La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó la semana pasada al juez Gálvez escuchar la petición de la defensa del expresidente.

El abogado César Calderón exigió hoy al juez quitarle a Pérez Molina los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera; el expresidente también está sincado de cohecho pasivo.

Pérez Molina habló que no defraudó al Estado como lo asevera el Ministerio Público porque él no es importador o exportador.

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala subrayan que el expresidente sí incurrió en los delitos imputados y la investigación fundamenta que Pérez Molina era el jefe de la estructura.

Que lo escuchen

El miércoles la Sala de Apelaciones de Mayor riesgo fijó un plazo de 72 horas para que el juzgado escuchara la petición de cambio de delitos de Pérez Molina.

El juez fue notificado durante el desarrollo del séptimo día audiencias, que comenzaron el 6 de febrero. Gálvez dijo que era un procedimiento que debió hacerse antes de comenzar la etapa intermedia, por lo que anuló lo actuado en esos días.

Kestler es señalado en el caso Negociantes de la Salud, en el cual se investiga la posible existencia de una estructura dedicada a beneficiar a empresas al otorgarles contratos por servicios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Pertenece al partido Todos.

Fajardo es vinculado con la contratación irregular de personal para el Congreso, en el caso Plazas Fantasmas, cuando integró la Junta Directiva presidida por el diputado Arístides Crespo en 2014. Fue elegido por la UNE pero ahora es independiente.

Según la investigación de la Fiscalía, Fajardo contrató a 20 personas en puestos de auxiliares en la Primera Secretaría de la Junta Directiva del Congreso y su despacho, además de las tres permitidas por Ley, con salarios de entre Q5 mil y Q15 mil. Durante una sesión plenaria, el presidente del organismo, Mario Taracena, le reprochó a Fajardo que llegó a tener 39 plazas a su cargo.

Ambos casos son investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Caso Stalling

La CSJ también decidió que el Juzgado Séptimo Penal debe conocer los señalamientos en contra de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, por resistencia al arresto.

La funcionaria fue detenida el pasado 8 de febrero en  una tienda ubicada en la zona 9, derivado de una pesquisa en su contra por tráfico de influencias.

En el informe policial se indica que cuando Stalling Dávila vio a los agentes captores sacó una pistola de su bolsa y amenazó con dispararles.

La caravana de los conductores comenzó en la avenida Centro América y 17 calle de la zona 1, y concluyó frente al Congreso de la República.

“Tenemos temor, cuando fue el segundo ataque opté por regresar a mi casa y decidí no laborar”, narró uno de los manifestantes.

Aseguró que paga hasta cuatro cuotas a diferentes grupos de extorsionistas que suman hasta Q2 mil mensuales.

Carlos Vásquez, vocal de la Asociación de Taxistas de Guatemala, refirió que la manifestación se organizó para exigir seguridad al Ministerio de Gobernación.

Consultado al respecto, Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad, afirmó que no existe un plan desestabilizador, lo que contradice las declaraciones del vicepresidente Jafeth Cabrera.

Ataques 

El pasado 14 de febrero, varios ataques armados en la capital y Mixco dejaron cinco taxistas muertos. La Policía Nacional Civil responsabiliza a grupos de extorsión.

Dos de los hechos violentos ocurrieron en las zonas capitalinas 18 y 21, los otros tres ataques fueron en la zona 4 de Mixco.
Autoridades de Gobernación, reconocieron que los hechos de violencia se han incrementado.

No hubo otra opción luego que fracasara la subasta y la venta directa que había promovido el año pasado la Secretaría  Nacional de Administración de Bienes en  Extinción de Dominio (Senabed).

El producto será distribuido a 17 asociaciones o fundaciones, entre ellas Hogar de Niños Fátima, Asociación de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y Sonrisas Angelicales.

También se entregarán a los hospitales General San Juan de Dios, San Vicente y Nacional de Chimaltenango, así como a las municipalidades de Patzún y Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango.

 José Estuardo Aguja Grajeda, jefe de Sección de Acceso a la Información Pública de la Senabed, informó que el 40 por ciento de los aguacates serán donados a los hospitales nacionales y las comunas, y el 60 por ciento para las asociaciones no lucrativas, sin especificar la cantidad exacta que le correspondería a cada una.

Alto costo

 “A través de la Senabed fue que se hizo la distribución de las donación del producto. Hasta el momento el mantenimiento de la cosecha de los aguacates sigue a cargo de la Senabed”, refirió Grajeda.

En diciembre de 2016, Grajeda informó que en cuatro meses la entidad había erogado  Q190 mil en agricultores, fertilizantes y cuidado por plagas utilizados para los árboles del producto.

La finca en mención pasó a manos del Estado debido al proceso que el exmandatario enfrenta por el caso La Línea. Actualmente la finca es utilizada para capacitar a los nuevos guardias del Sistema Penitenciario.

