Escribir en este espacio ha sido un verdadero privilegio y una gran responsabilidad; de ahí que en estas más de cien columnas publicadas (103, para ser exactos) procuré fomentar el diálogo sobre la promoción, protección y garantía de derechos humanos, sobre lo poco que invertimos en las niñas, niños y adolescentes y lo mucho que nos falta darle más liderazgo a los jóvenes; sobre la desnutrición crónica que padecen más de novecientos mil niños menores de cinco años y la pobreza que esclaviza al sesenta por ciento de los guatemaltecos, fenómenos que laceran cualquier intento de construir identidad nacional y certidumbre. También expresé mi pasión por los libros, que son uno de los tesoros más grandes de la civilización. Analicé en este espacio los presupuestos públicos y las iniciativas de ley y medidas que impiden al Estado aumentar sus recursos financieros y cumplir con su obligación. También critiqué, tras evaluaciones concienzudas, la mala gestión de los gobiernos —su corrupción y su desinterés por promover crecimiento y bienestar— y de aquellos que, aprovechando su poder económico, han convertido a la administración púbica en su mayordomo particular. Invité en muchas ocasiones a salir a la calle y manifestar pacíficamente en favor de la democracia y en contra de la corrupción y de aquellos que la defienden.

Yo escribo columnas de opinión confiando en que se puede contribuir a debatir y tomar postura con base en información veraz. En este tiempo, muchas personas me escribieron a mi correo para continuar la conversación: algunas a favor de mi postura y otras muy contrarias a mi pensar. A todas las personas les respondí con agradecimiento y mucho respeto porque el gusto de este oficio, el de opinar, estriba en la posibilidad de disentir y a la vez de ponerse en los zapatos de la otra persona. Me alegró muchísimo el cajero del supermercado que tras estrechar mi mano me dijo que leía la columna y le gustaba, principalmente una que trató sobre la solidaridad (Salvar a un zanate); y me impresionó mucho una mujer que se me acercó furiosa, un sábado mientras caminaba con mi familia, para decirme que no estaba de acuerdo con nada de lo que yo escribía. Pensé que me confundía con mis vecinos de columna, pero no: dijo que, en particular, le enojaba que yo quisiera que se pagaran más impuestos cuando todo se lo roban. La tranquilicé al platicarle sobre lo que sí se hace con nuestros impuestos y sobre la obligación del Estado de castigar al evasor, al contrabandista y al corrupto.

Agradezco profundamente a Prensa Libre por haberme invitado a este espacio de reflexión y por garantizar siempre el derecho a la libre expresión. Han sido muy atentos conmigo. A usted, le invito a que sigamos la conversación en https://jonathanmenkos.org/. Ahora me he decidido a caminar para intentar construir la casa, esa con la que soñamos todos.

Lo anterior solo se podrá lograr si el aparato productivo guatemalteco se moderniza y se integra mejor con el bienestar social, lo que requiere cambiar cuatro fenómenos que son evidentes en el modelo económico actual. Primero, una estructura de exportaciones sustentada principalmente en productos de bajo valor agregado: banano, azúcar, café, cardamomo, petróleo, entre otros. Segundo, un mercado doméstico deprimido por los altos niveles de pobreza general, cerca del 60% de la población, relacionados con desempleo y un salario promedio nacional que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica vital de los hogares, lo que además genera una desigualdad creciente, ingobernabilidad democrática y limita la demanda interna de productos nacionales. Tercero, una política económica incompleta, eclipsada por intereses económicos particulares que giran en torno a los principales productos de exportación y a los mercados oligopólicos nacionales, desatendiendo actividades de producción que pueden generar más y mejor empleo y ser más competitivas en el ámbito internacional. Cuarto, una sobreutilización de los recursos naturales y la poca atención a la mitigación de los efectos negativos del calentamiento global.

Los fenómenos mencionados constituyen las principales trabas para el desarrollo de Guatemala. Romper estas barreras requiere una política económica que ponga en el centro de su función la innovación y la transformación productiva para el aumento del bienestar social. Solo así se logrará permear el sistema económico en el que conviven más de 800 mil pequeños y medianos productores, más de dos millones de cooperativistas, cerca de 1,700 grandes empresas y 10 millones de personas en edad de trabajar. La tarea no es sencilla y es por eso urgente la puesta en marcha un sistema de innovación y transformación productiva, comprendido como una red articulada de organismos públicos y privados cuyo objetivo es estudiar, diseñar y ejecutar actividades y acciones que permitan difundir nuevas tecnologías que aumenten la productividad y hagan más homogénea la estructura productiva, al tiempo en que se crean empleos de calidad que minimizan la informalidad (legal y productiva) y se promueven sectores innovadores que logran disminuir el despilfarro de recursos y la protección del ambiente natural.

Para que este sistema sea exitoso se requiere, en primer término, liderazgo y legitimidad del gobierno, pues a este le toca proponer mediante una buena planificación, la coordinación entre políticas y actores económicos y sociales, incluyendo como parte de los resultados, la puesta en marcha de una política de industrialización y modernización del sector agrícola dentro de una agenda de desarrollo sostenible de largo plazo; el compromiso con el pleno empleo y la eliminación de la pobreza, metas de crecimiento económico, montos y destinos planificados de inversión pública, mejoras en la educación, la salud y la seguridad y el acceso a fondos de investigación y crédito con tasas de interés menos asfixiantes para los productores y emprendedores, así como la facilitación de la producción y el comercio nacional e internacional, y una política fiscal acorde con el logro de todo lo anterior. Ningún país podrá cumplir la Agenda del Desarrollo 2030 sin un sistema de innovación y transformación productiva.

Todo parece indicar que en 2019 la SAT obtendrá los peores resultados de sus veintiún años de historia, sobrepasando el triste récord conseguido en 2018, cuando cerró con una carga tributaria equivalente apenas al 10.0% del PIB, muy lejos del 12.1% conseguido en 2007, del 13.2% establecido en los acuerdos de paz, y cada vez más lejos de su frontera tributaria, que es 23.7% del PIB, estimación técnica sobre el máximo nivel alcanzable de ingresos con el sistema tributario actual.

La baja recaudación en Guatemala es resultado de una menor productividad de los impuestos existentes, debido a la carencia de un plan que cierre los espacios a los diferentes delitos tributarios, incluidos la evasión de impuestos y el contrabando. Este mal manejo de la administración tributaria tiene, entre muchas, dos graves consecuencias. Primero, se reducen los recursos que pueden destinarse al aumento de la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos: hay menos para invertir en educación, salud, seguridad, lucha contra la desnutrición, por lo que el presupuesto apenas llega a cubrir el gasto público más rígido —salarios, pago de deuda, compromisos legales y constitucionales de gasto, por ejemplo—. Por otro lado, el débil trabajo para atrapar a los evasores y contrabandistas disminuye la moral tributaria entre los contribuyentes, en especial, el sector empresarial honesto (el que paga impuestos y no forma parte del Pacto de Corruptos) que debe competir con empresarios cuyos costos son menores al evitar el pago de impuestos, aun percibiendo que no habrá castigo por esa falta.

