La imagen y los objetos que se utilizan en su culto suelen ser candelas, veladoras e incluso objetos devocionales que son sacados de todo su contexto y significado.

Investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) han encontrado altares dedicados a la Santa Muerte en viviendas donde se escondían pandilleros y bandas delictivas.  

Sin embargo, algunos “guías espirituales”  piden que no se asocie “a la Niña”  con el  “mal”, sino con la fe.  “Porque   si alguien le solicita  trabajo, se lo da”, dice una persona relacionada con el culto a esta efigie

Protección

La primera vez que las autoridades reportaron esta imagen  fue en marzo del 2008, cuando capturaron en Zacapa a un grupo de mexicanos ligados a los Zetas —recién   separados del cartel del Golfo—  que habían participado en el mortal ataque contra Juan León, líder de una red de narcotraficantes locales.

En esa ocasión,  la PNC les encontró a varios de los mexicanos capturados artículos relacionados con la  Muerte, como    cadenas con dijes, playeras, tatuajes, fondos de pantallas y estampillas  en su billeteras.  

Tiempo después investigadores encontraron en casas de supuestos sicarios relacionados con  la Mara Salvatrucha (MS) un altar dedicado a  la Santa Muerte con  los nombres de quienes se cree que eran sus próximas víctimas.

Un detective de la unidad contra pandillas dijo  que en una entrevista efectuada  a un marero este le explicó que ellos pedían “protección”  sobrenatural cuando salían a matar a alguien.

“No sé si les servía de protección o si les funcionaba, pero según dijo ese pandillero ya se había salvado en dos oportunidades”, indicó el investigador, quien afirmó que  otra petición usual es no ser capturados por las autoridades y no obstante, caen.

Sacrificios

En el asentamiento La Isla, Villalobos, zona 12 de Villa Nueva, detectives encontraron en un reducto de pandilleros otro  altar dedicado  a la Santa Muerte y un cadáver que creen que le fue ofrecido como sacrificio.

Al final las autoridades encontraron los restos de otras tres personas en el patio de la casa.

Sin maldad

Carlos se define  como    “guía espiritual”, aunque en internet afirma  que es   “brujo”. Ofrece sus servicio como intermediario con la Santa Muerte y promete ayuda para supuestamente obtener    amor, dinero y salud.

Carlos explica, vía telefónica —no aceptó una reunión—,   que la Santa Muerte cumple con lo que se le solicita  si se hace con fe. “Si le piden cosas buenas, da cosas buenas; si piden cosas malas, pues allá  cada quién”, refiere el entrevistado, quien   prefiere no dar su nombre completo y solo dice que tiene su “consultorio” en la zona 9 capitalina.

“Trabajo con energía positiva, pero recuerdo que me pidieron que un hombre dejara a su esposa y que a alguien le fuera mal en su negocio. En otra ocasión alguien pidió protección de los disparos cuando hacía sus negocios”, relata Carlos.
 Rechazo católico

Los obispos de México  —donde se encuentra muy extendido el culto a la Santa Muerte— emitieron una declaración recientemente, en la cual definen a los seguidores de este  movimiento  como “secta satánica” y que “quienes caen en este  culto son personas que están  desesperadas, pero no por una crisis económica, sino por una crisis de fe”.

“Quienes caen en este tipo de culto deben saber que es un pecado grave: idolatría (devoción sin ningún soporte doctrinal ni justificación teológica)”, refieren.

Según los obispos mexicanos, “esto no es un juego, ni la muerte es una deidad divina. Detrás de este culto hay algo diabólico y la gente debe tener mucho cuidado”.

“La Iglesia Católica alerta sobre el peligro que representa adorar a la Santa Muerte, dado que   trae como consecuencia pérdidas de algún familiar o desgracias en los hogares. Detrás   está el reino del maligno, y la gente puede ser víctima de una posesión diabólica”, apuntan.

Pastores evangélicos consultados también rechazaron esta idolatría.

CULTO IDOLÁTRICO

El culto se habría iniciado y desarrollado en Veracruz, México.

Quienes han estudiado el tema dicen que su origen se remonta a la  época prehispánica y con el tiempo ha ido evolucionando.

Hay varias versiones de su origen, pero la más certera es la que se relaciona con el Mictlantecuhtli, el dios de la muerte en la mitología azteca, a quien se representaba con un esqueleto y una calavera.

También se asegura que en el siglo XIX en Orizaba, Veracruz,  un brujo comenzó los oficios religiosos a la Santa Muerte con el ofrecimiento de favores a quienes la adoraran.

Otra versión refiere  que a principios del siglo XX en   Hidalgo, Michoacán, esta imagen comenzó  a cumplir favores a algunas personas del lugar y de esta manera se extendió la devoción a otros estados mexicanos.   

Iglesia católica

No tiene fundamento

“La Santa Muerte no es de la Iglesia Católica, es una aberración”, afirma el sacerdote Hugo Estrada, de la Parroquia Divina Providencia. “La gente que le rinde culto está confundida y la trata como si fuera San Francisco u otro santo. Nada de eso tiene bases bíblicas”, expresa.

Iglesia evangélica

Se invoca a Satanás

“Es algo negativo porque se invoca a Satanás”, señala César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica. “El resultado es la maldición para el país y la familia. El plan es hacer el mal y se invoca a las tinieblas para buscar venganzas contra posibles enemigos”, indica.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban el lugar escucharon los disparos, y al acercarse observaron que tres individuos y una mujer descendieron rápidamente del taxi y escaparon.

Después de  perseguirlos por varias cuadras, los agentes lograron capturar a los presuntos responsables del ataque.

A los detenidos se les encontró una pistola 9 milímetros con la que, según la Policía,  le dispararon a Aguilar Hernández.

Un compañero de la víctima refirió que cada semana deben entregar Q300 a una supuesta asociación de taxistas para poder trabajar “en paz”, aunque dijo desconocer si el ataque  está ligado a ese pago.

Los aprehendidos, según investigadores de la Policía, son integrantes de una célula de la Mara 18 que delinque en Mixco. Entre ellos se encuentra una menor de 13 años, informó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar.   

Antecedente

La menor  ya había sido detenida el 26 de junio del 2014, en la colonia La Florida, zona 19, durante un allanamiento.

En esa ocasión también fueron capturadas su madre, Rosa Guisela Rivera, 45, y su hermana Nahomi Johana Rivera, alias la Negra.

En esta residencia la Policía  encontró  una subametralladora, una pistola,  una granada y municiones para diferente tipo de arma.  Además, un listado de supuestos comerciantes a quienes pretendían exigir dinero.

Otra prueba que encontraron los fiscales en esta acción es la foto de un ayudante de autobús que fue desmembrado en mayo último.

Dato

4 meses estuvo en correccional la menor de 13 años.

CIUDAD DE GUATEMALA- El Hospicio San José fue fundado en Guatemala en 1985 como una organización no gubernamental de ayuda a niños con VIH. La primera sede se estableció en la Ciudad de Guatemala, años después se trasladaron a San Lucas Sacatepéquez y en el 2007 se instalaron en  el kilómetro 28.5 de la carretera a Bárcenas, Villa Nueva.

Patricia Santiz, administradora del hospicio, explicó que atienden a 67 infantes. “Hay atención a niños desde meses hasta adolescentes de 18 años”, explicó Santiz. “La mayoría de niños atendidos  son abandonados en hospitales o con familiares por el hecho de que tienen VIH.

