Luego de más de dos horas en que la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder) hizo uso de la palabra sin permitir el avance de la agenda, el resto de bloques dialogaron para llegar a un acuerdo con ese grupo.

Finalmente Líder logró que se adjuntaran a la propuesta de reformas a la Ley Electoral dos enmiendas: una por la cual el Estado deberá pagar a cada partido US$6 por cada voto a favor, en vez de US$2 como está vigente, y la segunda, que contempla el sufragio de guatemaltecos en el exterior para elegir presidente y vicepresidente.

En las reformas incluidas en la iniciativa se aclara qué constituye propaganda electoral y proselitismo, entre otros aspectos. A través de una moción, el Congreso aprobó enviar la propuesta a la CC y con la respuesta contemplar su aprobación.

El pleno eligió cuatro comisiones pesquisidoras para conocer antejuicios contra el ministro de Salud, Ludwig Ovalle.

Vives, nacido en Mazatenango, recibió el premio en la categoría de Información de Servicio Público, por haber revelado la corrupción en la localidad de Bell, donde funcionarios usaron fondos públicos para pagarse altos sueldos, lo que derivó en varias capturas.

El galardonado narró a Prensa Libre su vida como indocumentado y cómo llegó a ganar el premio.

Vives dejó el país a los 7 años de edad, para reunirse con sus padres, quienes habían emigrado a EE. UU. cuando él tenía 1 año. Ambos viajaron para asegurarse un futuro mejor.

Su abuela, quien lo crió, abordó un microbús con Rubén hasta el sur de California, donde se reunió con la madre de este.

Años después, cuando su padre los abandonó, su mamá consiguió empleo como niñera en la casa del editor de Negocios de L. A. Times, Robert Magnuson, y su esposa, la reportera Shawn Hubler.

Ellos fueron quienes, al graduarse Vives de secundaria, le consiguieron trabajo como asistente de fotocopias en ese periódico durante el verano.

Realizó esa labor durante 10 años, pero, según contó, ponía su mayor empeño para mantener el empleo. Su conocimiento del español propició que en el 2005 L. A. Times lo asignara como traductor para pacientes hispanos en un reportaje sobre mala práctica médica.

El inicio

En el 2008, Vives tuvo su primera oportunidad en el periodismo cuando lo asignaron a que trabajara en un blog sobre la cobertura de homicidios.

El guatemalteco narró que tenía la cobertura en la ciudad de Bell, en donde nació la investigación sobre corrupción.

El premio llega tres años después de haberse iniciado en esta profesión, tras revelar, junto a Jeff Gotlieb, un escándalo de corrupción que involucraba a los alcaldes de esa ciudad.

El lunes último le enviaron a Vives la notificación del galardón que otorga la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es considerado el mayor premio al periodismo en EE. UU.

Los alcaldes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que buscan la reelección y los aspirantes a esos puestos se reunieron ayer en un hotel capitalino con la dirigencia del partido, para recibir instrucciones de cara a la campaña electoral.

En la cita, a la que también asistió la aspirante presidencial, Sandra Torres, se hizo una presentación sobre cómo será la estrategia para movilizar a sus votantes.

Orlando Blanco, del comité ejecutivo nacional de la UNE, dijo: “Queremos garantizar que la gente que va a salir a votar por nosotros lo pueda hacer. Nosotros vamos a facilitar alimentación y transporte para nuestra gente de las comunidades, que así nos lo piden”.

Además, se informó sobre los lineamientos para captar adeptos indecisos, con la visita “de puerta en puerta” de los electores, y de captar el voto en cabeceras departamentales y municipales, sin descuidar lo rural, en donde consideran que tienen mayor aceptación.

La UNE también le apunta a empadronar masivamente a 189 mil potenciales votantes.

Presentan encuesta

Blanco expresó que según una encuesta encargada por la UNE, Torres tiene 22 por ciento de aceptación, contra 32 por ciento de Otto Pérez Molina, del Partido Patriota.

Aclaró que el referido estudio se efectuó antes de que se anunciara la precandidatura.

El panorama electoral comienza a aclararse, y las versiones que señalaban desde el inicio del gobierno de Álvaro Colom las pretensiones de su esposa de alcanzar la Presidencia se confirmaron ayer.

Los rumores sobre la aceptación de Torres como aspirante presidencial comenzaron días atrás, cuando grupos de alcaldes, grupos de pobladores y su propio partido utilizaron como estrategia clamar por su candidatura.

Finalmente llegó la fecha: se escogió el Día Internacional de la Mujer, y el lugar seleccionado fue un salón comunal de la empobrecida y conflictiva colonia Carolingia, en la zona 6 de Mixco.

Allí, en un inmueble de pocas dimensiones y ante algunas decenas de simpatizantes que sostenían pancartas y gritaban: “La queremos, la queremos”, Sandra Torres dio el sí.

Paso a paso

Iniciado el acto, primero fue un ciudadano, Marco Tulio Aragón, quien a modo de reto preguntó a Torres si aceptaba la candidatura, a la cual ella, tímidamente, asintió con la cabeza. Luego fue el alcalde de Mixco, Amílcar Rivera, quien le ofreció su apoyo.

Torres tomó la palabra, y en un discurso de 16 minutos, además de aceptar la postulación, recordó las diferencias entre sectores pudientes y clases populares, atacó a la oposición política y se aventuró a mencionar algunas prioridades de su gobierno, de llegar al poder.

