El atajo que menospreció a la Constitución

Lo que no puedo aceptar como argumento es que no hay corrupción porque “es con la Unops”.

Jorge Jacobs

24 de octubre de 2025 | 00:01h

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El martes 21 de octubre, la Feci anunció el caso Unops: Corrupción Presidencial, ejecutó allanamientos, reportó capturas y solicitó retirar la inmunidad al ministro de Salud. El eje del escándalo es un memorándum con Unops por más de US$900 millones para comprar medicinas e insumos durante 47 meses. La Contraloría ya había advertido fallas graves: falta de aprobación del Congreso, pagos adelantados sin disponibilidad y precios que no cumplen las promesas de “ahorro”. ¿Qué realmente pasó en esta negociación?

El punto para mí más relevante es de índole constitucional. El artículo 171 ordena que el Congreso debe aprobar cualquier convenio internacional que comprometa montos mayores a un 1% del presupuesto del Gobierno. El acuerdo ascendió a, más o menos, Q7 mil 274 millones, más de cinco veces el umbral constitucional. Aun si se argumentara —para jugarle la vuelta a la Constitución— que la negociación es por varios años y que, por tanto, hay que “prorratearlo”, todavía el monto es un 50% mayor que el límite constitucional. Firmarlo en solitario, desde un ministerio, usurpa competencias y rompe los controles institucionales que, por lo menos en teoría, protegen los fondos de los tributarios.

Luego está el que se adelantó fondos a Unops antes de que se hicieran las modificaciones para dotar de fondos al proyecto. Por último, está la parte de los precios de las medicinas. Aquí cada uno presenta sus mejores cartas. La Contraloría hizo revisiones aleatorias en las que dice que encontró productos más baratos y más caros de los que se compraban antes del arreglo de la Unops. Por otra parte, el Gobierno presenta ejemplos de medicinas que compró más baratas de lo que se compraban antes del arreglo. Como esto es un cherry picking (escogen los que mejor prueban su punto), pues habría que ver el promedio de todo lo que han comprado, para tener una idea clara de si se ahorró algo o no. Por supuesto que hay que incrementarles a los productos comprados por medio de la Unops el porcentaje de “comisiones” que se le pagan.

Lo que nos lleva al siguiente punto. El MP argumenta que Unops cobró, en esta negociación, un 15.25% en costos administrativos, y lo compara con una negociación previa que se hizo con el IGSS, en donde cobraron solo el 4.36 por ciento. Luego está el tema de que, supuestamente, una de las razones de comprar con la Unops era para tener acceso a compras por volumen a nivel internacional, pero el MP argumenta que muchos de los proveedores son los mismos proveedores locales que ya le vendían al Gobierno. Adicionalmente, argumenta que en algunos casos se tuvieron medicinas defectuosas y que nadie se hizo responsable.

De todos estos, pienso que el argumento más sólido es que se saltaron la Constitución al “aprobar” la compra en el Ejecutivo, sin pedir la autorización del Congreso. Todo lo que hicieron a partir de allí rompió la Constitución. Para los argumentos de los precios, hay que tener más información de todos los productos comprados, no solo de algunos. En todo caso, el Gobierno podría argumentar que no llegaron a un 55% de ahorro, pero que sí lo hubo, y el MP tendrá que probar que estaban desviando fondos de esas transacciones. Ellos han dicho que tienen pruebas, pero habrá que esperar hasta que se presenten y justifiquen en un juicio para valorarlas.

Lo que no puedo aceptar como argumento es que no hay corrupción porque “es con la Unops”. Eso no garantiza nada. Apenas el día antes de la conferencia de prensa del MP, desde España extraditaron a Estados Unidos a un exfuncionario de la misma Unops, acusado de robar US$60 millones. De que puede pasar, pasa. Así que habrá que llegar hasta las últimas instancias para verificar qué realmente sucedió aquí.

Entre corrupción y populismo se nos escapa el Estado

Quizá los diputados tendrían mejores resultados si se enfocaran en fiscalizar al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario.

Jorge Jacobs

17 de octubre de 2025 | 00:01h

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Apenas tres semanas después de que EE. UU. designara al Barrio 18 como organización terrorista, nos enteramos de que 20 de sus cabecillas escaparon de Fraijanes 2, mientras el presidente viajaba por Europa. La embajada estadounidense calificó el hecho como “totalmente inaceptable” y exigió acciones inmediatas y enérgicas, advirtiendo de que los fugitivos representan una amenaza para la seguridad de su territorio. La presión diplomática, pienso, más que cualquier consideración interna, forzó finalmente a Bernardo Arévalo a “renunciar” a Francisco Jiménez.

Aparentemente, las fugas no fueron masivas, sino graduales, ocurridas desde agosto, aprovechando visitas y requisas. Un guardia penitenciario que gana poco más que el salario mínimo enfrenta sobornos de decenas o cientos de miles de quetzales. Con muy pocas probabilidades de ser cachado, la ecuación es clara: corromperse maximiza sus ingresos y, en ese ambiente, quizá hasta reduce sus riesgos. El sistema premia la búsqueda de rentas, no el cumplimiento del deber. Y no sabemos qué tan arriba llegan los sobornos, aunque las denuncias del ahora exviceministro algo dejan entrever.

Como respuesta, algo tardía, Arévalo anunció medidas cosméticas —nueva cárcel, censo biométrico, fuerza anticorrupción— que buscan controlar daños, no resolver causas. La promesa de construir una cárcel para 2,000 reos repite el fiasco del proyecto Masagua, paralizado desde 2020, pese a contar con más de Q600 millones de un préstamo del BCIE. Nada de disculpas por retener información crítica de seguridad para los guatemaltecos.

El Congreso respondió con populismo punitivo, avanzando en la aprobación de la ley “antipandillas”, que eleva las penas de varios delitos. Pero, como bien demostró Gary Becker en su análisis económico del crimen, los delincuentes evalúan la probabilidad de captura y condena, no solo la severidad del castigo. Si bien la severidad del castigo es parte de la ecuación, su certeza es más importante. Con un índice de condena inferior al 4 por ciento en Guatemala, endurecer las penas sin fortalecer la certeza del castigo es solo un teatro político. Pueden argumentar que es “lo que pueden hacer” los diputados, pero no creo que vaya a ser un disuasor contundente para los mareros. Más me temo que su único resultado tangible será otorgar más poder discrecional a fiscales y jueces, abriendo nuevas ventanillas para la corrupción y el abuso de poder.

Quizá los diputados tendrían mejores resultados si se enfocaran en fiscalizar activamente lo que hacen en el Ministerio de Gobernación y, en particular, en el Sistema Penitenciario. Por si no lo recuerdan, la fiscalización es una atribución importantísima de su puesto. ¿Será que Presidios mejoraría en algo si los funcionarios tuvieran a 160 “auditores”, realmente comprometidos, respirándoles en la nuca?

Solo espero que en su celo populista no vayan a clavar irresponsablemente a muchos guatemaltecos, condenándolos a ser acusados de financiar el terrorismo, por pagar una extorsión para evitar que lo maten a él, a algún familiar o a un empleado. “No deben pagarla”, dirán. Pero no es lo mismo decirlo que tomar la decisión con una pistola apuntándole a un hijo. Especialmente cuando está ampliamente comprobado que el sistema de seguridad y justicia del país no los protegerá de las terribles consecuencias de no ceder.

Si en Guatemala ni siquiera controlan a quienes supuestamente deberían estar bajo custodia gubernamental, ¿cómo puede el ciudadano esperar que lo protejan? La mejor prueba es que uno de los ofrecimientos ante la crisis es hacer un censo biométrico que “nunca se ha hecho”. La fuga de pandilleros no fue anomalía, sino un síntoma. Washington lo entendió antes que nosotros y actuó en consecuencia. La pregunta es si aprenderemos la lección o repetiremos el ciclo hasta perder lo poco que queda del Estado de derecho.

Vencidos por su propio veto

La única reforma que importa es la que le devuelve el dinero y el poder de decisión al individuo.

Jorge Jacobs

10 de octubre de 2025 | 00:01h

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Una torpeza política de la Secretaría General de la Presidencia le acaba de costar al gobierno una derrota significativa. El martes 7 de octubre, el Congreso desechó el veto presidencial contra el decreto 7-2025 con 86 votos, argumentando un error de forma en el documento remitido por el Ejecutivo. Así, la oposición no solo impuso su agenda, sino que desnudó la inexperiencia de un gobierno que, en su afán de centralizar el poder, comete errores de novato. El dichoso decreto permitirá a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) manejar a discreción los fondos no ejecutados de este año en 2026, un año preelectoral. La razón del descalabro no fue la falta de argumentos constitucionales, sino algo mucho más elemental: olvidaron incluir el artículo de vigencia en el acuerdo gubernativo que contenía el veto.

Según el decreto 1816, cuando un acuerdo gubernativo no establece cuándo entra en vigor, se presume que lo hará tres días después de su publicación. El veto se publicó el 6 de octubre. Por tanto, entraría en vigor el 9 de octubre. Pero la Constitución otorga al presidente únicamente 15 días hábiles desde que recibe el decreto —que llegó el 12 de septiembre— para vetarlo. Esos 15 días vencieron el 6 de octubre. El veto llegó tarde. Fue, en términos jurídicos, extemporáneo. Los diputados de oposición lo advirtieron de inmediato y lo desecharon sin contemplaciones. El oficialismo apenas reunió 51 votos en contra. Este tropiezo técnico pone de manifiesto una realidad más profunda: el gobierno carece de asesores competentes en momentos críticos. No es la primera vez que cometen errores garrafales en redacción de documentos oficiales.