La SAT es una entidad vital para el cumplimiento de los planes de gobierno, mucho más en contextos políticos poco democráticos, como el actual, en el que es imposible lograr los votos necesarios para utilizar el endeudamiento público como herramienta de financiamiento. De ahí que el Estado, con el concurso de las fuerzas sociales democráticas —políticos, movimientos sociales, empresariales y cooperativistas, así como ciudadanos en general—, debe impulsar para los próximos diez años una hoja de ruta dividida en dos fases. Entre 2020 y 2023 se debe aumentar la carga tributaria hasta el 11.5% del PIB, por medio del combate con mayor eficacia de la evasión fiscal, reduciéndola principalmente en el impuestos al valor agregado y en el impuesto sobre la renta. La evasión de ambos impuestos supera hoy los Q36,000.0 millones anuales.

También se requiere caminar hacia la universalización de la factura electrónica y estudiar objetivamente los resultados, económicos y sociales, de las exenciones de impuestos. En el mediano plazo (2024-2030) se debe modernizar la regulación legal relacionada con la reducción de flujos ilícitos de capital y discutir cambios en la tributación que doten de más progresividad al sistema tributario. Todo esto en función del cumplimiento de metas de desarrollo y democracia.

Un plan para dotar de más vitalidad a la economía centroamericana en los próximos diez años debe contemplar por lo menos los siguientes elementos. Primero, aumento de la infraestructura económica —carreteras, mercados, electricidad, banda ancha— y social —escuelas, institutos, centros de salud, viviendas—, pues el sector construcción impulsa el resto de la economía, con efectos positivos en el corto, mediano y largo plazos. Segundo, impulso de sectores económicos claves como la industria, el transporte, el comercio, que pueden generar más empleo e inducir procesos de modernización productiva en toda la economía, incluida la agricultura. Tercero, el acceso de las personas a la educación formal y el conocimiento, sin hambre y sin violencia, universalizando coberturas de educación, capacitación, salud y protección social, lo que también impulsará un dinamismo económico en los territorios y dará certidumbre a los ciudadanos. Cuarto, un acuerdo fiscal con un horizonte de diez años para darle sustento a todo lo anterior. Este conlleva el cierre de espacios de corrupción, la publicidad sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en función de su aporte al bienestar, al empleo y al crecimiento económico, así como la responsabilidad compartida de manera justa en cuanto al financiamiento de un plan económico y social: un acuerdo político para dotar a la administración pública de los recursos suficientes para que haga bien su trabajo.

El otro camino, el de continuar como hasta ahora, no solo generará más frustración e ingobernabilidad en los próximos diez años, sino que pondrá a los Estados centroamericanos en una ruta más rápida hacia la depauperación económica y la pérdida de los débiles cimientos políticos democráticos.

Por eso es mejor hablar de desarrollo: del proceso, económico, social y político que amplía las libertades individuales y colectivas, y que debe ser definido y estimulado por los miembros de la sociedad, respetando las particulares visiones del mundo. El desarrollo basado en la ampliación de libertades tiene en el centro el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos individuales y colectivos. En el contexto actual debemos revisar los desafíos estructurales que es preciso enfrentar para fijar las bases de un buen desarrollo, principalmente ahora que estamos en pleno proceso electoral, quedamos obligados a interpelar a los políticos y sus partidos qué tipo de sociedad van a ayudar a construir en los próximos cuatro años.

Hay cinco indicadores que nos revelan el enorme esfuerzo y por dónde comenzar para que Guatemala no continúe por la senda actual que lleva a la barbarie. Primero, uno de cada cuatro guatemaltecos sobrevive en la extrema pobreza y aproximadamente la mitad de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Segundo, cuatro millones de niñas, niños y adolescentes continúan sin acceso a la educación, mientras el sistema de salud tiene la capacidad para atender a uno de cada cuatro habitantes. Tercero, el gasto público es mínimo y se reparte de tal forma que fomenta la discriminación racial, territorial y de género.

Cuarto, no hay política económica, sino una agenda de prostitución de lo público para que el gobernante quede bien —por medio de perdón de impuestos, privilegios fiscales, corrupción y protección de monopolios privados, entre otras fechorías—, con sus aliados, poco ha importado la infraestructura económica, el acceso a créditos blandos para pequeños y medianos empresarios, la generación masiva de empleos y el apoyo público a la innovación y transformación productiva. Quinto, una política fiscal pensada para la riqueza de unos cuantos y la sobrevivencia de la mayoría, por lo que hay escaso gasto público y poquísimo interés en recaudar, en medio de descarados actos de corrupción. El deterioro de la administración pública provoca la mercantilización de la vida diaria: solo el que tiene dinero sobrevive a la enfermedad, a la ignorancia y a la violencia.

Eliminar estas trabas requiere un cambio sistémico que no se conseguirá en cuatro años, pero que no puede continuar postergándose. Los candidatos deben buscar el voto proponiendo soluciones técnicas y razonables. Bien harían en tomar en cuenta el horizonte de 11 años que faltan para el alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y mucho mejor sería si en lugar de sus anuncios besando niños y ancianos, nos proponen cómo construiremos un piso de protección social para garantizar su bienestar, cómo generaremos los empleos que reclaman los desempleados, cómo aumentamos el crecimiento económico, sin destruir el ambiente ni matar a defensores del territorio, y cómo conseguiremos una reforma estructural, a la política fiscal y a la administración pública, para hacerlas efectivas, transparentes e independientes.

Al mejor estilo de Goebbels —ministro de Propaganda de Hitler—, a quien se atribuye la idea de que una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad, Morales afirma públicamente su compromiso con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuatro hechos, entre muchos, nos dicen todo lo contrario. Primero, los forcejeos desquiciados de la ministra de Relaciones Exteriores contra el secretario general de las Naciones Unidas, con el fin de expulsar abruptamente o reducir el trabajo por el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en conjunto con el Ministerio Público, ha logrado determinar cómo la corrupción es la madre del sistema político guatemalteco y el alimento para mantener lo público capturado por intereses privados. Segundo, el desmantelamiento por parte del ministro de Gobernación de la Policía Nacional Civil y de las entidades destinadas a la inteligencia civil. Tercero, el sabotaje y descrédito de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden del Estado: la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Cuarto, la captura de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público y de magistrados y jueces con el fin de “normalizar” los desmanes que el gobierno y sus socios cometen contra la democracia.

Morales es un cínico, permitido solo en una sociedad que camina a tropezones debido a su ceguera moral, término acuñado por Zygmut Bauman para referirse a sociedades que parecen haber perdido la sensibilidad moral y quitan importancia a hechos que lastiman a toda la colectividad. En este contexto, afirma Bauman, la mayoría de actores carecen de compromiso moral. Morales no está solo: el diputado Arzú, presidente del Legislativo, puede gestionar libremente el pacto de corruptos y el retorno al autoritarismo, utilizando el presupuesto público; voceros del rancio sector empresarial y Joviel Acevedo pueden aparecer frente a la sociedad apoyando las decisiones del pacto de corruptos sin remordimiento.

¿Cómo una sociedad, la guatemalteca, ha permitido desde privatizaciones que hicieron ricos a los funcionarios que las organizaron hasta líderes que atentan cotidianamente contra los derechos de la población? La ceguera moral es resultado del miedo y la indiferencia social: el temor al despido; la bomba que mata al chofer; el discurso de odio y racismo; la compra de medios; el individualismo; el fundamentalismo religioso y la mercantilización de la vida, todos ingredientes para lograr un pueblo sin contenido ni atributos democráticos.

