Ley de Ciberseguridad: Expertos alertan sobre control militar, opacidad y vacíos legales en dictamen

Analistas advierten que el dictamen de la iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, podría afectar derechos fundamentales, carece de mecanismos preventivos y puede debilitar la confianza en el entorno digital.

Juan Manuel Fernández C.

26 de septiembre de 2025 | 13:20h

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En la segunda mitad de septiembre la iniciativa sobre ciberseguridad ya superó la primera lectura en el flujo legislativo. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Cuatro análisis de tanques de penasamiento distintos, uno de la Mesa de Certeza Jurídica de la Iniciativa Guatemala No Se Detiene; otro de la Alianza por un Congreso Eficiente (que integra organismos como el Cien y Guatemala Visible), la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y otro de la firma de abogados ALTA, emitieron esta semana análisis técnico y jurídico sobre la Iniciativa de Ley 6347, conocida como Ley de Ciberseguridad.

El análisis se basa en el dictamen con modificaciones de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del 26 de agosto del 2025. La iniciativa en estos momentos se encuentra en segunda lectura en el Congreso de la República. 

La iniciativa 6347 contempla penas desde los seis años de prisión, la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (C-SIRT-GT) y de una fiscalía especializada en ciberdelincuencia para la investigación penal, formulación de requerimientos y el litigio de los delitos contemplados en el ámbito digital.

“Contraproducente” y con “vacíos legales”

A pesar de que los centros de análisis coinciden en la necesidad de tener una regulación en la materia, también diagnostican alertas de que su aprobación “sin ajustes técnicos significativos podría provocar efectos contraproducentes, como vacíos legales, penalización excesiva y vulneraciones al principio de legalidad” según la Alianza por un Congreso Eficiente. Continúa el texto: “la iniciativa carece de una estrategia de gobernanza cibernética al superponer responsabilidades sin una coordinación clara entre las instituciones. La falta de esta estrategia implica la inexistencia de un ecosistema de formación y garantía de la debida aplicación de la presente ley”.

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Otras preocupaciones apuntan a la militarización de la rectoría de la ciberseguridad en Guatemala, la “exclusión de sociedad civil, academia y empresas” de la discusión deficiencias técnicas y legales en tipos penales y opacidad en la implementación.

“El texto presenta deficiencias estructurales y conceptuales que lo alejan de las buenas prácticas internacionales recomendadas por organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA)” señala Guatemala No Se Detiene.

Para la firma de abogados ALTA, “la Iniciativa regula de manera aislada la ciberseguridad sin abordar de forma conjunta la protección de datos, la gestión de infraestructuras críticas y la transformación digital” y añade que “un marco incompleto coloca a Guatemala en desventaja competitiva frente a países que sí han desarrollado legislaciones integrales en estas materias”.

Mientras que ATAL, –una alianza formada por Fundación 2020, Cacif y FUNDESA– solicitó al Congreso, por medio de un comunicado que la Iniciativa 6347 “regrese a la Comisión correspondiente para ser revisada y corregida. Guatemala necesita una ley moderna y equilibrada, que brinde seguridad a los ciudadanos, confianza a las empresas, y que fortalezca nuestra institucionalidad democrática con transparencia, inclusión y apego al Estado de Derecho”.

Este es un resumen de los puntos que preocupan a los especialistas que se pronunciaron.

Militarización de la rectoría de la ciberseguridad

“El Dictamen 6347 no garantiza la independencia funcional y técnica del órgano rector de ciberseguridad, ya que sitúa al Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRT-GT) como órgano técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Por su parte otorga al Ministerio de la Defensa Nacional un rol protagónico, con facultades permanentes para actuar en el ciberespacio. Incluso contempla la posibilidad de ejecutar acciones ofensivas en el ciberespacio que corresponden asignarse a otro cuerpo normativo”, indica Guatemala No Se Detiene.

Mientras que el bufete ALTA considera que “la norma no define con precisión en qué momento una situación de crisis puede catalogarse como una amenaza a la seguridad nacional o a la soberanía del país que justifique la participación militar. Esta ausencia de parámetros claros puede generar incertidumbre respecto del alcance de la intervención y de los mecanismos de coordinación con el sector privado, en especial en lo relacionado con el acceso a infraestructura tecnológica y a datos estratégicos

Esto lo refuerza el análisis de la Alianza por un Congreso Eficiente, que indica que “el artículo 33, sobre funciones para la ciberdefensa, atenta contra el artículo 43 de la Constitución al no establecer una diferenciación clara entre infraestructuras críticas de carácter gubernamental o privado. Se faculta al Ministerio de la Defensa para actuar permanentemente en acciones para la ciberdefensa promoviendo así su intervención sobre las infraestructuras privadas. Asimismo, el inciso f) del artículo en mención establece que el presidente de la República determinará la coordinación “con los centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática CSIRT’s internacionales, sectoriales e institucionales públicos y privados (…)”. Ambos preceptos vulneran la libertad de industria”.

Exclusión de actores civiles y sectoriales

Según Guatemala No Se Detiene, el dictamen 6347 propone que el CSIRT-GT funcione como órgano técnico bajo el Consejo Nacional de Seguridad, “una instancia dominada por actores de seguridad e inteligencia, con limitada representación de otros sectores. Este diseño contrasta con las experiencias internacionales en las que la autoridad de ciberseguridad es de carácter civil y multisectorial. Por ejemplo, en Chile la Agencia Nacional de Ciberseguridad incorpora a representantes del sector privado y de la academia en su consejo asesor; en Uruguay, la AGESIC articula la coordinación entre entidades estatales, empresas y sociedad civil; y en Estonia, la RIA trabaja de forma permanente con el sector privado a través del CERT-EE”.

ALTA indica que “más preocupante aún es que el diseño institucional excluye a la sociedad civil y al sector empresarial del ente rector, lo que impide que quienes generan, gestionan y resguardan la mayor parte de la infraestructura tecnológica tengan voz en la definición de políticas de ciberseguridad”.

Y añade que “esta falta de un modelo multisectorial —que en estándares internacionales es clave para la gobernanza en ciberseguridad— no solo debilita la legitimidad del CSIRT-GT, sino que también proyecta un escenario en el que la ciberseguridad puede transformarse en un mecanismo de control unilateral”.

“El dictamen concentra la rectoría en el Consejo Nacional de Seguridad y otorga un rol únicamente a las entidades de esa área del gobierno, marginando la participación civil y multisectorial. Ello se aparta de las buenas prácticas internacionales que privilegian la conducción civil y la inclusión de actores sociales relevantes” señala el análisis de ATAL.

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Enfoque reactivo penal, no preventivo

Para Guatemala No Se Detiene, “el dictamen concentra sus medidas en reformas penales y agravantes para delitos informáticos, lo que significa que la acción del Estado se activa principalmente después de consumado el delito. No prevé un régimen administrativo preventivo con obligaciones de notificación temprana, planes de seguridad obligatorios para operadores de servicios esenciales, ni sanciones proporcionales para incumplimientos”.

Según ALTA, “al no promover programas estatales de educación digital, protocolos de cooperación temprana ni estándares mínimos de seguridad, las empresas quedan solas en la gestión preventiva y solo entran en juego cuando un incidente ya ocurrió, asumiendo así costos más altos de cumplimiento y recuperación, mayor exposición a riesgos reputacionales y legales, y una falta de certeza institucional que dificulta planificar estrategias de ciberseguridad a largo plazo. En consecuencia, la regulación proyectada traslada el peso de la ciberseguridad al sector privado, privilegiando la sanción en lugar de la prevención, lo que aumenta la inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial”.

Para ATAL, la propuesta se limita a reformas penales, sin establecer mecanismos preventivos, de supervisión y cooperación temprana que reduzcan riesgos y costos de incidentes

Por ejemplo, según Alianza por un Congreso Eficiente, algunos tipos penales definidos en la iniciativa presentan ambigüedades que comprometen el principio de legalidad penal, como lo establece el artículo 17 constitucional y el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este es un listado de valoraciones que hace la organización por artículo:

• El artículo 6, sobre interceptación ilícita, contempla una autodefinición para definir el delito lo cual es antitécnico y no permite inferir con precisión cuál es el bien jurídico tutelado.

• El artículo 7, Ataque a la integridad de los datos informáticos, cumple en general con los estándares del Convenio de Budapest, pero requiere una cláusula de exclusión para no sancionar errores técnicos o intervenciones legítimas.

• El artículo 8 no exige una afectación grave para sancionar la obstaculización de sistemas, lo que podría penalizar fallos menores o pruebas autorizadas. Se recomienda exigir resultado significativo.

• El artículo 11, relativo al fraude informático, debería reforzar el componente técnico (manipulación de datos/sistemas) y no solo métodos como la ingeniería social.

• El artículo 12 sobre abuso de dispositivos es confuso. Mezcla conductas dolosas con técnicas legítimas utilizadas con fines investigativos o profesionales.

• No se contempla la figura de tentativa ni complicidad, exigida por el artículo 11 del Convenio. Esto podría generar ambigüedad interpretativa en la aplicación del derecho penal.

• El artículo 13 sobre propiedad intelectual no crea un tipo penal autónomo, sino que solo agrava las penas ya existentes, lo cual es insuficiente para cumplir con el estándar internacional.

• La derogatoria de los artículos 274 A-G del Código Penal no va acompañada de sustituciones equivalentes, generando vacíos en delitos como piratería de software o distribución de malware.

• Las penas previstas en la iniciativa son desproporcionadas, llegando a suponer incluso sanciones por homicidio culposo o robo, sin considerar daño real o ánimo delictivo.

• En cuanto al artículo 36 de la iniciativa que demanda crear una fiscalía especializada para la investigación de los delitos contenidos en la presente ley, parecería colisionar con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, relativo a la función autónoma del Ministerio Público.

Falta de transparencia y de rendición de cuentas

El Dictamen de la iniciativa 6347 “contempla que las compras y contrataciones vinculadas a ciberseguridad se realicen bajo carácter reservado, con el argumento de proteger la seguridad nacional. Si bien ciertos aspectos técnicos pueden justificar confidencialidad, la reserva generalizada de adquisiciones públicas genera riesgos de corrupción, sobrecostos y falta de auditoría, debilitando la legitimidad de la política de ciberseguridad” según la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene.

De acuerdo con el análisis de ALTA, “para el sector empresarial, esto se traduce en riesgos de distorsión de la competencia, al permitir que contratos relevantes se otorguen sin procesos abiertos ni fiscalización efectiva, lo que desalienta la participación de oferentes y reduce la innovación en el mercado. La ausencia de transparencia y la amplitud de la reserva pueden erosionar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, al proyectar un entorno de discrecionalidad en las compras públicas”.

Mientras que el boletín de Alianza por un Congreso Eficiente, señala que “respecto al artículo 47 de la iniciativa relativo a la compra de equipo para ciberseguridad y ciberdefensa, se establece que para las adquisiciones de bienes, equipos, sistemas o tecnologías destinadas a la ciberseguridad y ciberdefensa deberán realizarse bajo reserva en virtud de su carácter estratégico y por estar vinculadas a la seguridad nacional. Sin embargo, la disposición normativa no especifica si va destinada al sector público o privado, dado que este cuerpo normativo no hace distingo”.

Añade que “se estaría transgrediendo la legislación en materia de adquisiciones aspectos como la “reserva” y la “confidencialidad” por el contrario el artículo 30 constitucional establece que todos los actos de la administración son públicos”.

Según ATAL, “el dictamen contempla que el nuevo ente regulador rinda informes únicamente al Consejo Nacional de Seguridad, en carácter reservado. También dispone que adquisiciones en ciberseguridad se realicen bajo confidencialidad generalizada, lo que incrementa riesgos de opacidad y corrupción”.

Impacto negativo en sector privado y derechos fundamentales

Para Guatemala no se Detiene “esta falta de claridad puede traducirse en duplicidad de obligaciones, procesos poco transparentes y dudas sobre la protección de la información sensible que las empresas entreguen a las instituciones del Estado, lo que afectaría directamente la confianza de clientes, inversionistas y socios internacionales en el entorno digital guatemalteco”.

“A ello se suma que el texto no contempla un régimen administrativo preventivo que establezca obligaciones claras de gestión de riesgos, plazos de notificación y sanciones proporcionales. Esto dejaría a las empresas sin una guía normativa para fortalecer sus capacidades de seguridad de forma anticipada, obligándolas a actuar solo una vez producido el ataque, con el consecuente aumento de la vulnerabilidad y de las pérdidas económicas” continúa.

Y para ALTA, “el artículo 17 de la Iniciativa, en su redacción actual, plantea ciertas preocupaciones jurídicas y económicas para las empresas y en general personas jurídicas, al establecer un régimen de responsabilidad penal amplio para las personas jurídicas que podría entrar en tensión con los principios de legalidad y culpabilidad reconocidos en los artículos 12 y 17 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1 y 38 del Código Penal”.

