Deudas, problemas familiares y un nuevo estilo de vida luego de padecer alguna discapacidad como secuela de un accidente de tránsito son historias que comparten sobrevivientes de una de las principales causas de muerte en Guatemala.

En el país ocurren a diario 22 accidentes de tránsito, y en el 2021 se convirtieron en la primera causa de muerte, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Siete personas al día murieron por esa causa en el 2021, segundo año de la pandemia, y en un momento en que el país recuperaba la movilidad en las calles, después de haber pasado 12 meses en una extraña nueva rutina.

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Producto de esos accidentes quedan, además de los fallecidos, miles de lesionados, muchos de los cuales se enfrentan a las secuelas de los traumas e incluso invalidez.

El 29 de julio de 2021, Cindy Herrera conducía su vehículo azul por el que había ahorrado varios años y que aún estaba amortizando.

Seis meses antes se había independizado de sus padres, trabajaba en un centro de llamadas y rentaba un apartamento con el que había firmado el primer contrato de arrendamiento de su vida.

Todo pintaba bien. Una joven de 30 años a quien le gustaba viajar y que tenía muchos sueños hasta que un tráiler que no logró frenar a tiempo embistió el suyo y otros cuatro vehículos, así como una motocicleta, en la bajada de Villalobos.

El automóvil de Cindy fue el último que impactó el tráiler. Prácticamente fue el que frenó su marcha, y ella fue quien sufrió lesiones más graves. El pie derecho se le quedó trabado en el pedal; no podía moverse.

Minutos después su familia recibió una llamada telefónica en la que le informaban del accidente. Era de noche y sus hermanos se disponían a dormir cuando escucharon la alerta.

Al llegar al lugar, uno de ellos tuvo que ayudare a los socorristas a rescatar a Cindy de entre el vehículo.

“Pensaron que ya estaba muerta”, relata Cindy al recordar el momento en que la trasladaron a un sanatorio de Villa Nueva. Un hermano de la joven cuenta que decidieron llevarla a ese lugar por miedo a que en un hospital público se contagiara de covid-19.

“Pero ese lugar solo sirvió para endeudarnos”, lamenta.

Después, Cindy fue trasladada al Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con una fractura en la pelvis, daños en el nervio de la vejiga y el pie derecho destrozado.

Permaneció en sala de cuidados intensivos durante 21 días.

Además de cicatrices en el cuerpo, Cindy guarda las fotografías publicadas en las redes sociales de la Municipalidad de Villa Nueva y de los Bomberos Voluntarios sobre aquel accidente.

Las noticias de aquella noche an cuenta de que, en el km 13.5, donde ocurrió el accidente, se efectuaban trabajos del servicio de energía eléctrica y los conos de alerta estaban muy cerca, por lo que el tráiler, que iba a excesiva velocidad, no logró frenar a tiempo.

“El tráiler se encunetó y el piloto se dio a la fuga”, refirieron las autoridades entonces.

Han pasado siete meses de aquel accidente. Cindy regresó a casa de sus padres con una deuda de casi Q200 mil por gastos hospitalarios, por las cirugías a las que fue sometida, además de las terapias que debe seguir y la pérdida del vehículo.

Ahora se moviliza en silla de ruedas porque la lesión en la cadera le impide permanecer mucho tiempo de pie. Espera que con las fisioterapias pueda recuperar la fuerza en las piernas, aunque uno de los pronósticos médicos señala que, si llegara a embarazarse, su condición sería de alto riesgo, por la severidad de las lesiones en la cadera.

El peor escenario

Con los años han aumentado los accidentes de tránsito, y los bomberos y médicos atienden más emergencias de ese tipo, en especial los fines de semana y días de asueto.

El comportamiento de quien va al volante se ha vuelto predecible, ya sea por incauto, bajo efectos de alcohol o a excesiva velocidad, lo que provoca la mayoría de accidentes.

Estuardo Reyes es bombero Voluntario desde hace cinco años. Empezó cuando tenía 23 años, inspirado por su padre, que lleva 26 años de servicio.

Reyes cuenta que en un turno normal —24 horas— puede atender tres o cuatro accidentes de tránsito en la jurisdicción a su cargo, en la estación central. Si en una noche asiste a esa cantidad de hechos de tránsito, la puede considerar “levemente tranquila”.

“Pero de un turno que inicie a las 10 de la noche y que sea quincena o fin de mes la cantidad de servicios sube exageradamente”, agrega, pues pueden llegar a atender hasta 10 por noche.

Son tantas las emergencias de este tipo que cuando suena el timbre y salen de la estación siempre imaginan el peor escenario.

“El primer escenario es el más complicado. Es decir, una persona atrapada dentro del carro, donde vamos a necesitar equipo especial para sacarla y que además nos toque ver a otra persona expulsada del carro por el impacto”, comenta Reyes.

A este bombero que presta servicio de manera honoraria le ha tocado vivir estas experiencias en dos ocasiones. Sin embargo, reflexiona con preocupación que, aunque no sean accidentes fatales, ven cómo mucho se deben a una imprudencia que pudo haberse evitado. Por ejemplo, un piloto distraído por ver el celular o al comer sin ver el camino.

“Hemos atendido personas que han desarmado sus carros totalmente; salen ilesas, y cuando te hablan emanan olor a alcohol. La persona no sabe en dónde está, no está ubicada en tiempo y espacio”, relata.

Les cambió la vida

Aracely Chan se encontraba en el Anillo Periférico, cerca de la colonia Villa Linda, zona 7, esperando un bus que la llevara al asentamiento Mario Alioto López. Ella no vivía ahí, sino varios kilómetros adentro, en Mártires del Pueblo. Para llegar debía subir dos cuestas muy pronunciadas.

Era el 15 de agosto de 2002, feriado en la capital, por la celebración de la Virgen de la Asunción. Aracely trabajaba en una panadería y no tenía descanso.

Su tarea era recolectar papel periódico y repartir el pan.

Cuando esperaba el bus, u vehículo que iba a gran velocidad perdió el control.

“El hombre se saltó el arriate y me pasó arrastrando varios metros. Él estaba bolo, lo agarraron, pero según me contaron después, salió bajo fianza”, relata.

Aracely pasó 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General San Juan de Dios y cuando salió de esa sala se percató de que le habían amputado un pie, además de que tenía fracturas en el pómulo derecho, la rodilla y el brazo izquierdo.

“Yo caminaba un montón antes del accidente. A donde estuviera el trabajo iba yo, pero desde entonces ha sido muy difícil mi vida”, dice Aracely, quien ahora tiene 65 años y sostiene a sus dos hijas con capacidades especiales.

Según cuenta, quiso darle seguimiento a su caso para obtener alguna reparación, pero en el Ministerio Público (MP) no le dieron razón.

Lo mismo sucede con Santos Adolfo Navas, quien reside en San Pedro Ayampuc, en una casa que tiene la mitad del techo destrozado.

El accidente de Santos también ocurrió un día de asueto, 1 de noviembre de 2008. “Venía del Cementerio General, de ver a mis muertos. Iba con mi esposa y mi hija cuando al bus le tronó algo”, recuerda.

Apenas dos kilómetros antes de su parada, el autobús en que viajaban se salió de la vía y cayó en un barranco. Pasaron dos horas para que los bomberos lograran rescatarlo. “Fui el último en salir. Iba en los asientos de adelante y no sé cómo fui a dar debajo de la parrilla. Cuando me encontraron decían que estaba muerto”, indica.

La fractura que sufrió en cinco cervicales y el daño en el nervio causaba que no sintiera los brazos.

A los seis meses del accidente fue sometido a una cirugía de las cervicales, mientras tanto permaneció en cuidados intensivos. Aunque salió caminando del hospital, tiene que usar silla de ruedas porque no soporta el dolor en las piernas.

Antes del accidente reparaba televisores y electrodomésticos, y ahora sus manos poco recuerdan esas habilidades y se mantienen encogidas, por el daño en los nervios.

Santos también quiso dar con los responsables del accidente, pues el piloto huyó del lugar, pero en el MP le exigían que se presentara con todos los afectados del percance.

“Yo no conocía a nadie, la única vez que los vi fue en el hospital, pero en ese momento no estaba como para hablar con ellos y pedirles su número”, dice, con frustración.

Muchos casos relacionados con accidentes de tránsito, que llegan a los juzgados, se resuelven fuera de los tribunales, con una compensación económica para el afectado, pero Cindy Herrera no quiere aceptar un acuerdo con la aseguradora. Actualmente tiene una demanda contra el propietario del tráiler para que le pague una indemnización que cubra no solo los daños, sino los días no trabajados, el costo de las operaciones y las fisioterapias, entre otros gastos.

“Ellos solo me quieren pagar los daños al vehículo, y lamentablemente vemos cómo el Ministerio Público se mueve muy poco”, dice Cindy al mencionar que este ente quiere pedir cuatro meses más de investigación, cuando han pasado nueve meses del accidente.

Precarización

Para Aracely y para Santos los accidentes les cambiaron la vida y se las hizo precaria.

Aracely ya no puede salir de Mártires del Pueblo para conseguir trabajo porque le es difícil movilizarse.

Una vecina que la llevaba en su carro al centro de la capital murió de covid-19.

Santos, por su parte, no pudo seguir reparando electrodomésticos, su esposa lo abandonó a pocos años del accidente y la hermana que le enviaba remesas desde Estados Unidos falleció el año pasado.

Su esperanza está en el bono del adulto mayor que ofrece el Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Trabajo no le ha dado trámite a su solicitud después de tres años.

Cindy espera que el adormecimiento de las piernas pase con el tiempo y pronto pueda caminar sin problema, y aunque mantiene su empleo, regresó a la casa de sus padres.

El último censo de población —2018— cuenta a 1.6 millones de habitantes con alguna discapacidad física, intelectual y sensorial.