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Entidades que recibirán los aguacates

1. Fundación y Albergues Fares.                                       
2.  Hogar de Niños Fátima,                                                               
3. Asociación de Agricultores para el Desarrollo Comunitario. 
4. Asociación de Tuc Tuc y Microtaxis de Zaragoza, ONG.          
5. Asociación de Desarrollo Integral Zaculeu.                                 
6. Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.           
7. Asociación Sonrisas Angelicales.                                                
8.  Asociación Católica Patronal San Juan Bautista.                     
9. Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, Unaerc.                          
10.  Iglesia Evangélica Nazaret  Sur.                                                   
11.  Asociación de Productores y Desarrollo de Servicio Integral.  
12. Asociación Campesina Agrícola Integral Unión y Fuerza.       
13. Mancomunidad de Municipios de la Región Kaqchikel.  
14. Asociación Civil Maya Ixmukané.                                   
15.  Asociación Católica Sagrado Corazón de Jesús Parroquiade Comalapa.   
16. Asociación Civil La Esperanza, Puerto de Iztapa.                             
17.  Asociación de Educación Alternativa Cristiana.                          
18.  Hospital General San Juan de Dios.                                      
19.  Hospital San Vicente.                                                         
20. Hospital Nacional de Chimaltenango.                             
21. Municipalidad de Patzún, Chimaltenango.                       
22.  Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango.                              

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Bajo la orden de la Sala, el juez Gálvez tiene 72 horas para programar una audiencia y escuchar los argumentos del exmandatario.

Pérez Molina enfrenta los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera.

El 6 de febrero último, la  defensa de Pérez Molina recusó al juez Miguel Ángel Gálvez por considerar que este habría “adelantado opinión” y dudar de su imparcialidad en el proceso contra 31 sindicados en el caso La Línea, al comienzo de la audiencia en la que se discute la acusación que hace el Ministerio Público (MP).

César Calderón, abogado de Pérez, reprochó que el juez haya sido declarado Personaje del Año por parte de “un medio de comunicación”, en referencia a Prensa Libre.

Además, cuestionó que durante la audiencia de primera declaración de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en agosto del 2015, el juez haya mencionado a Pérez Molina como jefe de una estructura.

La acción fue rechazada por Gálvez, quien consideró que no son ciertos los señalamientos.

“Cuando usted liga a proceso a Baldetti en su alocución, sin que Otto Pérez Molina fuera parte del proceso, sin que fuera despojado de inmunidad como presidente de la República, usted lo colocó como jefe de una estructura”, expresó Calderón.Con la recusación, el defensor pretendía separar a Gálvez del caso.

Pérez reclama

Durante varios minutos Pérez Molina tomó la palabra para explicar a Gálvez por qué cree que adelantó criterio, al punto de sugerir que se ahorrara tres semanas de audiencia y que de una vez mandara a juicio a los acusados.

Su argumento  se centró en  convenios de colaboración eficaz que el MP firmó con Salvador González y Juan Carlos Monzón.
 

Dos mujeres murieron a balazos en la 11 avenida  A, 2-43 zona 1, cerca del Cerrito del Carmen.

Al parecer las víctimas trataron de escapar de sus victimarios pero fueron alcanzadas, una de ellas quedó en la vía pública y otra fue alcanzada en el pasillo de un hotel.

Aparte, Erwin Enrique García Aguilar, de 22 años, murió a balazos en la puerta de su vivienda ubicada en la 6a. calle 10-47 zona 1 de Villa Nueva. La Policía Nacional Civil indicó que García Aguilar recibió una llamada telefónica y cuando salió un sujeto le disparó.

Además, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron una persona muerta a balazos en una venta de licor, ubicada en  la 1a. avenida y 3a. calle de la zona 1 de Fraijanes.

Supuesto ladrón

Un hombre que no fue identificado murió de varios impactos de bala en el sector El Horizonte, aldea Lo de Rodríguez, carretera al Atlántico.

El incidente ocurrió a eso de las 3 horas. La primera hipótesis de la Policía Nacional Civil (PNC) es que la víctima mortal, en complicidad de otras dos personas que lograron escapar, se robaron una motocicleta de una de las viviendas de ese sector.

El propietario del transporte al darse cuenta del robo lo persiguió y con un machete lo hirió, luego de un forcejeo logró quitarle el arma al delincuente y le disparó.

#Sucesos | Se sospecha que la persona muerta buscaba robar una motocicleta en una de las viviendas del sector Vía @gsanchez_pl F: E. Paredes pic.twitter.com/oe8guRLHuk

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 1, 2017

Albañil es baleado

En otro hecho de violencia, Alberto Teju Chopen, de 37 años, murió baleado dentro de su vehículo en el lote 21 y 54 calle final, anexo El Mirador, Luz de Cristo Villa Lobos, zona 12 de Villa Nueva.

Familiares informaron que la víctima fue a sacar su vehículo para ir a trabajar, como lo hacía todos los días. El hombre dejó en la orfandad a ocho menores.

La PNC confirmó que el ataque se registró a las 7 horas y que la víctima era originaria de Sololá.

La esposa confirmó que Teju Chopen era albañil y ella con sus hijas tienen una tortillería cerca del lugar donde murió.