Aún más inquietante es la hipótesis que circula entre algunos diputados de que el error pudo ser deliberado. ¿Buscaba el presidente quedar bien con Dios y con el diablo? ¿Vetar formalmente para satisfacer a quienes lo exigían —el sector privado organizado y los todavía fans de la actual administración—, pero hacerlo mal para que la ley entrara en vigor de todas formas y quedar bien con los alcaldes y diputados distritales? Si así fuera —que lo dudo mucho—, estaríamos ante una maniobra tan cínica como contraproducente, porque dejó al Ejecutivo derrotado y sin capacidad de negociación.

Pero no se vaya a creer usted que todos están preocupados por el mejor uso de esos fondos. ¡Nada que ver! Esta disputa no es una lucha de principios entre el bien y el mal. Es una cruda pelea por definir quién controla el dinero de los tributarios para comprar voluntades de cara a las elecciones de 2027. La oposición se anota una victoria que le podría garantizar acceso a un botín de miles de millones de quetzales para aceitar su maquinaria clientelar. El oficialismo, por su parte, no buscaba proteger los recursos de la politización, sino ser ellos quienes tuvieran la llave de la caja para negociar y presionar a alcaldes y diputados, como lo han venido haciendo este año. Todo es por el dinero y el poder.

El siguiente capítulo en este combate de máscara contra cabellera es el amparo que el gobierno presentó este jueves en contra de la decisión de los diputados. Como toda disputa en Guatemala, la última palabra la tendrá la Corte de Constitucionalidad (CC). Lo único bueno de todo este relajo es que la CC tendrá la oportunidad de aclarar los debates entre los abogados y diputados. Hasta que llegue la siguiente CC y diga lo contrario, por supuesto.

Este episodio es una lección amarga. Mientras los ciudadanos sigamos viendo al Estado como un proveedor de soluciones y no como lo que es, un botín para los políticos y los burócratas, seguiremos atrapados en estas disputas estériles. La única reforma que importa es la que le devuelve el dinero y el poder de decisión al individuo.

En Guatemala, la propiedad no vale nada

El 0.75% de efectividad no es un error, es el punto.

Jorge Jacobs

3 de octubre de 2025 | 00:01h

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El informe más reciente de la Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) revela una cifra alarmante que debería indignarnos como sociedad, pero que hemos aceptado con resignación: de 13 mil 245 denuncias por usurpación entre 2020 y 2025, solo 99 terminaron en desalojo. ¡Esto es un 0.75% de efectividad! Eso implica 99.25% de impunidad asegurada. ¡Es el paraíso de los delincuentes! Si fueran ladrones de bancos, quiere decir que podrían robar 132 bancos antes de tener posibilidades de que los atrapen.

Seamos honestos: la crisis de las usurpaciones no es un “problema social complejo”, es el fracaso total del Estado en su función más básica y la razón de su existencia: la protección de la propiedad privada. La propiedad privada no es un capricho burgués; es el pilar del progreso, de la libertad y el orden espontáneo que nos permite a todos prosperar.

Pero hay que entender que, por mucho que nos lo parezca, el sistema no está roto; funciona exactamente como está diseñado. El problema no nace de la falta de leyes. La Constitución garantiza el derecho de propiedad y el Código Penal sanciona la usurpación. El problema se llama incentivos. La parálisis entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil no es casual. Para un fiscal o un jefe de Policía, llevar a cabo un desalojo tiene unos costos potenciales muy elevados: violencia, cobertura de prensa desfavorable, acusaciones de violación de derechos. Mientras que, por el otro lado, no hacer nada no tiene ninguna consecuencia. No existen métricas públicas de eficiencia ni penalizaciones por su ineficiencia. La estrategia racional, en ese cálculo de costo-beneficio, es no hacer nada.

En ese mercado de la injusticia ha surgido toda una “industria del despojo”. Por un lado, actúan los violentos, para quienes la tierra es un factor estratégico para sus negocios. Por el otro, los ideólogos, quienes dan la cobertura retórica para convertir un crimen en una “causa social”. Las usurpaciones sirven como infraestructura logística encubierta. No hablamos de “reivindicación ancestral”, hablamos de un negocio que mezcla coerción criminal con cobertura ideológica. Unos ponen la fuerza, otros el relato. Ambos cobran y la cuenta la pagan el propietario honrado y el trabajador que pierde su salario.

La burocracia transformó el cumplimiento de una orden judicial en una carrera de obstáculos. Se multiplicaron protocolos, mesas y “coordinaciones” que no coordinan nada. Cualquier actor con poder de veto paraliza la ejecución. Se privilegia un procedimiento interminable sobre el derecho vulnerado. Y, para rematar, se normalizó el uso de “escudos humanos” que convierten el cumplimiento de la ley en una coreografía de culpabilidad invertida: la víctima debe disculparse por exigir justicia.

La salida exige reformar incentivos, no engordar ministerios. Con tres cambios sencillos se puede enmendar el camino. Primero, un protocolo único y vinculante de desalojo con tres tiempos perentorios —investigación, orden, ejecución— y responsabilidad personal por incumplimiento. El plazo se cumple o el funcionario responde. Segundo, métricas públicas mensuales para todos los involucrados: denuncias recibidas, órdenes solicitadas y emitidas, desalojos ejecutados, tiempos promedio, clasificaciones por departamento. Sin tablero, no hay cuentas. Tercero, sanciones reales a usurpadores, autores intelectuales y financistas, con reparación integral de daños. Si el delito deja de pagar, el delito disminuye.

Si no defendemos el derecho de propiedad, la libertad de todos se acaba. La certeza jurídica no es una exigencia empresarial, es la condición sine qua non para la inversión, el trabajo y, en última instancia, para la civilización.

Crónica de un desplome anunciado

Cuando la economía aprieta y la seguridad falla, la paciencia se evapora.

Jorge Jacobs

26 de septiembre de 2025 | 00:01h

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La ciudadanía emitió su veredicto, y es demoledor. La más reciente encuesta de CID Gallup para la Fundación Libertad y Desarrollo es la radiografía de un colapso. Con evaluación de labores neta de -31 y un 64 por ciento de la población que desaprueba su gestión, el capital político del presidente, Bernardo Arévalo, se evaporó. El experimento de la “nueva primavera” chocó de frente con el crudo invierno de la realidad guatemalteca.

La caída es histórica. En su segundo año de gobierno, Arévalo se une al podio de los presidentes peor evaluados de nuestra era democrática, junto a Giammattei y Portillo. Ha logrado lo que parecía imposible: decepcionar a quienes creyeron en él y darles la razón a quienes siempre dudaron. La pregunta no es si el gobierno ha fracasado, sino por qué.

La respuesta, como siempre, no está en las elucubraciones de los políticos, sino en el bolsillo y en el miedo del ciudadano de a pie. Tres factores explican el descontento: la economía, la inseguridad y la corrupción. El 44% de los hogares señala el costo de la vida como su principal angustia y, peor aún, un alarmante 49% admite que en el último mes no tuvo dinero para comprar comida. Mientras tanto, el 58% percibe que el crimen en su comunidad ha aumentado. Al mismo tiempo, el 30% señala la corrupción gubernamental como el principal problema del país. Frente a esto, ¿qué ofrece el gobierno? Silencio, justificaciones y una ejecución presupuestaria centrada en el funcionamiento, pero que no se traduce en bienestar. 

Pero el golpe de gracia a su legitimidad ha sido el incumplimiento de su promesa insignia: la lucha contra la corrupción. El presidente prometió limpiar la casa, pero hasta el momento no se han visto mayores cambios. La inacción es una traición a la esperanza que lo llevó al poder. Atrás quedaron sus acusaciones de corrupción en el presupuesto, pues su principal “éxito” ha sido incrementarlo gigantescamente, empeorando los resultados.

Esta crisis, sin embargo, trasciende a una persona o a un partido. Es la quiebra de un sistema. El 91% de los guatemaltecos no se identifica con ningún partido político. No es apatía, es un rechazo racional a una clase política que, desde la tarima que sea, ve al Estado como un botín a repartir. La consecuencia inevitable de este vacío es peligrosa: un 72% aceptaría un gobierno “no democrático”, si este resolviera la economía, y un 45% ya mira al El Salvador de Bukele como un modelo a seguir. Es la clásica disyuntiva entre la libertad y la seguridad. 

El problema de fondo nunca fue quién administraba el Estado, sino el tamaño y el poder desmedido de este. Arévalo no es la causa, es el síntoma más reciente de una enfermedad estructural. Su fracaso es el fracaso de la idea de que un gobernante bienintencionado puede gestionar eficientemente un aparato diseñado para el clientelismo y la extracción de recursos. La solución nunca será encontrar al “presidente correcto”, sino construir un sistema donde el poder del presidente sea tan limitado que no importe tanto quién sea.

La lección es clara y contundente. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La única salida a este ciclo de frustración es reducir el poder, no elegir un nuevo líder. Reducir el botín es la única reforma verdadera, porque solo en un Estado limitado, que protege la propiedad y garantiza la seguridad sin anular la libertad, pueden los ciudadanos construir su propia prosperidad, sin esperar nada de los politiqueros de turno. Mientras sigamos creyendo que el Estado puede resolver todos nuestros problemas, seguiremos decepcionándonos con cada nuevo gobierno que prometa el paraíso y termine entregándonos el averno.