“Nos preocupa, porque sabemos que si se hace otro censo el número de personas con discapacidad aumentaría. Nadie está exento a un accidente de tránsito y hay muchas personas con amputaciones inferiores por esos hechos”, dice Clarivel Castillo, directora del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).

Jonathan Natareno, de la Defensoría de Personas con Discapacidad, indicó que no conocen cuántas personas quedaron discapacitadas tras un accidente de tránsito, pero es un tema que debe tratarse con seriedad.

Esto lo dice la Investigación del exceso de mortalidad regional durante la pandemia del covid-19 de 2020 en países latinoamericanos seleccionados del guatemalteco Kevin Martínez-Folgar.

Según el investigador, durante los primeros meses de la pandemia la mortalidad bajó 33 por ciento, que corresponden a homicidios y accidentes de tránsito que no se produjeron debido al confinamiento.

“Son muertes que pueden evitarse si creamos políticas públicas”, dijo a Prensa Libre.

Hasta el momento no se plantean reformas a las Ley de Tránsito u otras iniciativas que ayuden a disminuir los accidentes, pese a que desde los hospitales también ven urgente encontrar una solución a este tipo de muertes.

“Si plantearan una ley, nosotros sin duda la apoyaríamos”, expresó el director del Hospital San Juan de Dios, Gerardo Hernández.

Aumentan hechos

Según el Observatorio Nacional de Seguridad en el Tránsito (Onset), el año pasado se superó la cifra de accidentes del 2019 y, hubo más heridos y fallecidos.

Según el registro, en 2019 hubo siete mil 163 hechos, que cobraron la vida de mil 782 personas y dejaron lesionadas a nueve mil 11.

En 2020 se registraron seis mil 434 hechos, murieron mil 566 personas y seis mil 632, se lesionaron.

En 2021, la cantidad de accidentes escaló las proyecciones. Aunque los lesionados fueron menos, aumentaron los muertos, en comparación con el 2019. El Onset registró ocho mil 141 hechos, con dos mil 154 muertos y ocho mil 402 lesionados.

La última ofensiva del Ministerio Público se ha dirigido contra abogadas y fiscales que se han visto involucradas en la defensa e investigación de casos de corrupción dirigidos por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (Feci) que dirigía el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Ahora, grupos de abogados ven con preocupación esta persecución y ante la pasividad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), temen que su único opción sea acudir a cortes internacionales para que puedan proteger el ejercicio de la abogacía.

Además de pasividad, el Cang se ha mantenido en silencio y al ser buscado en repetidas ocasiones vía telefónica y por chat, no respondió a las solicitudes de entrevista de este medio.

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Hasta el momento, al menos 14 exoperadores de justicia se encuentran en el exilio, siendo el último el exfiscal Carlos Antonio Videz quien estuvo a cargo del interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber recibido sobornos para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.

Pero quienes no lograron salir al exilio, se encuentran actualmente procesados y guardando prisión preventiva. Ha tomado relevancia el caso de la abogada Leyli Santizo, exlitigante de la extinta Cicig y quien ejercía la defensa de varios exfiscales de la Feci.

A Santizo la acusan de pedir que se anexe el caso de su defendida Xiomara Sosa, también capturada, al juzgado de Mayor Riesgo a cargo de Erika Aifán quien tiene en sus manos todo el expediente relacionado al caso Odebrecht.

Días después de la captura de Santizo, el MP informó sobre la captura de los también exfiscales Willy Roberto Recanac López, Paola Mishelle Escobar Quiñónez y Aliss Noemía Morán Mejía por supuestamente coaccionar a un acusado en el caso de Comisiones Paralelas 2020 para que declarara como testigo protegido.

Para evitar su aprehensión, el exfiscal Rudy Herrera Lemus logró salir al exilio.

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La última fiscal capturada por las autoridades es Virginia Laparra, jefa de la Feci en Quetzaltenango.

En el último mensaje que dio la fiscal general, Consuelo Porras, aseveró que todas estas investigaciones corresponden a “hacer cumplir la ley” rechazando cualquier señalamiento que mencione una criminalización contra estos operadores de justicia.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, dijo Porras al referirse al caso de las abogadas Leyli Santizo y Eva Sosa.

¿Amenazas contra la abogacía?

Ante la pasividad de la junta directiva del CANG, el expresidente de este colegio y actual presidente del comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, Marco Tulio Sagastume, expresó su preocupación ante la criminalización de abogados, fiscales y jueces.

“El MP debe perseguir la criminalidad y en su lugar está persiguiendo a los que persiguen la corrupción. La única solución es ir a nivel internacional porque a nivel nacional hay un acomodamiento terrible” aseveró.

A decir de Sagastume, una acción concreta que puede realizar el CANG es adherirse como querellante en el caso de Leyli Santizo y en favor de la profesión de abogado.

Ramón Cadena, abogado y exmiembro de la Comisión Internacional de Juristas también aseveró que la única opción es apoyarse en organismos internacionales para parar esta ofensiva.

“Lo que se esperaría es que el CANG interviniera en la protección y defensa de estas personas, pero ha sido totalmente pasivo. Necesitamos manifestaciones que velen porque la función del abogado sea la correcta”, agregó.

Al contrario de lo que pasa en el ámbito nacional, las instancias que sí se han pronunciado sobre la situación que pasan abogados en el ejercicio de su profesión han sido el Colegio de Abogados de Nueva York y la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados.

“Expreso mi rechazo a los ataques y persecución en Guatemala contra jueces, fiscales y abogados ocurridos en días recientes, destinados a despojarlos de sus inmunidades, forzar sus renuncias o su exilio, y de su derecho a la defensa técnica ante la justicia” dijo el relator Diego García-Sayán.

Contra jueces

Las manifestaciones hechas contra jueces que llevan casos de mayor riesgo también son contadas como parte de los ataques hacia los profesionales del derecho, explican los entrevistados y por esta vía iba el comunicado del Colegio de Abogados de Nueva York quien calificaba como acoso las constantes solicitudes de antejuicio contra la jueza Erika Aifán.

La jueza Bélgica Deras, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, aseveró que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en prohibir la participación de jueces para la elección de Fiscal General también es una decisión que vulnera sus derechos.

“Deja mucho en qué pensar cuál es el trasfondo de estas últimas disposiciones y el interés de sacarnos de esta participación para cargos públicos. Nosotros como jueces no dejamos de ejercer la profesión solo porque seamos jueces y para ser juez se necesita ser abogado y ahí nos está coartando ese derecho de participar” agregó.

Para Deras, la falta de un respaldo institucional los podría llevar a acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser escuchados y crear un precedente de lo que está pasando en el país.

Según el último censo del 2018, la población mayor de 60 años que vive en Guatemala son alrededor de 1.3 millones de personas, las cuales representan el 7.6% de la población total del país. La mitad de ellos viven en situación de pobreza.

La Procuraduría de los Derecho Humanos (PDH) señala que el país tiene únicamente dos programas estatales creados específicamente para atender a esta población. Uno es el programa Mis Años Dorados de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y el otro es el Programa Económico del Adulto Mayor a cargo del Ministerio de Trabajo.

Este último tuvo una modificación a inicio de este año y en el decreto 4-2022 se contempla un aumento de la ayuda económica que se le da a los adultos mayores en situación de pobreza o pobreza extrema. Actualmente el aporte es de Q500 mensuales.

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Aunque esta ayuda a penas logra sufragas los gastos de alimentación y salud de la persona, suele ser el único ingreso que tiene el adulto mayor para sobrevivir.

“Si estos años adicionales están dominados por la mala salud, el aislamiento social o la dependencia de cuidados, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad son negativas”, señaló la OMS en el informe Década de Envejecimiento Saludable 2020-2030.

Desde el año 2008 todas las personas mayores de 60 años reciben esta ayuda, pero según señala la Defensoría del Adulto Mayor, en 14 años se ha acumulado un gran rezago entre las solicitudes presentadas que aún no han sido resueltas.

Según informó el Viceministerio de Previsión Social del Ministerio de Trabajo en una entrevista radial, al momento existen 110 mil beneficiarios de este programa y la mayoría de ellos se encuentra en el departamento de Guatemala.

Cómo puedo adherirme al programa

La ley que le da vida a este programa especifica quienes son los beneficiarios y agrega que el Mintrab debe darles prioridad a las solicitudes de quienes viven con alguna discapacidad física, psicológica o sensorial.

Para presentar la solicitud, el adulto mayor debe presentarse ante la Dirección de Previsión Social en la 6 avenida 8-72 zona 9, a partir de las ocho de la mañana.

Según los requisitos publicados en la página del Mintrab, se debe presentar una certificación original reciente de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, el Documento Personal de Identificación (DPI), declaración jurada que haga constar su sobrevivencia, que no goza de ninguna prestación o jubilación de parte de cualquier entidad pública y privada y que actualmente no esté prestando ningún servicio remunerado a estas instituciones.

Al ser declarado elegible para el programa, el Mintrab deberá enviar un trabajador social al lugar de residencia para verificar el estado de pobreza o pobreza extrema en el que se encuentra la persona.

Aunque la ley específica de este programa no establece el tiempo límite en el que el Mintrab debe responder a estas solitudes, la Defensoría del Adulto Mayor indica que de acuerdo al derecho de petición, no debería de pasar de 30 días.

“Este programa es importante para muchas de las personas con 60 años o más que no pudieron acceder a un trabajo les permitiera tener jubilación”, formal que dice Teresa Maldonado de la PDH.

Maldonado agrega que es importante dar a conocer este tipo de programas para que siga mejorando y aconseja a las personas que conocen a algún adulto mayor en situación de pobreza que las orienten para que puedan acceder a este aporte económico.