“He venido hoy al municipio de Mixco, aquí a la Carolingia, para anunciar mi decisión de competir por la Presidencia de la República como candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (Gana)”, fue el anuncio que paso a paso se venía gestando, pese a una prohibición constitucional, por ser la esposa del presidente Colom.

“He tomado esta decisión por una sencilla razón: por ustedes, por mi gente, por mi país, por las mujeres, por los abuelitos, por los discapacitados, por los abandonados, madres solteras y las viudas, y por todos los necesitados de Guatemala”, dijo.

Agregó: “He tomado la decisión porque quiero proteger los programas sociales y los avances que hemos logrado”.

Mensaje conciliador

Además, envió un mensaje conciliador a los empresarios, al asegurar: “Mi gobierno estará abierto a ellos, porque ellos serán los principales generadores de empleo y riqueza” en el país.

Acusó a la oposición política de oponerse a los programas sociales: “Ahora que se acerca la campaña electoral dicen apoyarlos”. Consideró que esos aportes están amenazados por los “politiqueros y politiqueras de siempre, que han tratado de destruirlos”.

También adelantó algunos temas que consideró prioritarios.

“Mi compromiso es para generar empleo y desarrollo para todos, dedicarme a la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra las maras y el crimen organizado; en mi plan de gobierno está incluido el programa de municipio seguro”, indicó.

Luego de haber abandonado Mixco, se dirigió al Parque de la Industria, a una actividad de mujeres partidarias de la UNE y la Gana.

Allí, Torres, frente a miles de mujeres llevadas de distintos lugares de la periferia capitalina en unos 50 buses, dijo que era el día más importante de su vida.

“Quiero decirles que en mi gobierno no va a haber una sola mujer desamparada; vamos a incluir programas especiales para madres solteras, viudas, hijas e hijos de las mujeres más pobres”, señaló.

Enciende el debate

El anuncio de Torres originó opiniones encontradas. Algunos abogados civilistas consideran que tiene prohibición expresa para participar como candidata presidencial por su parentesco con Colom, mientras otros señalan que el matrimonio genera parentesco, pero no grado, lo que significaría que es viable su candidatura.

Jairo Flores, secretario general de la UNE, dijo que en los próximos días los abogados del partido darán a conocer su interpretación legal. Torres no quiso opinar ayer, y para hoy ofreció una conferencia de prensa.

Los legisladores unionistas plantearon una moción privilegiada minutos después de iniciada la sesión, cuando apenas se había enviado una prórroga del estado de Calamidad a análisis de comisión y se había juramentado a Arturo Herrador, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en sustitución de Manuel Baldizón, quien solicitó permiso.

El diputado Mariano Rayo presentó la moción para alterar el orden del día y que se preguntara a la CC “si el ciudadano Álvaro Arzú, ex presidente en el período 1996-2000, puede participar en el próximo proceso electoral como candidato a la Presidencia”.

Esto se dio a pesar de que el artículo 187 constitucional establece la prohibición de reelección a la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República.

Genera debate

La intención del PU generó un debate prolongado en el pleno con legisladores de varias bancadas, quienes manifestaron su rechazo a la consulta, mientras los unionistas Rayo, Gustavo Blanco y Pablo Duarte defendían su pretensión y atribuían el rechazo de los otros bloques a un temor de tipo político.

Rubén Mejía, de la Bancada Guatemala, calificó la petición de “ilegal” y de “un show político”. Expuso que la Constitución en su artículo 187 es clara al prohibir la reelección presidencial.

Por su parte, César Fajardo, del partido oficial, con leyes en la mano, pidió al Congreso abstenerse de aprobar la consulta.

El debate, que se inició pasadas las 16 horas, se prolongó por más de tres, y solo ocho de 136 diputados votaron a favor de alterar el orden del día.

Los unionistas ya habían tenido un revés cuando el Legislativo rechazó que ingresarán al hemiciclo parte de las 15 cajas con las firmas recolectadas a favor de la inscripción de Arzú.

Rayo calificó esa acción de “irrespeto al derecho de petición de más de 80 mil guatemaltecos”, así como a un “temor inmenso” a la posibilidad de que Arzú pueda participar en los comicios, “como lo demuestra el rechazo” del Partido Patriota, la UNE, Libertad Democrática Renovada, la Gran Alianza Nacional y el Frente Republicano Guatemalteco.

La hidroeléctrica Xacbal informó en un comunicado que fue víctima de “un atentado terrorista” en Nebaj, el miércoles en la noche.

Según la denuncia presentada por el gerente de la empresa, Edwin Hernández, a la Policía Nacional Civil (PNC) en Quiché, las estructuras destruidas son las 109, 110 y 111, en el cantón Tilavitz, cerro Las Clavellinas, Nebaj.

Los daños

Hernández dijo que debido al daño ocasionado a las torres se detiene el proceso de generación de energía de HidroXacbal, ya que se vuelve imposible enviar energía al sistema en la línea de transmisión de Transportes de Electricidad de Occidente.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, dijo que podría haber cortes del servicio eléctrico en 11 municipios de Quiché y Huehuetenango.

Agregó que “pese a las iniciativas —de seguridad— tomadas por las autoridades, es evidente que los ataques han continuado y no se ha logrado, por el momento, una solución efectiva para frenarlos”.

También refirió que “la empresa está evaluando la situación del ambiente de inversión en Guatemala, para plantear su estrategia de negocios hacia el futuro”.

La Asociación Nacional de Generadores manifestó en un comunicado: “Hay alto grado de alarma por el hecho de que estos atentados en contra de la seguridad energética del país y de la certeza de inversiones para Guatemala continúan sin ser esclarecidos”.