Como Alberto Teju Chopen, fue identificado hombre ultimado en El Mirador, Luz de Cristo #VillaLobos. pic.twitter.com/A1Vn0D6ueQ

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) February 1, 2017

Matan a supuesto sicario

Guardaespaldas mataron a un hombre que disparó contra un abogado en la 9a. avenida y 0 calle, colonia La Florida, zona 19 capitalina, en una vivienda que funciona como oficina jurídica.
 
Las primeras versiones indican que el supuesto sicario, que no ha sido identificado, estaba esperando al abogado Érick López, que fue atacado cuando ingresaba al inmueble.
 
El abogado era acompañado de dos personas de seguridad privada, quienes repelieron el ataque pero resultaron heridas de gravedad.
Frente a la vivienda quedó el cuerpo del supuesto sicario, quien tenía guantes y un fusil sobre el pecho.

Cuatro ataques a transporte

En la jornada ha habido varios ataques a buses, con saldo de un muerto y tres heridos.

El primer hecho de violencia fue contra Jairo Antonio Gramajo, 31, piloto de la ruta 204 que circula entre la zona 6 y la Universidad de San Carlos, zona 12.
 
La versión preliminar establece que Gramajo esperaba su turno para retornar a la zona 6 cuando un hombre abordo el autobús y le disparó. El atacante huyó del lugar en una moto de color negro que tenía estacionada a pocas cuadras del hecho.

Esquiva las balas 

Un piloto de un bus de la ruta 36 se salvó de morir al ser atacado a balazos en la 9a. avenida y 9a. calle de la  colonia, Quinta Samayoa, zona 7.

El conductor, al observar que un sujeto sacó su arma de fuego para dispararle desde una motocicleta, se lanzó al piso del bus y logró esquivar las balas.

Baleado

Tres pasajeros de un bus resultaron heridos en un ataque ocurrido en la entrada de la colonia Bethania, zona 7. Los Bomberos Voluntarios los trasladaron al Hospital San Juan de Dios.

3 pasajeros de bus urbano resultan heridos de bala en entrada a col.Bethania z7 @BVoluntariosGT trasladan al HG. pic.twitter.com/eE2vDQx5bY

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 1, 2017

Ataque en zona 9

Un bus con destino a Jutiapa fue atacado por hombres armados en la 5 avenida y 9 calle de la zona 9 capitalina. Los cuerpos de socorro  reportaron un pasajero herido por las balas que iban dirigidas al conductor que resultó ileso.https://twitter.com/amilcarmontejo/status/826912130314158087

Intentan atacar a piloto

Sergio David Yol Cucul, de 21  años y Douglas Amilcar Hernández,18, fueron detenidos en la colonia Paraíso, zona 5 de Villa Nueva, cuando escapaban en una moto robada, luego de intentar ultimar a un piloto de bus, informó la Policía Nacional Civil.

Al intentar escapar de los agentes policiales que los perseguían, los mencionados se empotraron en una cuneta y sufrieron lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados con custodia policial al hospital Roosevelt.

Los investigadores indicaron que tuvieron conocimiento del plan que tenían los señalados y decidieron intervenir.

De manera extraoficial se informó que Monzón ha acudido ya en varias ocasiones a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para dar a conocer aspectos de pesquisas preliminares que allí se efectúan. Aunque no se profundizó  qué tipo de hechos ha relatado, se estima que tendrían relación con posibles actos de corrupción gubernamental.

De momento, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han desarrollado investigaciones por el caso La Línea, TCQ, la Cooperacha  y Cooptación del Estado de Guatemala con la ayuda de Monzón, quien por instrucciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti negoció el cobro de comisiones ilegales exigidas a contratistas del Estado, para ser beneficiados con el otorgamiento de contratos o la acreditación de pago de deuda y la compra de bienes de lujo, entre otros hechos.
 
De momento, la Fiscalía y la Cicig han desarrollado investigaciones por el caso La Línea, TCQ y Cooptación del Estado de Guatemala, con la ayuda de Monzón, quien por instrucciones de Baldetti, negoció el cobro de comisiones ilegales exigidas a contratistas del Estado, para se beneficiados con el otorgamiento de contratos o la acreditación de pago de deuda.
 
Monzón también colaboró con la Fiscalía contra Delitos Económicos en la investigación del caso El Bodegón, por la compra irregular de granos básicos.

Con fuertes medidas de seguridad, Monzón acudió ayer al Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se encontró con Jorge Alfredo Guillén, procesado por el caso La Línea.

Guillén fue encargado de la aduana Santo Tomás de Castilla, y los señalamientos que el MP y la Cicig hacen en su contra indican que permitía el paso de contenedores pertenecientes a empresarios asociados a la estructura La Línea, los cuales ya habían pagado soborno a la red para que se les disminuyera el cobro de aranceles.

Monzón y su abogado Alexis Calderón, Guillén y el mandatario de la Cicig, Luis Fernando Orozco, dialogaron por varios minutos previo a que comenzara la audiencia.

