La Corte Suprema se salva del abismo

Es evidente que la opinión sucinta de 18 páginas del magistrado presidente no satisfizo por completo a todos los que la firmaron.

Linda Greenhouse

1 de julio de 2024 | 00:00h

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Los nueve miembros de la Corte Suprema se asomaron al abismo. Sobre ellos se cernía una desagradable decisión.

Podían aplicar su precedente de hace dos años sobre el derecho a las armas, como había hecho un tribunal inferior, y declarar inconstitucional una ley federal destinada a mantener las armas fuera del alcance de las personas con órdenes judiciales de restricción por violencia doméstica. Si apoyaban un resultado tan extremo, sabían que estarían echando por tierra no solo una ley de 30 años de antigüedad, sino quizás incluso al propio tribunal, que ya está algo maltrecho en la estima pública. O podían evitar caer en el abismo, al relajar su aceptación de la Segunda Enmienda lo suficiente como para emitir un “no importa” judicialmente redactado.

Ocho jueces decidieron no dar el salto, todos menos el juez Clarence Thomas, que se aferró con fuerza al precedente en el que cinco de los otros se habían unido a él apenas dos años antes cuando se lanzó al abismo. Se quedó solo en el fondo para quejarse con tristeza de que el tribunal no había podido “señalar una sola ley histórica que revocara el derecho de un ciudadano a la Segunda Enmienda basándose en una posible violencia interpersonal”.

Claro está que me estoy tomando algunas libertades aquí; no puedo saber si alguno de los magistrados entendió su dilema de esta manera. Pero es imposible ver el resultado en el caso de Estados Unidos contra Rahimi como otra cosa que un ejercicio de supervivencia institucional. Desde luego, no fue un ejercicio de coherencia judicial. Mientras que la opinión mayoritaria del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, obtuvo ocho votos, cinco miembros de su mayoría se sintieron motivados a expresar sus propios puntos de vista contrastantes, si no exactamente contradictorios, en opiniones separadas.

Es evidente que la opinión sucinta de 18 páginas del magistrado presidente no satisfizo por completo a todos los que la firmaron. A menudo, en estos casos, un juez que está de acuerdo con el fondo de la cuestión pero que tiene una opinión sustancialmente diferente sobre cómo llegar a ella no firma la opinión principal, sino que escribe una opinión separada “concurriendo en la sentencia”. Con un número suficiente, la opinión mayoritaria deja de representar a la mayoría del tribunal. Eso no ocurrió esta vez, creo que porque los ocho reconocieron una necesidad trascendental de que el tribunal dijera al mundo, con una voz al menos nominalmente unificada, que “cuando transformamos la ley de la Segunda Enmienda en el caso New York State Rifle & Pistol Association contra Bruen hace dos años, no pretendíamos que condujera a esto”.

Los argumentos del caso Rahimi se presentaron el 7 de noviembre de 2023, lo que lo convierte en el caso sin decisión más antiguo de la legislatura en el momento en que el tribunal dictó sentencia el viernes. ¿Qué ocurrió durante esos más de ocho meses? Solo podemos suponer que el producto final requirió mucho trabajo, tanto individual como colectivo. Solo podemos suponer que el producto final requirió mucho trabajo, tanto individual como colectivo. Es de suponer que no todos los jueces conservadores se apresuraron a firmar la opinión del presidente de la Corte Suprema, al menos no hasta que pudieron dar su opinión.

El magistrado Neil Gorsuch parecía en especial incómodo. Concluyó su breve opinión concurrente con el señalamiento de que este caso suponía una “desafío facial” al estatuto, una carga difícil de cumplir para un demandante porque una ley que es inconstitucional “a primera vista” debe demostrar que no tiene aplicaciones legales. “El caso que tenemos ante nosotros no plantea la cuestión de si el estatuto impugnado siempre se aplica legalmente o si otros estatutos podrían ser permisibles, sino solo si este tiene cualquier alcance ilegal”, escribió el juez Gorsuch, y agregó: “Tampoco deben los futuros litigantes y tribunales leer más en nuestra decisión que eso”. Anotado

La opinión concurrente de 24 páginas del magistrado Brett Kavanaugh fue una defensa enérgica de la confianza del tribunal en la historia en los casos de la Segunda Enmienda y, por extensión, también en otros casos constitucionales. “La historia es mucho menos subjetiva que la política”, escribió, y agregó: “Y la confianza en la historia coincide más con el papel judicial adecuadamente neutral que un enfoque en el que los jueces imponen de maneras sutiles (o no tan sutiles) sus propios puntos de vista políticos al pueblo estadounidense”.

