Los cibercriminales y delincuentes comunes continúan creando formas de estafa para las personas, haciéndoles creer que fueron beneficiados con premios falsos, promociones que no existen, u otro tipo de trampas para robarles dinero o sus datos personales.

Desde el año pasado se hizo muy común, que las personas recibieran mensajes a WhatsApp de estafadores que se hacían pasar por conocidos o familiares de las víctimas. La agencia contra estructuras criminales de la Fiscalía Metropolitana reporta que de septiembre del año pasado a julio reciente registraron un incremento de estas denuncias, en donde descubrieron que los ciber estafadores obtenían información por medio del Facebook de la víctima, la cual aprovechaban para fingir que eran sus conocidos por medio de una cuenta recién creada.

Muchos han sido los usuarios que reportan a través de sus redes sociales de Twitter y Facebook que les llegan mensajes para solicitarles dinero de manera urgente, porque se les complicó el viaje a Guatemala o por las restricciones de movilidad de la pandemia no pueden salir de un país por lo que mandan paquetes que deben ser recogidos por los familiares o conocidos.

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La fiscalía advierte que al llamar a la víctima con su nombre de pila o el que habitualmente utiliza su círculo social más cercano, es mucho más fácil que la estafa suene creíble. Al creer que el estafador es un familiar, amigo o conocido las personas les depositan dinero a cuentas de personas individuales que, se supone, son trabajadores de empresas de paquetería, aerolíneas, entre otras.

Para Sol González, security researcher en ESET Latinoamérica, recomienda instalar una solución de seguridad en cada uno de los dispositivos que se conectan a Internet, mantenerlos siempre actualizados y evitar compartir información para evitar ser víctima de estafas.

• ¿Cómo identificar a los estafadores? Al ser contactado por cualquier aplicación de mensajería instantánea en nombre un familiar, amigo o conocido, que le pida dinero con urgencia, primero debe solicitarle datos o información que solamente conozcan entre sí para confirmar su identidad, indica la fiscalía. Segundo debe comunicarse con la persona que se supone es quien se está identificando para avisarle que su identidad está siendo utilizada para hacer estafas.
• ¿Es demasiado bueno para ser verdad? González opina que debe desconfiar de las ofertas y premios que suenan demasiado buenas y que son comunicadas por medios que no son los oficiales de las compañías de las que se supone están realizando los sorteos o entrega de paquetes, por lo que debe tener presente que estos beneficios suelen ser divulgados y publicitados por medios de los canales oficiales, los sitios web o redes sociales.
• ¿Qué información personal es valiosa para los estafadores? González advierte que entre menor cantidad de datos e información personal esté subida en internet, en menor medida estará expuesta una persona. Añade que los cibercriminales recolectan datos publicados en sitios web o aplicaciones de manera automatizada de sus potenciales víctimas, lo cual les facilita crear campañas de suplantación de identidad sofisticadas para hacer estafas. “De cierta manera mientras menos información personal brindes a Internet, menos probabilidad de que te envíen estos tipos de engaños a través de WhatsApp”, enfatizó.
• ¿Cómo reconocer los mensajes fraudulentos? Los mensajes fraudulentos generalmente llegan por canales no oficiales de una empresa, están mal estructurados en su redacción e incluso pueden contener faltas de ortografía. González explica que es importante que los usuarios estén atentos y aprendan a reconocer este tipo de mensajes fraudulentos, antes de responder, hacer clic o compartir. “Se recomienda realizar una búsqueda en Internet, ya sea para confirmar que la campaña es legítima o en busca de publicaciones que confirmen que se trata de una acción falsa”, sugiere la experta en seguridad cibernética.
• ¿Cómo verificar la información de los mensajes?  La Fiscalía sugiere que las personas no deben hacer ningún depósito de dinero a cuentas bancarias personales que den los estafadores, porque frecuentemente indican que son empleados de una empresa o institución, que en todo caso deberían ser cuentas bancarias de las organizaciones o compañías. Recomiendan también que siempre contacten al familiar o a familiares de esa persona para verificar la información que está brindando el estafador.

El próximo 21 de noviembre a las 24 horas se vencerá el Estado de Sitio vigente en El Estor, el cual podría ser extendido para continuar implementando prohibiciones en el municipio. Las fuerzas de seguridad han ejecutado allanamientos y efectuados órdenes de detención en contra de personas, pero hasta ahora no han logrado detener a las personas, que se supone, estaban detrás de los bloqueos y disturbios que originó la instauración del estado de Excepción.

La presidencia informó por medio de Comunicación Social que, debido a múltiples muestras de respaldo por parte de la población, la ampliación del Estado de Sitio, aunque no se ha entrado a discutir en el consejo de ministros, el tema queda sujeto a programación de agenda, lo cual no descarta que lo soliciten para que sea ratificado por el Congreso.

Como parte del Estado de Sitio, la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó hasta el pasado martes 16 de noviembre, 44 allanamientos; capturado a 70 personas, 44 por orden de aprehensión y 26 en flagrancia; incautado un arma artesanal, 36 municiones, tres vehículos, ocho motocicletas y dos teléfonos; erradicado 21 mil 872 arbustos de coca y conducido dos menores de edad.

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La medida ha generado una división entre los vecinos del municipio, ya que, algunos afirman con mucho optimismo que el despliegue del personal militar y policial al lugar ha ocasionado el regreso de la tranquilidad, porque ya no son víctimas de extorsión y pueden desarrollar sus labores comerciales y cotidianas sin temor a que sean extorsionados por grupos de personas que les cobran hasta peaje para movilizarse de un lugar a otro.

Amílcar Pop, originario de El Estor, Izabal, pide que amplíe el Estado de Sitio porque tienen temor a ser extorsionados por los grupos que están al margen de la Ley. Agrega que debido a que se acercan las fiestas de Fin de Año pide que consideren un Estado de Prevención.

“Se está realizando la preconsulta y están participando los que tienen que estar, los que están legalmente inscritos y nombrados por los consejos comunitarios. Sabemos que hay un grupo de 20 personas que vienen de El Estor, que no representan al pueblo ni tampoco a los trabajadores, para que no los escuchen con el señor presidente. Queremos que también nos escuchen a nosotros para tener las dos versiones”, señaló Pop.

Sin embargo, las opiniones van dirigidas en otro sentido, porque algunos otros vecinos afirman que familiares han sido intimidados y han sido amenazados durante los allanamientos ejecutados por las autoridades por lo que se han visto obligados a abandonar sus residencias y esconderse entre “el monte” y lugares aledaños. Además, también se ha denunciado desalojos violentos de familias que vivían en comunidades.

Los registros de los detenidos de la PNC durante el Estado de Sitio resaltan que hasta el pasado 16 de noviembre eran 70, de los cuales 12 fueron capturados por el delito de deserción; cinco por usurpación agravada; uno por usurpación agravada y resistencia; dos por amenazas y allanamiento; tres por lesiones leves y homicidio en grado de tentativa; uno por hurto agravado; uno por amenazas y asociación ilícita; dos por amenazas y atentado con agravaciones específicas, uno por apropiación y retención indebida; dos por atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, entre otros delitos. Ninguna de las aprehensiones está relacionada con los bloqueos que impulsaron a que el Ejecutivo tomara esta medida sobre el municipio.

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El conflicto que existe en El Estor no comenzó hace un mes, sino viene desde hace varias décadas cuando los pobladores y organizaciones que velan por el medioambiente se opusieron a que operara la Compañía Guatemalteca de Níquel. En 2017, personas que se identificaron como habitantes del municipio estaban inconformes y exigían una investigación por la contaminación del Lago de Izabal. Durante las manifestaciones, un pescador murió a causa de un disparo.

Desde esa fecha hasta 2019 las problemáticas entre los pobladores y los trabajadores de la CGN fueron escalando de niveles a tal punto que, otra persona murió atropellada por uno de los camiones de la empresa, lo cual generó la quema de 12 camiones por parte de los pobladores. Además, la muerte de tres miembros del Ejército en Semuy II impulsó a que el gobierno de Jimmy Morales pusiera bajo Estado de Sitio 22 municipios, incluido El Estor.

¿Qué ocurre en El Estor?

Los diputados Evelyn Morataya, Sonia Gutiérrez, Román Castellanos, Osmundo Ponce y Edgar Batres viajaron al Estor la semana pasada para fiscalizar la situación del municipio bajo Estado de Excepción, el estado de la preconsulta del proyecto minero Fénix.

Ponce explica que debido al Estado de Sitio existe un éxodo de los líderes comunitarios campesinos y de los campesinos hacia las montañas u otros municipios, debido al temor que tienen de que sean capturados por la PNC. Además, considera que hay muchos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, porque denunciaron que durante un allanamiento los policías le colocaron un arma en el hombro como amedrentamiento. Mientras que los comerciantes les manifestaron que estaban complacidos con la instauración de la medida.

“A las seis de la tarde comienza el toque de queda, pero en algunos casos vimos que el comercio seguía abierto y la gente trataba de salir. Observé que la consulta se ha hecho de manera inconsulta con la totalidad de los líderes que tendrían que haber estado en medio del dialogo y esto fue lo provocó el conflicto. La alcaldía de El Estor pareciera que está manejando mal la situación, porque dentro de la preconsulta participan dos personas que son miembros de la corporación y dos empleados de la alcaldía y en un contexto como el de Guatemala los campesinos tienen mayor respeto a personas que están en esos puestos”, señaló.