Otros quedan huérfanos y son remitidos hacia acá donde se les da apoyo”, explicó Santiz.

Indicó que en esa institución no solo tienen el cuidado médico, sino también ayuda psicológica, para que aprendan a convivir con su situación. “No solo es que se les dé una pastilla, y ya.  Hay un acompañamiento integral, porque es nuestro fin”,  indicó Santiz.

Agregó que el costo del tratamiento por cada menor de los 67 que hay en el hospicio asciende a Q110 mil o Q120 mil por año. “Un caso no es igual a otro, y acá se trata diferente”, explicó.

Maudie González, médica  del Hospicio, señaló que los pacientes con VIH  siempre están expuestos a enfermedades oportunistas. “Los medicamentos tienen efectos secundarios, como diarreas, vómitos, cambios en la piel. Además, pueden tener problemas renales, de colesterol”, afirmó  González.

Abandonada

Una niña fue abandonada a inmediaciones del Hospital Roosevelt, en el 2012. Los bomberos dijeron que la  menor tenía laceraciones, donde ya había gusanos. La llevaron al hospital   y descubrieron que tenía VIH. Del nosocomio llamaron al Hospicio para darle a conocer la situación.  “Como llegó sin nombre, a la niña se le puso Ana Sofía,  por la gimnasta  que es  un orgullo para el país”, indicó Santiz.

Ana Sofía ahora tiene poco más de 2 años, y corre por los pasillos del inmueble.  Se muestra cariñosa con sus compañeros, los abraza  y besa. Toma de la mano a otra niña y caminan hacia el comedor.

“Cuando tienen atención médica y psicológica desde pequeños es más fácil llevar su condición”, expresó la psicóloga Lucía Grajeda.

Agregó que  con los jóvenes es más complicado. “A ellos no les gusta depender de nada ni de nadie. Entonces, depender de medicinas toda la vida lo toman a veces mal”, dijo Grajeda.

Mientras,  Jennifer   confía en cumplir sus sueños. “No me afecta mi situación, porque debo ser feliz”,  expresó la adolescente.

Ayude a ayudar -Tratar a personas con VIH tiene un alto costo-

El Hospicio  San José atiende a 67 niños con VIH. El costo de atención de cada niño es de entre Q110 mil y Q120 mil cada año.

Además, dan atención a pacientes externos que llegan por  medicina. En total son cerca de 700 personas que atienden de forma constante.

El Estado  hace un aporte   y reciben ayuda de otras instituciones, pero no es suficiente.  Las personas que deseen colaborar con el Hospicio  pueden comunicarse en los teléfonos 6624-4700 o 3002-6393.

“La mayoría de niños atendidos son abandonados en hospitales o con familiares porque tienen VIH, pero acá se les da atención”.  Patricia Santiz, administradora del Hospicio San José.

“A ellos no les gusta depender de nada ni de nadie. Entonces, depender de medicinas toda la vida lo toman a veces mal y les afecta”. Lucía Grajeda,  psicóloga del Hospicio San José.

Los fondos, por alrededor de Q3 mil millones, servirían para ampliar de dos a cuatro carriles  más de 140 kilómetros de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos. El único requisito del banco brasileño fue que ellos indicarían qué empresa haría la obra.

Carretera a la carta

La obra, que figura en el proyecto de mejoramiento de la red vial para el 2017, comenzó en el 2013.  El presidente Otto Pérez Molina y el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, inauguraron los trabajos.  El segundo refirió que pensaban hacer de esa parte del país “un centro logístico” que iba a unir fronteras  y puertos “para la facilitación del comercio”.

Pérez Molina explicó  que construirían 76 puentes. Lo que no dijeron ese día era que la obra costaría Q3 mil siete millones y que se había  adjudicado a dedo a la empresa brasileña Norberto Odebrecht de Guatemala.

Esa compañía es subsidiaria de la gigante brasileña que ahora es investigada junto a la constructora OAS por sobornos para ser contratada por la petrolera estatal de Brasil Petrobras.

La policía brasileña  encontró en la oficina del presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, un documento en el que se indica que supuestamente otorgó US$1 millón a Sinibaldi a través del asesor político Antonio Solá. La entrega del dinero se habría hecho en 20 pagos de  US$50 mil cada uno.

Odebrecht fue inscrita en el Registro Mercantil en febrero del 2011. Desde esa fecha a diciembre del 2012, o sea casi dos años después, obtuvo el primer y único contrato.  Su capital inicial fue de Q100 mil. Desde el 2012 no ha vuelto a participar.

No son lo mismo

Sinibaldi declaró que Odebrecht no tiene nada que ver con OAS. “Son competencia,  no tiene ninguna relación; por consiguiente, descarto cualquier relación entre dichas empresas. Compiten en todas partes del mundo”, explicó.

Sin embargo, en la misma página de Odebrecht se menciona un proyecto construido en conjunto con OAS en Brasil y tienen otros  para autopistas en Perú.  

Otros préstamos

El pasado 27 de mayo, el Congreso aprobó otro préstamo por US$280 millones para concluir un tercer tramo de la carretera que unirá las fronteras de El Salvado y México.  

En ese caso es el tramo  de Escuintla a  Ciudad Pedro de Alvarado, con  extensión de 108 kilómetros.

El préstamo fue otorgado por el BCIE y la obra fue adjudicada a Sigma Constructores, que no recibía un contrato desde el 2011.  La ampliación tiene un costo de Q1 mil 965 millones.

Costo por US$679 millones

Unir las fronteras de El Salvador y México y volver el lugar un centro logístico  tendrá un elevado precio.  

En el 2012  el Congreso aprobó dos préstamos por US$399 millones para un tramo de 140 kilómetros que unirá Suchitepéquez con San Marcos.

En el 2014 se aprobó otro préstamo por US$280 millones, para crear el trayecto de Escuintla a Jutiapa, que es de 108 kilómetros.  

El Banco Centroamericano de Integración Económica otorgará US$399 millones y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil dará otros US$280 millones.

Después, el técnico debe dar aviso a una unidad operativa para que intente dar alcance al automotor con las autopatrullas que se disponen en el área de la alerta.

Dos mil “ojos”

Según el comisario  Danilo Lorenzana, jefe del Departamento de Recepción de Análisis y Estadística de la Policía Nacional Civil (PNC),  el conjunto de dos cámaras  cuenta con un sistema de reconocimiento de placas (LPR, en inglés)  que ha permitido recuperar decenas de vehículos.

“Nosotros no tenemos el dato de cuántos automóviles,  porque el proceso es solo dar la alerta a las unidades operativas y estas tienen a su cargo la ubicación, pero pocas veces no les dan alcance”, explicó Lorenzana.

“Al identificar una placa, el sistema hace el cotejo en milésimas de segundo con la base de vehículos robados y con la base de vehículos que hay en el país”.

Si el sistema identifica que una placa no corresponde al automotor también alerta a los técnicos.  “Le pongo el ejemplo: si una placa X le pertenece a un carro sedán rojo, pero la lleva una camioneta blanca, también nos avisa”, explicó Lorenzana.

Para tener mayor eficacia, se solicita a los ciudadanos que si son víctimas de robo de vehículo denuncien  de  inmediato, porque entre más rápido se tiene la información, aumentan las oportunidades de capturar a los delincuentes.