Cómo operan

Según la denuncia, los delincuentes sabotearon la base de una torre, la cual al caer, por su propio peso, arrastró otras dos. En los ataques anteriores, durante la noche han desatornillado las bases de las torres de electricidad para que caigan.

En los hechos pasados las fuerzas de seguridad hallaron panfletos en que un supuesto ejército guerrillero de la selva, comando 19, se atribuyó los atentados.

Días atrás, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, descartó la existencia de alguna agrupación subversiva, y afirmó que elaboran perfiles de un grupo que se sospecha que ha estado extorsionando a la empresa Xacbal.

El avión blanco, proveniente de Luisiana, EE. UU., arribó ayer a Guatemala, a las 13.30 horas; en él viajaban 97 indocumentados guatemaltecos.

Esa aeronave fue la última de 304 en arribar este año, que impuso la marca histórica de deportaciones —de 29 mil 95— que superó a la del 2008, cuando fueron expulsados de la nación norteamericana 28 mil 160 guatemaltecos.

Entre los retornados estaba Cristino Arnoldo Pérez, de 28 años; él fue el último en abandonar la aeronave que cerró este año de sueños truncados.

Según narró Pérez, vivió siete años en EE. UU. Su último domicilio fue en Nebraska, donde residía junto a su esposa y dos hijos.

Pérez comentó a los delegados de Migración guatemaltecos cómo fue que en el 2003 decidió abandonar Palestina de los Altos, Quetzaltenango, para salir por última vez del país por la frontera de La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, y emprender el camino hacia las tierras del Tío Sam.

Ayer, al arribar a Guatemala por la fuerza, Pérez se mostraba afligido y molesto, hecho que contrastó con buena parte de quienes llegaron con él, al recibir palabras de bienvenida de delegados de la Dirección General de Migración, que fueron aplaudidos cuando alentaban a los recién llegados porque pasarían el Año Nuevo junto a sus familias.

Según representantes de Migración, como ha ocurrido a través de los años, la mayoría de quienes abandonan el país son originarios de San Marcos y Huehuetenango, y les siguen los del departamento de Guatemala.

Bajan expulsiones de México

Las deportaciones desde México ascienden a 28 mil 90, entre enero y el 27 de diciembre. Esa cifra significa una leve disminución respecto del 2009, cuando se reportaron 28 mil 786.

Ese registro también es menor al del 2008, cuando fueron 36 mil 546, y mucho menos que en el 2007 —49 mil 475—.

El colectivo nacional fue el que mayor número de deportados suma este año, comparado con los 23 mil 247 hondureños expulsados de México, 10 mil 643 salvadoreños y 831 nicaragüenses.

Exigen mejorar atención

La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal y la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en EE. UU. (Conamigua), en conferencia de prensa, exigieron ayer que se mejore la atención de los migrantes en EE. UU. y México.

Al ser consultados sobre el fenómeno migratorio, los representantes de esas organizaciones sociales coincidieron en señalar la responsabilidad del Estado, debido a que no se atienden los rezagos sociales y la creciente violencia que empuja a la población a emigrar.

Marcos Yax, presidente de Conamigua, expresó: “Preocupa la inseguridad en el país, que origina migración masiva”.

Agregó: “Consideramos que el Estado debería dar las condiciones necesarias para que haya inversión, y generar oportunidades a través de políticas para que la gente no se tenga que ir”.

Asimismo, Mauro Verzeletti, de la Pastoral de Movilidad Humana, señaló: “EE. UU. y México tienen responsabilidad de buen trato con los migrantes, pero el Gobierno de Guatemala tiene que hacer un trabajo muy serio en el ámbito estructural, debido a que hay una estructura socio-económica que no funciona y no hay generación importante de empleo para que los jóvenes tengan trabajo”.

Víctor Hugo Herrera, presidente de Menamig, afirmó que hay mucha violencia y una mala situación socioeconómica en Guatemala, que presentan un panorama desalentador, lo que ocasiona la búsqueda de oportunidades en otros países.

La Ley, que ya fue sancionada por el presidente Álvaro Colom, incluye 47 delitos y permitirá a las autoridades comenzar el decomiso de los bienes de quienes incurran en esos ilícitos y generen lucro, .

Los diputados, al aprobar la norma, fijaron seis meses de plazo para su entrada en vigencia, al considerar que se requiere tiempo para que las instituciones encargadas de llevar adelante el procedimiento se capaciten para aplicarla.

La normativa establece que el Ministerio Público (MP), luego de recibir una denuncia, empiece las pesquisas y presente pruebas contundentes de que un bien proviene de actividades ilícitas, para proceder a su decomiso.

Lo que viene

Desde hoy, el Ejecutivo deberá preparar el reglamento para la normativa, mientras jueces y fiscales deberán capacitarse y adaptar el mecanismo de extinción de bienes.

El diputado ponente de la Ley, el unionista Mariano Rayo, se mostró satisfecho por la prontitud con que esta fue sancionada.

“Vemos la necesidad de que tanto el MP como el ministro de Gobernación creen unidades de investigación financiera”, afirmó Rayo.

Al ser consultado sobre la integración del ente que deberá administrar los bienes, como un consejo, el congresista comentó que la responsabilidad es de la Vicepresidencia de la República, y que ha notado que existe buena disposición para agilizar los procedimientos.

Queda pendiente la creación del consejo nacional de administración de bienes de extinción de dominio, instancia que deberá comenzar funciones en julio del 2011.