ATAL coincide en que “disposiciones como el artículo 17 amplían la responsabilidad penal de personas jurídicas, en conexión con la Ley contra la Delincuencia Organizada, generando incertidumbre operativa y financiera que puede afectar la inversión y la competitividad”.

Vamos al grano | Volaris: “Necesitamos crear ya una autoridad que vigile la aviación”

Para Enrique Beltranena, CEO de Volaris, Guatemala enfrenta un rezago aeroportuario histórico frente a sus vecinos, arrastrando problemas de infraestructura, gobernanza y falta de reinversión. ¿La solución? Separar la función reguladora de la operativa.

Juan Manuel Fernández C.

5 de septiembre de 2025 | 06:00h

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Según Beltranena, no todo es infraestructura. Aunque se rehabilitó la iluminación, las pistas y otros aspectos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, hay abandono en las torres de control. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Guatemala enfrenta un rezago aeroportuario histórico frente a sus vecinos, ya que arrastra problemas de infraestructura, gobernanza y falta de reinversión.

Enrique Beltranena, presidente y director ejecutivo de Volaris, tiene claro el desafío y también una hoja de ruta que desataría muchos de los nudos de la actual coyuntura.

Su visión propone separar la función reguladora de la operativa, elevar el nivel de la Dirección de Aviación Civil y crear un operador nacional con respaldo estatal y privado, capaz de devolver competitividad al país.

Esta semana se transmitió su conversación con Ricardo García Santander en el videopódcast Vamos al Grano, de Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano en el tema del aeropuerto: 5 puntos

• Guatemala está rezagada en inversión aeroportuaria frente a países vecinos como Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, que han modernizado sus terminales con fuertes inversiones
• Falta claridad en la propiedad y administración del aeropuerto, pues participan varias entidades (Ejército, Dirección Civil, Aeroclub), lo que dificulta decisiones estratégicas
• Se requiere separar la función de regulador y operador, para garantizar imparcialidad, seguridad y eficiencia en la gestión
• Los ingresos del aeropuerto no se reinvierten en aviación, ya que se trasladan al fondo común del Estado, lo que limita mejoras sostenibles
• El mantenimiento actual ha sido lento pero firme, con avances visibles en infraestructura (pistas, iluminación, auditorías de seguridad), aunque todavía insuficientes

Puede reproducir aquí la versión completa:

O escuchar el episodio en Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano | Walmart: “Guatemala es el mercado del futuro para nosotros en Centroamérica”

Ejecutivo regional de Walmart México y Centroamérica detalla por qué decidieron invertir US$700 millones en 5 años en el país y qué falta para atraer nuevas inversiones y simplificar procesos logísticos.

Juan Manuel Fernández C.

7 de agosto de 2025 | 13:54h

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Walmart ya compra más de US$1,300 millones anuales a Guatemala para exportar principalmente a EE. UU. y Centroamérica. Ven potencial en fortalecer el “sourcing” local. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Durante el nuevo episodio de Vamos al grano, el videopódcast de Guatemala no se detiene, Ricardo García Santander, de Guatevisión, conversó con Aquileo Sánchez, director regional de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica.

El año pasado, la multinacional anunció que destinará US$700 millones en Guatemala en un período de cinco años, y que generará 3 mil 500 empleos directos.

“Ya hoy exportamos desde Guatemala más de US$1,300 millones que compra directamente Walmart para vender principalmente en tiendas de Estados Unidos. Mucho ello también se vende en Centroamérica”, indica.

¿Cuál ha sido el balance en el primer año de esta inversión? ¿Qué áreas de oportunidad puede mejorar el país como destino de inversión? Esto fue lo que se comentó durante el podcast.

Vamos al grano en el tema de atracción de inversiones: 5 puntos

• Certeza jurídica constante y tecnificada: La seguridad legal es el pilar para tomar decisiones de inversión. Propone tecnificar y automatizar los procesos públicos, ya que “la inversión es un animal asustadizo” y depende de que las reglas se apliquen con consistencia y sin discrecionalidad.
• Infraestructura y logística eficientes: Señala que el movimiento fluido de mercadería es crucial. Obstáculos como bloqueos en carretera o problemas naturales generan “estrés inmenso” a las operaciones, afectando a consumidores y trabajadores. Es deseable mejorar carreteras, muelles, aduanas y plataformas viales.
• Alianzas público-privadas, “el único camino”: Destaca que el Estado tiene recursos limitados y debe priorizar bien; el sector privado puede complementar con inversión. Las APP deben buscar mejorar la calidad de vida, simplificar la economía y resolver cuellos de botella.
• Digitalización de trámites: La falta de plataformas electrónicas ralentiza procesos. Proponen sistemas digitales que permitan a las autoridades procesar licencias y permisos con diligencia y transparencia, sin depender de papeleo físico.
• Formalización y combate a la informalidad: Guatemala tiene un comercio informal alto que no paga impuestos ni protege derechos del consumidor, indica. Esto representa un potencial de crecimiento si se logra migrar hacia la formalidad con incentivos y reglas claras.

Puede reproducir aquí la versión completa:

O escuchar el episodio en Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano | Todavía hay becas de inglés para jóvenes y adultos bilingües: ¿Qué hace falta?

Guatemala cuenta con fondos activos para becas de inglés dirigidas a jóvenes y adultos, con el objetivo de cerrar la brecha entre oferta laboral y formación bilingüe. Experta señala necesidad de acompañamiento, sobre todo a población joven, en gestión de estipendios.

Juan Manuel Fernández C.

11 de julio de 2025 | 06:00h

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El sector de tecnología y de programación es uno de los que más busca profesionales con manejo de un segundo idioma, según expertos de Agexport. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Guatemala cuenta con al menos tres fondos activos de becas para carreras técnicas, universitarias y también para aprender inglés. Hay becas dirigidas tanto a estudiantes en escuelas públicas como a jóvenes que ya se graduaron y buscan trabajo. Además, existen otros apoyos para formación técnica y profesional.

Para hablar de las oportundiades que hay con las becas de estudio en Guatemala, Fany D. Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport conversó con Laysa Palomo en un nuevo episodio de Vamos Al Grano, el videopódcast de Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano en 5 puntos

Dentro de la conversación, destacaron cinco puntos:

• Los fondos existen, pero no basta solo con dinero: Se han invertido más de Q240 millones pero el reto sigue siendo conectar estos recursos con quienes realmente los necesitan. El sistema se ha ido afinando, y ahora se está trabajando desde el Ministerio de Educación con apoyo de instituciones como Intecap, Universidad del Valle o el IGA.
• Acompañamiento es clave: Muchos jóvenes abandonan los programas porque no tienen la disciplina ni el seguimiento necesario. Se identificó que, además del apoyo financiero (becas, estipendios, equipo, internet), los participantes necesitan alguien que los guíe, motive y les recuerde que deben seguir.
• Becas son inclusivas y accesibles: No importa si vienes de un instituto público o privado, del área urbana o rural. Las becas están abiertas para cualquier persona que ya haya terminado el básico o el diversificado. Incluso hay opciones con horarios flexibles: de dos, cuatro u ocho horas diarias.
• El país tiene el talento, pero hay que activarlo: Guatemala es atractiva para empresas globales por su gente amable y con vocación de servicio, pero si no se cierra la brecha del idioma, las oportunidades se irán a otros países.
• Call centers, pero también hay más: Saber inglés también mejora las oportunidades para universitarios y técnicos en áreas como tecnología, programación y comercio internacional. En opinión de las expertas, debería ser obligatorio graduarse con dominio de al menos un idioma extranjero.

Puede reproducir aquí en video la conversación completa:

O en nuestro canal de Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

No más cuellos de botella: 5 ideas para abrir megainversiones en puertos

La Ley General del Sistema Portuario que discute el Congreso, propone una autoridad portuaria para agilizar inversiones. Diputados urgen mejorar logística con prepuertos, digitalización y conectividad, mientras se inician reparaciones en el corto plazo.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

10 de julio de 2025 | 06:00h

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Dos iniciativas avanzan en el Congreso de la República y podrían ser clave en seguridad portuaria, eficiencia y nuevas inversiones.

La primera es la 6541, Ley General del Sistema Portuario, presentada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Según Duvalier Castañón, diputado de la bancada oficialista, esta fue presentada el 15 de mayo, tuvo su primera lectura en el pleno la semana pasada y se envió a la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

El objetivo, según Castañón, es que la iniciativa sea aprobada antes de que finalice el segundo periodo de sesiones del 2025.

La ley busca crear una autoridad superior que supervise los puertos nacionales, como Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, modernizar las terminales y habilitar la inversión privada en su construcción y operación.

La segunda iniciativa es la Ley de Dragados y Rescate de la Capacidad Portuaria Marítima Nacional, presentada al Congreso el 20 de junio del 2024.

Esta propone establecer un marco legal para la planificación, ejecución y mantenimiento de dragados en puertos marítimos; incluye modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y habilita la contratación por administración o por contrato para esos trabajos. También establece que el dragado marítimo solo se considera inversión cuando se agote la vida útil de la infraestructura y se aumente la profundidad más allá del diseño original.

Para discutir la importancia de las iniciativas en el corto plazo, así como las decisiones necesarias a largo plazo, Guatemala No Se Detiene convocó a un foro sobre el futuro de los puertos. Participaron los diputados Elmer Padilla (Valor), Julio Héctor Estrada (Cabal) y Duvalier Castañón (bancada oficialista), junto al presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), José Antonio Lemus.
El presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, José de la Peña, también estaba invitado pero declinó su participación días antes de la grabación.

El foro fue transmitido por Guatevisión el 7 de julio y puede reproducirlo aquí:

Este es un resumen de cinco giros o acciones urgentes que se debatieron en el panel.

Gran autoridad de puertos y “condominio” de servicios

Lo primero que establece la propuesta de Ley General del Sistema Portuario es la creación de una autoridad portuaria. Según los panelistas, lo más urgente es agilizar la toma de decisiones relacionadas con inversiones. Aunque la ley actual ya es un instrumento, una autoridad portuaria podría convertirse en el ente garante para autorizarlas.

Según Julio Héctor Estrada, una autoridad portuaria debió establecerse “desde hace 40 años” y estar “por encima de las empresas portuarias nacionales, la empresa de Santo Tomás de Castilla (Empornac) o la Empresa Portuaria Quetzal”, para facilitar incluso decisiones sencillas como la autorización de un nuevo puerto.

El diputado añadió que una ley “tiene que permitir que esos puertos funcionen como un condominio de servicios portuarios, un landlord port, que el puerto sirva como un gran gestor, un administrador, pero que sean empresas especializadas en terminales de contenedores, de líquidos o de graneles específicos”.

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Por su parte, José Antonio Lemus defendió que la ley de la Empresa Portuaria Quetzal “ya permite la participación privada” y que ya opera como un landlord port. Recordó que Puerto Quetzal no solo depende del Estado, “sino de todos y cada uno de los que ahí intervienen, y la mayoría son prestadores de servicios privados”.

Estrada también señaló la necesidad de “separar los tiempos”, ya que “hace falta un marco regulatorio que le dé certeza jurídica y regulatoria institucional a inversiones más sostenibles y completas del sistema portuario nacional para los próximos 100 años”.

La idea de establecer una autoridad portuaria surgió desde noviembre del 2024, cuando el Congreso de la República aprobó el Decreto 26-2024, Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional. El objetivo es ordenar el funcionamiento de la autoridad que dirige el sistema portuario nacional y garantizar que los servicios ofrecidos —incluidas sus terminales especializadas— cumplan con los estándares internacionales de seguridad y con los acuerdos ya firmados por Guatemala. Todo ello con un propósito claro: modernizar los puertos, hacerlos más competitivos y fomentar su desarrollo.

Prepuerto, logística y conectividad

Estrada sugiere inspirarse en el modelo de Valparaíso, Chile, donde se construyó un prepuerto terrestre a 15 kilómetros del puerto marítimo, en el cual se preparan los contenedores antes de su ingreso.

“Está pegado en la montaña, en un espacio del tamaño del puerto de Santo Tomás de Castilla. Mueven tres o cuatro millones de contenedores en una ventanita, pero tienen un prepuerto kilómetros antes, donde se preprocesan, se manejan los contenedores, se empacan y se mandan listos para subir al barco”, explicó.

La referencia la hace para destacar la necesidad de ejecutar inversiones en logística, integradas con la red de carreteras, así como con puertos secos ubicados en ciudades intermedias del país, lo cual podría hacer más eficiente y rápida toda la cadena.

