Hace 30 años, un estudio del Banco Mundial concluyó que la efectiva gestión del recurso humano no había sido una prioridad en la administración pública (1998). A la misma conclusión llegó el Barómetro de la Profesionalización del Empleo Público en Centroamérica y República Dominicana en las evaluaciones de 2004 y 2012. La falta de una política pública clara y de una carrera en el servicio civil ha generado una serie de desafíos a lo largo de las últimas décadas.

Dada la falta de una política que impulse un eficiente y moderno sistema de servicio civil, nuestro sistema presenta una alta rotación cada 4 años en los puestos superiores o de gerencia en las entidades públicas, lo cual coincide con la entrada de cada nuevo gobierno. No se conserva a la tecnocracia, lo que impide el seguimiento de planes y programas presupuestados y conservar gente en puestos clave. A esto se suma que la inversión en capacitación, tecnificación y profesionalización del recurso humano se pone en riesgo. Una explicación de lo anterior es la práctica de asignar plazas de trabajo a personas referidas por políticos como retribución al trabajo en las campañas electorales. Los referidos no pasan por el proceso competitivo de oposición. Esto es representativo de la corrupción y falta de transparencia en la administración pública, poniendo en riesgo la efectividad y calidad de los servicios.

Otro problema es el uso inadecuado de renglones presupuestarios temporales para obviar el cumplimiento de requisitos que las leyes y reglamentos establecen para optar a cargos públicos. La antigüedad en los puestos aún tiene más peso que los méritos profesionales y que la evaluación para los procesos de promoción del personal, lo cual es contrario a una carrera de servicio civil. La clasificación de puestos y los salarios en la administración pública están desactualizados. La Ley de Salarios data de la década de los 70 y la clasificación de puestos es de los años 90. Sin embargo, los salarios están protegidos al no estar vinculados con las evaluaciones de rendimiento del funcionario o empleado público en el puesto, y existe protección contra los despidos.

No hay que olvidar el impacto que tienen los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se utilizan para suplir la falta o deficiencia de las políticas relacionadas con la carrera civil, la política salarial, de clasificación de puestos, de capacitación y profesionalización. Pero no hay que olvidar que con dichos pactos se supera lo establecido en leyes en aspectos como sistemas competitivos de oposición, evaluación de rendimiento, causales para el despido, entre otros. Se abusa de la figura de los pactos colectivos, siendo para el erario una carga financiera importante que resulta claramente insostenible.

Se debe repensar el sistema del servicio civil. Por ejemplo, la antigüedad no debiera ser el criterio de mayor peso en una carrera en el servicio civil; se debe invertir en capacitación y profesionalización; se debe sacar a concurso los puestos gerenciales cada cierto tiempo; promover la descentralización en el proceso de nombramiento; cambiar los criterios de remuneración, la cual puede estar atada a la productividad. Los sistemas de evaluación de rendimiento deben tener una consecuencia. No se debe confundir la inamovilidad con la estabilidad en el puesto. Se recomienda revisar y regular los pactos colectivos de condiciones de trabajo vigentes, pues no es a través de estos instrumentos como se diseña una política de recurso humano en el Estado. Más que un censo, se requiere de un registro actualizado de servidores públicos que facilite conocer el perfil que se requiere en cada puesto, así como la necesidad del mismo. Una nueva normativa con principios generales básicos y aplicables a todo sistema de contratación del recurso humano es necesaria, así como evaluar y ajustar la normativa complementaria a la Ley de Servicio Civil para que responda a la nueva carrera administrativa. La carrera civil es posible.

Pero que no se olvide que existe otro tema, aún más delicado y de urgente discusión, que va más allá de los beneficios a diputados y personal administrativo del Congreso financiados con nuestros impuestos. Se debe entrar a una verdadera, exhaustiva, técnica discusión en torno al funcionamiento del Congreso en su labor legislativa, con énfasis en la calidad y eficiencia. Y ello implica, entre otros temas, abordar el funcionamiento de las comisiones de trabajo. Las mismas son el motor de la actividad legislativa, pues es a partir del trabajo que realizan y que se expresa en los dictámenes que emiten, la calidad, la necesidad, el costo/beneficio de la norma que se pretenda aprobar. De acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, las comisiones de trabajo son “órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el Pleno del Congreso de la República o que promuevan por su propia iniciativa”. Constituyen el “epicentro” de toda actividad legislativa.

De conformidad con el reporte que analiza la actividad de la VIII Legislatura, elaborado por la Alianza para un Congreso Eficiente, las comisiones de trabajo enfrentan serios desafíos. Del total de iniciativas que se convirtieron en decretos en el período de enero 2017 a diciembre del 2019, únicamente tres decretos cumplen en un 100% con todos los requisitos que establece la ley para el proceso legislativo, desde la presentación de una iniciativa de ley hasta su aprobación y envío al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto. En la tramitación y aprobación de las normas el requisito que más se incumple es el de presentar estudios técnicos o financieros que sustenten las iniciativas, así como respetar el plazo previsto para emitir un dictamen (45 días o solicitud de prórroga). Aun así, las comisiones de trabajo dictaminan favorablemente y el pleno del Congreso continúa con el trámite de aprobación en sus distintas lecturas, y lo hacen sin contar con elementos fácticos indispensables para justificar la existencia de la norma y su observancia obligatoria. Por otra parte, el análisis constitucional que sustentan los dictámenes favorables de las comisiones de trabajo generalmente se limita a indicar los artículos referentes a la función del Congreso y no con relación al tema que aborda una iniciativa. También perjudica la calidad de la norma la falta de un análisis económico de la propuesta, o de un análisis presupuestario, cuando así corresponde.

Esperemos que los diputados reconozcan y discutan sobre estos desafíos que afectan la calidad de su trabajo y ponen en riesgo el estado de Derecho para perpetuar un lamentable estado de simple legalidad.

Sin embargo, la tarea del combate de la corrupción no se limita al accionar del MP y de los tribunales de justicia; también es tarea del Organismo Ejecutivo. Cuando observamos año tras año cómo se expande el gasto público por el uso arbitrario del poder, o cuando observamos cómo se utiliza el gasto público en acciones o inversiones sin sentido, aumenta la percepción (y también la realidad) de que se cuenta con un Estado gestor que ha caído en la corrupción y en prácticas poco transparentes, teniendo como resultado servicios públicos inexistentes o poco eficientes, y muy caros. El resultado que se obtiene es la poca credibilidad en la institucionalidad pública con percepción de excesos, ineficiencia, corrupción, no transparente.

Por lo que el nuevo presidente del Organismo Ejecutivo podría liderar el inicio de un cambio profundo de los macrosistemas, que permita alejarse de las malas y enraizadas prácticas corruptas y darle un nuevo sentido a la administración pública. Más allá de reducir el número de pasos en los trámites públicos, o la utilización de tecnología para migrar de sistemas escritos impresos a digitales, se debe pensar con seriedad en la transformación del sistema de contratación de personal y en un nuevo modelo de adquisición de bienes y servicios, entre otros. Si bien ambos cuentan con normas y reglamentos que los hacen operativos, con códigos de ética, normas de calidad, tecnología, ello no garantiza que se cuente con sistemas que impiden la corrupción.