Los procesos abiertos

La Ley establece como disposición transitoria que al momento de su entrada en vigencia, en los casos penales bajo investigación y donde existan causales, el MP comenzará de inmediato las pesquisas para el ejercicio de extinción.

El Estado deberá asignar Q10 millones anuales para cubrir los gastos de instalación de las instancias a cargo de la norma, la cual permitirá fortalecer a las instituciones de Seguridad y Justicia con los decomisos.

Respecto de la adjudicación, Ricardo Marroquín, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, expresó que aún se esperan recursos para la compra final.

“Una empresa oferente ganó, pero no las hemos comprado, porque no está la plata. Si el año entrante hubiera plata, la compramos, o si no, se anula”, señaló.

Agregó que con lo asignado en el presupuesto del 2011 se contaría con los recursos.

La primera adjudicación de 20 ametralladoras se llevó a cabo el 15 de diciembre recién pasado, y ayer se dio visto bueno para la compra de 90 pistolas.

En el caso de las ametralladoras de calibre 5.7 x 28 milímetros, con capacidad para cargar 45 cartuchos en ráfaga de un alcance de 150 metros, según las especificaciones de adjudicación, que ganó la empresa Mundo de las Armas, S. A., el monto es de Q799 mil 80.

En cuanto a las 90 pistolas de calibre 9 milímetros, con capacidad mínima de 17 cartuchos por tolva, se adjudicó el contrato ayer a Combat Sociedad Anónima.

“Esto responde a un plan, porque lo que tenemos es un equipo viejo que fue donado por el antiguo Estado Mayor Presidencial y que hay que renovarlo. Vamos comprando de a poquito, pero hasta ahora solo es la intención”, añadió Ricardo Marroquín.

Respecto de la adjudicación, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo: “Adjudicar algo sin financiamiento no tiene sentido, parece una burla para los oferentes”.

La recepción de ofertas está vigente desde principios de diciembre hasta el 17 de enero próximo, cuando cierra la entrega de propuestas.

El Ministerio pretende comprar 46 mil esféricos de futbol, 11 mil de baloncesto y cinco mil de voleibol.

La adquisición de pelotas deportivas corresponde a las actividades que lleva a cabo la Dirección General del Deporte y la de Recreación del Viceministerio de Cultura.

Los criterios que serán evaluados por la Junta Calificadora son 30 puntos por precio, 45 por calidad, y 25 por tiempo de entrega.

Uno de los anexos establecidos contempla que los balones deberán estar identificados con logos del Ministerio de Cultura y otro del Gobierno.

Se intentó conocer la versión del Ministerio de Cultura, pero fue imposible contactar a sus representantes.

Ayer, muchos deportados vieron con alivio la llegada a Guatemala, porque se les permitió un encuentro familiar tardío con sus familiares.

En un vuelo procedente de San Antonio, Texas, arribó Julisa Morales, de 18 años, quien acaba de concluir la carrera de perito contador en Guatemala y pretendía viajar a EE. UU. para visitar a su madre y sus hermanos en Maryland, ya que no los ve desde hace 16 años.

“La idea era abrazar a mi mamá para Navidad, pero, ni modo, no se pudo”, expresó Morales.

Agregó: “Fue una Navidad muy triste. Nos acostamos temprano en el albergue, y fue como cualquier otro día; no hubo abrazos ni tamales”.

Morales recordó el frío de Los Ángeles, donde fue interceptada por agentes migratorios, quienes la trasladaron a un albergue en San Antonio, Texas.

Ella, como los 218 deportados que arribaron ayer al país en dos vuelos, escuchaba con atención las palabras de bienvenida que les manifestaban los agentes de Migración en Guatemala, quienes les repetían: “Aquí ya no hay nada que temer, de aquí nadie los va a echar, siéntanse con suerte porque están vivos y porque ahora van a poder abrazar a sus familias; lo que no hicieron en Navidad”.

La nostalgia que padece cualquier migrante que se encuentra lejos de su país se ve acentuada en aquellos que pasaron las fiestas navideñas encerrados.

En otro sector de la Fuerza Aérea se hallaba Wálter Gutiérrez, padre de familia, oriundo de la capital.

“Yo sólo quería probar suerte y dar un mejor futuro a mis dos hijos pequeños, pero no se pudo”, dijo.

“La Navidad fue la más triste, al estar encerrados en el albergue. Nos acostaron temprano. Ahora sólo quiero llegar a mi casa y comer tamales y tomar ponche”, agregó.

La Nochebuena no fue tan triste para Tomás David Son, menor de edad, quien dijo que la Navidad la pasaron platicando con otros internos del albergue, aunque mostró su frustración por no haber podido reencontrarse con su padre, quien vive en Estados Unidos desde hace dos años.

“Yo quería verlo y también buscarme un futuro mejor, y poder ayudar a mi familia en Joyabaj —Quiché—”, comentó Son, quien estudia mecánica.

Son fue interceptado minutos después de haber cruzado la frontera en Texas, como la mayoría de deportados.

En las afueras de la Fuerza Aérea, los padres de Cristian Manolo Vicente, otro menor de edad, oriundo de Totonicapán y quien fue capturado en la frontera, esperaban para recibirlo con un abrazo.

Sin embargo, pasaron los minutos y se desesperaban cuando no obtenían información sobre su hijo. Vicente no arribó sino hasta el segundo vuelo.

“Pasamos la Navidad pensando en él y cómo estaría allá, detenido en un albergue en Estados Unidos. Lo queremos junto a nosotros”, expresaron.

Una visita efectuada por Prensa Libre el viernes último a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde son recibidos los migrantes, permitió constatar que algunos servicios de apoyo ya no se prestan.