Bauman sabiamente explica que “el mal reside en la normalidad”: no normalicemos al político ratero, al empresario hipócrita o al sindicalista transa, y contrapongamos a la estrategia de miedo y silencio nuestra valentía y reflexión colectiva.

El modelo económico neoliberal impuesto principalmente durante los gobiernos derechistas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en sus veinte años de ejercer el poder (de 1989 a 2009), ha provocado la dolarización y la ralentización económica, la privatización de la seguridad social, la apertura comercial sin políticas de innovación del sector productivo, la corrupción, el aumento de la desigualdad social como fruto de la reducción de impuestos progresivos y la baja cobertura y calidad de los servicios públicos. Asimismo, ha provocado una migración significativa: cerca de 3.1 millones de salvadoreños viven en el exterior, enviando recursos (en 2018, USD5.5 millardos) que ayudan a las familias y dan respiro al exhausto modelo económico a costa de la desintegración familiar.

Este continuado desequilibrio social y económico ha inducido a una mayor inseguridad y violencia: en 2018 se registraron 3,340 homicidios (51 muertes por cada cien mil habitantes), la mayoría atribuidos a las pandillas, que suman más de 70,000 miembros. El Estudio La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador, permite construir el perfil del marero promedio: jóvenes que abandonaron la escuela antes de los 16 años. El 70% proviene de hogares disfuncionales, con un ingreso mensual de menos de USD250 mensuales, y casi la mitad reconoció haber huido de su hogar antes de los 15 años, debido a la violencia doméstica y los problemas familiares.

Los mareros —también los de Guatemala y Honduras— resumen el resultado de un Estado en el que se ha prostituido lo público en favor de los negocios de algunos, desatendiendo los problemas que aquejan a la mayoría. En una evaluación realizada a la gestión del actual presidente, Salvador Sánchez (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), se documentan caídas en la cobertura de vacunación y en las tasas de matriculación neta en la educación primaria y segundaria, como resultado de reducciones presupuestarias. El gobierno saliente, que no cambió las bases neoliberales, deja un presupuesto público social más bajo, en términos del PIB, de lo que se asignaba en 2013, al tiempo que la deuda pública ronda el 70% del PIB.

Encuestas anticipan que Nayib Bukele (Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana) será el próximo presidente de El Salvador. Con más del 50% de aceptación, Bukele romperá un bipartidismo (Arena—FMLN) oxidado por el ejercicio del poder y los intereses personales de sus caudillos pero que mantendrá hasta el 2021 la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Operar en este contexto obligará a Bukele a fomentar una ciudadanía que ejerza presión sobre la oposición, lo que logrará en la medida en que su plan de gobierno atienda las exigencias de la mayoría —empleo, seguridad, probidad, garantía de derechos sociales, en particular de las mujeres—, respete la institucionalidad democrática, tolere la crítica y logre un acuerdo fiscal de gran calado que fortalezca la administración pública, con más recursos y mejores capacidades.

En síntesis, los próximos cinco años pueden ser de avances si Bukele honra la confianza ciudadana y si el FMLN y Arena descartan sus viejas prácticas y ejercen una oposición madura y democrática.

Esta creciente y desbocada desigualdad es causa y efecto de un modelo económico que no genera suficientes empleos, impulsa bajos salarios para la mayoría de la población mientras se mercantilizan los derechos humanos. El modelo imperante de desigualdad, otorga poder político en función de la riqueza que lo que abre las puertas a la impunidad y la corrupción. La desigualdad en el mundo es una amenaza grave a la economía, al ambiente natural y a la vida en democracia, y su prevalencia o mitigación, es resultado de decisiones políticas y económicas.

Cambiar el modelo económico requiere de profundas reformas en el mercado laboral y en la política fiscal, materia en la que el informe de Oxfam ahonda, revelando que con un incremento efectivo del 0.5% del impuesto a las riquezas del 1% más rico de la población mundial, los Estados tendrían capacidad, por medio de la producción servicios públicos, de escolarizar a los 262 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela, así como proveer los servicios sanitarios que salvarían la vida de 3.3 millones de personas que mueren anualmente por causas prevenibles. Asimismo, llama a los Estados a trabajar por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, relacionado con la reducción de las desigualdades.

Centroamérica es un buen reflejo de lo que acontece a nivel global, así es que el informe llega en buen momento, cuando miles de personas migran forzadamente, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, y mientras grupos económicos, criminales y políticos confabulan para debilitar la democracia y gozar de mayores privilegios económicos y fiscales. Estas son señales inequívocas de que el istmo —principalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua—, camina rápidamente hacia un retroceso tal que pronto estará en los años setenta, sumido en conflictos políticos para los que la debilitada institucionalidad democrática no tendrá solución. Este deterioro ya está teniendo consecuencias económicas y sociales que se acentuarán y afectarán cada vez más incluso a Costa Rica y Panamá.

Ante este panorama, es precisa una respuesta desde los organismos de integración regional, los partidos políticos, la academia y los movimientos sociales: se debe cambiar radicalmente el rumbo actual de Centroamérica por medio de una agenda de igualdad que contemple acciones para dinamizar el crecimiento económico y el empleo, universalizar la protección social y ambiental, blindar la administración pública frente a intereses privados, elementos básicos para fortalecer la democracia y evitar el autoritarismo. Una agenda así obliga a plantear cambios torales en la política fiscal centroamericana, hasta ahora pensada para la sobrevivencia de muchos y la riqueza de pocos, hacia una diseñada para el bienestar colectivo, basada en la equidad, la transparencia y la suficiencia. Esta es una tarea tan compleja como urgente.

Morales contaba con una frase pegajosa para el momento político, “ni corrupto, ni ladrón”, con apoyo financiero ilícito —de malos empresarios y otros criminales organizados— y con un plan de gobierno de cinco exiguas páginas que contenía vagas propuestas en materia de empleo, educación, salud, transparencia y combate a la corrupción, sin metas, costos ni fuentes para su financiamiento.

Su primer año de gobierno puede resumirse en una palabra: improvisación, resultado de conformar un Gabinete que más que responder a experiencias profesionales, servía para afianzar los intereses de sus financistas. Los últimos dos años de gobierno pueden sintetizarse en una frase: destrucción de la democracia. Resultado de acciones arbitrarias: el desacato a la Corte de Constitucionalidad y maniobras espurias para impedir la continuación de procesos de investigación en su contra. A pesar de estas ilegalidades, Morales ha sobrevivido gracias a que la alianza criminal de la que es parte se ha servido de sus afiliados en los diferentes partidos políticos que conforman el Congreso de la República —Todos, Movimiento Reformador, Creo, UCN, PAN, Viva y Unionista—, además del oficialista FCN-Nación.

