A septiembre, la brecha era de Q3 mil 620 millones, y autoridades de la SAT ya adelantaban que se cerraría el año con Q4 mil 500 millones.

La recaudación tributaria acumulada de 10 meses quedó en Q42 mil 595 millones, 8.1% por debajo de la meta de ingresos por impuestos para este año.

Esta cifra también refleja que se está solo 1.5% arriba de los Q41 mil 945.9 millones que se recaudaron en el mismo plazo del 2014.

En el comercio exterior, por el IVA importaciones han ingresado Q10 mil 453.9 millones, 9% por debajo de lo programado para el año y 3.5% menos de lo recaudado en el mismo plazo del 2014.

En los tributos internos, por ISR se reportan ingresos de Q11 mil 961.7 millones, 4% por debajo de la meta para este plazo del año, y también 4.3% menos que lo logrado a octubre del año pasado.

La recaudación por regalías e hidrocarburos llegó a Q200.5 millones, una baja de Q793 millones, es decir 79.5% menos, y respecto del mismo plazo del 2014 la caída es de 62.4%, indica la SAT en su reporte.

En el impuesto de salida vía aérea también está por debajo de la meta para este año en 4.3%.

A partir del 1 de noviembre pasado, el Inde, aplica un cambio al aporte extraordinario para subsidiar energía a los segmentos que consumen de 1 a 100 kilovatios hora al mes (kWh). Con esos cambios el beneficio se redujo a 421 mil usuarios.

El Ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, dijo que la decisión no la tomó el consejo directivo actual, al cual él se integró la semana pasada, sino que fueron las autoridades anteriores y que la decisión se tomó hace varios meses.

Méndez indicó que el mandatario se comunicó ayer con él, a quien le explicó que se enteró del cambio la semana pasada; sin embargo, dijo que representantes del Estado en dicho consejo (él, el ministro de Energía y el representante de Segeplan), propusieron aplazar el cambio por un mes pero les hizo falta un voto para obtener mayoría.

Prensa Libre, se comunicó con Jorge Stalling, gerente del Inde, quien afirmó que la decisión se aprobó en agosto pasado. En ese entonces, Méndez Herbruger y Juan Pablo Ligorría, actual ministro de Energía no ocupaban cargos en el Inde.

Stalling dijo que ayer por la tarde enviaron al presidente Maldonado un informe al respecto y este se complementará hoy.

El gerente agregó que la medida fue revisada por el consejo directivo como lo solicitó la distribuidora Energuate, pero la postura se mantuvo con base a aspectos técnicos.

Entre estos, se analizaron, los problemas que enfrenta el Inde debido al déficit de lluvia que este año impactó al país, lo cual ha derivado en la reducción de generación de energía y por ende en una de baja los ingresos, además de que algunas municipalidades mantienen deudas millonarias con ese instituto.

El Inde es un ente autónomo que en la actualidad provee el 40% del total de la demanda de energía para Tarifa Social y paga el subsidio extraordinario.

Prefiere no opinar

Jimmy Morales, presidente electo y quien se reunió ayer con el gobernante, prefirió no opinar al respecto, y se limitó a decir que personal especializado hará un estudio y más adelante se pronunciarán para poder “tomar una disposición”.

Morales y Maldonado se reunieron ayer en la Casa Presidencial para hablar del proceso de transición.

En desacuerdo

Energuate, propietaria de Deocsa y Deorsa, mantiene su desacuerdo con la medida.

La vocera de la firma, Lorena Flores, dijo que están en disposición de atender cualquier requerimiento del Presidente de la República o autoridades correspondientes que permitan analizar el impacto y el alcance del cambio y “encontrar alternativas que no afecten de forma drástica a los usuarios”.

En un documento que la distribuidora socializó hace varias semanas advertía que la medida aumentaría la conflictividad en varias áreas del país.

Con la reestructuración, 421 mil usuarios (229 mil de Energuate y 192 mil de Eegsa), que consumen de 76 a 100 (kWh) percibirán un alza.

Ese segmento pagaba Q0.75 por kWh al mes pero a partir del 1 de noviembre los usuarios de Deocsa tienen un alza Q0.12 por kWh cada trimestre hasta llegar a Q1.71, mientras que para Deorsa, será de Q0.11 para llegar a Q1.65.

En el caso de Eegsa el aumento será de entre Q0.03 y Q0.04 por kWh cada trimestre, hasta llegar a Q1.14.

La medidas, según el Inde beneficiará al segmento de los 58 kWh y al que se cobrará Q0.50 y de 59 a 75 kWh el cobró seguirá en Q0.75.