Antes había siempre personal de Migración que daba una especie de bienvenida, como forma de apoyo emocional. Eso ya no sucede.

Además, los migrantes tenían un espacio donde un delegado del Ministerio de Trabajo ofrecía empleos para los recién llegados. Tampoco se ofrece este servicio.

La Policía Nacional Civil que verifica los antecedentes policiales de los expulsados ya no remueven el brazalete de plástico rígido de las muñecas de los deportados, la cual los identifica como infractores de la ley migratoria.

Se mantiene el servicio de cambio de divisas que presta Banrural, no así la llamada telefónica única que prestaba el Ministerio de Relaciones Exteriores; lo único que continúa es el servicio de bus, que lleva a los deportados a las terminales, donde pueden abordar otra unidad hacia sus casas. Lamentablemente muchos de ellos no traen dinero, y algunos ya no recuerdan cómo es la ciudad, por lo que prácticamente se quedan abandonados, como si fueran extranjeros en su tierra.

Se hicieron 20 mil 204 entrevistas cara a cara en 18 naciones, del 4 de septiembre al 6 de octubre de este año, a entre mil y mil 200 consultados por país, con un margen de error cerca del 3 por ciento.

Entre los resultados destaca el poco interés de los guatemaltecos por la política, ya que solo el 17 por ciento dijo que está muy interesado o algo interesado en el tema.

El país que mostró mayor interés fue Venezuela, con 35 por ciento de respuestas positivas; seguido de Uruguay, con 34.

Los guatemaltecos tampoco son optimistas sobre el futuro de la seguridad, ya que al ser consultados sobre esa materia, el 77 por ciento vislumbra el futuro como más inseguro. En este tema le sigue Argentina, con 75 por ciento, mientras el más positivo sobre el futuro de la seguridad es Nicaragua, con 36 por ciento.

Los guatemaltecos son críticos respecto de la situación económica, pues solo el 5 por ciento la calificó de muy buena o buena, mientras los más positivos fueron los brasileños, con 38 por ciento.

El avión blanco, identificado con la matrícula N976AS, procedente de Arizona con 91 guatemaltecos indocumentados no fue uno más de los que acostumbran aterrizar en la Fuerza Aérea Guatemalteca cada semana con los sueños truncados de decenas de guatemaltecos. Al tocar suelo nacional a las 11.30 horas marcó un hecho importante, ya que en él venían los pasajeros que harían un nuevo récord de expulsiones.

Este último avión fue acompañado por otro que llegó más temprano, en el cual venían 131 guatemaltecos.

Con ambos grupos sumaron 222 expulsados y se alcanzó la cifra de 28 mil 160.

Esta situación se ha convertido en una costumbre para las instituciones encargadas de recibir a los deportados, y esos guatemaltecos que regresan al país ya no son bienvenidos con un discurso de aliento, como se hacía antes.

Tampoco está habilitado el escritorio con un delegado del Ministerio de Trabajo que ofrecía empleos para los recién llegados.

Además, la Policía Nacional Civil, que verificaba los antecedentes de los deportados, ya no efectúa esa labor.

Los agentes verificaban el pasado delincuencial de los deportados y después les quitaban un brazalete de plástico rígido que los identificaba como infractores de la ley estadounidense, pero ahora salen a la calle con ese distintivo.

En el área donde son registrados los menores de edad se encontraba ayer Manuel Alexánder Gómez, de 15 años, quien expresó que debido a la pobreza del lugar donde vive, una aldea de Colotenango, Huehuetenango, abandonó a su mamá y a su padrastro el 25 de julio de este año.

El acuerdo con quien lo iba a llevar a EE. UU. consistía en que pagaría Q13 mil al llegar a ese país, pero luego de tres días en el desierto de Arizona fue capturado por patrullas fronterizas, el 19 de agosto último.

“Soy muy pobre y tengo que buscarme la vida; ahora voy a buscar terminar primero básico y graduarme, para ser maestro en Guatemala”, afirmó Gómez.

Sus deseos de permanecer en el país contrastan con los de Candelaria Ordóñez, originaria de la cabecera departamental de Jutiapa.

Ordóñez, quien ya vivió en EE. UU., regresó hace un año para reencontrarse con su hija y con la intención de llevársela al pueblo de Carolina del Norte donde reside el esposo y padre de ambas. Después de haber pagado Q30 mil por el viaje, partió junto a su hija María Rosa, 15.

Luego de dos semanas de camino por diversos estados de México, cuando intentaban atravesar la frontera, fueron interceptadas por las autoridades de EE. UU. Permanecieron cautivas durante 22 días y fueron deportadas ayer.

“Si encontrara un buen trabajo en Guatemala, me quedaría, pero aquí no hay futuro para mi hija y por eso me la llevo para poder reunir a la familia”, afirmó.

Ordóñez expresó que intentará, cuantas veces sea necesario, cruzar hacia donde ella considera que está su hogar en Carolina del Norte.

Últimos registros

El alza en el número de deportaciones ha sido constante desde el 2004, cuando sumaron siete mil 29, ya que un año más tarde aumentaron a 11 mil 512, y en el 2006 la cifra llegó a 18 mil 305.

En el 2007, el número se incrementó a 23 mil 62, y en el 2008 llegó a 28 mil 51, pero en el año siguiente se registró la única reducción, ya que las deportaciones sumaron 27 mil 222.

Sin embargo, este año de nuevo sube y se rompe la marca, pero los 28 mil 160 podrían ser más, debido a que falta para que termine el mes.