Ahora que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, esta alianza criminal está operando la puesta en escena de partidos políticos que continuarán lo que Morales deje a medias. Basta escuchar los discursos antidemocráticos y charlatanes desde el partido Unionista —cuyos dirigentes parecen un remedo de Torquemada—, pasando por los partidos Valor, Vamos, Todos y el Partido Liberal de Guatemala, por citar algunas maquinarias electorales organizadas para que Guatemala no cambie. Con la mayoría de partidos bajo el financiamiento y el discurso de esta alianza criminal, el objetivo será llevar al Congreso tantos diputados como sea posible para que, en las votaciones relevantes —elección de magistrados, más privilegios fiscales y cambios legales para arraigar el sistema de corrupción, impunidad y autoritarismo— operen en conjunto, como una aplanadora.

Es por ello que los pocos partidos políticos prodemocráticos, de diversa ideología —Encuentro por Guatemala, Winaq, URNG, Libre y Semilla, entre otros—, deben concentrar sus fuerzas y limitados recursos financieros en disputar a la alianza criminal las curules en el Congreso. Esta estrategia tiene varios dividendos. Primero, disminuir estructuralmente el poder de la alianza criminal en el Legislativo, empujando una agenda democrática en temas como justicia, igualdad, probidad y elección de altos funcionarios. Segundo, ejercer control del Ejecutivo e iniciar la construcción de una institucionalidad pública desparasitada de las prácticas corruptas actuales. Tercero, constituirse en una voz legítima para los ciudadanos y movimientos sociales, en especial de aquellos que están oponiéndose al intento de implantar una tiranía. Cuarto, iniciar el largo pero necesario proceso de legitimación de la política: toca cimentar partidos democráticos con la agenda y el financiamiento ciudadano.

Esa es la única forma de salvar la democracia.

A pesar de no haber conseguido expulsar al investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desobedeciendo una orden de la CC —gracias a ciudadanos y colectivos sociales que salieron a las calles a protestar y al trabajo eficaz de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y los cuatro magistrados de la CC, quienes, en el marco de la ley, impidieron el Moralazo— no se debe menospreciar la estrategia antidemocrática impulsada por Molares, la que sin ninguna duda tiene incluidos otros intentos en el futuro cercano (hoy, mañana, pronto) y en el tiempo que les queda en el Ejecutivo.

Una de las consignas de este fin de semana fue “¿A qué le tienen tanto miedo?”, no solo por los cientos de policías apostados en el aeropuerto —para protegerlo de los ciudadanos que manifestaban en paz y del investigador de la Cicig— sino por la torpeza de sus acciones. Morales y sus aliados están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida.

Este nuevo intento de lograr el Moralazo sirvió para comprender con mayor precisión quiénes están avalando esta empresa insensata. El silencio es una respuesta, y este fin de semana actores importantes por su peso político se quedaron callados, como lo hacen los cómplices. Entre estos destaco algunos: la candidata presidencial del partido más grande (dizque) de oposición, Sandra Torres; los voceros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), voceros porque cada vez queda más claro que no representan al sector empresarial. La gran mayoría de iglesias, los sindicatos, las universidades privadas y los colegios de profesionales permanecieron callados. Esperable el silencio de la gran mayoría de los diputados del actual Congreso de la República.

Por el contrario, fueron alentadoras las acciones de los diputados del Frente por la Transparencia, de las organizaciones estudiantiles de diferentes universidades, de movimientos indígenas y campesinos y de organizaciones sociales que desde la justiciabilidad luchan por el respeto al orden democrático. En la arena política fue tranquilizadora la postura en contra del Moralazo, del Movimiento Semilla, de Winaq y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estos partidos, si logran construir una agenda con comunes denominadores, podrían ganar adeptos y ser representantes, en la próxima legislatura, de mayorías ciudadanas cada vez más conscientes sobre la necesidad de cambios estructurales. Una agenda con cuatro puntos mínimos: consolidar el marco legal e institucional para acabar con la corrupción y la impunidad; terminar con los nefastos monopolios económicos y mediáticos; eliminar en toda la institucionalidad pública el rasgo fascista y pro corrupción de tener representantes empresariales tomando decisiones sobre lo público; y proponer una agenda moderna para la protección social y la reactivación económica, urbana y rural, con una política fiscal justa.

Florecerás, Guatemala. Sí.

jmenkos@gmail.com

Señores representantes de la Cámara del Agro, en días pasados brindaron una conferencia de prensa en la que solicitaron, entre otras medidas, la congelación del salario mínimo para el sector agrícola y la reducción del impuesto sobre la renta del 7 al 3%, aduciendo la situación económica del país y de los sectores que representan.

La economía no anda del todo bien, es cierto: en 2018 crecerá en términos reales 3%, mejor que en 2017 (2.8%), pero lejos todavía de regresar al crecimiento potencial (3.5%). Sin embargo, las medidas que ustedes proponen debilitarán más la economía y la gobernabilidad democrática general, afectando el bienestar de la mayoría de empresarios y de los trabajadores, porque el consumo de los hogares ?antecedido por el pago de salarios en el empleo formal y la recepción de remesas familiares? es lo que ha ayudado a activar la economía, en particular este 2018, al convertirse en el consumo de productos y servicios que producen y venden diversos empresarios ?pequeños, medianos y grandes? en el mercado local. Mantener fijo el salario mínimo provocará menor consumo (menos negocios) y menor bienestar social en 2019.

Además, ustedes, la élite de este sector, son empresarios de exportación y en 2018, según el Banco de Guatemala, las exportaciones de café, azúcar, hule y cardamomo (los sectores agrícolas más poderosos) sumaron USD1,622.3 millardos, cifra nada despreciable aunque menor a lo que lograron en 2017, cuando exportaron USD1,855.5 millardos. Los precios del azúcar, el hule y el café reportaron caídas, mientras el del cardamomo aumentó. Al observar dentro de su sector, actividades que producen algún valor agregado adicional, como frutas frescas, secas o congeladas, legumbres y hortalizas y preparados de carne, estas actividades reportan aumentos de precio y similares o mayores ventas. Esto es un llamado de atención para ustedes: en el mundo actual no pueden seguir vendiendo los productos que sus antepasados plantaron: o modernizan la finca, se diversifican, innovan y agregan valor a sus productos o su negocio desaparecerá. Ese es su verdadero y estructural problema.

Los guatemaltecos (trabajadores y empresarios) ya no queremos que esta siga siendo la patria de sus abuelos, la patria del criollo: ustedes pregonan las virtudes del libre mercado y son desvergonzados para reclamar medidas que les benefician solo a ustedes y en el corto plazo, pero que hunden en más pobreza a los trabajadores y con ello a otros empresarios y al país.

En julio de 1933, Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, hacía un llamado a los empresarios que ustedes deben advertir ahora: «[…] Podemos obtener un aumento general de los salarios y una reducción de las horas de trabajo, de manera que los trabajadores puedan comprar y usar lo que producen. […] es obvio que sin unidad de acción, ciertamente unos pocos hombres egoístas en cada sector seguirán pagando salarios de hambre y exigiendo largas jornadas de trabajo. La concurrencia deberá escoger si seguirlos en la vía de la explotación o cerrar el negocio».