¿La solución al tránsito? No comprar carros

El Estado fracasa, el ciudadano resuelve y el gobierno lo castiga.

Jorge Jacobs

19 de septiembre de 2025 | 00:01h

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El gerente general de Emetra, Héctor Flores, ha sugerido que la solución al caótico tránsito de la ciudad pasa por restringir la compra de vehículos. Es la culminación predecible de un diagnóstico errado: culpar al ciudadano por las consecuencias del fracaso estatal. La propuesta no solo revela una profunda incomprensión del problema, sino que muestra un peligroso instinto autoritario que ve en la restricción de libertades individuales el remedio para su propia incompetencia.

La pregunta fundamental no es por qué tantos guatemaltecos compran carros y motos, sino por qué se ven obligados a hacerlo. La respuesta es sencilla: porque el Estado, y en particular la Municipalidad de Guatemala, ha fracasado rotundamente en su deber de garantizar las dos condiciones mínimas para una movilidad civilizada: seguridad y un transporte colectivo funcional. En la Guatemala de hoy, la compra de un vehículo no es necesariamente un acto de lujo, sino de supervivencia. Es una decisión totalmente racional de una persona que pondera sus riesgos y concluye que es preferible enfrentar los peligros del tránsito a la certeza de ser asaltado, extorsionado o asesinado en el recorrido entre los buses y su trabajo o casa.

El fenómeno no es señal de bonanza, sino de adaptación: hogares que, ante un transporte colectivo insuficiente e inaccesible, decidieron invertir en movilidad propia. El aire de “exceso” que los burócratas proyectan sobre esas decisiones ignora que la Constitución protege la libertad de locomoción y la libertad de industria y comercio, con límites solo por ley y no por ocurrencia administrativa. Castigar al conductor por escapar del fracaso del transporte público invierte la carga de la prueba: el ciudadano se adapta; el que fracasa es el Estado.

Cada nuevo vehículo que sale a las calles es un monumento al fracaso del transporte colectivo. Durante décadas hemos visto cómo el sistema se deterioraba bajo un modelo de gestión centralizado que sofocó la competencia, abrió la puerta a la captura por grupos de interés y culminó en proyectos fallidos como el Transurbano. La visión monopolista de la municipalidad, que impide el surgimiento de soluciones de mercado, es una de las causas del caos que hoy pretende resolver con prohibiciones. La pretensión de conocimiento de los planificadores centrales pasa por alto que son millones de decisiones individuales, coordinadas por el mercado, las que resuelven problemas complejos de forma más eficiente.

¿Realmente creen los funcionarios que restringiendo el derecho a la propiedad y a la libre locomoción aparecerá mágicamente un sistema de transporte digno? La evidencia demuestra lo contrario. En lugar de corregir estas distorsiones, se opta por el camino fácil: castigar al ciudadano. Es como culpar al que compra un generador eléctrico por los apagones del servicio.

La solución no es más control, sino más libertad. Implica eliminar las restricciones que impiden la competencia y la innovación privada en el transporte masivo. Se necesita eliminar las barreras para que operadores privados ofrezcan las alternativas que la burocracia ha sido incapaz de crear. Y pasa, fundamentalmente, por entender que el rol del gobierno es defender los derechos de los individuos, no dictarles cómo deben moverse.

La idea de restringir la compra de vehículos es un atentado contra la libertad y un insulto a la inteligencia. Es una confesión de fracaso disfrazada de política pública. Los ciudadanos movilizándose no son el problema; son la solución que el propio Estado forzó. Defender nuestro derecho a elegir cómo movernos es defender la última línea contra un gobierno que, habiendo creado el caos, ahora pretende usarlo como excusa para arrebatarnos la libertad.

¿Quién saludará con nuestro sombrero?

La solución no es tomar partido por una de las bandas de zorros, sino hacer más pequeño el gallinero.

Jorge Jacobs

12 de septiembre de 2025 | 00:02h

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El Congreso acaba de reconfigurar el mapa político. Tras la aprobación y ratificación del decreto 7-2025, la oposición ha dado el banderazo de salida para la campaña electoral de 2027. Lo tragicómico es que la carrera la van a correr en 2026 y la van a pagar con sus impuestos y los míos.

No nos engañemos. Esta no es una batalla por el bien de Guatemala, es una vulgar lucha por ver qué grupo político se gasta nuestro dinero para comprar votos en las elecciones generales de 2027. La oposición ya se adelantó. Aprobaron de urgencia nacional una ley que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a guardar el dinero que no gasten este año para gastarlo libremente en el año preelectoral. ¿El botín? Hasta Q9,000 millones. Una piñata en bandeja de plata para diputados distritales, alcaldes y contratistas.

Esta movida, claro, no salió del vacío. Es la reacción a un Ejecutivo que, por medio del Ministerio de Finanzas, les ha bloqueado sistemáticamente la transferencia de fondos, usándolo como instrumento de chantaje político. La oposición, harta de la extorsión, cambió las reglas. Con el decreto no solo aseguran los fondos para sus proyectos clientelares, sino que se preparan para controlar la junta directiva del Congreso en 2026 y, con ello, tener una alta incidencia en la elección de magistrados del TSE y la CC, además del próximo fiscal general.

Pero, ¿el oficialismo defiende la buena utilización del dinero de los tributarios? Por supuesto que no. Su objetivo es el mismo: ser ellos quienes gasten a manos llenas en el año previo a las elecciones. Mientras rechazan el decreto 7-2025, buscan desesperadamente la aprobación del presupuesto 2026 y promueven su propia iniciativa para liberarse de la Ley de Contrataciones, un “cheque en blanco” para la corrupción de este y todos los gobiernos venideros. Ambos quieren gastar más, más rápido y con menos controles.

Esta disputa deja al presidente Arévalo en una encrucijada. Si veta el decreto, como muchos le piden, la oposición en el Congreso muy probablemente logrará revertir su decisión con la misma mayoría calificada con la que aprobó el decreto, dejándolo con una doble derrota. Pero si lo sanciona para negociar la aprobación de su presupuesto, sus partidarios dirán, con razón, que está legitimando un sistema corrupto. En cualquier caso, la oposición ya lo debilitó, al “independizarse” presupuestariamente del Ejecutivo.

Al final, es el mismo viejo y familiar espectáculo de la política guatemalteca. Una lucha despiadada por el poder para controlar los recursos de los demás, como bien lo sentenciaba Frédéric Bastiat: “el Estado es esa ficción por medio de la cual todos buscan vivir a expensas de los demás”. Por mucho que se rasguen las vestiduras y se den golpes en el pecho, ninguno de los dos lados está interesado en el “bien común”, la eficiencia o la transparencia. Ambos consideran el presupuesto como un botín de guerra a repartirse entre ellos y sus potenciales votantes, para mantenerse en el poder. Violan principios como la anualidad del presupuesto y la rendición de cuentas, simplemente porque pueden.

La respuesta no es tomar partido por una de las bandas de zorros que se disputan el gallinero. La solución, como siempre, es hacer más pequeño el gallinero. Mientras el gobierno controle cantidades tan estratosféricas de dinero, siempre estarán los incentivos para apropiárselo, tanto para beneficio propio como para utilizarlo políticamente. La única solución es limitar el poder, reducir el tamaño del gobierno y devolverles los recursos a sus legítimos propietarios: los ciudadanos que los generamos.

P. D.: Lamento mucho el asesinato político de Charlie Kirk. Estados Unidos está pasando por momentos muy oscuros.

El Congreso debe rechazar el presupuesto preelectoral

El gobierno quiere una gran chequera abierta y sin limitaciones para la reelección.

Jorge Jacobs

5 de septiembre de 2025 | 00:01h

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La semana comenzó con el Ejecutivo entregando al Congreso el proyecto de Presupuesto de Malgasto y Despilfarro del gobierno para el año entrante por Q163,783.4 millones. Un número tan grande que deja de tener sentido. Pero detrás del número gigante hay una realidad incómoda: este no es un plan técnico para el desarrollo de Guatemala, sino una plataforma política abierta pagada por todos. Es una herramienta para concentrar poder, no para crear riqueza, y el Congreso debe rechazarlo.

El gobierno tiene abierto el grifo del gasto desde hace casi dos años; los presupuestos han aumentado, pero ¿dónde están los resultados concretos para el ciudadano que los costea? ¿Dónde están las —ya ni siquiera se les puede poner el calificativo de “grandes”— obras de infraestructura? No se han construido. En cambio, la inseguridad crece y las vías se derrumban. Y a pesar de esta manifiesta incapacidad y fracaso, ahora exigen un aumento de gastos, elevando, como siempre, el monto a dilapidar.

La excusa para justificar el despilfarro es la eterna “inversión social”. Pero los números muestran otra cosa. Casi el 70 por ciento se destinará a gastos de funcionamiento. Es decir, a financiar la creciente burocracia, los sueldos y las facturas de un gobierno cada vez más obeso e ineficiente. El gasto en infraestructura, ese que supuestamente tendría alguna posibilidad de generar “capital” en el largo plazo, solo llega al 17.5 por ciento —si es que ahora sí lo ejecutan—. ¿Y cómo piensa cubrir el agujero de más de Q33 millardos? Endeudándonos más.