Afirma que consideran innecesaria la extensión del Estado de Sitio en El Estor para que las comunidades participen en la mesa de diálogo a la cual llamó la Comisión Presidencial de Diálogo, porque muchos no quieren participar por temor a ser capturados de forma injustificada. “Puede haber un dialogo sino existe el Estado de Sitio, en medio de esta medida no existe un dialogo real”, enfatizó.

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Mientras que el congresista Batres señala que el proceso de la preconsulta se ha hecho sin consultar a 44 comunidades, las cuales exigen que se tomen en cuenta a sus 94 representantes, quienes quedaron fuera son: Consejo de Autoridades Mayas Q’eqchi’, la Gremial de Pescadores Artesanales y las comunidades del norte del municipio.

Destaca también que las fuerzas de seguridad han hecho uso desmedido de su fuerza, ya que, han desplegado a 518 policías y 700 elementos del Ejército, cuando había solo 60 policías para realizar patrullajes y dar seguridad ciudadana en El Estor. El congresista dice sentirse preocupado por la ausencia de protocolos usados en los allanamientos y operativos, debió a que tienen una denuncia de acoso contra una menor de edad y mujeres. También señala que los allanamientos han sido ejecutados antes de las seis de la mañana.

En opinión de Francisco Quezada, analista e investigador de temas de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en el Valle del Polochic convergen operaciones de grupos del crimen organizado, existe coalición de movilizados de la guerrilla que se volvieron a armar y organizaciones invasoras de tierras con narcotraficantes, operaciones no tan extendidas de pandillas, asaltos, menudeo y tráfico y de drogas, a pesar de las condiciones de pobreza en el lugar, debido a que no hay presencia del Estado.

Sin embargo, señala que los Estados de Sitio son efectivos cuando están vigentes, pero cuando las autoridades salen del lugar la criminalidad vuelve, porque el Estado no recupera el territorio. ” Los pobladores silenciosamente respaldan el Estado de Sitio, pero no lo pueden decir públicamente porque son grupos violentos. Están aislados y a su suerte, no tienen ni escuelas ni centros de salud, son lugares abandonados. A la gente buena les retira la delincuencia, pero no es la solución porque el Estado tiene que estar presente no solo en temas de seguridad, sino en una intervención integral”, puntualizó.

Hasta ahora la Policía Nacional Civil (PNC) no tenía una central telefónica para recibir denuncias, al menos no sistematizada y con personal capacitado para darle seguimiento.

En adelante, a través de la línea 1561 se espera que los ciudadanos puedan contar con un canal de comunicación directo con la Policía para facilitar información sobre actos ilícitos en sus comunidades, con la certeza de que sus llamadas serán anónimas y tendrán un seguimiento e investigación.

El tener una línea de denuncias no es un intento nuevo. En el 2010 se abrió esta —1561— y años después, en el gobierno de Otto Pérez Molina, se institucionalizó como el programa Cuéntaselo a Waldemar, pero nunca se sistematizó la estrategia ni hubo capacitación al personal, por lo que tampoco se ofreció seguridad a los ciudadanos que hacían uso de esta herramienta.

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Hasta ahora la línea ha estado abierta pero ha trabajado en medio de carencias, sin equipos tecnológicos y de trabajo suficiente para suplir la cantidad de denuncias que todavía ingresaban.

Edin Quezada, jefe de la División de Información Policial (DIP), explicó que con la organización Crime Stoppers Guatemala el centro de llamadas fue fortalecido para que se pueda capacitar a los agentes que reciben las denuncias.

Añadió que a esta línea se comunican personas que de forma confidencial aportan detalles de quienes cometen algún delito, denuncian maltrato infantil, venta de drogas al menudeo, extorsiones o asaltos, por ejemplo. Por esa vía actualmente reciben alrededor de mil denuncias por mes.

La información que llega a esa línea, según Quezada, les ha permitido identificar lugares donde hay armas escondidas, establecer el paradero de prófugos o incluso han facilitado la prevención de delitos.

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¿Cómo trabajarán?

El centro de llamadas tenía deficiencia en el personal y también en equipo tecnológico, debido a que solo contaba con dos agentes para recibir denuncias, las cuales se anotaban con papel y lápiz y luego se ingresaban al sistema.

Pedro Cruz, director de la oficina de Crime Stoppers en Guatemala, indicó que han trabajado muy de cerca con la PNC, desde 2017, con módulos de denuncias anónimas, pero a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) fortalecieron este centro de llamadas para convertirlo en la parte neural de la recepción de denuncias anónimas de la organización.

“Nosotros apoyamos a los policías en lo que necesitan, y continuaremos de la misma manera, haciendo ese acompañamiento. Comprendemos que no somos la ley, pero ayudamos a que se aplique”, resaltó Cruz.

Afirmó que las personas que denuncien tendrán la certeza de que no quedarán sus datos registrados y de que se guarda por completo el anonimato.

La información llegará a las autoridades a través de la línea telefónica o bien directamente a la página de www.tupista.gt. En ambos casos será totalmente anónima.

Luego, la información será analizada y verificada por unidades especializadas de la PNC, con el fin de direccionarlas a unidades específicas de la institución o el Ministerio Público.

Sin embargo, cuando la denuncia obligue a actuar de inmediato, los agentes la trasladarán lo antes posible para que se coordine un equipo que proceda para prevenir delitos, incidentes o salvaguardar la vida de una persona.

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Fortalecimiento

Cruz resaltó que fortalecieron el sistema del centro de llamadas y mejoraron la efectividad en el traslado de los datos que reciben a las direcciones específicas.

Quezada, por su parte, se mostró optimista con los cambios efectuados, ya que ahora contarán con un formulario electrónico para sistematizar en línea los datos y crear a la vez estadísticas.
Hasta hace algunos meses tenían tres equipos de trabajo, y ahora aumentaron a 10 operadores en dos turnos, para atender las 24 horas de cada día.

El jefe de la DIP explicó que, para lograr estos avances, la Policía invirtió el 50% y el resto provino de INL, a través de Crime Stoppers.

Los agentes de la PNC que atienden las llamadas son estudiantes de Psicología o de Recursos Humanos, además de que han recibido cursos de tratamiento y entrevistas a víctimas.

En lo que va del año, las autoridades han capturado a policías implicados en colaborar con organizaciones de narcotráfico, distribuidores de drogas, en violaciones sexuales, responsabilidad de conductores, consumo ilícito de bebidas alcohólicas, procuración de impunidad, entre otros delitos.

En los últimos años, el desmantelamiento de estructuras criminales ha evidenciado que policías colaboran con los miembros de estas organizaciones para procurar impunidad en sus actividades. Del 1 de enero al 11 de noviembre de este año, han sido capturados 273 policías, el Ministerio de Gobernación anunció que para potenciar el fortalecimiento en la seguridad ciudadana están realizando procesos de depuración en lo interno de la Policía Nacional Civil (PNC) y el pago de un bono de Q5 mil para todos los agentes.

Los registros de las fuerzas de seguridad señalan que del 1 de enero al 11 de noviembre fueron capturados 255 agentes, seis subinspectores, cuatro inspectores, dos oficiales primero, dos subcomisarios, dos oficiales segundos, dos oficiales terceros.

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Además, reportan que el 17 por ciento fueron capturados por responsabilidad de conductores, el 13 por ciento por consumo ilícito de bebidas alcohólicas, el nueve por ciento por procuración de impunidad, otro nueve por ciento por cohecho, cuatro por ciento por lesiones culposas, cuatro por ciento por portación ilegal de armas de fuego, y cuatro por ciento más por violación.

Entre las cifras destaca la captura de nueve policías por incumplimiento de deberes, nueve más por violencia contra la mujer, ocho por denegación a la justicia, siete por escándalo en la vía pública, siete más por denegación de asistencia económica, seis por disparos sin causa justificada, cinco por hurto, cuatro por robo agravado, tres por agresión sexual, tres más por detención ilegal, dos por femicidio, dos por secuestro, dos por violencia familiar, entre otros delitos.

Además, indican también que han sido capturados policías de distintas unidades como de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), Inspectoría General, División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, División de Protección de Personas y Seguridad, Subdirección General de Prevención del Delito (SGPD), entre otras.

En octubre pasado, Gobernación anunció que dio de baja a 45 policías que estaban involucrados en actividades ilícitas, algunos tenían faltas administrativas por denuncias que presentaron ciudadanos y algunos otros penales.

Pago de bono

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, indica que existe una fiscalización interna en la institución, pero son muy importantes las denuncias ciudadanas porque en muchos de los casos no solo quedan en llamadas de atención o amonestaciones hacia los agentes, sino que terminan hasta en despidos y bajas.

Añade que la Policía se autodepura constantemente y mantiene la Inspectoría General muy activa para prevenir delitos o situaciones ilegales que cometan los miembros de la institución, lo cual le da credibilidad a las investigaciones que realizan. El portavoz afirma también que la PNC trabaja en la dignificación, autodepuración y la profesionalización de los miembros de la institución, lo cual va de la mano en generar incentivos laborales.

Aguilar dice que el bono anunciado por el ministro, Gendri Reyes, es un incentivo que han recibido las fuerzas de seguridad desde 2008 y solo han dejado de recibir durante dos años, uno de los cuales fue en 2019 durante la gestión del exministro, Enrique Degenhart.

El año pasado el bono fue dado por Q4 mil; sin embargo, este año serán destinados Q1 mil más para al menos 40 mil miembros de la PNC, que serían las plazas permanentes, lo cual significa la erogación de alrededor de Q200 millones.