No propongan medidas económicas que empobrecerán más a los guatemaltecos y dificultarán los negocios de los pequeños y medianos empresarios. Súmense a la exigencia por políticas económicas y fiscales que incentiven la innovación, el empleo, el mercado doméstico y la competitividad sistémica. Las peticiones para que todos paguemos por el derecho a su codicia particular, en medio de la tragedia social del hambre y la incertidumbre de la mayoría, hace cada vez menos legítima su voz frente a la sociedad.

jmenkos@gmail.com

Nos estamos acercando al siguiente proceso electoral sin mayor expectativa de transformación. Han comenzado a surgir los eslóganes y los partidos que invitan al cambio sin que sus dirigentes cambien nada. Al contrario, hemos visto a los políticos cínicos como siempre, obstaculizando la participación de partidos que podrían romper la tradición electorera marcada más por las canciones que por los planes de gobierno. También han aparecido políticos lanzando carteritas de fósforos a sus asambleístas, vistiéndose con el traje de aquellos a los que sus antepasados asesinaron ayer, arrojando diatribas frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ofreciendo rebajas de impuestos para los sectores económicos que les financiarán la compaña electoral.

Los viejos rostros de la política, que abren y cierran partidos en cada proceso electoral, vuelven a aparecer, junto a políticos que intentarán una vez más ganarse el favor de los votantes, ya que el de los financistas todavía lo conservan. Los nuevos rostros que surgen en las fórmulas presidenciales, son viejos mayordomos de intereses particulares y empresariales que han servido en la captura de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso, el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Colegio de Abogados y Notarios, algunas cámaras empresariales y ministerios de Estado, entre otros. El mismo veneno que ha matado la débil democracia, pero servido en frascos más obscuros.

Toca reconocer que el político promedio —fruto de este sistema electoral y de partidos políticos— no cambiará a menos que, en primer lugar, cambiemos los votantes. Para ello es necesario dejar la apatía y comenzar a cuestionar a los políticos hasta obligarlos a salirse de ese fastidioso guion, vacío de contenido, con el que se sienten cómodos. Le propongo diez preguntas que sería bueno utilizar para interpelar a cualquier candidato a elección pública.

Primero, ¿de dónde salen los recursos para financiar su campaña? Segundo, ¿podría mostrar públicamente su estado patrimonial y explicar cómo lo hizo, sea este poco o mucho? Tercero, ¿quiénes son las personas que lo rodean y por qué?

Cuarto, ¿renovará usted el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) o mantendrá lo dispuesto por el gobierno de Jimmy Morales? Quinto, ¿cuál es su plan (con objetivos, metas y mecanismos para evaluar su cumplimiento) para acabar con la corrupción y la impunidad en Guatemala? No se valen canciones ni frasecitas simplonas como “yo tampoco soy corrupto ni ladrón”.

Sexto, ¿podría explicar su plan de gobierno, con metas a alcanzar anualmente, costos y forma de financiarlo? Séptimo, ¿tiene pensado rebajar impuestos a algún sector económico y cuenta con estudios que evidencien la efectividad de esa “política”? Octavo, ¿cuál es su plan para que el Estado garantice los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Queremos escuelas e institutos, centros de salud, oportunidades de empleo, pero no queremos fantasías sino un plan real, con los pies sobre la tierra. Noveno, ¿qué hará para avanzar en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada? Sin verdad y sin justicia, no habrá paz nunca. Finalmente, ¿podría detallar la agenda legislativa, económica, social y fiscal de su partido político? Si usted gana la elección, sobre estas agendas se le juzgará en el futuro, en las urnas y en las calles.

De las respuestas que los candidatos den a estas preguntas, el votante sabrá si está frente a un charlatán, un corrupto o una persona honesta y un partido comprometido con la nación.

jmenkos@gmail.com

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala hizo público su informe Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un camino hacia la dignidad, en el que hacen un recuento de los trágicos hechos que terminaron costando la vida de 41 niñas, el 8 de marzo de 2017, y proponen algunas medidas para que estos no vuelvan a repetirse.

El informe, por medio de documentos y diversas entrevistas con testigos, logra reconstruir los hechos, desde la crisis del día 7 de marzo, cuando las niñas denunciaron nuevamente ser víctimas de maltratos y deplorables condiciones de atención, pasando por la decisión de las autoridades de trasladar, en la madrugada del 8 de marzo, a 56 niñas para encerrarlas, bajo candado y custodiadas por agentes de la Policía Nacional Civil, en un aula en la que posteriormente se inició el incendio. Una de las sobrevivientes recuerda que “pedíamos auxilio, pero no nos hicieron caso”. Según testimonios, los Bomberos Voluntarios tuvieron que esperar 40 minutos para poder entrar a las instalaciones, ya que cuando llegaron se les negó el permiso de entrada.

Al momento del incendio las instituciones estatales y las autoridades a cargo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA) no tenían información sobre el número exacto de niñas, niños y adolescentes que estaban en el lugar y, muy probablemente, tampoco llevaban control sobre los motivos de su llegada a este centro. No es de extrañar, otro informe de la Oacnudh revela que entre septiembre y noviembre de 2016, 55 niñas, niños y adolescentes “desaparecieron” de las instalaciones de esta institución. El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana había recibido denuncias relacionadas con el HSVA sobre hacinamiento y malas condiciones de vida, falta de recursos y atención especializada para las niñas, niños y adolescentes, así como por trata de personas y explotación sexual. Seis de las víctimas del incendio eran parte de los denunciantes de estos atropellos.

Otro elemento importante para el análisis es la bruta institucionalización de los niños, niñas y adolescentes y la torpemente homogénea capacidad de respuesta, sin políticas públicas que enfrenten adecuadamente las causas de su vulnerabilidad ni mucho menos que intenten protegerlos desde el seno de sus hogares, sus familias y sus comunidades. Según el informe de la Oacnudh, en el HSVA convivían niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza; con adicciones; niñas embarazadas; víctimas de abandono; víctimas de abuso físico y sexual y personas con discapacidad, incluyendo 50 adultos. Asimismo, los familiares afirmaron sentirse impotentes frente a la institucionalización de sus hijas e incapaces de poder sacarlas de este centro, pues requieren conocimientos sobre los procedimientos, recursos y tiempo.

No hemos aprendido la lección: lo sucedido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción podría volver a suceder. La Oacnudh concluye en que continúan pendientes los urgentes cambios estructurales al modelo de protección de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos que permitan garantizar sus derechos. Asimismo, se debe continuar la investigación y sanción a los responsables de estos hechos. También es importante que el Estado logre una reparación digna, transformadora e integral para las 15 niñas sobrevivientes y para las familias de las 56. Es bueno que todos tengamos presente que un Estado que no protege a sus niños, niñas y adolescentes no puede aspirar a la democracia o la paz.

jmenkos@gmail.com

Hace algunos días releí el texto de Bertolt Brecht (1898-1956),  Balada del consentimiento a este mundo, que el autor finalizó en 1932 antes de huir de la Alemania gobernada por el fascismo nazi. En esa obra, Brecht asume la voz de una persona acomodada a lo que sucede en su entorno. Hoy se encuentran posturas así en muchos guatemaltecos que viven inadvertidos de la lucha política actual entre unos, que intentan conservar Guatemala como ha sido hasta ahora, y otros que desean avanzar hacia un Estado democrático.

Con un poco de ironía le presento un decálogo con posturas que cínicamente defienden ideas y acciones que podrían asfixiar el débil proyecto democrático que es Guatemala.

