adyacencia, ocasionó la muerte de un niño.

En el ataque resultaron heridos Carlos Alvarado, de 48 años, y sus hijos Carlos y Julio  Alvarado, de 11 y 13 años. Los dos primeros fueron trasladados a un hospital en el área urbana de Melchor de Mencos.

Por causas que se desconocen, el grupo armado se llevó a Julio Alvarado, quien murió por la gravedad de las heridas.

En octubre de 2015 la Sala de Apelaciones de Petén amparó a Repsa e impidió el cese precautorio de actividades de la compañía, que fue señalada por el ecocidio en el río La Pasión. Sin embargo, el fallo de la CC deja sin efecto dicho amparo.

La resolución fue emitida por unanimidad el jueves por el pleno de la Corte. Las partes fueron notificadas este viernes por la tarde.

Rafael Maldonado, abogado de Calas, se mostró satisfecho por el fallo de la CC, aunque mencionó que la Sala ya otorgó otros amparos provisionales a la empresa.

“Desafortunadamente, en una forma anómala, parcial e ilegal, la Sala de Apelaciones de Petén notificó recientemente a las partes que otorgó otros tres amparos a dicha entidad, razón por la cual no podrá efectuarse el cierre”, enfatizó.

El magistrado Marco Antonio Ramos, de la Sala de Apelaciones de Petén, mencionó que empleados, sindicalistas y la empresa presentaron un total de siete amparos.

“Recuerdo que uno se dio favorable. Es probable que el fallo de la CC deje sin materia los demás amparos”, expresó Ramos.

En desacuerdo

José Quezada, portavoz de Repsa, afirmó que el amparo otorgado el año pasado por la Sala de Apelaciones es correcto juridicamente. 

“Hay otro amparo que suspende el proceso porque hay irregularidades. Tenemos dos amparos concedidos. No estamos de acuerdo con el fallo de la CC”, añadió. 

Quezada agregó que el dictamen quedó sin materia porque el cese de actividades era por seis meses y ese tiempo ya transcurrió.

Ordena cierre

El 16 de junio de 2015 el Juzgado Tercero del Ramo Civil dispuso, mediante un amparo provisional, el cierre de la compañía para que expertos evalúen su posible implicación en la mortandad de peces, por presunta la contaminación del agua con un plaguicida.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Medinilla, manifestó que el Juzgado pidió el cierre por 15 días para que se realicen las investigaciones correspondientes y se puedan establecer las causas del problema.

“Se suspenden temporalmente las actividades de Repsa, para verificar que las medidas de mitigación de sus piletas de oxidación no sufran otro percance como el de finales de abril”, explicó el funcionario.

Polémica

Ese día también se dio a conocer un documento en el cual el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, y varios presidentes de consejos de Desarrollo de comunidades afectadas desligaron a Repsa de cualquier responsabilidad.

Horas después, ese documento fue rechazado por siete de los nueve integrantes del Concejo de Sayaxché. Asimismo, exigieron al MP la agilización de la investigación.

Alfonso Guzmán, síndico primero de la comuna, calificó de traidores a quienes firmaron el documento.

“Se nota que se vendieron por 201 toneles de agua que prometió entregar la empresa a los afectados”, refirió.

La petición fue presentada por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociacion para la Justicia y Reconciliación (AJR). La sala amparó a dichas organizaciones y con ello dejó sin efecto el juicio por genocidio que se seguía contra los militares.

El abogado Edgar Pérez de la AJR, querellante adhesivo en el caso, dijo a Prensa Libre que este jueves por la tarde fueron notificados de la sentencia.

“En consecuencia, tienen que llevarse los juicios de forma separada. Lo ya actuado quedaría sin efecto”, explicó el profesional.

El fallo deja sin efecto una resolución previa, emitida el 25 de agosto de 2015, que permitía efectuar el juicio en conjunto.

“Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad impuganada deberá enmendar el procedimiento desde el momento en que se cometió la violación, dictando la resolución que en derecho corresponde”, señala el documento.

“Se conmina a la autoridad impugnada para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual le fija un plazo de tres días a partir de la fecha en que se reciba la ejecutoria respectiva”, agrega.

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Antecedentes

El 5 de mayo recién pasado, el juicio contra Ríos Montt, ex jefe de Estado de facto, y José Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, acusados de genocidio y delitos contra deberes de humanidad, fue suspendido luego que la Sala Primera de Apelaciones amparó de manera provisional a Caldh y AJR, querellantes en el proceso.

El amparo buscó separar el juicio especial contra Ríos Montt del debate contra Rodríguez Sánchez.

Francisco Vivar, abogado de AJR, declaró: ��Consideramos que es lo más aconsejable, ya que está en pleno. El efecto por el momento solo es la suspensión, no la anulación del debate”, afirmó el abogado, quien agregó que al momento se han presentado 806 medios de prueba, de los cuales 736 son documentos, 40 peritos y 30 testigos. 

Juicio anulado

El 10 de mayo del 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión al declararlo culpable de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas.

Diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, por errores en el procedimiento.