“Si usted avisa de inmediato el robo al 110, podemos ingresar la placa al sistema y hay posibilidades reales de recuperarlo”, aseguró.

En investigaciones

Además, el sistema de videovigilancia ha servido en investigaciones sobre robos, homicidios, violaciones y otros delitos.

 El Ministerio Público (MP) hace 50 requerimientos de grabaciones de recorridos de vehículos, ya que el sistema registra hora y lugar, si pasa frente a alguna cámara.  “Esto ha servido mucho para resolver otros crímenes”, explicó Lorenzana.

Un investigador de la Unidad de Robos de la PNC señaló que lograron dar con una banda que robaba en comercios, gracias al apoyo de la videovigilancia.  

“Vimos recorridos de automóviles e identificamos que en dos casos usaron los mismos carros. Se puso una alerta, y cuando uno de esos carros pasó por  una cámara avisó  a los técnicos. Así llegamos a ellos y se capturó a parte de la banda”, indicó.

Lorenzana dijo que el próximo mes se dará un paso importante: se comenzará a usar el sistema de reconocimiento de rostros. Las cámaras grabarán, y el sistema cotejará con la base del Registro Nacional de las Personas.

Placas y rostros

Más de dos mil cámaras están habilitadas.

Placas de  automóviles son reconocidas por un sistema que  alerta a la central.

Los rostros  también serán identificados.

Ya está  en desarrollo la  segunda fase del sistema.

CIUDAD DE GUATEMALA- El estudio fue efectuado durante 18 meses, y se visitaron  a 96 familias con las que  investigadores convivieron durante nueve semanas.

Las familias residían en comunidades con altos índices de desnutrición en  Huehuetenango,  Sololá, Chimaltenango,  Jalapa,  Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán, Suchitepéquez, Guatemala y Chiquimula.

Luis Pedro Chang, investigador principal del estudio, explicó que las personas sabían  del valor nutricional de frutas y verduras, pero preferían comer tortillas.

Tortillas y maíz

“Todas  las familias saben que las frutas son buenas, pero prefieren las tortillas y el maíz,  porque ya son parte de su vida”,  explicó Chang.

En el estudio se hace énfasis en que por lo menos tres cuartos de las familias entrevistadas dijeron que prefieren vender los productos que producen, como leche o queso, o  las frutas y verduras que recolectan antes que consumirlos.

Con el dinero compran otros alimentos o comida que no aporta a la nutrición. “Sin embargo, de estos alimentos, los únicos que son comprados son  el pan dulce, las gaseosas y la comida chatarra”, consigna el informe.

El documento también hace mención que las familias están conscientes del valor nutricional de la carne de res, cerdo y pollo, pero no les  es posible comprarlos  por su alto precio. En cambio, dicen que las pastas, sopas instantáneas y galletas sí están al alcance de su bolsillo, y son preferidas porque “llenan”.

Alimentos preferidos

La Sesan entrevistó a 96 familias en áreas de desnutrición para saber su preferencias alimentarias.

La tortilla  es más valorada que las frutas y las verduras.

Prefieren vender  leche, queso y frutas antes que consumirlas.

Sodas, pan dulce y galletas  son preferidas al consumo de frutas y verduras.

Los organizadores explicaron que participaron 20 agrupaciones, de las cuales fueron seleccionadas cuatro.  Un consejo formado por la Unesco, el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito seleccionaron a los ganadores.

Educación y baile

Entre los grupos que fueron seleccionados para finalistas estaban dos que trabajan en Jalapa y el Occidente del país en la educación de jóvenes para prevenir embarazos no deseados en adolescentes.   

También para afrontar problemas locales y tratar de hacer campañas para educar a la población sobre los problemas. Ya han formulado propuestas contra el alcoholismo y violencia intrafamiliar.

Otro de los proyectos finalistas trabaja en la reforestación  y el último,  enseña baile a jóvenes en áreas de riesgo.

Los ganadores

El primer lugar fue para el Colectivo de Protagonismo Infanto Juvenil (Copij), de Jalapa, que defiende los derechos de la juventud. El segundo fue para la Asociación Paz Joven, que trabaja en el occidente para evitar embarazos no deseados en adolescentes.  

El tercer lugar fue para Plantemos Mil Árboles, y el cuarto puesto para la Asociación Los Piezas,  que enseñan hip hop a niños y jóvenes en San Miguel Petapa y Villa Canales,  con enfoque de respeto y paz.

“El progreso  físico es del 24 por ciento”, informó el ingeniero técnico  Carlos González.      

Marcha bien

El inicio del proyecto se logró 10 meses después de que Sinibaldi y Pérez Molina lo anunciaron.  Fue exactamente el 10 de marzo del 2014 que la maquinaria empezó a abrir una carretera de 11.50 metros de ancho por 13.5 kilómetros de longitud.

González, encargado del ambicioso proyecto, por parte de la   Constructora Nacional, S.A. (Conasa), indicó que actualmente se han invertido Q14 millones de los Q100 millones  proyectados para  este tramo del Anillo Regional.

DESCARGA- Vea el PDF los pocos avances en la construcción del anillo regional.

“Vamos con retraso, según la programación inicial. Hemos encontrado materiales rocosos en las excavaciones que nos han demorado”, aseguró.

Marlin Calderón, arquitecta de la obra, indicó que no se debe perder de vista que es un proyecto nuevo. “Se está abriendo brecha para una carretera  nueva que pasará a formar parte del bien nacional. Lleva tiempo”, explicó.

González aseguró que hasta ahora se ha llegado a ocho kilómetros de los 13  del proyecto. “Todo tiene una base estabilizada con cemento. Está  lista para echar concreto, que puede empezar a hacerse el próximo mes”, añadió.

Obras complicadas

El primer tramo del Anillo Regional consta de tres fases “complicadas”, dijo González. Una de ellas, y la que más tiempo les llevará, es la construcción de un puente de 98 metros de longitud,  para sortear un abismo de más de 60 metros de ancho  porque no permite que la carretera siga su rumbo normal.

“Estamos por construir los pilotes de 18 metros donde descansarán los sostenedores del puente, que tendrá dos carriles”, refirió González. Antes  la   constructora había encontrado otro inconveniente: una montaña de más de 60 metros, en la cual abrió paso.

Otra construcción que  retrasa  el proyecto es una “bóveda” de concreto que se debe edificar  para desviar un río que pasa en el área de la ruta.

La última parte   del proyecto que se construirá es un viaducto, en el kilómetro 38.4 de la ruta Interamericana, a fin de que los automovilistas se integren de forma directa a la nueva carretera.

“El paso a desnivel se hará para que quienes vienen del occidente del país se integren. Aún se está trabajando en el diseño y debe tener la aprobación del Ministerio de Comunicaciones. Esperamos que la obra esté terminada para marzo del 2016”, señaló Calderón.

Otro obstáculo

El  10 de agosto último, un montacargas que se utilizaba en la construcción de la carretera, valorado en US$250 mil, fue incendiado por desconocidos.

La Dirección General de Caminos aseguró  que en la madrugada de ese día un grupo de personas ingresó en el campamento de la empresa constructora para intentar destruir parte del equipo.

La reacción de la Policía Nacional Civil y de trabajadores impidió la destrucción del resto del equipo. Pobladores de varias comunidades de San Juan Sacatepéquez, a donde llegará  la carretera, han mostrado  inconformidad por la construcción de este tramo.