En Guatemala, las ciudades intermedias son núcleos urbanos que, sin ser la capital ni grandes metrópolis, cumplen funciones clave como centros de servicios, comercio, conexión territorial y gestión administrativa. Entre ellas figuran Quetzaltenango, Escuintla, Cobán, Puerto Barrios, Chiquimula y Huehuetenango.

“Urge planificar puertos secos, zonas logísticas y mejor conectividad vial y ferroviaria para reducir la saturación”, indica Estrada.

Su visión es que la eficiencia logística debe ir más allá del muelle, hacia rutas de distribución, almacenaje y despacho.

Castañón añade que es importante “tener prepuertos, para no estar como saturando la zona de desembarque con todo lo que se tiene que hacer en materia de logística y transporte terrestre”.

Automatización, digitalización y uso de la ley antitrámites

Una de las preocupaciones a corto plazo es cómo la burocracia de las autoridades que intervienen en el chequeo de contenedores contribuye a generar cuellos de botella.

Al respecto, Elmer Padilla fue drástico al afirmar que “el Ejecutivo se ha dormido en sus laureles con el tema de la ‘Ley Antitrámites’ (Decreto 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos). Tanto el Ministerio de Economía como la Comisión Presidencial para la Modernización y Digitalización de los Procesos han estado estancados y no han puesto en práctica la ley”.

Su opinión es que no solo se trata de la logística propia del puerto, sino también de otros actores involucrados: el Ministerio de Agricultura, la SAT y otras entidades que participan en los trámites realizados en el recinto portuario.

“El Ejecutivo bien pudiera iniciar ya a mejorar los procesos, identificar los procedimientos del Ministerio de Economía, ver cuáles deben hacerse y de qué forma podrían ser más ágiles”, señaló.

Por su parte, Julio Héctor Estrada sostuvo: “Con un acuerdo gubernativo bien hecho, con inversión en tecnología, sistematización y un enfoque integral que permita ver el procesamiento de todas las entidades públicas como un solo flujo —y no cada una haciendo sus cosas por su lado—, podemos aprovechar esa ineficiencia previa. Con tecnología, sistematización y un poco de coordinación, obtendremos suficiente oxígeno”.

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El diputado de Cabal criticó que “hemos visto propuestas, incluso algunas que han llegado al Congreso por el tema de los aranceles que nos impuso EE. UU., pero luego ese ministerio no contrata a los desarrolladores de tecnología, no invierte los recursos necesarios para crear el software ni para su implementación, y no visualiza todo el sistema como un procedimiento único”.

Duvalier Castañón opinó que la iniciativa de ley 6541 “viene a darle la autonomía necesaria a la autoridad portuaria para que pueda generar comisiones que, por la burocracia estatal, normalmente llevan mucho tiempo”.

“Reconocemos que los puertos no pueden estar sujetos a procesos burocráticos estatales: deben agilizarse”, concluyó.

Inversiones urgentes y ejecución inmediata

Los diputados coinciden en que, si bien la nueva ley tomará tiempo, las inversiones pueden comenzar ya, aprovechando el marco legal actual, como la Ley de Contrataciones del Estado.

“Hasta ahora hemos visto puertos en ambos océanos que, teniendo recursos, no reparan el muelle, no levantan licitaciones, tienen planes maestros… pero no dan mantenimiento a la maquinaria”, reclamó Julio Héctor Estrada.

Añadió que “el impacto de esta ley se va a ver con proyectos de licitación abierta y con regulaciones nuevas dentro de tres, cuatro o cinco años”.

Indicó que “el muelle de Santo Tomás de Castilla ya se va a caer cualquier día. Todo el mundo habla de Puerto Quetzal, pero no hablan de Santo Tomás, donde ese muelle ya se cae y no se puede poner una grúa encima. Nunca hemos logrado ver ni siquiera la licitación de un muelle 5 llevada a la fase de recepción de ofertas con transparencia”.

Su preocupación es que el puerto de Santo Tomás de Castilla necesita ejecutar numerosos proyectos de ampliación y reparación, ya que su estructura portuaria está corroída y desgastada.

Padilla añadió que “hay muchas inversiones por hacer, empezando por lo más urgente: el almacenamiento y la logística posterior al embarque. Con el tiempo que llevamos, ya se hubieran finalizado si los procesos se hubieran hecho de forma apropiada y correcta”.

En ese sentido, el vicealmirante José Antonio Lemus explicó que se evaluó la construcción de los muelles 5, 6, 7 y 8, y que “calculamos que, siguiendo la Ley de Contrataciones del Estado, nos íbamos a demorar 15 años en hacerlos”.

Padilla y Estrada replicaron que, si se usara esa ley de forma eficiente, no sería necesario esperar tanto tiempo.

Diseño de puerto a largo plazo y aguas profundas

Para hablar del futuro de los puertos, es indispensable referirse al convenio para la modernización y ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), con participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE), encargado del diseño, supervisión y auditoría del proyecto que busca fortalecer la infraestructura portuaria en un plazo de cuatro años.

En este proyecto, el Gobierno de Guatemala destinó más de Q241 millones para la fase de estudios y diseño, dentro de un presupuesto total estimado en Q500 millones. El costo inicial de la obra fue fijado en US$63.77 millones. La ampliación incluye 800 metros lineales en la dársena y el muelle.

Durante el foro, José Antonio Lemus informó que “también se está estudiando la ampliación de la dársena en el área oeste, adentro de la piscina que tenemos como área de acción de Puerto Quetzal”.

Agregó que también se analiza “el diseño y la concepción de un puerto de aguas más profundas, frente a nuestra instalación. Eso nos permitiría pensar en el puerto que Guatemala necesita para el año 2050 en adelante, porque esta construcción actual no se va a dar abasto, por el crecimiento abismal y abrupto de la demanda”.

Estrada subrayó que es urgente contar con un marco regulatorio que brinde certeza jurídica e institucional a inversiones más sostenibles y completas en el sistema portuario nacional durante los próximos 100 años. “No resolvemos con la ley de autoridad portuaria en los próximos cinco años. Resolvemos 50 años, y eso hay que hacerlo”, insistió.

“Lo que representaría el impacto de una ley general portuaria es la atracción de inversiones de mayor escala, ya pensando en el futuro y a largo plazo”, concluyó.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

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Detrás de las obras viales detenidas hay deficiencias en la planificación, temas financieros y falta de continuidad entre gobiernos.  Esta fue la conversación más reciente en el videopódcast Vamos Al Grano.

Juan Manuel Fernández C.

3 de julio de 2025 | 10:27h

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La construcción del paso a desnivel sobre la Calzada Roosevelt es uno de los proyectos identificados que han durado más tiempo del planificado en terminarse. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La infraestructura debe ser vista como inversión estratégica y no solo como gasto. Esta fue una de las conclusiones de Andrés Rivera, presidente de Aceros Arquitectónicos, quien conversó con Laysa Palomo en un nuevo episodio de Vamos Al Grano, el videopódcast de Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano en 5 puntos

Dentro de la conversación, destacaron cinco puntos:

• Voluntad para ejecutar: Aunque existen presupuestos y contratos asignados, según el experto muchas obras no avanzan porque las autoridades no las priorizan, por lo que hay oportunidad de mejorar.  
• Retrasos en los pagos estatales: Los constructores aclaran que necesitan capital de trabajo. Cuando el Estado no paga a tiempo, las obras se paralizan porque no hay recursos para comprar materiales ni para pagar salarios.
• Mejora en supervisión: Los mecanismos de control suelen intervenir cuando ya es demasiado tarde. Aunque cada obra debería contar con supervisión técnica, no siempre se hace cumplir de manera efectiva.
• Falta de planificación y visión de largo plazo: Muchos proyectos se inician sin estudios técnicos sólidos, sin cronogramas definidos y sin asegurar continuidad entre gobiernos.
• Falta de continuidad entre administraciones. Las nuevas autoridades tienden a revisar, pausar o cancelar proyectos iniciados por sus antecesores, lo que provoca retrasos prolongados.

Puede reproducir aquí en video la conversación completa:

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Vamos al grano | “Recibir un whatsapp con un trabajo falso ya es un ciberataque”

Experto alerta en capítulo de videopódcast que si Guatemala no apresura decisiones como tener una institución que lidere la ciberseguridad y reglas claras, el país es terreno fértil para los ciberdelincuentes. “No es solo el ataque, es cómo me recupero después del ataque” dice.

Juan Manuel Fernández C.

26 de junio de 2025 | 11:43h

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Una estafa por whatsapp puede ser considerada un ataque cibernético. (Foto Prensa Libre: Freepok)

“Hace ya varios años al sistema de justicia de Colombia le pusieron una bomba y destruyeron todos los archivos. Fue una pesadilla. Hoy no necesito una bomba para hacerlo. Hoy lo puedo hacer con un virus. Con una intervención tecnológica. Eso es un ataque masivo”.

Con este ejemplo, Sigfrido Lee, analista económico del Cien, reveló la urgencia de tener mejores instrumentos regulatorios en Guatemala contra la ciberdelincuencia. En una conversación fluida de 20 minutos, Laysa Palomo, conductora del videopódcast Vamos al grano, de Guatemala No Se Detiene, reflexionaron sobre los pasos que debe dar Guatemala en este paso.

Vamos al grano en 5 puntos

Dentro de la conversación, destacaron cinco puntos:

• El gobierno es un eslabón débil en el ecosistema digital: Muchas instituciones públicas no han desarrollado sus propios sistemas ni protocolos de ciberseguridad, lo que deja vulnerables incluso a los usuarios protegidos por sistemas privados.
• Guatemala ya ha sufrido ciberataques relevantes: El Ministerio de Finanzas fue blanco de un ataque fuerte hace unos años. Sin embargo, no existe un sistema adecuado de respuesta, recuperación o denuncia ciudadana ante estos hechos.
• No basta con leyes punitivas; se requiere prevención, resiliencia e infraestructura: La legislación existente se enfoca en tipificar delitos, pero se necesita también invertir en protección de infraestructuras críticas, continuidad de operaciones, y protocolos de recuperación post-ataque.
• El país necesita actualizar urgentemente su política de ciberseguridad: La actual data del 2017 y fue aprobada en 2019, lo cual es obsoleto considerando la velocidad del avance tecnológico, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial.
• Urge crear institucionalidad con autoridad, recursos y rectoría clara: Se necesita una entidad nacional que asuma la responsabilidad sobre la ciberseguridad, establezca protocolos, articule al ecosistema y permita denunciar y mitigar ataques. Actualmente, ninguna institución lo hace de manera efectiva.

Puede reproducir aquí en video la conversación completa:

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Vamos al grano | ¡Hasta 16 meses para tener un permiso de Salud!

Con digitalización, los farmacéuticos y los cosméticos podrían llegar más rápido a los guatemaltecos, ya que los permisos se pueden tardar hasta 12 o 16 meses. En el videopódcast Vamos al Grano de esta semana hablamos del tema.

Juan Manuel Fernández C.

19 de junio de 2025 | 10:52h

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Para el sector privado, digitalizar los procesos de permisos oficiales es la respuesta para agilizar la llegada de farmacéuticos y cosméticos al mercado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuando hablamos de farmacéuticos, como los medicamentos que son para el bienestar como las vitaminas o los jarabes, están incluidos los afines.

“Estos productos los utilizamos de forma diaria, algunos afines son el champú, el acondicionador, la crema de peinar, el perfume, entre otros. Hoy esos productos son afectados por la tramitología, por los atrasos percibidos en el Ministerio de Salud” indica Silvana Marsicovetere, directora de la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport.

Ella fue invitada en el videopódcast Vamos al grano, el videopódcast de Guatemala No Se Detiene y Prensa Libre, conducido por la comunicadora Laysa Palomo. En la conversación estuvo también Deborah Wellmann, de la empresa farmacéutica Wellco.

Vamos al grano en 5 puntos

Dentro de la conversación, destacaron cinco puntos:

• Digitalización de procesos: Es fundamental digitalizar permisos para agilizar los tiempos de espera. Esto permitiría un seguimiento en tiempo real de los expedientes, brindando transparencia y reduciendo la incertidumbre para las empresas.
• Retrasos en la industria farmacéutica: Los trámites para registrar medicamentos, que antes tomaban cuatro meses, ahora pueden tardar hasta 16 meses. Esto puede limitar la capacidad de las empresas farmacéuticas para innovar y competir internacionalmente.
• Impacto económico negativo: Los retrasos en la obtención de permisos afectan la competitividad, especialmente en exportaciones. Sectores como el cosmético-higiénico, que genera más de US$600 millones anuales, y el farmacéutico, con US$400 millones, se ven particularmente perjudicados.
• La colaboración entre el sector privado y el gobierno es esencial. El sector privado está dispuesto a apoyar con propuestas y tecnología para mejorar los procesos de permisos de la mano con el Ministerio de Salud.
• Desafíos en la innovación: Desarrollar nuevos productos en los sectores farmacéutico y cosmético puede tomar de seis a nueve meses. Sin embargo, los retrasos en los registros duplican el tiempo y aumentan los costos, afectando la innovación y la capacidad de respuesta al mercado.