Primero, no me preocupa que algunos dirigentes de la Cámara de la Industria quieran apropiarse de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) para eliminar los libros que nos les gustan. Por ejemplo, no desean que leamos Crimen de Estado. El caso Parlacen (F&Editores, 2011), que trata sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el gobierno de don Óscar Berger, mientras el ministro de gobernación era Carlos Vielmann, expresidente de la Cámara de Industria. Yo confío en que estos empresarios, que han logrado que Guatemala esté como está hoy, nos digan qué debemos leer. Además, supongo que algunos de ellos han dado su apoyo —y recursos, aunque de manera ilícita— al gobierno a Jimmy Morales. ¿Por qué desconfiar de su buen tino?

Segundo, he visto a los miles de centroamericanos que huyen a Estados Unidos como resultado de la violencia, la desigualdad y el estado lamentable de las administraciones públicas del Triángulo Norte Centroamericano sometidas por el flagelo de la corrupción. Los veo caminar descalzos, hambrientos y asoleados, pero no me conmueven porque no son como yo, que tengo visa y me endeudo para ir a Disney.

Tercero, sé que ciertas camarillas de empresarios están forzando a los medios de comunicación —con el poder financiero que les da el comprarles publicidad— a cerrar sus puertas a voces contrarias al Pacto de Corruptos. A mi juicio, el que paga la fiesta, decide las canciones, pues no entiendo que los medios de comunicación aunque sean privados, cumplen una función pública.

Cuarto, reconozco que hay 45 mil desaparecidos por el conflicto armado, pero no debemos remover el pasado. ¿Qué ganamos con saber quiénes lo hicieron y cuál es el paradero de sus víctimas?

Quinto, me gusta eso de la competitividad y el libre mercado, aunque esas palabritas me las dijo el patrón para dejarme sin seguridad social ni prestaciones —facturo por servicios— y con un ingreso que solo alcanza para “fingir” que soy clase media. Ni me atrevo a reclamar porque no tengo un centavo en donde caer muerto.

Sexto, soy un buen empresario, respetable. Genero muchos empleos. Por eso tengo derecho a abrir empresas y holdings en España, Holanda y en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Eso no es inmoral, es inteligencia financiera.

Séptimo, hablando de derechos, los derechos humanos solo sirven para defender asesinos y ladrones. Los derechos humanos son para los humanos derechos.

Octavo, el diputado que impulsa un día para la oración, no es tan malo aunque esté siendo investigado por corrupto.

Noveno, estoy en contra de la corrupción porque noto como esta mata niños y hace fuerte a los viciosos, pero el pastor asegura que Jimmy Morales es el ungido de Dios. Me callo y oro.

Décimo, los bienes públicos no sirven para garantizar derechos, son el premio de consolación para aquellos que no pueden adquirirlos en el mercado.

jmenkos@gmail.com

El tiempo marcha rápidamente y pronto estaremos en el siguiente proceso electoral. Esta vez, el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados en el Pacto de Corruptos están construyendo un escenario que deja espacio para pensar que están tramando elecciones fraudulentas con el fin de restablecer el autoritarismo como forma de gobierno: legislación pro impunidad; presupuesto exagerado para el ejército; asfixia financiera a las instituciones de justicia y a la Universidad de San Carlos; mensajes contra la Corte de Constitucionalidad; desmantelamiento de la Policía Nacional Civil; la construcción de un discurso contrario a la lucha contra la corrupción abanderado por políticos, medios de comunicación parcializados y algunos malos militares y empresarios.

A quienes hoy abanderan el Pacto de Corruptos, les ha golpeado tanto la lucha contra la impunidad y la corrupción que están dispuestos a poner su voz y su rostro con tal de detener este esfuerzo democrático. No es descaro, es preocupación: tienen demasiados muertos y negocios turbios debajo de la alfombra. Están asustados. Ahora hay en Guatemala una probabilidad muy alta de limpiar y cerrar la cloaca —ese mercado de compra venta de poder público—, en la que políticos, narcotraficantes y empresarios criminales transan la administración del Estado.

Vemos los resultados de esta forma de administrar Guatemala en la carencia de empleos y en la vida de pobreza e incertidumbre laboral en la que viven muchos trabajadores, en la mercantilización de la educación, la salud y la seguridad; en el inexistente derecho a la seguridad social; en la discriminación, la desigualdad y la incertidumbre sobre el futuro, y en los privilegios fiscales otorgados al que más tiene y en las políticas públicas débiles para atender a las grandes mayorías.

¿Está usted dispuesto a vivir en la Guatemala que ellos quieren mantener? ¿Cómo cree que será la vida de sus hijos y sus nietos en un país así? ¿Está pensando en migrar o en tomar acciones para cambiar Guatemala? No se enoje ni se frustre más al responder estas preguntas, porque desde ahora hasta las próximas elecciones será un buen momento para mostrar el hartazgo a este sistema de gobierno y tocará poner las fuerzas en tres campos de una disputa que debemos ganar los ciudadanos.

Primero, por el reconocimiento. Todos los guatemaltecos tenemos derechos que el Estado debe garantizar. Están en la Constitución de la República, marcan las garantías de nuestra vida civil, política, económica y social. Segundo, la representación. Tenemos la obligación de exigir políticos que nos representen: hoy los ladrones y corruptos están sobrerrepresentados en el Congreso. Exijamos a los partidos políticos gente honrada, con sentido común y empatía como fruto de su experiencia de vida. No más depravados que abogan por un día de oración, ni contratistas del Estado ni mayordomos del rancio sector empresarial. Finalmente, en el campo de la distribución. Construyamos propuestas en nuestra comunidad y exijamos a los políticos planes para aumentar el empleo, mejorar los salarios y lograr una reforma fiscal que distribuya mejor los frutos que se producen en Guatemala. No más niños famélicos golpeados por robar pan; no más jóvenes sin trabajo ni escuela y no más adultos mayores pidiendo limosna en la calle. ¿Se puede tener un país que busque el bien de todos? Sí, pero requiere sumar al enojo y a la frustración, el compromiso, la acción política, partidista o no, para sacar del poder y garantizar que no regrese esta gavilla que sobrevivirá solo si ganan las elecciones del 2019.

jmenkos@gmail.com

Las universidades públicas, en particular en contextos de procesos democráticos, son un elemento fundamental para la transformación social: transitar de la guerra a la gobernabilidad democrática, restituir el diálogo como forma de compresión de la realidad y llevar adelante acciones para mantener y garantizar la paz requiere substituir las armas por libros, aulas, laboratorios y maestros que ayuden a preparar profesionales con vocación y capacidades para empujar el futuro.

Infortunadamente, el proyecto de presupuesto público de 2019 le otorga Q2,702.7 millones al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) le asigna Q1,662.3 millones. ¿Qué nos quieren decir los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda al proponer esta distribución de los recursos públicos que el Estado tiene gracias a nuestros impuestos?

En los últimos años, la Usac se ha visto obligada a negociar anualmente con los organismos ejecutivo y legislativo de turno, recursos extraordinarios a los que recibe como parte de la asignación constitucional y que han sumado en promedio cerca de Q340 millones anuales, esto quiere decir que los recursos constitucionales están siendo insuficientes para compensar el aumento de la cobertura y la extensión universitaria ?en 2010, la matrícula era de 146,000 estudiantes y en 2016 superaba los 200,000?.

