Urgencia de retomar los tramos del C-50 del Anillo Regional

Estado guatemalteco debe priorizar la movilidad para circunvalar la Ciudad.

Juan Carlos Zapata

27 de octubre de 2025 | 00:04h

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Cuando vemos la gran mayoría de ciudades en el mundo, todas tienen no solo anillos periféricos que circunvalan su perímetro, sino muchas de ellas tienen dos y hasta tres círculos concéntricos de carreteras con más de cuatro a ocho carriles, que permiten que la movilidad sea mucho más efectiva.

Los anillos metropolitanos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes reduciendo el estrés asociado con el tráfico en las zonas urbanas, mejorando la seguridad vial al separar el tráfico de carga del tráfico urbano y facilitan el acceso a diferentes áreas de la región metropolitana. Estos proyectos de infraestructura tienen múltiples impactos positivos en la movilidad, el ordenamiento territorial, la economía y la calidad de vida de los habitantes de las zonas metropolitanas.

Estos esfuerzos para generar una planificación urbana integral que permita al comercio, turismo, industria y servicios una mejor movilidad es lo que debe impulsar a que el Gobierno de Guatemala retome todos los tramos del Anillo Regional C-50. Según información publicada por Prensa Libre hace dos años, “El Anillo Regional C-50, arco oriental, consta de ocho tramos, con un aproximado de 200 kilómetros que se ampliarán a cuatro carriles. Hasta ahora, se han adjudicado tres tramos, pero la falta de disponibilidad financiera frenó la ejecución de dos proyectos”. Hoy, lo que vemos es muy distinto. El Anillo Regional C-50 tiene serios problemas de ejecución y probablemente es un proyecto que no veamos concluido, por lo menos en los próximos 15 años si seguimos con la misma prioridad que se le ha dado en los últimos tres gobiernos.

El único tramo que ya tiene ciertos avances es el tramo 8 de Guanagazapa a Escuintla, pero con serias complicaciones por diferentes procesos que se tienen que concluir todavía y una falta de presupuesto asignado para poder concluir el proyecto.

Esta falta de continuidad de proyectos de alta envergadura en nuestro país es lo que tiene una serie implicación sobre el tráfico de la Ciudad de Guatemala, debido a que todo el tráfico pesado tiene que atravesar la zona urbana.
Este es quizás el proyecto más importante del Gobierno en materia de infraestructura estratégica, no solo para aprovechar realmente las oportunidades de inversión que el nearshoring puede dar a nuestro país, por la cantidad de parques industriales que se están generando en la Costa Sur y que necesitan una ruta más expedita para llegar a los puertos en el Atlántico, sino por las ventajas que un proyecto de este tipo les daría a todos los habitantes del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala y la reducción del transporte pesado atravesándola.

Si el Gobierno quiere dejar algún avance en infraestructura, debe dotarle la mayor cantidad de presupuesto posible a este proyecto, especialmente ahora con tanto saldo de caja y que por lo menos se terminen algunos de los ocho tramos pronto para seguir avanzando con el proyecto y que en unos años tengamos este proyecto tan importante para el país.

Comenzar a planificar anillos como los que están en el estudio de Koica, que circunvalen las diferentes ciudades es algo que debería ser ya una prioridad, si queremos pensar en ciudades sostenibles donde la logística pueda ser aprovechada y que el desarrollo urbano sea un factor propositivo hacia la prosperidad y la generación de valor en el país. Es momento de que el Gobierno de Guatemala tome proyectos estratégicos en beneficio de la población, que fomenten una mejora en la logística y aceleren la movilidad en el país.

Salario mínimo en Guatemala no debe subir

No podemos seguir limitando la competitividad.

Juan Carlos Zapata

20 de octubre de 2025 | 00:03h

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Uno de los grandes dilemas de fin de año es la resolución del presidente de la República sobre el salario mínimo. Algo que en otros países se resuelve de forma técnica con una fórmula simple, que el ingreso medio de la población siempre esté por encima del salario mínimo, en Guatemala se ha vuelto una decisión política, que solo beneficia al 30% de la población económicamente activa que tiene empleo formal.

En nuestro país, el salario mínimo para actividades no agrícolas en la circunscripción 1 y en la 2 están todavía muy parecidos, y no han logrado separarse lo suficiente para incentivar que las empresas formales puedan salir del departamento de Guatemala. Dicho esto, tomando el salario mínimo de la circunscripción 2 para actividades no agrícolas que está actualmente en US$487.25 al mes, resulta ser más alto que el salario mínimo en países como Ecuador, US$470; Colombia, US$341; Paraguay, US$360; Argentina, US$280, o Brasil, US$262 al mes; países incluso mucho más productivos que Guatemala.

Veamos su productividad por hora laboral trabajada. Mientras que en Guatemala un trabajador produce US$13.10 la hora, en Ecuador la productividad es de US$18.8 la hora; en Colombia, US$16.2; Paraguay, US$16.4; Argentina, US$33.8, y Brasil, US$20 la hora; con lo cual no podemos seguir aumentando el salario mínimo de forma ficticia, cuando no se ha invertido en carreteras, puertos, o aeropuertos, temas claves para mejorar la productividad y comenzar a subir nuestra inversión en formación bruta de capital fijo, una de las más bajas de la región, apenas de 16% del PIB.

Un aumento al salario mínimo en estos momentos va a generar más desempleo y marginación y va a crear una presión muy fuerte en sectores intensivos en mano de obra que van a preferir mecanizar parte de su producción, despedir personal y/o no ampliar sus operaciones en el país.

El Gobierno de Guatemala bien podría enfocarse en agilizar procesos, reducir trámites, simplificar requisitos y digitalizar varios de los permisos, licencias y estudios que se requieren para abrir, operar y mantener empresas. Hay varios ejemplos que ya se están haciendo en el Ministerio de Salud, dentro de los registros sanitarios, para comenzar a digitalizar los sistemas, pero todavía hay grandes avances que se requieren y una presa muy fuerte de expedientes que se está trabajando en resolver.

Sin embargo, en el Ministerio de Comunicaciones, todavía no se ven avances; en la Dirección General de Caminos hay expedientes que llevan más de un año sin resolverse, donde encima de todo hay grandes inversiones paralizadas porque han extraviado las carpetas (sí, todavía se lleva todo físico), y se tiene que empezar todo el proceso desde cero para la resolución del derecho de vía y poder construir cerca de vías pública.

Si nos vamos a cada ministerio, como el de Ambiente, Agricultura, Cultura (especialmente, en el Idaeh), Aeronáutica Civil o Conred, encontraremos que hay permisos, licencias o estudios pendientes de aprobación, con poco avance y que simplemente la inversión podría generar más empleos formales.

Al ver las condiciones en las que está la productividad laboral y la poca capacidad de los ministerios de empujar una agenda que ayude al país a mejorar su clima de negocios, lo mejor en estos próximos años sería no subir el salario mínimo, mientras se mejoran las condiciones hacia la inversión. El enfoque en la inversión en infraestructura, la simplificación y digitalización de procesos debería ser la prioridad de la agenda económica.

El metro, un proyecto de Gobierno

Se necesita invertir en transporte

Juan Carlos Zapata

13 de octubre de 2025 | 00:04h

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La semana pasada se llevó a cabo la decimonovena edición del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2025. Alrededor de dos mil 321 personas asistieron a ver a los diferentes expositores y panelistas. Uno de los más importantes fue el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández, quien, dentro de todos los proyectos estratégicos que mostró, el que más llama la atención es el metro de Santo Domingo.

Y lo que más me llamó la atención es que el mensaje es claro. Un macroproyecto de tal envergadura solo puede venir del Gobierno central. Tiene que se un proyecto liderado por un presidente y con fondos públicos del Gobierno nacional, ya que las municipalidades no tienen la capacidad financiera ni técnica para un proyecto de tal magnitud.

Este megaproyecto ilustra varias de las complejidades desde etapas tempranas; muestra una cierta complejidad estructural asociada a la determinación de la institucionalidad, con avances y retrocesos. El líder del proyecto muestra importantes cualidades en la ejecución: conocimiento técnico específico, resultados y discusión manejo de personal y habilidades blandas. Además, cuenta con poder político y administrativo. Se genera un proceso vertical de toma de decisiones, con poca burocracia, persiguiendo objetivos de gestión de proyecto, comentó el expresidente durante su intervención.