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“Que funcionen bien”: guatemaltecos piden mejoras en gestión de puertos y del aeropuerto

Informe de DataLab, con herramienta de escucha en redes sociales, detecta reclamos de guatemaltecos sobre infraestructura. Aeropuerto argumenta que hay un plan y que se heredan temas de administraciones anteriores.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

12 de junio de 2025 | 06:00h

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Los temas de puertos y aeropuertos pueden generar conversaciones en redes sociales cuando ocurren fenómenos muy puntuales, como sucedió en septiembre pasado, cuando se viralizó la situación de las gradas eléctricas en la terminal de La Aurora, o el 20 de febrero último, con una fotografía de barcos en espera en Puerto Quetzal.

Con el objetivo de realizar un análisis de sentimiento sobre los temas y tonos que utilizan los guatemaltecos en plataformas sociales respecto de la infraestructura, un estudio de escucha social realizado por DataLab, con la herramienta de analítica especializada GOO, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, reveló hallazgos específicos.

El primero de estos es que siete de cada 10 menciones que hacen los guatemaltecos sobre infraestructura en redes sociales se refieren al estado de las carreteras. En segundo y tercer lugar figuran preocupaciones relacionadas con el aeropuerto, los puertos y el transporte público.

De hecho, el 13% de las menciones en el período de interés se enfocaron en infraestructura portuaria y aeroportuaria. En ese rubro, siete de cada 10 menciones fueron sobre el aeropuerto, dos de cada 10 se referían a puertos y el resto, a aeródromos.

Perciben inacción

Durante el período de estudio, las conversaciones en redes sociales reflejan una preocupación persistente por diversas deficiencias en la infraestructura del país, particularmente en puertos y aeropuertos.

Otra constante en las interacciones de los usuarios fue la desconfianza en el manejo de los fondos públicos. La escucha en redes sociales detectó conversaciones con expresiones como: “obras o acciones no se ven” o, en caso de ejecutarse, “están mal hechas”. Esta percepción se intensifica cuando, a pesar de los comunicados del aeropuerto que anuncian la destinación de recursos para mejoras, los ciudadanos afirman que “no se ven resultados”.

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En lo referente a los puertos, hubo múltiples menciones sobre “pérdidas de dinero” debido al “mal manejo en puertos”.

En particular, se reportó la “espera de días en Puerto Quetzal” como un síntoma de “ineficiencia operativa”. A pesar de que algunos participantes reconocieron que “la intención es buena”, también señalaron que no se ha demostrado la capacidad necesaria para implementar mejoras sustanciales.

En cuanto a la corrupción, si bien no fue el tema dominante, el 13% del total de las conversaciones hizo referencia directa a este fenómeno, lo cual indica que sigue siendo una preocupación general entre los ciudadanos.

“Otros países nos superan”

En la línea temporal de este capítulo del estudio, las menciones y el volumen de conversación aumentaron en momentos puntuales, como:

• 20 de septiembre: por el presupuesto designado a aeropuertos y la falta de funcionamiento de las gradas eléctricas.
• 30 de enero: menciones sobre la posibilidad de puertos privados y modelos similares para aeropuertos y carreteras. También se alude a “la necesidad de eliminar impuesto a combustibles e IVA de gasolina/Diesel”.
• 20 de febrero: se denuncian decenas de barcos en espera en Puerto Quetzal.
• 27 de febrero: guatemaltecos comparan la construcción del Aeropuerto del Pacífico, en El Salvador, donde indican que “El Salvador nos lleva años de avance” y que en Guatemala no hay una buena gestión de recursos y que “necesita un líder con metas claras”. Se percibe “corrupción” en el sistema por “contratos amañados, sobreprecios y obras sin supervisión”. “Países como El Salvador y Panamá nos superan”. “Puerto Quetzal ya no es líder regional”. Mencionan “desconfianza” en el uso de presupuesto por la “falta de implementaciones y mala planificación”. Privatización como debate pendiente: “¿Es la solución, o solo empeorará los monopolios?”

¿Cómo se explican las críticas?

El estudio revela una percepción de desconfianza general hacia la función pública en materia de infraestructura.

Para Jorge Benavides, analista de la mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene, al leer el estudio, observa que el interés se centra en “tener un aeropuerto funcional, siendo la cara que da Guatemala hacia los que nos visitan, siendo turistas, pero también inversionistas. El haber pasado tanto tiempo con deficiencias en el funcionamiento esencial de un aeropuerto, como es el área de recepción de las personas con condiciones de aire acondicionado, agua en los baños o cosas mucho más importantes como es el tema de seguridad del lugar por donde transiten la terminal aérea, la pista de taxeo, diría yo que empieza a ser también esa cara de Guatemala hacia el mundo”.

En el caso de los resultados sobre puertos, Benavides indica que “poco pareciera que las personas sienten el impacto del funcionamiento de un puerto, lo ven lejano, pero cuando uno revisa las conversaciones respecto del precio de los insumos, los tiempos de despacho para el sector empresarial de productos que vienen, ya sea en graneles o vienen contenedorizados, del impacto que tiene otra vez hacia afuera el que haya buques que están esperando 40 días a un costo más o menos de US$80 mil US$100 mil el día, eso empieza a hacer conciencia de que la infraestructura del país no está bien”.

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Añade que “si vemos el sentir de las conversaciones que se genera, precisamente es un sentir negativo. Y estamos viendo la necesidad de abordarlo, y no solamente de plantear propuestas grandes, innovadoras, disruptivas, sino simplemente mantener la infraestructura funcionando pareciera ser una de las principales peticiones de la población”.

En cuanto al estudio, en el análisis de sentimiento, muchas de las conversaciones fueron neutrales. La herramienta analizó conversaciones de autores únicos (sin incluir publicaciones compartidas), con casi cuatro de cada 10 menciones calificadas como negativas, relacionadas con puertos y aeropuertos (37%), y apenas una de cada 10 (11%) como positivas. El resto (51%) son “neutrales”.

En perspectiva, “el tema del aeropuerto ya está en una nueva fase, se ha logrado la instalación de los equipos que hacían falta, el tema de atención al usuario, se está invirtiendo en la pista de taxeo. Tenemos que hablar ahora de la reforma legal de todo el sistema de aeronáutica civil y lo más importante que sigue siendo puertos”, indica el analista.

Concluye que “no es en vano el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos de apoyar a través del cuerpo ingeniero del Ejército de Estados Unidos. Un rediseño de los puertos en el Pacífico, eventualmente esperemos que también los puertos del Atlántico y ojalá se incluya también el análisis del corredor ferroviario”.

AILA: “El aeropuerto ha mejorado”

Consultado sobre los resultados del estudio, Erick Uribio, administrador y gerente general del Aeropuerto Internacional La Aurora, argumenta que el aeropuerto ha mejorado tanto en eficiencia como en seguridad operacional. Recalca que los mayores retos no son solo de infraestructura, sino también de coordinación normativa, cumplimiento de regulaciones internacionales y procesos de recertificación.

Detalla los avances logrados en la modernización del AILA y destaca “mejoras significativas en infraestructura, seguridad y experiencia del usuario”. Las acciones incluyen la rehabilitación de la pista de taxeo, la renovación de sanitarios, iluminación y sistema eléctrico, así como la instalación de un nuevo sistema de voceo con apoyo de la cooperación internacional, especialmente de China-Taiwán.

Añade que se han realizado labores de recuperación de áreas, impermeabilización de techos, modernización de la plaza de comidas y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. Defiende que “muchos de estos trabajos, aunque no siempre visibles para el pasajero, responden a problemas estructurales heredados y se están ejecutando con base en procesos administrativos y legales complejos”.

De cara a 2025-2026, el plan contempla proyectos como la renovación de muelles, ampliación de la planta de tratamiento, modernización del sistema de fajas y carruseles, adquisición de motobombas, digitalización de señalización y mejoras en el centro de operaciones de emergencia, informa.

Se intentó obtener una versión de la Comisión Portuaria Nacional, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Ficha técnica: ¿Cómo se hizo el estudio?

Entre el 20 de agosto de 2024 y el 20 de marzo de 2025 se llevó a cabo un análisis de conversaciones digitales de usuarios únicos en Guatemala sobre temas de infraestructura, a partir de tecnologías de escucha social. El estudio se enfocó en tres áreas clave: infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria, y transporte masivo. Para ello, se utilizaron palabras clave específicas que permitieron monitorear conversaciones en redes sociales y medios tradicionales.

La herramienta utilizada fue la tecnología de Goo, implementada por la empresa DataLab, para el monitoreo de flujos sociales, medios mainstream y análisis de perfiles.

En el ámbito vial, se publicaron los resultados el pasado 10 de abril.  En el sector aeroportuario y portuario, se identificaron referencias a aeropuertos como La Aurora y Santo Tomás de Castilla, así como términos vinculados a sistemas portuarios y dragado.

Para la recopilación y análisis de datos se emplearon herramientas de monitoreo de flujos sociales, que permitieron rastrear conversaciones en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y Reddit, además de medios de comunicación tradicionales. Se consideraron únicamente publicaciones originales de autores únicos, es decir, cuentas individuales que generaron contenido propio, sin incluir republicaciones o duplicaciones.

Asimismo, se identificaron usuarios constantes, definidos como aquellos que realizaron más de diez publicaciones dentro del período analizado.

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Vamos al grano | Oportunidad para desfogar puertos, 53 importadores “los usan como bodegas”

En el más reciente episodio del videopódcast Vamos al grano, se revela que un estudio de la gremial logística de la Cámara de Industria de Guatemala, en equipo con la SAT, detectó oportunidades de mejora para descongestionar la actividad portuaria.

Juan Manuel Fernández C.

5 de junio de 2025 | 11:24h

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La congestión de puertos en 2025 es un tema que mantiene ocupado al sector logístico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El desfogue en carreteras, el uso de las plataformas digitales y almacenar la mercadería en depósitos extraportuarios y no en el propio puerto, son algunas de las soluciones que surgieron durante el más reciente capítulo de Vamos al grano, el videopódcast de Guatemala no se detiene, conducido por Laysa Palomo y con la participación de Herlindo Herrera, director de Comunicaciones de la Gremial Logística de la Cámara de Industria de Guatemala.

¿Por qué algunos productos se atrasan? Este y otros temas se abordaron durante la conversación.

Vamos al Grano en 5 puntos

Según el invitado, estos son 5 puntos que surgen de la situación actual de los puertos:

• Los puertos no son entes aislados, sino parte de una cadena logística más amplia, que incluye carreteras, depósitos aduaneros, zonas francas y transporte terrestre. Si falla una parte, se afecta todo el sistema.
• El comercio global se transformó tras la pandemia, provocando rupturas en la cadena logística, aumento de consumo e imprevisibilidad en los fletes, lo cual impacta directamente en los precios al consumidor. Hay un déficit de 13,000 pilotos de transporte en Guatemala, lo cual agrava los tiempos de entrega y congestiona los patios portuarios.
• Capacitar a los grandes importadores para que desocupen sus contenedores más rápido, evitando usar los puertos como bodegas. Se detectó que 53 importadores usan los puertos como bodegas, cuando deberían ser solo puntos de tránsito breve.
• La aprobación y puesta en marcha de una política portuaria integral se percibe como urgente, no solo para invertir en infraestructura, sino para digitalizar trámites y hacer más competitivo al país a nivel regional.
• Digitalizar completamente los trámites aduaneros y ministeriales, eliminando procesos manuales que generan cuellos de botella.

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Una agencia para defenderse de ataques digitales y 3 propuestas más de ciberseguridad

Guatemala no tiene una autoridad ni un centro de respuesta a incidentes especializado en ciberamenazas, por lo que se preparan iniciativas legales para sobrellevar esas eventualidades.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

5 de junio de 2025 | 06:00h

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La iniciativa de ley sobre ciberseguridad e infraestructuras críticas espera dictamen. Implica crear un centro de respuesta y una secretaría

Aunque se descartó que fuera un ciberataque, en abril de 2025 España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico masivo que activó los mecanismos de respuesta a nivel nacional. Estos centros coordinan la respuesta a incidentes en sectores estratégicos como energía, transporte, banca, salud y telecomunicaciones.

En Guatemala, en este momento no existe un centro de respuesta con estándares internacionales, aunque en estos momentos se trabaja un paquete de tres iniciativas de ley que busca acelerar la reglamentación que persigue a los estafadores en línea y a los cibercriminales que atacan a escala nacional.