Esto no es un error, es un diseño. 2026 es año preelectoral. La táctica está clara: endeudarnos a más no poder este año, gastar poco —como ya revelan las cifras de 2025— y acumular esos recursos para utilizarlos el año que viene en una avalancha de programas sociales y proyectos clientelares. El caso más indignante es el del Ministerio de Desarrollo Social: a pesar de su trayectoria de subejecución y corrupción, le quieren aumentar el presupuesto en 42.4 por ciento. ¿La meta? Malgastar el dinero de los tributarios en la siempre fútil ambición de “comprar votos”, saludando con sombrero ajeno.

Lo que el gobierno gasta hoy, lo pagaremos todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, con los impuestos del futuro. Cada quetzal que este presupuesto destina al gasto corriente y a programas clientelares es un quetzal que le arrancan por la fuerza al sector productivo para malgastarlo. Es el costo oculto de los desvaríos de los políticos aferrándose al poder. Lo terrible es que lo único que tal vez se vea es la subvención populista; mientras que nunca veremos la empresa que no nació, el puesto de trabajo que no se generó, el guatemalteco que emigró y la innovación que se sofocó por el acaparamiento estatal.

El Congreso de la República de Guatemala todavía no es una escribanía del Ejecutivo, como ya lo es la Asamblea del vecino El Salvador. Su rol constitucional dentro de este sistema que aspira a ser una república —de papel, hasta la fecha— es ser un límite al ejercicio del poder. Aprobar este presupuesto sería un acto de negligencia histórica, una complicidad con una estrategia que sacrifica el futuro de los guatemaltecos en aras de la supervivencia política de los restos de un partido que fue. Muy atrás quedó el concepto que antes blandían de que “la corrupción está en el presupuesto”.  Ahora no solo lo quieren más grande, sino que, para ajuste de penas, quieren gastar a manos llenas sin las “limitaciones” de la Ley de Contrataciones. La única respuesta digna es rechazarlo y exigir un plan austero, realista y que no siga saqueando el bolsillo de los guatemaltecos. Hay que cerrar la chequera en blanco del poder.

¿Una cruzada militar para cambiar de capo?

La operación militar recuerda a la invasión de Panamá contra Noriega.

Jorge Jacobs

29 de agosto de 2025 | 00:01h

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La posibilidad de una intervención militar estadounidense vuelve a cernirse sobre el Caribe. Destructores, submarinos, fuerzas de ataque anfibias, junto a miles de marines de élite, están siendo desplegados cerca de las costas de Venezuela, en una masiva “operación antinarcóticos”. El objetivo declarado: desmantelar el “Cartel de los Soles” y capturar a su presunto capo, el dictador Nicolás Maduro, por cuya cabeza se ofrecen 50 millones de dólares. Para cualquiera con memoria histórica, esta escena es un déjà vu.

La narrativa es muy similar a la utilizada en diciembre de 1989 para justificar la “Operación Causa Justa”: la invasión de Panamá para capturar a Manuel Antonio Noriega, otro dictador convenientemente convertido en narcotraficante, y también después de que pasara por encima de los resultados electorales. La pregunta fundamental, entonces, no es si la presión militar será suficiente para derrocar a Maduro —probablemente lo sea, con o sin incursión—. La pregunta es: ¿por qué insistir en repetir una estrategia que, aunque puede ganar una batalla táctica al remover a un tirano, está condenada a perder la guerra estratégica?

Para pronosticar el futuro del narcotráfico, basta con analizar el pasado. La operación contra Noriega fue, desde una perspectiva militar, un éxito: el dictador fue capturado y condenado. Pero, ¿se detuvo el flujo de drogas? La evidencia es contundente: la situación empeoró. Antes, Noriega centralizaba el negocio; tras su caída, el trasiego se fragmentó. El vacío de poder fue ocupado por los carteles colombianos y mexicanos.

El error fundamental es atacar el síntoma —el dictador del momento—, ignorando la enfermedad que lo alimenta: la prohibición de las drogas. La guerra contra las drogas nace de una “falsa filantropía” que utiliza el poder del Estado para “proteger a los individuos de sí mismos”, agrediendo la libertad individual en el proceso. Esta agresión estatal crea, de la nada, un mercado negro multimillonario. No es la tiranía de Maduro, por sí sola, la que financia al Cartel de los Soles; es la ilegalidad de las drogas la que genera ganancias inimaginables, corrompiendo todo a su paso.

El nobel de Economía  Milton Friedman  lo explicó con una lógica implacable: “Desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cartel de la droga”. Al prohibir un producto de alta demanda, el Estado elimina a la competencia legítima y erige barreras de entrada —el riesgo de ser asesinado o encarcelado— que solo los criminales más despiadados pueden superar, garantizándoles ganancias de monopolio. En esta lógica perversa, la DEA y el ejército estadounidense son, involuntariamente, los garantes de mercado más eficaces de los carteles.

Aplicar una fórmula similar conducirá a un resultado parecido: un nuevo capo, o varios, tomará el control del negocio. Las drogas seguirán fluyendo hacia el norte porque la demanda existe y las ganancias de la prohibición son demasiado grandes como para desaparecer. La principal ventaja de la operación es que los nuevos capos ya no ostentarán el poder político.

La única manera de desmantelar a los carteles es quitarles su fuente de ingresos. Esto solo se logrará con la descriminalización de la producción, distribución y consumo de los estupefacientes. No basta con derrocar al dictador; se debe derogar el sistema que le dio su poder.

No me malinterprete, estoy convencido de que tiranos como Maduro difícilmente dejan el poder, a menos que sean depuestos. La intervención militar estadounidense probablemente logre ese objetivo, lo que será bueno para toda la región y, en particular, para los venezolanos. Pero el narcotráfico seguirá vivito y coleando mucho después de que Maduro y Diosdado languidezcan de la memoria de los latinoamericanos.

Emergencia de papel que pagaremos los tributarios

La respuesta no es una emergencia falsa, sino revocar esa declaratoria y llamar a una licitación internacional, abierta y transparente.

Jorge Jacobs

22 de agosto de 2025 | 00:01h

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Solo seis días. Ese fue el tiempo que tardó el gobierno en pasar de festejar una supuesta “victoria ambiental”, por la partida de la petrolera Perenco, a declarar una “emergencia” para contratar, sin licitación y en 45 días, a un nuevo operador para gran parte de la misma infraestructura. La contradicción es tan evidente que lleva a preguntarse: ¿estamos presenciando una medida de política pública o un teatro para repartir un botín?

Veamos. El 12 de agosto se extinguió un contrato cuya fecha de caducidad se conocía desde hace 15 años. En el caso de esta administración, desde hace 18 meses. Esto no es una emergencia. Una emergencia, de acuerdo con la propia normativa sectorial, es un suceso repentino e inesperado, como un incendio o un derrame. Emplear dicha denominación para un acto ya conocido de antemano es una simulación jurídica que soslaya la Ley de Contrataciones del Estado —basándose en acuerdos gubernativos de menor jerarquía— y puede usarse para entregar a dedo un negocio. Aquí las dos posibilidades que caben son una ineptitud y negligencia de alto calibre —que sería compatible con lo que hemos visto en los meses recientes— o, simplemente, mala fe.

Pienso que puede haber una buena parte de razón en ambas. Porque luego se encuentra uno con que, aunque vendieron la idea de que la ida de Perenco era una victoria para el medioambiente, porque se acabaría la explotación petrolera, los decretos ministeriales que instauran la emergencia declaran de “interés nacional” la “explotación técnica y racional de hidrocarburos” —como lo establece la Constitución, por cierto—. Entonces, ¿cuál era el objetivo? La evidencia indica que nunca se pretendió detener la actividad petrolera, sino solamente cambiar de operador. La excusa perfecta es que ya no se hará en la Laguna del Tigre, sino en “otra parte” que no sea “área protegida”.

Lo que se ningunea es el precio que pagamos los guatemaltecos por esta maniobra. Ahora los tributarios vamos a pagar buena parte de los costos y riesgos. De entrada, US$50 millones solo para el cierre técnico de los pozos. La refinería que operaba Perenco suministraba gran parte del asfalto que se usa en el país; ahora se tendrá que importar. Otro hecho sospechoso más es que, casualmente, una compañía de un contratista del gobierno recientemente anunció que abastecerá las necesidades de asfalto con el que importará desde México. ¿Quién cubre la diferencia? Usted, por medio de más impuestos o menos carreteras.

La broma más cruel es la “victoria ambiental”. Un operador privado, interesado en defender su inversión, generaba una externalidad positiva: un perímetro de seguridad que disuadía la depredación. ¿Qué pasó tan pronto como se fueron? Invasión y tala ilegal en algunas áreas que antes cuidaba la petrolera. Esto no es nuevo, ya que esa área “protegida” tiene años de ser depredada con tala ilegal, no solo para robar la madera, sino también para establecer “fincas ganaderas”, siembras de subsistencia y, por supuesto, facilidades para el trasiego de drogas, armas y más. Y todo porque el gobierno ha sido incapaz de cuidarlo. Era de esperarse que, ahora que ya no estaría Perenco cuidando su área de influencia, esta sería presa de las mismas desgracias que el resto del parque.