• Cuánto reciben. En 2022 se incrementó el apoyo económico para todos los adultos mayores y ahora reciben Q500 mensuales.
• A quiénes beneficia. Las personas que pueden optar a este bono son todos aquellos guatemaltecos de origen que tengan más de 60 años y que se encuentren en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
• Quiénes son los beneficiarios especiales. Los beneficiarios especiales son aquellas personas de más de 65 años que tengan alguna capacidad física, psicológica o sensorial y el Mintrab debe darles prioridad a ellas.
• A dónde ir. Los adultos mayores que deseen adherirse a este programa deben acercarse al Ministerio de Trabajo y si residen en el interior de la República, deben hacerlo a las oficinas del Adulto Mayor de su municipalidad.
• Requisitos. Los requisitos son identificarse con su DPI, hacer constar su sobrevivencia, no estar gozando de ninguna pensión o jubilación y someterse al estudio socioeconómico para verificar su situación de pobreza.
• Trámite gratuito. El trámite para solicitar este bono es gratuito y personal. La PDH aconseja a los adultos mayores no dejarse engañar por quienes les ofrecen agilizar este trámite.
• Aporte personal. El aporto económico se entrega a título personal y es intransferible. Tampoco será sujeto a ningún gravamen o deducción.
• Prohibiciones. Las personas que no podrán optar a este bono son aquellas que perciban ingresos iguales o mayores de Q500, que preste servicios personales, profesionales o técnicos en cualquier entidad pública o privada y que sean propietarios de inmuebles.

La desigualdad en Guatemala se ha entrañado en cada rincón del país que ya no sorprende ver condominios exclusivos cerca de asentamientos, por ejemplo. En países como este, cobra más sentido la frase que usan los criminólogos “si quieres conocer a un país, visita sus cárceles”.

Esta es una de las primeras reflexiones que lanza el experto Zoel Franco al hablar de la cárcel ubicada en Mariscal Zavala.

Fue hace 12 años cuando los ministerios de Gobernación y la Defensa suscribieron un convenio que les permitía usar instalaciones militares como centros de privación de libertad de personas que, independientemente de sus delitos, se encontrara en peligro su vida.

De esta forma se empezaron a adaptar espacios en las bases militares de Matamoros, en zona 1 y Mariscal Zavala, en zona 17, con la salvedad que esta sería una opción “temporal” para resguardar a este tipo de reos.

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El expresidente Alfonso Portillo fue quien estrenó el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17, al interior de Mariscal Zavala, cuando fue trasladado a esta brigada militar en agosto de 2010. Por al menos tres años, Portillo compartió celda con los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz.

De ser un centro de prevención donde se esperaba resguardar a 20 personas con perfiles acordes a criminales extraditables, narcotraficantes y funcionarios pasó a ser un mini refugio para más de cien personas de alto perfil como expresidentes y exministros de Estado señalados de actos de corrupción.

Pero lo que más llama la atención de este centro y que fue explicado en el reportaje publicado este 21 de febrero es la latente señal de privilegios y desigualdad que se vive en este lugar.

El exministro de Gobernación en el año 2010, Carlos Menocal, justificó el uso de terrenos militares para esta cárcel diciendo que necesitaban una prisión de mediana seguridad destinada para testigos claves o colaboradores eficaces y que sería administrada por el Sistema Penitenciario.

Sin embargo, su uso se desvirtuó desde el inicio al recibir al expresidente Portillo que no era ni testigo protegido ni colaborador eficaz.

“Con el tiempo, Mariscal Zavala cambió su destino y ya no se utilizó para colaboradores sino para procesados de cuello blanco como políticos, extraditables y narcotraficantes. Al ocurrir eso, ocurre todo lo que pasa en el Sistema Penitenciario que es la corrupción para permitir el diseño de infraestructura que no está en la ley y el ingreso de cosas ilegales” explica Menocal.

El exfuncionario agregó que la alta relación que existe entre los directores de los centros, los guardias y los reos favorece el clima de corrupción que se da en todas las cárceles del país.

No es únicamente Mariscal Zavala

Corinne Dedik, experta en derecho penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), explica que el caso de Mariscal Zavala no es ninguna excepción y esto se origina en que el SP no cumple con sus obligaciones.

“En las cárceles hay una infraestructura que no reúne los requisitos suficientes para albergar la cantidad de personas además los edificios ya están desgastados y obsoletos y lo que sucede es que los privados de libertad se empiezan a organizar para que ellos mismos trabajen en algunas mejoras y esto llega a diferentes niveles, desde reparar algo que no funciona a ingresar material de construcción como tablas yesos y baños privados para construir un mejor espacio y si se les permite hacerlo, obviamente lo van a hacer”, agrega Dedik.

Mientras que Dedik no ve el problema en la ubicación de esta prisión, el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Claverí menciona que nunca se debió contemplar una cárcel en una base militar.

“El primer gran error fue haber permitido que en una base militar se hiciera una cárcel pública. Lo que hay que tener claro es invertir dinero en las cárceles del país, pero con transparencia. El problema es que todo se convierte en negocio”, agrega.

Los privilegios y la desigualdad

Para Zoel Franco, quien es coordinador del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), agrega que la diferencia de esta prisión con el resto de las 20 que existen en el país, a excepción de la cárcel militar de Matamoros, es el perfil de sus reos que han generado riqueza a través de actos de corrupción.

“Si hacemos una comparación con los otros centros de privación de libertad, la población que está en Mariscal Zavala está vinculada a delitos del crimen organizado que generan mucha riqueza e ingresos económicos”, agrega.

Sin embargo, este no es el único poder que manda. Muchos de los privados de libertad manejan un poder político por el lugar que desempeñaban antes de ser apresados.

“Muchos piden ir directamente ahí, por eso se ha convertido en un centro de acogimiento de personas que tienen poder económico y político y eso no se ve en los otros centros donde el hacinamiento es mucho mayor”, agrega.

Para abordar los privilegios que existen en las prisiones del país, el SP solo debe cumplir con su trabajo, explica por su parte Dedik.

“Si lo vemos con el tema de la comida únicamente, si el SP estuviera sirviendo comida propiada en calidad y cantidad ahí sí podrían prohibir el ingreso de alimentos porque tienen un servicio que cumple con todos los requisitos y así se va con todo. El no cumplir con los estándares mínimos es lo que abre la puerta para que la gente que quiere y puede ingrese muchas cosas más que legalmente no podría”, agrega.

Para Menocal y Rivera Claverí, la solución pasa por una reforma profunda al SP, que desde el 2011 que se creó, nadie más ha querido discutirla.

“Al plantear una reforma hay que hacerlo a través de una comisión propuesta por el gobierno central, el Congreso y el Organismo Judicial para que sea integrada, pero deben haber acuerdos políticos que permitan entender que esto no se resuelve en 4 años, hablamos de 16 y 24 años”, agrega Claverí.

Sin embargo, el problema en términos generales para los entrevistados es la corrupción que abarca los diferentes niveles dentro del SP, desde los responsables de sector, los guardias, directores de centros hasta las altas autoridades de la institución.

“Se necesita un nuevo modelo penitenciario con control y mecanismos telemáticos que no permita ninguna relación con el personal  y con los privados de libertad, que sea cada vez más telemático y tecnológico”, agregó Menocal.

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Centro desbordado

Según una supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aunque Mariscal Zavala se creó temporalmente en 2010 para 20 personas privadas de libertad de alta peligrosidad en 2015 rebasó su capacidad y fue ampliado para atender a 135 privados.

En la última supervisión de marzo de 2020 había 218 hombres y en el espacio acondicionado para siete mujeres habían 27 y la mayoría de estas personas son exfuncionarios de gobierno que están en situación preventiva desde el 2015.

Según la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, luego de 2015, conforme se empezaron a enviar a personas vinculadas por corrupción, se desvirtuó el objetivo para el cual fue habilitada la cárcel y derivó en “desbordamiento o sobrepoblación del centro penal”.

“Como parte de los mecanismos de seguridad, se ordena el horario de las visitas y vigilancia perimetral para los privados de libertad que se encuentran recluidos en esta área. Son dos sectores, el sector denominado de Aislamiento, en donde se encuentra recluido el expresidente de la República Otto Fernando Pérez Molina, junto con otros privados de libertad de casos conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. En esta área conviven aproximadamente 30 privados y en el sector denominado Carpas los otros 180, siendo esta un área destinada para no más de 120”, dice el informe

Vulnerabilidades

Gerardo Villamar, defensor de los privados de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que, en general, las personas con menor poder adquisitivo son las que más precariedades enfrentan en las prisiones del país.

“Las personas con pocos recursos económicos son las que tienen más necesidades dentro (de los centros carcelarios). La población privada de libertad es como una sociedad en pequeño, solo que en custodia. Hay poca accesibilidad a servicios básicos para quienes no tienen poder adquisitivo”, explica el defensor.

Un problema, explica Villamar, es que los centros carcelarios no tienen la infraestructura ni cuentan con los suficientes guardias para albergar a los más de 24 mil personas que se encuentran en custodia a nivel nacional, ya sea a la espera de que se solvente su proceso judicial o purgando una condena.

Esto hace que el Estado incumpla con su obligación constitucional de respetar la dignidad de los privados y proveerlos de servicios básicos. A menudo, la posibilidad de vivir en condiciones dignas depende de si un privado tiene o no la capacidad de remunerar económicamente a los privados de libertad que ejercen el poder adentro, explica Villamar.

“Si no se tiene un centavo no se puede ir a tiendas a comprar nada. El que llega con plata vive mejor porque el control y manejo del centro penal no lo tiene la autoridad, lo tienen los privados de libertad. Si se llega a un sector de seis personas, y se encuentran 18 en un cuarto de cuatro metros cuadrados la persona tiene que pagar o se queda parada durmiendo. Hay gente que se amarra a las paredes porque el hacinamiento es tal”, dice Villamar.

Esto es de lo que no se ha podido escapar el Sistema Penitenciario, porque a pesar de tener a reos de alto perfil, sigue repitiendo los mismos vicios que en los otros centros carcelarios: sobrepoblación, hacinamiento, pérdida de poder y falta de control.