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“Es un incentivo para los policías, porque vendrán las fiestas de Fin de Año y a ellos se les suspenden los descansos, permisos y vacaciones, por lo que deben trabajar durante estas jornadas para la darle seguridad a todos los ciudadanos. Nos hemos sumado al apoyo del Ministerio de Salud Pública en jornadas de vacunación y de velar por el cumplimiento de las restricciones sanitarias, para seguir protegiendo y sirviendo a todos los guatemaltecos”, enfatizó.

Para Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien, explica que un policía, conforme a su rango, tiene un promedio mucho más de salario que un maestro, porque se debe tomar en cuenta el tiempo de servicio que dan y el desplazamiento que realizan en el país. Añade que es una institución que se autodepura y la cantidad de dinero que se estaría erogando no es tan significativa.

“Los bonos generalizados en el Estado nunca funcionan, lo único que sirven son bonos o aumentos de conformidad con el mérito, porque estos generalizados están premiando al mediocre, al malo y no reconocen al bueno. Nunca estos aumentos son buenos”, afirmó.

El máximo tribunal constitucional suspendió temporalmente las funciones del Consejo de la Carrera Judicial, por una resolución que responde a una acción presentada por la magistrada Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo cual ha dividido las opiniones de los operadores de justicia en cuanto a los alcances del cambio.

Entre los jueces, que son los que imparten justicia, están divididas las opiniones y percepciones sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que devolvió, de forma temporal, a la CSJ el poder de hacer traslados, nombramientos o movimientos administrativos sobre los juzgadores y magistrados.

La resolución responde a la acción que presentó Valdés, por la ausencia de los nombramientos de los nuevos magistrados, y en donde fueron suspendidos varios artículos de la Ley de la Carrera Judicial y otras normas que le otorgan al Consejo la potestad de administrar los nombramientos, traslados y vacancias, entre otros movimientos.

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El juez séptimo Penal, Fredy Orellana, que preside la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), opina que la resolución emitida por el máximo tribunal constitucional del país es provisional y al suspender artículos de la Ley de la Carrera Judicial no debería afectar el trabajo de los juzgadores, porque se trata de un proceso administrativo. “Lo que se espera en este caso es que pueda existir a la brevedad posible una resolución definitiva; es decir, una sentencia que indique si los artículos se expulsan del ordenamiento jurídico o continúan vigentes. Se espera que se resuelva a la brevedad posible esta acción de inconstitucionalidad para que exista certeza y seguridad jurídica”, señaló Orellana.

Agregó que, después de esta resolución, los jueces y magistrados trabajan de manera normal y permanente, apegándose a la Ley y la Constitución, y con independencia, porque la justicia es un servicio esencial para la población. La resolución de la CC no afecta el trabajo.

Separación de atribuciones

Para el juez contra el femicidio Mario Alberto Taracena, expresidente de la Ajmoj, la CC resolvió de manera provisional los vacíos legales que existían en la Ley de la Carrera Judicial, que era confusa en cuanto a definir las funciones de los magistrados de la CSJ y los consejeros.

Para Taracena, los estándares internacionales indican que debería existir separación de funciones, porque la CSJ es un ente eminentemente jurista y colegiado y debe tener el tiempo necesario para resolver asuntos legales o judiciales, y se requiere la asistencia de otro organismo, como sucede en otros países, que se encargue de las actividades administrativas como licencias, vacaciones o traslados de jueces, entre otras.

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“Le devuelve —la CC—, porque así estaba anteriormente, las facultades a la Corte Suprema de Justicia. Se concentra el poder de juzgar y el administrativo, en lo relativo a cuestiones laborales”, señaló.

El juez contra el Femicidio reconoce que es necesaria la separación de funciones, pero advirtió de que la Ley de la Carrera Judicial no resolvía el problema y creaba confusiones que afectaban finalmente a los jueces y magistrados, ya que, por ejemplo, había dos nombramientos, uno emitido por los magistrados y otro por los consejeros para laborar en diferentes sedes judiciales.

“Si bien es cierto que le atribuye más poder —a la CSJ—, lo importante para los jueces es que se define, de una vez por todas, quién tendrá la batuta, el control y la decisión en cuanto a la designación, y lo que esperamos es que ya no exista ese tipo de problemas en una pugna que se dio entre la Corte Suprema y el Consejo de la Carrera Judicial. Los jueces lo que quieren es estabilidad y seguridad jurídica laboral”, explicó.

Cercanía con el CCJ

Existe otro grupo de jueces, alejados de la Ajmoj, que no opina igual.

Verónica Galicia, jueza de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, afirmó que hasta ahora se sentían cómodos con la implementación del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), porque es un órgano que se integra de forma imparcial, existe representación para los magistrados, los jueces de Primera Instancia, de Paz, y con expertos en administración pública y otras profesiones, lo cual mejora el desempeño de la carrera judicial.

Galicia también considera que la integración de la Corte Suprema de Justicia tiene debilidades para ejercer labores administrativas, porque solo está formada por abogados.

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“Es una gran frontera que tenemos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque son inaccesibles. Ningún juez de Paz o Instancia Penal tiene relación directa con los magistrados, y estos no se enteran de nuestras necesidades, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial, sí, por cómo está integrado”, expresó Galicia.

La jueza agregó que la implementación de este consejo fue una conquista para todos los jueces del Organismo Judicial y señaló que se debe trabajar en las reformas para la Constitución y así retornar las funciones administrativas a los consejeros.

Galicia, por su parte, habló de la necesidad de que se fortalezca la carrera judicial, de manera que se regule de esta forma la propia elección de los magistrados, tanto de salas de Apelaciones como de la misma CSJ, de manera que se garantice que se elegirá a profesionales sin intereses políticos o de cualquier otra índole, garantizando así órganos independientes para que se ponga como prioridad el mérito y la capacidad.

La Asociación de Jueces por la Integridad, presidida por Carlos Ruano e integrada, entre otros jueces, por Haroldo Vásquez, Miguel Ángel Gálvez y Éricka Aifán, aún analiza los alcances de la resolución constitucional y su posición al respecto.

Sin embargo, Ruano dijo la semana pasada a Prensa Libre que buscaban querellarse en un amparo que presentaría el Consejo de la Carrera Judicial para frenar la intención de la CSJ de recuperar el control de los jueces.

Cincuenta días después de que Estados Unidos incluyó a la fiscal general, Consuelo Porras, en la Lista Engel, por supuestamente haber obstruido e interferido en investigaciones de actos de corrupción, se comienza a resentir en el Ministerio Público (MP) el impacto de la sanción.

A tres meses de que se originó la controversia entre Porras y el Gobierno de EE. UU. por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), algunos fiscales admiten la interrupción de los aportes de la cooperación de EE. UU., y estos han afectado a la institución.

El MP actualmente trabaja en coordinación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), entre otros.

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, explicó que la sanción a Porras y a su secretario, Ángel Pineda, afecta institucionalmente, ya que por medio de la cooperación técnica se capacita al personal y reciben donación de equipo, lo cual beneficia a las instituciones del Estado. Sin embargo, aclaró que siguen trabajando con las agencias de investigación estadounidenses porque desarrollan investigaciones trasnacionales para combatir la migración irregular.

Campo, que recientemente lideró operativos para desmantelar grupos de traficantes de personas en el occidente del país, añadió que meses atrás eran constantes las capacitaciones que recibían por parte de las agencias, pero luego del anuncio realizado por el Departamento de Estado en contra de Porras y Pineda, ese apoyo fue menguando.

“Son decisiones respetables y esperamos que en un corto plazo fluya de nuevo el apoyo”, expresó el fiscal. Campo, que fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, recordó que mientras estaba a cargo el personal recibió del Gobierno de EE. UU. capacitaciones relacionadas con el lavado de dinero e investigación de delincuencia organizada, entre otros temas.

Capacitaciones internas

Alexánder Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, señaló que después del anuncio del gobierno estadounidense de detener la ayuda para el Ministerio Público, siguen trabajando los casos en donde habían realizado investigaciones en conjunto hasta obtener una sentencia.

Resaltó que las capacitaciones al personal, como parte de la cooperación internacional continúa aunque son menos pero, según él, se debe a las restricciones de la pandemia.

“Hemos visto que se ha ido activando, poco a poco, como la pandemia lo ha ido permitiendo. Creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros, de que varios países apoyan el tema, como la Unión Europea y conforme se han ido abriendo las fronteras por la pandemia, hemos ido –a las capacitaciones—”, dijo Colop.

En cambio, añadió Colop, a lo interno han trabajado con la Unidad de Capacitación del MP para desarrollar actividades propias de la fiscalía, porque han percibido que existe interés en unidades o fiscalías para conocer el delito de trata de personas.

“El trabajo realizado por el Ministerio Público y la especialización realizada por determinadas fiscalías ha permitido que se continúe a un ritmo permitido de trabajo y no paralizar directamente. Las bases se dieron, solo es de esperar y continuar con esos procesos de especialización, que al final de cuentas conllevan a que las mismas instituciones sean sostenibles al tener fortalecidas las especializaciones”, explicó el fiscal.

Prensa Libre consultó a Emma Flores, jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Extorsión, para conocer cuánto impacto ha tenido la suspensión del apoyo de EE. UU. en su fiscalía, pero indicó que se encontraba en una reunión y no podía atender la entrevista. También fue consultada Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, quien prefirió no opinar sobre el tema, porque siguen con el mismo ritmo de trabajo y el tema de cooperación es administrativo, añadió.

También fueron consultados Gerson Alegría y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y de la Feci, respectivamente, pero no respondieron a las consultas realizadas.