Ahora también se cuestionan otras medidas como la contaminación de un río en Escuintla, la retención de periodistas por casi una hora y enfrentar críticas porque no logra cumplir con su contrato de suministro a Energuate con su generación propia.

La planta de generación de energía con carbón mineral es uno de los proyectos más grandes de Centroamérica, y será la generadora más grande del país con 300 megavatios (MW). En este, según la propietaria de esa compañía, se han invertido US$900 millones; sin embargo, su proceder presenta irregularidades.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) denunciaron que la empresa usó una red de tráfico de influencias para beneficiarse.

Su gerente general, el peruano Ernesto Córdova, quien tiene orden de captura, solicitó a un intermediario privilegios por medio del ex secretario general de la Presidencia y yerno del mandatario, Gustavo Martínez.

La empresa, por medio de Martínez, buscó poner en la agenda presidencial su caso, evitar el cobro de una garantía y hasta evitar la llegada del cónsul de China Popular a un albergue de ciudadanos chinos que trabajaban en la construcción del proyecto.

Para ello, la empresa pagó sobornos por US$120 mil a Martínez.

Desde el 2013, la Jaguar Energy tiene problemas con una empresa china, la que la acusó de incumplimiento de pago de un crédito en el cual la garantía eran sus activos aquí. Ese caso la ha obligado a enfrentarse en un arbitraje internacional donde demandan US$300 millones.

A la polémica se suma la denuncia, el viernes último, de los vecinos en la aldea San Miguel Las Flores, Masagua, Escuintla, quienes refieren que cientos de peces y crustáceos han muerto en el río La Mora y señalan que la empresa generadora lavó sus calderas y lanzó residuos al río.

El sábado último, luego de una manifestación de vecinos frente a la planta, guardias de Jaguar Energy retuvieron a Carlos Paredes, corresponsal de Prensa Libre, y a otro periodista, con el argumento de que estaban en propiedad privada, cuando los reporteros querían llegar al foco contaminante.

Para ser liberados los hicieron firmar un finiquito para no presentar cargos contra esa empresa ni exigir pagos de costas.

El obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma, dijo ayer que las empresas instaladas deben asumir su responsabilidad social y usar los recursos naturales con responsabilidad.

La empresa en un comunicado expresó que toman en serio las investigaciones de la Cicig y del MP, y agregó que “no condona ni avala actividades al margen de la ley”, aunque no informó el paradero de su gerente y si este sigue en el cargo.

En Chimaltenango se aprobó la condonación del cien por cien de las multas, siempre y cuando los contribuyentes paguen el impuesto pendiente entre el 10 de julio al 10 de octubre próximo, según el acta 49-2015.

En el caso de San José Pinula (municipio del departamento de Guatemala), la exoneración es del cien por cien y el plazo es desde el 7 de julio hasta el 31 de agosto próximo, según acta 72-2015.

Mientras que en Palín (Escuintla) el acuerdo 03-2015 establece ese beneficio del 1 de julio al 14 de agosto; en el caso de Mixco, se informó vía telefónica que el plazo es del 1 al 31 de julio. En Fraijanes, ese beneficio termina el 31 de agosto.

En el municipio de Guatemala se aplica una reducción del 50%, con base en el acuerdo COM-9-2015. El plazo es del 6 de abril al 31 de julio. El descuento se aplica a las sentencias previas al 31 de diciembre del 2014 y que correspondan al incumplimiento del pago del IUSI a construcciones sin autorización o a la clausura de comercios.

El acuerdo entre Aguapaca y la hidroeléctrica privada, El Cóbano se estableció luego de que se recibieron denuncias de que la generadora estatal corre riesgo de ser inundada por la operación de la segunda.

En entrevista con Prensa Libre, el gerente habló del tema.

¿Cómo se determinaron los riesgos para Aguacapa?

Se hizo un estudio con Hidralia. Esta firma identificó que bajo las cotas autorizadas —por el Ministerio de Energía y Minas, de 142.60 metros sobre el nivel del mar— sí había un posible riesgo en la operación.

Se realizó un segundo estudio con Red Ingeniería, que tiene experiencia en operación de hidroeléctricas en cascada. Los expertos visitaron las plantas y dijeron que existía riesgo pero mitigable, bajo 18 medidas de ingeniería.

Además, la otra medida que se tomó son las pruebas de operación e inundación —llenado del embalse— de El Cóbano para establecer un protocolo de operación conjunto e identificar cuál es la cota en la que se puede operar sin riesgos para Aguacapa.

Si la nueva hidroeléctrica fue aprobada en el 2009 ¿Por qué el Inde tardó en reaccionar?