“La línea 1 se inauguró en agosto de 2008. La etapa de construcción fue aproximadamente de 21 meses, un tiempo casi récord, dada su extensión. Además, los costos estuvieron dentro de lo esperado. El mayor problema en la segunda línea fue la construcción de un puente atirantado. El puente en sí mismo representaba más del 50% del costo de la obra —tiene una longitud de 500 metros de un total de cuatro kilómetros de línea—. Es el puente atirantado ferroviario más grande del mundo y su costo dependía fuertemente de la geología”. Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado por Juan Alberti y Andrés Pereyra.

Lo cierto es que se logró, y hoy Santo Domingo cuenta con un metro subterráneo con dos líneas y ya se está proyectando construir una tercera, mientras que en Guatemala actores de la sociedad civil siguen creyendo que el tráfico se reduce cuando los alcaldes invierten, algo que no va a ocurrir, simplemente porque no tienen los recursos para hacerlo. ¿Sabían que la Municipalidad de Guatemala tiene menos recursos que la misma Universidad de San Carlos?

Si queremos un metro en Ciudad de Guatemala, tiene que ser un proyecto presidencial con presupuesto de Gobierno y una alianza público-privada que permita estructurar el proyecto a través de Anadie, con todo el apoyo del Ministerio de Finanzas. El proyecto del MetroRiel (después llamado Metro Línea Blanca) es el camino correcto, pero necesita un mayor liderazgo para avanzar y que se construyan los puentes necesarios, que son el puente Belice 2 y el puente Cenma-Petapa para hacerlo una realidad.

Solo así la Ciudad de Guatemala comenzará a reducir su tráfico y a tener transportes públicos más eficientes. El liderazgo mostrado por parte del expresidente Fernández en República Dominicana nos recuerda que se necesitan no solo metas presidenciales, sino KPI claros y ejecutores de proyectos dispuestos a hacer realidad los proyectos que más impacto le van a generar a la población. El momento es ahora; no debemos esperar para contar con un mejor sistema de transporte público eficiente y digno para el área metropolitana del país. Anadie está listo, y seguro el Gobierno tiene todas las capacidades para hacerlo realidad.

Enade 2025, jueves 9 de octubre

Guatemala tiene los recursos y el potencial de aumentar la IED.

Juan Carlos Zapata

6 de octubre de 2025 | 00:03h

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Este próximo jueves, 9 de octubre, a partir de las 14 horas, se llevará a cabo la decimonovena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2025. Todavía hay algunas entradas a la venta en la página de www.ticketasa.gt para aquellos que quieran participar en el encuentro empresarial más grande e importante de toda Centroamérica. Con la participación de más de dos mil 500 personas, el Enade reúne una vez al año a representantes del sector empresarial organizado, los tres poderes del Estado, sociedad civil, academia y organizaciones internacionales, para generar acciones que le permitan al país buscar soluciones a los problemas que tenemos o, como en este caso, mostrar las bondades y lo que nos hace falta para aumentar la inversión extranjera directa (IED).

La agenda este año incluye una presentación del expresidente de República Dominicana Leonel Fernández. Para nadie es secreto que mientras nuestra inversión ronda el 16% del PIB, en República Dominicana es del 26% del PIB, con un crecimiento importante en la década de principios de los años 2000, que ha catapultado a República Dominicana a ser una economía más resiliente y con mayor inversión. Esta inversión que se ha logrado en carreteras, puertos, aeropuertos, ha impactado positivamente las capacidades de inversión y ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Cuando las personas me preguntan qué hizo diferente República Dominicana, lo que la evidencia nos muestra es que no solo tenían un plan, tal cual, y lo han tenido varios gobiernos en nuestro país, pero lo más importante, lo ejecutaron. En Guatemala, lastimosamente con cada cambio de gobierno se paralizan grandes proyectos, se dejan de financiar grandes obras que podrían tener un gran impacto por la población y se pierde mucho tiempo, como ha ocurrido con el puente Belice 2, la C-50 o los mismos estudios de preinversión de la carretera de Guatemala a Palín, algo que seguramente se podrá retomar hasta que empiece a funcionar la Dipp.

La otra expositora internacional será la Dra. Pippa Malmgren, una economista que da sentido a la economía mundial escribiendo libros, fundando empresas tecnológicas, asesorando a líderes de todo el mundo, incluido el expresidente George W. Bush y hablando en público. Es la fundadora y directora ejecutiva de IndraNet.ai, socia sénior de The Monaco Foundry, una incubadora de empresas emergentes, y asesora especial de Avonhurst, una firma legal y de consultoría en el Reino Unido especializada en acuerdos, políticas y obtención de capital.

Adicionalmente, tendremos presentaciones y paneles que se enfocarán en los temas que se necesitan para aumentar la inversión extranjera en Guatemala y cómo el país puede seguir avanzando hacia mayor productividad. Dentro de los panelistas estarán el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos; la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado; el presidente de la Industria de Autopartes de México, Francisco González; la fundadora de Lara Fund, Jessica Bedoya, y el director general de Newmark, Carlos Sánchez.

Será una tarde para compartir diferentes experiencias y mostrar que el país tiene las condiciones para aumentar la inversión, pero que definitivamente se necesita cambiar la gobernanza hacia las condiciones que permitan aumentar la capacidad del país para contar con más infraestructura productiva, el gran cuello de botella para nuestra siguiente etapa de desarrollo en la que la urbanización tomará un mayor papel en nuestra capacidad productiva.

Artículo IV, calidad del gasto y mejora del clima de negocios

Prioridades están claras para Guatemala

Juan Carlos Zapata

29 de septiembre de 2025 | 00:04h

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hace dos semanas el artículo IV, el informe más importante de las multilaterales para los países. Se llama así debido a que es un reporte que deviene de dicho artículo en los estatutos del FMI, y es una parte fundamental del marco de trabajo para la supervisión de la economía de sus países miembros. Tal y como lo establece el FMI, “en estas consultas, se discuten las políticas económicas y las perspectivas del país con sus autoridades”.

Para el caso de Guatemala, las prioridades están sumamente claras: mejorar la calidad del gasto público y continuar las reformas estructurales que le permitan al país mejorar su gobernabilidad, así como un mejor clima de negocios. El artículo IV establece que se reconoce la resiliencia del sistema financiero y recomendaron a las autoridades fortalecer la regulación y supervisión bancaria, algo que ya ha sido también remarcado por varios actores de la banca, al promover la nueva ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, que ya está en discusión en el Congreso de la República.

Claramente se hace una alerta importante de los riesgos que existen a la corrupción en la inversión municipal por los proyectos que se ejecutan a través de los Codedes, así como la necesidad de fortalecer la capacidad del Gobierno de mejorar el seguimiento a los proyectos y las capacidades de ejecución.

Un dato que llama la atención es que el país está en claro crecimiento, de ser una economía de US$120.9 millardos al finalizar 2025, se estima que va a crecer a US$176.4 millardos para finales del 2030. Sin embargo, también es evidente que la agenda de infraestructura debe mejorar, el análisis detalla la mala calidad de la infraestructura vial, el país está en la posición 114 de 116 países en cuanto a calidad de la infraestructura vial, según el Foro Económico Mundial (solo mejor que Yemen y la República Democrática del Congo).

Mejorar la infraestructura, especialmente la infraestructura vial es clave, con lo cual se recomienda implementar de forma eficiente, ágil y transparente la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la República y cuya institución la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) carece, a la fecha, de recursos para poder operar. Por el tamaño de la brecha que tiene Guatemala para contar con más y mejores carreteras, el FMI también recomiendan aprobar la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que ya está también en el Congreso.

Si bien las autoridades de Gobierno reconocen que tienen una agenda importante y ambiciosa de proyectos estratégicos, como lo que se está haciendo en puerto Quetzal con la ampliación de las operaciones, trabajando de la mano con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, también se menciona la construcción del Metro de la Ciudad de Guatemala, algo que todavía está lejos de concretarse al no existir claridad de la unidad ejecutora o un cronograma establecido para su ejecución. Además, la recomendación del estudio presentado por Koica la semana pasada, junto al CIV y la Anadie, está más que clara: “El apoyo financiero del Gobierno de Guatemala resulta indispensable para desarrollar el sistema de transporte público integral en el Área Metropolitana de Guatemala”.