Logran petición

En la diligencia, que se desarrolló a puerta cerrada, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que se brinde mayor seguridad para el colaborador eficaz y el procesado, para evitar hechos en los que su integridad pueda resultar perjudicada.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, indicó que Monzón y Guillén informaron al juez sobre hechos por los que consideran que podrían estar en riesgo, y que también aprovecharon la audiencia para solicitar la visita de algunos familiares y personas allegadas.

La Cicig acusa a más de 30 personas, en las que figuran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por supuestamete integrar una red que defraudó las finanzas del  Estado al exigir de manera ilegal el pago de comisiones a importadores para que se le redujera el cobro de aranceles por el ingreso de sus productos. En el caso también se tiene como colaborador eficaz a Salvador González, alias Eco.

La solicitud de antejuicio la efecutó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

El vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda, indicó este miércoles que el pleno de magistrados analizó el informe del juez pesquisidor y luego del análisis “declararon con lugar el antejuicio y en consecuencia se levanta la inmunidad”.

Marcelino Chuta, así como otros parlamentarios y dos exlegisladores, están involucrados en la contratación anómala de trabajadores para el Congreso, en el caso que se conoce como Plazas Fantasma.

Los otros diputados señalados son Arístides Crespo, del Movimiento Reformador; César Emilio Fajardo Morales, independiente y Carlos Enrique López Girón, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

A finales de 2016, el Ministerio Público pidió la prohibición para salir del país para los exdiputados Selvin García y Julio César López.

Rabbé sigue prófugo

Los mencionados acusados de crear plazas fantasmas en el Congreso cuando formaron parte de la Junta Directiva de ese organismo en 2015, la cual fue presidida por el diputado Luis Rabbé.

Contra Rabbé pesa también la misma acusación, aunque abandonó el país a finales de 2016, antes de que fuese desaforado por la Corte Suprema.

Por el caso de las Plazas Fantasmas fueron capturados en mayo pasado pasado los exdiputados Edgar Cristiani, Luis Mijangos, Carlos Herrera y Alfredo Rabbé, hermano de Luis Rabbé.

Mandatarios judiciales y el vocero de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, representaron al edil Álvaro Arzú, quien estaba citado en el Juzgado Noveno.

En la audiencia los abogados explicaron que Arzú entregó un mandato judicial al abogado Francisco Gallardo, para que lo represente en todas las etapas del proceso.

La jueza Silvia Morales respondió que la ley especifica que es el funcionario el que tiene que comparecer, pues nadie puede responder por él.

La togada reprogramó la audiencia para el 6 de febrero, para que “comparezca”, aunque no puede especificar si en persona o por escrito, pues la ley no da la facultad.

La cita de Arzú era para que explique los argumentos que ya envió a la judicatura, que son las pruebas de descargo ante la denuncia en su contra.

De no presentarse en febrero, como ha ocurrido en días recientes, de igual forma la jueza emitirá su informe en el cual sugerirá si da lugar al antejuicio para que sea investigado o bien le mantiene la inmunidad.

Sandoval insistió en que Arzú ha cumplido en presentarse por medio de su mandatario y por escrito. “Aquí se habla de comparecer, y lo está haciendo por escrito. Está respetando la ley”, afirmó.

El pasado 18 de enero,  Arzú no asistió a su cita para dar sus argumentos en el proceso de antejuicio y envió un documento en el cual presentó sus argumentos sobre el caso.

Por medio de sus abogados, el jefe edil expuso su postura ante la denuncia donde un particular lo acusa de incitar a la violencia en un acto público en presencia de los vendedores de la plaza El Amate, zona 1.

En un comunicado la comuna argumentó que la ley ampara a todos los ciudadanos a comparecer ante un juez de manera escrita o personal, y según la diligencia por medio de un mandatario judicial.

“Dentro del trámite de antejuicio que se sigue contra el alcalde Álvaro Arzú, la jueza a cargo del expediente dejó abierta la alternativa a comparecer”, indica el comunicado.

Según la comuna, al no haberse especificado en que forma debía comparecer el edil, hace valer su derecho de enviar por escrito.

¿Qué fue lo que dijo?

El trámite del antejuicio fue ordenado el pasado 9 de diciembre por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.

Los señalamientos contra Arzú fueron hechos por el ex trabajador municipal Luis Alberto Véliz Luna, y se basa en un discurso que habría realizado el edil durante el aniversario de la Plaza El Amate.

“Ojo, se nos están metiendo allí otros –vendedores-. Si la Policía Municipal los saca a garrotazos es violación a los derechos humanos, pero si lo hacen ustedes mismos, allí, parte sin novedad… Entonces les voy a dar unos sus leños y unos chalecos de la muni para que los vayan a sacar a morongazos. Me van a ayudar a mí en eso”, declaró Arzú en el discurso.

La actual temporada inició en noviembre de 2016, el primer albergue se habilitó el 21 de noviembre en Totonicapán y por el momento son 17 albergues activos, en donde se ha otorgado resguardo a 5 mil 562 personas en todo el país.

