Mario Fuentes Destarac | Página 1 | Prensa Libre

Renovación institucional

Mon, 27 Oct 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Renovación institucional

Se espera una evaluación objetiva de los méritos.

27 de octubre de 2025 | 00:01h

En 2026 vencerán los períodos de funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), así como del fiscal general de la República (FGR), el procurador general de la Nación (PGN) y el contralor general de Cuentas (CGC), por lo que los sustitutos deberán ser designados conforme a la Constitución y la ley.

El Congreso elegirá a los magistrados del TSE, cinco titulares y cinco suplentes, para un plazo de seis años, de una nómina de 20 candidatos elaborada por una postuladora integrada por el rector y el decano de Derecho de la Usac, un representante de los demás decanos de Derecho y otro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El TSE es un tribunal constitucional permanente, dotado de la jurisdicción privativa político-electoral, o sea de la potestad de proteger y hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos (al sufragio, elegir y ser electo, participar en actividades políticas, optar a cargos públicos) y dirimir conflictos político-electorales.

Sus resoluciones definitivas son inmutables, sin perjuicio de un amparo limitado. No obstante, el TSE ha sido privado de dicha potestad, con la tolerancia de su propia magistratura, y reducido a un ente organizador de comicios y a una mera instancia administrativa, cuyas atribuciones y decisiones pueden ser desconocidas u omitidas por tribunales de la jurisdicción ordinaria, al punto que, hipotéticamente, sus declaraciones de validez de elecciones, oficialización de resultados de las votaciones, adjudicación de cargos públicos y nulidad de comicios podrían ser revertidas. Esto supone un desafío existencial para el TSE.

La novena magistratura de la CC deberá ponderar los riesgos de un vaciamiento de la Constitución y las implicaciones de una interpretación sin límites para la gobernabilidad.

Asimismo, los magistrados de la CC, cinco titulares y cinco suplentes, serán designados por el Congreso, el Consejo Superior de la Usac, la asamblea del Cang, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el presidente, a razón de un titular y un suplente cada uno, para un plazo de cinco años. La 9a. magistratura de la CC deberá ponderar los riesgos de un vaciamiento de la Constitución y las implicaciones de una interpretación sin límites para la gobernabilidad.

Además, el gobernante nombrará al FGR, para un plazo de cuatro años, de una nómina de seis candidatos elaborada por una postuladora integrada por el presidente de la CSJ, los decanos de Derecho y los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Cang. El nuevo FGR debería de abrir un diálogo constructivo en torno a la política criminal, a fin de que se adecúe al mejor interés del Estado, así como institucionalizar un proceso de rendición de cuentas eficaz.

El Congreso elegirá al CGC de una nómina de seis candidatos elaborada por otra postuladora similar a la del FGR, en tanto que el gobernante nombrará al PGN, ambos para plazos de cuatro años. El CGC debe desentrañar a fondo la ejecución presupuestaria y el PGN garantizar la legalidad de la conducta oficial y la calidad del gasto.

En 2026, los magistrados del TSE tomarán posesión el 20 de marzo, los de la CC el 13 abril, el FGR el 17 de mayo, el PGN el 19 de mayo y el CGC el 13 de octubre, en un entono de disfuncionalidad institucional y escepticismo ciudadano, agudizado por las denuncias de acoso judicial en contra de indeseables, así como por la inédita imposición de sanciones internacionales por supuestas infidelidades en la gestión pública. Por lo tanto, la ciudadanía espera la designación del nuevo funcionariado, a la luz de una evaluación objetiva de los méritos de los aspirantes, conforme a la Constitución, y bajo una escrupulosa observación internacional, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

Legado moral de la Revolución octubrista

Mon, 20 Oct 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Legado moral de la Revolución octubrista

La desinstitucionalización de la autoridad electoral nos está transportando al pasado autocrático.

Mario Fuentes Destarac

20 de octubre de 2025 | 00:00h

La Revolución del 20 de octubre de 1944, perpetrada hace 81 años, fue, en esencia, la respuesta de una generación joven a un anacrónico inmovilismo autoritario, identificado con los regímenes nazi y fascistas, cuya derrota aplastante se avecinaba. Fue una rebelión en contra de la intolerancia, la deshumanización, la opresión, la censura y el miedo, así como un gran despertar al libre juego de opiniones, al autogobierno, a la protección de los derechos humanos, a la democracia liberal, al Estado de derecho, a la economía de mercado y a la solidaridad, que se materializó en una Constitución garantista y orientada hacia el desarrollo económico y el progreso social.

La democracia es amenazada por sus enemigos acérrimos.

Por cierto, los enemigos de la democracia, que promueven la instalación de una autocracia en nuestro país, pretenden desvirtuar y desacreditar el legado moral de la Revolución del 44, así como convencer a incautos de las supuestas ventajas del despotismo.

Las demandas revolucionarias de descentralización, independencia e imparcialidad judicial, probidad administrativa y democracia representativa, incorporadas en el decreto 17 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de fecha 28 de noviembre de 1944, siguen sin concretarse. En vez de descentralización se ha consolidado una “desmembración anárquica, clientelar y electorera”, que no responde a principios de planeamiento estratégico, programación, coordinación, ejecución eficaz y eficiente, supervisión, control y retroalimentación; en tanto que los atajos a la ley, la opacidad, la ausencia de calidad del gasto y rendición de cuentas, así como la obstaculización de la deducción de responsabilidades y la infiltración del crimen organizado en el sector público han envilecido la gestión administrativa y financiera del Estado. Por otro lado, el sistema de partidos degeneró en una partidocracia (oligarquía politiquera), que instaló una cleptocracia (corrupción sistémica). La desinstitucionalización de la autoridad electoral nos está transportando al pasado autocrático, así como la demagogia, el clientelismo y el dinero sucio en la política que han alimentado una seudodemocracia representativa.

Ortega y Gasset dice que cada generación tiene su vocación propia, su histórica misión; aunque acontece que las generaciones, como los individuos, faltan a veces a su vocación y dejan su misión incumplida, por lo que se convierten en generaciones desertoras, porque son infieles a sí mismas, es decir que defraudan la intención histórica depositada en ellas.

En mi opinión, la actual generación, a la que se confió el éxito del proceso democratizador en 1986, es desertora, porque no asumió, con convicción, valor y entereza, su misión y responsabilidad histórica en la política, la economía, el derecho, la academia, la ciencia y el arte.

Hoy en día, nuestra incipiente democracia está siendo amenazada por sus acérrimos enemigos, los promotores de la autocracia, quienes pretenden imponer otra vez un régimen despótico. El enfrentamiento entre democracia y autocracia no se reduce a una competencia entre facciones de derecha e izquierda, con fines electorales, sino que es una confrontación en la que están sobre la balanza el respeto de los derechos fundamentales y la vida en democracia.

No tengo duda de que, así como en el 44, nuestros jóvenes, armados de patriotismo, energía y entusiasmo, son la mejor opción para la defensa del Estado humanista y la democracia liberal en esta batalla de vida o muerte. La juventud también es la llamada a rescatar la institucionalidad democrática, a través de una profunda reforma del Estado.

Rechazo del veto del decreto 7-2025 del Congreso

Mon, 13 Oct 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Rechazo del veto del decreto 7-2025 del Congreso

La Constitución no exige la publicación del veto.

Mario Fuentes Destarac

13 de octubre de 2025 | 00:01h

Nuestra Constitución establece que el presidente, previo acuerdo tomado en consejo de ministros, dentro de los 15 días de haber recibido un decreto aprobado por el Congreso, podrá devolverlo al Legislativo, con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su potestad de veto, que es un control interorgánico del Ejecutivo sobre el Congreso previsto en la carta magna dentro del proceso de formación y sanción de la ley. Dicho mandato constitucional específico no está sujeto a ninguna reserva de ley u otra disposición de rango inferior, en el marco del principio de supremacía constitucional.

En todo caso, la Corte de Constitucionalidad, en la opinión consultiva de fecha 2 de marzo de 1995 (expediente 519-94), expresa: “Las observaciones que fundamenten el veto deben constar en el acuerdo que se tome en consejo de ministros, el cual debe ser firmado por todos los que lo integran, pero la nota de simple envío al Congreso (…) no debe ir firmada por ningún ministro de Estado”.

En relación al veto del decreto 7-2025 del Congreso, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, quedó acreditado que el presidente, en consejo de ministros, acordó vetar dicho decreto y formular las observaciones en que se fundamenta el mismo, extremo que está documentado en el acuerdo gubernativo 182-2025 de fecha 2 de octubre de 2025, el cual fue firmado por los integrantes de dicho consejo y se publicó en el diario oficial, aunque esta publicación estuvo de más, porque la Constitución no exige que se publiquen los vetos para que surtan efectos jurídicos.