Guardan silencio

Se intentó obtener una opinión de las autoridades del Sistema Penitenciario respecto a los señalamientos, sin embargo, no respondieron a las solicitudes hechas por este matutino.

A través del análisis de los fallecimientos registrados durante los dos años de pandemia, ya sea por covid-19 o por otra causa, se puede lograr establecer el impacto que esta emergencia sanitaria tendrá en el país a largo plazo.

Uno de los efectos que costará mucho revertir, será el de la expectativa de vida del guatemalteco que si en 2011 era de 73.9 años, ahora bajó a 71.6 años. Además, que la mayoría de las personas que murieron en estos dos años corresponde a personas de 40 años, es decir, a quienes pertenecen a la población económicamente activa.

El estudio que midió el impacto de la expectativa de vida tras la pandemia es el publicado por la revista Genus, especializada en análisis demográfico, denominado “Investigación del exceso de mortalidad regional durante la pandemia del covid-19 de 2020 en países latinoamericanos seleccionados”.

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El guatemalteco Kevin Martínez-Folgar, candidato doctoral en Epidemiología de la Universidad de Drexler, Filadelfia, fue uno de los seis investigadores que participó en el estudio y en esta entrevista explica los hallazgos más preocupantes sobre el exceso de muertes en la pandemia y su impacto a largo plazo en el país.

¿Cómo explicar el exceso de muertes durante la pandemia?

Lo que hemos visto en el estudio es que antes fallecían más o menos 10 personas por cada 100 mil habitantes, a partir de junio la mortalidad se disparó hasta casi 17 por cada 100 mil habitantes y después de eso, los números nunca bajaron. Lo interesante es que muchas de las muertes no se registraron hasta casi 100 días después porque como todo cerró, hubo un retraso en el registro por parte del Renap. Este aumento solo habría sucedido con un evento como la pandemia porque los números de fallecidos son muy estables a pesar que en los años anteriores hemos tenido asesinatos, buzasos y demás, pero no salta tanto como por la pandemia. Otra cosa que vemos es el aumento de muertes que hubo en hombres y mujeres, pero fue muchísimo más muertes en hombres.

¿Esto responde a lo que se decía al inicio de la pandemia que el covid-19 afecta más a los hombres?

Yo tengo otra teoría en eso. No es que a los hombres les afecte más, sino que es por una exposición diferente al virus. Los hombres ocupan mayor parte de la población económicamente activa que las mujeres que tienen un rol más dentro de casa. Esto quiere decir que el hombre al salir a trabajar tiene mayor exposición al virus y por esto, tienen menos acceso a los servicios de salud porque vemos que en muchos centros de salud responden en horarios laborales, cuando los hombres están en el campo trabajando.

En el estudio también se detectó que están muriendo más personas en sus casas que dentro de los hospitales

Siempre han muerto más personas en sus casas que en los hospitales, pero vimos un pico mayor ahora por la pandemia. Antes fallecían en casa 6 personas de cada 100 mil, pero durante la pandemia logramos ver que hasta 11 personas por cada 100 mil morían en sus hogares. Desde octubre vemos que la mortalidad en los hospitales igualó a los números que habían antes de la pandemia, pero esto no quiere decir que está muriendo menos gente, sino que las personas prefieren morir en sus casas y la respuesta son las políticas públicas que evitan que la gente quiera ir a los hospitales. Vemos que los centros asistenciales no dejan entrar visitas, hay tantas restricciones que generan un estímulo negativo para que la gente no desee ir a los hospitales. Esto está pasando en estos dos años de pandemia.

¿Qué diferencias ha encontrado de los datos de 2020 donde había un exceso de 8 mil muertes, a los del 2021?

El exceso de mortalidad que teníamos en 2020 era de 17 por cada 100 mil y en 2021 vimos que llegó a 22 personas por cada 100 mil. Es decir que fueron muchas más muertes y vemos ahora que este exceso se dio en la mayor parte en las áreas rurales. Ahora vamos por las 15 mil muertes más en estos dos años de pandemia.

¿Este es un fenómeno que se ve en otros países?

Si, pero el problema es la magnitud. Hay países en los que es menor el exceso. Yo también hice otro estudio con Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Perú y vemos cómo varió entre países el exceso de mortalidad. Por ejemplo, en México el exceso fue mayor y en Chile fue menor. La diferencia con Guatemala es que nosotros tenemos una mortalidad basal muy alta, es decir que la gente se ha estado muriendo desde siempre y por muchas razones como la desnutrición, la mortalidad infantil y en la gente joven es muy alta y por diversas razones que otros países no tienen y el exceso de muertes en Guatemala los incluye a todos ellos también. No solo hablamos de covid, hablamos también de accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, desnutrición.

Con estos datos, ¿la expectativa de vida del guatemalteco cambió?

Si. La expectativa de vida baja bastante. Guatemala tiene la expectativa más baja entre estos países que es de 73.9 años y aun así con la pandemia perdimos 2.2 años, es decir que el guatemalteco promedio podría llegar a vivir 71 años y medio ahora. El panorama no es muy alentador.

En los primeros meses de pandemia la mortalidad bajó un 33%, es decir que al menos 3 de cada 10 muertes pueden prevenirse

 

¿En qué momento podríamos observar una disminución en el exceso de muertes?

Lo ideal es que se vacunen todos, pero que también se mejore la atención en los centros de salud. Pero es complicado, porque cuando hablamos de salud es todo lo que pasa afuera de los hospitales, es decir, cómo comemos, cómo vivimos, qué hacemos en nuestro día a día, eso determina si nos enfermamos o no. Pero de momento en el país no tenemos una ley de alimentación saludable para disminuir el consumo de alimentos procesados en niños, tampoco hay un plan activo de movilización en las ciudades, no hay ciclovías ni transporte público eficiente. Eso hace que la gente use más el carro, pase más tiempo sentado y más tiempo estresado, que disminuya el tiempo para su actividad física y que aumente su tendencia a padecer hipertensión, diabetes y otras enfermedades más. Si no tenemos políticas públicas que disminuya la ocurrencia de enfermos, no habrá sistema de salud pública que lo aguante.

Con este panorama ¿se hace irreversible la disminución en la expectativa de vida del guatemalteco?

Nosotros ganaríamos más vida si atacáramos las causas más grandes. Algo que me llamó mucho la atención y que no vimos en otro país fue el descenso de muertes a inicio de la pandemia. Esto significa que son muertes que se pudieron prevenir, por algo no pasaron y aquí no hablamos del enfermo crónico, sino de los accidentes de tránsito, los buzasos que no pasaron, los homicidios que no se dieron, ni los asaltos que terminaron con alguien fallecido y esto es bueno. En los primeros meses de pandemia la mortalidad bajó un 33%, es decir que al menos 3 de cada 10 muertes pueden prevenirse. Son muertes que pueden evitarse si creamos política pública.

Después de haber disparado contra dos personas en San Miguel Petapa, fue capturado Cristofer Adonaí Gutiérrez De León de 18 años, quien era buscado por el asesinato de otras dos personas en el mismo municipio.

Gutiérrez intentó darse a la fuga cuando se percató que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) observaron el momento en que disparó contra dos hombres de 36 y 28 años.

Gutiérrez es identificado como miembro de la Mara 18 y al momento de su captura le encontraron también una pistola Daewoo calibre 9mm con una tolva con dos cartuchos.

Según informó la PNC, a este mismo joven se le señala de haber asesinado a Élica Martínez y Juan Alberto Justo cuando se encontraban en las canchas de Guillén, en la zona 10 de San Miguel Petapa.

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La pareja se encontraba en el lugar el 12 de noviembre de 2021 viendo el juego de futbol de su hijo, cuando por los disparos quedaron tendidos en las gradas.

Por este caso, una menor de edad fue remitida a las autoridades por haber colaborado en el crimen.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó en un comunicado que debido a las condiciones atmosféricas adversas que hubo este domingo 13 de febrero, a eso de las 14.20 horas se reportó un tornado en Morales, Izabal, que generó daños a viviendas y comercios.

También se observaron desprendimiento de ramas de árboles.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó que al momento ubicaron 12 viviendas con daño moderado en techos y 60 personas afectadas.

Un carro sedán cayó a un río de aguas negras en zona 18 después de colisionar contra un pick up Ford, según informaron autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Esto sucedió en la aldea El Chato, camino a San José del Golfo en la zona 18 de la capital. Según se indicó, se reportaron varios heridos en el incidente.

@amilcarmontejo

Colisión de dos vehiculos en Aldea El Chato zona 18. PNC informó qué hay varios heridos. Vehículo cayó en un río, informó Julio Bantes. #Noticia

♬ Surrender – Natalie Taylor

De acuerdo con estadísticas oficiales, el sábado último dieron positivo de coronavirus 1 mil139 guatemaltecos en las pruebas realizadas en los diferentes laboratorios del país centroamericano. La cifra fue aún mayor el día viernes con casi 4 mil  nuevos casos.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en los últimos días ha aumentado la cantidad de personas que asisten a hacerse las pruebas debido a la presencia de la variante de ómicron, aunque el número de pacientes no se ha incrementado en la red hospitalaria debido a la vacunación.

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En un comunicado, el MSPAS explicó este domingo que a la fecha Guatemala ha vacunado con dos dosis a 5,4 millones de guatemaltecos y que la meta a inmunizar son 12,65 millones de habitantes.

Reconoce que “aún queda una brecha importante que alcanzar” con la finalidad de disminuir el riesgo de muerte o que los guatemaltecos se enfermen de gravedad con el virus de la covid-19.

Hasta el momento en el país se han realizado más de 3,75 millones de pruebas del SARS-CoV-2 con una proporción positiva del 19,6 por ciento.