Guatemala está en su mejor momento para apostarle a una agenda agresiva de infraestructura que fomente el desarrollo productivo, pero la prioridad debe ser un enfoque claro hacia mejorar el sistema de ejecución y la operación de la infraestructura productiva.

Ley de Ciberseguridad debería regresar a la Comisión

Aprobación del dictamen como está puede ser peligroso para el futuro del país.

Juan Carlos Zapata

22 de septiembre de 2025 | 00:03h

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El dictamen 01-2025 de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de la República, de la iniciativa 6347 que dispone aprobar la Ley de Ciberseguridad, tiene serios errores no solo técnicos, sino de principios, que podrían ser peligrosos, abriendo la puerta a compras de sistema de tecnología que fomenten la corrupción, la inteligencia artificial opaca, o incluso la compra de programas a países que podrían comprometer el futuro diplomático, vulnerando la capacidad productiva y social. Esta iniciativa fue aprobada en primer debate; sin embargo, es preciso que pueda regresar a la Comisión, para hacerle cambios que son necesarios, para no comprometer la capacidad institucional del país.

Todos sabemos la importancia de contar con una Ley de Ciberseguridad, no solo para proteger a la población de delitos graves de ataques cibernéticos, sino como bien lo establecen expertos de AWS y otras fuentes como el Banco Mundial o el BID, contar con la institucionalidad, los principios y la normativa general que permitan estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado, y entre estos y los particulares; establecer los requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes de ciberseguridad y establecer las atribuciones u obligaciones de los organismos del Estado.

Sin embargo, un análisis de la Mesa de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No se Detiene ha establecido el peligro de que se apruebe el dictamen de la iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, tal cual está, debido a que propone que la respuesta a los incidentes cibernéticos se organice en torno a un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (Csirt-GT), adscrito al Consejo Nacional de Seguridad (CNS), con un rol central del Ministerio de la Defensa Nacional en la conducción y ejecución de medidas, incluso de carácter ofensivo en el ciberespacio. Su enfoque se concentra en la tipificación y endurecimiento de delitos informáticos mediante reformas al Código Penal y en la creación de una red 24/7 en el Ministerio Público, para atender solicitudes internacionales de cooperación.

A diferencia de otros marcos comparados de ciberseguridad civil, el dictamen carece de un ente autónomo y multisectorial que garantice la transparencia, la prevención y la integración de la ciberseguridad con las políticas de transformación digital y de protección de datos.

Los comentarios fueron presentados a la Comisión y lastimosamente no se hicieron los cambios necesarios. La iniciativa tiene un predominio de un enfoque de seguridad nacional con preeminencia del componente de defensa, no garantiza la independencia funcional y técnica del órgano rector de ciberseguridad, ya que sitúa al Csirt-GT como órgano técnico del CNS. Por su parte, otorga al Ministerio de la Defensa Nacional un rol protagónico, con facultades permanentes para actuar en el ciberespacio.

Países democráticos como Chile, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Estonia, así como Uruguay y Costa Rica, han optado por una rectoría civil en ciberseguridad, reservando la intervención militar solo para escenarios excepcionales de defensa nacional. El modelo que dejó el dictamen de la Ley de Ciberseguridad en Guatemala solo se ve en países como China, Rusia, Irán o Corea del Norte.

El dictamen de la Ley de Ciberseguridad también excluye a actores civiles y multisectoriales en la rectoría de la ciberseguridad, deja ausente un régimen administrativo preventivo y carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Energía es desarrollo

Contar con energía disponible requiere mejorar la inversión.
 

Juan Carlos Zapata

15 de septiembre de 2025 | 00:04h

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Guatemala cuenta con un potencial renovable impresionante: se ha identificado la posibilidad de incorporar hasta 3,700 MW de capacidad limpia entre 2024 y 2040. Esta cifra refleja la riqueza de nuestros recursos hidroeléctricos, eólicos, solares y geotérmicos, que nos posicionan como líderes regionales en generación sostenible.

El mercado eléctrico guatemalteco está creciendo a un ritmo constante y ofrece un abanico cada vez más amplio de opciones para inversionistas nacionales y extranjeros. Para este año, está en proceso la licitación PEG-5-2025, que prevé contratar 1,400 MW para abastecer a las principales distribuidoras del país mediante contratos de hasta 15 años. Este proceso no solo garantiza el suministro eléctrico, sino que también dinamizará la economía con inversiones estimadas en más de US$5 mil millones, generando empleo en construcción, operación y financiamiento de proyectos.

Además, el Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET) 2024-2054 establece una hoja de ruta clara para fortalecer y modernizar la infraestructura de transmisión eléctrica, asegurando que la energía renovable pueda integrarse eficientemente al sistema y llegar a todos los rincones del país.

Estos avances se dan en un contexto donde la inversión extranjera directa en Guatemala proyecta crecer un 6% en 2025, superando los US$1 mil 800 millones, con un enfoque creciente en energías limpias. Guatemala se está posicionando como un destino atractivo para capitales que buscan proyectos con alto impacto ambiental positivo y rentabilidad sostenible.

El marco regulatorio es estable y favorable, con nuevas resoluciones que otorgan certeza jurídica para la participación de tecnologías innovadoras, incluyendo almacenamiento de energía, lo que abre la puerta a una matriz más flexible y resiliente.

Por supuesto, los retos persisten: la conflictividad social, la burocracia, la falta de autorizaciones de licencias de construcción por parte de algunos alcaldes y la necesidad de mejorar infraestructura complementaria, como puertos y carreteras.

Sin embargo, estos desafíos son oportunidades para fortalecer la colaboración público-privada, simplificar trámites y acelerar procesos, creando un ambiente aún más competitivo y seguro para los inversionistas.

El crecimiento de la demanda eléctrica, que en 2024 alcanzó un máximo de 2,121 MW con un crecimiento anual de 7.7%, confirma la urgencia de estas inversiones. Sin embargo, también es una señal clara del dinamismo económico y la modernización del país.

Con voluntad política, diálogo abierto y compromiso multisectorial, Guatemala puede no solo revertir sus desafíos energéticos, sino convertirse en un referente regional en energías limpias y desarrollo sostenible. Ya lo menciona bien Robert Bryce en su libro Una cuestión de poder: la electricidad y la riqueza de las naciones. La energía es un elemento central en las relaciones internacionales, influyendo en conflictos, alianzas y negociaciones diplomáticas; la clave para un futuro energético sostenible y seguro radica en la innovación tecnológica y en la diversificación de fuentes de energía.

Guatemala debe apostarle al desarrollo de más inversiones en energía y fomentar un clima de negocios que ayude a la facilitación de procesos de más proyectos de generación y transmisión eléctrica. Esto nos ayudará a contar con un país más robusto y un desarrollo más inclusivo que siga generando una fuerza hacia la urbanización y el emprendimiento. En esto, el Gobierno ahora juega un papel importante de apoyar a la inversión en energía.

Dipp debe comenzar a funcionar pronto

Infraestructura vial prioritaria dependerá de la capacidad de ejecución.

Juan Carlos Zapata

8 de septiembre de 2025 | 00:03h

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La semana pasada se decidió por mayoría en el directorio de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), que crea la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LVIP), que la referida dirección sea una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).  Se interpretó de manera equivocada la frase del artículo 6 de la LVIP “desconcentrado del” sujeta a la Dipp bajo la jerarquía del CIV, con un escenario en que ahora la máxima autoridad de la Dipp será el ministro del CIV, obviando lo que menciona el artículo 4 literal e) y el artículo 6 de la LVIP que establecen la dirección como una institución “especializada, desconcentrada del CIV”, por lo que no puede ser una Unidad Ejecutora.  El artículo 9 de la LIVP también no se tomó en cuenta, que establece claramente “que el Directorio es la autoridad superior de la DIPP”.

En fin, la política y sus marañas, ahora se complica aún más la ejecución y la mejora de la infraestructura vial, debido a que la toma de decisiones ya no se tomará con base en análisis técnico como lo establecía la ley, sino todo deberá ser aprobado políticamente por el ministro del CIV.   La falta de visión con la que se abordó este asunto puede tener condiciones graves para el futuro de la infraestructura vial prioritaria, especialmente para las carreteras centroamericanas y las vías alternas que puedan desarrollarse, así como los anillos metropolitanos.