La propuesta fue presentada ayer a la Sala de Jefes de Bloques, donde la mayoría expresó su satisfacción por la voluntad del Tribunal, aunque pocos comprometieron el apoyo, ya que anunciaron que analizarán la iniciativa.

María Eugenia Villagrán, presidenta del TSE, expuso la propuesta de endurecer sanciones económicas por campaña anticipada y control al financiamiento de los partidos políticos, que obliga a un intercambio de información entre el TSE y la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas.

El tribunal electoral también quiere fijar una cuota femenina del 50 por ciento dentro de los partidos políticos.

El TSE, además, pide modificaciones a la Ley de Amparo, para que los partidos políticos gestionen los recursos en la Corte de Constitucionalidad (CC) y no la Corte Suprema de Justicia, como lo hacen en la actualidad.

Villagrán afirmó que necesitarán Q500 millones para hacer frente al gasto de las elecciones.

El diputado Oliverio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, habló sobre cómo se podría aumentar la representatividad de los partidos en los departamentos y sobre las reformas a la Ley de Amparo: “Tenemos que hacer un estudio minucioso, que incluso va a requerir una consulta a la CC, y creo que no va a ser posible, porque al crear una competencia adicional a esa corte, estaríamos modificando la Constitución”.

El diputado oficialista César Fajardo, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, aseguró que su bancada podría apoyar la propuesta, pero que dependerá de la sala a la que se asigne el análisis del contenido.

La diputada Nineth Montenegro mostró su satisfacción por la propuesta de ampliación de la cuota de mujeres.

Otras bancadas felicitaron que la iniciativa provenga de una instancia como el TSE, y no de un grupo político con intereses particulares.

Según Robles, existen gastos para difusión y otros para balancear información en períodos determinados.

Deuda de Q25 millones

Líder cuestionó a Robles sobre una deuda de Q25 millones en el 2009, con medios de comunicación; al respecto Robles dijo que pagarán en unos 15 días, pero no informó sobre la fuente de financiamiento.

Diputados de la sala legislativa de Apoyo al Sector Justicia se reunieron ayer con miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), para discutir sobre la iniciativa que daría forma a esa manera de impartir justicia.

La legisladora Nineth Montenegro, presidenta de la citada comisión del Congreso, convocó a la reunión para que los sectores expusieran sus argumentos acerca del tema y en esta se expusieron diferentes opiniones.

Victoria Kulno, de Oacnudh, fijó una postura negativa sobre la iniciativa.

“Recalcamos que todos los órganos de protección de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano de justicia y el relator han denunciado, como una practica contraria al derecho de ser juzgado por un tribunal competente, el uso de los tribunales sin rostro”, expresó.

Kulno justificó que el anonimato de jueces, fiscales y testigos privaría al acusado de las garantías de la justicia, y señaló que esos elementos han sido utilizados en casos contra el Estado, en Perú y Colombia.

Agregó que ese sistema se confronta con el debido proceso, porque el acusado no sabe quién lo juzga o acusa y no podría corroborar si la persona está calificada para desempeñar esa función y si existe algún fundamento para solicitar una recusación o verificar si falta imparcialidad.

Montenegro afirmó que esos aspectos serán tomados en cuenta, pero que la mayoría en el Congreso tendrá la última palabra.

Protección de jueces

Roberto Villate, de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder), ponente de la ley, manifestó que no hay que esperar a que empiecen a matar a jueces para tomar medidas.

Recalcó que lo que se pretende es proteger a los jueces que determinan casos de alto impacto.

La Comisión deberá dictaminar sobre esa ley en las próximas sesiones.

La carta fue enviada el 12 de agosto último a Balsells. Al ser consultado por el contenido de la misma, el contralor Carlos Mencos explicó: “Se pide al Ministerio retomar el papel que le corresponde y el control sobre esos temas”.

Gastos sin respaldo

Según cálculos, la deuda flotante o ilegal adquirida sin respaldo por instituciones del Estado rondaría los Q500 millones, y habría aumentado Q480 millones más, debido a cobros exigidos por empresas que efectuaron tareas de limpieza y reconstrucción por la tormenta tropical Ágatha.

A raíz de la emergencia, se contrajeron compromisos sin respaldo presupuestario, debido a la premura. Ahora, los contratistas exigen el pago por los trabajos ejecutados, aunque muchos no tienen contrato de aprobación.

De hecho, se recomienda al ministro instruir a las entidades del Estado a desentenderse de los montos considerados deuda flotante. “Le pedí que emitiera una disposición para que las entidades que tuvieran deuda que no se haya materializado a través de contratos se desobligaran”, expresó el Contralor.

De esta manera, las empresas con las cuales no medie contrato se quedarían sin pago.

Asimismo, la Contraloría pide a Finanzas instruir a todas las instituciones públicas para que no vuelvan a contraer deuda que esté fuera de sus presupuestos.

Exigen pago por obras

Pedro Luis Rocco, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas, dijo a principios de este mes que el Gobierno aún no ha terminado de pagarles la deuda flotante, y que aún hay pendientes cerca de Q500 millones.

Agregó que el Estado también les debe cerca de Q480 millones por limpieza de las carreteras por el paso de la tormenta Ágatha, el 28 y 29 de mayo últimos.

Muchos de esos trabajos no están presupuestados ni avalados por contratos aprobados.

Precisamente por ello, el Contralor requirió a Finanzas toda la información al respecto, pues considera que, como “rectores del manejo del presupuesto”, están en la obligación de conocer al detalle “el universo de los compromisos de Gobierno”.