El Gobierno que lidera el presidente Alejandro Giammattei sigue con las estrategias interinstitucionales, entre ellas la vacunación de casa en casa y en los más de 700 puestos de salud que tiene la nación centroamericana a nivel nacional.

Los casos

En 23 meses de pandemia, Guatemala ha acumulado un total de 735 mil 099 casos confirmados de coronavirus, de los que 669 mil 363 pacientes se han recuperado, 16 mil 637 han fallecido y 49 mil100 padecen de la enfermedad en la actualidad, según el último informe oficial.

La incidencia acumulada es de 4 mil 360,5 casos por 100 mil guatemaltecos, la tasa de mortalidad de 98,7 por 100 mil personas y la tasa de letalidad de 2,3 por ciento.

La mayoría de casos se han registrado en el departamento de Guatemala, que incluye la capital, según las estadísticas oficiales.

En este departamento, de los 22 que tiene el país, se han contabilizado 350 mil 249 casos positivos, de los que 318 mil 681 se han recuperado, 24 mil 363 están activos y 7 mil 205 han fallecido.

Mientras que la incidencia es de 9.962,2 casos por 100 mil guatemaltecos, la tasa de mortalidad de 204,9 por 100 mil personas y la tasa de letalidad de 2,1 por ciento.

El reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que el epicentro se registró a 71 kilómetros del las costas de Retalhuleu.

La magnitud de este sismo fue de 5 grados y se registró a https://twitter.com/insivumehgt/status/1492723291844489219?s=20&t=DpE20HxrVg0ykSjjcfCBnAlas 22:43 horas.

BOLETÍN SISMOLÓGICO

12 de febrero 2022

INSIVUMEH Prevención para una Mejor Nación #SomosINSIVUMEH #Guatemala #AccionesQueTransforman pic.twitter.com/UiuYAVLsno

— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) February 13, 2022

La Policía Nacional Civil capturó a un hombre que pretendía vender por las redes sociales una camioneta que compró seis días atrás con un cheque sin fondos.

Francisco Orellana, de 27 años, fue capturado en la calzada Justo Rufino Barrios en Jalapa.

Según detalla la denuncia que existe en su contra, Orellana compró una camioneta negra por Q35 mil el 6 de febrero. El dueño, al percatarse que el cheque con que le pagaron no tenía fondos interpuso la denuncia y alertó a la PNC.

Según indicó el dueño, el vehículo tenía un dispositivo de geolocalización por lo que facilitó dar con la ubicación. Según la PNC, Orellana pretendía vender el vehículo por las redes sociales, sin embargo la captura en su contra llegó antes.

Vendía vehículo en redes sociales que previamente había adquirido con un cheque sin fondos

Francisco Orellana, de 27 años, fue capturado, en la calzada Justo Rufino Barrios, Jalapa, según los agentes policiales Orellana, tenía en venta en redes sociales la camioneta P-663JNS pic.twitter.com/vPMsCH7bfR

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 13, 2022

Los nuevos criterios para medir el mapa de alertas ante el covid-19 fueron cambiados y socializados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 11 de febrero.

Tras esto, el mapa de alerta epidemiológica cambió y ahora muestra menos municipios en rojo y más en naranja; sin embargo, esto responde a que ahora el MSPAS no toma en cuenta únicamente la cantidad de contagios registrados en un municipio, sino que también incorpora el porcentaje de vacunación y de pruebas de diagnóstico realizadas.

El Laboratorio de Datos hizo un análisis sobre estos cambios en el semáforo de alertas y explica que con los criterios anteriores, 181 municipios en el territorio nacional permanecían con la alerta máxima. En cambio, ahora son 148, registrando un descenso del 20 por ciento.

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Como consecuencia de ello, los municipios en alerta naranja aumentaron de 85 a 170.

Sin embargo, que ahora haya más municipios en color naranja no quiere decir que los contagios de covid-19 hayan disminuido ya que este 12 de febrero se registró un nuevo pico de contagios.

Aunque ahora los hospitales no se han reportado colapsados por este aumento de contagios, el país registra en la actualidad 50 mil 269 casos activos.

“El avance en la vacunación al igual que el control de la pandemia, no depende de los municipios. Sino de lo que hace o deja de hacer MSPAS y gobierno central, que se concentran principalmente en áreas urbanas: esto distorsiona los criterios del semáforo”, explican.

Como un ejemplo de esta distorsión, dicen, está el municipio de Guatemala con la incidencia más alta de contagios, pero por tener el 95% de sus residentes vacunados se encuentra en color naranja.

Nuevos criterios para Semáforo #COVID19. Este incorpora %vacunación y tablero relaja medidas. Si aplicamos los nuevos criterios al periodo pasado (21ene-3feb) pasamos de 181 munis en ROJO a 148; 85 en NARANJA a 175; y de 74 en AMARILLO a 17. Se disminuye munis en rojo por 20%. pic.twitter.com/Oguf9pCNvG

— Labdatosgt (@labdatosgt) February 11, 2022

Escenas de dolor y desesperación se vivieron este martes después de que varias viviendas y negocios quedaran sepultados por un deslave en el centro de Colombia.

El derrumbe, causado por las fuertes lluvias, ha dejado al menos 15 personas muertas.

Ocurrió en Dosquebradas, un municipio del área metropolitana de la ciudad de Pereira, Risaralda, en la zona cafetera del país sudamericano.

Las autoridades reportaron que otras 35 personas resultaron heridas.

Las conmovedoras imágenes publicadas a lo largo del martes muestran equipos de rescate y miembros de la comunidad removiendo escombros, salvando mascotas y rescatando cadáveres.

Las fotografías muestran también cómo el lodo cubrió el frondoso follaje verde de la montaña.

Según relatos recogidos por el periódico colombiano El Tiempo, a las 6:26 de la mañana lodo, árboles y piedras sepultaron varias viviendas y negocios en el barrio La Esneda, en Dosquebradas.

“Cuando menos pensamos la casa empezó a temblar y sentimos los estartazos de las rocas, salimos a ver qué pasaba, pero no esperábamos una cosa de estas. Cuando vimos estaba el río desbordado, casas inundadas, otras en el piso. La gente empezó a gritar a pedir ayuda y alcanzamos a ver cómo eso se vino y tapó otras casas”, le dijo María Camila Restrepo a El Tiempo.

Las autoridades locales reportaron la evacuación de 52 viviendas ubicadas en la zona del deslave, donde también el río Otún se salió de cauce e inundó la zona.

Dosquebradas es un importante centro hidrográfico de Colombia. Deriva su nombre de dos riachuelos que se descuelgan desde la cordillera y que desembocan en el río Otún, uno de los principales de la región.

Frecuentes deslizamientos

Los deslizamientos de tierra son comunes en Colombia y las casas construidas en laderas empinadas corren un riesgo particular durante la temporada de lluvias del país.

El barrio La Esneda, por ejemplo, donde ocurrió el alud este martes, se encuentra incluido desde 1989 en una categoría de riesgo no mitigable, es decir que no hay manera de disminuir el riesgo para evitar un desastre, según le explicó la geóloga Deliana Cardozo Peláez al periódico El Espectador.

En 2019, un deslizamiento dejó al menos una treintena de muertos en la ciudad de Rosas, departamento del Cauca, al sur oriente del país.

Pero los deslizamientos más mortales de los años recientes fueron los que arrasaron Mocoa, en el sureño departamento de Putumayo. Hubo 322 muertos, 71 desaparecidos y más de 4.500 damnificados.

De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, esta es la peor tragedia en medio de la actual temporada de lluvias.

Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios publicadas por El Espectador este martes, indican que entre entre enero y noviembre de 2021, cientos de desastres naturales en Colombia dejaron 83 muertos, 133 heridos y 14 desaparecidos.

Los datos preliminares del Renap registrados en la primera semana de enero dan cuenta de 116 mil 995 defunciones durante 2021.

Aunque las muertes en el país ya habían representado un aumento en el caso de los homicidios, estos datos dan muestra que las defunciones por causas naturales también subieron con relación a los últimos dos años y muchas de ellas están relacionadas al contexto de la pandemia del coronavirus.

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Carlos Mendoza, analista de datos de la organización Diálogos explica que con las defunciones oficializadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se reconoce que hubo 576 muertes adicional por Covid-19 en el primer año de la pandemia, para los cuales no hubo identificación por medio de una prueba diagnóstica.

Esto representa casi un 8% de las 7 mil 428 reconocidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Sin embargo, aunque el INE oficializó más de quinientas muertes por covid, la organización Laboratorio de Datos hablaba a finales del 2020 de un exceso de muertes que rondaba lo 49 mil fallecidos.

Según explicaron, del 2015 al 2019 el promedio de fallecimientos era de 83 mil defunciones anuales, mientras que el 2020 cerraron con 97 mil 341 personas que murieron. Esta cifra aún se encontraba por debajo de las 116 mil que presentó el Renap para el 2021.

“Una cosa es lo que el Ministerio de Salud reporta que es el diagnóstico positivo y otra es lo que el INE reporta con el certificado de defunción que hace un médico”, explica Mendoza.

Debido a que el Renap sigue registrando defunciones durante enero y los primeros días de febrero, dice Mendoza, es posible que el número de defunciones sobrepase los 117 mil.

De esta forma Mendoza indica que el subregistro que existe en el Ministerio de Salud es porque sus datos se basan exclusivamente en el diagnóstico obtenido por una prueba de antígeno o PCR, sin embargo, entidades sociales y guatemaltecos particulares han denunciado en una bastedad de ocasiones la escasez de pruebas en diferentes momentos de la pandemia.

Por otro lado, los certificados de defunción que realiza un médico se basa en los síntomas que presentaba el fallecido al momento de morir e, incluso, el cuadro clínico familiar.