La denuncia de inconstitucionalidad fue interpuesta por Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en representación de un grupo de pequeños caficultores, y cuenta con el apoyo de otros productores del aromático.

Según la argumentación del abogado de Conic, Abraham Girón, los artículos 4, 6 y 15 violan el derecho de libre asociación.

“Ahí se explica que todos los caficultores deben ser parte de Anacafé y a nadie pueden obligarlo a ser parte de algo que no se quiera pertenecer”, indicó Girón. Además, los productores de café deben aportar el 1% del precio de venta por quintal, lo cual les resta competitividad.

“En el artículo 7 de la Ley se dice que ellos —Anacafé— pueden regular los precios de venta y la producción, y eso viola el principio de libertad de comercio, por lo que formulamos la solicitud de inconstitucionalidad”, indicó Girón a los magistrados de la CC.

Italo Antoniotti, de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café, explicó al final de la audiencia que como terceros interesados en el proceso apoyan la solicitud de inconstitucionalidad.

“Nos resta competitividad tener que dar el 1% de las ventas de forma obligatoria para que funcione Anacafé. Debería ser optativo ser parte o no”, aseguró Antoniotti.

no están obligadosEl presidente de Anacafé, Miguel Medina, negó que se viole el principio de asociación porque aunque se representa a todos los caficultores, cada quien puede abandonar esa agrupación.

“El que no quiera estar en Anacafé lo puede pedir; así de sencillo. En 54 años que existe Anacafé ninguno de los agremiados ha pedido retirarse”, insistió Medina, en declaraciones al final de la audiencia.

En cuanto al argumento de que viola el principio de libre mercado al regular precios de venta, exportación y cantidades de producción, explicó que no es así. “Anacafé lo único que hace es emitir certificado de origen del café y es por tratados internacionales, y eso se le emite a cualquier persona que lo solicite, siempre que cumpla con los reglamentos que el país requiere”, explicó Medina.

Agregó que la normativa da la potestad de regulación, pero que se hizo porque la dinámica de los mercados cuando se redactó la Ley era diferente y era un recurso que podía utilizarse en determinado momento, pero hasta ahora no lo han utilizado y no piensan hacerlo.

La denuncia de inconstitucionalidad fue  interpuesta por Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en representación de un grupo de pequeños caficultores, y   cuenta con el apoyo de otros productores del aromático.

Según la argumentación del abogado de Conic, Abraham Girón, los artículos  4, 6 y 15 violan el derecho de libre asociación.

“Ahí se explica que todos los caficultores deben ser parte de Anacafé y a nadie pueden obligarlo a ser parte de algo que no se quiera pertenecer”,  indicó Girón. Además, los productores de café deben aportar el 1% del precio de venta por quintal, lo cual les resta competitividad.

“En el artículo 7 de la Ley se dice que ellos —Anacafé— pueden regular los precios de venta y la producción, y eso viola el principio de libertad de comercio, por lo que   formulamos la solicitud de inconstitucionalidad”, indicó Girón a los magistrados de la CC.

Italo Antoniotti, de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café,  explicó al final de la audiencia que como terceros interesados en el proceso apoyan la solicitud de inconstitucionalidad.

“Nos resta competitividad tener que dar el 1% de las ventas de forma obligatoria para que funcione Anacafé. Debería ser optativo ser parte o no”, aseguró Antoniotti.

No están obligados

El presidente de Anacafé, Miguel Medina,  negó que se viole el principio de asociación porque aunque se representa a todos los caficultores, cada quien puede abandonar esa agrupación.

“El que no quiera estar en Anacafé lo puede pedir; así de sencillo. En 54 años que existe Anacafé ninguno de los agremiados ha pedido retirarse”, insistió Medina, en declaraciones al final de la audiencia.

En cuanto al argumento de que viola el principio de libre mercado al regular precios de venta, exportación y cantidades de producción, explicó que no es así.  “Anacafé lo único que hace es emitir certificado de origen del café y es por tratados internacionales,   y eso se le emite a cualquier persona que lo solicite, siempre que cumpla con los reglamentos que el país requiere”, explicó Medina.

Agregó que la normativa da la potestad de regulación, pero que se hizo porque la dinámica de los mercados cuando se redactó la Ley era diferente y era un recurso que podía utilizarse en determinado momento, pero hasta  ahora no lo han utilizado y no piensan hacerlo.

Dato

54 años tiene Anacafé, y según su presidente,  nadie ha renunciado.

En el numeral 7 del fallo donde la CC avaló, hace dos días, la elección de magistrados, que había sido impugnada,  instó  al Congreso a ver la necesidad de hacer cambios a la Constitución, para que no se repita la lluvia de acciones legales que solicitaban la nulidad del proceso.

“Es oportuno exhortar al Congreso para que se examine la posibilidad de convocar  a un diálogo abierto que discuta sobre las posibles reformas, tanto constitucionales como de leyes ordinarias, que garanticen la calidad e independencia del Organismo Judicial”, dice la CC.

Además, sugiere que si se concreta  la iniciativa se aprovechen las elecciones generales del 2015 para someter los cambios a   consulta popular.
El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo que la reforma constitucional para aclarar el proceso de elección de magistrados no puede esperar.

“El sistema, como está diseñado, nos ha demostrado en dos ejercicios de elección —de magistrados de Cortes— que provoca confusión, no es claro, es ambiguo y tiene muchas falencias. Está colapsado.  Es imperativo e impostergable  la reforma constitucional”, afirmó.

Molina Barreto enfatizó  en que la reforma constitucional debe enfocarse únicamente en seguridad y justicia, y no en otros ámbitos que harían fracasar el intento por impulsar cambios.  

“Si se va a hacer reforma, debe nacer de las entrañas. Para tener independencia,  los cambios  deben  provenir de profesionales capaces, de análisis técnicos jurídicos, para llegar a consulta popular efectiva”, explicó el presidente de la CC.

Agregó que se podría aprovechar que el próximo año hay elecciones generales para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llame a una consulta popular. Así se evitaría una “gasto mayor” y se utilizaría la misma logística.

Sin intención

El jefe de bancada del Partido Patriota, Juan José Porras, indicó que las reformas al sistema de justicia es “ineludible, no solo porque venga de una sentencia”.

Porras explicó que no es un tema nuevo y que ya hay algunas propuestas en el Congreso para reformar la Ley de Carrera Judicial, pero, afirmó: “Creo que por la coyuntura no es viable, por espacios y tiempos, pero seguro tendrá relevancia el próximo año”.

Leonardo Camey, subjefe del bloque de Libertad Democrática Renovada, indicó que es importante que empiece el debate en audiencias públicas, aunque aclaró que ve complicado que se conozca el próximo año, por ser electoral.

“El riesgo que vemos es que no se centre solo en el tema de seguridad y justicia, sino se busquen otros tipos de cambios y afectar el TSE, por ejemplo”, expuso Camey.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que hay aspectos positivos y negativos en tratar de hacer cambios constitucionales el próximo año.  Recordó que  efectuar una consulta popular aprovechando la elección podría  facilitar el ahorro de Q250 millones, pero por otro lado se podría “contaminar” ese proceso.

“El escenario preelectoral es  muy contaminado. Creemos que deben avanzar —la consulta popular y elecciones— de forma independiente”, expresó.   