Mensaje es claro

Que Porras y Pineda estén incluidos en una lista de sanciones por su desempeño en la función pública, contrario a los intereses de EE. UU. no es una pérdida para los funcionarios, sino para el país, explica el politólogo Christians Castillo.

Castillo, explicó que al estar en medio la controversia es perjudicial para las personas que habitan Guatemala, más que a los funcionarios señalados, debido a que no se puede escapar al control territorial que ejerce, tanto en materia de interdicción a estructuras criminales como de apoyo al control fronterizo y el combate al contrabando.

Añade que Estados Unidos tiene mucho interés en abordar el narcotráfico, la corrupción y la migración por la vía jurisdiccional del Estado de Derecho y la investigación criminal, por lo que, en uno de los tres sectores haya sido incluido en la Lista Engel se percibe que el país no está teniendo éxito en administrar una justicia pronta y cumplida por sus propias capacidades.

“El país queda en una situación realmente compleja, porque el mensaje para todo lo que tiene que ver con inversión extranjera es nefasto, porque Estados Unidos, sin necesidad de levantar una alerta internacional a los capitales de advertir que no vayan a Guatemala, con la inclusión de la Fiscal General, la encargada de la investigación criminal, designada en una lista y las múltiples declaraciones diciendo que no le tienen confianza, el mensaje es alejarse de Guatemala porque no hay un estado de Derecho creíble”, advirtió.

El Parlamento Centroamericano, que se describe como un órgano regional permanente de representación política y democrática, saludó por medio de su cuenta de Twitter el proceso electoral realizado en Nicaragua y afirmó que su pueblo reitera de forma soberana su vocación por la paz y la reconciliación, mientras hay rechazo internacional.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “farsa” elecciones nicaragüenses en las que el mandatario Daniel Ortega tiene asegurado su cuarto mandato consecutivo tras impedir la participación de sus principales rivales.

“La elección que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy, fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, dijo Biden según una declaración de la Casa Blanca sobre “la farsa de las elecciones de Nicaragua”.

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Estas elecciones han sido cuestionadas tanto por la oposición, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Detenidos

Al menos nueve líderes territoriales de la oposición fueron detenidos por la Policía Nacional antes de la votación de este domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, denunciaron este domingo las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El Parlamento Centroamericano @PARLACEN como órgano de representación democrática de los pueblos de la región, saluda el proceso electoral en Nicaragua con el que su pueblo reitera soberanamente su vocación por la paz y la reconciliación. pic.twitter.com/hVNawpCBiw

— PARLACEN (@PARLACEN) November 7, 2021

“Contabilizamos al menos ocho de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen, en redadas ilegales, lo cual no hace más que reforzar el estado de sitio en el que el régimen de Ortega y Murillo ha colocado a la oposición”, dijo la dirigente de la opositora Unidad Nacional, Alexa Zamora, en un audio, en el que confirmó los arrestos.

La Alianza Cívica, que fue la contraparte del Ejecutivo en unas mesas de negociaciones con las que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, denunció, por su lado, la aprehensión de una líder territorial, cerca de la medianoche del sábado.

“En Nicaragua persisten el hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques y detenciones ilegales arbitrarias de nuestros dirigentes municipales, departamentales y enlaces territoriales”, señaló la Alianza.

Entre los detenidos están los líderes territoriales Yaser Mahumar Vado y Nidia Barbosa, de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica, respectivamente.

Los nombres del resto de líderes detenidos no fueron identificados públicamente por petición de sus familiares, explicó la Unidad Nacional, que confirmó que persiste la ola de capturas de opositores que inició en mayo pasado.

Hasta el 21 de octubre pasado, cuando fue detenido el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y el vicepresidente de la patronal, Álvaro Vargas, se contabilizaban 39 líderes y profesionales independientes encarcelados en el marco de las elecciones.

Entre los detenidos están siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, acusados, entre otros, por delitos que son considerados traición a la patria, y de lavado de dinero.

El observatorio Urnas Abiertas, que da seguimiento a la violencia electoral en Nicaragua, registró 1.656 hechos violentos en el marco de las elecciones desde octubre de 2020, incluyendo 120 en el último mes.

En estos comicios Ortega, quien coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, y retornó al poder en 2007, busca su tercera reelección seguida para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Sube de tono la polémica entre el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, y el Ministerio Público dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, por señalamientos que existen entre la institución y el exfiscal.

El exfiscal publicó en su Twitter que, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público ha citado a varios operadores de justicia con el propósito de que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas que habría cometido el personal que labora o que trabajó en la Feci o en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Sandoval agrega, por medio de su comunicado de prensa que, las citaciones ante la fiscalía tienen como común denominador, “el uso de procedimientos intimidatorios”, para que los citados avalen que formaron parte de una estrauctura criminal ficticia y deben brindar información sobre supuestos actos ilícitos cometidos por exfuncionarios y funcionarios que han trabajado para combatir la corrupción.

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“Dicha estrategia, se aleja de los preceptos que contempla la Ley contra la Delincuencia Organizado sobre la colaboración eficaz, por el contrario, mediante la utilización de intimidación se están implantando prueba con el propósito de perjudicar a quienes hoy somos considerados enemigos de la fiscal general, de esa manera adversado las políticas institucionales de la actual administración del MP”, afirmó Sandoval. El exfiscal señaló que esa dinámica responde a un plan del cual está siendo afectado por lo que hizo la denuncia pública.

A la opinión pública! pic.twitter.com/XGFVN72kWn

— Juan Francisco (@JSandoval1982) November 7, 2021

El ente investigador señala que el sistema legal de Guatemala establece los mecanismos respectivos para ejercer su derecho de defensa y plantear cualquier inconformidad, por lo que rechazan la opinión de Sandoval. Además, la institución exhorta al exfiscal a que respete la ley y se presente ante el órgano jurisdiccional corresponde.

El ciudadano ruso, Vladimir Taranetc, conocido como “Ali Ali”, fue capturado el pasado viernes 5 de noviembre por las autoridades colombianas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, señalado de integrar varios grupos terroristas de Siria, entre los cuales destaca el del Estado Islámico, conocido como Isis.

Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional de Colombia, informó que Taranetc está señalado de los delitos de formaciones armadas ilegales y de participar en organizaciones terroristas, por lo que tenía vigente una alerta roja desde 2013, de la Policía Internacional (Interpol), para detenerlo, y luego entregarlo a Rusia para ser juzgado en ese país.

“Esta persona, según la información enviada por la Oficina Nacional Central de Moscú, salió de Rusia y viajó por varios países, entre Siria y Turquía, armado y peligroso, para conformar organizaciones terroristas. Es capturado en el aeropuerto El Dorado haciendo tránsito hacia Guatemala”, afirmó Vargas.

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El director de la Policía añadió que están en comunicación con las autoridades rusas y la fiscalía colombiana para iniciar los trámites de extradición. Además, las autoridades informaron que Taranetc compró un boleto en Turquía con escala en Colombia y con destino final el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, pero fue interceptado.

Se cree que el capturado habría participado en el grupo yihadista Jaish Muhajireen wal-Ansar, el cual comete actividades terroristas y también utiliza métodos de sabotaje por medio de actos violentos contra personas civiles.

Según la información, en 2013 Taranetc abandonó Rusia y se dirigió a Turquía, luego se trasladó a Siria para unirse a las organizaciones terroristas. Se le señala de participar en el Estado Islámico como combatiente y se estima que tenía en su poder un gran arsenal de armas y municiones.

Objetivo Guatemala

No es primera vez que un supuesto integrante del grupo Isis tiene como destino Guatemala, al menos así lo dejó ver en el 2018 el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que afirmó que unos 100 integrantes de este grupo terrorista habían sido detenidos en Guatemala.

En octubre del 2018, Morales, durante su intervención en la segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada en Washington, Estados Unidos, dijo que su gobierno había “detenido a más de 90 personas completamente ligadas a temas terroristas con ISIS”; sin embargo, nunca presentó evidencia que sustentara esa afirmación.

Por el contrario, la Secretaría de Inteligencia Estratégica apoyó lo anunciado por Morales, pero se amparó en la Ley de Acceso a la Información Pública, y su regulación de confidencialidad de los datos por motivos de seguridad nacional, para evitar dar pruebas que sustentaran las supuestas detenciones.

El Ministerio Público le retiró el esquema de seguridad a los padres del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Juan Francisco Sandoval Alfaro, desde el jueves pasado, por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Juan Luis Pantaleón, jefe del departamento de prensa del Ministerio Público, explicó que la decisión fue tomada por una notificación de la resolución de la Cidh al Estado de Guatemala. “En ese sentido, la ley no permite al Ministerio Público dar seguridad a extrabajadores de la institución, esta acción le corresponde al Estado de Guatemala, vía el Ministerio de Gobernación”, explicó el vocero. La seguridad de los familiares del exfiscal estaba a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución notificó a Sandoval sobre la suspensión del esquema de seguridad de sus familiares y para él por medio del oficio 5237-2021 DSMP-AEP/FOS, emitido por Antonio Englenton Peña, subdirector de seguridad y encargado del departamento de Seguridad.

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Expresa preocupación

El exfiscal fue destituido el pasado 23 de julio y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Desde ese país expresó su preocupación por el retiro del esquema de seguridad para sus padres, porque señala que desde marzo de 2010 contaba con seguridad y vivía con ellos, por lo que después de un estudio de riesgo la institución determinó que corrían peligro por el trabajo que realizaba Sandoval.