El Congreso, con el voto favorable de 84 diputados y no por mayoría calificada requerida (107), resolvió rechazar el veto.

Asimismo, está demostrado que el Ejecutivo envió al Congreso la nota de remisión de dicho acuerdo, junto con el decreto vetado, dentro del plazo respectivo.

De suerte que el veto surtió efectos jurídicos, a partir de su recepción por el Legislativo, así como la junta directiva del Congreso quedó habilitada para ponerlo en conocimiento del pleno en la siguiente sesión, lo que efectivamente ocurrió.

El Congreso, dentro del plazo de 30 días, debe reconsiderar o rechazar el veto. Si el Legislativo, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados (107), no acepta las razones del veto, el presidente debe sancionar y publicar el decreto en el diario oficial, dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. En su defecto, la junta directiva del Congreso ordenará su publicación dentro del plazo de tres días, para que cobre vigencia.

No obstante, el Congreso, con el voto favorable de 84 diputados y no por mayoría calificada requerida (107), resolvió rechazar el veto, bajo el argumento de que, en aplicación del decreto 1816 del Congreso, el acuerdo que documenta el veto cobró vigencia tres días después de su publicación en el diario oficial, o sea cuando ya había expirado el plazo de 15 días para la devolución del decreto vetado. Esto supondría que el veto no surtió efectos jurídicos en la fecha en que fue recibido por el Legislativo.

Dicho criterio omite que el mismo decreto 1816 dispone que únicamente deben publicarse los acuerdos del Ejecutivo para cuyo cumplimiento se exija este requisito, extremo que excluye a los acuerdos que incorporan los vetos y sus razones, porque, como ya expresé, la Constitución no exige su publicación para que surta efectos jurídicos.

Entonces, lo procedente es que el Congreso se imponga del indicado veto y sus razones, y que determine si acepta dichas razones o las rechaza con la mayoría calificada requerida.

Veto presidencial

Mon, 06 Oct 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Veto presidencial

Empero, el veto no es una potestad absoluta.

Mario Fuentes Destarac

6 de octubre de 2025 | 00:00h

Conforme a la Constitución, el presidente, en Consejo de Ministros, dentro de los 15 días siguientes de haber recibido un decreto aprobado por el Congreso, podrá abstenerse de sancionarlo (autorizarlo con su firma) y devolverlo al Legislativo, con las observaciones que estimare pertinentes, en ejercicio de la atribución de veto.

El decreto 7-2025 es otro despropósito de los diputados.

El veto es una potestad conferida al presidente, mediante la cual este puede rechazar, denegar o desautorizar que un decreto aprobado por el Congreso cobre vigencia. Es una suerte de control interorgánico inherente al sistema de frenos y contrapesos, que se enmarca en el principio de separación de poderes, previsto dentro del proceso de formación y sanción de la ley, por medio del cual el Ejecutivo puede examinar e impedir que un decreto aprobado por el Congreso sea de observancia general.

Empero, el veto no es una potestad absoluta, porque, conforme a la Constitución, si el Congreso no acepta las razones del veto, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados, el presidente debe sancionarlo y publicarlo en el diario oficial. En este caso, si el presidente no sanciona ni publica el decreto, dentro del plazo previsto, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación dentro de un plazo que no exceda tres días, para que cobre vigencia y surta sus efectos.

Por otro lado, el gobernante, a la luz de la Constitución, no puede vetar parcialmente los decretos legislativos, es decir, oponerse a unas disposiciones del decreto y a otras no, sino que debe objetarlas y rechazarlas todas. Asimismo, la carta magna establece que, en caso de que el presidente no devolviere el decreto al Congreso dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, sin que este lo hubiere vetado, el decreto deberá tenerse por sancionado y el Congreso lo promulgará dentro de los ocho días siguientes. O sea, el gobernante debe sancionar o vetar el decreto y, en caso de que no adoptare una de estas actitudes, el decreto se tendrá por sancionado y el Congreso ordenará su publicación. En todo caso, cabe advertir que el Legislativo no puede revocar o archivar sus propios decretos, como ya ha ocurrido en el pasado, por cierto, sin control constitucional alguno.

Forzosamente debe enviarlos al Ejecutivo para su sanción. Como es del conocimiento público, el presidente Arévalo vetó el decreto 7-2025, contentivo de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que dispone que los saldos no desembolsados de las asignaciones presupuestarias extraordinarias de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), de naturaleza clientelar y electorera, se deben trasladar automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro y no al Fondo Común, a fin de que permanezcan disponibles para continuar procesos de ejecución y pago de obras, así como que en los casos en que, al cierre del año fiscal, no existan convenios firmados, los fondos se reservarán para el siguiente ejercicio fiscal.

Dicho decreto viola flagrantemente el principio constitucional de anualidad tanto del presupuesto estatal como de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas del Estado, por lo que el veto está plenamente fundamentado y justificado. Por ende, el Congreso, dada esta tacha constitucional, no debería rechazar el veto.

En mi opinión, el decreto 7-2025 es otro despropósito de los diputados, así como la inconstitucional asignación presupuestaria extraordinaria a los Codedes de Q6.3 millardos y el autorrecetado aumento de sueldos y pago indemnizatorio.

Código de ética profesional de los juristas

Mon, 29 Sep 2025 06:01:00 +0000

Fundamentos sobre el deber ser

Código de ética profesional de los juristas

Los juristas son determinantes en la vida jurídica del país.

Mario Fuentes Destarac

29 de septiembre de 2025 | 00:01h

El actual Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) fue aprobado por la asamblea general el 31 de agosto de 1994 y publicado en el diario oficial el 13 de diciembre de 1994. Cobró vigencia el 21 de diciembre de 1994, o sea, ocho días después de su publicación. Por lo tanto, ha estado vigente por más de 30 años. Sustituyó a la normativa ética emitida por el Cang el 1 de febrero de 1956.

En la parte considerativa de dicho Código se establece: “Que las profesiones de abogado y notario comprenden múltiples actividades que deben traducirse en leales, eficientes y honoríficos servicios prestados a la Comunidad”; “Que el abogado es un auxiliar de la administración de justicia, que además, actúa en la sociedad como juez, asesor, magistrado, consultor, funcionario público y docente, para la fiel comprensión y observancia del derecho”; y “Que el notario ejerce su función pública realizando el derecho en la sociedad, lo cual abarca integralmente el desenvolvimiento de la vida del hombre”.

Asimismo, se expresa: “Que los servicios profesionales, en su diversidad de actividades, deben dirigirse a conseguir la justa, pacífica, armónica y funcional convivencia, del conglomerado social, y deben prestarse ajustados a claras normas éticas y morales, que exigen de cada profesional honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, dignidad profesional que exige de cada miembro una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad”.

El actual Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ha estado vigente por más de 30 años.

El referido código está contenido en nueve capítulos, nueve postulados y 46 artículos, a través de los cuales se incorpora la siguiente normativa: Postulados (probidad, decoro, lealtad, prudencia, solidaridad, veracidad, juridicidad, independencia y eficiencia); normas generales (libertad de aceptación, defensa de los pobres, independencia de la defensa, secreto profesional, objeto de la acusación, cobro de horarios; estimación del monto de honorarios, pacto de cuota litis y responsabilidad del abogado); relaciones del abogado con el cliente; relaciones del abogado con los tribunales y demás autoridades; relaciones del abogado con la parte contraria y sus colegas; el abogado como juez o funcionario; del notario; deontología jurídica; y disposiciones finales y derogatorias.

La iniciativa de elaboración y presentación de un nuevo código de ética profesional surgió en el seno del Tribunal de Honor (TH) del Cang, cuyos miembros fueron elegidos para el período 1992-4. Integraron el TH los siguientes abogados: Luis Beltranena Valladares (presidente), Mario Fuentes Destarac (vicepresidente), Julio Francisco Lanza (secretario), Ástrid Jeanette Lemus Rodríguez, Gustavo Maldonado Dardón, Víctor Manuel Batres Rojas, Germán Alejandro Fuentes Orozco, Leonel Franco Morán y Héctor Valenzuela.