El recurso humano es crítico para la eficiencia de la gestión pública. Algunas ideas para empezar a cerrar los focos de corrupción que genera el actual sistema podrían ser crear y sacar a concurso puestos gerenciales y otros cada cinco o seis años, descentralizar procesos de nombramiento, flexibilizar procesos de remuneración, crear y aplicar eficientes sistemas de evaluación y privilegiar el mérito antes que antigüedad en el puesto. Sin duda serían pasos concretos hacia la construcción de la carrera civil. Por lo que es importante repensar y contar con un nuevo perfil del puesto y con nuevos y actualizados requisitos que debe cumplir la persona nombrada como director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, para que diseñe la estrategia del cambio con vistas a mejorar la calidad del personal en la administración pública en el mediano y largo plazo. También es importante abordar en definitiva un cambio en el modelo de adquisiciones públicas, el cual a la fecha se basa en el cumplimiento de requisitos legales, pero que aún facilita actos contrarios a la transparencia y buen uso de los recursos públicos. Algunas ideas para liderar el cambio sería desarrollar un nuevo modelo concentrado en el usuario del sistema de adquisiciones, en los resultados y en la rendición de cuentas. Partiendo de la autoevaluación gubernamental del sistema de adquisiciones y contrataciones, sus resultados, y de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, podría generarse la plataforma para definir un nuevo sistema de adquisiciones públicas con énfasis gerencial, y de la normativa necesaria para establecer las reglas claras que el sistema requiere.
Necesitamos funcionarios públicos que comprendan la necesidad de gestionar cambios en pro de la eficiencia y para el combate de la corrupción.

* Investigadora asociada al Cien

Sin embargo, el panorama general de la falta de seguridad y de aplicación de justicia en Guatemala sugiere que el Estado no ha sabido cumplir correctamente con esta misión.

Lo anterior cobra cada vez más importancia cuando el país desea entrar en el nuevo orden económico. Esto obliga a que el Gobierno asuma un nuevo rol facilitador y regulador; pero las acciones hacia la modernización se ven limitadas por contar con instituciones débiles.

Para modernizar el Estado se necesita de un Organismo Judicial efectivo, que vele por el cumplimiento de la ley, la paz social y el desarrollo.

Sin embargo, aun cuando se cuenta con instituciones para impartir justicia; con la independencia de poderes y demás garantías constitucionales para su pronta y adecuada aplicación; con normas que establecen los procedimientos y limitan el ámbito de acción de los jueces; y con sanciones por la incorrecta aplicación de la misma, la aplicación de justicia no es eficiente y de ello se aprovechan quienes deben ser sancionados.

A mediados de la década del 90 se puso en marcha una estrategia para corregir las deficiencias, y transformar al viejo y corrupto Organismo Judicial en uno moderno, eficiente y confiable. Aun con los esfuerzos realizados, persisten problemas que debilitan la seguridad jurídica y la credibilidad en las instituciones.

Superar estos problemas requiere decisión, planificación y estrategias. También recursos. Poco tiempo queda para discutir y aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2006.

Y como todos los años se discute y se escatima la asignación presupuestaria para el sistema judicial, especialmente el asignado al Organismo Judicial. ¿Por qué uno de los organismos independientes del Estado debe ir a pedirle al Congreso el favor de que le apruebe su presupuesto?

El error ha sido discutir el tema desde una perspectiva política y no de beneficio para la sociedad. También lo es que la Corte Suprema no pueda demostrar las mejoras, el progreso y el uso eficiente de los recursos para obtener lo que necesita.

Modernizar el Organismo Judicial debe pretender recuperar su credibilidad, la autoridad y el monopolio del poder coercitivo que la sociedad le ha conferido. Pero el camino es de dos vías: el Congreso debe discutir con criterios técnicos el presupuesto para dicho organismo; y la Corte debe demostrar las mejoras con hechos.

Sin embargo, finalizamos el 2003 con sentimientos renovados de patriotismo, que nos impulsan a iniciar el nuevo año con un mayor optimismo.

Las elecciones generales constituyeron, contra todo pronóstico, un claro incentivo entre la población y una fuente de lecciones para nuestro futuro.

Independientemente de la preferencia política, la ciudadanía comprendimos el valor que encierra la oportunidad del voto.

Tal vez fuera la patente frustración entre todos los sectores de la población ante las malas políticas públicas, la que motivó la respuesta ciudadana en las urnas.

O tal vez fueron la inseguridad, la violencia, la falta de empleo, las deficiencias en la prestación de servicios públicos, de la salud o la educación, los elementos que influyeron en la decisión de superar el miedo y la coerción, para acudir a votar.

Independientemente de cuáles sean las razones, los guatemaltecos manifestamos, tal vez sin darnos cuenta de ello, el valor que tiene para nosotros la participación ciudadana y el poder hacer sentir nuestra voz para provocar los cambios a favor del país; el valor que le damos a la verdad y a la libertad como los pilares sobre los cuales se construye una sociedad sana.

Con lo anterior, renovamos nuestra confianza en la democracia como el sistema político perfectible que más se ajusta a nuestras necesidades y comprendimos que nosotros somos parte de esa democracia.

Estos valores renovados también nos comprometen a trabajar contra la esclavitud de la ignorancia y del conformismo; nos compromete a no decaer en nuestra participación cívica; nos obliga a ser responsables de las decisiones que tomamos, y a no perder de vista las decisiones de política pública que se tomen a nuestro alrededor y que nos afectan de una u otra forma.

La respuesta ciudadana debe ser interpretada por el nuevo gobierno, como una renovación de la confianza hacia las autoridades públicas, pero también como un aviso de que se gobierna para el pueblo y con el pueblo.

También debe ser interpretada por las fuerzas políticas, especialmente las concentradas en el Congreso de la República, como un aviso de la madurez cívica que se ha alcanzado, y que no estamos dispuestos a que el país viva de acuerdo al vaivén de las pasiones políticas, ni a perder el tiempo con acciones inmaduras de oposición política.

Con un renovado impulso estamos listos para dejar atrás el año 2003 para empezar uno nuevo. Las lecciones aprendidas en el último año nos ayudarán a vivir el siguiente.

Hemos renovado la fe en nosotros mismos, y en nuestra capacidad de decidir. Estamos conscientes de la fuerza que encierra la expresión de la voluntad popular y de que somos responsables de lo que con ésta se produce.

No nos permitamos vivir por inercia ni envejecer sin madurar. Guatemala merece nuestra alegría por el nuevo año.

Con estas declaraciones la población esperó que el Gobierno presentara una nueva estrategia de desarrollo.

Estando por concluir el año, es importante hacer un balance del mismo para evaluar cuáles fueron los avances, y hasta los retrocesos, en materia de desarrollo.