Aunque el INE aún no ha oficializado los datos del año 2021, Mendoza cree que las muertes no registradas por Salud se dupliquen para este 2022. “Estaríamos hablando de unas 1,272 defunciones adicionales, lo cual incrementaría la tasa de mortalidad de 97.3 a 103.3 por cada 100 mil habitantes, una tasa muy cercana a la estimada para Turquía”, indica.

Aunque el número de muertes en el país siempre sube debido al crecimiento orgánico de la población, Mendoza explica que del 2005 al 2019 la tasa promedio de fallecidos era siempre de 1.4%. En cambio, la tasa cruda de mortalidad para 2021 se ubicó en 6.8 por cada 100 mil habitantes.

“Creemos que hay muchas muertes que son naturales y que incluye indirectamente el covid. Por ejemplo, gente que descuida sus tratamientos de otras enfermedades crónicas y se mueren por eso, por temor de contagiarse por covid en los hospitales”, indica.

Según explica también el investigador guatemalteco Kevin Folgar quien estudia el exceso de mortalidad durante la pandemia, la importancia de analizar estos datos es para tener un panorama completo de lo que está matando a los guatemaltecos y que en cifras oficiales no se puede ver.

“El exceso de mortalidad proporciona una mejor manera de estimar el impacto general de la pandemia que las muertes confirmadas por covid-19 por sí solas que pueden estar subestimadas debido a la presencia de pruebas limitadas, efectos indirectos de mortalidad y cambios en otros factores ambientales”, indicó.

Poca vacunación

Estos datos llegan un año después que haya dado inicio la campaña nacional de vacunación contra el covid-19, sin embargo, tras 12 meses, la cobertura de vacunación con esquema completo alcanza al 42 por ciento de la población, dejando a más de la mitad de las personas expuestas aún al virus y a sus consecuencias.

Según la información oficial del tablero covid, casí la mitad de los fallecidos por el virus en estos dos años ha sido de personas que no se han vacunado.

Los accidentes de tránsito que suceden a diario ha sido durante los últimos años un riesgo más que deben tener presenten quienes viajan en carretera ya sea por trabajo o turismo.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de la PNC, el 39 por ciento de los accidentes ocurren en carretera, y la mitad de todos estos hechos ocurren en la ruta a occidente.

Hasta noviembre del 2021, alrededor de 927 camiones, tráilers, cabezales y demás transporte de carga estuvieron involucrados en hechos de tránsito, ocupando el cuarto lugar en la lista de tipos de vehículos que más se accidentan.

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Según el reporte de este observatorio, 809 camionetas y 240 buses se accidentaron en este mismo periodo de tiempo.

Esta peligrosidad la observan a diario los guatemaltecos que se movilizan por las carreteras del país y muchos de ellos han logrado captar en videos o fotografías la imprudencia de estos conductores que viajan a excesiva velocidad y manejando irresponsablemente.

Los videos que se suben a las redes sociales han servido para que las autoridades ubiquen al bus y lo sancionen. Las autoridades de tránsito también han habilitado distintos números de teléfono para poder hacer las denuncias.

Debido a que no es una única entidad la que vela por la seguridad vial en el país, existen cinco números telefónicos que pueden ayudar a la población a alertar a las autoridades sobre autobuses o transporte de carga que ponen en peligro a quien se conduzca en carretera.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) es la entidad que vela por la seguridad vial en todo el territorio nacional y quienes tienen el mandato legal de sancionar y capturar a los pilotos responsables.

Llamando a los números 52036339 y 48914618 se pueden hacer las denuncias, sin embargo, la atención es únicamente de 8:00 a 16:30 horas.

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) del Ministerio de Comunicaciones tiene mayor cobertura a través del 1520.

Según explicó la oficina de comunicación, el número está habilitado las 24 horas, sin embargo solo tienen presencia en carretera de 4:00 a 23:00 horas.

Aunque Provial no está capacitado para sancionar a los pilotos, sí pueden detenerlos en la ruta y coordinar una posible captura y sanción con la PNC.

“Hemos recibido denuncias de pilotos de transporte extraurbano por exceso de velocidad, aparente estado de ebriedad o maniobras indebidas y del transporte pesado nos denuncian mucho cuando vienen zigzagueando”, dice Juan Aquino, vocero de Provial.

Otra institución que habilitó un número de emergencias es la Dirección General de Transporte (DGT). Sin embargo, su capacidad de monitoreo es más limitada ya que no pueden sancionar a los pilotos y solo ven que los permisos estén en regla.

A través del 1532 se pueden hacer denuncias solo de 8:00 a 16:00 horas y con el whatsapp 32743345 pueden hacerse a cualquier hora.

“Aunque nosotros no vemos si el piloto viene borracho o manejando mal, si recibimos la denuncia y coordinamos con Provial o PNC”, explicó Héctor Ramírez, vocero de la DGT.

Lo importante, dicen las autoridades de tránsito, es tener a la mano el número de placa del vehículo, sus características y ser claros en qué kilómetro va transitando y hacia qué sentido.

1. Dirección General de Transporte. La DGT habilitó el número 1532 y el whatsapp 32743345 para denunciar al transporte que no cumple con los protocolos sanitarios por el covid-19. Pero funciona solo en horario de oficina.
2. Con el número 1520 puede recibir denuncias por exceso de velocidad, maniobras indebidas o manejar en estado de ebriedad. Atienden las 24 horas.
3. El Departamento de Tránsito de la PNC es la entidad que puede detener y sancionar al transporte de carga y de pasajeros. Los números de atención son 52036339 y 48914618, solo en horario de oficina.
4. Número de placa. Es importante que la persona que vaya a denunciar sepa cuál es el número de placa del vehículo y sus características para que pueda ser identificado.
5. Cómo veo el número de placa. Si la persona no se percató de la placa al momento de subir al bus, pueden fijarse si pegaron una calcomanía con el número de placa que se pega en la puerta de ingreso o en alguno de los vidrios de adelante.
6. Fotos y videos. Las autoridades recomiendan tomar fotos y video para sustentar la denuncia y enviarlas por whatsapp a los números que sí lo permiten.
7. Demás datos. Además del número de placa, también es importante ser precisos de qué empresa de transporte es el bus donde se viaja, en qué kilómetro van y hacia qué sentido para que las autoridades puedan intervenir a tiempo.
8. Redes sociales. Además de hacer las denuncias ante las autoridades, siempre se recomienda hacerla en cualquiera de las redes sociales y etiquetar a las instituciones correspondientes para agilizar la atención.

Aunque la pandemia del covid-19 obligó a que muchos colegios cambiaran sus formas de impartir clases y algunos tuvieron que cerrar por poca matrícula, hubo otros que siguieron funcionando pese a que ya habían pedido su cierre por irregularidades en años anteriores

Este es el caso del Liceo Mixto Privado Senderos para la Vida que se ubica en Chisec, Alta Verapaz. Sobre este colegio pesan denuncias por retención de documentos y desde hace algunos años, se había solicitado el cierre, sin embargo, sigue funcionando.

El propietario de este centro educativo es Miguel Ángel Caal Max, persona conocida por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.

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En junio de 2014, Caal Max junto a otras 11 personas fue capturado en el caso denominado Educación y Corrupción. Según explicó el Ministerio Público, en la Dirección Departamental de Alta Verapaz, detectaron una red ilícita que se dedicaba al cobro ilegal de comisiones.

Este hallazgo fue “accidental”, explicó uno de los agentes a cargo de la investigación, ya que estaban dándole seguimiento a unas escuchas telefónicas relacionadas a extorsiones cuando se percataron que en Alta Verapaz había un grupo de personas pertenecientes a la dirección departamental que habían conformado un grupo delictivo.

De esta forma lograron establecer cómo trabajadores de la institución cobraban entre Q200 y Q10 mil por acelerar trámites de jubilación o solicitud de reubicación de docentes. Caal Max era el enlace externo quien se encargaba de contactar a alguien dentro de la dirección departamental.

El caso se cerró el 21 de mayo de 2020. Los acusados reconocieron su responsabilidad y acordaron pagar entre todos una cantidad de Q114 mil para la reparación de escuelas públicas ubicadas en el departamento. Esta medida desjudicializadora fue una propuesta de la defensa que el MP no tuvo problemas en aceptar “por lo engorroso del proceso”.

De esta forma, Caal Max regresó al colegio del que es dueño pese a que años antes se hizo una solicitud para su cierre, según explicó el supervisor municipal de Chisec, Elder Coy.

“Desde hace un par de años le solicité a la Dirección Departamental que ya no le renovaran la licencia para funcionar. Hay denuncias por no entregar papelería, por extraviarla, por cobros no autorizados, pero algunas son difíciles de comprobar si las personas que denuncian lo hacen solo de forma verbal”, explicó Coy.

El caso de una adolescente que estudió en el liceo desde 2018 es un ejemplo de estas denuncias. Ella estaría cerrando la carrera de Perito Contador gracias a que una familia le subsidia sus estudios, ahora dice ser amenazada por el señor Caal Max.

En la queja que presentó al Ministerio de Educación y en la denuncia hecha al MP detalla que desde el año 2018 se inscribió en dicho liceo para estudiar básicos, en el 2020 siguió la carrera de Perito Contador y en 2021, al terminar el Quinto Perito le pidió sus resultados académicos a Caal Max quien se negó a dárselos.

“Dijo que no tenía mis resultados y que ni siquiera me inscribió en la plataforma del Ministerio de Educación, dijo que extravió mi expediente original. Todo el 2020 y 2021, asistí a clases, pasé mis exámenes, pagué las cuotas mensuales establecidas y compré los folletos que tenían un costo de Q75 cada dos semanas”, se lee en la denuncia.

Según la estudiante, esto ha sucedido con varios compañeros y a pesar de existir denuncias contra este centro educativo, la Dirección Departamental no ha cerrado el establecimiento.

El supervisor municipal comentó que el liceo tiene autorización para impartir clases a nivel diversificado únicamente, por lo que los grados de básicos no están autorizados.