El TH resolvió integrar una comisión para la elaboración del respectivo proyecto de código de ética profesional, con los siguientes abogados: Rubén Contreras Ortiz (presidente), Humberto Grazioso Bonetto, Carmen María Gutiérrez Solé y Óscar Barrios Castillo. Habiéndose elaborado el proyecto, el TH procedió a revisarlo, con el apoyo de Luis Fernando Aroche Arrecis, así como a aprobarlo y enviarlo a la asamblea general.

Traigo a colación estos antecedentes, considerando la importancia de la ética de los juristas, quienes son determinantes en la vida jurídica del país, en la actual coyuntura nacional en la que los enemigos de la democracia y las mafias amenazan con vaciar la Constitución y socavar la institucionalidad democrática.

Diálogo y antidiálogo

Mon, 22 Sep 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Diálogo y antidiálogo

En Guatemala, no existe una cultura democrática dialogal.

Mario Fuentes Destarac

22 de septiembre de 2025 | 00:00h

Sócrates utilizó el diálogo como un método de reflexión, mediante el cual formulaba preguntas a los participantes, con la finalidad de que ellos mismos, en medio de una dinámica de encuentro, meditación, deliberación y tolerancia, arribaran a conclusiones razonables y proporcionadas.

La estulticia se ha convertido en fuente de derecho.

Por lo tanto, dialogar se asume como el intercambio de ideas, pensamientos o puntos de vista entre dos o más interlocutores, en un marco de respeto, moderación, empatía y comprensión, a través del cual se abordan problemas, controversias o cuestiones inciertas, con objetividad, imparcialidad, honestidad intelectual y transparencia. “La duda es el comienzo de la sabiduría”, afirma Sócrates.

Empero, dialogar no equivale a debatir, porque esta última acción supone un proceso en el cual contendientes o competidores, en buena lid, argumentan, contraargumentan y aportan pruebas, en torno a causas, empeños o conflictos de interés, con el propósito de persuadir o convencer a los respectivos tomadores de decisiones de los méritos de sus emprendimientos, propuestas o alegatos. Como podrá advertirse, el debate está precedido por una mentalidad competitiva, por lo que al mismo le es inherente el ánimo de prevalecer en la discusión y que el veredicto favorezca a determinado interés. “En todos los debates, que la verdad sea tu objetivo, no la victoria, o un interés injusto”, expresa William Penn.

El antidiálogo, contrario a la definición de diálogo, es una manera de comunicarse entre unos y otros con la pretensión de procurar desencuentro, división, conflicto y opacidad, en lugar de buscar el entendimiento, el esclarecimiento de la verdad, la conciliación de intereses, la armonía en la diferencia o la resolución pacífica de las disputas. “En el antidiálogo se quiebra aquella relación de simpatía entre sus polos, que caracteriza al diálogo. Por todo eso, el antidiálogo no comunica, hace comunicados”, asevera Paulo Freire.

En el antidiálogo los promotores pueden recurrir a estrategias de intimidación, distorsión, amenaza, humillación, agresión, engaño, manipulación, menosprecio o descalificación, con el propósito de imponerse, dominar, subordinar o excluir al otro. Al efecto, se explotan o fabrican resentimientos, perjuicios, radicalismos o subterfugios, con miras a generar sospecha, negativismo, animadversión, tensión y confusión. En río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán.

En Guatemala, no existe una cultura democrática dialogal. Llegar a acuerdos que beneficien a todos los involucrados es cuesta arriba. La deslealtad y la codicia perturban los procesos de conciliación de intereses y de resolución pacífica de conflictos. De ahí que los promotores del rencor, la discordia, la sospecha, la intransigencia y el divisionismo tienen éxito en socavar la comunicación eficaz entre nosotros, así como en imposibilitar potenciales acuerdos que faciliten el concurso de esfuerzos con fines benéficos.

La estulticia se ha convertido en fuente de derecho, la rectificación es inaceptable, la corrupción es el pan diario y culpar a otros de los fracasos e infortunios son actitudes que explican la deshumanización y la ausencia de cohesión social.

La acción política está teñida de propaganda de odio, intoxicación ideológica, fanatismo, demagogia, corrupción y agresión. El clientelismo ha sustituido a la ciudadanía y al merecimiento. Si no dialogamos, negociamos y concertamos acuerdos que aseguren la paz, la prosperidad y el bien común, seguiremos siendo el botín de mercenarios, cuya codicia es ilimitada, y continuaremos rezagándonos de un futuro promisorio.

La Patria constitucional

Mon, 15 Sep 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

La Patria constitucional

No hemos contado con un genuino Estado de derecho.

Mario Fuentes Destarac

15 de septiembre de 2025 | 00:01h

Hoy, 15 de septiembre, se conmemora el 204o. aniversario de la Declaración de Independencia de Centroamérica de España. Esta declaración se complementó con la Declaración de Independencia Absoluta de la antigua España, México y cualquier otra potencia, emitida el 1 de julio de 1823, después de que Centroamérica pusiera fin a su anexión a México (5 de enero de 1822).

El 22 de noviembre de 1824, los representantes provinciales decretaron la Constitución de la Federación de Estados Centroamericanos (FEC), que incorporó un sistema presidencialista, un Legislativo bicameral y un Judiciario encabezado por una Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes debían ser elegidos por el pueblo.

El Congreso designó a Manuel José Arce como primer presidente de la FEC, después de la invalidación del resultado de la votación popular, que favoreció a José Cecilio del Valle, consumándose así el primer fraude electoral, que envenenó el futuro.

Las luchas irreconciliables entre conservadores y liberales, así como la debilidad institucional del Legislativo y de la justicia oficial, lo que condujo a la concentración y abuso de poder en el Ejecutivo, al incumplimiento de la ley, a la imposición por la fuerza y, finalmente, a la ruptura de la unión centroamericana. En Guatemala, se consolidó el régimen de los 30 años (1841-71); y, a raíz de la Revolución Liberal de 1871, se decretó la Constitución de 1879 y se inició un perverso e interminable juego de poder entre líderes militares y políticos “liberales”, con vocación despótica.

El militarismo y el enfrentamiento armado interno inhibieron la eficacia de las Constituciones de 1956 y 1965.

La Revolución de 1944 allanó el camino hacia la modernidad política surgida después de la derrota del fascismo y el nazismo, basada en las cuatro libertades (de expresión, de culto, frente a la necesidad y frente al miedo) y el Nuevo Trato, postulados por el presidente de los EE.UU., Franklin Roosevelt. Se decretó la Constitución de 1945, que incorporó, además de las libertades individuales, los derechos sociales. Se suscribió la Carta de la ONU (1945) y se emitió la Declaración Universal de los DD. HH. (1948), instrumentos que son la base del multilateralismo o cooperación colectiva para abordar temas globales como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible y los DD. HH., que, hoy día, se encuentra en crisis.

La Guerra Fría supuso la confrontación ideológica y política entre los defensores de los sistemas capitalista liberal y comunista. La sociedad se desangró en medio de esta pugna brutal. El militarismo y el enfrentamiento armado interno inhibieron la eficacia de las Constituciones de 1956 y 1965.

La apertura política de 1983-5 garantizó la instalación de una autoridad electoral confiable y la celebración de comicios libres. Se emitió una nueva Constitución y se habilitó un proceso democratizador en 1986. No obstante, este degeneró en una cleptocracia (corrupción e impunidad sistémicas), caracterizada por el vaciamiento de la Constitución, es decir, la desprotección de los DD. HH., la regencia de antivalores políticos (inmoralidad, humillación, codicia, intoxicación ideológica y deshumanización) y la desinstitucionalización política (ausencia de mérito y rendición de cuentas, seudorrepresentación, opacidad y arbitrariedad).

Por lo tanto, la sociedad guatemalteca no ha contado con una patria constitucional, o sea, con un genuino Estado de derecho, garante de la constitucionalidad, la independencia judicial y la resolución pacífica de conflictos, responsable de la realización del bien común y comprometido con la protección de los DD. HH., el mérito, la probidad, la transparencia y la no violencia.

Del Pacur a los Codedes

Mon, 08 Sep 2025 06:00:00 +0000

reflexiones sobre el deber ser

Del Pacur a los Codedes

La naturaleza del Pacur, al igual que la asignación extraordinaria para los Codedes, riñe con el principio de separación de poderes.

Mario Fuentes Destarac

8 de septiembre de 2025 | 00:00h

El martes pasado, el Congreso, con el voto favorable de 107 diputados, equivalente a una mayoría calificada (dos terceras partes del número de congresistas), aprobó, de urgencia nacional, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por medio del decreto 7-2025. Por lo tanto, con tal mayoría, un eventual veto presidencial podría ser rechazado.

No hay obras sin sobras.