El Gobierno pudo haber tenido muchos desatinos en materia económica y social.

Esperemos que, durante el último año de su gestión, exista una mayor disponibilidad por escuchar diferentes opiniones y evaluar en forma profesional y no política, algunas decisiones.

Pero hay que reconocer los esfuerzos y avances que el Gobierno ha hecho en materia de descentralización de la administración pública.

Después de mucho ir y venir, así como de reuniones con diversos sectores, se concluyó la aprobación de tres normas, que marcan el futuro del país: la Ley General de Descentralización, la nueva Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el nuevo Código Municipal.

La aprobación de la trilogía de leyes no ha hecho sino marcar el primer paso hacia la consolidación de un permanente proceso de descentralización nacional.

La ?revolución silenciosa?, como se le ha llamado, está empezando. Además de las leyes, ya se han empezado a aprobar los reglamentos de las mismas, se nombró como ente rector del proceso a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y se presentó a hace unos días la propuesta de Política de Descentralización al Presidente de la República.

También se ha iniciado una etapa de divulgación de las normas y se dotó de recursos a los Consejos de Desarrollo.

Pero lo más importante está por venir. Durante el 2003 deberá consolidarse el proceso.

Y para ello debemos contar con una nueva visión de nación, no creada centralmente, sino construida con la participación de todos, sin exclusión.

¿Hacia dónde queremos ir con el proceso de descentralización? ¿Cómo queremos ser dentro de 20 años? Sin visión no hay futuro por construir.

Y sin participación no habrá una visión compartida por la cual trabajar.

Si durante este año el diálogo entre Organismos Ejecutivo y Legislativo casi no existió, el próximo año debe ser abierto a la comunicación y a practicar el arte de escucharnos unos a otros.

Para que la descentralización funcione es necesario que todos participemos en el proceso.

La descentralización va más allá de crear leyes y de dotar de recursos y de capacidad de decisión a los Consejos de Desarrollo o a las Municipalidades.

Es re-pensar la forma de administración que ha caracterizado al país. Es fortalecerlo, haciéndolo ?más fuerte y menos gordo?.

Es democratizarlo y garantizar la participación sin exclusión. Adiós a la heredada, empobrecedora y poco eficiente centralización.

Adiós a la burocratización y a la concentración de poder; adiós a la costumbre de concebir los cargos públicos como concentradores de la verdad y de la capacidad.

Bienvenida sea una nueva actitud para gobernar y administrar; bienvenida la apertura a participar y asumir responsabilidades.

En diciembre de 2001 los diputados de la Comisión de Cooperativismo, Organizaciones no Gubernamentales, Pequeña y Mediana Empresa presentaron un proyecto de Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, que tiene como base los Acuerdos de Paz.

En noviembre de este año se conoció el dictamen favorable al proyecto, estando pendiente de su aprobación en tercera lectura.

Mucho se ha dicho de las ONG. Muchas constituyen un mecanismo eficiente de ejecución de programas y proyectos; pero otras han sido señaladas de ser un medio para la evasión fiscal o para estafar a los donantes.

Si es esto último lo que se quiere evitar, con este proyecto de ley podría correrse el riesgo de utilizar la legislación como instrumento que va más allá de regular y ordenar sus funciones.

La expresión ?organización no gubernamental? se deriva de la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere a personas privadas que buscan la satisfacción de intereses o de ideales comunes, más allá de la fronteras nacionales.

Constituyen un elemento de consulta tanto para la ONU como para sus órganos especializados.

Sin embargo, al leer el proyecto de ley surgen algunas inquietudes. ¿Se estará creando un nuevo tipo de persona jurídica en el país con las ONG o se les estará reconociendo como asociaciones civiles no lucrativas que pueden organizarse conforme a lo regulado por nuestro Código Civil?

En Guatemala se utilizó el término ONG para distinguir las organizaciones civiles o privadas de las públicas; no se apuntó una nueva clase de persona jurídica.

El proyecto establece que el Estado facilitará la inscripción, registro y fiscalización de las ONG. ¿A qué tipo de fiscalización se refiere? También se ordena la inscripción de las ONG en el Registro Civil de la ?cabecera departamental del lugar que se constituyan…?.

Sin embargo, no existen registros civiles de cabeceras departamentales, sólo registros civiles municipales.

Además, ¿por qué se limita la inscripción de ONG en los registros civiles ubicados en las cabeceras departamentales? Ahora que tanto se habla de descentralización, ¿cuánto significa esto en pérdida de tiempo y dinero, por no poder inscribir las ONG en el registro de la cabecera municipal?

También se establece que los recibos que acrediten la recepción de donaciones deben estar autorizados por la SAT.

¿Acaso debe la SAT controlar todo lo referente a las donaciones que se hagan a favor de entidades no lucrativas? Esta norma vendría a modificar el Código Tributario.

Se regula que las ONG deben ser auditadas por la Contraloría General ?en lo que respecta al uso de todos los recursos encaminados a la atención de los planes y proyectos de las ONG…? Este artículo podría ser inconstitucional, ya que la propia Constitución establece que la Contraloría únicamente podrá auditar los recursos de personas que hayan recibido del Estado o los que obtengan de colectas públicas.

Por tanto, no le corresponde a la Contraloría fiscalizar todos los recursos de las ONG, puesto que se contradice la norma constitucional.

Las ONG también estarán obligadas a cumplir con la rendición de cuentas establecida en el artículo 241 de la Constitución.

Sin embargo, esto también sería inconstitucional, ya que dicho artículo regula la obligación de rendir cuentas que tiene el Organismo Ejecutivo, entidades descentralizadas o autónomas del Estado; no entidades privadas.

Antes de aprobar este proyecto, debe analizarse con mayor detenimiento. No vaya a ser que las supuestas buenas intenciones lleven a aprobar normas contrarias a nuestra Constitución y al Estado de Derecho.

Sólo durante el mes de noviembre el Congreso conoció 22 nuevas iniciativas de ley; un proyecto de ley quedó aprobado en primera lectura, otro en segunda lectura y dos más en tercera lectura, pendientes de su aprobación por artículos y redacción final.

Así mismo, durante dicho mes, el Congreso aprobó 12 nuevos decretos de los más de ochenta que han sido aprobados durante este año.

Entre las iniciativas enviadas en noviembre al Legislativo destacan la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (que vendría a sustituir al Código de la Niñez), la nueva normativa que regula el antejuicio, el Programa Nacional de Resarcimiento y la iniciativa de ley que crea la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República SAAS-.

La importancia de esta última iniciativa radica, teóricamente, en que se disuelven el Estado Mayor Presidencial y Vicepresidencial, -EMP-. El Estado Mayor del Ministro de la Defensa Nacional continuaría vigente.

Por la importancia que el tema engloba, vale la pena leer y releer la iniciativa de ley, porque, tal vez, no se esté haciendo todo el esfuerzo necesario para cambiar las cosas que deben ser cambiadas.

Primero debe indicarse que la creación de la SAAS responde al Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en México en septiembre de 1996.