Se prevé que la temporada fría concluya a inicios del mes de marzo.

A pesar de los efectos climáticos, el Insivumeh informó que el descenso en la temperatura y viento del norte son de características moderadas.

Siguen albergues

La Cordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), agregó que continúa el ingreso de personas a los centros habilitados como albergues.

Durante el fin de semana, según la Conred, se otorgó refugio a 504 personas; el viernes 20 de enero ingresaron 176 personas, el sábado 161; y el pasado domingo se reportó el ingreso de 167 personas afectadas por el descenso de temperatura.

Vehículos amanecen con escarcha en #Chimaltenango.
Vía: @JRoman_PL pic.twitter.com/itZo2e0AFP

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 24, 2017

La Conred informó que debido a estos efectos, se tiene preparada la asistencia humanitaria como frazadas y alimentos,para las personas que pernoctan en la calle.

Los cuerpos de socorro indicaron que también efectúan recorridos, para establecer que las personas que pernoctan en la vía pública no sufran consecuencias y si es necesario son trasladadas a los albergues.

Las emergencias revelan que se trata de dos hombres y una mujer víctimas de presuntos sicarios que los interceptaron desde una motocicleta y les dispararon.

En Mixco el crimen fue en la avenida Federal y 4a. calle de la zona 1, en un estrecho callejón que conecta dos avenidas.

En ese lugar fueron dos personas, un hombre y una mujer de unos 20 años de edad cada uno, los cuerpos quedaron juntos y recibieron varios balazos.

Pareja es ultimada en la avenida Federal y 4a. Calle, zona 1 de Mixco. pic.twitter.com/GLN3FKZwab

— José Manuel Patzán (@jmpatzan_pl) 10 de enero de 2017

El otro incidente fue reportado en la 35 avenida A y 27 calle de la zona 5, colonia Santa Ana. La víctima es Héctor Daniel Flores Cifuentes de 38 años.

Las versiones preliminares indican que él –Flores Cifuentes– estaba revisando un vehículo cuando un hombre en una motocicleta se acercó y le disparó.

“Se escucharon las detonaciones en un instante y estaba tirado”, reveló un testigo. Los socorristas informaron que la víctima tiene dos impactos de bala en la cabeza.

Hombre de 38 años muere tras ataque armado en la 35 Avenida A, 27 calle, Santa Ana, zona 5. #CBM pic.twitter.com/fiQobPTvK2

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 10, 2017

La semana pasada, a una cuadra del incidente de este martes, un trabajador de un lavado de carros fue ultimado cuando limpiaba el interior de un automóvil.

La PNC indicó en ese momento que el hecho fue directo, pues había más trabajadores en el negocio. La investigación sigue en curso.

A Flores Cifuentes le aparecen antecedentes penales por robo de vehículos, portación ilegal de arma blanca y lesiones.

En 2013 fue detenido en la colonia La Palmita en la misma zona, por realizar disparon al aire con un arma sin permiso.

Investigadores indican que este año no hubo repunte de secuestros, gracias a que mejoró el trabajo de  inteligencia, lo cual ha permitido la detección rápida de  redes criminales.
Según las autoridades, las bandas de plagiarios están integradas por entre cinco y siete personas, aunque hubo casos en  que se detuvo a 12 miembros de una misma estructura.

Expertos afirman que entre los capturados casi siempre figura algún familiar de la víctima, que es quien da la información.

El subdirector de Investigación Criminal, Stu Velasco, indicó que los rescates que exigen los criminales oscilan entre Q500 mil y Q1 millón, aunque nunca obtienen lo que piden, gracias a la intervención policial. “Se debe tener cuidado con la información financiera que se proporciona entre la familia, como una medida de prevención”, advirtió.

Añadió: “La gente se arriesga. Los motiva el interés económico, creyendo que tendrán mejores ingresos, pero no saben que ahora se tiene mejor inteligencia y las sentencias de los tribunales son más grandes”.

La Fuerza de Tarea Comando Antisecuestros del Ministerio de Gobernación y de la PNC registra que los plagios muestran  reducción desde el 2008, cuando se registraron 213, y en el 2016 fueron 28. 

De acuerdo con César Estrada, jefe de la Unidad contra Secuestros del Ministerio Público (MP), el año recién pasado recibieron aproximadamente cien denuncias, aunque no todas eran reales; la mayoría son  adolescentes que tienen problemas con sus padres, discusiones de pareja,  simulaciones de secuestro, migrantes privados de libertad en su trayectoria hacia Estados Unidos o personas en estado de ebriedad que desaparecen por varios días.

Ronaldo Leiva, consultor en seguridad y defensa, señaló que el secuestro se practicó durante el conflicto armado, con  rentabilidad de tipo político-económico, y después de la firma de la paz  quedaron ciertas organizaciones dedicadas a cometer plagios y  al mismo tiempo  a efectuar rescates.

Agregó que con el tiempo la exposición de las bandas fue mayor y  la rentabilidad bajó, por razones varias, como la logística.