Según comentó Edgar Chen, el actual director departamental, están esperando el informe de la comisión que se creó para ver el caso.

Chen asumió el cargo en diciembre de 2021 y aunque ya había estado en el puesto antes, aseguró que no conocer a Caal Max y que no sabe nada del caso Educación y Corrupción, en el cual la propia dirección departamental accedió al pago de los Q114 mil para eximir a los señalados por cobros ilegales.

Más denuncias

Solo en Alta Verapaz se presentaron 107 quejas contra instituciones privadas en el año 2021. Chen explicó que de ellas 76 ya fueron resueltas y que las últimas quejas eran las relacionas a cobros por clausuras y quejas contra directores.

Solo en el año 2020 y 2021, el Mineduc recibió 2,184 quejas contra centros educativos privados y por cooperativa. Siendo las prácticas administrativas deficientes unas de las más recurrentes que fueron 353 en 2020 y 387 en 2021.

Entre otras de las denuncias que prevalecen son la de cobros o contribuciones adicionales, infraestructura y equipamiento, condiciones pedagógicas deficientes, incumplimiento a la normativa, violencia y discriminación.

En una mañana tranquila que advertía la presencia de pocas personas en la Casa del Migrante que buscaban un poco de atención en su paso por esta capital, se encontraba el padre Francisco Pellizzari, el nuevo director de esta casa quien llegó los primeros días de enero al país, en sustitución de Mauro Verzeletti, quien estuvo en Guatemala durante 23 años.

Pellizzari pertenece a la orden de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos desde hace más de 30 años. Argentino, de padres italianos, inició con su misión en San José, California en Estados Unidos.

De forma paradójica, Pellizzari tuvo sus primeros acercamientos con la migración en el continente americano en el lugar de destino que muchos centroamericanos elijen. Luego, se trasladó a México donde estuvo por 15 años en ciudades como Nuevo Laredo, Agua Prieta (Sonora), Ciudad Juárez y, por último, en Guadalajara.

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Del 2010 al 2013 estuvo en Guatemala donde solicitó tener presencia en la Fuerza Aérea para ayudar a quienes deportaban. “Con la Organización Internacional para las Migraciones y Flacso, empezamos a recibir a los migrantes que llegaban en tres o cuatro vuelos semanales, no es como ahora y eso me tocó hacerlo en Guadalajara también cuando Estados Unidos empezó a deportar vía aérea a los mexicanos para alejarlos de la frontera”, cuenta.

Con la experiencia de atención al migrante en el lugar de destino y a su paso por territorios como el mexicano y guatemalteco, Pellizzari hace una reflexión de cómo este fenómeno se ha vuelto más violento y cruel.

En estas pocas semanas que lleva en Guatemala, ¿Ha visto cambios en el perfil del migrante como al que conoció hace 10 años?

Si, las olas de flujos migratorios hace 10 años no existían o no eran tan visibles. Las caravanas, la presencia de migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y otros lugares que anteriormente se veían pero muy raramente. Esa es la novedad, a veces son flujos espontáneos y otras veces motivados por redes que fomentan el camino. La historia nos enseña que cuando un país llega a un nivel económico estable que permite vivir de manera digna, no hace falta construir muros porque la gente no quiere salir. El migrante no es un aventurero, no es una persona que busca nuevos nidos porque le encanta cambiar, es una persona expulsada por diversos fenómenos. Pero esto toca algunos intereses partidarios y sectoriales y por eso siempre se dan soluciones parciales. En nuestras casas del migrante hemos tenido un cuidado enorme con este fenómeno del coyotaje por los migrantes que muchas veces son estafados o motivados por falsas promesas. Es interesante porque esta realidad nos hace regresar a los orígenes de nuestra misión. Nuestro fundador, hace 130 años, llamaba a los coyotes traficantes de carne humana al referirse al fenómeno migratorio que acontecía en Europa y ahora aparece esta realidad que se va perpetuando, así como se perpetúan los motivos y las causas. Leemos los textos de ese tiempo y nos hace pensar que estamos leyendo crónicas de ahora, pero ahora vemos cómo la violencia y la crueldad se filtra en los movimientos migratorios que hace mucho más complejo y difícil la intervención.

Hace 40 años se hablaba del coyote como el guía de los migrantes, ahora es un mercenario pagado al que no le importa nada”.

Si en la casa del migrante antes podías abrir las puertas, ahora tenemos algunos filtros de seguridad, tomamos los datos y sacamos la foto de la persona, por si después desaparece aquí tenemos la posibilidad de poder tener al menos el registro de su paso. También tenemos casos de que cuando son coyotes, estos filtros previenen de que ellos vengan si no quieren ser controlados. En ese tiempo, esto no existía, por eso hablo de un fenómeno más complejo que requiere una respuesta más elaborada y apropiadas a esta realidad.

¿Ustedes se han visto amenazados directamente por esta violencia y criminalidad que rodea la migración?

En general podemos decir que cuando se interviene en defensa del migrante hasta que se toca ciertos niveles medios bajos, no hay problema. Nos dejan hacer. Pero cuando se comienzan a tocar a esferas un poco más altas, comienzan las amenazas y chantajes, incluso a nivel de gobierno. Eso nos pasó en Ciudad Juárez cuando hicimos una denuncia contra la policía municipal que abusaba de los migrantes, la semana siguiente llegaron los de salubridad a inspeccionar nuestra casa para saber si estaba en condiciones para hospedar gente y por supuesto que no teníamos todas las condiciones, si ni siquiera ellos tenían eso. En Nuevo Laredo tuvimos amenazas muy fuertes y directas de parte de la criminalidad organizada, llegaban a la puerta criminales armados para poder sacar a algunas personas que según ellos habían entrado, pero nosotros mantuvimos la línea y decíamos “aquí de esta puerta no se pasa”. Mantener firme esa presencia llega a dar cierta autoridad moral, me imagino que ellos prefieren no hacer tanto problema y dejarnos trabajar. Pero la responsabilidad directa y mayor es de las autoridades, cuando se hace una obra de asistencia y de respuesta al fenómeno migratorio adecuada y profesional, la migración se queda como un fenómeno y no como un problema. El migrante se vuelve una persona en tránsito y no un delincuente o alguien que molesta a la sociedad y eso depende de los gobiernos.

Usted viene cuando el Congreso de la República, a pedido del Presidente Alejandro Giammattei, aprueba sanciones más drásticas contra los coyotes. ¿Cómo ve eso?

El coyotaje es una injusticia sobre otra injusticia porque sabemos que es una criminalidad que existe y que no es nueva, pero es interesante cómo la voz de un migrante en nuestra casa nos dijo: “sin ellos nosotros no podemos movernos, estamos atorados, necesitamos servirnos de ellos”, el problema es que, por esta necesidad, son los coyotes los protagonistas de crímenes y de situaciones difíciles de crueldad. Me acuerdo de que hace 40 años se hablaba del coyote como el guía de los migrantes, ahora es un mercenario pagado al que no le importa nada los migrantes. Por supuesto, criminalizar y perseguir a estas personas me parece que es uno de los puntos que hay que intervenir, pero no es el único ni es la solución.

Viendo esto, junto con los accidentes en carretera donde han muerto miles de migrantes, el flujo de deportados que aumenta y que ninguna de estas situaciones hace prevenir la migración como a las autoridades les gustaría pensar. ¿Podríamos decir que el precio de la migración ha aumentado?

Si, estamos hablando de que, si no hay una estrategia de intervención desde la raíz, las otras cosas son paliativas y al mismo nivel podemos poner los muros de Estados Unidos. Los migrantes tienen dificultad de entrar a las ciudades fronterizas y lo que hacen es ir a otros lugares donde podrían correr más riesgos. Los flujos migratorios no se detienen quitando los coyotes en el camino, ellos seguirán con o sin coyote, con o sin muros, y lo que pasa con esto es que pagan el precio los más débiles. Muertes, personas accidentadas, violadas y la problemática se hace cada vez más compleja.

¿Qué implica su llegada al país?

Continuar con la obra de los Scalabrinianos. Es importante conocer que quienes estamos al frente somos personas de paso y somos personas respaldadas por nuestra comunidad. Yo soy lo visible de la comunidad religiosa, pero somos todos los que estamos trabajando, aquí hay otros cuatro sacerdotes que se encargan de otras realidades.

En grupos de whatsapp, en redes sociales y hasta en correos promocionales se pueden conseguir una variedad de pruebas caseras para la detección del covid-19.

Desde el año pasado, estas pruebas se empezaron a vender en territorio guatemalteco. Al inicio surgían dudas sobre cómo funcionaban, pero ahora su uso es cada vez más generalizado aunque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) asevera que ninguna de las marcas que se venden en el país cuentan con la autorización legal respectiva.

“Son efectivas y te alivian un montón porque evita que vayás a los centros de salud donde sí te podrías contagiar por la cantidad de gente que llega” compartió Claudia Cruz, quien dijo que la prueba la consiguió en Marketplace a Q300 el paquete de dos pruebas de hisopado.

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Este espacio creado por la red social Facebook, ofrece una cantidad de productos a la venta, incluyendo productos médicos.

Cruz asistió a una boda días antes y comentó que en la celebración también se estaban haciendo este tipo de pruebas a todos los invitados con un rango de espera de 15 minutos.

Es así como precisamente se presenta la publicidad de este tipo de productos, que, por no contar con la autorización de Salud, se mueven sin ninguna limitante en el mercado negro.

“¿Planea reunirse con familiares, colaboradores o amigos? Ya sea que viaje o tenga visitas en casa, debería considerar agregar pruebas caseras de covid-19 a su lista de compras” narra un anuncio publicitario que es enviado a través de correos masivos, en donde dicen que aceptan tarjeta de crédito y proporcionan un número de Whatsapp para solicitar más información.