La SAAS tendrá una naturaleza civil, no militar. Por lo que, tanto el secretario como los subsecretarios que se nombren, así como el personal que se contrate, deberían ser personas ajenas a las fuerzas armadas, incluyendo entre las prohibiciones para optar al cargo estar en situación de baja o de retiro del Ejército de Guatemala, entre otras.

Sin embargo, el proyecto de ley no regula estas calidades como requisitos indispensables para optar a dichos cargos.

De acuerdo con la iniciativa, la SAAS tendrá un rol distinto a lo que hoy suponemos cumple el EMP.

La Secretaría garantizará ?exclusiva y permanentemente? la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias (el término ?familia? puede ser tan amplio como se desee interpretar); dará protección a los expresidentes y exvicepresidentes de la República (¿será esto necesario?, ¿por cuánto tiempo?), a los dignatarios y personalidades extranjeras durante su visita oficial al país, así como a los ministros o secretarios de la Presidencia que por sus actividad requieran protección (sobre la base de este argumento la protección debería extenderse a los 12 millones de guatemaltecos).

Por último incluye la protección de los candidatos que participen en una segunda vuelta electoral para el cargo de Presidente y Vicepresidente. ¿Será para conocer con antelación al futuro nuevo empleador?

Si bien a la Secretaría se le quiere concebir como un ente distinto del EMP, pareciera que no se cumple con esto.

El artículo 15 establece que, al suprimirse los Estados Mayores Presidencial y Vicepresidencial, los bienes al igual que los archivos, fichas y todo tipo de información y documentación serán trasladados a la SAAS.

¿De qué le servirá a la SAAS toda esa información si su función será otra? ¿O es que estamos presenciando simplemente un juego de cambio de letras, pero que en esencia no cambia nada? Por último, la ley que regule a la SAAS entrará en vigencia el 1 de noviembre del 2003. Acertado ¿verdad?

No es sino en Guatemala donde podemos viajar a través del tiempo cuando visitamos los sitios históricos de Tikal y Antigua Guatemala; donde podemos gozar de los caprichos de la naturaleza en Semuc Champey o las grutas de La Candelaria; donde podemos apreciar la belleza de majestuosos volcanes y de los impresionantes lagos.

No en balde Guatemala ha sido objeto de múltiples elogios y reconocimientos, que han hecho del país un destino turístico que cautiva al visitante.

El turismo constituye un sector con una participación importante en nuestra economía. Sin embargo, aún no alcanzamos los niveles deseados si nos comparamos con países como Costa Rica.

Aun cuando poseemos un alto potencial para que el sector turismo crezca y podernos beneficiar como país de él, todavía nos preguntamos por qué otros países similares atraen más turistas que nosotros.

En años anteriores tenía un gran peso la idea de promover el turismo mediante incentivos fiscales u otros medios.

Pero la experiencia ha demostrado que más que otorgar un tratamiento preferencial al sector turístico, lo que se requiere es un marco propicio para su expansión.

Ese ambiente no se logra si el país continúa pensando sin actuar en cómo combatir los serios problemas que contrarrestan sus más bellos atributos.

El flagelo de la pobreza, de la violencia y del crimen organizado, entre otros, ahuyenta la inversión en el turismo, impiden el crecimiento del sector, y disminuye nuestras oportunidades para genera riqueza y bienestar.

Hace algunos días se publicó la triste noticia de un nuevo asalto a un bus que transportaba turistas, y la consiguiente muerte de una ciudadana austríaca. Lastimosamente este no constituye un hecho aislado, sino una peligrosa constante.

Nuevamente se pone de manifiesto la debilidad de la política pública por garantizar el mínimo de seguridad ciudadana a los guatemaltecos y a nuestros visitantes.

El turismo no puede desarrollarse si los turistas nacionales y extranjeros no perciben seguridad para viajar por el país.

Los ?travel advisories? y los ?travel warnings? impuestos a Guatemala reflejan no sólo la situación económica y política del país, sino también el grado de seguridad que estamos dispuestos a ofrecer al visitante.

La seguridad es un tema básico para impulsar cualquier política pública. Sin embargo, en este caso, no se limita simplemente a crear más plazas y contratar a más personas para que integren las fuerzas policiales.

Tampoco se restringe a idear planes de seguridad con nombres exóticos durante ciertas épocas del año. La política de seguridad que se impulse en el país debe ser seria, bien diseñada, de largo plazo y que esté dispuesta a ganarle la partida a otro serio problema: la corrupción.

Es ingenuo pensar que un plan de seguridad será exitoso si paralelamente no se hace algo por combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

Tanto en la Policía Nacional Civil como en la policía municipal o en el Ejército de Guatemala, la corrupción se ha afianzado al grado de imposibilitar su profesionalismo, su madurez y su eficiencia.

La falta de seguridad parece un problema complejo, pero su solución es de sentido común. Lo más importante es afrontarlo con verdadero interés y voluntad política.

Mientras eso sucede, seguiremos perdiendo valiosas oportunidades para el desarrollo, y continuaremos preguntándonos por qué otros países sí atraen y nosotros no.

Pero para ser consistente en el tiempo y, en especial, con los afiliados y los electores en general, debe institucionalizarse esta medida. Pareciera que la decisión de cambiar los estatutos para hacer legalmente viables las elecciones primarias se debió, en gran medida a un cisma dentro del mismo.

Por tanto, no sería aceptable que dentro de tres años se dé marcha atrás, reformando nuevamente los estatutos, para eliminar las elecciones primarias como parte del proceso de selección de candidatos. Si el verdadero interés de los panistas es democratizar su partido, los únicos cambios que pueden tolerarse son aquellos que lleven a perfeccionar los procesos.

Que un partido político opte por elecciones primarias para definir a un candidato presidencial también significa madurez. No ha de ser fácil dejar el tradicional caudillismo a favor de la participación popular y la democracia dentro de un partido. Máxime en nuestro medio, en el que la democracia parece todavía un experimento y no una forma de vida. Independientemente de quien resulte ganador, la decisión del Ingeniero Leonel López Rodas de ir a elecciones primarias, luego de la división que sufriera el PAN, aun a sabiendas de que arriesgaría con ello el liderazgo que asumió para evitar la posible desaparición del partido, debería verse como un signo de madurez política.

Otra lección de las primarias es la respuesta favorable de los ciudadanos por afiliarse a un partido, con el propósito, entre otros, de ser ellos quienes decidan a sus candidato. Esto podría interpretarse como un aviso del verdadero sentimiento que existe entre los guatemaltecos: que se les tome en cuenta en decisiones tan importantes como postular candidatos a cargos de elección popular. La designación ?a dedo? ya no es atractiva. Si un partido se precia de tener como principios la democracia, la participación y la libertad, entonces su cúpula debería impulsar cambios para que dichos principios se conviertan en una realidad y no se queden en mera retórica.