Ahora que se ha tomó esta decisión, es importante acelerar ciertos hitos importantes que deben quedar resueltos lo más pronto posible, como lo son la contratación de la gerente que ya fue nombrada y que pueda empezar a formase el equipo administrativo de la Dipp, así como los criterios de estándares internacionales que deberán regir para la primera evaluación de la red vial y los reglamentos de la ley.

Este proceso que seguramente tomará todavía lo que resta del año, debería ya estar concluido para iniciar con buen pie el 2026 y empezar a operar el fondo a partir de mediados del próximo año como lo establece la ley.  De hecho, en el presupuesto 2026 en Obligaciones a Cargo del Tesoro ya se le asignan Q2.10 millardos al Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), que deberán comenzarse a ejecutar el próximo año, haciendo los estudios de preinversión necesarios y los contratos de mantenimiento, que se requieren para comenzar a tener carreteras en mejores condiciones y eventualmente a partir del 2027 ya contar con proyectos mejor estructurados.

La urgencia de contar con mejores carreteras debe primar en todo momento, haciendo uso de las herramientas que permite la ley de infraestructura vial prioritaria, en donde se deben generar las bases técnicas y administrativas para fomentar una mejor gestión de los fondos públicos que se establecerán ahora para la administración y operación de carreteras prioritarias.  Los contratos por niveles de servicio pueden ser una herramienta de gestión para promover mayor transparencia y eficiencia en la contratación de proyectos viales de gran envergadura que se puedan desarrollar.

Estudios internacionales demuestran los beneficios de implementar contratos por niveles de servicio, directamente alineados con los beneficios asociados con una buena gestión de activos y la capacidad de fomentar una buena gestión de activos, en lugar de un objetivo en sí mismo.  Una buena comprensión del riesgo, la asignación del riesgo y la definición de los límites del riesgo, serán esenciales tanto para la gestión de los activos como para la identificación de los beneficios del modelo. 

Digitalización de los servicios del Estado para atraer más IED

Oportunidades para seguir avanzando en una agenda de desarrollo.

Juan Carlos Zapata

1 de septiembre de 2025 | 00:04h

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La semana pasada en uno de los eventos previos al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2025, pudimos conocer los esfuerzos de diferentes instituciones para mejorar la digitalización de los servicios públicos para mejorar la inversión extranjera directa (IED) en el país. Guatemala enfrenta un desafío significativo debido a la alta cantidad y complejidad de trámites administrativos que, históricamente, han frenado la entrada de capital extranjero y afectado nuestra competitividad regional. De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo, somos uno de los países con la mayor cantidad de trámites para apertura y operación de negocios, lo que se traduce en mayores costos y tiempos para los inversionistas.

La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, decreto 5-2021, ha marcado un punto de inflexión. Actualmente, Guatemala ha logrado digitalizar y simplificar algunos de los trámites en las dependencias del Organismo Ejecutivo, con alrededor de 840 trámites disponibles en plataformas digitales y procesos avanzados para completar la digitalización total en el mediano plazo. Entre estos trámites digitalizados están permisos de operación empresarial, pagos de impuestos, licencias, certificaciones y trámites migratorios, todos diseñados para reducir tiempos, costos y burocracia.

Esta transformación no es solo tecnológica, sino también cultural: incorpora elementos esenciales como ciberseguridad, firma electrónica avanzada e interoperabilidad entre sistemas, que garantizan transparencia y confianza para los usuarios, especialmente para los inversionistas. No obstante, aún existen retos importantes, como completar la interoperabilidad total entre entidades para eliminar trámites presenciales y redundantes, y superar la resistencia al cambio en algunas instituciones públicas.

En 2024, Guatemala captó US$1 mil 695 millones en inversión extranjera directa, consolidándose como un destino confiable para sectores estratégicos que incluyen manufactura avanzada, agroindustria, tecnologías de la información y comunicaciones. Pronacom y el Ministerio de Economía, de la mano con Invest Guatemala, han implementado un modelo de softlanding, que brinda atención personalizada y acompañamiento a los inversionistas para facilitar su integración y operación.

Al mirar la región y otros continentes, los desafíos y oportunidades de Guatemala se comprenden mejor. Según el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, mientras Uruguay, Chile y Costa Rica lideran en América Latina con puntajes de digitalización entre 0.76 y 0.84, Guatemala ocupa el puesto 126 a nivel mundial, con un puntaje de 0.51, claramente por debajo del promedio regional. Esta brecha se amplía aún más al comparar con Asia, donde países como Corea del Sur alcanzan puntajes superiores a 0.95, siendo ejemplos de liderazgo mundial en digitalización y servicios públicos digitales.

Asimismo, en América Latina y el Caribe menos del 30% de los trámites pueden realizarse completamente en línea y solo el 7% de los ciudadanos realiza sus trámites digitales íntegramente, frente a cifras mucho mayores en Asia y en países desarrollados. Además, la adopción de infraestructura tecnológica, pagos digitales y sistemas interoperables es mucho más avanzada en Asia, lo que da a esos países ventajas competitivas claras en captación de inversión extranjera.

La digitalización es un pilar insustituible para convertir a Guatemala en un destino de inversión moderno y competitivo, es un paso firme hacia mejorar el servicio al ciudadano y un factor crítico para reducir la pobreza.

Estamos en todo

Enade 2025 planteará una propuesta para atraer más inversión

Juan Carlos Zapata

25 de agosto de 2025 | 00:03h

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La semana pasada se llevó a cabo el lanzamiento oficial por parte de Fundesa de la agenda de la decimonovena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, el Enade 2025.  El foro más importante de Centroamérica, es de los pocos eventos que reúne a más de dos mil 500 personas, incluidos representantes de los tres poderes del Estado, empresarios, academia, representantes de la comunidad internacional y sociedad civil.  Un evento anual que ayuda a plantear propuestas sobre los problemas que más apremian a nuestro país y se genera toda una agenda alrededor de dicha temática con invitados internacionales y nacionales, que discuten y generan propuestas concretas en beneficio del desarrollo económico y social del país.

Estamos en Todo, porque tenemos los recursos y el potencial para aumentar la inversión extranjera directa.  Este año, el Enade 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 9 de octubre a partir de las 14 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, y las entradas ya están a la venta en www.ticketasa.gt.  Contará con la presencia del señor Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana,   así como la economista y geoestratega Pippa Malmgren.    

Guatemala tiene muchas razones y oportunidades por las cuales puede aumentar su inversión extranjera directa, según la agencia de atracción de inversión privada Invest Guatemala. Las principales razones son: Guatemala tiene el mercado más grande entre México y Colombia, una situación geográfica estratégica, con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico; acceso a más de mil 500 millones de consumidores a través de 14 acuerdos comerciales con más de 45 países, incluidos Centroamérica, Estados Unidos, México y la Unión Europea; estabilidad macroeconómica; una población joven de 27 años promedio; la mayor mano de obra cualificada de la región centroamericana; y programas específicos de formación de jóvenes en carreras técnicas para sectores estratégicos, costos competitivos en energía y plazos de exportación más cortos, y los menores costos de banda ancha en la región.

Está claro que Guatemala también tiene retos, porque todavía atraemos muy poca inversión extranjera directa con relación al PIB.  Si bien la IED aumentó a US$1 mil 694 millones en 2024, representando un crecimiento de 5.1%, todavía representa apenas un  1.6% del PIB, lo cual es muy bajo comparada con República Dominicana que representa  3.6% del PIB, o incluso países como Costa Rica, que atraen 5.5% del PIB.  Esto se debe a que Guatemala todavía tiene que trabajar mucho en mejorar su certeza jurídica, especialmente, los temas relacionados a trámites burocráticos y muchas veces discrecionales, aumentar la formación técnica para contar con un capital humano más especializado y mejorar las condiciones del ecosistema de infraestructura productiva del país.

Durante los últimos meses, Fundesa ha realizado conversatorios previos al Enade para ir discutiendo la propuesta con diferentes sectores de la sociedad, en temas relacionados a los habilitadores para la certeza jurídica, la energía como un sector estratégico para la inversión, la infraestructura habilitadora para la atracción de inversión y la infraestructura dentro del departamento de Guatemala, que es necesaria para reducir el tráfico.