“No podemos tener infraestructuras críticas comprometidas”, sentencia Jorge Mario Villagrán, diputado presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República durante un foro transmitido por Guatevisión dentro de la alianza con Guatemala No Se Detiene.

La preocupación del panel de expertos se centró en que en Guatemala no existe un marco normativo uniforme que obligue a hospitales, centrales eléctricas, redes de agua o al control del tráfico aéreo a adoptar estándares mínimos de ciberseguridad.

“Hoy nadie nos defiende, porque no tenemos un marco regulatorio que nos haga perseguir los ciberdelitos… muy pronto vamos a tener un marco legal en el cual podemos trabajar para protección de los ciberdelitos” dice Villagrán.

Particularmente se refirió al paquete de iniciativas que incluye la 6347, Ley de Ciberseguridad; la relativa a infraestructuras críticas, y la de protección de datos. Todas están a la espera de dictamen para iniciar su camino en el pleno legislativo.

En el foro, transmitido el pasado 2 de junio por Guatevisión –y disponible en YouTube–, también participaron Amílcar de León, experto privado en ciberseguridad, y María Zaghi, comercializadora de CampusTec y representante del Observatorio de Tecnología. El conversatorio fue moderado por el periodista Guillermo Velarde.

Vea aquí el foro completo:

Las propuestas incluyen puntos específicos que podrían cambiar la forma en la que Guatemala se defiende de los cibercriminales.

Un catálogo infraestructuras críticas

Según De León, “en Guatemala no contamos con un listado de qué es una infraestructura crítica o cuáles son, por ejemplo, el sector financiero, el azucarero, el cafetalero”. Sin embargo, añadió que unidades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) han creado dependencias especializadas ante el aumento de incidencias.

Entretanto, los expertos abogaron por que Guatemala cuente, por primera vez, con reglas claras y un sistema coordinado para proteger sus servicios más vitales de las amenazas cibernéticas.

Dicha ley sentaría las bases legales para crear un catálogo oficial de infraestructura crítica, definir y clasificar qué tipo de instalaciones y sistemas deben incluirse e identificar activos concretos que, de ser comprometidos, pondrían en jaque al país. Además, establecería métodos y criterios para evaluar riesgos y vulnerabilidades de cada elemento.

“Tenemos el ejemplo del sitio arqueológico Xayá-Pixcayá, que en 2023 sufrió un ataque, y de la hidroeléctrica Chixoy, que ha sido blanco de intentos. No podemos tener infraestructuras críticas comprometidas”, complementa Villagrán.

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Añade que cada ministerio debería elaborar un catálogo de lo que considera sus activos críticos. “La ley contempla que estos catálogos no serán públicos para evitar que los ciberdelincuentes tengan acceso a la información”.

Su visión es que las cámaras también deben señalar cuáles son sus empresas críticas. “Debemos tener muchísimo cuidado con esa parte porque se puede creer que se está tratando de invadir la propiedad privada, pero no es así”, asegura.

Además de ríos, subsuelos o yacimientos minerales, que pueden ser considerados como infraestructuras críticas naturales, en Guatemala se han identificado otras como hospitales, puentes, aeropuertos, carreteras, puertos, aduanas, depósitos de combustible y centrales hidroeléctricas, que cada órgano del Ejecutivo debería categorizar de manera institucional.

Un centro de respuesta a incidentes

Para Zaghi, en esta etapa de discusión es importante coordinar lo que llama una “gobernanza inclusiva” y “descentralizada”, quizás apoyada en tecnologías como blockchain.

Según Villagrán, la ley contempla la fundación de una Secretaría de Infraestructuras Críticas dentro del Consejo Nacional de Seguridad, con autonomía para coordinar a todos los actores involucrados en la estrategia de ciberseguridad.

“Anualmente se registran más de 360 mil millones de intentos de ataques solo en Latinoamérica, según De León. Aquí estamos hablando solo de Guatemala. ¿Cuántos de estos llegan a ser efectivos? Hay un déficit de profesionales de más de 4 millones en el mundo. Entonces, no es solamente una cuestión de decir que existe o no una ley”.

En este marco, los panelistas también coincidieron en la necesidad de crear institucionalidad alrededor de la ciberseguridad y la ciberdefensa. En primer lugar, con la secretaría autónoma que mencionaba Villagrán, y en segundo, con lo que se conoce en inglés como un centro de respuesta a incidentes, o CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Según una definición solicitada por Prensa Libre al equipo de Comunicación de Villagrán, este centro “contará con las facultades para dirigir y coordinar la respuesta a incidentes de seguridad informática con instituciones públicas y privadas; sean estos relativos a la ciberseguridad y ciberdefensa del Estado de Guatemala”.

“El problema que tenemos es dónde lo vamos a colocar –el centro de respuesta–, porque la gobernanza es una parte muy importante del sistema de seguridad no solo nacional, sino que de toda Guatemala”, dice Villagrán.

La propuesta debe establecer la institucionalidad, principios y normativa general que permitirán estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los diferentes organismos del Estado y particulares.

De León aporta que “España tiene siete CSIRT especializados; (pero) nuestro objetivo debe ser, primero, contar con un CSIRT robusto y luego descentralizar”. Para Villagrán, también el centro de respuesta debe ser autónomo, con participación público-privada y “sin politización”.

Ciberdelitos definidos

“En donde tuvimos un poco de más retraso fue en los ciberdelitos, que requería mucho trabajo de cómo tipificarlos. La ley va a estar un poco dura en lo que respecta a las penas, y evitar que sean de esas de que usted salga de prisión con un pago, porque si no los jueces se van a ir por lo más fácil”, informa.

De León complementa que existen en el Código Penal “algunos pocos artículos que no hablan de cibercrimen ni de ciberseguridad, pero es lo que tenemos hoy”. Por ejemplo, agrega, “la extorsión es un delito que ya está tipificado, solamente que hoy en día lo tenemos ejecutado con herramientas digitales, lo que ya crea el nuevo término de ciberextorsión”.

La Convención de la ONU contra el Delito Cibernético establece por lo menos una decena de nuevos ciberdelitos, que van desde el robo o fraude relacionados con un sistema de tecnología hasta la difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo o la falsificación informática. La lista la continúan violaciones como la instigación con fines sexuales contra menores o la interceptación ilícita de datos no públicos transmitidos a través de diversas tecnologías.

“Los que están detrás del ataque no están en Guatemala, y eso complica la situación enormemente porque, a diferencia de un crimen convencional, en donde tenemos un arma homicida en una escena del crimen, acá no sabemos en qué parte del mundo se puede encontrar a la persona que está detrás de la computadora haciendo el ataque”.

Según el equipo de comunicación de Villagrán, ya se completó la revisión de la mayoría de los puntos referentes a la iniciativa de ley de ciberseguridad, a excepción del apartado de ciberdelitos y gobernanza. Estiman que, en un mes, se contaría con el dictamen de la ley, no obstante, señalan que este podría retrasarse por motivos de agenda y reuniones.

Cooperación internacional

El experto De León es enfático en que Guatemala necesita del apoyo internacional. “No hay país que pueda independientemente con un ataque donde estamos hablando de que cuatro, cinco, seis países se unen con un ejército de cibercriminales para atacar una víctima”.

En este sentido, Villagrán informó que Guatemala renovó su suscripción al Convenio de Budapest el 12 de abril y tiene tres años más para alinearse.

El Convenio de Budapest es un instrumento que incluye estándares internacionales mínimos y normativa de derecho internacional relacionada con el tema de ciberseguridad.

“Es clave la cooperación público-privada e internacional (Convenio de Budapest). Sin regulación local no podemos formalizar un CSIRT ni hacer efectivo el convenio”, añade De León.

Paralelamente, está pendiente la socialización de las iniciativas mencionadas y su trámite para dictamen.

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Vamos al Grano | Por qué el turismo de volcanes podría ser el próximo producto estrella de Guatemala

El turismo volcánico en Guatemala tiene un gran potencial, según experto y operador turístico Diego Díaz, pero aún enfrenta retos básicos de acceso, infraestructura y servicios. Existe oportunidad para convertir estas rutas en experiencias seguras, ordenadas y competitivas a nivel internacional, indica.

Juan Manuel Fernández C.

29 de mayo de 2025 | 10:55h

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La ausencia de rutas claras, transporte público adecuado y facilidades esenciales como pagos digitales son oportunidades para fortalecer el turismo de volcanes. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

Diego Díaz, operador turístico, expresidente de la Cámara de Turismo y actual presidente del Buró de Convenciones de Guatemala fue el invitado del capítulo de estreno de Vamos al grano, el videopódcast de Guatemala No Se Detiene.

En este episodio, Díaz menciona que el turismo relacionado con los volcanes, especialmente en los volcanes de Fuego y Acatenango, es un fenómeno relativamente nuevo en Guatemala. Señala que este tipo de experiencia se ha vuelto popular recientemente, generando incluso congestionamiento de turistas subiendo y bajando de las rutas, algo impensable hace diez años. “El espectáculo de ver un volcán activo ha captado mucho interés, especialmente a través de videos virales en Instagram y otras plataformas, provocando la reacción del público: “¿Dónde es eso?” indica el ejecutivo.

Pese a que el operador lo cataloga como una oportunidad turística única, las limitaciones de acceso, servicios y logística pueden convertirse en las próximas políticas públicas que accionen y conviertan al destino en un producto estrella, como lo tienen otros países.

Este es un extracto de lo platicado en el capítulo de esta semana.

Vamos al Grano en el tema del tráfico: 5 puntos

Según el experto, estas son acciones de corto y mediano plazo que se pueden implementar:

• Mejorar la logística y acceso a destinos turísticos: Se propone facilitar el desplazamiento a destinos clave como Antigua Guatemala, Tikal o Huehuetenango mediante mejores carreteras, señalización adecuada y control de bloqueos que afecten la experiencia turística.
• Desarrollar productos turísticos “estrella”: Guatemala debe identificar y potenciar productos únicos como los volcanes, una tendencia en franco ascenso que genera contenidos que viajan rápido por las redes sociales, replicando estrategias exitosas como Surf City en El Salvador, y construir experiencias integradas alrededor de estos destinos prioritarios.
• Modernizar la Ley Orgánica del Inguat: Actualizar la legislación permitiría adaptar el uso de fondos a las necesidades del turismo moderno, en donde las plataformas de alojamiento y reservas son indispensables para los visitantes.
• Involucrar al sector privado en decisiones de política turística: Formar comités con incidencia real fortalecería la cadena de valor del turismo, permitiendo que quienes operan en el sector aporten en la planificación y ejecución de proyectos clave para el país.
• Alianzas con comunidades locales a los destinos: Que las comunidades cercanas se beneficien directamente del turismo, participen en el desarrollo de servicios y se preparen para recibir visitantes con calidad y seguridad.

Puede reproducir aquí en video la conversación completa:

O en nuestro canal de Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

Vamos al grano | Más vivienda y anillos: las propuestas para descongestionar la ciudad de Guatemala

Iniciativas van desde habilitar más unidades habitacionales en el centro y reducir viajes, hasta cuatro anillos que bordeen zonas altamente pobladas. Esto fue lo que conversamos con Eddy Morataya, de la Municipalidad de Guatemala.

Juan Manuel Fernández C.

22 de mayo de 2025 | 09:59h

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La ciudad de Guatemala maneja entre ocho y nueve millones de viajes diarios en un día hábil. Esto representa un promedio de tres viajes por persona. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Eddy Morataya, gerente de la Empresa Municipal de Transporte de la Municipalidad de Guatemala fue invitado en el primer episodio del videopódcast Vamos Al Grano, de Guatemala No Se Detiene, con el fin de buscar soluciones ante la masiva entrada diaria de vehículos a la capital.

Morataya, en una conversación moderada por Laysa Palomo, indica que la ciudad de Guatemala maneja entre ocho y nueve millones de viajes diarios en un día hábil. Esto representa un promedio de tres viajes por persona aproximadamente.

Vamos al Grano en el tema del tráfico: 5 puntos

Según el experto, estas son acciones de corto y mediano plazo que se pueden implementar:

• Completar anillo: Finalizar el anillo periférico que circunda la ciudad, especialmente en el sur, conectando puntos clave como la Universidad de San Carlos, el Atanasio Tzul y las zonas 13 y 14, para descongestionar rutas internas.
• Desarrollar anillos restantes: Consolidar el segundo anillo que bordea entre Ciudad de Guatemala y municipios vecinos; el tercero; conectar centros urbanos de los municipios aledaños y un cuarto anillo: de escala departamental, enfocado en la movilidad de bienes y producción sin necesidad de ingresar a la capital.
• Vivienda prioritaria dentro de la ciudad: Implementar proyectos habitacionales accesibles en zonas urbanas que estén a menos de 560 metros de una estación de transporte público, para reducir la dependencia del automóvil.
• Más servicios fuera del municipio central: Fomentar que las ciudades dormitorio (como Villa Nueva) desarrollen infraestructura educativa, comercial y laboral para que los residentes puedan estudiar, trabajar y realizar actividades sin desplazarse a la capital.
• Reubicar centros logísticos a las periferias: Descentralizar predios de abastecimiento y logística actualmente ubicados en zonas centrales de la ciudad.