Por último, y no por ello menos importante, se debe ser muy profesional y eficiente para que el proceso funcione bien. Si se va a tomar en cuenta la participación de los afiliados, se debe ser muy cuidadosos con el padrón electoral, construyéndolo en forma técnica y más responsable. Desconocer la forma como se elabora el padrón, o tratar de crear un nuevo sistema de empadronamiento, es una debilidad en la organización y, a la larga, una falta de respeto para quienes confían en este proceso.

Las elecciones primarias han sido beneficiosas no sólo para los afiliados al PAN -ellos eligieron a su candidato-, sino también para el resto de los ciudadanos -que quisiéramos ver una mayor apertura de los demás partidos-, a fin de aceptar la participación popular en la toma de decisiones importantes.

Aprovechando que aún no se ha aprobado la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, podrían impulsarse algunos cambios para regular debidamente las elecciones primarias, involucrando al TSE en la supervisión de las mismas, y ejerciendo los debidos controles para hacer esta primera etapa del proceso electoral más transparente y profesional.

El primero suena a una trillada excusa ante la incapacidad de un pueblo por informarse y ejercer democráticamente su voto en forma responsable.

El segundo lo vivimos día a día, sea cual sea el ambiente en el que nos desenvolvamos.

Sembrar no es siempre una tarea fácil. Todo depende de la época en la que se realiza, del tipo de tierra en la que se siembra o el tipo de semilla que se utilice.

Cosechar lo sembrado también requiere esfuerzo; todo depende del fruto que se recoge, de la época en la que se hace o de la capacidad que se tenga para hacerlo. Cada vez que se siembra algo se cosecha algo: ya sea un fruto bueno, un fruto malo, un fruto no deseado.

Lo cierto es que todo acto tiene sus consecuencias. Cuando queremos analizar lo que sucede en nuestro país, generalmente empezamos por analizar los frutos, antes de analizar lo que vamos a sembrar.

Nos preguntamos, cada vez con más frecuencia, por qué la violencia no se controla; por qué las instituciones públicas no funcionan como deben; por qué la corrupción parece ser el modus operandi en instituciones del Estado; por qué crece cada día más la pobreza en lugar de reducirla; por qué no se atrae la inversión y se pierden los empleos; por qué la confrontación, etc.

Tal vez la respuesta sea tan simple como estar cosechando lo que un día nosotros u otros, antes de nosotros, sembraron.

Pareciera que no analizamos las consecuencias de nuestros actos y luego adoptamos la posición cómoda, pero egoísta, de la resignación frente a las consecuencias de nuestras decisiones, como si se tratara de una fatalidad que el destino nos tiene preparada de antemano.

¿Por qué tenemos tanta violencia? Basta ver cómo nos comportamos y la forma como nos agredimos; los valores que se inculcan a los hijos en los hogares violentos o destruidos.

¿Por qué campea la corrupción? Nosotros mismos hemos colocado en puestos públicos importantes a personas con una escala de valores muy distinta o variable, nos enorgullecemos de tener un ?conecte? en una oficina pública, capacitamos a nuestros empleados para tratar corruptamente a los corruptos.

¿Por qué tanta pobreza? Tanto gobernantes como gobernados hemos sido poco solidarios con el más necesitado, hemos consentido por décadas que los pobres no tengan la oportunidad de oro de la educación y la salud básica, nos interesan poco la eficiencia y la calidad del gasto público.

No hemos podido, o no hemos querido, madurar luego de nuestras experiencias como nación.

En la medida que los guatemaltecos, como sociedad, nos hacemos indiferentes a las decisiones gubernamentales; a la exclusión de grupos específicos en los campos económico, social y político; a la violación de derecho tan elementales como la vida, la libertad o la propiedad; a la falta de información o la manipulación de la misma; a la inoperancia del sistema judicial, en esa medida estaremos cosechando una y otra vez pobreza, corrupción, violencia, desequilibrio, retroceso. ¡Y luego nos quejamos!

Lógicamente, si mejoramos la semilla que sembramos, la cosecha en el mediano y largo plazo será también mejor. Cambiar implica un largo proceso. Pero los frutos de la prosperidad, la justicia, la honestidad, la humildad, el desarrollo permanente bien valen la pena.

Además de carecer de información veraz y exacta, la que se tiene suele ser desfasada o no actualizada. Y por último, la información que se genera no se proporciona a tiempo.

Otro problema es la monopolización de la información. No existe nada más pernicioso para el buen desarrollo de una sociedad democrática que el hecho de que sea un pequeño grupo el que cuente antes que nadie con la información pública, o que la oculte al resto de la población, y de esa forma mantenga a la población desinformada para aprovecharse de esta posición ventajosa.

Se dice que los gobiernos son democráticos cuando no sólo han sido electos popular y legalmente, sino sobre todo cuando gobiernan tomando decisiones para el beneficio de los países y cuando informan a los gobernados sobre lo que se hace y lo que se deja de hacer. No existe un buen plan de gobierno ni una buena administración pública, si no se cuenta con la información oportuna y veraz sobre la cual se diseñan las políticas, planes y proyectos.

Los guatemaltecos tenemos el derecho inviolable a estar informados. La propia Constitución política lo garantiza y lo ordena (artículos 30 y 31). Si nada ni nadie está por encima de los mandatos constitucionales, no deberían existir obstáculos que dificulten y hasta impidan acceder a la información que se considera pública.

Sin embargo, existe una triste costumbre no sólo de ocultar o de revelar parcialmente la información pública, sino también de violar las leyes impidiéndole al ciudadano acceder a información. Como en gobiernos anteriores, muchas veces obtener información depende de la actitud del funcionario público de turno.

Se deja de ser democrático y se viola un derecho constitucional cuando se niega el acceso a la información. También ocurre cuando se oculta, se altera, se destruye o se revela únicamente parte de ella.

Hemos querido como pueblo jactarnos de vivir nuevamente en democracia, pero pareciera que entre nosotros no ha evolucionado el concepto y nos conformamos con votar libremente cada cuatro años, para luego llamarnos democráticos. ¡Qué cómodo!

Como sociedad somos culpables también por no haber madurado más en la democracia. Nos conformamos con una negativa o con lo que se nos quiera dar; no nos interesa investigar y mucho menos aprender a interpretar la información que se nos proporciona.

La democracia se ve fortalecida en la medida en que las personas pueden ejercer sus derechos. Uno de ellos es conocer las decisiones que se toman y las políticas que impulsa el gobierno.

La mejor forma de participar es practicando la auditoría social. Pero sin información veraz y oportuna, o con un sistema burocrático que le impide al ciudadano acercarse a la información, es muy difícil que la población se anime a realizar análisis y a exigir cada día un buen gobierno.

El temor a una población informada es parte de la oscura historia del país. Quien quiera ejercer un gobierno transparente y eficiente en Guatemala debe tener presente que quien se beneficia o perjudica con sus decisiones es la población y que, por ello, a ésta le ampara el derecho a vivir debidamente informada.