Adicionalmente, mañana contaremos con un conversatorio sobre uno de los temas más difíciles, como es la digitalización de los servicios públicos para atraer la inversión extranjera directa.  No cabe la menor duda de que nuestro país puede aumentar la IED, pero para ello se requiere más coordinación y trabajo conjunto. 

Triángulo norte de Centroamérica sigue atrayendo inversión

Autoridades guatemaltecas deben tomar decisiones correctas para seguir creciendo
 

Juan Carlos Zapata

18 de agosto de 2025 | 00:04h

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En 1990 la economía de Guatemala era de US$7.65 millardos, El Salvador representaba el 63% de la economía guatemalteca y Honduras, el 64% del total de nuestra economía. Si vemos esos datos a finales del 2024, la economía de Guatemala hoy es de US$113.2 millardos, la economía salvadoreña ahora representa apenas el 31.2% y la de Honduras, el 32.7%.

Claro, Guatemala es un país con una población mayor de más de 18 millones de personas, mientras que Honduras tiene 10.8 y El Salvador 6.3 millones, pero la forma tan acelerada en que el crecimiento económico de Guatemala se ha disparado en los últimos años demuestra que estamos haciendo lo correcto. Eso sí, no estamos haciendo suficiente. La infraestructura pública de nuestro país es todavía muy antigua para la capacidad de crecimiento que tenemos.

Durante los últimos siete años, en el Congreso de la República estuvo en discusión la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que finalmente fue aprobada el año pasado, bajo el liderazgo de varios diputados, la coordinación del Gobierno, sector privado y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Con mucho esfuerzo el Gobierno de Guatemala ha empezado a implementarla con las dificultades que tiene cualquier institución nueva de comenzar a dar resultados y con una gran presión, porque las ciudades intermedias y el área metropolitana siguen creciendo y del correcto funcionamiento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) depende la ampliación, operación y mantenimiento de las carreteras centroamericanas, así como aquellos anillos metropolitanos identificados en la ley.

Se tuvo un gran avance por parte del Gobierno al darle certeza jurídica a la inversión de APM para que pudiera iniciar una nueva inversión de US$8 millones para ampliar capacidades durante los próximos dos años, y se tienen que generar las condiciones necesarias para que la terminal de contenedores pueda seguir operando a través de una nueva licitación.
El esfuerzo de ampliar la capacidad de EPQ a través de un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos es también un paso importante para ampliar las operaciones del puerto e intentar recuperar la línea férrea. También vemos algunas mejoras en los aeropuertos que deben seguir avanzando.

Ahora bien, todas estas iniciativas, aunadas a la capacidad del país de seguir aumentando la generación y transmisión eléctrica, son críticos para que Guatemala pueda seguir creciendo y siendo ese faro que está fomentando mayor innovación y productividad en el triángulo norte de Centroamérica, y que estas inversiones en infraestructura vayan acompañadas de mayor inversión pública en desarrollo social, especialmente, salud, educación y seguridad, para que en los próximos años, Guatemala pueda ser el referente de Centroamérica en inversión y competitividad de la región.

Si trabajamos juntos para buscar soluciones a los problemas más apremiantes de infraestructura productiva, especialmente, carreteras y puertos, el país puede salir adelante. Tenemos también en el Congreso de la República el gran avance la semana pasada, en segundo debate, de la reforma a la Ley de Anadie, que debería ser aprobada este año. La infraestructura debe ser la prioridad en estos dos siguientes años de parte del Gobierno y el tema central de la campaña política 2027. De lo contrario, el país empezará a sentir fuertes rezagos que se reflejarán en tráfico más insoportable para la población, costos de logística más caros y menos crecimiento para todos. No perdamos el impulso y sigamos fomentando más infraestructura.

Inversión en Guatemala beneficia a Estados Unidos

Lazos comerciales pueden mejorar la seguridad hemisférica.

Juan Carlos Zapata

11 de agosto de 2025 | 00:03h

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La semana pasada tuve la oportunidad de dar el mensaje de cierre en la conferencia “¿Por qué profundizar los lazos de inversión con Guatemala puede avanzar la seguridad económica de los Estados Unidos?”, un evento organizado por el Atlantic Council y Fundesa, que se puede ver en las redes sociales de ambas instituciones.

A medida que evoluciona el panorama geopolítico, con una competencia cada vez más intensa por parte de actores globales y un renovado enfoque en soluciones de nearshoring, Guatemala se destaca como un socio crucial cuyo potencial económico complementa directamente los intereses de los Estados Unidos.

Somos la economía más grande del mundo con relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, y somos un aliado geopolítico que defiende la libertad y protege el hemisferio occidental, compartiendo valores por la prosperidad compartida. Una Guatemala fuerte y aliada es una línea de defensa para la seguridad y los principios de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Hemos rechazado el régimen de Maduro en Venezuela, no lo hemos reconocido como un gobierno legítimo, y hemos condenado el autoritarismo en el régimen cubano.

Nuestra Constitución y visión económica están fundamentadas en la creencia de que la democracia, las libertades individuales y el respeto a los derechos humanos no solo son esenciales para la dignidad humana, sino también fundamentales para un crecimiento sostenible, el libre emprendimiento y la prosperidad compartida.

Guatemala es un socio comercial que compra de los Estados Unidos y, como lo vimos en el evento, hay empresas guatemaltecas como CMI o Castillo Hermanos que invierten en los Estados Unidos.  Se está apoyando a cadenas de suministro productivas bajo el enfoque de “América primero”, y como ha mencionado el secretario Rubio, esto no significa “América sola”.

El Gobierno de Guatemala y el sector privado guatemalteco están trabajando en conjunto con nuestras diferentes contrapartes en el Gobierno de los Estados Unidos en un proceso continuo para mejorar las reformas regulatorias, incrementar la colaboración público-privada y mejorar el clima de inversión.

Las mejoras regulatorias han fomentado la confianza de los inversores, fortaleciendo así las relaciones comerciales y de inversión bilaterales. Sabemos que los fundamentos de este progreso residen en el Estado de derecho. Debemos seguir garantizando que todas las intervenciones del sector público cumplan estrictamente con la ley, mantengan los principios de no retroactividad, establezcan reglas claras y promuevan procesos administrativos expeditos. Eliminar la discrecionalidad y la arbitrariedad en la emisión de licencias y permisos es esencial para crear condiciones justas y predecibles que atraigan inversión tanto nacional como extranjera.

Para elevar aún más la competitividad de Guatemala, abordar nuestros desafíos en infraestructura es una prioridad nacional. El año pasado, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, decreto 29-2024, marcando un hito transformacional que recibió todo el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.  Esta legislación, que instaura un marco legal claro y estable para el desarrollo, mantenimiento y financiamiento de carreteras vitales en todo el país, incluidos corredores económicos principales, debe ser implementada lo antes posible. 

La inversión nacional y extranjera en Guatemala fomenta la seguridad de los Estados Unidos y del hemisferio occidental, el momento de mayor desarrollo es ahora.

La inversión extranjera directa necesita previsibilidad

Trámites deben estar acorde en ley y contar con procesos expeditos.

Juan Carlos Zapata

4 de agosto de 2025 | 00:04h

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La semana pasada se llevó a cabo el cuarto conversatorio previo al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 20025. Esta vez, sobre los Habilitadores para la Inversión Extranjera Directa (IED): Previsibilidad y Certeza Jurídica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado horrores con las diferentes dependencias sobre los tiempos burocráticos que toman las licencias, permisos o estudios que deben aprobarse para una inversión? Es tanto el tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ya los ha tomado como una barrera al comercio, en su análisis para la imposición de aranceles.

No es de extrañar; los tiempos para resolver un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, están retrasando no solo proyectos de construcción, sino también grandes proyectos de movilidad en la Ciudad de Guatemala, como el aerometro, que será una solución integral de transporte sostenible, que sigue esperando la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Se imaginan, si un proyecto que va a tener un beneficio neto de disminuir 29 mil toneladas de CO2 anuales tiene este tipo de atrasos, ¿cuánto están tardando otros proyectos?

El problema es que no es solo allí. El Ministerio de Salud, en el registro sanitario de productos alimenticios, farmacéuticos y afines, también experimenta atrasos considerables en los últimos meses, volviéndose ya un problema para la atracción de nuevas inversiones. Si a eso le sumamos también los cuellos de botella en el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh), donde es constante escuchar los atrasos para autorizar el avance de comercios e incluso carreteras privadas, pareciera que la inversión se está relentizando en nuestro país, precisamente por la falta de procesos claros y previsibles.