“Yo trabaje para desarticular las estructuras más grandes de corrupción del país, en las que hubo por lo menos tres expresidentes, ministros, diputados y entre los casos gestionados había estructuras criminales de alto poder. Un excandidato, el del narco partido, condenado en Estados Unidos, que fraguó un plan para ejecutarme”, expresó Sandoval.

La Cruz Roja Guatemalteca informa que un bus cayó en un barranco en Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, este sábado 6 de noviembre.

Preliminarmente se reporta 30 personas heridas y con traumas en distintas partes del cuerpo.

Socorristas continúan con las labores para auxiliar a los afectados por el accidente, cuya causa se desconoce.

La unidad de transporte quedó con severos daños.

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Los heridos reciben atención en el Centro de Atención Permanente del referido municipio.

Bomberos lo avalúan para determinar si es necesario trasladarlos hacia el Hospital Regional de Cobán.

Incidente múltiples víctimas en Alta Verapaz

Autobús de transporte público cae en un barranco en Campur, San Pedro Carchá.#CruzRojaGT junto al CAP se encuentran estabilizando, hasta el momento, a 10 personas con múltiples traumas.

Se continúa laborando en el lugar. pic.twitter.com/kJg5rOyXgA

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) November 6, 2021

Las investigaciones antinarcóticas han identificado la relación que mantienen los políticos y sus familiares con organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

Desde abril del 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ha solicitado que se les retire la inmunidad a cuatro alcaldes, por supuestos vínculos con el trasiego de drogas en el país. Analistas consideran que la relación de políticos con grupos del crimen organizado es más evidente y obvia que hace varias décadas.

Operaciones antinarcóticas revelan la importancia que mantienen agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personas involucradas en política, algunas con señalamientos de delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Las pes   quisas han identificado a alcaldes, candidatos presidenciales, funcionarios municipales y agentes policiales que tienen nexos con redes de tráfico de drogas.

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El primer antejuicio presentado fue contra el fallecido alcalde de Ayutla, San Marcos, Érik Salvador Súñiga Rodríguez, quien se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en diciembre de 2019, seis meses después de que se le retirara la inmunidad y a las puertas de las elecciones generales que podían darle un nuevo período edil.

Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía, dice que al presentar esta acción contra Súñiga Rodríguez se le limitó la participación para reelegirse como jefe edil.

En diciembre de ese mismo año, las autoridades también pidieron que Otoniel Lima, alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, no gozara de inmunidad para que se le pudiera investigar por presuntos vínculos con el narco. A la fecha está ligado a proceso por el transporte de más de 660 kilos de cocaína y guarda prisión en la cárcel Mariscal Zavala, a la espera de sentencia.

Aunque estos no son los primeros señalamientos contra alcaldes vinculados con el narcotráfico, porque desde hace varias décadas se detectó esa relación, parece que en estos últimos años se han incrementado estas relaciones.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y actual analista del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), explica que para trasegar drogas los grupos del crimen organizado necesitan cumplir con tres aspectos: control territorial; tener estructuras organizadas y fortalecidas para utilizar la violencia como disuasivo o medio de control; y control político y social, lo cual implica relaciones con la población o involucramiento de las personas y armonía con los políticos de los territorios que buscan controlar.

Para Jiménez existe mayor articulación del narcotráfico con la política, porque es el control jurídico que mantienen las alcaldías sobre los territorios lo que quieren controlar.

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“¿Por qué razón ha aumentado con los años con el poder local? Porque, efectivamente, cada vez hay más necesidad de relacionarse con quienes tienen control del territorio, y el territorio jurisdiccionalmente son las alcaldías”, agregó.

Corrupción

Durante este año, el Ministerio Público ha presentado dos antejuicios contra alcaldes. El primero fue en marzo, en contra de Esduin Jerson Javier Javier, alias Tres quiebres, alcalde de Ipala, Chiquimula, por su aparente relación con un triple crimen asociado al tráfico de drogas y porque se supone que tiene acercamientos con la estructura criminal conocida como los Ipala. Según Ajiatas, la defensa de este jefe edil ha interpuesto una serie de recursos para evitar que el órgano jurisdiccional correspondiente conozca la acción.

El segundo antejuicio fue presentado contra Exadillas Doniel Ramos Aguilar, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, para investigarlo por supuestos vínculos que mantienen él, su esposa y su hijo con una estructura que trasiega drogas.

Ajiatas explica que la acción contra este jefe edil está pendiente de ser ratificada en el juzgado correspondiente.

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De acuerdo con el fiscal, ahora se evidencian más los vínculos entre narcotraficantes y políticos porque hay más investigaciones. Sin embargo, Jorge Wong, politólogo independiente, afirma que las relaciones de las personas involucradas en política con grupos del crimen organizado se han consolidado con mayor fuerza durante la pandemia, y por eso se han identificado más.

Wong agrega que el mal más grande de la democracia es la corrupción, por lo que estas redes ilícitas van permeando, comprando y cooptando las alcaldías, el Congreso y otros cargos públicos, por medio del pago de las campañas políticas.

“Estas personas ocupan un espacio disponible porque tienen los recursos necesarios. Es la piedra en el zapato del Triángulo Norte que permite que toda esta situación se vaya por esta vía”, señala Wong.

Jiménez indica que no se puede medir si hay más políticos vinculados con el crimen organizado que hace unas décadas, pero la cantidad no es lo más importante, sino que se debe hacer mayor énfasis en las circunstancias estructurales del sistema, como la corrupción.

Agrega que existe mayor vulnerabilidad y debilidad de corrupción en las instituciones, por lo que se elevan las probabilidades de que el narco aproveche estas situaciones, lo cual se percibe como más involucramiento de líderes políticos con bandas del crimen organizado.

“Para mí, el problema no es la cantidad de funcionarios, pueden ser cien o diez; el problema es qué hacen estas cien o diez personas, porque menor cantidad puede impactar de una mejor manera a los grupos criminales, comparado con mayor cantidad”, afirma.

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Policías y funcionarios municipales

Alam Carlos Stives Orellana Salguero, concejal de Jutiapa, fue capturado al estar señalado de asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación ilícita. También fue detenido su padre, Carlos Amílcar Orellana Donis, conocido como el Chejazo, ambos señalados de integrar la banda denominada de Jalpatagua.

Este no es el primer funcionario municipal detenido por nexos con el crimen organizado, porque, según Ajiatas, el exalcalde Recinos utilizaba a varios policías municipales para trasegar drogas.

En estos casos también están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, porque las autoridades reportaron la detención de 18 personas, entre las cuales había seis agentes de la PNC, quienes se supone que fueron captados por los cabecillas de la organización de narcomenudeo conocida como Los Jerez, para que operaran sin ningún problema y también para que filtraran información sobre operativos antinarcóticos, a fin de que no fueran detectados.

En febrero último, las autoridades confirmaron la detención de seis agentes más señalados de haber colaborado con la banda Los Pelones.

El Ministerio Público señala que de mayo de 2018 a mayo reciente han recibido un millón 312 mil 469 denuncias, de las cuales el 100 por ciento fueron resueltas, según detalla el tercer informe de la gestión. No obstante, los niveles de impunidad no superaban el 95% en 2018, de acuerdo con un análisis presentado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

De esta cuenta presentar y darle seguimiento a las denuncias que se presentan a los órganos correspondientes es una tarea importante, como también lo es el tener claro cómo hacerlo.

Oswaldo Samayoa, abogado y catedrático universitario, explica que es importante que los denunciantes de un delito den seguimiento al caso en las instituciones correspondientes. Si la denuncia es presentada, por ejemplo, ante la Policía Nacional Civil, siempre será remitida al Ministerio Público. Sin embargo, si es realizada en contra de alguna acción de agentes o contra policías, esta será trasladada a la Inspectoría General o a la Oficina de Responsabilidad Profesional.

“Es importante pedir el número asignado a la causa, ya sea dentro del MP o en la Policía, porque con ese dato se le puede dar seguimiento. Debemos procurar que la información que se obtiene sobre cómo está el proceso y su desarrollo, se pueda ligar a una persona identificable dentro de la institución, que sea la encargada del expediente”, sugirió el abogado.

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El Ministerio Público tiene la obligación de darle una respuesta a cada denuncia que le presentan, la cual puede ser mediante salidas alternativas al proceso penal, la obtención de una sentencia o archivarla.

Las denuncias se deben presentar por escrito, agregó Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, quien también recomienda anotar el número de expediente o de referencia, para darle el seguimiento en días posteriores.

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• ¿Cómo se presenta una denuncia? Se puede hacer de manera verbal ante el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil, o bien, por escrito, en cualquier caso se debe explicar el detalle de los hechos.
• ¿Es necesario el auxilio legal? No, necesariamente. El ciudadano se puede presentar con un abogado, solo o bajo el auxilio de alguna organización que trabaja temas específicos relacionados al hecho que se denuncia.
• ¿Qué hace la PNC con la denuncia? La Policía recibe denuncias en cualquier sede, no obstante, estas son trasladadas al Ministerio Público quien es el que se encarga de la investigación correspondiente.
• ¿Cómo identificar los expedientes? Se debe tener claro si la denuncia es por delitos administrativos o penales, a partir de ahí acercarse a las instancias  donde cada expediente está identificado con un número.
• ¿Cómo manejar una denuncia de corrupción? Estas se presentan en el MP y pueder ser a título personal o en grupo, quienes se constituyen en agraviados y solicitan ser querellantes.
• ¿Hay un sistema de seguimiento? El MP tiene una sección de seguimiento a denuncias en su página electrónica, donde se solicita la identificación del denunciante para establecer el número de expediente de su denuncia.