No es extraño que el propio Presidente de la República sienta algún temor. Basta abrir los periódicos o ver las noticias internacionales en cualquier cadena noticiosa, para darse cuenta de que la situación política que se vive en Venezuela es difícil y que se ponen en riesgo la institucionalidad del país y la democracia.

¿A qué inversionista, nacional o extranjero, le va a interesar invertir en un país con una débil gobernabilidad, una dudosa garantía de los derechos civiles y una gran inseguridad jurídica y ciudadana? Pocos se atreverían a llevar su capital y a iniciar una actividad económica en países tan riesgosos.

Lamentablemente, Venezuela no es el único país que afronta serias crisis políticas y económicas.

América Latina pareciera convertirse en una región de alto riesgo que ahuyenta la inversión. Con algunas excepciones, como las de Chile sin justificar con ello las dictaduras como una solución -y México aunque los resultados del cambio aún están por medirse-, la región latinoamericana ha generado entre sus habitantes y entre los extranjeros una gran desconfianza en sus instituciones básicas, ha dado cabida a la corrupción más descarada y escucha cada día con más fuerza, el discurso populista y la demagogia.

En especial, se ha utilizado en forma irresponsable el término democracia, llegando a ?vaciar? de contenido la palabra, como diría Carlos Boloña, y ahora sólo sirve de adorno en los discursos políticos y las arengas populares. El Presidente Chávez es demasiado optimista al creer que la política actual de su gobierno sirve de atractivo a la inversión.

Pareciera que él, como otros gobernantes de la región latinoamericana, no han comprendido que sus países no avanzarán correctamente hacia el progreso y el bienestar generalizados a través de políticas con soluciones de corto plazo y costosas; agrandando el aparato estatal y con él la burocracia entorpecedora; dejando a un lado el estado de Derecho, para dar cabida al simple y tentador estado de legalidad, en el que el derecho y la justicia quedan a merced de la voluntad de un reducido grupo, para beneficio propio y en desmedro de la colectividad.

Pareciera que en América Latina existe algún extraño virus que ataca a sus pueblos e impide a sus habitantes tener una visión de largo plazo, fundar sus sociedades sobre la base de principios ético morales inalterables, atacar la pobreza no sólo material, sino también intelectual, y que hace que los hombres y mujeres se acostumbren al desgobierno, a la corrupción, a la impunidad y a la pobreza. Con esa actitud, tanto de gobernantes como de gobernados, no es posible el desarrollo económico, político y social sostenido.

Aunque le cueste a muchos reconocerlo, tanto el presidente Chávez como la mayoría de los gobernantes de la región saben que sin inversión las economías de sus países no podrán desarrollarse. Pero, para que la inversión se dé, es necesario crear y fortalecer las instituciones y que la gente vuelva a confiar en ellas. Con engaños se pueden ganar las elecciones, pero se puede perder a un país y, lo más valioso, su gente.

Se pondrá a discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran?.

La norma constitucional es corroborada por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo o Ley de Régimen Interior, que establece en su artículo 112 lo siguiente: ?(…)

El debate sobre el proyecto de ley y el dictamen se efectuará en tres sesiones diferentes celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en su tercer debate. Se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare el proyecto de urgencia nacional.

El voto favorable al proyecto obliga a que se continúe con la discusión de la ley por artículos y el voto en contra desechará el proyecto de ley (…) ? Y el artículo 117 de la citada ley, indica en su parte conducente que? (…) En los dos primeros debates de un proyecto de ley, éste será discutido en términos generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad del proyecto (…)?

Sin embargo, ha venido dándose la práctica entre los congresistas de las distintas legislaturas de solicitar al pleno, mediante una moción, que se apruebe el proyecto de ley dispensando de su segunda lectura. Como generalmente ocurre, la moción es aprobada y automáticamente también el proyecto en segunda lectura sin haber sido sometido a discusión.

Aun cuando éste es un mecanismo que permite la legislación, no debería aceptarse la posibilidad de dejar de discutir un proyecto de ley.

Los guatemaltecos consideran importante que se lleve a cabo una amplia discusión de los proyectos de ley. La legislación contempla únicamente tres momentos para que los diputados discutan los proyectos, los cuestionen, los estudien y, al final, los aprueben o no. La legislación nacional, empezando con la Constitución Política, consideró esto importante.

Entonces, ¿por qué abstenerse de cumplir con aprobar en tres lecturas un proyecto de ley?, ¿cuál es la razón que explica esta falta de discusión? Para quienes no participamos activamente en el proceso legislativo, esta actitud no tiene explicación ni comprendemos su eficiencia.

Todas las leyes que son aprobadas por el Congreso son importantes porque todas tienen, de una u otra forma, un impacto económico: introducen un conjunto de limitaciones y sanciones que se convierten en incentivos que afectan las decisiones de las personas.

No son, pues, normas sin consecuencias. Toda nueva legislación introduce costos y beneficios para la sociedad. El análisis costo-beneficio de la ley es indispensable para determinar su conveniencia. Pero este análisis sólo pueden hacerlo los legisladores mientras se discute un proyecto. Es por ello que se debe tener sumo cuidado con la actividad legisladora.

Durante octubre y noviembre el Congreso estará estudiando y aprobando una serie de normas de trascendencia para el país, como el Presupuesto del Estado para el año 2003, la aprobación de nuevos bonos por US $700 millones, reformas a leyes como la Ley de Probidad o la Orgánica de la Contraloría de Cuentas, etc.

Al votar, los guatemaltecos depositaron su confianza en los diputados, considerándolos representantes de la voluntad de miles de ciudadanos. Lo mínimo que podemos esperar es que las propuestas de ley sean ampliamente discutidas.

No hay necesidad de esperar a que sea un personaje reconocido en nuestra sociedad el que muera en un accidente de tránsito, para evaluar responsablemente qué se ha hecho para lograr una mayor seguridad en las carreteras y caminos.

Tampoco podemos esperar a que un funcionario público o una autoridad de tránsito se conduzca por calles, avenidas y caminos para constatar el mal estado en que se encuentran y la falta de señalización que caracteriza a nuestras vías de tránsito. Con un accidente que suceda por causas previsibles debería ser suficiente para que todos nos cuestionemos la eficiencia y el respeto que se tiene a nuestra institucionalidad.

Haber regulado que los buses extraurbanos deban contratar un seguro de vida es insuficiente, si a su vez no se impulsan otras medidas y se coordina a las entidades que tienen bajo su responsabilidad brindar el mínimo exigible de seguridad para todo aquél que transita por todo el país.

Muchos accidentes podrían evitarse si se exigiera con todo rigor a cada conductor que su vehículo cuente con todas las luces obligatorias y con las señales de emergencia; que se regulara la importación de vehículos para evitar la internación de aquellos en mal estado y que contaminan el ambiente; que se prohibiera que se maneje en estado de ebriedad o bajo efectos de narcóticos; que se sancionara al que exceda la capacidad de los vehículos para transportar personas o bienes.