Esta normativa dispone que los saldos no desembolsados de las asignaciones presupuestarias extraordinarias de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) se deben trasladar automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro y no al Fondo Común, a fin de que permanezcan disponibles para continuar procesos de ejecución y pago de obras, así como en los casos en que, al cierre del año fiscal, no existan convenios firmados, los fondos se reservarán para el siguiente ejercicio fiscal. El Ministerio de Finanzas Públicas (y no el Congreso) queda facultado para ampliar el presupuesto con esos saldos, según los registros departamentales, municipales y de obra.

En el presupuesto estatal 2025 se incorporó una asignación extraordinaria de Q6.3 millardos para los Codedes, aunque la única función constitucional de los Consejos de Desarrollo es la planificación y no la ejecución presupuestaria.

El antecedente de esta asignación extraordinaria para los Codedes es el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur), de naturaleza clientelar-electorera, al cual, en el presupuesto estatal 2005, se le asignaron Q600 millones, cifra que, en 2025, se multiplicó por 10. Esta asignación extraordinaria se distribuye y ejecuta conforme al “Listado Geográfico de Obras”, elaborado y condicionado por los diputados distritales, bajo un criterio político-electorero y no técnico-programático. Su implementación está a cargo de las municipalidades, en forma paralela a la ejecución de su presupuesto ordinario. La impronta del funcionamiento del Pacur fue la frase “no hay obras sin sobras”, atribuida, en su día, al jefe de la organización internacional encargada.

La Constitución establece que los ministerios son los encargados del despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, que comprende las entidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas, así como prohíbe “toda asignación adicional (extraordinaria) para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos”.

De esa cuenta, la naturaleza del Pacur, al igual que la asignación extraordinaria para los Codedes, riñe con el principio de separación de poderes, por la participación del Legislativo, a través de los diputados distritales, en el despacho de los negocios del Ejecutivo, así como viola la prohibición a las municipalidades de ejecutar asignaciones extraordinarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que el decreto 7-2025 es contrario al principio constitucional de anualidad tanto del presupuesto estatal como de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas del Estado.

En fin, el decreto de marras es otro despropósito de los diputados, junto con la referida asignación extraordinaria de los Codedes y el autorrecetado aumento de sueldos y pago indemnizatorio. Respecto de esto último, cabe traer a colación que la 27a. enmienda de la Constitución de los EE. UU. dispone que los congresistas durante su período no pueden subirse el sueldo, por lo que todo aumento de sueldo entra en vigor tras la siguiente elección, lo que es congruente con el principio de que el interés general prevalece sobre el interés particular.

La crítica al poder

Mon, 01 Sep 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

La crítica al poder

El delirio de poder o megalomanía se asocia a la autocracia.

Mario Fuentes Destarac

1 de septiembre de 2025 | 00:01h

El poder político es la capacidad de adoptar decisiones que afectan o inciden en una sociedad. La crítica al poder se expresa cuando la ciudadanía cuestiona, denuncia o rechaza las disposiciones emanadas de gobernantes o funcionarios, con facultad decisoria, tachados de arbitrarios, abusivos, ilegales o contrarios al bien común.

En una democracia eficaz, los ciudadanos están habilitados para criticar los actos del poder político, en ejercicio de sus libertades de protesta, expresión de ideas y resistencia contra la opresión. Dichos derechos fundamentales constituyen la primera trinchera o muralla en la defensa de la democracia liberal y la lucha frontal contra el despotismo, caracterizado por la concentración y el abuso de poder, la violación de derechos humanos, la desinstitucionalización, la corrupción, la impunidad, la intolerancia, la denegación de justicia y la mafiocracia.

La conculcación de los derechos de manifestación, emisión del pensamiento y resistencia allana el camino hacia la violación de otros derechos, como los de detención legal, defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, no confidencialidad de los actos oficiales, acceso a la información pública, propiedad privada, libre contratación y prohibición de confiscación de bienes, entre otros. Si los enemigos de la democracia liberal logran derrotar o avasallar a los defensores en la primera trinchera de la libertad, la batalla por la libertad se perdería del todo ante el delirio de poder, grandeza o megalomanía que se asocia a la autocracia, también llamado trastorno psíquico de dominación.

No procede la persecución penal por publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra servidores públicos, por actos efectuados en el desempeño de sus cargos.

La Constitución de Guatemala garantiza la crítica al poder, a través de la norma que reza: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Se entiende, entonces, que la publicación de opiniones críticas sobre actos oficiales no es punible.

Al respecto, cabe traer a colación que la Corte de Constitucionalidad (CC), en la sentencia del 1 de febrero de 2006 (expediente 1122-2005), respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 411 y 412 del Código Penal (que incorporaban el delito de desacato), expresa: “(…) aplicando un elemental principio de realismo, resulta insoslayable que la expectativa de ser sancionado penalmente por expresar opiniones puede desalentar a un particular a expresar éstas; de manera que si bien la normativa penal no contempla una censura expresa, sí puede motivar a una autocensura del propio ciudadano en asuntos sobre los cuales, en un sistema democrático, se requiere de su expresión crítica para motivar el correspondiente escrutinio de la función pública (…) En consecuencia, no existe un bien jurídico que merezca la tutela que se pretende al instituir los tipos penales contenidos en los artículos 411 y 412 antes citados, generando una protección adicional respecto de críticas, imputaciones o señalamientos de la que no disponen los particulares y un efecto disuasivo en quienes deseen participar en el debate público, por temor a ser objeto de sanciones penales aplicadas conforme una ley que carece de la certeza entre los hechos y los juicios de valor (…)”.

Por lo tanto, no procede la persecución penal por publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra servidores públicos, por actos efectuados en el desempeño de sus cargos, porque estas actitudes no constituyen delito o falta, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad personal del juzgador.

Pilares de la democracia liberal

Mon, 25 Aug 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Pilares de la democracia liberal

La vigilancia exige la participación ciudadana.

Mario Fuentes Destarac

25 de agosto de 2025 | 00:00h

La democracia liberal se asienta sobre cinco pilares primordiales: el sufragio efectivo, el mérito, la vigilancia, la alternancia en el ejercicio del poder y la constitucionalidad. El sufragio efectivo conlleva el derecho ciudadano a elegir, mediante el voto universal y secreto, en elecciones libres, periódicas y justas organizadas y supervisadas por una autoridad electoral legítima, independiente y neutral. Por cierto, el voto y los comicios no son, por sí mismos, el principio y fin del ejercicio democrático, como pretenden hacer creer los regímenes populistas autoritarios, ya que los elegidos están sujetos a una permanente rendición de cuentas y, en su caso, a la revocación de sus mandatos.

La vigilancia exige la participación ciudadana.

A su vez, el mérito supone que la designación de los funcionarios debe obedecer exclusivamente a méritos de capacidad, idoneidad y honradez, lo que significa que los cuadros de gobierno y administrativos no deben integrarse por gente que responde ciegamente o es incondicional al gobernante o jefe, sino por personas con merecimientos comprobados que respondan ante la ciudadanía y la ley por su conducta oficial. Además, los incondicionales tienden a convertirse en cómplices o encubridores de gobernantes o jefes infieles. Sin duda, la selección por oposición es una garantía de la meritocracia.

Respecto de la vigilancia, Thomas Jefferson afirma: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”. La separación de poderes, sustentada en el sistema de frenos y contrapesos, habilita la rendición de cuentas y la libertad de expresión de ideas como baluartes de la vigilancia y la autocrítica. Esta última consiste en la aptitud de regenerar u oxigenar la institucionalidad democrática.

En nuestro país, el presidencialismo siempre ha propendido al cesarismo o caudillismo, por lo que los gobernantes generalmente se rodean de incondicionales y aduladores, así como buscan denodadamente la concentración del poder político, con el ánimo de abusar de la autoridad, perpetuarse en los cargos y enriquecerse ilícitamente. De esa cuenta, la confianza ciudadana, que se deposita en las urnas electorales, debe ser escéptica, es decir, debe estar matizada por una sana incredulidad o sospecha. Piensa mal y acertarás, dice el refrán.

Por otro lado, la vigilancia exige la participación ciudadana, a través de la protesta y la denuncia en contra del abuso de poder, la corrupción y la opresión, por lo que no debe asumirse que la vigilancia le corresponde exclusivamente a los órganos de fiscalización y control del Estado. La alternancia en el ejercicio del poder, por su parte, es la sucesión alternativa de los funcionarios en el desempeño de los cargos. Es contraria a la perpetuación en el desempeño de cargos públicos, así como a la reelección indefinida. En Guatemala, está prohibida la reelección presidencial, pero no así la reelección de diputados y alcaldes, lo que contradice el mandato constitucional de defensa de la alternabilidad y no reelección.