Afectados

Datos de la PNC y del MP sobre  flagelo en  el 2016.

• Según las autoridades, 28 personas fueron rescatadas.

• Se reportaron nueve simulaciones de plagio.

• Se registraron  tres víctimas  fallecidas y una desaparecida.

• Según la PNC, hubo  92 detenidos. MP reporta 68.

Un reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) reveló que hasta el 24 de diciembre último las autoridades decomisaron Q427 millones 263 mil 224. De esa cantidad fueron retenidos Q389.5 millones y US$4 millones 731 mil 386 —Q35.5 millones al cambio de ayer—, el resto fue en moneda de otros países.

Según el MP, el dinero fue decomisado a personas que pretendieron salir del país sin declarar, en automóviles que fueron alterados o modificados para esconder los billetes y en viviendas que fueron allanadas.

Uno de los últimos decomisos fue la noche del miércoles pasado, en el kilómetro 14.5 de la ruta a El Salvador. La Policía informó que se logró la incautación de US$42 mil 500, luego de una denuncia anónima. El dinero era trasladado en “el doble fondo” de una camioneta azul, se informó.

Al concluir las diligencias fueron detenidos Gustavo Adolfo Hernández Maldonado, de 33 años, y Anibal René Farías, 28, mientras que en el kilómetro 16 de la misma ruta fueron aprehendidos Reginaldo Martínez Palacios, 37, y Érick Guillermo Dubon Mejía, 31.

El subdirector de Investigación Criminal, Stu Velasco, explicó que aunque las llamadas anónimas han contribuido al decomiso de efectivo y droga han implementado más estrategias de inteligencia.

Agregó que varios de los operativos se efectúan momentos después de las transacciones de droga, especialmente en el área de la ruta a El Salvador, debido a que el dinero procede de otros países centroamericanos, sobre todo del vecino país.

Los datos reportados por la PNC difieren a los del MP.

El suceso que ocurrió antes de las 6 horas dejó 39 personas heridas, quienes fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Roosevelt y del Instituo del Seguro Social confirmó el Ministerio de Salud en su cuenta oficial de Twitter.  

El accidente ocurrió en la aldea San José El Tablón,Villa Canales.

La víctima mortal, Vilma Suárez,  murió a causa de un trauma cráneo encefálico.

Según los pasajeros, la unidad  salió de la referida aldea con destino a la capital, pero en el trayecto el piloto se percató que los frenos no funcionaban y al llegar a una pendiente perdió el control de bus que quedó en el fondo de un barranco.

“A eso de las 5.45 horas nos reportaron que un bus de transportes Aurora había volcado. Al presentarnos constatamos que cayó en un barranco de unos cien metros”, indicó el bombero Mynor Ovando.

La Policía Nacional Civil explicó que el piloto de la unida huyó del lugar.

Bomberos Voluntarios indican que atendieron a 35 heridos en accidente de bus en Villa Canales. pic.twitter.com/jkMULoYfml

— José Manuel Patzán (@jmpatzan_pl) 5 de diciembre de 2016

Víctimas

Fueron identificados como los esposos César Augusto Quezada Galeno, de 56 años, y María de la Paz, 50, así como Rudbel  Arcadio Martínez, 64.

Los socorristas indicaron que los mencionados presentaban golpes y heridas de bala.

Un familiar aseguró a los investigadores que la pareja residía en la misma colonia y estaba desaparecida desde el pasado  miércoles cuando salió a buscar un perro extraviado.

La vivienda donde fue localizada la pareja pertenecía al otro fallecido, quien era prestamista.

Los identifican

La persona que los identificó afirmó que ellos salieron de su residencia el 8 de noviembre pasado en busca de su mascota que se había escapado de la casa.

Los esposos fueron localizados a unas cuatro cuadras del inmueble que habitan, en la residencia de Martínez, quien también estaba muerto.

El familiar que reconoció a las víctimas indicó que había colocado una denuncia en el Ministerio Público por la desaparición, indicando que salieron a buscar a la mascota y no volvieron.

Además informaron que Martínez era prestamista y amigo de la pareja, a quienes visitaba constantemente. La primera versión es que personas armadas llegaron a asaltar a Martínez y la pareja estaba en el lugar.

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó el jueves a Jorge González Castillo, Ariel Camargo Fernández y Celeste Soto Vettorazzi, exdirectivos del desaparecido Banco del Café (Bancafé), a ocho años de prisión conmutable por estafa propia y caso especial de estafa, ambos delitos cometidos en forma continuada.

La jueza Patricia Veras, quien conoció el debate en modalidad de tribunal unipersonal, estableció que los condenados facilitaron las operaciones de la entidad Valores e Inversiones del País, S. A. (Vipasa) a lo interno de Bancafé, la cual se dedicó a captar fondos de inversionistas sin que se les informara de esas acciones. Por esa razón el caso se denomina Bancafé-Vipasa.

La pena impuesta por Veras fue, por cada delito, de cuatro años de prisión conmutables y por cada día los sentenciados podrán pagar Q100 para evitar la cárcel.