A cinco días de que fue instaurado el estado de Sitio en El Estor, Izabal, las autoridades señalan que han detenido a más de 15 personas y ejecutado al menos 26 allanamientos. Sin embargo, las acciones efectuadas en ese municipio también trajeron reacciones en la  capital, porque durante toda la semana se registraron, en el Centro Histórico, manifestaciones relacionadas con la imposición de esa medida.

El estado de Sitio fue instaurado en este municipio por el Gobierno, luego de que grupos de manifestantes mantuvieron durante 17 días un bloqueo carretero como medida para exigir participación en la preconsulta del funcionamiento de la mina Fénix. La medida fue ratificada por el Congreso, y está vigente por 30 a partir del pasado lunes.

El Estor, municipio que se ubica a más 300 kilómetros de la capital, ha estado bajo esa medida durante varias ocasiones desde el gobierno de Jimmy Morales a la fecha, debido a los conflictos  entre  pobladores por la actividad minera en el lugar.

Capturas y allanamientos

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), reportó que hasta el viernes por la mañana llevaban 17 personas detenidas en los operativos de seguridad en El Estor. Destacan el rescate de una menor, de quien se sospecha era víctima de trata de personas.

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Hasta ayer se reportaban  26 allanamientos, así como la recopilación de información e indicios que podrían aportar a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Según el portavoz, las detenciones se han ejecutado  por delitos relacionados con violencia contra la mujer y usurpación. Sin embargo, pese a que la Policía reporta detenciones, estas no están vinculadas con el estado de Sitio, ni tampoco con las personas que se supone agredían a los policías o generaban los bloqueos, confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil.

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Agregaron que buscan capturar a las personas que han participado en los bloqueos y las protestas que comenzaron el pasado 4 de octubre, porque ya los identificaron, pero aún no confirman las detenciones.

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El Foro de Organizaciones Sociales y Especializadas en Seguridad (Foss) afirma que se ha demostrado que los estados de Sitio implementados por gobiernos anteriores no resuelven los problemas de seguridad ni tampoco la conflictividad social en los lugares donde se han impuesto; más bien la medida más efectiva sería el uso de inteligencia estatal.

Las organizaciones recomiendan que se deben fortalecer todos los mecanismos de la institucionalidad de la paz para el diálogo, atender la conflictividad y evitar el uso de la fuerza.

Jornadas de protestas

Las manifestaciones realizadas por personas que se identifican como habitantes de El Estor, a lo largo de la semana, tuvieron motivos diferentes. Mientras que unos agradecían por la imposición de la medida en el municipio, porque han recuperado la “tranquilidad” y es beneficioso para el comercio, otros están en contra de la medida y piden que deje de tener vigencia.

Durante la semana de manifestaciones, los pobladores manifestaron su rechazo o apoyo a la medida. Una vecina de El Estor que viajó a la ciudad dijo que se sentía “feliz y agradecida con Dios” porque las autoridades retomaron el control en el lugar y regresó la tranquilidad. Afirmó que ya no quieren más bloqueos que impidan regresar de su trabajo a su hogar o viceversa.

Otra vecina señaló también que el estado de Sitio les trajo tranquilidad, y logran pasar los bloqueos sin pagar los cobros ilegales.

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Mientras otro grupo en contra de la actividad extractiva criticó el estado de Sitio y  reclamó no haber sido consultadas  todas las comunidades sobre la explotación de minerales en el lugar. A ese grupo se sumaron autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, en la jornada de protestas.

La Policía Municipal de Tránsito de la capital explicó que las manifestaciones se realizaron una vez por día y tuvieron concentraciones en diferentes puntos: el Congreso, la Casa Presidencial, la Corte de Constitucionalidad, la Sexta Avenida y la Plaza de la Constitución.

CIDH se pronuncia

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación que han sido reportados, por lo que recordó al Estado sus deberes de respeto y garantía hacia la labor de la prensa.

Entre sus reportes destacan que el pasado 22 de octubre, por lo menos cuatro periodistas de medios alternativos fueron agredidos cuando informaban sobre las manifestaciones que se realizaban en El Estor y como las fuerzas de seguridad buscaban dispersar a las personas.

La oficina destaca que además de las amenazas realizadas contra los periodistas, los policías habrían usado gases lacrimógenos para dispersar las protestas

Organizaciones que se dedican al estudio de la violencia homicida en el país señalan preocupación por la situación, porque han identificado repuntes de homicidios durante algunos meses del año.

De enero a septiembre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) realizó 7 mil 716 necropsias, de las cuales 3 mil 195 fueron efectuadas por causas asociadas a un hecho criminal.

Violencia repunta

Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio Regional de la Violencia, de la organización Diálogos, reporta que desde el 2 de septiembre el indicador mostró 297 necropsias en 30 días, pero desde esa fecha hasta el 18 de octubre se registraban 410, es decir 113 necropsias más en un lapso de 48 días.

“En esos 48 días la violencia subió 38 por ciento en el indicador de corto plazo. A veces estos aumentos no se ven fácilmente reflejados en los indicadores mensuales o en los de largo plazo, que es la tendencia de la tasa interanual. Nosotros hemos advertido que desde que finalizó enero, justo después del 29 de enero, se empezó a notar que la tendencia de este año está por arriba de la tendencia del año pasado”, explicó.

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El análisis de Diálogos toma en cuenta que en febrero del 2020 el Gobierno impuso estados de Prevención en municipios de altos índices de criminalidad, sin embargo, este año no se realizaron estas intervenciones.

Otro factor es que en el 2020 fueron impuestas restricciones de movilidad como medida de contención contra el covid-19, lo cual incidió en la tasa de homicidios que llegó a un mínimo cuando el presidente Alejandro Giammattei cumplió 100 días de gobierno.

Pero estas cifras se alteran, dice Mendoza, a partir del 24 de abril cuando comenzó a incrementar la violencia homicida y se estabilizó alrededor de los últimos tres meses.

“En enero de este año estuvo por debajo de ese mes de 2020, pero después de febrero siempre ha estado por arriba del año pasado. El problema es que en estos últimos 30 días ha estado por arriba no solo del año pasado, sino también de 2019, el año prepandemia”, explicó.

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En los últimos dos días se han registrado hechos violentos, en donde se ha registrado la muerte de al menos ocho personas. El pasado lunes, en la zona 2 de Quetzaltenango, se registró un ataque armado en donde murieron cuatro personas dentro de un taller de enderezado de vehículos. También fue reportado un hombre fallecido y una mujer con heridas de balas por un ataque armado en la 14 calle frente al 1-29 de la zona 10 capitalina.

Ayer los bomberos reportaron un hombre de aproximadamente 30 años acribillado en la colonia Mezquital, zona 12 de Villa Nueva. También fue registrado la muerte de un agente de seguridad privada en la zona 6 de Quetzaltenango. Además, los cuerpos de socorro encontraron el cadáver de una persona envuelto en sabanas dentro de un vehículo en el sector conocido como Anexo, de la colonia Kennedy, zona 18.

Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indica que actualmente la tasa interanual de homicidios está en 16 por cada 100 mil habitantes, lo que significa que se incrementó en septiembre, porque en julio y agosto estuvo en 15.8.

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“Estos repuntes afectan negativamente al tema de seguridad, porque son superiores a las cifras que observamos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado que fueron entre 209 y 236”, explicó.

“En el largo plazo hay una reducción, pero preocupan esos incrementos que nos indican que no se han resuelto los factores que explican el tema de la violencia y delincuencia en Guatemala,  porque al final puede haber acciones que cambien las tendencias de corto plazo (…) pero no hay cambios a largo plazo” dijo Menchú.

Mendoza aclara que las cifras de homicidios de este año no alcanzarán las que se registraron en 2019, pero las cifras respaldan la percepción que tienen las personas de más inseguridad.

En un nuevo intento por reformar el Código Penal, la Comisión de Reformas al Sector Justicia está por terminar una serie de discusiones técnicas para, antes que termine el año, presentar una propuesta de reforma que incluya nuevos delitos.

Durante los dos últimos años del gobierno de Jimmy Morales, se registraron simulacros de reformas a esta norma, la primera fue en septiembre de 2017, cuando los diputados intentaron blindar a los políticos del financiamiento ilícito y que no haya cárcel para el cumplimiento por delitos menores de 10 años.

La última vez que el Congreso decidió reformar el Código Penal, en noviembre de 2019, se enfocó en la reducción de penas que beneficiaban a un número de políticos encarcelados y a reos comunes, incluidos los pandilleros, lo que desató una inconformidad social que redundó en protestas que terminaron por presionar a los diputados de anular los cambios.

Aunque han pasado casi dos años de que los presos tuvieron la oportunidad de que los políticos pudieran reducir su condena hasta en un 50 por ciento, la Comisión de Reformas al Sector Justicia, en el Congreso, recopila comentarios, aportes y opiniones de diferentes sectores para definir un nuevo cambio.

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Ahora, Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que buscan aprobar la iniciativa de ley 5494, la cual pretende cambiar el Código Penal. Agrega que a lo largo de este año han realizado reuniones con diferentes sectores para que puedan compartir sus aportes, opiniones y comentarios.

Expone también que quieren integrar nuevos delitos que la actual norma no incluye, como odio y agresión, acoso laboral y defraudación al Seguro Social.

El diputado explica que hay acciones que deben ser tipificadas como delitos, como el dopaje deportivo, y el acoso escolar y laboral.