Cifra creciente

Una de las instituciones que más ha sobregirado en gastos es el Fondo de Conservación Vial (Covial), encargado del mantenimiento de las carreteras, aunque ejecutó muchas obras nuevas.

Solo de enero a mayo del 2009, Covial generó deuda flotante por Q600 millones, por haber adjudicado más obras de las que le permitía el presupuesto.

Para agosto del 2009, la Cámara Guatemalteca de la Construcción informó que la deuda flotante alcanzaba los Q2 mil 500 millones, por los compromisos que el Gobierno mantenía con los contratistas de Covial y la Dirección General de Caminos, ambas dependencias del Ministerio de Comunicaciones.

La deuda flotante ha sido “legalizada” al financiarla con deuda interna y externa, mediante venta de bonos y préstamos. Ello ha contribuido, parcialmente, a que la deuda en quetzales supere los 29 mil millones este año; en el 2008, era de Q24 mil millones.

Si se incluye la deuda en dólares, el total supera los Q82 mil millones, que equivale casi a una cuarta parte del producto interno bruto (PIB), según estimaciones. Para evitar que siga creciendo es que la Contraloría hizo el llamado.

Hasta el viernes último, no había recibido respuesta oficial de Finanzas, pero el Contralor informó que había conversado con Balsells, quien le dijo que ya preparaban cartas para instruir a las dependencias de que no sigan contrayendo deuda.

Un pesado lastre

“El contraer deuda flotante, más que ilegal puede resultar nocivo para la salud del fisco, la economía nacional y el balance macroeconómico, e incluso desestabilizar en algún momento la economía”, opinó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, quien considera inusual, pero oportuna, la advertencia de la Contraloría.

“Tiene que desarrollar su papel de fiscalización, y en el caso de la carta, aunque no estamos acostumbrados a que lo haga, nos parece interesante e importante que ponga luz roja y de alarma sobre el endeudamiento de los últimos años”, manifestó Marroquín.

Carmen Aída Ibarra, del Foro Guatemala, indicó que la carta del Contralor es “pertinente” pero tardía, debido a que a lo largo de toda su gestión “fue bastante complaciente con los desmanes, y es recién ahora cuando empieza a tomar acciones que lo hacen ver bien”. En todo caso, de seguirse la directriz, comentó que se podría “hacer eficiente la ejecución presupuestaria y tener mejor manejo de los fondos públicos”.

La interpelación es considerada un juicio político a los ministros, y según la Ley Orgánica del Legislativo, los funcionarios están obligados a asistir sin excusa, si alguna bancada lo plantea; de no hacerlo, se puede pedir antejuicio en su contra por desobediencia.

No hay límite en la cantidad de veces que puede ser citado un ministro, ni regulación de preguntas por citación, por lo cual ese recurso se puede prolongar por varias sesiones.

Es precisamente esa potestad la que ha permitido que se utilice para bloquear agendas legislativas.

En lo que va del año se han planteado 11 interpelaciones, pero en muchos casos, inexplicablemente, se ha desistido de la misma.

Según dirección legislativa, la bancada Líder ha solicitado cuatro interpelaciones, ha desistido de tres y en otra entregó tarde las preguntas básicas, por lo que la Junta Directiva anuló la solicitud.

Esa bancada solo tiene un interrogatorio, efectuado en enero, que solicitó de forma conjunta con el Partido Patriota (PP).

El PP ha pedido y efectuado dos interpelaciones.

También han solicitado interpelaciones las congresistas Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, y la eferregista Zury Ríos, pero ambas desistieron.

También solicitó una la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue resuelta con un interrogatorio particular de la bancada.

Desvirtúan figura

La diputada Nineth Montenegro dijo: “La interpelación es una figura de suma importancia para exigir cuentas a un ministro y, lamentablemente, al contrario, se ha ido utilizando para prebendas. Hay infinidad de diputados que las plantean como herramienta de negocios, y luego las suspenden”.

Roxana Baldetti, del PP, afirmó: “Las interpelaciones, cuando se toman con seriedad como un juicio político, como dice la Constitución, dan resultados; ahora, como en el caso de algunas bancadas que las piden solo para tener una base de negociación, no hay resultado más que las prebendas que logran conseguir”.

Luego, justificó: “En cuanto a las que ha pedido el PP, la mayoría de los interpelados han dejado de ser funcionarios”.

Las interpelaciones han originado críticas incluso del presidente Álvaro Colom, quien el miércoles de la semana recién pasada expresó: “Creo que es importante el tiempo de los ministros; más del 40 por ciento se la pasan en el Congreso. Vamos a empezar a medir la efectividad, porque realmente de nada sirve una interpelación si no tiene beneficio para el pueblo”.

Ese mismo día había en el Congreso tres ministros esperando su turno para ser cuestionados: el ministro de Gobernación, Carlos Menocal; el de Educación, Dennis Alonzo, y el de Finanzas, Édgar Balsells.

Mientras, en la agenda legislativa se retrasa la discusión de leyes de seguridad, y otros asuntos.

De acuerdo con un informe al que tuvo acceso Prensa Libre, en el 2008 se pagaron Q35.8 millones a empresas que no han cumplido con los contratos; en el 2009 desembolsó Q23.2 millones, y en este año ya pagaron Q32.7 millones, cifra que podría incrementarse en los siguientes meses.

Debido a más de un centenar de incumplimientos desde el 2008, funcionarios del Foguavi han presentado 88 denuncias contra las constructoras, por los delitos de estafa, apropiación y retención indebida.