Finalmente, la constitucionalidad implica la plena e inequívoca observancia de los principios normativos constitucionales de supremacía, inviolabilidad y aplicación fiel de la Constitución. En todo caso, el patriotismo constitucional, concepto acuñado por Dolf Sternberger y Jürgen Habermas, propone que las personas deben guardar lealtad a los principios, valores y normas de una constitución que reconozca, además de las libertades y derechos fundamentales, la diversidad cultural, el pluralismo político, la tolerancia (armonía en la diferencia) y la igualdad en dignidad y derechos de los seres humanos.

Rendición de cuentas del Estado

Mon, 18 Aug 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Rendición de cuentas del Estado

Se ha obstaculizado el proceso de rendición de cuentas del Estado.

Mario Fuentes Destarac

18 de agosto de 2025 | 00:01h

La rendición de cuentas de un funcionario supone la obligación de informar y demostrar sus actuaciones, que incluyen el manejo de la cosa pública y el detalle, explicación y justificación de la ejecución presupuestaria, que comprende los respectivos ingresos y egresos.

Durante la Colonia, la rendición de cuentas se materializaba a través del juicio de residencia, que era un proceso judicial al que se sometían los funcionarios al concluir sus funciones. A través del juicio de residencia se investigaba de oficio las actuaciones de todos los funcionarios, sin excepción, así como se recibían las reclamaciones en su contra. Estaban sujetos a este mecanismo de control virreyes, gobernadores, capitanes generales, corregidores, alcaldes mayores y jueces de las audiencias.

La Constitución de Guatemala (CG) dispone que el Congreso, bajo el régimen de controles interorgánicos, tiene la atribución de aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, previo informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo (que comprende las entidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas) sobre el ejercicio fiscal anterior.

Al respecto, la CGC dispone que cada ministerio debe formular la liquidación del presupuesto anual y someterla a conocimiento de la CGC dentro de los tres primeros meses de cada año; y esta debe rendir informe y emitir dictamen en un plazo no mayor de dos meses, y remitirlos al Congreso, el que debe aprobar o improbar la liquidación. En caso de improbación, el Congreso debe pedir los informes o explicaciones pertinentes y, si fuere por causas punibles, certificar lo conducente al Ministerio Público.

No es un secreto que las legislaturas se han venido resistiendo a aprobar o improbar anualmente el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas

Asimismo, la CG expresa que los organismos y entidades descentralizadas y autónomas, con presupuesto propio, deben presentar al Congreso, en la misma forma y plazo, la respectiva liquidación, para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos estatales.

De suerte que, tanto los ministerios como los demás organismos (Judicial y Legislativo) y las entidades descentralizadas y autónomas (municipalidades, consejos departamentales de Desarrollo —Codedes—, fondos sociales), están obligados a presentar sus liquidaciones de ingresos y egresos, a fin de que la CGC rinda informe y dictamine, previo a su aprobación o improbación por el Congreso.

En todo caso, mientras el Congreso no apruebe o impruebe las liquidaciones de las ejecuciones presupuestarias, los plazos de prescripción (extinción por el transcurso del tiempo) de la responsabilidad civil (20 años) y de la responsabilidad penal (transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena) de los funcionarios permanecen en suspenso (detenidos indefinidamente), hasta que se supere la causa de suspensión, que es la aprobación o improbación de la liquidación de la ejecución presupuestaria correspondiente.

Sin embargo, no es un secreto que las legislaturas se han venido resistiendo a aprobar o improbar anualmente el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, lo que ha obstaculizado el proceso de rendición de cuentas del Estado.

Eso sí, varios congresistas proponen que se eleve el gasto discrecional y clientelar asignado a los Codedes, que en 2025 ascenderá a Q6.3 millardos, y que el importe de dicho gasto no ejecutado se traslade al siguiente ejercicio fiscal, en contravención del principio de ejecución presupuestaria anualizada, previsto en la CGC.

Implosión del sistema político-electoral

Mon, 11 Aug 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Implosión del sistema político-electoral

Se relegó la matriz político-electoral a la LEPP.

Mario Fuentes Destarac

11 de agosto de 2025 | 00:00h

La implosión es la ruptura hacia dentro debido a presiones internas; por lo tanto, la implosión de un sistema político-electoral ocurre cuando este colapsa, se destruye o paraliza, a raíz de la acción de fuerzas internas incontrolables y perniciosas.

Se relegó la matriz político-electoral a la LEPP.

En 1983, en Guatemala, se diseñó un sistema político-electoral, sustentado en un Tribunal Supremo Electoral (TSE) independiente, ilustrado y neutral al juego político-partidista, con jurisdicción político-electoral, es decir, con potestad para juzgar, que equivale a deliberar, valorar y resolver en definitiva todas las controversias de índole político-electoral.

Dicho sistema fue el legado del régimen militar (1982-6), que habilitó la apertura política y el inicio de un proceso democratizador, orientado hacia la construcción de una institucionalidad democrática, basada en la protección y defensa de los derechos humanos, en un sólido Estado de derecho, garante de la aplicación de leyes justas, y en la instalación de una democracia representativa funcional, asentada en un sistema de partidos legítimo, plural, popular, competitivo y respetuoso de la voluntad ciudadana mayoritaria.

Empero, la Constituyente de 1985, al no incorporar el sistema político-electoral en la Constitución, específicamente la independencia del TSE, la inviolabilidad de la jurisdicción político-electoral, la legalidad del voto secreto y la filosofía democrática del sistema de partidos, y relegar la matriz político-electoral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), reformable por la partidocracia representada en el Congreso, de entrada, dejó minada la institucionalidad de dicho sistema.

No sorprendió, entonces, que los politiqueros manosearan la LEPP en lo relativo a la integración del TSE, a través de aumentar de 20 a 40 los candidatos a magistrados del TSE, que debía proponer la respectiva postuladora, para facilitar a los diputados un mayor grado de politización al designar a los 10 togados del TSE.

Por otro lado, durante los procesos electorales de 2019 y 2023 se aplicó, de manera subjetiva, arbitraria y selectiva, la norma de la LEPP, que reza: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”, para denegar la inscripción de candidaturas legítimas, sin perjuicio de que dicha normativa es nula ipso jure y criminaliza el debate sobre la cosa pública. Asimismo, la manipulación del mérito de la idoneidad también aseguró el rechazo de candidaturas legítimas. Sin duda, la exclusión de candidaturas legítimas también puso en jaque las garantías electorales de debate y competencia.

Respecto del rechazo de candidaturas individuales, cabe traer a colación que, en 2019, caprichosamente se denegó la inscripción de las candidaturas presidenciales de Zury Ríos y Thelma Aldana; y, en 2023, se rechazó la inscripción de los presidenciables Roberto Arzú y Thelma Cabrera. Por cierto, el abuso de poder en contra de Ríos y Arzú, en su día, fue denunciado ante la Comisión Interamericana de DD. HH., lo que viabilizó que el Estado de Guatemala reconociera que se violaron sus derechos políticos y que se comprometiera a no repetir dichos vicios.

Lo anterior, sin perjuicio de que se pretendió revertir la declaración de validez de los comicios celebrados en 2023, la oficialización de los resultados electorales y la adjudicación de los cargos de elección popular, lo que hubiera redundado en la implosión del sistema político-electoral.

Reelección presidencial indefinida

Mon, 04 Aug 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Reelección presidencial indefinida

La reelección indefinida es contraria a la democracia representativa.

Mario Fuentes Destarac

4 de agosto de 2025 | 00:01h

Según informaciones de prensa, la semana pasada, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Constitución de dicho país en el sentido de ampliar el período presidencial de cinco a seis años, autorizar la reelección presidencial indefinida, suprimir la segunda vuelta (balotaje) en la elección presidencial y adelantar al 2027 la celebración de las elecciones generales. Antes de dicha enmienda, la Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial consecutiva y habilitaba la reelección alterna.

De suerte que, en lo que va del siglo XXI, El Salvador se ha convertido en el tercer país en Latinoamérica cuya Constitución admite la reelección presidencial indefinida. El primero fue Venezuela, bajo el régimen de Hugo Chávez (2009), y el segundo fue Nicaragua, bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega (2014).

En Guatemala, a raíz del triunfo de la Revolución Liberal de 1871, que derrocó al régimen de los 30 años, encabezado por un gobernante vitalicio, se promulgó la Constitución de 1879, que autorizaba la reelección presidencial indefinida, lo cual viabilizaba la perpetuación en el poder de Justo Rufino Barrios.