Hasta ahora el ejercicio de discusión en la Sala Legislativa ha provocado opiniones diversas, entre estas que los cambios podrían estar rozando con otras leyes o instituciones, como delitos electorales, de régimen económico, considera que su objetivo es codificar y sistematizar los delitos que van diseminados en las leyes especiales.

Los cambios, explica Ponce, también contemplan un castigo drástico para las personas que cometen corrupción, crimen organizado, narcotráfico, extorsión, entre otros.

En lo que va del año, 28 instituciones públicas han presentado sus propuestas entre las cuales resaltan el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones; de Economía; de Educación; Relaciones Exteriores; Salud Pública; Trabajo y Previsión Social.

Además, participaron representantes de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo; Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas; Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras.

“Dieron sus aportes para crear una nueva normativa que atienda nuevos delitos y que son importantes, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) planteó que es muy importante codificar el delito de retención de cuotas patronales, porque hay algunos casos donde algunas fincas o empresas retienen las cuotas de los trabajadores y cuando quieren jubilarse no aparecen, o el Igss no puede darles el servicio”, explicó Ponce.

Tiempo se agota

Ponce considera que para mediados de noviembre tendrán recopilada y sistematizada toda la información que han aportado las organizaciones e instituciones que ha acudido a las audiencias, por lo que esperan conseguir dictamen favorable.

Hoy  se desarrollará la última de las reuniones en donde está previsto que asista gran parte del sector empresarial, ya que, confirmó la Cámara del Agro, de Comercio, de la Industria, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Alianza en defensa de la República, el Colegio de Contadores y Auditores Públicos, el Instituto de Magistrados, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros.

Pero Ponce tiene claro que un factor en contra para consolidar esta reforma al Código Penal es el tiempo, porque se acerca el fin de un año y desconocen si seguirán en la misma comisión legislativa en el 2022, por lo que afirma que están acelerando la sistematización de la información.

Expectativa

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, es importante que en la recopilación de datos e información que están realizando mantengan los textos de las propuestas conforme a la Constitución Política de Guatemala y que no tenga tinte punitivo.

“Que la Comisión trate de aportar un texto que ayude a la sociedad a abordar desde una mejor perspectiva y no solo desde el punto de vista punitiva los delitos, porque hay penas que son verdaderamente inhumanas y otras que son flojas cuando se necesita una sanción verdaderamente severa”, señaló Ibarra.

Añade que los diputados deben ser muy cuidados para redactar el texto de la iniciativa para cumplir con la expectativa de tener una mejor sociedad, que aborde de forma correcta la carga delincuencial que suele haber en el seno de la sociedad.

Sin premuras

Lizandro Acuña, investigador y analista en temas de seguridad y justicia, opina que se han presentado al menos siete iniciativas de ley para reformar el Código Penal; sin embargo, resalta que algunas de estas no se han llevado a cabo.

“Es una reforma que no tiene que ser apresurada y haber un consenso y participación muy amplia por parte de los sectores que muestren interés en participar en la reforma al Código Penal, hay que tener un poquito de memoria como aceptación de cargo y reformas a la prisión preventiva, en donde se ha visto que prácticamente detrás de las reformas el efecto retroactivo que pueda favorecía a casos de alto impacto”, explicó.

Acuña advierte que las reformas son un proceso que se debe respetar las diferentes posiciones, porque las experiencias nos han demostrado por donde va la ruta y los intereses que se está dilucidando en este momento y que llevan a la impunidad.

Mientras que Corinne Dedik, investigadora del Cien, explica que estas reformas llevan varios años y ven positivo que se quiera modernizar el Código Penal, pero considera que hay aspectos que se deben seguir discutiendo porque es un instrumento muy complejo.

“Consideramos que se tome suficiente tiempo para discutir las reformas que se quieren hacer, desde la parte general hasta la especifica de los diferentes delitos”, reiteró.

Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia decidieron que el alcalde de Mixco, Neto Bran, mantenga su inmunidad y por eso no podrá ser investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en el caso denominado Amenazas, falsedad e influencias.

El fallo es a favor del jefe edil por un caso en el que es señalado por el Ministerio Público de haber contratado de forma irregular a una persona.

Según la investigación del MP, Rolando Pérez presentó un título universitario falso que le sirvió para ser contratado en la Municipalidad de Mixco, luego de haber apoyado a Bran en la campaña electoral de 2019.

Bran enfrenta un proceso de retiro de inmunidad por haber supuestamente abusado del cargo e instruir a la municipalidad para contratar a Pérez en la Dirección de Planificación de esa comuna, sabiendo que su título era falso, según la investigación de las autoridades.

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El pasado 7 de abril, el Tribunal Décimo condenó a 12 años de prisión a Rolando Moisés Pérez, un excolaborador del alcalde Mixco Neto Bran, quien fue hallado culpable de los delitos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

La pena establece que son ocho años conmutables (por uso de documentos falsificados y usurpación de calidad) y cuatro años inconmutables (por obstaculización a la acción penal).

El hombre ya fue sentenciado por uso de documentos falsos, usurpación de calidad y obstaculización a la acción penal.

Impugnarán

José Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que efectivamente el jueves 21 de octubre les notificaron dicha resolución, por lo que se procederá a impugnar dicha decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.

El Ministerio de Salud Pública solicitó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) inmuebles con características específicas, que sean para uso provisional que sean utilizados para atender la pandemia. 

El artículo 20 de la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 establecer que, con carácter extraordinario y únicamente durante el plazo de tres años, la Senabed puede entregar por tres años un inmueble para uso temporal gratuito a la cartera de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para atender la crisis sanitaria generada por el covid-19. 

Aunque la Secretaría cuenta con varios inmuebles y terrenos que están en proceso de extinción, la gran mayoría no tiene las condiciones y características requeridas por la cartera de Salud, que son contar con una superficie mayor a 900 metros cuadrados para ampliación de áreas y preferiblemente que sean propiedades construidas como bodegas, hangares, hoteles, canchas deportivas, áreas ventiladas o libres, explica Jorge Mario Andrino, secretario de la institución. 

Añade que tienen identificados al menos 12 terrenos o parcelas en donde Salud podría instalar alguna sede sanitaria, porque hasta ahora solo cuentan con un hotel que está en Huehuetenango y el cual consideran que podría ser utilizado en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. 

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“El que más visualizo para ofrecerles de inmediato es un autohotel bastante grande, según las fotos que me enviaron, que se encuentra en Huehuetenango. Puede ser utilizado como un hospital temporal, porque tiene ciertas capacidades”, afirmó Andrino. 

Inmuebles enlistados

Si la solicitud del uso de los inmuebles es urgente, Salud solo podría contar, de inmediato, con el hotel. Sin embargo, Andrino aclara que hay 12 terrenos o parcelas enlistados más, que no tienen las dimensiones solicitadas por la cartera, porque no podrían instalar un hospital, pero si un centro de vacunación. 

“Quiero hablar con el ministerio –de Salud—al respecto, porque al darnos esas dimensiones nos deja con muchas limitaciones. No tenemos terrenos tan grandes. Las fincas que pudiéramos darles, en su gran mayoría están invadidas y están en proceso judicial porque se han presentado denuncias por la invasión. Sacar a unas personas para meter ahí al ministerio, no sé que tanto podría ser viable, pero también estarían a disposición”, explicó Andrino. 

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Añade que también tienen enlistados siete inmuebles, entre los cuales resaltan el autohotel y casas, los cuales podrían ser posibilidades para que los utilicen como sedes sanitarias, pero todo dependerá si se acoplan a sus necesidades. 

Explica también que estos bienes no se les puede hacer ninguna inversión pública o construcción, debido a que muchos no están extintos a favor del Estado, por lo que deben hacer acondicionamientos temporales o prefabricados. Además, señala que el MSPAS al momento de elegir algún bien para utilizar en el contexto de la pandemia, deberá comprar una fianza de aseguramiento, en caso de devolverla a la persona que aparece como dueño en el proceso de extinción. 

Derecho a la salud

En el contexto de la pandemia en el país, la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 también establece en su artículo 20 que las instituciones públicas deben privilegiar el derecho a la salud, por lo tanto, deben poner a disposición de las autoridades sanitarias las instalaciones en todo el país para adecuarlas a la prestación de servicios de salud. 

Prensa Libre consultó al departamento de comunicación de la cartera de Salud, pero indicaron que aún no con información precisa si han solicitado o no el apoyo a otras instituciones para solicitar sedes en donde puedan ampliar su cobertura de servicios sanitarios. 

El hotel de Baldizón 

En mayo del año pasado, el presidente Alejandro Giammattei pidió a la fiscal general, Consuelo Porras, utilizar el hotel vinculado al excandidato presidencial, Manuel Baldizón para utilizar como albergue de pacientes leves de covid-19. Sin embargo, la propiedad no fue utilizada. 

Después que fue anunciado convertir esa propiedad en un albergue temporal, los representantes legales presentaron acciones legales contra la Senabed, las cuales fueron declaradas sin lugar. Sin embargo, insistieron y presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el MP, el cual también fue rechazado. El objetivo era detener el convenio para conceder la propiedad en albergue. 

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Juan Luis Pantaleón, jefe de la oficina de prensa del ente investigador, explicó que al inicio se tenía previsto ceder el inmueble para que funcionara como albergue para pacientes de covid-19 por seis meses, pero el Ejecutivo ya no solicitó el convenio que tenían previsto.

Esta es una de las más de 35 propiedades que el Ministerio Público vincula con Baldizón, ya que, en 2018 fue inmovilizado el edificio Vista Panorámica de 15 pisos, el cual es utilizado por el ente investigador como sede de la Fiscalía de delitos de narcoactividad. 