Apoyan reformas

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha convocado  a diversos sectores sociales  a comenzar el diálogo e  identificar las prioridades para  definir una agenda mínima a fin de hacer  cambios al sistema de elección de magistrados.

El próximo miércoles, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, invitará a académicos, organizaciones sociales, centros de investigación, jueces, magistrados, fiscales, diputados y autoridades gubernamentales para alcanzar acuerdos al respecto, a fin de que con esos aportes se promuevan reformas a leyes relacionadas con el sector de justicia, señaló esa instancia internacional en un comunicado de prensa.

Lorena Escobar, abogada  de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que hay una iniciativa de reformas constitucionales en materia de justicia en el Congreso que no avanza, y que esta sería la oportunidad para retomarla. “Este proceso confirmó la necesidad de reformas y aquellos que se opusieron, ahora están convencidos que es mejor modificar la Constitución  a permanecer  en este sistema”, añadió.

Lizandro Acuña, investigador del área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, opina que debe tomarse la decisión de si se hace una cirugía mayor a la justicia en el país o solo retoques.

“La propuesta A sería realizar cambios de fondo, y con esto una reforma constitucional. El plan B puede ser modificaciones a la Ley de Comisiones de Postulación y de la Carrera Judicial”, señaló  Acuña.

Propuesta

Una propuesta de reformas a la La ley de Comisiones de Postulación está archivada  en el Congreso.

La diputada  Nineth Montenegro presentó en el 2012 la iniciativa 4471 para reformar la Ley de Comisiones de Postulación, que quedó engavetada en el Legislativo.  

Se  propone  que la convocatoria para integrar comisiones se haga ocho meses antes del cambio de funcionarios.

Que el  tribunal electoral de cada colegio fiscalice los fondos que reciban los aspirantes a integrar una comisión.  

Se establece   una nota para cada aspecto: méritos académicos, 35 puntos; profesionales, 40; proyección  humana, 10; y éticos, 15.

Entre las novedades que se presentarán figura   un teleférico  de  10 metros de altura y  una extensión de cien metros.

Además, se integrará el área de la Concha Acústica, donde se ofrecerán conciertos cada dos horas. También habrá  juegos de nieve, un tren, el tobogán congelado y la pista de patinaje. La comuna proporcionará internet gratis para los asistentes al festival.

Ella optó por denunciar y alquilar una residencia  en una colonia cercana. Días  después le dejaron un papel bajo la puerta, con una amenaza: debía pagar Q20 mil o la mataban.  Ella lo hizo del conocimiento de las autoridades.

Romelia es parte de las casi 50 mil personas que han sido víctimas de extorsión  en los últimos 10 años y  han denunciado.

Pagar por vivir

Según  el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el 70% de las denuncias por extorsión presentadas en el Ministerio Público (MP), en los últimos cuatro años, fueron por amenazas que llegaron a las residencias: debían pagar para poder seguir viviendo en estas.

Esto  motivó a que el Cien efectuara el estudio “Las extorsiones: un fenómeno  más complejo de lo que parece”.

Corinne Dedik, investigadora del área de seguridad de esa institución y quien participó en el estudio, indicó que las extorsiones solo se han abordado desde el área criminal y no en las consecuencias que conllevan. “Debido a las extorsiones se dan migraciones internas”, explicó.

Después de residencias, son los negocios los más   afectados por las extorsiones.  El 23% de las denuncias son presentadas por dueños de comercios, quienes han dicho que les han exigido dinero a cambio de dejarlos  seguir con su trabajo.

En tercer lugar, con el 6% de denuncias, se encuentran propietarios de  transporte de pasajeros y de carga, quienes se han visto afectados por ese fenómeno criminal.

Delito en aumento

Obtener datos exactos  de la incidencia de la extorsión en el país es “imposible”, según el estudio del Cien, debido a la cantidad de “cifra negra”  del delito  y por falta de una encuesta de victimización nacional.

El documento   refiere que, del total de quejas, el departamento de Guatemala  concentra el 61% de denuncias   a escala nacional. Villa Nueva tiene el 8%  y Mixco, el 7%, al igual que Quetzaltenango.  

En la capital, la zona 18 es la que más denuncias presenta, con el 5% del monto nacional.  

Recientemente se presentó un estudio, pero solo para la capital. Uno de los datos que surgió de este era que siete de cada 10 personas que fueron víctimas de un delito no presentaron la denuncia en el MP o a la Policía Nacional Civil (PNC).

“Hace falta investigar más a profundidad el fenómeno, conocerlo mejor, saber si está relacionado  a otros delitos”, indicó Wálter Menchú, investigador  del Cien.

Agregó que hace falta que las entidades se pongan de acuerdo porque la PNC y el MP manejan diferentes datos sobre el número de denuncias.

Las cifras muestran que hasta el 2004 las extorsiones no eran de los delitos más denunciados por la población en el país. La Policía contabilizaba 803 casos y el MP no tenía ningún registro. Al siguiente año el número empieza  a ser diferente, porque mientras este órgano investigador reportó 972 hechos, la PNC dijo que había recibido  730.

En tres años se observa un crecimiento moderado de denuncias, pero a partir del 2009 las cifras casi se triplican, cuando  el MP llegó a registrar cinco mil 207 casos. Al siguiente año las querellas penales llegaron a nueve mil 448.

“No sabemos por qué la cifra llegó a esos niveles. Hay varios factores, como que ese año se implementaron los métodos especiales de investigación —escuchas telefónicas— y además se empezaron a utilizar las nuevas figuras   de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero  eso es especulación; no sabemos a ciencia cierta”, dio a conocer Menchú.

Casos en tribunales

En los últimos 10 años han ingresado al Organismo Judicial ocho mil 315 casos por extorsión, aunque a partir del 2010, con la modificación legal, se tipifican como delito de obstrucción extorsiva de tránsito, que se aplica a quienes exigen dinero a transportistas.  

De estos casos, en el 26%  hubo  sentencias condenatorias y en  7% fueron absueltos los procesados.

Avances

El Cien reporta que en los últimos años se han visto avances para intentar frenar las extorsiones, aunque no han sido suficientes. Van desde una reforma del Código Penal para ampliar la pena de seis a 12 años hasta la creación de nuevas figuras legales en la Ley contra la Delincuencia Organizada,  para afrontar el fenómeno.
Además se aprobaron nuevos métodos de investigación especial como las escuchas telefónicas y unidades específicas y fuerzas de tarea para ese delito.

Investigación

Cifras reales de extorsión

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que aunque no demerita el estudio efectuado por el Cien, no puede comentarlo porque no lo conoce.

“Ni yo, que soy el  ministro, me puedo aventurar a dar porcentajes  porque el delito es muy complejo para hacerlo”, dijo.

Agregó que trabajan con  el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto Nacional de Estadística para crear un centro de estadísticas criminales. 

Integración

Estudiar la extorsión

Wálter Menchú, investigador del área de seguridad del Cien, opina que las autoridades deben ver la extorsión desde un punto de vista más complejo.   “Las extorsiones están ligadas a otros delitos y sus efectos son muy grandes en la sociedad”, afirmó.  

Agregó que las extorsiones están relacionadas con la migración interna, efectos psicológicos de la población, efectos económicos y la falta de confianza en las autoridades cuando los casos no se resuelven.  

MP en números rojos

Si el Ministerio Público fuera una empresa y su rentabilidad se midiera por los casos que resuelve estaría en números rojos si solo se tomaran en cuenta las denuncias por extorsión que superan más de 23 mil. En tres años su promedio de efectividad o casos que han llegado a sentencia no supera el 3 por ciento; el resto sigue en la impunidad.