La enmienda constitucional de 1886 prohibió la reelección presidencial consecutiva y habilitó la alterna. La reforma de 1897 prolongó el período presidencial de José María Reina Barrios, que vencía en 1898, hasta 1902. La reforma de 1903 suprimió la prohibición reeleccionista, extremo que habilitó al gobernante Manuel Estrada Cabrera a ser reelegido indefinidamente (1898, 1904, 1910 y 1916).

En las Constituciones de 1965 y 1985 se incorporó la prohibición absoluta de la reelección presidencial y esta se blindó a través cláusulas pétreas.

La reforma de 1927 incorporó en la Carta Magna la prohibición de elegir como presidente a golpistas y sus parientes, la habilitación de la reelección presidencial después de transcurridos 12 años de concluido cada mandato, así como que la modificación de la normativa que prohibía la reelección presidencial consecutiva y la prórroga del mandato debía aprobarse por la asamblea constituyente, seis años después de haber sido decretada por dos legislaturas ordinarias, con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.

No obstante, las reformas constitucionales de 1935 y 1941 dejaron en suspenso el precepto que prohibía la prolongación del período de Jorge Ubico, con lo que se habilitó su perpetuación en el poder.

El proceso de reforma relativo a la reelección presidencial y prórroga del período gubernativo adoptado en 1927 se incorporó, con matices, en las Constituciones de 1945 y 1956. En las Constituciones de 1965 y 1985 se incorporó la prohibición absoluta de la reelección presidencial y esta se blindó a través cláusulas pétreas.

En todo caso, la Corte Interamericana de DD. HH., en su opinión consultiva OC-28/21 de fecha 7 de junio de 2021, solicitada por Colombia, en relación con la figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de DD. HH., concluyó: 1) La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre DD. HH. ni por el corpus iuris del Derecho Internacional de los DD. HH.; 2) La prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre DD. HH., la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana; y 3) La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa; y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre DD. HH. y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

Mon, 28 Jul 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

El desafío está en devolver al TSE su institucionalidad.

Mario Fuentes Destarac

28 de julio de 2025 | 00:00h

El 20 de marzo de 2026 vencen los períodos de funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que los nuevos magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, deberán ser elegidos por el Congreso, para un período de seis años, con el voto favorable de las dos terceras partes del número de diputados, de una nómina de 20 candidatos elaborada por una comisión de postulación integrada por cinco miembros: el rector y el decano de Derecho de la Usac, un representante de los rectores y de los decanos de Derecho de las universidades privadas y un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El desafío está en devolver al TSE su institucionalidad.

El Congreso, 60 días antes de la fecha en que termine el período de los magistrados del TSE. deberá instalar la referida postuladora. Esta celebrará sesión permanente mientras dure su función; se reunirá en la sede del Legislativo y su sesión será pública.

Dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de su instalación, la referida comisión de postulación deberá cumplir con su cometido. El quorum será formado por un mínimo de dos terceras partes de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de sus integrantes.

En todo caso, cabe recordar que la 2a. magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) alteró el período de funciones de la magistratura del TSE, al trasladar el vencimiento del período de funciones de la 2a. magistratura del TSE del 30 de junio de 1995 al 20 de marzo de 1996 (ocho meses y 20 días), y establecer esta última fecha como nuevo punto de partida del período de funciones, que no es concurrente con el punto de partida original (30 de junio de 1983).

Lo procedente debió de haber sido que la 3a. magistratura del TSE solamente se desempeñara durante cinco años, tres meses y 10 días, a fin de que el respectivo período de funciones venciera el 30 de junio de 2001 y no el 20 de marzo de 2002. Por cierto, este último criterio se aplicó cuando se prorrogaron los períodos de funciones de los magistrados del Organismo Judicial.

Actualmente, el TSE enfrenta una crisis institucional sin precedente, ya que la CC ha determinado que las resoluciones firmes del TSE no tienen el carácter de ejecutoriadas, ya que son meras providencias administrativas, lo que supone privar al TSE del ejercicio de la jurisdicción político-electoral, así como habilitar a los tribunales de la jurisdicción ordinaria, para que dejen sin efecto los fallos del TSE o hagan caso omiso de su respectiva función jurisdiccional.

Por lo tanto, el desafío está en devolver al TSE su institucionalidad e integración meritocrática, a fin de que se restablezca una legítima autoridad electoral que apuntale una democracia representativa eficaz, basada en el ejercicio del sufragio en comicios libres y justos. “Cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio”, dice José Martí.

Al efecto, resulta fundamental que se reforme la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley Electoral, a fin de: (i) Restituir el ejercicio pleno de la jurisdicción político-electoral al TSE; (ii) ampliar el plazo del proceso de postulación de candidatos a magistrados del TSE, a fin de incorporar la selección por oposición; (iii) prohibir el voto múltiple en la postulación de candidatos y elección de magistrados; y (iv) obligar a los comisionados y diputados a pronunciarse sobre la existencia o no del mérito de la reconocida honorabilidad de los aspirantes y candidatos, dentro de un marco jurídico de irresponsabilidad de las opiniones, la cual le es garantizada a los magistrados de la CC y diputados.

Vitales desafíos institucionales

Mon, 21 Jul 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Vitales desafíos institucionales

La juventud se expresó con elocuencia en los comicios de 2023.

Mario Fuentes Destarac

21 de julio de 2025 | 00:01h

El proceso de democratización de Guatemala, iniciado el 30 de junio de 1983, día en que se instaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fue juramentada y tomó posesión la primera magistratura del TSE, con gran regocijo y esperanza, lejos de evolucionar hacia una democracia institucional sólida y funcional, ha venido siendo socavado hasta sus cimientos, al extremo de que los enemigos de la democracia, con absoluta desfachatez, ya anuncian o propugnan por su inexorable colapso.

El régimen de gobierno ya no es reconocido ni siquiera como una democracia disfuncional, sino que es calificado como uno híbrido que avanza hacia una autocracia, cuyo sustrato sería una mafiocracia, que ya ha secuestrado una gran porción del sector público y ha venido desmontando la institucionalidad democrática a base de alentar la concentración y abuso de poder, el irrespeto de los derechos humanos, el envilecimiento de la justicia oficial, la perversión de la acción política, la guerra jurídica (lawfare), la criminalización de disidentes, críticos y opositores, así como la corrupción institucionalizada, el clientelismo politiquero, la propaganda del odio y la impunidad.

No comparto con los enemigos de la democracia que el proceso democratizador se encuentre en sus estertores, aunque reconozco que ha sufrido una erosión significativa, debido a la insaciable codicia de la caquistocracia (gobierno de los peores), que ha degenerado en una mafiocracia, así como a la impunidad de la delincuencia organizada transnacional, que ha venido corrompiendo y esclavizando a la población. En mi opinión, la democracia liberal es rescatable por la ciudadanía consciente, especialmente por la patriótica juventud que, con entusiasmo y valor cívico, se expresó elocuentemente en los comicios de 2023, a través del sufragio.

El TSE debe recuperar su independencia, prestigio y el pleno ejercicio de la jurisdicción político-electoral, así como depurar el sistema de partidos.

Coyunturalmente, en 2026, nuestra sociedad tiene importantes desafíos institucionales, de los cuales depende que la democracia tome un nuevo impulso o sucumba, a saber: (i) Designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC); (ii) elección de magistrados del TSE; (iii) nombramiento de fiscal general (FG); y (iv) elección de contralor general de Cuentas (CGC). En todo caso, la renovación de este funcionariado será clave para que el proceso electoral que se convocará en 2027 sea creíble, transparente y confiable.

La supremacía, inviolabilidad y aplicación fiel de la Constitución son contrarias a la socorrida protección de la gobernabilidad o defensa de un ambiguo e indeterminado orden constitucional, que habilitan una suerte de interpretación sin límites (excesivo activismo judicial) o hacen valer un seudoeficaz realismo jurídico (decisiones judiciales con, sin y contra la ley), que aseguran la dominación política y la ausencia de justicia. Por lo tanto, debe regir una estricta constitucionalidad, la resolución garantista y pacífica de los conflictos, así como la imparcialidad y responsabilidad del juzgador. De ahí la importancia de que se instale una magistratura de la CC que, además de decente, competente e independiente, tenga esta fundamental orientación jurisprudencial.