Recordemos que las intervenciones del sector público deben apegarse al cumplimiento de la ley, asegurando previsibilidad, no retroactividad, reglas claras y procesos administrativos expeditos, evitando la discrecionalidad y arbitrariedad en la autorización o limitación de licencias y/o estudios.

Esta debería ser la base para generar mayores incentivos a la IED como una fuente importante de empleos y oportunidades para el país. Según el mismo Ministerio de Economía, en su Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa, reconoce “que la IED impacta positivamente en la economía del país, incrementa la productividad y la competitividad de la economía local, promueve la competencia y contribuye al crecimiento económico”. Sin embargo, pareciera que existe todavía un gran problema de coordinación interinstitucional para atraer inversión, debido a que muchos de los problemas de trámites que toman meses y a veces hasta años, están más en los ministerios de Ambiente, Cultura y Deportes y en el de Salud, así como en las municipalidades en la provincia.

Procesos de licencias para parques de generación eléctrica solar, que están detenidos porque el alcalde no otorga una licencia de construcción, también representan un grave impacto negativo hacia la imagen del país a nivel internacional y limitan las oportunidades de desarrollo.

Este es hoy uno de los principales desafíos de nuestro país para avanzar en una agenda de mayores oportunidades para todos. Tenemos que ser conscientes de que debe existir un mayor entendimiento del costo del capital, y que tener inversiones paradas por decisiones meramente discrecionales también es corrupción, porque destruye precisamente las fuentes de empleo que el país necesita. Es momento de avanzar en una agenda de agilización de la inversión en el país.

Inteligencia artificial y robótica en la logística

Hacia un mundo cada vez más automatizado

Juan Carlos Zapata

28 de julio de 2025 | 00:03h

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El periódico especializado The Wall Street Journal (WSJ) ha publicado algunas noticias interesantes recientemente sobre el avance de la robótica en empresas como Amazon.  En su edición del 30 de junio publicó que “Amazon está a punto de utilizar más robots que humanos en sus almacenes. La automatización de las instalaciones de Amazon.com se acerca a un nuevo hito: pronto habrá tantos robots como humanos. El gigante del comercio electrónico ha dedicado años a automatizar tareas, que antes realizaban humanos en sus instalaciones.  Ahora ha desplegado más de un millón de robots en esos lugares de trabajo. Esta cifra es la mayor que ha tenido hasta la fecha y se acerca al número de trabajadores humanos en las instalaciones.  Los almacenes de la empresa vibran con brazos metálicos que extraen artículos de los estantes y androides con ruedas que recorren las plantas transportando mercancías para su embalaje. En otros rincones, los sistemas automatizados ayudan a clasificar los artículos, mientras que otros robots ayudan a empacarlos para su envío”. 

En uno de los programas posteriores del pódcast del programa The Journal del 17 de julio, se profundizó en la noticia, comentando que “los sistemas de IA han evolucionado en los últimos cinco años, y parte de la innovación de Amazon no reside necesariamente en que cuenten con la robótica más avanzada del mundo, sino en la capacidad de conectar todos los robots. Cada vez más robots gestionan lo que llaman puntos de contacto. Por lo tanto, existen diferentes puntos de contacto dentro de las instalaciones de Amazon, ya sea el embalaje o el traslado de artículos desde un camión. Y con el tiempo, cada vez más de esos puntos de contacto han sido gestionados por robots”. 

Estos avances en la robótica y en la inteligencia artificial (IA) me llevan a pensar en cómo los problemas de logística se podrán ir reduciendo hacia un mundo con más personas capaces de coordinar de mejor forma sus trabajos, a través de la robótica y con programas que las asisten, por medio de la IA, a fortalecer las capacidades de las empresas de logística en mejorar su eficiencia y competitividad. 

Estos avances, por supuesto, implican también que nuestro sistema educativo se enfoque cada vez más en matemáticas, habilidades blandas y competencias digitales, que ayuden a que tengamos una población cada vez más preparada para la aceleración en la tecnología y la innovación disruptiva que la IA, la digitalización y la robótica están teniendo y que van a tener en los próximos años.  

Si nos recordamos de las primeras películas de la Guerra de las galaxias y cómo los androides interactuaban con seres vivos, en esa época lo veíamos como algo muy distante, pero esto ya no es el futuro; poco a poco se está volviendo parte de nuestro presente, con avances tan importantes para la disrupción en las telecomunicaciones, la logística, el transporte y la eficiencia de tantos sectores industriales, comerciales y agrícolas, que nos ayuden a transformar el desarrollo económico de países en América Latina.  

La cadena BBC ha comentado que “la IA se ha convertido en una herramienta fundamental para abordar grandes desafíos científicos. Áreas como la salud, la astronomía y la exploración espacial, la neurociencia o el cambio climático, entre otras, se beneficiarán aún más de lo que ya lo están haciendo”.  Estos procesos pueden ser tan dinámicos que tienen el potencial de acelerar la capacidad productiva de países como Guatemala y fomentar mayor crecimiento inclusivo. El momento es ahora. 

Inversión implica estabilidad jurídica y toma de decisiones

Guatemala debe mejorar su gobernabilidad

Juan Carlos Zapata

21 de julio de 2025 | 00:04h

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Nuestro país está llegando a un punto importante de desarrollo que otros países ya vivieron, lo cual les permitió hacer grandes inversiones en condiciones menos favorables a un ambiente de Estado con garantías republicanas. Lo que vemos hoy en Guatemala es un país con una población relativamente joven, pero con un bono demográfico importante.

Según las últimas cifras del bono demográfico (el porcentaje de la población entre 15 y 64 años) publicadas al año 2024 por parte del Banco Mundial, en Guatemala ya es del 64%, un porcentaje similar al de Países Bajos, pero debajo de Ecuador, donde ya el 67% de la población está en el bono demográfico, y arriba de países como Somalia, con un bono demográfico de 51%.

Ahora, al contrastarlo con el nivel de urbanización, Guatemala tiene solo 54% de la población urbana, en comparación con Países Bajos, donde ya el 93% de su población es urbana; Ecuador, 63%, y Somalia, 49% de su población.

El crecimiento urbano que va a seguir necesitando el país para poder crecer hace que sus niveles de inversión pública deban también aumentar, y un país que solo destina el 1.5% del PIB en inversión pública es un país que no está generando suficiente nivel de competencias para afrontar no solo el crecimiento poblacional, que Guatemala todavía va a tener; se estima que la población sea de 25 millones en el 2050 y siga creciendo hasta el año 2080. ¿Se imaginan un país con casi siete millones de personas más en 25 años? ¿Cómo serán nuestra área metropolitana y nuestras ciudades intermedias? Nuestros puertos, nuestras carreteras, el agua que consumimos, las escuelas, hospitales que necesitaremos, ¿cómo se las imagina?

El país debe preparase para afrontar no solo un incremento poblacional, sino también un mayor nivel de urbanización, que siguiendo los mismos patrones llegará a un 70% en los próximos 25 años, pero que desde ya debería ser un ejercicio que Segeplán debería estar preparando para actualizar la propuesta de desarrollo después del 2032, al siguiente Katún (siguiente período de 20 años en la cultura maya), al 2052. ¿Qué país nos imaginamos?
Para que las expectativas no sean de catástrofe y tristeza, nuestro país tiene que generar la gobernabilidad necesaria y quitar la discrecionalidad política en la inversión pública. Esto no significa que toda la inversión tenga que ser solo del Gobierno, sino que los mecanismos de inversión de activos públicos sean lo suficientemente robustos para incrementar la capacidad del país para promover más la inversión (tanto pública, como privada). Sin embargo, si la inversión pública no crece, es muy difícil que veamos crecimientos importantes en la inversión privada.

A finales del 2024, según el reporte del artículo IV del Fondo Monetario Internacional, nuestra inversión total fue 16.3% del PIB, muy baja en comparación a otros países de América Latina. La inversión pública fue 1.5% del PIB, muy por debajo al de países con una población similar a la de Guatemala, como Ecuador, que destina 5.3% del PIB en inversión pública. A eso debemos aspirar; tenemos que ser capaces de crear mecanismos de gobernabilidad, ampliando las alianzas público-privadas, fortaleciendo el servicio civil, para mejorar la inversión pública, así como también aprovechar nuestros recursos naturales.