CIUDAD DE GUATEMALA- Después de varios días de cotejo de denuncias con los artículos encontrados, se determinó que el grupo había robado en por lo menos ocho casas en carretera a El Salvador y en las zonas 14 y 15.

DESCARGUE: Planeación del robo a viviendas.

SUSTRACCIÓN

En enero del 2014, María(*) regresaba a su casa luego de la jornada laboral. Al llegar, observó que la puerta principal estaba entreabierta. La vivienda se ubica en un residencial de la carretera a El Salvador, y eso le daba cierta tranquilidad, pero esa supuesta seguridad se había esfumado en un instante.

Llamó a la policía privada del complejo para que la acompañaran a revisar. Al entrar encontró algo que no creía: buena parte de sus pertenencias habían desaparecido, como electrodomésticos, joyas, ropa, perfumes, dinero y un celular de funciones avanzadas. Más de Q40 mil se habían ido en un día.

María pasó del temor a la indignación, después al enojo, pero nunca dio el último paso, es decir: la resignación. Recordó que el teléfono podía ser ubicado en un mapa digital, porque así estaba configurado.

Al siguiente día fue a la empresa que le prestaba el servicio de telefonía, y pidió ayuda. Así se ubicó la señal del aparato en Chimaltenango. María vio eso como un logro, y se lo hizo ver a los investigadores, quienes frenaron su optimismo al explicarle que el sistema de posicionamiento global (GPS) del aparato no era del todo preciso, pero que era una ayuda.

Al otro día, siguieron esa pista. María los esperaría en la capital mientras los investigadores viajaban al occidente del país en busca del teléfono. La señal los llevó a Pastores, Chimaltenango. Habían acordado que al llegar al punto más cercano ella llamaría a su número.

Los detectives llegaron frente a una casa donde sospechaban estaba el teléfono. Tocaron el timbre. Salió un hombre, y le dijeron que necesitaban hablar con él. Al ingresar, le consultaron si él había comprado un iPhone en los últimos días. Respondió que no. María llamó a su teléfono, y el aparato empezó a sonar sobre una mesa.

Los investigadores preguntaron sobre el teléfono, mientras un agente respondió y escuchó la voz de María. Al interrogarlo sobre de quién era el aparato, el hombre indicó que de su yerno, pero que había salido.

Horas después solicitaron el allanamiento, lo cual se concretó al siguiente día. Encontraron artículos que habían sido robados en siete residencias de las zonas 14 y 15 y carretera a El Salvador, así como documentos varios. Con todo ese material se solicitaron órdenes de captura que aún no han sido tramitadas por el Ministerio Público.

“No damos identidades, porque  esperamos las órdenes de captura”. Detective de la unidad de robos de la PNC.

DATO

(*) Nombre ficticio

A las menores se les daba de desayuno un  pan  y café; almorzaban una bolsita de frituras y una gaseosa, y  para la cena, cuando les iba bien, recibían pan con  frijoles.

Ellas eran parte de los 55 niños  rescatados por las autoridades el  10 de septiembre recién pasado, en un hotel de paso en la avenida Bolívar, zona 3. Todos eran obligados a ofrecer baratijas en semáforos o a pedir limosna.

Eran de occidente

Érick Cárdenas, procurador de la Niñez y Adolescencia, explicó que de los 55 niños  rescatados ese día, 42 ya han regresado con sus padres o abuelos. “En los albergues  aún se encuentran 13 menores que están pendientes de resolver su situación”, explicó Cárdenas.

“La mayoría proceden del occidente del país, como  Quiché, Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango”, comentó. Cárdenas agregó que los menores que regresaron quedaron bajo “terapia psicológica”, y sus encargados deben acudir a la escuela de padres.

Tortillas y sal

Rosa y  Marta debían pagar Q25  al mes   para tener un espacio de un metro cuadrado, un pedazo de cartón y una sábana.

Cuando llegaron al albergue de la  Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet) no se sentían bien.

“Cuando llegaron les dimos cereal, panqueques y jugo de naranja, pero no quisieron comer. Lo apartaron; se negaron a probarlo.  Pidieron tortillas y sal. Y eso comieron”, explicó Franklin Azurdia, subjefe de la Svet.

Añadió que durante el tiempo en que los menores permanecieron en ese albergue debieron cambiar el menú, porque solo aceptaban huevos, frijoles y tortillas.   También se proporcionó ayuda psicológica para que el impacto en los niños fuera mínimo.

De acuerdo con la investigación, en algunos casos  los padres cobraron por entregar a sus hijos a personas en la capital para que vendieran artículos varios en  semáforos o pidieran limosna.

Cárdenas explicó que las responsabilidades penales serán determinadas por el Ministerio Público.  Por ese caso son procesados Rudy Doroteo
Lajpop Ambrosio, de 23 años,  y   Pablo Rolando Marroquín Chaj,  41, acusados   de trata de personas.

Dato

13 niños de los 55 rescatados siguen en albergues.

Sin embargo, las autoridades no explicaron por qué las capturas se lograron hasta ahora.  

La desaparición

El 13 de noviembre del 2007, Ramos Trujillo decidió registrar una pistola que había adquirido. En compañía de dos familiares fue al Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) —ahora Digecam— para efectuar el trámite.

Cuando ingresaron en un parqueo, ubicado en la 12 avenida y 30 calle, colonia San Pedrito, zona 5, fueron sorprendidos por seis policías que se desplazaban en un autopatrulla.

En el parqueo les dijeron que   Ramos Trujillo  tenía problemas  con la ley, pues sobre él pesaba una orden de captura por comercio,  tráfico y almacenamiento ilícito de drogas.  

Su nombre aparecía en una investigación sobre una estructura de narcotráfico que supuestamente distribuía droga en varias zonas de la capital.

Los agentes que se acercaron a Ramos Trujillo —refiere la investigación efectuada por la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP)  de la PNC— lo seguían de tiempo atrás, pero no eran parte de la unidad antidrogas, sino de la División de Investigaciones Criminalísticas  (Dinc), ahora llamada Deic.

Después, los policías lo subieron al autopatrulla y supuestamente lo llevarían a la Torre de Tribunales, donde sería escuchado por un juez.  Los familiares llegaron al juzgado, pero  pasaron las horas y nunca llegó.

Entonces, decidieron que los buscarían en la Comisaría 13, con sede en la zona 13, pero tampoco apareció. Entonces, presentaron la denuncia.

Pesquisa atrasada

Según los investigadores de Asuntos Internos de la PNC, meses después del hecho le fueron presentados los resultados a la Fiscalía, donde se daban a conocer los datos de quienes serían los responsables de  la desaparición de Ramos Trujillo. Sin embargo, fue  hace unos meses cuando se reactivó la investigación.

“Nosotros no sabemos por qué tardaron. Nos ordenaron que se actualizara la investigación y que se hicieran las capturas”, indicó un investigador.

El 22 de octubre pasado, un juzgado ordenó la captura de los presuntos responsables, y ayer las autoridades efectuaron varios allanamientos en Jutiapa, Quetzaltenango, Santa Rosa y la capital, para capturar  los sindicados del hecho.