Puede reproducir aquí en video la conversación completa:

O puede escucharla en Spotify:

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.

Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene lanzan videopodcast Vamos Al Grano

Vamos Al Grano, el nuevo contenido de periodismo de soluciones de Guatemala No Se Detiene estará disponible desde el 21 de mayo en YouTube —en los canales PrensaLibreOficial y Guatevisión_oficial— y en Spotify, en Prensa Libre Guatemala.

Juan Manuel Fernández C.

19 de mayo de 2025 | 08:00h

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La conductora de esta primera temporada de Vamos Al Grano será Laysa Palomo, y el primer episodio será sobre una posible solución al tráfico en la capital: rodearla, en lugar de atravesarla todos. (Fotoarte Prensa Libre: Juan Diego González y Marcos Gálvez)

La penetración de formatos de streaming de audio y video en Guatemala —y en la región, en general— viene en franco aumento desde el año 2023, según mediciones de consultoras especializadas como Comscore.

Puntualmente, casi la mitad de guatemaltecos (4 de cada 10) muestran interés por los formatos de audio bajo demanda —podcast—, según la misma fuente, y en 2024 el incremento de consumo en plataformas de video vertical aumenta específicamente en el público femenino.

En este contexto, Prensa Libre, dentro alianza Guatemala no se detiene, anuncia el lanzamiento del videopodcast Vamos Al Grano, un espacio ameno de diálogo constructivo pero muy directo, sobre los temas más agudos que impactan en la generación de empleo en el país y aquéllos que podrían estar dilatando el desarrollo.

El formato mantiene la línea de ofrecer periodismo de soluciones, orientado a analizar la coyuntura, respaldado en datos creíbles, con un tono propositivo para incidir en las políticas públicas que aceleren la creación de plazas formales de trabajo y la competitividad económica de Guatemala.

Vamos Al Grano, el videopodcast de Guatemala No Se Detiene

A partir de este 21 de mayo, a las 18.00 horas, usted podrá ver y escuchar cada episodio de durante las próximas diez semanas por los canales de YouTube de Prensa Libre y Guatevisión, en el espacio Vamos al Grano. También podrá escucharlo en la cuenta de Spotify Prensa Libre Guatemala, en estreno cada jueves a las 7.00 horas. 

Los primeros cinco episodios de Vamos Al Grano abordarán temáticas como: ¡Capital del tráfico!: ¿Y si rodeamos la ciudad de Guatemala en lugar de que todos la atravesemos? (21 de mayo); Ruinas y selva maya: ¿Cómo vender Guatemala al mundo? (28 de mayo); ¿Qué piensan los cibercriminales de Guatemala? (4 de junio); “Esperé meses por una licencia para operar”: La burocracia corta las alas (11 de junio) y “Puentes sin terminar: Qué hace falta para concluir las obras que empezamos” (18 de junio). La temporada completa es de diez episodios. 

En este link puede elegir el canal de su preferencia para escuchar Vamos Al Grano. 

La conductora de esta primera temporada de Vamos Al Grano será Laysa Palomo, reconocida comunicadora social con más de 10 años de experiencia en relaciones públicas e imagen y conocedora de temas relacionados con política pública. Fue alumni 2024 del fellowship YLAI del Departamento de Estado de EE. UU.

Sobre Guatemala No Se Detiene 

Desde agosto de 2023, Prensa Libre, Guatevisión y la estrategia multisectorial Guatemala No Se Detiene mantienen una alianza de contenidos para impulsar la solución de problemáticas nacionales relacionadas con la capacidad para generar empleo.

Cada lunes, a las 22.00 horas (después del noticiero estelar), por Guatevisión, se estrenan programas periodísticos con temas que van desde la necesidad de nueva infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, hasta los avances del sector privado del país, en conjunto con sus contrapartes estatales, en atracción de inversiones, desarrollo de capital humano, promoción turística, entre otros.

Los jueves se publica un reportaje especializado en la edición impresa de Prensa Libre, y todos los contenidos están disponibles en un micrositio dentro de Prensalibre.com.

Hoy, a la parrilla de contenidos de esta alianza, se une el videopodcast Vamos Al Grano, como parte del esfuerzo por acercar a las audiencias las acciones que se preparan y están por ejecutarse, relacionadas directamente con una mayor capacidad para generar empleo.

Guatemaltecos reclaman “abandono en carreteras” y piden al gobierno plan preventivo

Usuarios critican a autoridades por “mala gestión de fondos públicos” y señalan lista de obras descuidadas, en reciente informe de DataLab que utilizó una herramienta que monitorea conversaciones en redes sociales.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

10 de abril de 2025 | 06:00h

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El viaducto sin terminar sobre la Calzada Roosevelt fue una de las obras mencionadas por usuarios durante el período de estudio. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Las redes sociales son un espacio de catarsis para los guatemaltecos cuando deben hablar del estado de la infraestructura en el país.

Un estudio de escucha social practicado por DataLab, con la herramienta de analítica especializada GOO, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, reveló que siete de cada 10 menciones que hacen los guatemaltecos sobre infraestructura en redes sociales se refieren al estado de las carreteras.

Puntualmente, el estudio agrupa que el “dolor principal” de la audiencia es que urge una auditoría independiente de las obras en abandono y un plan de mantenimiento preventivo.

La temática destacada cuando se habla de infraestructura vial son las carreteras, que acaparan el 70% de la conversación.

El reclamo, según el análisis, es que existe un patrón de abandono en infraestructura: falta de planificación a largo plazo, posible mala gestión de fondos públicos y ausencia de supervisión en licitaciones.

“Nos estamos yendo a lo más básico, que es que funcione la red vial que tenemos. No estamos hablando de ampliaciones, sino del simple mantenimiento de lo que ya debiera ser un activo bien administrado por parte del Estado” analiza Jorge Benavides, analista de Fundesa, al ver los resultados.

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Los 3 temas de discusión (y dónde ocurren)

Los “cuadriláteros digitales” donde ocurren estas discusiones ciudadanas, en cuanto a plataformas, son principalmente TikTok (47.1%) y X (36.2%), con una menor proporción en plataformas de noticias y Facebook.

• La infraestructura vial domina las conversaciones digitales: dentro de un universo de 107 mil usuarios únicos y casi medio millón de menciones relacionadas con los temas rastreados (497,330), siete de cada 10 se refieren a las carreteras, con un promedio diario de 1,711 menciones. Las discusiones que ocupan la mayor proporción de la conversación incluyen carreteras, puentes y pasos a desnivel.
• El transporte masivo y público ocupa el segundo lugar en relevancia, con 413 menciones diarias. La discusión gira en torno a la calidad del servicio, la movilidad urbana y las alternativas de transporte disponibles.
• En tercer lugar, se encuentra la infraestructura aeroportuaria y portuaria, con aproximadamente 330 menciones diarias.

En cuanto a la distribución geográfica de la conversación, el 83 % de las menciones proviene de la Ciudad de Guatemala, centro económico y político del país.

Poco optimismo y percepción de “corrupción”

La percepción general de la audiencia analizada es mayoritariamente negativa, especialmente entre usuarios únicos, con énfasis en corrupción (12% de la conversación).

“La mayor parte de la auditoría ciudadana la hacen los mismos ciudadanos. (En el estudio) a pesar de que se sigue mencionando el tema de corrupción como una de las principales cosas que afecta la infraestructura vial, el porcentaje es relativamente pequeño, hablamos entre 8% o 12% según el tema” señala Benavides. Y añade: Pero si vemos el sentir respecto no de la corrupción, sino de la responsabilidad de no hacer. Creo que la población está pidiendo que se hagan cosas. No sé si tolerando corrupción, yo diría que no, pero pidiendo que no sea el combate a la corrupción un impedimento para actuar”.

El estudio define a los usuarios o autores únicos como personas o cuentas individuales que generan contenido original —como publicaciones, comentarios o menciones— sobre un tema específico, sin incluir publicaciones reposteadas, compartidas o duplicadas por otros usuarios. Estos tienen una percepción más crítica sobre la infraestructura vial en Guatemala.

De todo el universo de publicaciones analizadas, relacionadas con infraestructura, se encontró que:

• La mayoría de las publicaciones son neutrales o sin “sentimiento” particular (60%), por ejemplo, cuando se comparten noticias de una obra
• Un 33.7% aludían a sentimiento negativo, por ejemplo, cuando hay una crítica por el colapso de un puente
• Y solo un 6% eran positivas, al referirse a avances

Pero cuando se retiran las publicaciones compartidas en redes y solo se dejan los comentarios o menciones específicas, los porcentajes cambian:

• La mitad (49.6%) son publicaciones negativas
• Solo un 8.8% son positivas
• Un 41.5% son neutrales

Obras “deterioradas” y “abandonadas”

Las manifestaciones en la conversación digital también reflejan el descontento ciudadano por la inseguridad vial y el deterioro de rutas clave.

Los usuarios perciben un “abandono” y una “falta de atención” por parte de las autoridades en sus conversaciones, especialmente cuando se refieren al “mantenimiento” y la reparación de la red vial.

Durante el período de análisis, la autopista Palín-Escuintla y el kilómetro 44 fueron mencionados con reclamos por retrasos en las soluciones y demandas de transparencia en los plazos.

Asimismo, los usuarios aludieron a obras específicas con trabajos inconclusos, utilizando términos como “hechas pedazos” para describir vías como la Calle Martí, junto con señalamientos de obras sin finalizar. Esto reforzó la percepción de “desinterés institucional” al hablar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Las obras que más fueron mencionadas en el estudio fueron:

• Puente Nahualate: Ubicado en el kilómetro 136 de la CA-2 Occidente, en Chicacao, Suchitepéquez, permaneció cerrado durante 14 días, del 22 de octubre al 6 de noviembre, debido a daños en su estructura. Tras la evaluación de las autoridades, que concluyó que había daño estructural en la obra, el paso fue rehabilitado.
• Paso a desnivel Roosevelt: En la 9.ª avenida de la calzada Roosevelt se suspendió dos veces la construcción durante el año pasado debido a falta de supervisión: primero en mayo y luego en junio.
• Puente Belice 2: Comenzó en noviembre de 2023 con el objetivo de agilizar el paso en las zonas 1, 2, 6, 18 y 17, así como mejorar los tiempos de traslado desde las zonas 4, 8, 9, 12, 13 y 21 de la capital. Además, conectaría con el sistema Metro. A la fecha, se encuentra suspendido debido a problemas financieros, una evaluación pendiente de su diseño y la necesidad de liberar el derecho de vía.
• Carretera rumbo a San Francisco Zapotitlán: Está pendiente construir un tramo de 12 km en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, que funciona como vía alterna y conecta con Retalhuleu, una de las principales rutas de comercio y turismo en suroccidente.
• Autopista a Puerto Quetzal: Esta autopista, que tendrá cobro de peaje, registra un 30% de avance y se espera que esté lista en 2026. Contará con varios distribuidores elevados.
• Paso a desnivel zona 6 de Xela: La “lentitud” y la “paralización” en la construcción del viaducto, ubicado en el Periférico entre las zonas 6 y 7 de Xela, ha afectado la conectividad del municipio. El proyecto arrastra rezagos desde la administración anterior.
• Paso a desnivel de Mixco a Molino de las Flores: Desde 2014 se colocó la primera piedra de este viaducto sobre el kilómetro 14.7 de la calzada Roosevelt, adjudicado por Q37.9 millones.

Añade que con la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que es el Decreto 29-2024, se crea en el artículo 95 un periodo de transición. “Ese periodo de transición facilita que por lo menos las carreteras principales, que son todas las centroamericanas, algunos libramientos y la funcionalidad dentro del área metropolitana estén libres de cualquier litigio, de cualquier problema contractual en un periodo de 18 meses. Eso lo que nos lleva es a, ojalá, poder tener año y medio funcionando una entidad en realizar contrataciones, diagnosticar cómo está la red vial y llevarla los estándares que son necesarios”.

Anam busca cambio en ley

Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, reacciona a los resultados del estudio e indica que “llevamos un año y tres meses donde el Ministerio de Comunicaciones no atiende la red vial y ahorita estamos, como alcaldes, muy preocupados porque estamos a seis semanas de que el invierno inicie y esto va a complicar nuevamente el estado de la red”.