Esta crisis inventada es un atajo para generar rentas para “alguien”. 45 días es una barrera de entrada para cualquier empresa seria que no disponga de información privilegiada, lo que levanta sospechas de que el ganador ya está decidido de antemano, apuntando los rumores incluso a personas cercanas al poder. La respuesta a este absurdo no es una emergencia falsa, sino revocar esa declaratoria y llamar a una licitación internacional, abierta y transparente.

El costo real de un convenio opaco

¿En qué planean gastar los US$70 millones de diferencia?

Jorge Jacobs

15 de agosto de 2025 | 00:01h

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El gobierno anunció un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para “rescatar” el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Tras una supuesta confusión inicial en la que se habló de US$250 millones, la cifra oficial se fijó en un techo de US$121 millones. El objetivo, dicen, es adquirir equipos indispensables y remozar una infraestructura que se cae a pedazos por casi dos décadas de abandono estatal. ¿Es todo tan pulcro e inocente como lo presentan?

La narrativa suena necesaria, pero los números no. Tengo serias sospechas de que la cifra inicial de US$250 millones no haya sido un error, sino el objetivo original, y que, ante el escándalo que suscitó, las autoridades bajaron sus expectativas a “solo” US$121 millones. Además, hay un préstamo que todavía no ha autorizado el Congreso que subiría el monto a US$450 millones. Análisis técnicos y desgloses detallados a los que he tenido acceso de las reparaciones que se necesitan para renovar completamente el AILA, que incluyen prácticamente todo, salvo botar el edificio y volverlo a levantar, sitúan la inversión necesaria en poco más de US$50 millones. La pregunta del millón es: ¿en qué planean gastar los US$70 millones de diferencia? No es un mero error de redondeo; es un sobreprecio de casi el 140% que va mucho más allá de la “comisión administrativa” de la Unops. ¿Cómo lo justifican?

La elección de Unops en lugar de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo técnico de la ONU para el sector, es otra bandera roja. El gobierno la justifica, convenientemente, en que supuestas disputas legales con la OACI lo imposibilitan. Dicen que no es problema porque, como ambas pertenecen al sistema de la ONU, igual se pueden compartir información y que, aun si no, la Unops tiene alguna experiencia con aeropuertos. Pues si ambas instituciones son parte de la ONU, me parece sospechoso que esta no pueda resolver las “disputas legales”. Según tengo entendido, lo que pasa es que la OACI tiene todavía algunos fondos disponibles para utilizar en el AILA, que por la ineficiencia local —incluida la actual— no se han utilizado. Además, existe una vinculación familiar del presidente con un alto funcionario de la Unops. El conflicto de interés salta a la vista. Todas las apariencias sugieren que eligieron al socio más conveniente, no al más competente, lo que añade opacidad al trato.

La hipótesis más probable es que esta costosa remodelación es solo la antesala del verdadero objetivo: “poner bonito” el aeropuerto con fondos de los tributarios para entregarlo luego en concesión a algún operador amigo. Lo más irónico es que se ignoran deliberadamente modelos exitosos que ya existen en Guatemala, como Combex, la entidad privada no lucrativa que administra la terminal de carga aérea de forma eficiente. ¿Por qué no tomar en cuenta un modelo que funciona? ¿Será porque allí “no hay negocio”?

El verdadero problema del AILA no es el concreto, sino la institucionalidad. La Dirección General de Aeronáutica Civil es, a la vez, regulador y operador, un conflicto que garantiza la ineficiencia. El gobierno promete una nueva Ley de Aviación para resolver esto, pero insiste en gastar primero. La secuencia carece de lógica, a menos que el objetivo sea aprovechar las reglas débiles actuales para ejecutar un contrato inflado.

La batalla real está en la formulación de esa nueva Ley de Aviación. Se debe exigir un marco que garantice la competencia —incluso de aeropuertos privados— y la transparencia. El futuro de la principal puerta de entrada a Guatemala definirá si seguimos con un modelo de privilegios para unos pocos o con un marco de competencia que nos beneficie a todos.

El Salvador y la “dictadura cool”

La reciente reforma constitucional en El Salvador, que permite la reelección indefinida, es una fórmula probada para el autoritarismo.

Jorge Jacobs

8 de agosto de 2025 | 00:01h

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El pasado 31 de julio, mientras muchos salvadoreños planificaban sus vacaciones agostinas, la Asamblea Legislativa de El Salvador despachó, en un trámite exprés, el fin de la república, como la conocían. La mayoría casi total oficialista aprobó un paquete de reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, extienden el período de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral. Es la crónica de un desmantelamiento anunciado, ejecutado con precisión para consolidar el poder en una sola figura: Nayib Bukele. 

El presidente Bukele defiende estas acciones con una retórica astuta. Afirma que “el 90 por ciento de los países desarrollados permiten la reelección indefinida” y que distinguir entre sistemas presidenciales y parlamentarios es un mero “tecnicismo”. Esta es una falacia peligrosa. La diferencia es fundamental. En los sistemas parlamentarios, el poder del primer ministro emana de la confianza del parlamento y puede ser revocado en cualquier momento. Además, generalmente están separadas las funciones de jefe de gobierno con la del jefe de Estado. En un sistema presidencialista como el salvadoreño, sin el freno de la prohibición reeleccionista, la concentración de poder es casi inevitable. La historia latinoamericana lo confirma: presidencialismo y reelección indefinida es la receta para la dictadura. 

Las acciones de Bukele no son erráticas; son un cálculo racional para alterar las reglas del juego a su favor. La Constitución, que debería ser un escudo para los ciudadanos, limitando el poder de los funcionarios, se ha convertido en una herramienta para el gobernante. Se trata de un caso monumental de “búsqueda de rentas”, donde el partido gobernante captura el proceso legislativo para asegurarse el poder perpetuo a costa de los ciudadanos. 

El argumento de la “soberanía” es igualmente engañoso. Bukele alega que las críticas se deben a que un “país pequeño y pobre” se atreve a decidir por sí mismo. Pero, como advirtió Friedrich Hayek en Camino de Servidumbre, para que el totalitarismo avance, es necesario vaciar a las palabras de su significado. La soberanía reside en el pueblo para limitar al gobierno, no en el gobierno para liberarse de toda restricción. Al eliminar los contrapesos, un gobernante no ejerce la soberanía popular, la usurpa. La popularidad, aunque innegable y cimentada en la mejora de la seguridad, no puede ser un cheque en blanco para aniquilar la libertad. 

Lo que se está construyendo en El Salvador no es nuevo. Es un eco de la “dictadura perfecta” del PRI en México, solo que peor, la “dictadura cool” está centrada en una persona, no en un partido. Un partido hegemónico, mandatos largos que reducen la rendición de cuentas (sexenios) y un sistema electoral sin segunda vuelta que permite ganar con una minoría ferviente mientras la oposición está fragmentada. El resultado de ese experimento histórico lo conocemos: corrupción sistémica, crisis económicas y represión. Si el diseño institucional es el mismo, es lógico esperar similares consecuencias devastadoras. 

La libertad económica es indispensable para la libertad política, pues crea centros de poder independientes del Estado. El régimen de Bukele fusiona el poder político y el económico, haciendo casi imposible la disidencia. ¿Qué inversionista arriesgará su capital en un país donde las reglas se cambian por decreto y no hay un poder judicial independiente que garantice los contratos? Ahorita, probablemente todavía pase lo que sucedió en Nicaragua hace unos años, donde empresarios ingenuos creyeron que podían prosperar bajo la mano de los tiranos en ciernes. Pero la seguridad sin libertad es la paz de la prisión, y el camino a la servidumbre política es, inevitablemente, el camino a la pobreza económica. 

Ley de fomento de la corrupción

Bajo el pretexto de la eficiencia, el gobierno se otorga un cheque en blanco para evadir la Ley de Contrataciones.

Jorge Jacobs

1 de agosto de 2025 | 00:01h

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Dos diputados oficialistas presentaron la iniciativa 6576, “Ley de Agilización de la Inversión Pública”, que en realidad es un caballo de Troya contra la institucionalidad y la transparencia. Con el pretexto de superar la lentitud burocrática, se pretende otorgar al Ejecutivo, a las municipalidades y, sobre todo, a los opacos Consejos de Departamentales de Desarrollo (Codedes) un poder discrecional por tres años para contratar a dedo, eludiendo la licitación pública y demás controles de la Ley de Contrataciones. Es un “estado de calamidad por tres años”, un cheque en blanco para ejecutar el gasto gubernamental sin competencia ni fiscalización real. 

Pretenden elevar considerablemente los montos de compra directa y por cotización, permitiendo que la gran mayoría del presupuesto de gasto en infraestructura se adjudique sin el concurso público que, aunque imperfecto, es el principal mecanismo para garantizar competencia y obtener mejores precios para el tributario. Se argumenta que la ejecución es baja y que los trámites son un obstáculo. Es cierto. Pero la solución no puede ser demoler los pocos controles que existen. La experiencia en Guatemala y en toda la región demuestra que cuando se abren estas compuertas, el resultado no es un desarrollo más rápido, sino corrupción, sobreprecios, obras de mala calidad y la captura del Estado por redes político-económicas. Todo lo que supuestamente la administración de Bernardo Arévalo prometió combatir. 

El punto más alarmante es el fortalecimiento de los Codedes. Estas entidades, lejos de ser ejemplos de participación ciudadana, son focos documentados de clientelismo, cooptados por cacicazgos locales y diputados distritales que los usan para obtener ganancias y repartir obras a cambio de lealtad electoral. Inyectarles fondos masivos con controles mínimos no es “empoderar a las comunidades”, es alimentar direc tamente a la maquinaria del clientelismo con el dinero de los guatemaltecos.  