Como sin duda el juez Kavanaugh sabía, esas son declaraciones muy discutidas dentro del tribunal. A principios de este mes, al oponerse a que el juez Thomas se basara en la historia en un caso de marcas, la jueza Amy Coney Barrett hizo esta observación: “Basarse de manera exclusiva en la historia y la tradición puede parecer una forma de evitar las pruebas hechas por el juez. Pero una regla que hace que la tradición sea dispositiva es en sí misma una prueba hecha por el juez”. El debate sigue.

El fallo del juez Thomas en el caso Bruen, que tuvo 6 votos a favor y 3 en contra, mediante el cual se anuló una ley neoyorquina sobre licencias de armas, sostenía que todas las restricciones a la tenencia de armas eran presuntamente inconstitucionales, salvo las que tuvieran un precursor histórico, idéntico o muy similar, en la época de la fundación del país. En el caso Rahimi, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, tras aplicar ese novedoso enfoque de que la historia lo es todo a una ley federal, encontró un ejemplo que no pertenece al siglo XVIII en el que se les retiraron las armas a los autores de violencia doméstica.

El magistrado presidente Roberts insistió en que se trataba de un malentendido del caso Bruen. El tribunal no había querido sugerir “una ley encapsulada en ámbar”, sino tan solo si “la regulación impugnada es coherente con los principios que sustentan nuestra tradición reguladora”.

Esto fue una novedad para el juez Thomas, quien objetó que “ni una sola regulación histórica justifica el estatuto en cuestión”.

Por su parte, el magistrado presidente Roberts, encontró dos, ambas importadas a Estados Unidos del derecho consuetudinario inglés. Una requería que aquellos a los que se considerara que pudieran “quebrantar la paz” al maltratar a un cónyuge o hacer un uso indebido de las armas de fuego estaban obligados a pagar una fianza o ir a la cárcel. La otra podía desarmar a quienes usaban las armas para “aterrar a la buena gente en el país”.

El magistrado presidente dijo: “Desde su fundación, las leyes de armas de fuego de nuestra nación han incluido disposiciones que evitan que los individuos que amenacen con causar daño físico a otros hagan uso indebido de las armas de fuego”. La ley en cuestión en el caso, concluyó, “coincide sin esfuerzo con esta tradición” y era “lo que sugiere el sentido común”.

Hay bastante diferencia entre un principio que “coincide sin esfuerzo”, por un lado, y una regulación análoga que tiene que ser una coincidencia casi perfecta, por otro. ¿Qué requisito describe el verdadero caso Bruen, una decisión que el magistrado presidente y cuatro miembros de su mayoría en 2024 habían firmado hace tan solo dos años? Es tentador concluir que estos jueces querían reinterpretar el fallo del caso Bruen sin desautorizarlo de manera expresa.

Puede que eso sea cierto, pero aquí había algo más en juego con implicaciones más allá del caso e incluso de la doctrina de la Segunda Enmienda en su conjunto. Durante algunos años, en gran medida por debajo de la superficie, los miembros del máximo tribunal han mantenido un importante debate sobre el nivel de generalidad que debe aplicarse al interpretar la Constitución. Aunque tanto el magistrado presidente Roberts como el juez Thomas coincidieron en este caso en que la historia contenía la respuesta, el magistrado presidente examinó el panorama del siglo XVIII en su conjunto, mientras que el juez Thomas profundizó en busca de una analogía perfecta.

En su opinión concurrente, la magistrada Barrett identificó lo que denominó el “problema del nivel de generalidad” que ha causado dificultades en los tribunales inferiores al momento de intentar aplicar el caso Bruen. “¿El gobierno debe presentar un pariente de la regulación impugnada de la época fundacional, si no un gemelo, un primo?”, se preguntó la magistrada y agregó: “¿O los reglamentos de armas de la época fundacional producen principios concretos que marcan las fronteras del derecho?”.

La magistrada Barrett continuó: “Las regulaciones históricas revelan un principio, no un molde”. Pero advirtió que “para estar seguro, un tribunal debe tener cuidado de no interpretar un principio a un nivel tan elevado de generalidad que diluya el derecho”. El tribunal acertó esta vez, dijo, de modo que “los problemas más difíciles en torno al nivel de generalidad pueden esperar a otro día”.

Ese día podría estar cerca. El tribunal tiene ante sí peticiones que plantean una cornucopia de cuestiones sobre la Segunda Enmienda: si se puede privar a las personas condenadas por delitos graves del derecho a poseer un arma, ya sea cualquier delito grave o un delito no violento; si una prohibición estatal sobre armas de asalto es constitucional; si se pueden prohibir las armas en ciertos “lugares sensibles”. En el mundo después del fallo de los casos Bruen y Rahimi, ¿qué principios deberían aplicarse? ¿Qué analogías podrían ser suficientes?

¿Y quién lo dirá?

c.2024 The New York Times Company