También sería útil que se exigiera a los conductores de buses, camiones, trailers y cualquier otro vehículo comercial, a que cumplan con un límite máximo de horas permitidas para conducir y así evitar, en la medida de lo posible, que conduzcan pilotos cansados que de un pestañazo puedan provocar su muerte y la de otros.

Pero de poco sirven estas regulaciones o pensar en otras si no contamos con los medios para exigir su cumplimiento, empezando por los agentes de tránsito.

¿De qué nos sirve agentes de tránsito dentro de su patrulla tomando una siesta, o tomando aguas y cervezas, o lustrándose los zapatos?

Tampoco podemos exigir mucho de ellos cuando se conducen en vehículos en mal estado; o en motocicletas sin contar con el equipo mínimo de seguridad, como un buen casco.

La seguridad en el tránsito también es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones y de las municipalidades que tienen a su cargo la construcción y mantenimiento de las calles y carreteras.

Conducir en vías debidamente señalizadas, bien construidas y con un mantenimiento adecuado y periódico facilita el flujo del tránsito y lo hace más seguro. Sin embargo, si las autoridades no cumplen con la ley y no dan el ejemplo, el respeto se pierde y la autoridad para exigir también.

La muerte de toda persona en accidentes de tránsito que pudieron preverse nos disminuye como país, porque la vida de cada guatemalteco es valiosa. Sólo se requiere ser responsables para cumplir con las tareas asumidas y, sobre todo, para cumplir con los mandatos legales.

Constantemente se aborda el tema de la problemática agraria, vinculándola directamente a la situación de la tenencia de la tierra. Sin embargo, la falta de una visión de largo plazo, la aplicación de soluciones políticas y populistas, y la creencia de que es el Estado el que de mejor forma asigna los recursos escasos, han llevado a planteamientos de desarrollo rural poco exitosos, a la creencia de que se pueden violar impunemente los derechos y a que el guatemalteco tiene el derecho de aplicar la justicia con su propia mano.

Como en otros años, el 2002 se ha visto marcado por marchas campesinas y las invasiones exigiendo tierras. Estas últimas no se limitan a tierras ociosas del Estado sino también a fincas productivas, propiedad de particulares.

Dado que, aparentemente, no existe un mínimo de respeto hacia las autoridades locales, ni temor en la aplicación de la ley, los campesinos -algunos llevados con engaños, otros motivados por el negocio que representa invadir y engañar- han llevado a cabo invasiones con violencia, quemando bodegas, reteniendo a los empleados como rehenes, atacando a los policías, ocupando los bienes inmuebles, arrasando los cultivos que se encuentran para sustituirlos por siembras de maíz, y amenazando con medidas de hecho más fuertes en el caso de que se les quiera aplicar la ley.

Y las autoridades a nivel local, departamental y nacional, toleran que suceda esto. ¿Es acaso la violación de derechos la base de la política de desarrollo rural de la que tanto se ha estado hablando?

Pareciera que nos encontramos dentro de un círculo perverso que se cierra y vuelve a repetirse año con año, sin que encontremos una solución pacífica, eficiente y beneficiosa, en la que se respeten los derechos de las personas y la institucionalidad del país.

Como una bola de nieve que se echa a rodar y que crece, en forma incontrolada, hasta que encuentra un obstáculo en su camino y provoca un desastre, de igual forma, como sociedad, corremos un grave riesgo al acostumbrarnos a la violación de los derechos del hombre sea este propietario o no de tierra-, a la aplicación de la justicia con nuestra propia mano y a que las autoridades lo consientan.

Así como los linchamientos no son el camino para obtener justicia, las invasiones a fincas no son el camino para solucionar la crisis por la que atraviesan los trabajadores del agro ni para solucionar los problemas sociales del país.

¿Cómo se puede hablar de desarrollo si los principios sobre los que se basa el mismo -la vida, la libertad, la propiedad- no se respetan ni se valoran? ¿Cómo se pretende gobernar con autoridades que no tienen la capacidad ni el interés en aplicar la ley y en preservar la gobernabilidad? ¿Cómo se puede pedir confianza en el sistema jurídico o en las autoridades, si se toleran la violencia y la impunidad como medios para obtener lo que se quiera?

Ahora vemos las consecuencias de no entender, defender ni vivir en un Estado de Derecho. Romper el círculo perverso de la violación de derechos y la impunidad es el nuevo desafío. No nos condenemos a la pobreza y a la confrontación. Los problemas sociales no pueden ignorarse; pero tampoco deben solucionarse a costa de más violaciones. Es hora de que se cumpla la ley, le cueste a quien le cueste.

Se volvió a discutir sobre el respeto a los símbolos patrios, sobre si el himno debe cantarse respetando la melodía original o si cabe la posibilidad de utilizar nuestra creatividad para adaptar su música a los gustos de la juventud. La discusión en cuanto a la forma cómo debemos celebrar la independencia es una discusión de segundo orden.

Tal vez lo más importante habría sido conocer los factores sociales, políticos, económicos y culturales que incidieron en la firma de la independencia, qué hemos logrado con ella y, lo más importante, qué podemos lograr como país independiente. No importa cómo se celebre. Lo que importa es que los guatemaltecos sepamos lo que estamos celebrando.

Aún no reconocemos lo valioso que resulta para un pueblo gozar de libertad. Además de permitir la autodeterminación de los pueblos, también permite reconocer a sus habitantes el goce legítimo de los derechos que le son propios.

Pero la libertad no conlleva únicamente gozar de derechos. La libertad también implica responsabilidad en el ejercicio de esa condición de libres y en el goce de esos derechos. Pretender vivir en libertad sin responsabilidad es condenarnos a vivir en un círculo peligroso de imposición, autoritarismo, exclusión, subdesarrollo, corrupción.

Y creer que podemos gozar y ejercer nuestros derechos sin reconocer que tienen como límite los derechos de otros, es tan perjudicial como vivir sin libertad. ¿Cómo puede un pueblo llamarse libre si vive atado a prejuicios sociales que le impiden su desarrollo? ¿Cómo se puede pretender vivir en libertad cuando constantemente se violentan los derechos de sus habitantes?

¿Cómo se puede celebrar la independencia patria cuando el presente y el futuro de los guatemaltecos siguen condenados a responder a los intereses de grupos que presionan por privilegios ante la ley? No se puede vivir en libertad si no hay respeto a las normas, a las instituciones, a las autoridades.

El problema del acceso a la tierra y la forma como se ha tratado de solucionar nos hace pensar que en Guatemala todavía tenemos un largo camino por recorrer para poder celebrar con verdadero orgullo la fiesta de la independencia. El tema es bastante complejo como para pretender solucionarlo en el corto tiempo. Pero mucho se puede ganar si se parte de un principio fundamental: reconocer el derecho de todo guatemalteco a ser propietario, a ejercer dicho derecho y a ser defendido ante la violación del mismo.

Cuando a un grupo de guatemaltecos se les niega su derecho a la tierra por prejuicios culturales, cuando se permite la violación de derechos de propiedad o la interpretación arbitraria de la legislación negando este derecho en beneficio de un grupo, o cuando se niega el acceso y la aplicación de la justicia para defenderlo, se pone de manifiesto que los guatemaltecos aún no hemos aprendido la importante lección de vivir en libertad.