La iniciativa atenta contra los pilares de una sociedad libre y próspera. El Estado de derecho se basa en reglas generales, conocidas y predecibles, que limitan el poder y se aplican a todos por igual. Esta ley hace lo contrario: crea un régimen de excepción que sitúa al poder político por encima de la ley. Además, al obviar la licitación, el gobierno no solo invita a la corrupción, sino que garantiza el despilfarro, porque no hay forma de conocer cuál es el mejor precio. 

Quizás lo único bueno de esta nefasta propuesta es que el gobierno admite que la tramitología es un cáncer que paraliza al país. Mecanismos como el “silencio administrativo positivo” —que una gestión se considere aprobada si el burócrata no responde en un plazo fijo— son una idea excelente (que yo vengo proponiendo desde hace muchos años), especialmente con un plazo tan corto como los cinco días que proponen. Pero si es una idea tan buena, debe ser universal. Debería aplicarse a todos los trámites que asfixian al ciudadano y a las empresas, no convertirse en un privilegio exclusivo para que el propio gobierno se salte sus engorrosas reglas. Si la tramitomanía es mala, ¡elimínese para todos, no solo para los políticos! 

Uno de los problemas que la iniciativa busca resolver es la metida de pata del gobierno por tratar de “triangular” los fondos para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Con ella pretenden “sacar la pata”. 

La solución a la parálisis estatal no es un cheque en blanco para la opacidad. La solución es una reforma integral que simplifique los trámites para todos, que fortalezca la transparencia con tecnología y que profesionalice la administración pública. El camino fácil de la discrecionalidad, y la corrupción que ella conlleva, es, como siempre, el más costoso para la libertad y la prosperidad de los guatemaltecos. 

Comprando popularidad con la tarjeta de crédito de sus hijos

El gobierno no se endeudó por una necesidad financiera imperiosa, sino porque tenía la capacidad de hacerlo.

Jorge Jacobs

25 de julio de 2025 | 00:01h

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El gobierno y sus adláteres celebraron como un éxito rotundo la colocación de USD1,500 millones en eurobonos. La narrativa oficial es de fortaleza y visión: financiamiento asegurado para “grandes obras” y un espaldarazo de los mercados internacionales. Pero, ¿es realmente una victoria para los guatemaltecos o una peligrosa apuesta pagada con su servidumbre futura?

La realidad es mucho menos alentadora. Esta emisión de deuda no responde a una necesidad crítica, sino a un cálculo político de manual. El gobierno ya contaba con una liquidez récord en caja, cercana a los Q25,000 millones. La ejecución presupuestaria, además, ha sido notablemente baja. Entonces, si el dinero abunda y no se gasta eficientemente, ¿por qué contraer una de las deudas más onerosas de nuestra historia reciente, atándonos a tasas de hasta el 7 por ciento por treinta años?

La respuesta se encuentra en los incentivos que mueven a los políticos. El endeudamiento es la herramienta perfecta para quien busca rédito electoral a corto plazo. Permite al gobierno de turno disfrutar de los beneficios visibles e inmediatos del gasto —anunciar carreteras, puentes y hasta un metro—, mientras los costos se difuminan en el tiempo, recayendo sobre futuras generaciones de tributarios que hoy no votan y algunos ni han nacido. Una forma de comprar aplausos hoy, con la tarjeta de crédito de nuestros hijos y nietos.

El gobierno ha optado por la vía fácil del endeudamiento, en lugar de la ruta políticamente costosa de la disciplina fiscal. Es un potente anestésico que adormece la urgencia de acometer las reformas estructurales que Guatemala verdaderamente necesita, siendo la principal, racionalizar un gasto gubernamental plagado de ineficiencia y corrupción.

Este espejismo tiene un costo oculto. Lo que se ve son los USD1,500 millones y los proyectos anunciados. Lo que no se ve son los recursos que no estarán disponibles para que el sector productivo genere empleos genuinos y riqueza sostenible. Tampoco se ve la futura carga fiscal que recaerá sobre las empresas y los ciudadanos para pagar los más de USD100 millones anuales en intereses, dinero que no irá a brindar seguridad o impartir justicia, mucho menos a salud o educación.

Surge una duda inquietante sobre el destino y el momento de este endeudamiento. ¿Por qué acumular fondos masivos ahora? Me temo que la respuesta es tan predecible como cínica: el próximo año es preelectoral y, además, incluye elecciones de funcionarios que pueden redefinir el mapa político. Parece que se está preparando una piñata de gasto gubernamental para intentar mejorar la imagen del gobierno de cara a las elecciones de 2027, utilizando la deuda como combustible para la maquinaria clientelar —nada nuevo, todos los gobiernos anteriores lo han intentado—. Los fondos, en lugar de destinarse a inversión productiva, corren el riesgo de acabar en “elefantes blancos” y proyectos que benefician a contratistas con conexiones políticas, no a los ciudadanos. Y no se buscará comprar solo los votos de los ciudadanos, sino, seguramente, también de los “electores” que influyen en la selección de funcionarios que tendrá lugar en ese año preelectoral.

No se deje engañar. La emisión de estos eurobonos no sustituye la disciplina fiscal; la destruye. Esta operación es una transferencia de riqueza desde los futuros tributarios hacia los intereses políticos del presente. Es una violación de la responsabilidad intergeneracional y un abuso de la confianza ciudadana. La verdadera fortaleza de una nación no se mide por el tamaño de sus reservas infladas con deuda, sino por la prudencia de sus gobernantes y la libertad de sus ciudadanos para construir su propio futuro, sin el peso de las irresponsables decisiones del pasado. La libertad no admite cuentas por pagar eternas.

El verdadero rostro extorsionador del “SSTEG”

Es la lucha por la libertad, que siempre empieza en las aulas.

Jorge Jacobs

18 de julio de 2025 | 00:01h

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La humareda alrededor del Palacio Nacional de la Cultura se disipó, pero la pestilencia de un sistema educativo capturado durante décadas permanece. El desalojo de una parte del campamento del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala, “STEG” —o como prefiero llamarlo, el Sindicato de Supuestos Trabajadores de la Educación en Guatemala, “SSTEG”, ya que estos no son educadores, son aprovechadores de un sistema que premia la extorsión sobre el mérito—, no es una victoria, sino apenas el inicio del cese de una hemorragia. La verdadera enfermedad, el aprovechamiento parasitario que ha carcomido la educación de los niños guatemaltecos, sigue intacta.

Durante más de 20 años hemos sido testigos de un ciclo perverso y predecible. Cada nuevo gobierno es recibido con una crisis manufacturada: paros, tomas de edificios y, la joya de la corona, bloqueos de carreteras. Presidentes, desde Portillo hasta Giammattei, optaron por el apaciguamiento de Joviel Acevedo, porque el costo de una confrontación se percibe como mayor al de ceder privilegios. Negociaron la entrega del Estado a cambio de una paz precaria con quienes no educan, sino que extorsionan. La única honrosa excepción fue la de la ministra de Educación de Óscar Berger, María del Carmen Aceña, quien logró destituir a Acevedo, pero el gobierno siguiente rápidamente reculó.

El gobierno de Bernardo Arévalo se jacta de haber roto este ciclo. Y, en efecto, ha interpuesto acciones en contra de algunos temas del pacto colectivo y, finalmente, ejecutó un desalojo. Pero no nos engañemos, su actuación fue tardía y débil. La CC amparó a la Cámara de Comercio contra los bloqueos desde el primer día, pero el gobierno permitió que el país se paralizara durante días. ¿Por qué la vacilación? Quizás por una contradicción inherente: el presidente, que en 2023 apoyó bloqueos para supuestamente defender su victoria electoral, ahora se veía en la incómoda posición de tener que disolverlos. La poca acción llegó solo cuando la CC le proveyó una mayor coraza legal. La narrativa cambió de “represión” a “restauración del Estado de derecho”, una jugada astuta, pero que no oculta la debilidad inicial.

Para entender al SSTEG no hay que pensar en un sindicato, sino en un cartel. Un grupo de interés pequeño y concentrado (la “cúpula sindical”) tiene la capacidad de organizarse para obtener beneficios enormes y concentrados, mientras que los costos de sus acciones de hecho se dispersan entre millones de ciudadanos. Es la tiranía de una minoría organizada sobre una mayoría desorganizada. El instrumento de esta captura ha sido el pacto colectivo, que crea un fuero especial, una casta con derechos por encima del resto.

El desalojo de los alrededores del Palacio es un primer paso, pero insuficiente. La verdadera prueba será si se atreven a impulsar las reformas estructurales necesarias. Se debe modificar el pacto colectivo para eliminar las cláusulas de captura estatal. Se debe implementar un sistema de evaluación y mérito para los docentes, donde el ascenso y el salario estén ligados al desempeño, no al tiempo o a la lealtad sindical. Y debemos discutir seriamente la liberalización del sistema, explorando opciones como los vales educativos que permitan que el financiamiento siga al estudiante y no a la burocracia.

La responsabilidad no es solo del gobierno. Todos debemos mantenernos vigilantes, rechazando la mentira de que la extorsión es un derecho. Guatemala no podrá ser sociedad de personas libres mientras la educación dependa del capricho de supuestos líderes cuyo verdadero interés nunca ha sido el aula, sino el botín. Es la lucha por la libertad, que siempre empieza en las aulas.