De los seis agentes que participaron, cuatro aún estaban de alta en la PNC. El exoficial Obdulio Santiago Rojas Rojas, de 35 años,   fue detenido en  Ciénaga Grande, Cabricán, Quetzaltenango.

En la zona 6 de la capital fue aprehendido el expolicía José Ronan Ortega Aguilar; en Moyuta, Jutiapa, el agente Luis Barrera Cruz, 47; en Jalpatagua, Jutiapa, el agente Víctor Lima Olivares, 36; en la zona 1 capitalina, Víctor Lima Olivares, 36; y en la zona 2, Cruz Otoniel Hernández Maeda.

Según los investigadores de Deic, la segunda fase de la pesquisa es averiguar el paradero de Ramos Trujillo.

Investigación

Auto lo tenía registrado

El nombre de Misrael Ramos Trujillo salió a luz pública dos años antes de su desaparición. El 19 de septiembre del 2005 agentes antidrogas se enfrentaron  a disparos con Óscar Revolorio Orantes y Alexánder de Jesús García Pérez en la  zona 3.  Los agentes encontraron en el vehículo donde viajaban los detenidos un kilo de cocaína.

Después de la investigación efectuada se determinó que el automóvil donde se conducían los capturados estaba a nombre de Ramos Trujillo.

La mayoría de agresiones habría provenido de criminales que supuestamente no recibieron la extorsión o de grupos que de esa manera anunciaban que iban a comenzar a exigir ese pago ilícito.   

Solo en 18 ataques no hubo víctimas; en el resto, por lo menos una persona resultó con heridas de bala.

Víctimas

En 162 ataques armados, 247 personas resultaron heridas. Varias de ellas murieron en el lugar o en un hospital horas después.  

DESCARGA- Vea el PDF de las acciones criminales contra el transporte público.

La Policía solo hace el seguimiento de los pacientes 24 horas, por lo que si fallecen después de ese tiempo no se reporta en los informes oficiales.

Según los registros, de cada 10 heridos, tres murieron. El número  de víctimas mortales ascendía  a 74 hasta el 22 octubre; de estas, 45 eran pilotos,  10 ayudantes y 19 pasajeros.   

En cuanto a los heridos, se dividen en 65 pilotos, 22 ayudantes y 86 pasajeros. Estos números no coinciden con los que reporta la Defensoría de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos  de 88 pilotos y 26 muertos en el año. Sin embargo este dato lo obtienen de  reportes de medios de comunicación y no de fuentes oficiales como la PNC.

En la metrópoli

El 60% de casos en los que  las personas resultaron heridas ocurrieron en el área metropolitana. Los demás en    la provincia.  

Varias  agresiones  sucedieron mientras  unidades  extraurbanas salían del departamento de Guatemala.

Algunos ataques se perpetraron en la calzada Roosevelt y rutas al Pacífico y al Atlántico. En los departamentos, las agresiones sucedieron en la mayoría de casos cuando los buses salían de las comunidades, aunque también en carreteras.

En aumento  

El promedio de ataques a buses en nueve meses —de enero a septiembre— fue  de 17 casos por mes. Sin embargo, los datos demuestran que se ha dado un incremento de casos mes por mes.  Solo hubo  tres excepciones en   febrero, mayo y julio, cuando hubo un caso menos que el mes anterior.

Este año empezó con  nueve ataques, y aunque en febrero disminuyó a seis, en marzo  se duplicó y se situó en  13.  

El fenómeno no se detuvo y, al contrario, se incrementó  en casi todos los meses. Sin embargo,  fue en septiembre cuando más ataques se registraron: 29, triplicando la cifra de enero. Agosto fue  el segundo mes, con 24.

Las cifras demuestran que los buses que van a Mixco y la zona 6 capitalina han sido los más atacados.  

La ruta 70, que cubre el trayecto de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, hacia la zona 1, es la que más ataques ha reportado en el año: 10.

Le siguen la ruta 3, que va de la zona 6  a  la zona 5, con ocho agresiones.  

En tercer lugar está la ruta 203, que circula  de la zona 6 hacia la Universidad de San Carlos,    con seis casos.

En cuarto lugar  se encuentra la ruta 71, que también parte de  la Primero de Julio.

El área de mayor peligro era hasta junio pasado la que recorría  la ruta Maya, de la zona 18 a la zona 1. En seis meses murieron cinco personas en unidades de ese transporte, en cuatro ataques. Desde hace cuatro meses ese sector es cubierto por el Transurbano.   

La segunda ruta en la que  más personas han muerto es la 4,  con cuatro casos.

En cuanto a los   buses de los municipios del departamento de Guatemala —excepto Mixco—, los que parten de Santa Catarina Pinula han sido los más atacados, con seis casos, seguidos de los de Palencia, con cuatro.

Asopagua

Hechos planificados

Jorge García, integrante de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), declaró que los ataques contra las unidades no son obra de la casualidad, sino planificados por personas interesadas en que los autobuses rojos dejen de funcionar.  “Si en Mixco y en la zona 6 son los más atacados, es porque allí quieren que entre otro tipo de transporte”, explicó.

PNC

Habrá más  policías

El director general de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, declaró que aumentarán el número de investigadores que trabajan en casos de extorsión, para tratar de reducir al máximo el número de ataques. Sin embargo,  declaró que es difícil  anticiparse a todas las agresiones. “Vamos a mejorar la calidad de la investigación y a poner más agentes en la seguridad de buses”,  dijo.

Transurbano

Coordinar seguridad

Sergio Vásquez, vocero del Transurbano, declaró que en el año se han registrado cinco ataques a sus unidades de transporte, y todos fueron perpetrados en la zona 18, cuando comenzaron operaciones en ese sector.  “La clave para evitar más ataques ha sido la coordinación entre la Policía y nuestro sistema de seguridad. Para eso tenemos reuniones cada mes, para coordinar operativos y prevenir”, indicó.

Ayer se efectuaron 54 allanamientos en seis departamentos, que terminaron con la detención de 30 personas, entre integrantes de la banda y personas que obtuvieron documentos falsos, indicaron las autoridades del Ministerio Público (MP) en conferencia de prensa.

La investigación contra el grupo comenzó el pasado 10 de abril, cuando un grupo élite de la División Especializada de Investigación Criminal (Deic) capturó a una pareja al momento de salir de una  entrevista para solicitar  la visa estadounidense.

La persona que los entrevistó detectó incoherencias. Supuestamente llevaban más de 10 años casados y con un hijo, pero no conocían sus gustos.

Así que después de que los investigadores los capturaron, supieron la verdad: no eran pareja, ella era salvadoreña con un hijo de 10 años y pretendía llegar a Estados Unidos con documentos guatemaltecos falsos. El hombre era  miembro de la banda.

La mujer, después de tres meses de haber estado en prisión, accedió a ser colaboradora eficaz a cambio de que se suspendiera la persecución penal en su contra. El MP aceptó, y ella proporcionó nombres, lugares y fechas.

En  sótano

La casa de Teresa Sosa Ramírez, alias Doña Mary, se encuentra en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.  Desde afuera no se observa nada extraño, según los fiscales. Sin embargo, adentro hay un sótano acondicionado como una habitación más. A ese lugar llegaban centroamericanos que pretendían obtener documentos falsos. Allí los entrenaban, según indicó la fiscal Tamara de León.

“En un sótano les enseñaban el himno, chistes y símbolos patrios. Tenían que decir  que eran de Jutiapa. En su  mayoría eran personas de El Salvador y Honduras”, explicó De León.