No tenemos opción, o empezamos a planificar de mejor forma el desarrollo y a aumentar la inversión pública, o seguirá el caos de temas negativos que ya conocemos. El crecimiento de la inversión pública debe ser un desafío para todos.

Reforma a la Ley de Anadie es clave

Aprobación agilizará las alianzas público-privadas para aumentar la inversión.

Juan Carlos Zapata

14 de julio de 2025 | 00:03h

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El dictamen de la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas está todavía pendiente de segundo debate en el Congreso de la República. La modificación a la Ley de Anadie es clave para poder avanzar en contar con más infraestructura pública y la necesidad de acelerar la inversión.

El dictamen favorable reconoce la poca inversión en infraestructura de nuestro país, que ha conllevado a poco desarrollo de la población y un lento proceso de aumento de las capacidades productivas en Guatemala.  Mientras en países como República Dominicana o Perú, la población duplica su ingreso en 20.9 años y 22 años, respectivamente, en Guatemala tardamos 47.4 años.  Esta falta de capacidad para aumentar los ingresos se debe principalmente a una falta de inversión, especialmente de inversión pública, que le permita al país crecer de una forma más acelerada.

La falta de mantenimiento de los aeropuertos, puertos o la falta de sistemas de transporte y otros activos del país muestran la gran oportunidad que brindaría la reforma a la Ley de APP para poder fomentar mayor desarrollo.  La iniciativa reforma el objeto de la ley, para normar todas las etapas necesarias para la realización de proyectos y regular la modalidad de contratación de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal.

Se amplían los sectores que antes estaban excluidos, como educación, salud y agua.  Esto es una innovación importante que permitirá a Guatemala aumentar la inversión social que tanto se necesita en nuestro país, dotando de herramientas al Gobierno y a los alcaldes para fomentar mayor inclusión, especialmente en las regiones de menor desarrollo del país.  Existe un artículo que especifica la forma en que se aprueba en cada caso.

Otra innovación importante es que se amplía la clasificación de los proyectos en varias categorías, sin ser excluyentes, pueden combinarse y relacionarse entre sí: por el origen de solicitud, por su naturaleza financiera con relación a la deuda pública, por su naturaleza financiera con relación a ingresos del sector público, por su forma de pago al participante privado, por el tipo de intervención en infraestructura, por el ámbito territorial y por el tipo de servicio.

Esta nueva clasificación presenta innovaciones importantes; por ejemplo, el permitir propuestas no solicitadas o el caso de proyectos sin deuda pública, así como diferentes mecanismos de pago.  Otro cambio importante es que se cambia el nombre de la agencia a ANI, un acrónimo más fácil de recordar, así como el nombre del Consejo a Consejo Nacional de Infraestructura.

Un cambio clave es que se logra acelerar la aprobación y forma de los contratos de alianza, permitiendo según quién sea la institución contratante del Estado, diferentes procesos de aprobación del contrato, para que no todos tengan que ir al Congreso, ya que esa fue siempre una complejidad del modelo que hizo que solo un proyecto se aprobara en casi 14 años desde que se aprobó la ley inicialmente.  Además, se le asignan más recursos para la operación del fondo, para la preinversión, para contingencias y para garantía de proyectos a la Agencia.  El Organismo Ejecutivo deberá reformar el reglamento 90 días después de que entre en vigencia la ley.

Esperemos que el pleno del Congreso pueda retomar su discusión lo más pronto posible y aprobarla, para poder fomentar mayor desarrollo económico y social al país.

Concesiones en una era digital

Guatemala tiene el potencial de mejorar a nivel municipal.

Juan Carlos Zapata

7 de julio de 2025 | 00:04h

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Uno de los grandes avances en los últimos años en materia de certeza jurídica, en cuanto a concesiones, fue la resolución de la Corte de Constitucionalidad el año pasado que dirimió la cuestión de competencia presentada por la Municipalidad de Guatemala, en la cual se declaró que las municipalidades tienen la facultad de aprobar concesiones de servicios públicos locales, por medio de los concejos, definiendo que la exigencia de someter las concesiones a la aprobación del Congreso, tal como lo establecen la Constitución dentro de las atribuciones del presidente de la República y la Ley de Contrataciones del Estado, no aplica a las municipalidades, debido a su autonomía constitucionalmente reconocida y a la especialidad de las disposiciones del Código Municipal.

Desde la década de 1990, las concesiones a nivel global han experimentado una notable evolución. Antes centradas exclusivamente en la infraestructura física, ahora abarcan la complejidad interconectada de la era digital. La infraestructura crítica actual abarca desde las redes terrestres hasta las constelaciones orbitales, creando una red interconectada de activos físicos y digitales.

Guatemala todavía está rezagada en cuanto al aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones. Hablando con un amigo, me comentaba que veía poca capacidad de invertir a través de fondos de inversión en empresas de tecnología en Guatemala, porque no lograba la escala necesaria que tenía en otros países. Esto tiene una razón de ser: cuando vemos la posición de nuestro país en el Índice de Preparación para la Red 2024 (IPR), o Network Readiness Index (NRI) en inglés, publicado por el Instituto Portulans y la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford, vemos que Guatemala está en la posición 105 de 133 países evaluados.

El Índice de Preparación para la Red mide cuatro pilares enfocados en Tecnología, Personas, Gobernanza e Impacto. Guatemala está más rezagada justo en el pilar de tecnología y en temas de gobernanza, donde se requiere mejorar el ambiente regulatorio alrededor de las TIC y fortalecer la capacidad del Gobierno central de implementar procesos de simplificación y digitalización de trámites más efectivos hacia un Estado 100% digital.

Sin embargo, con las concesiones municipales, se abre la oportunidad a que desde los municipios se puedan comenzar a trabajar proyectos de alianzas público-privadas que ofrezcan un marco sólido para construir un futuro digital más efectivo, al alinear los objetivos y recursos del sector privado con los gobiernos municipales. En la era digital actual, las concesiones municipales digitales se han convertido en impulsores clave de la transformación, permitiendo a los gobiernos locales colaborar con empresas tecnológicas para crear infraestructura digital y modernizar los servicios públicos. Ejemplos abundan en ciudades como Barcelona, donde se han realizado concesiones para aumentar la capacidad de fibra óptica, hasta ciudades de la India, como Bhopal, con alumbrado público inteligente, o incluso la Ciudad de Kansas con proyectos de internet.

En las concesiones digitales a nivel municipal que han sido exitosas, la participación de las municipalidades es esencial para garantizar que las transformaciones digitales sean inclusivas, transparentes y estén alineadas con las necesidades de la comunidad. Iniciativas de participación pública como los ayuntamientos digitales y las plataformas de retroalimentación ciudadana pueden fomentar la colaboración entre el sector público, las entidades privadas y las comunidades.

Aumentar la competitividad nos llevaría a mayor desarrollo

Esfuerzos deben enfocarse en la mejora de la inversión en el país.

Juan Carlos Zapata

30 de junio de 2025 | 00:03h

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Cuando se mencionan temas de competitividad, rápidamente algunos creen que solo son cuestiones económicas y otros lo confunden con competencia. De hecho, en el caso de Guatemala tenemos un Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que depende del Ministerio de Economía, como si la temática solo se tratara de comercio y clima de negocios. En la práctica, al hablar del desarrollo competitivo de un país, estamos profundizando en un análisis de sus instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud, la educación, la capacitación laboral, la educación superior, la eficiencia de los mercados, eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y la innovación.

Por ello, con todas las limitantes que esto genera por ser una temática tan amplia, debemos reconocer que el trabajo que realiza Pronacom es sumamente importante. Debe relacionarse con varios ministerios, secretarías y entidades descentralizadas a la vez, sin tener la capacidad ejecutiva de cambiar los presupuestos o partidas en las que cada organización decida invertir.

La evaluación más utilizada para comparar a los países respecto de los factores, políticas y procedimientos que inciden en la productividad, a través de lo que denominamos competitividad, es realizada por el Foro Económico Mundial (FEM), una organización con sede en Ginebra, Suiza, que se dedica a la investigación y generación de propuestas de solución a los problemas del mundo, que luego entidades similares pueden usar como base en cada país.