El pistolazo que desnuda al gobierno de la transparencia

Un concurso amañado que huele a corrupción.

Jorge Jacobs

11 de julio de 2025 | 00:01h

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La noticia parece sacada del manual del perfecto corrupto latinoamericano. El Ministerio de Gobernación adjudica un contrato de Q84 millones para comprar 10 mil pistolas. Pronto, la Contraloría General de Cuentas enciende las alarmas por irregularidades que saltan a la vista: un plazo irrisorio para recibir ofertas; un plazo de entrega imposible de cumplir, a menos que se tuviese información previa de la negociación; la calificación de “único oferente” a pesar de que concursaron tres empresas, y, lo más grave, especificaciones técnicas que son un traje a la medida para un solo modelo de pistola, que, además, solo una compañía puede distribuir en el país. Para colmo, la compañía beneficiada tiene vínculos familiares con la ministra de Cultura. ¿Se pueden pedir más “irregularidades” de un gobierno que decía combatir la corrupción?

Esto no es solo una historia de posible corrupción. Es la radiografía de un gobierno donde las reglas no se hacen para servir al ciudadano, sino para beneficiar a los funcionarios y a su círculo cercano. Este caso es una prueba de fuego para la administración de Bernardo Arévalo, que se debate entre su promesa de “cerrar el chorro” y las denuncias de corrupción que ya empiezan a surgir en casi todas las dependencias. ¿Qué nos dice sobre el gobierno que su primera gran compra de seguridad, de la que no le puede echar la culpa a la administración pasada, exhiba los mismos vicios que prometieron erradicar?

La justificación oficial se refugia en la “estandarización”: como la PNC ya usa esas armas, es más eficiente seguir con la misma marca. Este argumento no es más que una falacia para ocultar el costo que pagamos por renunciar a la competencia, irónicamente, en un gobierno que dice favorecer la competencia. En un concurso abierto, otros fabricantes de clase mundial habrían competido, presionando los precios a la baja y la calidad al alza.

Existen armas mejores, más baratas, más resistentes, que pueden utilizar las mismas municiones y que, además, por tener menos piezas móviles, son más fáciles y baratas de mantener. Todo lo cual abona a un costo total de uso mucho más bajo a lo largo del período de vida de la pistola.

Los millones pagados de más son recursos que no se usarán en capacitación, en tecnología forense o en modernizar comisarías rurales. El costo lo pagamos los tributarios dos veces: en el sobreprecio y en los recursos que se desperdician para capturar ese privilegio. Este concurso es una violación flagrante del espíritu de la Ley de Contrataciones, que prohíbe señalar marcas, precisamente para evitar estos desenlaces.

El gobierno tiene tres caminos. Puede convalidar la compra, destrozando todavía más su ya poca credibilidad anticorrupción; puede renegociar, lo que sería un parche inútil; o puede hacer lo único correcto: anular el concurso y rediseñarlo bajo criterios de desempeño, no de marca, abriéndolo a la competencia real. Existe una opción mejor: negociar directamente con los fabricantes, como lo hacen muchos gobiernos y agencias de seguridad.

La verdadera solución a la inseguridad no es simplemente comprar más armas, sino fortalecer las instituciones y el Estado de derecho, aplicar inteligencia, patrullaje y justicia expedita. Una institución que no puede ni comprar su equipo, de forma transparente, difícilmente podrá usarlo con probidad para proteger nuestros derechos.

Este caso no trata sobre pistolas. Trata sobre la certeza jurídica, la confianza y la credibilidad de un proyecto político. La responsabilidad de los ciudadanos es permanecer vigilantes y exigir que el gobierno cumpla con su deber más básico: respetar la ley y proteger el dinero de los tributarios, no usarlo para alimentar el mismo sistema de privilegios y corrupción que prometió desmantelar.

La CIDH debe liberarse de su sesgo ideológico

La CIDH enfrenta una encrucijada entre activismo ideológico y su mandato de derechos humanos.

Jorge Jacobs

4 de julio de 2025 | 00:01h

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La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) eligió a Rosa María Payá como nueva comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La disidente cubana, hija de Oswaldo Payá, obtuvo veinte votos, gracias a la presión de la Casa Blanca.

Pero el problema es más de fondo: la CIDH abandonó su misión y se convirtió en un atajo político para grupos que buscan “conquistar en el foro lo que no pueden ganar en las urnas”. Esa distorsión explica por qué comisionados como el guatemalteco Stuardo Ralón y Carlos Bernal Pulido, defensores de un enfoque probatorio y apegado al texto de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), fueron bloqueados cuando les tocaba presidir la institución. Una entidad que debiera ser neutral y objetiva pierde legitimidad cuando se pliega a facciones. A ese deterioro contribuye la Secretaría Ejecutiva, señalada por Bernal de imponer líneas ideológicas y negar a los comisionados acceso pleno a los expedientes.

En la CIDH, las ONG militantes encuentran un observador dispuesto a emitir recomendaciones y solicitar medidas según convenga a su agenda. El resultado es un sesgo selectivo: Venezuela, Cuba y Nicaragua reciben críticas esporádicas, mientras se emiten recomendaciones adversas casi inmediatas contra los demás. Frente a esa parcialidad, Ralón, Bernal y Gloria Monique De Mees han exigido decisiones basadas en la jurisprudencia interamericana y en evidencia verificable. Sus votos razonados, en temas trascendentales como la protección de la vida, la no injerencia indebida de la CIDH y el respeto al texto de la convención por encima de interpretaciones subjetivas, revelan cómo una mayoría aprueba casos sin pruebas suficientes y acelera expedientes, según la ideología del Estado denunciado.

El discurso de Bernal ante la OEA al buscar su reelección denunció la discriminación que ha existido a lo interno, tratando de aparentar un consenso unánime donde no lo hay, y planteó una reforma estructural: portal de transparencia sobre el avance de cada caso, plazos razonables para que los Estados respondan y primacía de los propios comisionados sobre la Secretaría. Los defensores del statu quo han tratado de invisibilizar o minimizar esa labor de los tres comisionados y arguyen que la CIDH necesita “activismo” para proteger a “colectivos vulnerables”. Olvidan que el activismo, cuando suplanta el debido proceso, termina debilitando a quienes dice defender y que el rol de la CIDH es ser un órgano técnico e imparcial apegado a la CADH.

La elección de Payá podría servir de presión, pero todavía no rompe la correlación de fuerzas. La salida de Bernal, vetado para la reelección por la misma coalición ideológica que teme su rigor, mantiene la balanza en contra. Mientras tanto, la administración de Donald Trump redobló sanciones contra La Habana y Caracas, ligando su apoyo financiero a la OEA a un cambio tangible en la CIDH. Esa presión exterior podría acelerar la modernización del organismo; pero también puede profundizar la resistencia interna que lo estanca.

¿Qué hacer? Los Estados miembros deben condicionar su financiamiento a métricas claras y transparentes. La sociedad civil debe abandonar la visión romántica de la CIDH como martillo ideológico y exigir que vuelva a su esencia: emitir recomendaciones apegadas a la CADH, no dogmas creados a base de interpretaciones sesgadas. Si la CIDH recupera la neutralidad, Latinoamérica contará con una institución que fortalezca el estado de Derecho y allane el camino para desmontar dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El futuro de la libertad continental bien podría depender de que la Corte se quite la camisa ideológica y vista, al fin, la toga de la justicia.

¿Habrá paz duradera tras la guerra de 12 días?

Los iraníes necesitan toda la ayuda que se les pueda dar.

Jorge Jacobs

27 de junio de 2025 | 00:01h

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Hace apenas dos semanas, el mundo contuvo el aliento ante el sorpresivo ataque de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. El fin de semana pasado fue Estados Unidos quien actuó para impedir que el régimen de los ayatolás obtenga un arma atómica capaz de borrar del mapa a Israel y, más tarde, chantajear a Occidente. Y aunque se podría haber esperado casi cualquier desenlace catastrófico, el alto al fuego llegó en un par de días y ahora ya estamos casi como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó.

Es muy bueno que se hayan terminado los ataques. La guerra siempre cobra un gran precio, especialmente para los inocentes. Pero no nos creamos el espejismo de la paz eterna. El régimen iraní no cambió de rostro ni de propósito. Durante 45 años, esa teocracia ha financiado milicias, atentados y propaganda con el fin de expandir su revolución y acabar con los infieles. Mientras los dirigentes autocráticos de Irán conserven el poder absoluto, cualquier cese al fuego será frágil. Veo muy difícil que, de repente, se den la vuelta, dejen atrás todo por lo que han luchado por casi medio siglo y abracen a cuanto infiel se les pase por delante. 

De allí que no esté convencido de que los misiles garanticen la paz. La única salida verdaderamente estable descansa en la voluntad del pueblo iraní. Las jornadas de protesta de la última década exhibieron un hartazgo profundo con la teocracia fundamentalista. Hoy, tras ver su economía hundida por sanciones y bombas, la sociedad podría dar el paso decisivo. Si los iraníes derrocan a sus opresores, el Cercano Oriente podría conocer, al fin, una paz cimentada en instituciones abiertas y comercio, no en cohetes ni clérigos armados.