Por otro lado, el TSE debe recuperar su independencia, prestigio y el pleno ejercicio de la jurisdicción político-electoral, así como depurar el sistema de partidos. Con tal fin, la elección de sus magistrados debe despolitizarse y regirse por el mérito, en lo que deben comprometerse postuladores y electores. Esto último también es aplicable a la designación de FG y CGC, con miras a garantizar su institucionalidad y una insoslayable rendición de cuentas.

Reelección indefinida de diputados

Mon, 14 Jul 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Reelección indefinida de diputados

Debe prohibirse la reelección consecutiva de los diputados.

Mario Fuentes Destarac

14 de julio de 2025 | 00:00h

La depuración del Congreso, a través de la reforma constitucional que dio por terminados los períodos y funciones de los diputados que habían sido elegidos en 1990, la cual fue ratificada en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994, resultó insuficiente para garantizar una genuina representación democrática en el seno del Congreso, ya que solo se redujo el período de funciones de los diputados de 5 a 4 años, se eliminaron los diputados suplentes y se asignó a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los antejuicios (levantamiento de la inmunidad) en contra de los diputados.

Debe prohibirse la reelección consecutiva de los diputados.

Se mantuvo la reelección indefinida de los congresistas, el sistema de elección plurinominal (por planillas), bajo la modalidad de lista cerrada, lo que ha redundado en una falta de renovación del Congreso, así como la posibilidad de aumentar el número de diputados, que pasó de 80 a 160.

A esto debe agregarse que, a través de la inconstitucional regulación del transfuguismo de 2016, prácticamente se entregó el control de los diputados a las dirigencias partidarias, en menoscabo de la independencia y calidad de “dignatarios de la nación” de los parlamentarios. Asimismo, se dividió a los diputados en de primera y segunda clase, al condicionar el acceso a cargos directivos y de representación en el Congreso a no cambiar de bancada. La creación de la instancia de jefes de bloque también ha redundado en la restricción del debate legislativo y en que solo puedan trasladarse al pleno los proyectos de decretos que decidan los jefes de bloque.

Por otro lado, el presupuesto de funcionamiento del Congreso se ha elevado hasta Q1.2 millardos, que se ha traducido en burocracia y demenciales excesos.

La gota que rebalsó el vaso fue la reciente aprobación de un obsceno aumento de sueldos para los diputados y que estos sean indemnizados al final del período de funciones, prohibido por la Constitución. Estas decisiones deben revertirse y si esto no ocurre deben impugnarse ante la magistratura de lo constitucional que se instalará en abril de 2026, con efectos devolutivos, porque son nulas de pleno derecho.

Lo anterior sin perjuicio de la ejecución del presupuesto correspondiente al “listado geográfico de obras” (asignado a los Codedes), con la participación de los diputados distritales, de Q6.2 millardos, que contrasta con el presupuesto asignado al Organismo Judicial, de Q4.2 millardos. La asignación presupuestaria a los Codedes es la base del clientelismo político, que distorsiona la acción política.

Por supuesto, la reelección indefinida de los diputados ha apuntalado la vigencia de una “casta privilegiada” de politiqueros, que usufructúan el erario, y que las candidaturas a diputado se subasten. Por lo tanto, debe prohibirse la reelección consecutiva de los diputados y que la reelección alterna se limite a una única vez. O sea, un político solo podría aspirar a ocupar una curul por dos períodos (de 4 años cada uno) no consecutivos. Además, debería de prohibirse el nepotismo, o sea la postulación como candidatos de parientes de los diputados en funciones.

En lo que respecta al número de congresistas, es imperativo que se reduzca de 160 a 80 y que estos se elijan bajo el sistema de elección mayoritaria (uninominal), que propone que se elija un diputado por cada uno de los 80 distritos electorales; o, en su defecto, el sistema plurinominal de lista abierta, a fin de que el elector pueda votar por el candidato a diputado que prefiera. Con 80 diputados, el presupuesto del Congreso debería de reducirse a la mitad, por lo menos.

Politiquería perversa

Mon, 07 Jul 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Politiquería perversa

La cleptocracia se ha ido consolidando en varios países.

Mario Fuentes Destarac

7 de julio de 2025 | 00:01h

Cuando un gobierno —en vez de proteger la dignidad humana, propugnar la realización del bien común y estar al servicio del interés general— se aprovecha del ejercicio del poder, para enriquecer obsesiva e ilimitadamente a sus funcionarios, colaboradores y financistas, así como corromper a las instituciones, es un mero régimen perverso.

La perversión está asociada al envilecimiento, la desviación, la inmoralidad, la malignidad y la degeneración. Para imponerse en una sociedad, los politiqueros perversos buscan hacerse del poder absoluto a toda costa; y, al efecto, valiéndose de la manipulación, el dinero sucio, el clientelismo y la generación de chivos expiatorios, en el marco de la infausta lógica nazi del amigo-enemigo, se concentran en engañar a los incautos desencantados con la democracia institucional, por su lenta respuesta a la problemática nacional.

El populismo radical se vale de la demagogia y las campañas de odio y desinformación, montadas sobre maliciosos bots (chatbots, web crawlers y social bots) en redes sociales, que son los vehículos de ataque y desprestigio preferidos por los politiqueros perversos, a quienes los anima la codicia y la dominación. Sin duda, la intoxicación de avidez por el botín los hace inmunes a la vergüenza y el escándalo, así como al juicio de la posteridad.

Aunque siempre ha habido opacidad y negocios ilícitos tras los gobiernos, especialmente de las dictaduras, la actual degeneración de la partidocracia en democracias disfuncionales ha allanado el camino hacia el establecimiento y regencia de una demencial cleptocracia (dominio de ladrones), que conlleva la institucionalización de la corrupción, la violencia organizada, el asalto al poder de las mafias, así como la subyugación o esclavización de la población a base de temor y flagelo.

La justicia oficial en una cleptocracia se reduce a un brutal aparato de intolerancia y represión que no vela por la vigencia de los derechos humanos y la democracia, sino que protege y absuelve al delincuente.

La perpetuación en el poder es un objetivo de los regímenes perversos, no solo porque les garantiza la dominación, sino porque también les asegura impunidad (ausencia de castigo por sus fechorías). Por lo tanto, no tienen interés en la instauración de una justicia oficial meritocrática, independiente y neutral al juego político-partidista, ni tampoco en que existan un control efectivo de las finanzas públicas, un equilibrio presupuestario y una sana disciplina fiscal. Por otro lado, avasallan a la autoridad electoral, a base de controlar la elección de sus funcionarios, obstaculizan a la oposición política, boicotean las elecciones, así como criminalizan a la prensa independiente.

Por cierto, para el próximo futuro es misión imposible, para quienes luchan por la democracia liberal en Guatemala, que se le restituya al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pleno ejercicio de la jurisdicción (potestad de juzgar) político-electoral, que se reglamente la selección por oposición (por méritos, conforme a la Constitución) de los candidatos a magistrados del TSE, que se depure el sistema de partidos y que se derogue la normativa que permite la descalificación de candidaturas a cargos de elección popular, por presunta propaganda anticipada.

En todo caso, cabe advertir que la cleptocracia, echando mano de farsas ideológicas, manipulación, divisionismo y control social, se ha ido consolidado en varios países en lo que va este siglo, incluida Guatemala, dando paso a un autoprotegido régimen mafioso transnacional.

Finalmente, debe tenerse presente que la justicia oficial en una cleptocracia se reduce a un brutal aparato de intolerancia y represión, que no vela por la vigencia de los derechos humanos y la democracia, sino que protege y absuelve al delincuente.

Evaluación del sistema de justicia

Mon, 30 Jun 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

Evaluación del sistema de justicia

La impunidad es frustrante para la sociedad.

Mario Fuentes Destarac

30 de junio de 2025 | 00:00h

El Estado de derecho de Guatemala, construido sobre leyes justas (generales, abstractas, razonables, coercibles), protege los derechos fundamentales de las personas (vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral), se rige por un régimen de gobierno republicano y democrático representativo, así como su fin supremo es la realización del bien común.

La impunidad es frustrante para la sociedad.

La columna vertebral del Estado de derecho es el sistema de justicia, mediante el cual deben dirimirse los conflictos de interés de manera pacífica, conforme a los principios de independencia, imparcialidad, proporcionalidad, celeridad y apego a la Constitución y la ley. La justicia oficial es la mayor expresión de soberanía de una nación en un contexto de interacción con los demás países civilizados.