A la pena se debe sumar la prisión provisional que los sancionados han cumplido desde el 19 de diciembre del 2011.

En su veredicto, Veras indicó que se encontró en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) un fondo de fideicomiso de activos de Bancafé, y que debe ser devuelto a los agraviados, para lo cual el Ministerio Público debe determinar el monto, el cual se estima en Q71 millones.

Hechos

Vipasa comenzó a funcionar en Bancafé el 1 de de junio del 2002, sin que se informara a la Junta Monetaria o Superintendencia de Bancos.

Hasta el 2006 captó fondos de inversionistas de Bancafé, los cuales sumaron Q145 millones.

“Por medio de un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se estableció que los inversionistas no fueron informados por las autoridades de Bancafé que su dinero sería trasladado a Vipasa”, dijo Veras.

Un peritaje contable a las finanzas de Vipasa determinó que su situación económica era deficiente y que desde el 2002 presentaba una causa para disolverse, pues el 60 por ciento de sus activos se habían perdido.

“Se ocultó información a los inversionistas de Bancafé, con lo cual se les hizo creer que Vipasa era una entidad sólida”, enfatizó la jueza.

Estafa y Estrategia

• El fraude Bancafé-Vipasa comenzó en 1994.
• La investigación del Ministerio Público señala que en 1994 las autoridades del Bancafé planificaron estrategias para invertir los fondos de inversiones efectuadas en la entidad.
• En el 2002 comenzaron las operaciones de Vipasa en  Bancafé, sin que la entidad bancaria informara a la Junta Monetaria o Superintendencia de Bancos.
• El 20 de octubre del 2006 la Junta Monetaria informó de la suspensión de las operaciones del Bancafé, derivado de la insolvencia de la entidad.
• En diciembre del 2011 fueron capturados Jorge González, Ariel Camargo y Celeste Soto, entre otros.
• Q145 millones fueron perdidos por Bancafé a través de Vipasa.
• 239 personas invirtieron en Bancafé y resultaron agraviadas.

El primer caso detalla a un grupo de empleados de la institución, incluyendo a  exintegrantes de la Junta Directiva encabezada por Juan de Dios Rodríguez, quienes acordaron dar a la Droguería Pisa un contrato para atender a los afiliados  enfermos renales. Varios pacientes murieron después del cambio de empresa.

El otro expediente se refiere a arreglos que se hicieron al edificio en el cual funcionaba la clínica del Seguro Social en Chiquimula, en el que estaría involucrado el exdiputado Baudilio Hichos, dueño del inmueble, quien de manera irregular habría sido beneficiado con un contrato por arrendamiento de la propiedad.

El  juicio  contra el médico Jorge Mario López, exdirector médico de la clínica de Chiquimula, se efectuará por aparte. En febrero pasado, el galeno fue separado del resto al beneficiarlo con el cierre parcial del caso, situación que se revirtió después.

• Lea también: Fallece médico vinculado al caso IGSS-Pisa

Por separado

El Ministerio Público pidió al Tribunal dar un plazo de espera para comenzar el debate, mientras llegaba el expediente del médico Jorge Mario López, exdirector médico de la clínica de Chiquimula.
 
En febrero pasado, el Juzgado Sexto Penal benefició a López, con el sobreseimiento del caso en su contra, por falta de indicios que lo vincularan con la investigación IGSS-Chiquimula, pero por una impugnación de órgano acusador, la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal revocó el fallo y ordenó que se le enviara a debate.
 
El Tribunal consideró que no era prudente esperar, pues habría otros acusados que permanecían en prisión preventiva, por lo cual, de aceptar la petición del Ministerio Público, se habrían vulnerado los derechos de los procesados en cuanto a ser juzgados en un plazo razonable.
 
Desde que ocurrieron las primera capturas, por el caso IGSS-Pisa, ha pasado un año y cinco meses hasta el inicio del juicio.

Rivas habló del tema financiero durante una conferencia de prensa donde mencionó que su administración evalúa la posibilidad de pagar los Q4 mil que solicitaron las autoridades de la PNC.
 
El pasado día 7, el director de la PNC, Nery Abilio Ramos y Ramos, envió al ministro de Gobernación un oficio donde solicita autorizar el pago de Bono Único de Dignificación Policial, de Q4 mil, para todo el personal de la fuerza policial; sería pagado en noviembre.
 
El ministro informó que la cartera que dirige arrastra una deuda de por lo menos Q800 millones, y dijo que su administración efectúa análisis financieros para gastar lo necesario y optimizar los recursos que tienen.
 
“Hemos tratado de optimizar los recursos en favor de los agentes de la PNC. En este momento no tenemos claro si esa deuda es legal, pero si tenemos compromisos de este año, en ese sentido esperamos determinar cuáles son los compromisos y que capacidad tendremos”, mencionó el funcionario.
 
Con relación al bono subrayó que analizan los datos exactos de cuánto deben pagar y si tienen el presupuesto para comenzar el proyectos para dignificar la labor del personal policial.