En el último informe publicado en 2019 para el caso de América Latina, países como Chile (posición 33), México (48), Uruguay (54), Colombia (57) y Costa Rica (62) son los cinco más competitivos de la región. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que no existe ningún país de Latinoamérica dentro de las 30 economías más competitivas del mundo, algo que debe hacernos reflexionar sobre si estamos haciendo bien las cosas, con todas las oportunidades que tenemos.

En los últimos años, el Sudeste Asiático y el Oriente Medio están teniendo avances importes en su capacidad productiva. Personalmente he visto con especial atención a Singapur, Hong Kong, Japón, Malasia, Israel y Emiratos Árabes Unidos, países que han aumentado rápidamente su competitividad, ayudando con esto a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de su población.

En el caso de Guatemala, pareciera que todavía no existe una comprensión por parte de todos los organismos del Estado de la importancia de promover la competitividad del país. Aunque hay que reconocer el esfuerzo de esta legislatura del Congreso de la República por aprobar iniciativas que llevaban años de haberse planteado y están teniendo ya un impacto positivo en materia económica. Nuestro país, en la última evaluación disponible, está en la posición 98 entre los 141 países analizados por el FEM, por lo que todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo para implementar de manera transversal la Política Nacional de Competitividad en todas las instituciones.

Si no somos conscientes de que la única manera de competir en un mundo globalizado y generar mayor inversión es aumentando la competitividad, nos vamos a tardar más en reducir la pobreza. Tenemos que enfocarnos en que lleguen las mejores personas a las instituciones públicas, que implementen políticas públicas coherentes, mediante procesos transparentes y en donde la opinión pública y la ciudadanía demanden los cambios necesarios para seguir avanzando.

Guatemala mejora 12 posiciones en índice de brecha de género

Más oportunidades para las mujeres, más participación y desarrollo

Juan Carlos Zapata

23 de junio de 2025 | 00:04h

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El país mejora por segundo año consecutivo en el Índice de Brecha de Género que publica el Foro Económico Mundial. La noticia fue dada a conocer hace unas semanas y diferentes centros de investigación tuvimos la oportunidad de profundizar a mayor detalle en los beneficios que está alcanzando el país al contar con más mujeres en puestos de toma de decisión. Luego de mejorar 24 posiciones el año pasado, este año Guatemala mejora 12 posiciones para colocarse en el puesto 81 de 148 países.

La mejora de 36 posiciones en dos años hace pensar que las políticas públicas de Gobierno, de la mano con más acciones del sector empresarial y de la sociedad civil para generar esfuerzos que permitan que más mujeres accedan a mayor desarrollo económico y de toma de decisión es importante, demuestra que el país finalmente está en una agenda de transformación real que le permitirá a muchas mujeres participar cada vez más en la fuerza laboral formal y en desarrollar mayor prosperidad para sus familias.

Según estudios del Fondo Monetario Internacional, “las mujeres y los hombres desempeñan papeles complementarios en el proceso de producción, lo que significa que el aumento del empleo femenino es un aliciente más para el crecimiento. Dicho de otro modo, un incremento del número de mujeres en la fuerza laboral debería aportar mayores ventajas económicas que un incremento equivalente del número de trabajadores hombres (debido al hecho de que, como dirían los economistas, la elasticidad de la sustitución entre mujeres y hombres en la producción es baja)”.

Un informe del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio demuestra que “las empresas exportadoras emplean a más mujeres. En las economías en desarrollo, las mujeres representan el 33% de la fuerza laboral de las empresas exportadoras, mientras que en las no exportadoras el porcentaje es de solo el 24%. Para las mujeres son igualmente ventajosas las empresas que forman parte de las cadenas internacionales de valor o cuentan con inversionistas extranjeros, las cuales dan empleo a un 11% a 12% más de mujeres que otras empresas”.

Estos datos hacen sentido, cuando vemos cómo el sector empresarial guatemalteco a través de Cacif ha implementado programas como Cacif Mujer desde 2017, que durante los últimos años ha tenido un impacto fundamental en promover un rol más activo de las mujeres en los puestos directivos. Con objetivos clave para identificar organizaciones de empresarias en el país y crear alianzas con esas entidades y otras en el mundo, mapear las instancias públicas que abordan temas de mujer y empresarialidad, formar una red de mujeres en las cámaras y fortalecer su liderazgo empresarial y de desarrollo y establecer indicadores que visibilicen las prácticas empresariales de inclusión de mujeres.

Y es que el papel del sector empresarial ha sido clave en las mejoras de este año. Los avances más importantes del país fueron en los indicadores relacionados a la actividad económica y oportunidades, especialmente en la participación de la mujer en la fuerza laboral, mejora de los salarios por trabajos similares, participación de mujeres en puestos gerenciales o de mayor toma de decisión.

Ahora bien, el informe también deja claro que, para seguir mejorando, es necesario reducir muchas brechas burocráticas como la tramitología eterna que existe en el país, lo tardado que son los procesos y la falta de compromisos reales para digitalizar permisos, licencias y registros, algo que muchas veces tiene un impacto mayor en empresas lideradas por mujeres.

Preocupante implementación de la Ley de Infraestructura Vial

Dipp debe poder avanzar lo más pronto posible.

Juan Carlos Zapata

16 de junio de 2025 | 00:03h

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“El tiempo perdido hasta los santos lo lloran”, dice el famoso refrán. Cuando vemos la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, no cabe más que pensar que hay fuerzas oscuras que no quieren dejar avanzar el cambio de modelo hacia una mayor independencia, transparencia y eficiencia en el país.  Se acaba de nombrar a la gerente de la entidad, pero no ha podido tomar posesión porque precisamente la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) no tiene los recursos necesarios todavía para poder operar.

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, en su artículo 6, crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, como “un órgano técnico desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con competencia en los proyectos viales prioritarios.  Su denominación podrá abreviarse Dipp.  En cuanto a órgano desconcentrado, la Dipp gozará de independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y contará con recursos propios.  Para garantizar que se contará con personal técnico preparado, las prestaciones de los funcionarios y servidores de la Dipp serán mejores a las planteadas por la Ley de Servicio Civil”. 

El artículo 114 establece que, una vez creado el Fondo para proyectos viales prioritarios (Fovip), artículo 28 de la ley, el Ministerio de Finanzas adquiere la obligación de asignar los primeros recursos al Fondo Operativo y al Fondo de Infraestructura (artículo 29 de la ley), de la siguiente forma: Q10 millones al Fondo Operativo a los 60 días desde la vigencia de la ley (el plazo venció en abril de 2025), Q20 millones al Fondo de Infraestructura a los 60 días desde la vigencia de la ley (el plazo venció en abril de 2025).  Las asignaciones se deben trasladar a través del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de Obligaciones a Cargo del Tesoro, de forma directa, a la Dipp.

Asimismo, el artículo 95 regula el proceso de transición entre las Unidades Ejecutoras del CIV (Caminos, Covial y FSS), y la Dipp define responsabilidad en la liberación de compromisos contractuales y legales sobre los tramos priorizados en el artículo 87 de la ley.  Con el fin de que la terminación anticipada no afecte los derechos u obligaciones que se encuentren en disputa judicial del Estado, en aplicación de los artículos 61 y 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto, podrá constituir garantías, para lo cual el Ministerio de Finanzas, en un plazo de 60 días, que venció en abril 2025, debía reglamentar el procedimiento.

Como vemos, hay serios incumplimientos de la ley de infraestructura vial prioritaria en estos momentos, una ley que tardó seis años en aprobarse en el Congreso de la República y que tiene la capacidad de cambiar la forma en que se hacen contratos en el país, para contar con autopistas de primer nivel, sin peaje y que el Estado pueda hacer contratos de pagos por disponibilidad a largo plazo.  La única forma en que Guatemala tendrá carreteras públicas en buenas condiciones. 

Es urgente que el presidente lidere un proceso de cambio en estos momentos y que el Ministerio de Finanzas genere las capacidades necesarias para que la Dipp pueda comenzar a funcionar como una entidad nueva con código propio.  Acá se necesita también que la Onsec genere los procesos necesarios para que pueda tener su propio servicio civil.  La independencia que dejó la ley a la Dipp debe cumplirse, para poder contar con carreteras de mejor calidad. El momento del cambio y el liderazgo necesarios es ahora.  Queremos que la ley se cumpla.