La fiscal indicó que en el grupo que  lideraba Sosa Ramírez había   trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap), que obtenían certificaciones de nacimiento falsas con las que se tramitaba la obtención del documento personal de identificación (DPI).

Cuando ya tenían ese documento, solicitaban visa en la embajada estadounidense.

Todo el trámite tenía un costo de US$5 mil. Las autoridades aún no cuentan con el detalle de  cuántas personas contrataron el servicio que ofrecía el grupo de Sosa Ramírez.

Allanamiento

Ayer, la Fiscalía efectuó 54 allanamientos en seis departamentos —Quetzaltenango, Suchitepéquez, Chiquimula, Jutiapa,  Petén y Guatemala—.  En los operativos fueron capturadas 30 personas, entre integrantes del grupo y otros que  obtuvieron documentos falsos.

El viceministro de Gobernación Edi Juárez indicó que la investigación duró seis meses, pero reconoció que el aporte de la colaboradora eficaz  hizo más fácil las pesquisas. Agregó que hubo seguimiento de varios de los integrantes del grupo.

“Iban a traer a las personas a la frontera con  El Salvador, las llevaban a la casa de Mixco y allí las preparaban”, detalló.

Entre los capturados se encuentran dos extrabajadores del Renap que fueron destituidos en junio pasado, cuando ese caso  se investigaba.

Así funcionaba la estructura criminal

Delegados del  grupo en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador, ponían en contacto a los interesados con la estructura de Doña Mary.  

Al ponerse  de acuerdo, integrantes los recogían en la frontera y después los llevaban por un mes a la casa de Doña Mary, en la zona 8 de Mixco.  Allí los alojaban en el sótano  y  les enseñaban sobre la cultura del país, símbolos patrios, himno y chistes de Guatemala, para que les creyeran que eran guatemaltecos.

Les concertaban las citas en la Embajada de Estados Unidos, a donde llegaban con una nueva identidad y en algunos  casos se inventaban una familia para que optaran a la visa.  Las  personas lo hacían para poder viajar a Estados Unidos y quedarse a trabajar.

El precio  del servicio, según las autoridades, era de  US$5 mil —unos Q40 mil—.  La Fiscalía indicó que hay por lo menos cinco órdenes de captura más pendientes por ese caso.

Dato

US$5 MIL cobraba el grupo por tramitar documentos.

Dávila Yumán se encontraba en un vehículo en  la 8a. avenida y 8a. calle, colonia La  Florida, zona 19, cuando recibió los disparos que acabaron con su vida.

“No podés dejarme”

Ayer iban a celebrar los actos de clausura  en el colegio Sunny Side,  colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, por lo cual Dávila Yumán decidió colaborar con los preparativos, porque dos de sus hijos son los dueños de ese establecimiento.

Como parte de la clausura, había un acto en el que los maestros representarían a piratas. Sin embargo, una maestra había olvidado las botas en su vivienda, por lo que la Dávila Yumán se ofreció a llevarla.

Los dos salieron hacia  La Florida, donde reside la docente.  Yumán Dávila manejó el vehículo, y al llegar, se estacionó frente a la casa de la profesora, mientras ella recogía el calzado. Seguidamente apagó el motor del carro.

Según datos que recabó la Policía, sujetos que se desplazaban en un automóvil café se acercaron y  le dispararon en varias ocasiones.  El Ministerio Público (MP) encontró tres casquillos en el lugar.

Tenía arma

Según Bomberos Municipales, la víctima tenía dos heridas de bala en la cabeza. También una pistola en una mano y un celular en la otra.

“Él no estaba amenazado. No hacía daño a nadie.  Era piloto privado”, dijo su hermana Sandra Dávila.  Minutos después, llegaron al lugar los hijos de Dávila Yumán, aún disfrazados.

“Papá, papá, tú nunca me has dejado sola. Jamás me has dejado sola. No puedes hacerlo ahora”, gritó su hija Madelin Dávila.

Los fiscales no encontraron evidencias de que Dávila Yumán hubiese activado su arma. Tenía todas sus pertenencias, por lo que investigadores creen que no se trató de un robo sino de un ataque directo, aunque aún no tienen una hipótesis final del caso.  

Familiares coincidieron en afirmar que la víctima era un buen padre.

La permanencia de estas familias en la línea férrea depende del avance del proyecto de transporte de pasajeros.  

El primer plan que existe es crear un tren de cercanías que una la Central de Mayoreo, zona 12, con  Centra Norte, zona 18, a través de un tren de pasajeros y una autopista.

Julio Héctor Estrada, director de la Agencia Nacional   de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), informó que la obra tendrá un costo de más de US$400 millones  y se espera que a principios del 2016 empiece el proceso de licitación internacional.

Miguel Ángel Samayoa, gerente de operaciones de Fegua, indicó que la obra  ha despertado  interés de “grandes” empresas expertas en ferrocarriles.

DESCARGA- Vea el PDF del proyecto del tren superficial.

A la expectativa

Los vecinos de por lo menos 10 asentamientos que están en el trayecto del tren están a la expectativa de qué sucederá en torno a la vía férrea.

“La gente puede estar feliz por un tren, pero nosotros estamos tristes y con miedo”, dijo Azucena de González, que vive desde hace 14 años a la orilla de la vía férrea. “Son 14 años de vivir aquí;  es la vida de mis hijos”, señala González.

Domingo Hernández,  de la Coordinadora Nacional de Asentamientos de Líneas Férreas, explicó que cada año aumenta el número de personas que viven alrededor de la línea férrea.  

“Los hijos tienen familia y se quedan allí”, dijo.  Agregó que muchas personas se establecieron sobre la línea del tren porque Ferrovías “tuvo el error de dar un contrato a la empresa eléctrica para que instalara postes  y muchas personas pensaron que podían instalarse allí”.

Hernández afirmó que el Gobierno hizo un estudio sobre que podría prescindir de 10 metros alrededor de la vía.

“El Estado tiene 30 metros de vía para el tren, pero el estudio dice que con 20 metros puede seguir funcionando”, expresa.

Portillo indicó que ayudó a crear  el asentamiento Kerns en la zona 18, uno de los   10 asentamientos donde habitan 268 familias y  con los que Fegua negociará su reubicación.   

“Hay un plan piloto para crear una especie de condominios de bajo costo donde estas personas podrían vivir, a bajo precio”,  expuso  Samayoa
 Portillo   entiende que los podrían desalojar, pero pide que les avisen con tiempo. “Me quiero llevar estas láminas viejas porque para ellos son basura, pero para mí valen oro,  pues por ellas no me mojo”, afirmó.

Proyecto

Historia de abandono

Para que el tren vuelva a funcionar falta mucho tiempo. En 1997 el gobierno de Álvaro Arzú lo dio en usufructo  a la compañía estadounidense  Railroad Development Corporation (RDC),  que no invirtió en su funcionamiento. En el 2006 el gobierno de Óscar Berger declaró  lesivo ese contrato.

Un año después,  el Estado de Guatemala fue demandado,  y en el 2012 el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó pagar más de US$14 millones por daños.

En el 2013 Guatemala pagó esa cifra y desde esa fecha busca inversionistas extranjeros para reactivar el tren de carga y pasajeros.

En la actualidad existe un proyecto de crear un tren que alivie el transporte y que una el sur con el norte de la capital.