Occidente debe abandonar la tibieza y apoyar de forma abierta, aunque no intervencionista, a quienes luchan por su libertad: brindar plataformas de comunicación, ofrecer refugio a disidentes, congelar los activos de los jerarcas y presionar a la Guardia Revolucionaria donde más le duele, en el bolsillo. No es fácil salir de una tiranía, especialmente de una tan larga. Los iraníes necesitan toda la ayuda que se les pueda dar.

El cese al fuego alteró de inmediato el tablero geopolítico. Redujo la prima de riesgo en los mercados. Reforzó la imagen de Estados Unidos como garante último de la seguridad israelí, un mensaje que de seguro fue oído fuertemente en Moscú y, especialmente, en Pekín —por aquello de Taiwán—. Además, devolvió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte —OTAN— su razón de ser: la defensa colectiva de la civilización occidental frente a amenazas externas. De hecho, la cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya justo 24 horas después de la tregua, exhibió una inusitada cohesión.

¿Qué sigue? Tres claves determinarán si el alto al fuego se convierte en un tratado duradero o en la antesala de otra conflagración: desmantelamiento verificable de las centrifugadoras iraníes; contención de las milicias aliadas de Irán —Hezbolá, Hamás, hutíes y la Yihad Islámica— y reformas internas que devuelvan al pueblo iraní sus derechos. Solo un sistema que limite el poder clerical y respete la propiedad privada y la libertad de la población puede integrarse de forma constructiva en la economía global.

Si alguna de esas piezas falla, la guerra de los 12 días solo será un prólogo. El sistema iraní actual subordina todo a la doctrina del Líder Supremo. Por eso, sostengo que la paz definitiva nacerá, no de un acuerdo militar, sino de la emancipación ciudadana. La historia nos enseña que los armisticios duraderos surgen cuando se derrumban los regímenes totalitarios, no cuando se les concede una pausa. La lucha por la libertad de Irán es, en última instancia, la condición sine qua non para que el Cercano Oriente deje de ser el epicentro de guerras que afectan a todo el planeta.

¿Tiene razón Israel de atacar a Irán?

La verdadera esperanza reside en el pueblo iraní. La solución final es la libertad.

Jorge Jacobs

20 de junio de 2025 | 00:01h

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Hace una semana, Israel lanzó un ataque sorpresa sobre Irán. La pregunta del millón, para la mayoría de la población mundial que no está envuelta directamente en este enfrentamiento, es si ese ataque se justificaba o no. En lo personal, ante la posibilidad de que el régimen autocrático de Teherán desarrollara una bomba nuclear y produjera por lo menos una decena, considero que sí se justificaba.

Desde 1979, cuando la revolución islámica liderada por el ayatolá Jomeini derrocó al sah Mohammad Reza Pahleví e instaló la “república” islámica de Irán, dejaron claro que uno de sus propósitos principales era eliminar a Israel. Por más de 45 años ese ha sido el norte que los ha llevado a exportar la revolución y a financiar grupos terroristas, pero estos solo eran las soluciones a corto plazo en lo que lograban su objetivo de largo plazo: desarrollar armas nucleares con las cuales podrían, literalmente, borrar del mapa a Israel.

Y esto, al parecer, estaba cerca de ocurrir. Hasta el mismo Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoció que Irán ha enriquecido uranio mucho más allá de lo necesario para usos pacíficos. En su mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU después de los primeros ataques, el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, enfatizó que las instalaciones nucleares “nunca deben ser atacadas”, llamando a una resolución diplomática. Sin embargo, él mismo citó una resolución que dice que “cualquier ataque armado y amenaza contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos constituye una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del Estatuto del Organismo”. El quid del asunto es, ¿las instalaciones nucleares de Irán están dedicadas a “fines pacíficos”? Según las investigaciones del mismo OIEA, no.

No se puede negar que el ataque alberga riesgos de contaminación radiactiva. Pero son mucho peores las consecuencias de ataques con bombas nucleares que el régimen iraní no tendría ningún recato en usar. Y hay que recordar que, para ellos, Israel solo es la punta de lanza de los infieles, el “pequeño Satanás”. Detrás viene todo Occidente y, en particular, el “gran Satanás”, es decir, Estados Unidos. Durante décadas, la posibilidad de la “MAD” (Destrucción Mutua Asegurada) nos ha salvado del apocalipsis nuclear. Pero este concepto racional no tiene mucho sentido para quienes se consideran en una guerra santa contra el resto de la humanidad. No es casualidad que uno de los pocos puntos en los que la mayoría de las “potencias” del mundo han estado de acuerdo recientemente sea el muy alto riesgo de que Irán desarrolle armas nucleares.

Volviendo a la pregunta original. Considero que Israel estaba en todo el derecho de defenderse ante una amenaza inminente. Las soluciones diplomáticas ya demostraron su fracaso: ni las sanciones ni las rondas de diálogo frenaron la marcha de las centrifugadoras iraníes. Cuando la evidencia indica que el agresor prepara un arma de destrucción masiva, la pasividad equivale a complicidad. La historia ofrece lecciones dolorosas: Europa cedió frente a Hitler en Múnich y pagó con una guerra catastrófica. Ahora, es el mismo canciller alemán, Friedrich Merz, quien reconoce que Israel está haciendo el “trabajo sucio” para el mundo.

La verdadera y definitiva solución, sin embargo, no vendrá de bombas y misiles. La esperanza reside en el pueblo iraní. La solución final es la libertad: que los ciudadanos de Irán se levanten y derroquen al régimen autoritario que los ha esclavizado por más de 45 años. Occidente, en lugar de buscar acuerdos endebles con los tiranos, debería apoyar sin reservas a quienes luchan por su libertad dentro de Irán.

La Mesilla desnuda la complicidad local

Debemos exigir una investigación genuina tras el tiroteo fronterizo.

Jorge Jacobs

13 de junio de 2025 | 00:01h

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La tarde del domingo 8 de junio, un grupo de policías mexicanos cruzó la frontera en persecución de presuntos integrantes del cartel Chiapas-Guatemala. A continuación, se dio una escena digna de película de acción en la calle principal de La Mesilla, Huehuetenango, con el saldo de cuatro criminales abatidos a pocos metros de la aduana guatemalteca. Hoy casi todos llevamos una cámara en la mano. Esa ubicuidad permitió captar el enfrentamiento desde distintos ángulos. Sin embargo, esa cobertura amateur nos dejó a todos con más dudas que respuestas. ¿Qué realmente sucedió ese domingo en La Mesilla?

Más perturbador que la “intromisión extranjera” —que realmente fueron unos metros, tomando en cuenta que la mayoría de la acción se dio, literalmente, bajo la talanquera del lado guatemalteco— fue que los policías guatemaltecos, en lugar de atacar a los criminales, parecieron apoyarlos y defenderlos. De los soldados se argumenta que no participaron en la balacera y que prefirieron no hacer nada “para evitar más violencia”. En ambos casos, queda la duda de sus verdaderas motivaciones para no atacar a los criminales. La sospecha de contubernio no es nueva, pero ahora existen videos que parecen confirmarla.

El ministro de la Defensa intentó justificar la pasividad de sus tropas al afirmar que los soldados “privilegiaron la vida” de los habitantes. Esa excusa ignora que la función primordial de las fuerzas de seguridad consiste en proteger justamente esa vida, cuando la amenaza se presenta. Quedarse de brazos cruzados en el enfrentamiento, especialmente ante aquellos a los que supuestamente debe perseguir, y todavía más, tomando en cuenta que, antes que los policías mexicanos, estos irrumpieron en el país cruzando la frontera que los soldados deben defender, demuestra, al menos, falta de liderazgo. En el peor de los casos, evidencia complicidad.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no titubeó al acusar a las autoridades guatemaltecas de colusión. Y eso, viniendo de un correligionario del impulsor de la política de “abrazos y no balazos” —fue senador de Morena durante el gobierno de AMLO—, ya es mucho decir. Sus palabras, en todo caso, describen la realidad que muchos testimonios locales repiten: los narcos compran impunidad con la misma facilidad con la que compran fusiles.

El Estado guatemalteco debe responder con hechos, no con comunicados. Tanto los ministerios de Gobernación y Defensa como el Ministerio Público tienen la obligación de investigar a fondo el papel de cada policía y cada soldado que estuvo en La Mesilla. Deben citar a sus mandos, revisar sus patrimonios y procesar a quienes hayan prestado cobertura al cartel. También el Congreso debe exigir cuentas. Si los ministros no entregan un informe público, el Legislativo debe citarlos y, de ser necesario, interpelarlos.

Ahora, el ministro de Gobernación anunció el “Plan Mercurio” para “controlar” la frontera con México. El nombre suena rimbombante, pero falta que explique cómo funcionará. La frontera noroeste registra decenas de puntos ciegos donde circulan armas, drogas y personas. Mientras ese corredor funcione a la sombra de la corrupción, cualquier operativo será simplemente para taparle el ojo al macho: Mercurio blindará a los delincuentes, no a los ciudadanos.

Por nuestra parte, los ciudadanos debemos mantener la presión. No nos conformemos con operativos teatrales ni con excusas vacías. Exijamos resultados medibles: capturas y, sobre todo, condenas firmes. El incidente de La Mesilla reafirma mi convicción de que la guerra perdida contra las drogas es un grave error que no se debe seguir alimentando. ¿Permitiremos que esta complicidad siga pudriendo la frontera o exigiremos la rendición de cuentas ya?