Pero también existen dos fenómenos que afectan la asignación constitucional. Primero, un marco normativo impreciso para esta concesión: los ciudadanos y la Usac desconocemos cómo el Ministerio de Finanzas calcula el “Ingreso ordinario”, variable que resulta de restar a los Ingresos tributarios algo, una caja negra cada año más cuantiosa, llamada “disponibilidades propias del gobierno”. Los Ingresos ordinarios son la base para el cálculo del 5 por ciento garantizado para esta casa de estudios. En segundo lugar, ante la incapacidad (o dolo) gubernamental para captar ingresos tributarios, la asignación para la Usac se está viendo disminuida año tras año por este efecto. En 2015 la asignación representaba el 0.30% del PIB, mientras en 2018 ya solo equivalía al 0.26%. En contraste, un Acuerdo Gubernativo, el 216-2011, asigna anualmente el 0.33% del PIB al Ministerio de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que, el ejército tiene garantizados automáticamente más recursos mientras la economía crezca, algo que siempre pasa.

Los últimos cien años de historia de Guatemala, por no ir más lejos, han estado marcados por dictaduras, violencia y opresión. Nuestra universidad pública ha sobrevivido a la larga lista de dictadores que desearían cerrarla o reducirla a su mínima expresión, gracias a una sociedad que la reclama como propia. La comunidad universitaria ?egresados, estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo? debe buscar una solución de largo plazo para que la Usac no sea presa de las hordas criminales que hoy tienen capturado el poder público.

Si nuestra apuesta es por la democracia, la Usac debe tener asegurados por lo menos más recursos que el ejército. Puede ser el 0.35% del PIB (Q2,215.0 millones en 2019), algo que se puede conseguir sin reformas constitucionales. Por su parte, quienes administran estos recursos deben quedar comprometidos con esfuerzos de transparencia, rendición de cuentas y democratización interna.

La Usac es no es perfecta, pero es trabajo comunitario, es oportunidad de cambio, es ciencia y conciencia puesta al servicio de las mayorías. La Usac es vital para la sociedad y salvarla de los lobos, es ayudar a salvar la democracia.

jmenkos@gmail.com

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso presentó la semana pasada su dictamen al proyecto de ley de Presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado para el 2019. Este dictamen podría llamarse coloquialmente una chequera para satisfacer los deseos de corruptos y extorsionistas.

Mientras la legitimidad de la administración pública está por los suelos y somos testigos de la crisis de los migrantes como consecuencia de los problemas de desarrollo siempre desatendidos, la mayoría de los diputados de esta Comisión, que han firmado el dictamen —entre los que figuran Javier Hernández (FCN), Rudy Castañeda (UCN), Alejandra Carrillo (Independiente), Joel Martínez (FCN), Domingo Trejo (FCN)— han decidido que el bienestar de los guatemaltecos no es tema de su interés y que tampoco es suficiente utilizar el dinero de los contribuyentes para comprarse cafeteras finas, pagarse celulares de lujo y seguros de vida, tener vehículos último modelo y remodelar sus oficinas con recursos públicos. Ahora resulta que el presupuesto de 2019 debe posibilitarles la extorsión y la corrupción.

En el ámbito de la extorsión encontramos recortes presupuestarios a instituciones que batallan en contra la corrupción y la impunidad. El Ministerio Público sufre en la propuesta de la Comisión un recorte de Q588.4 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo, es decir, una reducción de 57% en el aporte extraordinario y de 20% en el aporte institucional para esta entidad. Asimismo, al Organismo Judicial los diputados le disminuyen Q667.5 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo. Este recorte significa una reducción de 55% en el aporte extraordinario. A la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), le recortan Q341.3 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo, en particular, reducen en tres cuartas partes el aporte extraordinario para esta casa de estudios, cuyos estudiantes han asumido el liderazgo político de plantar cara al pacto de corruptos que aglutina al presidente Morales y su Gabinete, congresistas, empresarios y militares. Los diputados desean que la reducción del presupuesto de estas entidades las obligue a regresar al Congreso, hecho que aprovecharán para negociar aportes extraordinarios a costa de silencio e impunidad. Por ejemplo, el diputado Manuel Conde (PAN) expresó en julio pasado que el anterior rector “dejó mucho que desear porque organizó marchas y pidió la renuncia del Congreso”. Callados nos vemos mejor.

La chequera para corrupción cuenta con rubros amplios y entidades de comprobada falta de probidad y transparencia. Los diputados incrementaron Q330.7 millones el presupuesto ya desmedido que había recomendado el Ejecutivo para el Ministerio de la Defensa Nacional, por lo que este gozará de un aumento de Q619.0 millones (29.7%) con respecto al presupuesto vigente en el 2018. Este es el paso previo a elecciones fraudulentas, como revelan las acciones en Honduras: más dinero para el ejército, más despotismo y violencia. También han incrementado Q260.2 millones al Ministerio de Desarrollo Social, pues se les ocurrió, sin planificación previa, que 2019 es un buen año para “hacer” plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, los Q6,584.4 destinados al Ministerio de Comunicaciones continúan siendo un camino llano para la corrupción.

Los diputados y el gobierno dicen hacerlo en representación del pueblo, pero ningún pueblo elige representantes para hacer fechorías. No permitamos que los corruptos usen nuestro dinero para sus infames antojos.

jmenkos@gmail.com

Entre las recomendaciones rescato cinco. Primero, ajustar las proyecciones de ingresos, en especial la de tributarios (Q65.2 millardos), a una proyección de cierre realista para 2018 y al escenario macroeconómico más reciente. De acuerdo con las estimaciones del Icefi los ingresos tributarios en 2019 podrían ser como máximo de Q64.0 millardos (10.0% del PIB). Este cambio incluye dar seguimiento al Plan de Recaudación, Control y Fiscalización para 2019 que elabore la Superintendencia de Administración Tributaria.

Segundo, se deben suprimir los incrementos injustificados en el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional. Hay cerca de Q380 millones adicionales al presupuesto vigente en 2018 destinados a Equipo Militar y de Seguridad, entre otros rubros opacos y sin argumentos válidos.

Tercero, se debe corregir el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con el fin de suprimir los incrementos y asignaciones abultadas para las actividades identificadas como Servicios de Apoyo, que suman más de Q840 millones, partida que en la historia presupuestaria suele ser utilizada como un camino fácil para la corrupción. Por otro lado, se debería dejar con el mismo presupuesto vigente o aumentar los recursos destinados para los programas de prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica; de prevención de la mortalidad materna y neonatal; el programa para la prevención y control de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del VIH/Sida; y el de prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas. Estos programas sufrieron recortes en el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo.

Cuarto, también se debe corregir el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, ya que presenta las mismas anomalías que el del MSPAS: un bolsón de Q100 millones en el turbio rubro de Servicios de Apoyo a los Programas Sociales.

Quinto, incluir en el decreto de aprobación un artículo en el que el Congreso demande al Ejecutivo la elaboración de una metodología para el cálculo contable de la inversión pública en niñez y adolescencia. Siempre en el ámbito de la niñez y adolescencia, será vital revertir la disminución de metas observadas en el proyecto y que afectan resultados en la dotación de alimentación complementaria para niños de 6 a 24 meses, dejando de atender a cerca de 60.5 mil niños; el monitoreo de crecimiento a la niñez menor de 5 años, que dejaría fuera a aproximadamente 479.2 mil niños; así como los menores resultados esperados en cobertura educativa y dotación de textos escolares, un fenómeno contrario al esperado ante el incremento presupuestario al Ministerio de Educación de Q2.6 millardos.