Añade que están buscando que se modifique la normativa “donde si el ministerio no da una respuesta a una solicitud de un aval en 30 días, se considere como silencio administrativo y nos permitan entrar a trabajar”. Sobre todo, porque desde las alcaldías, confirma Siero, solo se puede trabajar en el orden municipal. “Lo que estamos buscando es que los alcaldes hagan el mantenimiento de la red vial, ya que desde el CIV no hay forma de que lo haga. Hay muchos alcaldes con esa intención y lo que necesitamos es que nos den los avales” concluye.

Se intentó tener una versión del Ministerio de Comunicaciones, pero después de constantes solicitudes, no se recibió respuesta.

Ficha técnica: ¿Cómo se hizo el estudio?

Entre el 20 de agosto de 2024 y el 20 de marzo de 2025 se llevó a cabo un análisis de conversaciones digitales de usuarios únicos en Guatemala sobre temas de infraestructura, a partir de tecnologías de escucha social. El estudio se enfocó en tres áreas clave: infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria, y transporte masivo. Para ello, se utilizaron palabras clave específicas que permitieron monitorear conversaciones en redes sociales y medios tradicionales.

La herramienta utilizada fue la tecnología de Goo, implementada por la empresa DataLab, para el monitoreo de flujos sociales, medios mainstream y análisis de perfiles.

En el ámbito vial, se analizaron términos relacionados con carreteras, autopistas, puentes, viaductos y movilidad urbana, incluyendo menciones a proyectos como la iniciativa 5431 y el corredor verde. En el sector aeroportuario y portuario, se identificaron referencias a aeropuertos como La Aurora y Santo Tomás de Castilla, así como términos vinculados a sistemas portuarios y dragado.

Para la recopilación y análisis de datos se emplearon herramientas de monitoreo de flujos sociales, que permitieron rastrear conversaciones en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y Reddit, además de medios de comunicación tradicionales. Se consideraron únicamente publicaciones originales de autores únicos, es decir, cuentas individuales que generaron contenido propio, sin incluir republicaciones o duplicaciones.

Asimismo, se identificaron usuarios constantes, definidos como aquellos que realizaron más de diez publicaciones dentro del período analizado.

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¿Cuántos guatemaltecos podrán aplicar a las becas de inglés del Mineduc en 2025?

El Viceministerio de Educación Extraescolar y Alternativa cambió la estimación para los beneficiarios de las becas para educación bilingue que convocará en marzo y que había programado originalemte para un rango de entre 7 mil a 10 mil personas.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Fernández

26 de febrero de 2025 | 06:02h

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El número final de beneficiarios y el monto del estipendio dependerá de la negociación entre la mencionada unidad ejecutora del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). (Foto Prensa Libre: Freepik)

La asignación para las becas de inglés que el Viceministerio de Educación Extraescolar y Alternativa debe convocar en el mes de marzo, cubriría a unas 4 mil personas, de acuerdo a la nueva estimación que indicó la DIGEEX en la última reunión en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y que confirmó a Prensa Libre Ligia Chinchilla, coordinadora de la mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene.

Las estimaciones iniciales apuntaban a un rango entre 7 mil y 10 mil beneficiarios.

Se trata del Programa de Becas Formación Técnica Laboral en Inglés y el Fondo de Becas para Formación Técnica Laboral en Inglés (Probefi) establecido en el Artículo 114 del Decreto 36-2024, Ley General de Presupuesto 2025.

El número final de beneficiarios y el monto del estipendio dependerá de la negociación entre la mencionada unidad ejecutora del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

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Según Chinchilla, en los próximos días debería quedar el monto definitivo. Otra variable que determinará el universo de estudiantes con beca será la modalidad y nivel al que accedan. Por ejemplo, un primer grupo podría quedar en los dos ciclos más básicos (principiante, A1 y A2). En este nivel, el estipendio, indicó Alejandra Recinos, subdirectora de Educación para el Trabajo y la Cultura en una citación de la Comisión de Finanzas el pasado 24 de febrero, oscilaría en los Q6,100 (incluyendo costo de los cursos, bonificación por asistir y por ganar el programa. Esto, a diferencia de otros años donde el estipendio cubría uso del dispositivo y pago del servicio de internet.

Esperan convocatoria

La convocatoria para postularse a las becas que otorgará el viceministerio en cuestión se hará durante marzo, confirmó a Prensa Libre Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa. Según el funcionario, se hará en ese mes porque en febrero se han trabajado los convenios y preparado el equipo para hacer la convocatoria, la invitación y campaña de información.

Las becas están destinadas para todas las regiones y el objetivo es que los beneficiados comiencen a estudiar en abril próximo.

Según Chinchilla, dos grupos más cubrirían la cohorte de personas que buscan integrarse al mercado de plazas bilingües este año. Uno podría llevar los cursos de forma intensiva, en tres ciclos, durante nueve meses y ocho horas por semana, con modalidad presencial. El otro lo cubriría en 12 meses, con modalidad híbrida (virtual-presencial) y con cuatro horas de clase por semana.

En el 2024 se otorgaron 9,599 becas de inglés, y en el 2023 fueron 16,175, en programas diferentes, con distinto monto.

Plantas para separar basura: ¿Los próximos proyectos para alcaldías y empresas?

Ante los problemas de gestión de desechos en las municipalidades, surgen las alianzas para agilizar proyectos de infraestructura con inversión privada. Las reformas que se discuten en el Congreso podrían dar paso a este modelo.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

20 de febrero de 2025 | 06:00h

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Con el nuevo reglamento para separar desechos, las municipalidades ven una oportunidad en crear alianzas público-privadas para invertir en plantas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las complicaciones y oposición para implementar el reglamento para la separación de basura –Acuerdo Gubernativo 164-2021– podrían esconder una oportunidad para que municipalidades y empresas trabajen bajo una nueva modalidad.

“A través de una alianza público-privada, las municipalidades podemos poner el terreno, por dar un ejemplo, y traer a un privado a que construya y opere la planta”, ejemplifica Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala.

Siero fue uno de los panelistas del foro convocado por Guatemala No Se Detiene, titulado: “Proyectos locales: ¿Cómo unir a alcaldías y empresas?”, transmitido por Guatevisión el pasado 17 de febrero. En la mesa de expertos también estuvieron Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, y Andrea Reyes, diputada por la bancada Semilla. El diputado Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también estuvo convocado, pero a última hora canceló su participación. La moderación estuvo a cargo del periodista Guillermo Velarde.

El foro se convoca en el contexto de la iniciativa 6433, que busca reformar la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y que abre la puerta para que las municipalidades incursionen en esta modalidad sin pasar por la aprobación del Congreso de la República.

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Dos de las principales oportunidades que vieron los panelistas fue en temas de movilidad y de gestión de desechos.

“Durante los últimos 50 años, el país no ha invertido un centavo en la gestión de basura. Hoy pagamos las consecuencias con cuerpos de agua contaminados y un sistema de recolección deficiente”, critica Siero.

Compost y plantas de segregación

Rivera parte del hecho de que las municipalidades no tienen los recursos para poderlo hacer individualmente este tipo de proyectos, por lo que “se tiene que hacer mancomunadamente”.
Uno de los primeros proyectos que propusieron plantear fue invertir en plantas de segregación de desechos –una instalación donde los residuos sólidos se separan y clasifican según su tipo y composición antes de ser procesados de manera adecuada–.

“Eso obviamente se tiene que hacer con la colaboración de un privado porque todo el material que llega tiene valor reciclable, es el privado el que puede de alguna manera hace los trámites para colocar ese tipo de material que está llegando ahí” dice Rivera.

Según Siero, en 2022 el Banco de Guatemala le entregó al país un estudio donde identifica que se tienen que construir “como mínimo 12 plantas de separación de basura a nivel nacional. Lo que ha pasado es que no se le ha destinado un solo centavo a la construcción de estas plantas”, reclama.

Aclara que no es solo la construcción, sino también “la operación”, para “bajar costos con la eficiencia del sector privado”.

Critica Rivera que “en Guatemala comenzamos las cosas al revés, porque ahorita se está hablando del acuerdo gubernativo 164 que nos obliga a todos los guatemaltecos a hacer nuestro proceso de reciclaje en nuestro hogar, pero actualmente ni siquiera AMSA (la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán) cuenta con una planta de segregación adecuada para tratar ese reciclaje que los guatemaltecos van a comenzar a hacer”.

“Hay una gran oportunidad con esta ley que nos permita a las municipalidades, a través de las mancomunidades, generar proyectos tan importantes como el manejo adecuado de la basura, que tendría que empezarse con una planta de segregación y después tener la disposición final, pero hacerla de una forma correcta” añade.

La discusión giró a que el otro tema importante es procesar compost. “Hay mucha empresa agrícola que ya no quiere utilizar ya no les están permitiendo usar químicos en sus planteamientos por las diferentes regulaciones que hay fuera del país, entonces esto vendría a darles una solución, pero ahí necesitamos también la colaboración del sector privado que es el que sabe manejar ese tipo de componentes y los puede colocar también en el mercado” propone el alcalde de Escuintla.

¿Solución al caos vial?

El otro gran “dolor” que se podría resolver desde los municipios con la figura de alianza público-privada

Tanto Siero como Rivera estuvieron de acuerdo en que, para que tenga éxito esta nueva modalidad de ser aprobada, las soluciones deben ser “rápidas”, “ágiles” y comprobar resultados ciudadanos en el “corto plazo”.

“Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Guatemala que si no se abordan inmediatamente la movilidad va a colapsar el país. Si el Estado no plantea una solución a corto plazo, las municipalidades podríamos plantear una solución en el transporte público”, propone Rivera.

Reclama que el país “no puede ser competitivo si las cargas para transportarse entre 50 y 200 km a veces toman días para llegar a su destino. Las municipalidades podríamos plantear una solución en el transporte público –cada uno en nuestras jurisdicciones–, para buscar una alianza público-privada y poner un transporte público desde el punto A al punto B pasando cada uno por nuestro territorio”.

Reyes apela a que los proyectos no se frenen en la discusión política. “Digamos que el tema con pasar por el Congreso cada proyecto es que se politiza y ya dejan de ser de utilidad pública. Entonces, la reforma propone precisamente esto, que los proyectos dejen de pasar por el Congreso para poder ser aprobados, siempre y cuando no toquen servicios públicos”.

La diputada considera que los proyectos deberían estar relacionados con infraestructura en general, no solamente infraestructura vial”.

Y vuelve el tema de trabajar en mancomunidad. “Nos podríamos poner de acuerdo para que los privados pasen por ese territorio con las mismas condiciones para poder ir solucionando problemas que hoy sí le están afectando en su calidad de vida al ciudadano. Porque invertir seis horas en el carro y usted va a trabajar ocho horas a la oficina, prácticamente está invirtiendo la misma cantidad de tiempo laboral en transportarse”, remarca Rivera.

Transparencia y nivel técnico

El consenso entre los consultados apuntó a que, uno de los retos más importantes es garantizar que las municipalidades que no tienen la capacidad técnica puedan pedir apoyo a la Anadie para evitar problemas de corrupción y asegurar que los proyectos sean viables.

Para Siero, “lo que tienes acá es una propuesta con la parte buena de ambos mundos: un punto medio donde las municipalidades son el ente regulador, pero traen la eficiencia y el dinero del sector privado. No se trata de privatizar ni de que el Estado asuma toda la carga. El objetivo es generar resultados rápidos sin caer en corrupción”.

Esto, porque el contrato de una alianza público-privada da más certeza y transparencia que una concesión a dedo o una contratación discrecional.

“Uno de los desafíos más grandes es que las municipalidades pequeñas y medianas carecen del aparato técnico para formular proyectos correctamente. Si la ley permite fortalecer estas capacidades, podríamos hacer propuestas más atractivas y transparentes”, complementa Rivera.

Reyes alerta de que “el hecho de que esté involucrada la empresa privada en el proyecto” no garantiza “transparencia total. Para garantizar transparencia en estos proyectos, debemos avanzar con la ley de beneficiarios finales, lo que permitirá conocer con exactitud a dónde han ido los fondos y cómo se han gestionado”.
Insiste que, en el Congreso, “todavía nos falta llegar a acuerdos sobre la rectoría del Estado en estos proyectos. No podemos permitir que las municipalidades subordinen sus decisiones a intereses privados”.

Rivera sentencia que “uno de los desafíos más grandes es que las municipalidades pequeñas y medianas carecen del aparato técnico para formular proyectos correctamente. Si la ley permite fortalecer estas capacidades, podríamos hacer propuestas más atractivas y transparentes”. Aún así, avala el modelo porque “permite que el privado invierta su propio recurso, garantizando costos más bajos, mejor calidad de obra y soluciones rápidas y viables para problemas urgentes”.