Sin regulación

Aunque en la publicidad de este tipo de pruebas señala que cuentan con la autorización del Ministerio de Salud, la cartera desmintió esto. Según respondió el Viceministerio Técnico, aunque estas pruebas son confiables, ninguna de ellas está autorizada para su uso en el país y hasta el momento no tienen contemplado facilitar ningún registro sanitario. “El uso de estas pruebas es un acto ilícito y no son permitidas en Guatemala”, respondieron.

En Estados Unidos, la agencia encargada de la administración de medicamentos y alimentos (FDA por sus siglas en inglés) ha autorizado al momento 17 marcas diferentes de pruebas caseras y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también las recomienda como parte de las medidas para la reducción de contagios.

La oferta de este producto ha crecido por la rápida propagación de ómicron y los guatemaltecos siguen reclamando que el Ministerio de Salud limita el número de pruebas que se hacen por día, provocando que en los centros de salud las colas de quienes quieren saber si tienen covid-19 sean extensas y empiecen a formarse desde horas de la madrugada.

Esto provocó que el 20 de enero, las autoridades emitieran una circular a los centros de salud donde ordenan que las pruebas deben realizarse sin limitante alguno.

En los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022, cuando ómicron ya estaba presente, Salud realizó un total de 460 mil 869 tamizajes, de los cuales 71 mil 854 resultaron positivos. Sin embargo, los diagnósticos se concentran en las áreas urbanas.

Debido a que la población urbana con cierto nivel adquisitivo es quien puede adquirir las pruebas caseras, el director del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde, indicó que estas podrían ayudar a descentralizar los diagnósticos que hace salud pública y dirigirlos a las áreas rurales.

Sin embargo, Conde enfatizó en que es importante que estas tengan un registro sanitario vigente en el país que autorice su uso.

“Todas las pruebas que se usan a nivel de laboratorios y con reactivos deben funcionar con un registro sanitario del Ministerio de Salud que nos garantice quién las está vendiendo. Como es algo que no está regulado, no sabemos quién las vende o si se trata de pruebas falsas” indicó.

A decir de Conde, lo que provoca el uso de estas pruebas es que baje el reporte de los casos positivos y que suba el subregistro, evitando que se logre monitorear el impacto de la pandemia.

Asimismo, alertó que hay pruebas que se consiguen en el mercado y que no son buenas diagnosticando el covid-19, como las pruebas de saliva que tienen una baja sensibilidad de detección.

“Si el ministerio las registra, hay que tener alguna logística en informática, una página de internet o algo así que nos ayude a reportar los casos positivos. Desde el Laboratorio Nacional lo que podemos hacer es pedirle al ministerio que nos permitan hacer una verificación de estas pruebas para saber si funcionan, su porcentaje de sensibilidad y así recomendarles a los usuarios qué marcas sí pueden usar”, agregó.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada en 2008 y aunque es conocida por ser usada especialmente por periodistas, también es una herramienta que facilita el trabajo a investigadores, académicos y estudiantes.

Al saber utilizarla, esta ley también puede ayudar a la fiscalización de las autoridades locales y nacionales por parte de la ciudadanía, amparándose en el derecho de acceso a la información pública que es considerado un derecho de nueva generación.

“Información pública será toda la información que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración”, explica el decreto 57-2008.

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Pese a que en los últimos años las autoridades de gobierno se han amparado en esta ley para retardar la entrega de información, sigue siendo un instrumento de valor, explica el experto en información pública, Silvio Gramajo.

“Ayuda muchísimo a la investigación. Todos los reportajes de investigación que uno lee se logran gracias a los datos que uno no podría obtener de otra forma”, indicó.

Gramajo explicó que antes de hacer una solicitud de información, es importante saber qué son datos personales y datos sensibles ya que la ley prohíbe compartir esta información.

Además, la ley también establece qué es información de oficio que debe tener pública cada institución del Estado y que generalmente está publicada en la página web. A esto se refiere directorio de empleados y servidores públicos, información del presupuesto, informes mensuales de ejecución, contrataciones de bienes y servicios, listado de viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos, listado de asesores con sus respectivas remuneraciones, entre otros.

La autoridad reguladora de esta ley es la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) que pertenece a la Procuraduría de los Derechos Humanos y quien debe supervisar a los sujetos obligados.

La ley señala que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

También establece sanciones a los funcionarios que no entreguen la información, quienes comercialicen con datos personales, alteren o destruyan información en archivos o revele información confidencial o en reserva.

Cosas a tomar en cuenta:

• Antes de hacer la solicitud, es importante verificar que la información que se desea pedir no sea de oficio, porque de ser así debe estar en la página web de la institución.
• La Unidad de Acceso a la Información Pública de cada entidad tiene como deber ayudar al solicitante a saber cómo pedir la información en caso así se requiera, para garantizar que se haga de una forma clara y precisa.
• Las solicitudes pueden hacerse de manera escrita, verbal y electrónica y la Unidad de Acceso debe entregar una constancia de recibido donde se establezcan los plazos de entrega.
• La ley establece que los datos que el solicitante debe presentar son nombre completo y datos de contacto (teléfono y dirección electrónica).
• La Unidad de Acceso no debe exigir que se manifieste el interés de por qué se requiere la información, ya que su obligación es facilitarla.
• El solicitante no debe realizar ningún pago para que la información sea entregada ya que la ley establece el principio de gratuidad.
• El tiempo de respuesta es de 10 días hábiles como máximo, pero la autoridad puede solicitar una única ampliación de 10 días más para responder.
• Si la autoridad no entrega la información que se requirió, el solicitante puede presentar un recurso de revisión.

Con un “gracias a Dios y al Dr. Giammattei por la oportunidad de dirigir el Mingob” el entonces ministro de Gobernación, Gendri Reyes, anunció su salida de la cartera y dando paso al nombramiento de David Napoléon Barrientos Girón, exjefe del Estado Mayor de Otto Pérez Molina.

Reyes es el tercer ministro de Gobernación que ha tenido Alejandro Giammattei en sus dos años de gobierno y es el único ministro que deja una tasa de homicidios más alta de la que recibió al llegar.

Contradictoriamente a este dato, también es el que tuvo más agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprestos para la seguridad ciudadana.

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Según un dato compartido por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), del 2017 a 2021, la PNC ha duplicado el número de agentes de la PNC que hay en el país. En 2017 había 19,748 policías y en 2021 llegaron a ser 41,680 agentes.

Sin embargo, para el analista Carlos Mendoza, resulta ser un mito que, entre más policías, más seguridad.

Reyes tomó el cargo el 19 de noviembre de 2020, siendo su primera acción pública la autorización de la fuerza desmedida de los agentes de la PNC en las manifestaciones del 21 de noviembre en Centro Histórico de la capital. Hecho que le provocó una interpelación en el Congreso de la República por parte de las bancadas opositoras.

Las acciones de Reyes durante estas manifestaciones no es su único legado y será recordado también por ser el primer ministro en dejar una tasa de homicidios más alta de la que recibió en los últimos diez años.

Mendoza, quien pertenece a la organización Diálogos, explicó que fue Carlos Vielmann (2004-2007), durante la presidencia de Óscar Berger, quien disparó el número de muertes violentas. “Ahora sabemos que fue por la política de ejecuciones extrajudiciales que tenían y con Adela Torrebiarte vemos que baja la violencia por primera vez”, explica.

Después, en el gobierno de la UNE, también se generaron varias olas de violencia y fue con la llegada de Carlos Menocal (2010) que la tendencia empezó a cambiar, dice.

“Los siguientes dos gobiernos se beneficiaron con esta tendencia y aunque pensamos que con Enrique Degenhat, al destituir a la cúpula policial, esto iba a cambiar, no fue así y siguió bajando”, agrega Mendoza.

Pero para el 2021, año en el que estuvo Reyes, la tendencia cambió y por primera vez se registró un aumento en los homicidios. Al ajustar las cifras de la última década con el tamaño de la población, la tasa pasó de 15.2 a 16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto sería un aumento de tasa del 9%.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también reportó un aumento del 17% en las necropsias realizadas en 2021 referentes a homicidios, mientras que la PNC también reportó un aumento del 10% en las muertes violentas de hombres y un 15% en las de mujeres.

También robos y extorsiones

Según el informe presentado por CIEN en los primeros días de este año, las denuncias de delitos se incrementaron en 2021, siendo la mayoría por extorsión, robo de vehículos, motocicletas y viviendas.

El CIEN detalló que durante el 2021 hubo 257 denuncias más que las que se registraron en 2020 por extorsiones.  Además que las cifras de denuncias de robo de vehículos de dos y cuatro ruedas, tendían a la baja desde 2016 pero en 2021, ambos aumentaron un 21% respecto a las cifras del año 2020.

“Mi evaluación de este ministro saliente es negativa porque nunca se conoció que tuviera una política de seguridad ciudadana o prevención del delito y la violencia. Solo vimos que recurría a los estados de sitio que no resolvieron nada y que entre los resultados eran las incautaciones de pequeñas cantidades de droga y capturas a delincuentes rasos”, indicó Mendoza.

Los antecedentes de Reyes

Giammattei inició su gobierno con el militar retirado Édgar Godoy Samayoa quien estuvo al frente de la cartera poco más de cuatro meses (146 días), sin embargo, renunció por quebrantos de salud que finalmente le costaron la vida el 22 de abril de 2021.

Luego, asumió el exdiputado del Partido Patriota (PP), Oliverio García Rodas quien estuvo al mando casi el mismo tiempo que Godoy, 153 días, pero que también renunció por desacuerdos con Giammattei.

Dos semanas después, Reyes, que fungía como viceministro de Seguridad, fue juramentado como jefe de la cartera. En una citación en el Congreso, cinco días después de este nombramiento, se dio a conocer que el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, pidió la remoción de Reyes por apropiarse de Q650 mil en viáticos que pertenecían a agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).