El sistema de justicia debe garantizar la certeza de las normas y la seguridad jurídica, que supone la previsibilidad de la aplicación de la ley. Si la ley no se acata ni cumple en una sociedad, se abre paso a la incertidumbre, al abuso de derecho, a la corrupción, a la impunidad y al conflicto. El World Justice Project (WJP) elaboró el “Rule of Law Index 2024”, que se traduce en una evaluación del sistema de justicia civil, por medio de la cual los interesados pueden reclamar una legítima compensación en contra de quienes les han causado daños o perjuicios, así como del sistema de justicia penal, que supone el juzgamiento y sanción de los responsables de la comisión de delitos o faltas, así como la reparación digna de los ofendidos.

En cuestión del sistema de justicia civil, las mediciones abarcaron a 106 países sobre: (i) si la gente común puede reclamar agravios de manera pacífica y efectiva a través de la justicia civil; (ii) si la justicia civil es accesible y costeable, libre de discriminación, corrupción e influencia indebida de parte de agentes estatales; (iii) si los procedimientos judiciales son conducidos sin retardos excesivos o maliciosos; (iv) si las decisiones judiciales adoptadas son efectivamente cumplidas; y (v) la accesibilidad, imparcialidad y efectividad de los mecanismos alternativos de resolución de controversias.

El sistema de justicia civil está relacionado con las ramas de la justicia constitucional, mercantil, contencioso-administrativa y laboral. Sin duda, la decisión de inversionistas extranjeros o locales está condicionada, en gran medida, a la eficacia de la justicia civil, ya que el rendimiento sobre la inversión, así como la recuperación de esta, dependen de que la administración de justicia sea pronta y cumplida. Respecto del sistema de justicia penal, las mediciones abarcaron a 107 países sobre: (i) la efectividad del sistema de justicia penal; (ii) si el mismo es un mecanismo convencional de reparación, compensación o indemnización por los agravios causados; (iii) si garantiza las acciones pertinentes contra los causantes de agravios a la sociedad; y (iv) si se evalúa todo el sistema de justicia penal, incluyendo Policía, abogados, fiscales, juzgadores y autoridades penitenciarias.

El sistema de justicia penal es esencial para la convivencia pacífica, así como para los negocios. La impunidad, o sea, la falta de castigo de los responsables de la comisión de crímenes, es frustrante para la sociedad, porque asegura que el delincuente se salga con la suya y que el inocente o perseguido político sea criminalizado.

Por supuesto, los resultados de las mediciones de los sistemas de justicia civil y penal de Guatemala confirmaron su ineficacia y decadencia, así como la necesidad de una profunda reforma del sector justicia.

En búsqueda de la paz

Mon, 23 Jun 2025 06:01:00 +0000

Reflexiones sobe el deber ser

En búsqueda de la paz

La anhelada paz no ha podido alcanzarse

Mario Fuentes Destarac

23 de junio de 2025 | 00:01h

El próximo jueves 26 de junio se conmemorará el 80 aniversario de la suscripción de la Carta de la ONU, en San Francisco, Estados Unidos (26 de junio de 1945), mediante la cual se constituye y organiza dicha institución multilateral. En este tratado internacional los adherentes expresan que están resueltos a “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles”.

En consecuencia, el primer propósito de la ONU es “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.

Asimismo, se establece en la Carta que los miembros de la ONU “arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia”; “en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”; así como que “las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. El mencionado tratado también dispone que la Corte Internacional de Justicia será el principal órgano judicial de la ONU.

El derecho internacional humanitario también está en jaque.

No obstante, la anhelada paz, que se traduce en la ausencia de guerra, no ha podido alcanzarse; por el contrario, la humanidad, durante los últimos 80 años, ha seguido padeciendo los embates y efectos de los enfrentamientos armados, que, por cierto, ha sido cada vez más brutales y devastadores, debido a que la maquinaria de guerra se ha venido sofisticando, lo que está redundando en un mayor sufrimiento humano, destrucción y desgracia. Lo peor es que, hoy en día, la deriva a una conflagración con armas de destrucción masiva está abrumando a la humanidad de cara al horror que conlleva.

Sin duda, el espíritu de la Carta de la ONU está más lejano que nunca. De hecho, las potencias militares han venido haciendo caso omiso de su filosofía pacifista y sus mandatos, así como rige en la actualidad el mismo endurecimiento de actitudes e insensatez que llevaron a la humanidad a las dos guerras mundiales del siglo XX, que motivaron la fundación de la ONU.

El derecho internacional humanitario (DIH) también está en jaque. El DIH protege a las personas que no participan o han dejado de participar en los conflictos armados, así como a civiles, personal sanitario, prisioneros de guerra y combatientes heridos o enfermos. Dicha protección se hace extensiva a los hospitales y bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como el suministro de alimentos y agua. El DIH también prohíbe las armas químicas y biológicas, minas antipersonas y otras armas que no distinguen entre combatientes y no combatientes, así como penaliza la comisión de los delitos de genocidio, guerra, lesa humanidad y agresión.

El fanatismo en nuestros tiempos

Mon, 16 Jun 2025 06:00:00 +0000

Reflexiones sobre el deber ser

El fanatismo en nuestros tiempos

La mentalidad autocrática subsiste y avanza con su lógica deshumanizante.

Mario Fuentes Destarac

16 de junio de 2025 | 00:00h

El fanatismo se traduce en la adopción de actitudes de adhesión y defensa incondicional de una creencia, un dogma, una causa, un proyecto o un líder. Dicha devoción está determinada por la pasión, el frenetismo o la excitación extrema que impide a la persona abrir su mente a otras apreciaciones, razones, posiciones, así como al pensamiento crítico y a la autocrítica reflexiva. Generalmente, el fanatismo desemboca en el radicalismo, la intolerancia, la irracionalidad, el odio y la violencia. Inequívocamente, el fanatismo puede llevar a la total despersonalización del individuo, a la pérdida de su autonomía, a la desestimación de la responsabilidad de sus actos y a ser instrumentalizado al máximo por el jefe, caudillo o patrón.

La mentalidad autocrática subsiste y avanza con su lógica deshumanizante.

El fanatismo, en lo religioso, ha sido motivo de confrontaciones y guerras a lo largo de la historia. La intolerancia y defensa de posiciones irreductibles, en cuestiones de creencia o fe, ha llevado a miles de personas a la muerte. En ese sentido, cabe recordar las cruzadas, la Inquisición, la Guerra de los Treinta Años, la Yihad de la espada y la catástrofe humanitaria derivada de la escisión de la India y Pakistán, entre otros eventos sangrientos.

En lo político, la historia también está plagada de fanatismos intransigentes e incontenibles, que consideran al otro, al chivo expiatorio, como el enemigo mortal en su afán de conquista, destrucción, esclavitud, opresión y muerte. Fanáticos racistas durante el siglo XX perpetraron, entre otros, los genocidios congoleño y armenio, el Holocausto bajo el régimen nazi, el apartheid sudafricano y la hambruna ucraniana.

La Guerra Fría, que se inició después de la II Guerra Mundial y terminó en los años 90 del siglo pasado, alentó a fanáticos ensoberbecidos a cometer horrendos crímenes de odio y opresión, entre otros, la muerte de millones de seres humanos en los gulags estalinistas en la URSS, las masacres durante la Revolución Cultural en China, el genocidio camboyano, la hambruna china, las masacres cometidas por los contendientes durante el enfrentamiento armado interno en Guatemala y la enorme mortandad durante las guerras de Vietnam y entre Irán e Irak.

Lamentablemente, a pesar de la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos, de la prohibición de la guerra (Carta de la ONU) y de la agresión (Estatuto de Roma), así como de los esfuerzos por erradicar la intolerancia y el despotismo en el mundo, la mentalidad autocrática subsiste y avanza con su lógica deshumanizante, concentradora de poder y abusadora de la autoridad, o sea, irrespetuosa de los derechos humanos, represiva del pluralismo y la participación, así como enemiga de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Hoy en día, los populistas fanáticos, enemigos jurados de la democracia liberal, pretenden socavar la institucionalidad e imponer un régimen orwelliano, de corte totalitario, basado en la fuerza y la arbitrariedad; que restrinja los derechos y libertades bajo un permanente régimen de excepción, que asegure la autocensura, el miedo a expresarse y la represión de opositores, disidentes e indeseables, así como que relativice la constitucionalidad.

En mi opinión, el fanatismo y la insensatez deben contrarrestarse con transigencia, tolerancia y ecuanimidad, haciendo valer el sentido común, el libre juego de opiniones, el diálogo abierto, la reflexión crítica, así como con la no violencia y la resolución pacífica y justa de las controversias. “Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia”, afirma Gandhi.