El 11 de enero pasado, los diputados que integran la Comisión de Economía del Congreso, dieron un dictamen favorable al pliego de reformas formuladas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) decreto 16-2010. Hasta que sean aprobadas, no se podrán trabajar con la modalidad de aprobación vía concejos municipales. Desde 2010, todo contrato de este tipo debe pasar por el Congreso de la República.

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Prensa Libre es el líder digital en Centroamérica, según ranking mundial de medios de comunicación

Prensa Libre lidera entre 132 medios de comunicación estudiados a nivel regional en un ranking que combina diversas métricas digitales y analiza el desempeño de 5,986 medios, en el mundo en su mayoría derivados de diarios y sitios nativos digitales, publicados en 200 países.

Juan Manuel Fernández C.

10 de febrero de 2025 | 01:00h

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A nivel latinoamericano, Prensa Libre ocupa la casilla 26, superado por los grandes grupos de medios de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México y Chile.(Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El sitio web de Prensa Libre (www.prensalibre.com) ocupa el primer puesto en la región centroamericana en la primera ola de 2025 del primer ranking global de medios digitales, según su reputación web. Este índice combina diversas métricas digitales y analiza el desempeño de 5,986 ediciones en línea de periódicos, revistas y sitios nativos digitales publicados en 200 países y 80 idiomas. El número de medios analizados es superior a la edición del 2024.

El ranking es elaborado por SCImagoLab, un grupo de investigación creado en la Universidad de Granada, España, que desarrolló el Indicador de Reputación Digital (IRD). Este, además de las tradicionales mediciones digitales, evalúa el prestigio de los medios y su alcance tanto en la web como en redes sociales, midiendo el tráfico y la visibilidad. El ranking es un proyecto conjunto de las universidades de Granada, Navarra y Pompeu Fabra.

La medición incluye a 132 medios de Centroamérica, tanto en español como en inglés. En esta, Prensa Libre es el mejor posicionado, seguido por La Nación, de Costa Rica; La Prensa y El Confidencial, de Nicaragua; y Diario Tiempo, de Honduras, por citar el Top 5. Si se considera la región centroamericana y el Caribe, Prensa Libre se ubica en el segundo lugar, solo superado por Jamaica Gleaner.

En cuanto a Guatemala, el estudio incluyó a 21 medios, de los cuales los mejor posicionados después de Prensa Libre son La Hora, República, Guatevisión y Diario de Centro América.

A nivel latinoamericano, Prensa Libre ocupa la casilla 26, superado por los grandes grupos de medios de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México y Chile.

En el ranking global, Prensa Libre se mantiene en elTop 500 de medios con mejor reputación digital, ubicándose en la posición 455. La clasificación es liderada por marcas globales estadounidenses y británicas y una española, como The New York Times, CNN, USA Today, The Guardian, Time, BBC, Forbes, The Associated Press, El País y ESPN.

Dentro del Top 100, solo cuatro países de los 22 que conforman la región latinoamericana logran aparecer entre los medios mejor puntuados: Argentina, Brasil, España y Perú. Además, de esos 100 medios, 75 son marcas periodísticas con una larga tradición en formato impreso.

Por categoría, el estudio analiza 254 medios de Finanzas, 236 de Deportes y el resto, catalogados como generales.

Metodología

Utilizando cuatro métricas —puntuación de autoridad, dominios de referencia, flujo de citas y flujo de confianza— con un peso equivalente del 25 %, SCImago Media Rankings construye un indicador general que refleja la reputación digital de los sitios web de medios. Los resultados determinan su posición relativa en el ranking y permiten comparar su desarrollo y liderazgo digital, según el portal web de la propia herramienta.

SEMRUSH

• Puntuación de autoridad: mide la calidad general de un sitio web y su influencia en el SEO. Se calcula en función de los vínculos de retroceso, los dominios de referencia, el tráfico de búsqueda orgánica y otros datos.
• Dominios de referencia: métrica basada en el número total de dominios de referencia. Los valores se normalizan mediante una transformación logarítmica y se escalan de 0 a 100.

MAJESTIC

• Flujo de citas: refleja la cantidad de enlaces que apuntan a un sitio web, independientemente de su calidad. Un flujo de citas más alto indica una gran cantidad de backlinks.
• Flujo de confianza: mide la calidad de los enlaces que apuntan a un sitio web. Los sitios con un flujo de confianza más alto que el flujo de citas suelen tener backlinks de mayor calidad.

Categorización

Cada organización se clasifica con base en estas características:

• Tipología: medios generalistas, deportivos, económicos, especializados y audiovisuales.
• Idioma: monitoreo de los idiomas principales de publicación para evaluar el impacto de la comunicación global.
• País: región y ciudad de publicación o medio de referencia.
• Cobertura: internacional, nacional, regional-provincial o local.
• Soporte: medios nativos digitales o con origen en el formato impreso.

Los criterios de selección incluyen organizaciones periodísticas centradas en información general, medios especializados —deportes y finanzas— y empresas audiovisuales. En segundo lugar, se considera la autonomía como cibermedio, por lo que la lista de medios se filtra para incluir solo sitios con su propia URL, descartando subdominios. Además, se excluyen proyectos informativos estrictamente locales.

Fuentes

El catálogo global de fuentes utiliza varios directorios como punto de partida, entre ellos:

• Kiosko.net: acceso diario a cientos de portadas de periódicos de todo el mundo.
• Lista mundial de periódicos en línea: directorio enfocado en los medios de comunicación con mayor difusión e impacto.
• PrensaEscrita.com: lista completa de periódicos diarios globales publicados en todo el mundo.
• Catálogo de periódicos W3: archivo extenso de medios que incluye periódicos, sitios de noticias y revistas.
• Directorio mundial de periódicos en línea: incluye miles de periódicos, así como sitios y fuentes de información audiovisual.
• ComScore: empresa auditora que colabora con este proyecto aportando sus listados internos para España y Latinoamérica.

El SCImago Media Ranking fue lanzado en septiembre de 2022 con 4,490 medios. Ese año, Prensa Libre se ubicó en la posición 511 a nivel global. En 2025, esta herramienta mantiene su liderazgo para identificar y evaluar a los principales actores de la industria mediática desde la perspectiva de la “reputación digital”, en un año de intensa evaluación.

Estas son las nuevas oportunidades laborales que abren la IA y la automatización en Guatemala

La demanda de programadores, desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad está en constante crecimiento en el sector industrial.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

6 de febrero de 2025 | 06:00h

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En Guatemala, la industria 4.0 ya se manifiesta en la inteligencia artificial, el análisis de grandes datos, el internet de las cosas, blockchain y fintech. Foto con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Freepick)

Los puestos tecnológicos más demandados en Guatemala están vinculados a los cuatro verticales económicos en los que se ubica el empleo en la actualidad: el comercio, la manufactura, los servicios privados y la agricultura.

Según Claudia Cifuentes, integrante de la gremial de tecnología de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Industria 4.0 –como se denomina a estas áreas tecnológicas en crecimiento– “abarca desde la inteligencia artificial, el internet de las cosas, blockchain y fintech, hasta los drones y muchas otras tecnologías que ya no son emergentes, sino que están en plena expansión”.

La ejecutiva señala que la automatización ha cobrado gran relevancia en el país, ya que permite optimizar costos, tiempo, atención, experiencia del usuario y otros aspectos clave dentro de estas áreas de negocio.

Este es un extracto de la conversación que tuvo en el programa Guatemala No Se Detiene, transmitido por Guatevisión el pasado lunes.

¿Cómo está cambiando el sector a partir de la implementación de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial, de hecho, ha democratizado el conocimiento y el interés por la tecnología. Si bien muchas otras tecnologías han tenido gran auge —como el metaverso y otras innovaciones previas—, la inteligencia artificial ha puesto en nuestras manos la capacidad de decodificar información de manera clave a través de nuestras propias palabras y generar contenido.

La inteligencia artificial generativa, una rama de la IA, ha sido la principal impulsora de este cambio. Está transformando comportamientos y las empresas, los negocios y los sectores económicos han reconocido su potencial para mejorar la productividad, optimizar la toma de decisiones y acelerar la implementación de soluciones.

Es en este punto donde la inteligencia artificial está redefiniendo el comportamiento de los negocios y nuestra manera de desempeñarnos como profesionales.

¿Qué ejemplos hay en Guatemala?

Puntualmente en el ámbito de la salud, la inteligencia artificial ya está desempeñando un papel clave en el reconocimiento de imágenes, facilitando tareas que suelen ser complejas para los profesionales. En la agricultura, el uso de drones y sensores, junto con el análisis de datos mediante inteligencia artificial, está optimizando los procesos y mejorando la eficiencia.

En educación, el aprendizaje personalizado está revolucionando la forma en la que adquirimos conocimientos y cómo elegimos aprender. Estos son tres ejemplos clave del impacto de la inteligencia artificial, además de su influencia en el marketing, el e-commerce y otros servicios, donde está transformando la toma de decisiones y la manera en que se brindan soluciones.

¿Hay perfiles o puestos dentro del sector industrial en Guatemala que requieren de programadores?

Se habla de la triple hélice, donde no solo la academia, sino también las empresas y el sector gubernamental deben empezar a plantear estrategias para mejorar la formación de profesionales con mejores herramientas en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La demanda de programadores, desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad está en constante crecimiento, convirtiéndose en roles fundamentales.

Además, es crucial formar expertos en desarrollo para entornos DevOps, así como profesionales en UX/UI (User Experience y User Interface), quienes diseñan interfaces que optimizan la experiencia del usuario. Todo este ecosistema tecnológico se sustenta en el trabajo de analistas de bases de datos, analistas de datos y científicos de datos, quienes desempeñan un papel clave en un entorno más tecnológico que nunca.

Históricamente, los esfuerzos educativos y profesionales se han centrado en áreas más tradicionales, pero por primera vez en mucho tiempo estamos presenciando una revolución que impacta transversalmente a todos los sectores y redefine las carreras del futuro.

¿Hay una oferta en Guatemala actualmente para cubrir una demanda?

En cuanto a la oferta laboral, en Guatemala está comenzando a haber más oportunidades. Sin embargo, es fundamental considerar un factor clave: la empleabilidad, que ya no se limita al país. Muchas empresas extranjeras están buscando estos perfiles especializados, lo que significa que la oferta laboral no solo se encuentra dentro de Guatemala, sino también fuera de sus fronteras. Como guatemaltecos, tenemos la oportunidad de cubrir esta demanda en diversas áreas tecnológicas y competir en un mercado global.

¿Se está trabajando en conjunto con universidades para el egreso de esos perfiles?

Considero que la educación terciaria ha sido la que más ha impulsado iniciativas para el desarrollo tecnológico. Sin embargo, es fundamental equilibrar este esfuerzo desde las bases educativas. Si los niños no desarrollan interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde temprana edad, será más difícil que lo adquieran en la adultez. Aprender en etapas posteriores no es imposible, pero requiere un enfoque distinto.

Lo importante es que ya existen propuestas clave y se siguen desarrollando nuevas iniciativas. Es el momento de aprovecharlas para fortalecer la competitividad de Guatemala y posicionarla como un hub de innovación y tecnología.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

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Bernardo Arévalo en las redes sociales: Siga el análisis exclusivo sobre la conversación digital en su primer año

Analistas brinda su lectura sobre el estudio de Goo/Data Science, realizado a pedido de Prensa Libre, con el fin de identificar el comportamiento de los consumidores de los contenidos en las distintas redes sociales analizadas.

Juan Manuel Fernández C.

17 de enero de 2025 | 15:58h

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Este viernes 17 de enero, los suscriptores de Prensa Libre tienen acceso exclusivo al evento virtual en el que expertos en redes sociales y estrategia política analizan el impacto y reacciones en dichas plataformas respecto de los momentos que han marcado el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo.

Durante la semana que inició el 13 de enero, Prensa Libre publicó un especial titulado Gobierno A Examen: Primer año de Gobierno de Bernardo Arévalo, con un análisis completo sobre la cobertura de los doce meses del primer año, entrevistas, análisis, un estudio de escucha en redes sociales y hasta un análisis del discurso del presidente utilizando la IA como heramienta.

El análisis se hizo con base en los resultados del estudio de Goo/Data Science, una herramienta de analítica especializada en audiencias.

Los expertos Gustavo Berganza, periodista y sociólogo, director de la Asociación Doses, y Valeria Navarro, directora de la división de Goo/Data Science, brindan una lectura exclusiva sobre los resultados. Si usted es suscriptor de Prensa Libre, puede seguir el streaming aquí.