Es importante aprobar el presupuesto para 2019, pero se debe aprobar un presupuesto que sea útil para el desarrollo y no para la corrupción. El dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda nos permitirá saber cómo quedará el presupuesto para 2019 y si hay todavía alguna posibilidad de aprobarlo cerrando los caminos al abuso de lo público en tiempo electoral.

jmenkos@gmail.com

La muestra lleva por nombre “Los nudos de mi memoria”, revelándonos un fenómeno que se repite en la mayoría de películas que la componen: el intento de las generaciones de la posguerra por recuperar la historia, esa que quienes ostentan el poder han pretendido que sea borrada de libros y mallas curriculares, de los medios y de la vida política, e incluso, y por suerte inútilmente, de la justicia y de los recuerdos que nos habitan en lo individual y lo colectivo.

La mayor parte de las películas son dirigidas por mujeres que crecieron durante la guerra y, por medio del cine, nos hacen reconocer todo lo que llevamos dentro, aún ahora, como fruto de la violencia ejercida por un Estado que encontró aliados, fuerzas y justificaciones para matar a su pueblo. Algunas de ellas rinden un homenaje póstumo a los seres que perdieron y nos abren la puerta a la dimensión más íntima de la repercusión de cualquier conflicto armado: los cambios en la vida de quienes sobreviven.

Toda la Muestra nos recuerda que tenemos heridas que solo cerrarán con el rescate de una memoria basada en la verdad y la justicia, pero quisiera recomendarle especialmente “La asfixia”, dirigida por Ana Bustamante ?que se presentará el jueves 25 de octubre, a las 18:00 horas?. Ana desarrolla un relato autobiográfico y además se sumerge en la memoria de otros para intentar encontrar a su padre, Emil Bustamante, desaparecido por el ejército de Guatemala, el 13 de febrero de 1982, meses antes de que ella naciera. A lo largo de la historia aparecen conversaciones con los hermanos de Emil, incansables en la búsqueda de justicia, así como otros personajes, entre ellos el general retirado Ricardo Bustamante, primo de Emil y quien al parecer lo vio cuando ya estaba en manos del ejército, en el Cuartel General de Matamoros. El general Bustamante, según varias notas de prensa, estuvo a cargo del centro de torturas “La isla”; trabajó con Otto Pérez y, actualmente, es miembro de “la juntita” que asesora a Jimmy Morales.

En la confianza de los diálogos de Ana con su madre se descubre el dolor que ha dejado la ausencia de Emil en ambas y las muchas preguntas que no encontrarán respuesta hasta que la justicia acceda a archivos y fuentes militares que revelen su destino y den con su cuerpo ?y el de los 45,000 desaparecidos?. Yo, al conocer la historia de Emil, encuentro a alguien comprometido con su tiempo y su pueblo. Reconozco que ha sido una persona valiente, que pudiendo continuar su vida en Costa Rica, lejos de la violencia y la miseria, decide regresar a Guatemala para servir como catedrático en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), para desarrollar programas de capacitación para campesinos y también organizar la gran marcha de mineros de Ixtahaucán.

Hace un año, entre aclamaciones y aplausos, la USAC le otorgó a Emil un doctorado Honoris Causa In Memoriam, reconociéndolo como un imprescindible, un héroe que luchó toda la vida y habló con el ejemplo. Su hija ahora nos descubre al hombre de carne y hueso que muere mientras vive, que deja viuda y huérfanas; nos presenta al individuo cuya ejemplar vida y posterior ausencia da fuerzas para buscar la justicia, pero también provoca un gran vacío.

Los mártires se imitan, sí, pero también se lloran.

Nos vemos en la Muestra.

jmenkos@gmail.com

La semana pasada, en la primera parte de esta reflexión, hacía un breve análisis sobre el relato dominante, un conjunto de ideas y acciones que hoy sirven para mantener y normalizar la impunidad y la corrupción; construir una aceptación general sobre la desigualdad, la pobreza y el racismo, mientras el fundamentalismo religioso fomenta que la vida en sociedad se conserve, sin discusión, como hasta ahora.

A la par de este discurso, quienes dominan la vida económica y política promueven acciones para privilegiarse con el pago de menos impuestos, la imposición de su visión religiosa, la mercantilización de la salud, la educación y la seguridad; y la prostitución y deterioro de las instituciones vitales para la democracia: organismos del Estado, medios de comunicación, sindicatos y partidos políticos. En síntesis, se construye una administración pública efectiva para atender a ciertas camarillas y desastrosa para garantizar el bienestar de todos. Abanderados de este discurso son hoy en día el presidente Morales y su fiel canciller, Jovel, diputados oficialistas y próximos, empresarios con poder económico; miembros de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, del Colegio de Abogados y la Alianza Evangélica de Guatemala, entre otras muchas organizaciones.

Por el otro lado, en contraposición con el mensaje dominante, se encuentra la visión de aquellos que exigen construir un Estado democrático con instituciones independientes, capaces de dirimir los viejos conflictos relacionados con la tierra, la guerra y los desaparecidos, la propiedad de la tierra, las diferentes formas de ver y querer el mundo; y con fuerza suficiente para responder a los problemas que aquejan a la mayoría: desempleo, inseguridad, pobreza e incertidumbre sobre el futuro. Cobijan este relato contra hegemónico algunos estudiantes de las principales universidades de Guatemala, la actual Asociación de Estudiantes Universitarios, algunos grupos de empresarios que han comenzado a proponer una postura contraria a la propuesta usual de los gremios empresariales, algunos diputados aglutinados en el Frente Parlamentario por la Transparencia, así como movimientos sociales en favor de los derechos humanos y la solidaridad social.

Si el discurso contra hegemónico tuviera más espacio en los medios de comunicación y en las escuelas, entonces, este sería el discurso dominante, porque representa el sentir de las grandes mayorías: campesinos sin tierra, clase trabajadora empobrecida, clase media que lucha para no caer en la pobreza, jóvenes y universitarios sin empleo, sindicalistas con conciencia de clase, y pueblos indígenas nunca escuchados, entre otros.

Ahora que el futuro del país se debate entre el autoritarismo, la violencia y la militarización orquestada por Morales y sus aliados, y la lucha contra la impunidad y en favor de la democracia, son los guatemaltecos los llamados a tomar conciencia: mantener todo como está y caminar al precipicio económico y político siguiendo a Honduras y Nicaragua, o unificar una agenda contra hegemónica para construir un frente común, que gane en el discurso, de casa en casa, con una agenda económica, política y social clara, que convoque a las mayorías y que haga frente a tres disputas: por el reconocimiento, la representación y la redistribución.

En la tercera parte y final profundizaré sobre estos tres elementos. Por el momento es bueno reconocer, como diría Louis A. Blanqui (1805-1881) ?activista político francés y organizador del movimiento estudiantil parisino?: «el capítulo de las bifurcaciones sigue abierto a la esperanza».

jmenkos@gmail.com