Como consecuencia de esas acusaciones en los tribunales, se ha capturado a ocho empresarios, mientras otros seis tienen orden de detención, según el reporte que presentó Guillermo Castillo, ministro de Comunicaciones, a la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la semana recién pasada.

Incumplimientos

La mayoría de las obras inconclusas son proyectos para personas que perdieron sus viviendas tras desastres naturales, o como parte de los programas de descentralización del Foguavi.

El reporte indica que hasta el 12 de julio último, la mayoría de las obras sin terminar se concentran en cinco departamentos: 22 en Alta Verapaz, 15 en Huehuetenango, 15 en Jutiapa, 14 en Guatemala y 13 en Sololá, aunque las estafas se registran en todas las regiones del país.

Un caso emblemático es el proyecto Construyendo mi barrio, en Canalitos, Guatemala, donde, según el expediente, la constructora Jireh debía entregar la construcción antes del 25 de febrero del 2009, lo cual no cumplió.

Estos trabajos fueron abandonados con un avance del 34.6 por ciento, mientras que a la empresa se le pagaron Q1 millón 227 mil 600, de los Q2 millones 46 mil comprometidos.

Esta constructora también fue denunciada por incumplimiento del contrato en otro proyecto en Santa Catarina Pinula, Guatemala, el cual debía ser entregado en diciembre del 2007, pero quedó abandonado con menos de un tercio de avance.

Por esta obra se había pagado Q1 millón 34 mil, de Q3 millones 448 mil acordados. Ambos casos fueron denunciados a la justicia, de acuerdo con el Foguavi.

Jaime Ramón Aparicio, representante de la constructora Jireh, argumentó que el sistema utilizado por el Foguavi es complicado. Dijo que existen aspectos técnicos y económicos que limitan los cumplimientos.

El constructor asegura que el proyecto en Canalitos no está abandonado, sino que los beneficiarios no han pagado, por lo que solo se ha ejecutado la construcción de las viviendas de quienes han cancelado sus cuotas.

En el caso de Santa Catarina Pinula, también a cargo de Jireh, Aparicio explica: “Allí el problema que se dio, y está documentado, es que los lotes donde se debían construir las casas no daban las medidas para hacer el diseño de Foguavi, por lo que hicimos uno nuevo, que les enviamos, pero ellos nunca lo aprobaron. Aún esperamos la respuesta”.

Varios de los casos denunciados han llevado a la captura de ocho propietarios de constructoras, mientras que seis no han sido detenidos.

Un sueño sin ventanas

Isaías Felipe Lucas, agricultor y vecino de La Máquina, Suchitepéquez, fue uno de los miles de guatemaltecos que perdieron prácticamente todo tras las inundaciones por la tormenta Stan, en el 2005.

Lucas recordó que el Gobierno ofreció en ese entonces donar 52 viviendas en una zona más alta y segura. Para tal propósito, el Foguavi asignó la obra a Distribuidora y Constructora El Éxito.

Según Lucas, se construyeron 21 casas, que se entregaron de manera apresurada a sus nuevos propietarios.

Sin embargo, al poco tiempo el proyecto quedó abandonado, aunque fue retomado a mediados del 2007, en plena campaña electoral. Otras 16 viviendas fueron entregadas, pero no tenían puertas ni ventanas. Lucas, quien vive con sus padres, de 76 y 74 años, no tuvo más remedio que aceptar la en esas condiciones.

Actualmente, el proyecto de La Máquina es uno más de los 123 que más de 60 empresas abandonaron, pese a que el Gobierno les ha pagado casi Q92 millones.

Francisco Valenzuela, representante de Distribuidora y Constructora El Éxito, afirmó que han conversado con los beneficiarios, para concluir las obras de acuerdo con los pagos efectuados por el Foguavi.

A la lista negra

Pero no todas las empresas demandadas han dado señales de querer cumplir los compromisos. Al menos siete de estas presentaron fianzas falsas, lo cual dificulta que el Foguavi presente el reclamo.

El ministro Castillo aseguró a los diputados de la URNG que las empresas cuestionadas serán colocadas en una lista negra y no les volverán a asignar proyectos.

Para corregir los abusos, Susana Portillo, portavoz del Foguavi, afirma que se ha modificado la forma de entregar anticipos. La funcionaria explicó que ahora se entrega el 30 por ciento al inicio de los trabajos, 30 por ciento en la segunda etapa, y el 40 por ciento restante al entregar el proyecto terminado.

“Esto permite mejor control y no dar en la segunda etapa el 50 por ciento como ocurría antes cuando las empresas recibían el pago y desaparecían”, afirmó.

La diputada Rosa María de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, dijo en forma tajante: “Se debe prohibir el pago de adelantos y anticipos, porque al final el Estado resulta siendo estafado”.

“Estamos de acuerdo en que las personas tengan acceso a vivienda digna, pero los procesos de adquisición deben ser controlados; allí se ha notado la debilidad de la Contraloría General de Cuentas, porque no hay verificación y auditoría del avance de los pagos”, señaló.

La Bancada Guatemala, a la que pertenece De Frade, propuso varias enmiendas a la Ley del Foguavi, para prohibir los pagos por adelantado.

Según Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, “las denuncias del Foguavi contra las empresas son la dolencia de una enfermedad que afecta al sistema de compras y contrataciones”.

“Ese sistema está incapacitado para seleccionar a las empresas eficaces, porque no hay un proceso transparente; entonces, el anticipo sirve para hacer crecer empresas de reciente creación a costas del Estado, que luego es estafado y robado”, expresó.