En los últimos meses, se han viralizado fotografías y vídeos de agentes municipales y policías mientras extienden multas o intimidan a personas, uno de los casos que más sobresale, es de un grupo de hombre que se trasladaban en un vehículo sin placas, quienes afirmaron que eran miembros de las fuerzas de seguridad cuando interceptaron a un automovilista en la zona 1.

Aunque el incidente de tránsito ocurrió a finales de agosto pasado, continúa bajo criticas y cuestionamientos, porque el ciudadano discutía con el grupo de hombres que no portaban uniforme, estaban armados y dijeron ser miembros de la PNC.

Durante la discusión, los hombres se identifican como policías, pese a que no portaban identificaciones que los hicieran miembros de las fuerzas de seguridad. También se trasladaban en un vehículo que no era de la Policía y que no tenía placas de circulación.

Debido a este incidente, el automovilista presentó una denuncia por el actuar de los policías e indicó que el picop que impacto en contra de su vehículo era piloteado por el abogado Otto Gómez, quien fue detenido por varios delitos el mes pasado, y tenía seguridad por parte de la PNC.

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Por lo que deja cuestionamientos de conocer el protocolo de actuación de un agente, cuando está asignado a resguardar la vida de un funcionario o persona que tenga asignada seguridad por parte de la PNC.

Jorge Aguilar, vocero de las fuerzas de seguridad, explica que un policía que no vista uniforme y es testigo de algún delito o incidente está obligado a llamar a los agentes que patrullan en el sector, para detener, indagar o actuar en la situación.

“Un policía sin uniforme no puede identificar, porque tiene que estar debidamente identificado. Tiene que estar identificado como miembro de alguna dirección de la Policía, si está realizando investigación, si estás dando algún seguimiento”, afirmó el portavoz.

Para Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), deberían existir sanciones administrativas para los agentes que efectúan estas acciones, porque se deben regir a los reglamentos de comportamiento de la PNC.

“Estar a cargo de ciertas personalidades no les da el derecho de hacer lo que se les da la gana, sino que incluso un mismo policía mientras patrulla, debe seguir ciertos comportamientos para no atropellar las libertades de las personas. Deben regirse a los que indican los manuales del actuar policial”, opinó Menchú.

Mientras que, para Verónica Godoy, vicepresidenta de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), señala que los agentes no deberían tomar este tipo de acciones cuando están asignados a la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) de la PNC, porque sus funciones es darle protección a la persona que la tiene asignada.

Acciones ilícitas

El Ministerio de Gobernación informó que recientemente la baja de 45 miembros de la PNC por participar en acciones ilícitas, entre los cuales 18 tenían denuncias ciudadanas en su contra y procesos administrativos abiertos que derivaron en denuncias penales en su contra.

“En estos casos se comprobó que cometieron acciones ilegales y fueron dados de baja. Por las situaciones en las que estaban involucrados se les dio de baja, porque se perfila como una falta graveen el área administrativa en el Tribunal de la Policía”, dijo Aguilar.

También explica que hay casos donde los policías cometen faltas, mientras están de descanso, por lo que pasan a una situación especial ante la PNC para resolver su situación legal y reingresar a las filas de las fuerzas de seguridad.

Menchú puntualiza que las denuncias penales contra los agentes son situaciones graves, porque son delitos los que podrían haber cometido, por lo que se debe seguir depurando de los malos elementos en las fuerzas de seguridad.

• Mejorar controles

Verónica Godoy, vicepresidenta de la Fads, opina que deben mejorar los controles con la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS), porque se sabe que muchos agentes cuando son asignados a esta unidad se desligan por completo de la PNC, pese a que pertenece a esta institución.

• Denunciar los hechos

El portavoz de la Policía Nacional Civil afirma que es necesario que se denuncien los hechos irregulares que podrían cometer los agentes, porque Inspectoría General les da seguimiento a los casos. Añade que tiene controles internos para desarrollar las investigaciones como identificación de los policías, en qué lugar están de servicio, las patrullas que utilizan tienen GPS, entre otros.

• Prevención desde el origen

El investigador Walter Menchú explica que más allá de buscar una solución desde el ámbito penal o sanción, se debe buscar la prevención de estos hechos con el establecimiento de reglas claras y sancionar a aquellos que las incumplan. Agrega que los policías destinados para dar seguridad a funcionarios y personas deberían recibir un entrenamiento especial para las tareas especificas que realizan y de esta forma evitar los abusos que se han observado.

• Fortalecer supervisiones

Godoy destaca que se deben fortalecer las supervisiones de cómo están accionando los policías mientras cumplen sus funciones, y seguir con las investigaciones que se abren cuando hay denuncias administrativas en su contra. “Las supervisiones son indispensables y se han relajado, por lo que se han perdido los buenos controles. La Policía se tiene que responsabilizar del actuar de los agentes”, resaltó.

Militares retirados cumplieron con las amenazas de actuar de forma violenta para exigirle al Congreso el pago de indemnización por su servicio en el Ejército, porque la tarde del martes irrumpieron en el edificio del Organismo Legislativo e incendiaron algunos vehículos, agredieron a policías, periodistas y al personal que se encontraba laborando en el lugar.

En las instalaciones del Congreso aún se encontraban diputados, Alberto Pimentel, el ministro de Energía y Minas; personal administrativo, entre otros. El miércoles pasado, miembros de estos grupos bloquearon 14 puntos en las carreteras y amenazaron con utilizar armas si los desalojaban, también utilizar explosivos para destruir puentes y otras acciones violentas.

Debido a que estas amenazas fueron lanzadas seis días, analistas y expertos en temas de seguridad afirman que el Ministerio de Gobernación tuvo suficiente tiempo para fortalecer anillos de seguridad perimetral en el Congreso y prevenir acciones violentas durante la manifestación.

Para Oswaldo Samayoa, miembro del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (Foos), desde el 21 de noviembre del año pasado la Policía Nacional Civil (PNC) ha incumplido con sus deberes, porque en vídeos se observa como los policías que estaban asignados en los alrededores del Congreso se retiraron cuando vieron que algunos manifestantes se subieron a las ventas del edificio del Legislativo.

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“No había ninguna planificación de resistir par este tipo de amenazas, pese a que lo habían avisado. Esto quiere decir que el sistema de inteligencia civil tenía esta información, por lo que estamos frente a un incumplimiento continuado de deberes por parte del ministro de gobernación y el director de la Policía Nacional Civil”, afirmó Samayoa.

En manifestaciones anteriores, las autoridades han solicitado seguridad perimetral en el Congreso, para la cual despliegan más de dos mil policías y bloquean dos calles a su alrededor. Pese a que los militares anunciaron la manifestación del pasado martes y con hacer cumplir sus amenazas, el despliegue de las fuerzas de seguridad no fue el mismo comparado con otras ocasiones, por lo que genera dudas sobre las acciones de Gobernación.

Samayoa opina que las autoridades no actuarán de forma represiva contra los veteranos como se ha evidenciado que actúan contra manifestantes, porque significa votos para las elecciones del 2023 y también son manipulables para ofrecerles pagos inconstitucionales.

Tiempo para actuar

Carlos Mendoza, analista en temas de seguridad y justicia, dice que los diputados tenían información de posibles actos violentos en el Congreso desde las 10 horas del pasado martes, por lo que hubo oportunidad para que el Mingob y la PNC se prepararan ante esta situación. La irrupción al Congreso y la quema de los vehículos sucedió por la tarde, por lo que transcurrieron al menos seis horas para que las autoridades tomaran acciones preventivas, pero no ocurrió.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, señala que las acciones violentas son producto de ofrecerle un pago inconstitucional a los militares retirados y también es imposible pagarles la cantidad que les han ofrecido.

“Llego el momento de relevar de sus funciones al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por el delito de incumplimiento de deberes. Pareciera que está de adorno en su casa y no está consciente que es su obligación de reducir al orden a estos individuos. No hizo nada con los vándalos que destruyeron un monumento y pretendían destruir otro, y tampoco hizo nada en esta oportunidad cuando tuvo tiempo y la obligación de actuar”, afirmó Méndez Ruiz.

Añadió que Reyes es funcionario que “está de adorno” porque no solo permite estos actos, sino también la violencia está aumentada en el país, por lo que las fuerzas de seguridad deben capturar a los responsables de estos actos.

Sin respeto a la Ley ni autoridades

En opinión de Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), las autoridades prefieren ausentarse al tratar de contener manifestaciones violentas porque el sistema los castiga por sus acciones y no a las personas violentas.

“La sociedad en general ya no respeta a la autoridad, porque se puede observar violencia contra los agentes de Emetra, contra los policías por parte de los coyotes, contra soldados y lo que refleja es que ya no hay respeto para las autoridades. Cuando pasa esto, las autoridades son nuestra última línea de defensa porque cuando los delincuentes saben que no hay defensa para la ciudadanía será ellos quienes deban enfrentar la delincuencia”, advirtió.

Añade que cuando las fuerzas de seguridad cumplen con su función son perseguidos, investigados, encarcelados y lo cual envía permite que los ciudadanos quedan expuestos. Afirma que en manifestaciones de noviembre del año pasado, los delincuentes y responsables de la quema de inmobiliario del Congreso resultaron ser las víctimas y Reyes fue interpelado durante varios veces por las acciones que tomó la PNC.

“La opinión pública condena a la autoridad cuando necesariamente tiene que actuar, entonces estamos provocando que a la autoridad le sea más fácil no actuar”, afirmó.