Luego de 181 años de vida independiente ha llegado el momento de aprender a vivir como hombres libres. El respeto y la defensa de los derechos del hombre, incluido el derecho a la propiedad, constituye un paso correcto hacia la verdadera libertad e independencia.

El Jefe de la Contraloría es una de esas piezas fundamentales en la máquina llamada Gobierno: tiene a su cargo la importante función de fiscalizar el uso de cada centavo que invierte el gobierno guatemalteco. ¡Cada centavo! Si el presupuesto para el año entrante se proyecta en Q. 27,000 millones, significa que el Contralor y todos los que trabajen en la Contraloría General de Cuentas tendrán una delicada y difícil tarea por delante.

También que no puede llegar a ocupar el cargo de Contralor una persona sin la debida experiencia y, sobre todo, sin una vida intachable, apegada a la moral, la honestidad y la responsabilidad.

Este año se conformó el grupo Coalición de la Transparencia, integrado por el Grupo Barómetro, la Alianza por la Transparencia (Cámara de Comercio de Guatemala, Grupo GESTOR, de Quetzaltenango y Consultores Sociales S.C., de Quetzaltenango), Acción Ciudadana y el CIEN.

La Coalición pretende hacer un ejercicio ciudadano, no político-partidista ni de oposición o antigubernamental. Su objeto es, tal vez, el que motiva a tantos guatemaltecos hoy por hoy: colaborar en pro de un proceso transparente en la elección del Contralor General, informar respecto al papel de la Contraloría y velar porque se elija a un candidato idóneo. Aunque es difícil la tarea no es imposible.

De acuerdo con la Coalición, el nuevo Contralor debe rescatar a la Contraloría de Cuentas y convertirla en un verdadero pilar institucional para disminuir los niveles de corrupción que sufre el país. Ello implica atacar cuatro graves problemas que le aquejan: a) la inoperancia y falta de capacidad para realizar sus funciones; b) una actitud selectiva y preferencial en la verificación del manejo de los recursos del Estado; c) el encubrimiento de malos manejos, protegiendo a funcionarios y empleados corruptos; d) la identificación de la institución con intereses de grupos económicos y políticos.

La nueva Ley de la Contraloría General de Cuentas, aun con sus imperfecciones, representa una nueva oportunidad para superar los viejos problemas que arrastramos desde hace muchos años. Pero, dado que la carga es dura y el trabajo se presenta cuesta arriba, quien asuma la tarea tendría que cumplir requisitos que van más allá de ser un profesional reconocido y honorable. Se requiere un nuevo liderazgo y un dinamismo que rescaten la confianza de los guatemaltecos en la institución, y que ayuden al desarrollo económico y social del país.

La Coalición de la Transparencia diseñó un nuevo perfil del Contralor, que ojalá sea tomado en cuenta. Incluye, entre otras cosas, que los candidatos cuenten con especializaciones (maestrías o postgrados), demuestren conocimiento de la legislación, de los sistemas y las instituciones del Estado vinculadas con el quehacer de la Contraloría, tengan capacidad gerencial, habilidad para hacer propuestas y llevarlas a cabo, firmeza de carácter, un plan de trabajo, independencia político-partidista, sectorial y gremial, carezcan de compromisos con el Estado, gocen de una trayectoria personal y profesional intachable, disposición física para el trabajo, se caractericen por una conducta ética suficientemente probada, tanto a nivel profesional como personal.

Si como sociedad civil estamos cansados de tantos años de impunidad en el mal manejo de los recursos del país, y si nos sentimos avergonzados de seguir siendo señalados internacionalmente como un país corrupto, debemos enterarnos de quiénes son los guatemaltecos que quieren optar al cargo de Contralor y exigir que cumplan con un perfil que nos dé cierta garantía de que las cosas pueden cambiar para beneficio de Guatemala.

Una de ellas es un obispo guatemalteco, a quien la edad lo obligó a jubilarse, pero que se resistió a vivir una vida sin compromisos. A sus setenta y cinco años se le presentó la oportunidad de viajar a Guinea Ecuatorial, en el continente africano, para continuar la labor a la que se entregó hace bastantes años. Las otras dos personas fueron dos Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, una guatemalteca y una hondureña, jóvenes las dos, que han dicho sí a la vida misionera y ahora se preparan ambas para viajar a Ruanda.

Todos han vivido de cerca la pobreza y el sufrimiento, pero también la experiencia gratificante de dar antes de recibir. Conocen los peligros a los que pueden enfrentarse, pero prefieren una vida activa, que signifique cambios de calidad para otras personas más necesitadas.

Reconocen que en su país de origen también se necesitan personas que se entreguen al servicio de los más pobres, así como existe este tipo de necesidad en otros países. Se dice que la caridad empieza por casa. Yo creo que la caridad empieza en el corazón de cada uno. Los tres han optado por seguir el llamado al servicio, no importa en dónde esté el lugar en el que se les requiera.

Conversar unos minutos con estas tres personas me sirvió para reflexionar sobre varias cosas. Una de ellas es reconocer la valentía que ellos han tenido para dedicar su vida a servir.

Y no sólo la valentía, sino también la alegría por el servicio. En ningún momento durante las respectivas conversaciones hubo tristeza, dudas o miedo respecto al futuro que les espera, aun cuando no saben cuándo volverán a ver a sus familiares ni si volverán algún día a visitar su propio país.

Al contrario. La alegría contagiosa con que comentan sus futuros viajes, con grandes expectativas, que se refleja en sus ojos, en su sonrisa, en su forma de hablar, me hacen pensar en lo mucho que podemos estarnos perdiendo.

También me sirvió para reflexionar sobre los peligros que pueda implicar una vida cómoda y sin compromisos, esperando que alguien más quiera realizar la dura tarea de auxiliar al más desvalido y de servir al más pobre.

Me preguntó alguien cuando murió la Hermana Teresa de Calcuta: ?¿Y ahora quién seguirá con la obra??.

La respuesta era sencilla: nosotros. No podemos pretender que las cosas cambien para bien, si no nos involucramos activamente en el proceso de cambio. No podemos continuar quejándonos de los problemas sociales que padecemos, si esperamos que sean otros los que se encarguen de ellos.

El servicio hacia los demás no es exclusivo de religiosos o de personas extraordinarias. Puede ser una tarea de todos, una forma de vida. Para ello no se necesita mucho más que el verdadero compromiso de servir y ser suficientemente sensibles para reconocer las necesidades de nuestro prójimo: un familiar, un vecino, un amigo.

En estos momento en que Guatemala necesita rescatar los verdaderos valores, conocer a estas tres personas me hacen pensar que no todo se ha perdido; que siempre hay alguien dispuesto a ser agente de cambio, aunque ello represente sacrificios. Y sobre todo, que servir puede ser la experiencia más alegre que un ser humano pueda experimentar.