Consultado el director de la PNC, dijo: “Es un planteamiento que se le hizo al señor ministro para conocer su punto de vista sobre este tema, y si él da su aprobación se continuará con la elaboración del proyecto, atendiendo las economías en la Policía Nacional Civil en cuanto a las remuneraciones”.

Un informe del Mingob entregado al Congreso en enero de este año detalla la deuda de ese ministerio con proveedores. El déficit comenzó en el año 2012 al 2015.

• Dirección General de la PNC: Q374 millones 738 mil 298.
• Dirección General del Sistema Penitenciario: Q76 millones 459 mil 265.
• Dirección General de Inteligencia Civil: Q23 millones 495 mil 912.
• Dirección General de Servicios de Seguridad Privada: Q 143 mil 403.
• Secretaría de Análisis e información Antinarcótica: Q139 mil 975.
• Subdirección General de Salud Policial: Q2 millones 462 mil 910.
• Subdirección General de Estudios: Q 21 millones 118 mil 433.
• Dirección de Servicios Administrativos y Financieros: Q5 millones 357 mil 851.
• Unidad Especial Antinarcóticos: Q24 millones 245 mil 358.

En junio pasado el director de la PNC, Nery Ramos, informó que la entidad mantiene una deuda de Q42 millones por arrendamiento de comisarías.
 
Según el jefe de la PNC, el 85 por ciento de las 938 comisarías son arrendadas, lo que genera una situación de vulnerabilidad, no solo por la deuda, sino porque los edificios no se construyeron para albergar una estación policial

María Xocochip, de 36 años, abordó en la 18 calle y 9a. avenida de la zona 1 un taxi, compartido con otros pasajeros que también se dirigían hacia Chinautla.

Xocochip fue localizada este lunes al fondo de un barranco de Chinautla, con golpes, laceraciones y sin varios dientes. Ella informó que las lesiones eran consecuencia de un asalto, donde los delincuentes a golpes lograron arrancarle los dientes que tenía cubiertos de oro.

La víctima fue ingresada al hospital San Juan de Dios por los Bomberos Voluntarios, luego de rescatarla del fondo de un barranco, a donde ella se tiró para evitar a los delincuentes.

Xocochip asegura que el taxi fue interceptado por delincuentes en la zona 6 y desviaron el rumbo del vehículo de alquiler, el objetivo era asaltar al piloto, pero al notar los dientes de oro de la pasajera decidieron arrancarlos.

La víctima fue identificada como María Juana Xocochip, 36 años, informaron los @BVoluntariosGT
F/Erick Ávila pic.twitter.com/5S6XXYrN5K

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) October 17, 2016

Otros hechos

Un hombre de unos 28 años murió a balazos en la 18 avenida y 9a. calle de la colonia Minierva Sur, zona 11 de Mixco, reportaron los Bomberos Municipales.
 
Raúl Hernández, vocero de esa institución, indicó que la víctima fue localizada dentro de una abarrotería y no se pudo establecer su identidad.
 
Testigos dijeron a los agentes de la Policía Nacional Civil, que el desconocido era perseguido por hombres armados e intentó refugiarse en ese negocio pero fue alcanzado.
 
Otro hombre de unos 30 años, también fue baleado en la colonia El Roble, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, bomberos trataron de trasladarlo a un hospital pero falleció en la ambulancia.

Cae de edificio

Yong Joe Li, de 20 años, de nacionalidad coreana, murió al caer accidentalmente cuando se encontraba en la cornisa de su apartamento en el cuarto nivel de un edificio, ubicado en la 2a. calle 21-91, zona 15.
 
Testigos dijeron a las autoridades que el joven fumaba un cigarro pero minutos después observaron cuando caía. Las autoridades investigan si se trató de un suicidio o fue una caída accidental.

Por este caso, está procesado el exjefe de la SAT, Rudy Villeda Vanegas, por su presunta implicación en la exoneración de impuestos a los comercios.

La evasión de impuestos asciende a unos Q59 millones exonerados directamente por la SAT, cuando según la Ley solo el Congreso tiene la potestad de otorgarlos.

El director de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge, informó que el desalojo está en marcha desde este jueves por el Ministerio Público (MP) y la SAT.

El MP cerró por orden judicial los comercios de venta de licores, joyas, accesorios, entre otros artículos, debido al proceso que se ventila en los tribunales de justicia y como parte de la pesquisa que lleva a cabo el ente investigador.
 
La clausura, según el MP, es parte de las investigaciones que se realizan contra cinco personas que, se presume, defraudaron al Estado por no cumplir con el pago de impuestos de las tiendas.

Rechazan señalamientos

Durante los operativos en 2015, a través de un comunicado, la empresa La Riviera repudió las acciones legales en contra de las tiendas en La Aurora.

Según la empresa, de capital panameño, llegaron al país por una invitación directa de la Dirección General de Aeronáutica Civil luego de más de 20 años que el Estado no recibía ningún ingreso por derecho de llave adentro del área comercial de la zona libre del aeropuerto La Aurora.