Yo no dirigía el Inde en ese entonces. Asumí la gerencia en abril del 2014 y no le puedo hablar por terceros. En mi administración se firmó un contrato con esa generadora para realizar pruebas por un año en la cota de 141.30 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Se fijó ese nivel porque por arriba están los sistemas de enfriamiento de Aguacapa, y si se pasa de ese límite entraría agua al equipo y se tendría que hacer una limpieza, para lo cual se requeriría sacar de operación por unos días la planta del Inde.

Creemos que técnica y jurídicamente estamos bien protegidos, y el Consejo Directivo en ningún momento ha autorizado la conexión definitiva, sino la realización de las pruebas.

¿Por qué se decidió la figura de contrato?

Porque establece condiciones de operación y de terminación. Necesitamos que eso tenga fuerza. La hidroeléctrica —El Cóbano— ya está construida, y lo que se puede hacer es que todo quede perfecto.

de generador y turbina.

¿Si hubiera daños a Aguacapa, pueden seguir sosteniendo el subsidio?

El Inde sigue a cargo del subsidio y se está protegiendo la planta para que eso no suceda.

Este último monto se compone de Q2 mil 712.2 millones que se  adeudan  al IGSS por atención a las clases pasivas —jubilados del Estado—, en tanto que Q2 mil 364.4 millones son por  las cuotas patronales —por el personal contratado—, las cuales  se han acumulado por   varios años, explicó el subgerente Financiero del Seguro Social,  José Donis.  

El mandatario  firmó el convenio con el presidente del Instituto, Juan de Dios Rodríguez.

“Lo importante de la firma del documento es que, en primer lugar, nunca se había reconocido esa deuda, aunque está registrada”, dijo Donis.

Agregó que, según la información que ha recibido, se integrará una mesa entre ambas partes  en la que se busquen mecanismos para   abonar a la deuda.

Los otros Q22 mil 768 millones, que no son parte del convenio, pertenecen a la deuda histórica del Estado  en los  aportes que  debe hacer a la institución, de acuerdo con  la Ley Orgánica de esta, según Donis.

El artículo 40  de esa norma indica que el pago se debe financiar con dinero de los impuestos, lo cual nunca se ha cumplido, indicó.

Estado

Q5 mil  76.6 millones debe  por clases pasivas y cuota patronal.

La normativa, que había cobrado vigencia en enero del 2013, fue suspendida por un decreto del Congreso para el ejercicio fiscal 2014 y entró en vigor este año. Para empezar las auditorías se ha elegido a ocho contribuyentes de los sectores de comoditties, servicios y mineras, pero se incluirán más sectores, informó Ariel Guerra, intendente de fiscalización de la SAT.

Con base en las declaraciones del impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio del 2013, se creó un padrón de dos mil 600 contribuyentes afectos a estos controles, agregó.En la actualidad se está clasificando a los contribuyentes con ingresos de Q20 millones en adelante, de los que se ha detectado entre 600 y 650, resaltó el funcionario.

De estos, el plan es empezar a auditar a ocho durante el 2015, comentó el intendente.El funcionario agregó que ya se cuenta con una normativa interna para aplicar las medidas. Están en proceso de publicarla y ejecutar la programación para fiscalizar. El auditor Óscar Chile Monroy refirió que las empresas afectas deben presentar su primer informe en los tres primeros meses del 2016, pero durante este año la SAT puede fiscalizarlas y requerirles información. Según el profesional, Guatemala no tiene convenios de doble tributación a escala internacional.

“Si una empresa tiene otra relacionada en el extranjero y esa compañía le vende su producto más caro que el precio que rige en el mercado, la intención es que reporte menos ganancias y tribute menos”, manifestó Chile Monroy. Eso es lo que se busca controlar con la nueva normativa, agregó.El auditor recomendó a las empresas que evalúen su situación, ya que en la declaración jurada anual del ISR, que vence en marzo de cada año, hay una casilla en la cual la SAT pide consignar si mantienen relación con empresas en el extranjero.

“Pareciera ser muy inocente o insignificante la respuesta, pero se debe tomar en cuenta que el formulario es de declaración jurada y esta conlleva que al consignar información no verdadera se cae en el delito de perjurio, que está sancionado con prisión”, indicó el profesional.

Decreto 10-2012

Esta norma, que contiene la nueva ley del ISR, establece los siguientes controles:

Están contenidos  en el   Capítulo VI, referente a las normas especiales de valoración entre partes relacionadas,  artículos  54 al 67.

Con esa  norma, el fisco puede   verificar si en las transacciones de una empresa relacionada con una transnacional se reportan precios de mercado o están alterados.

La intención  es detectar  si se dejó de pagar impuestos, influidos por esos precios u otras transacciones.

CIUDAD DE GUATEMALA- Juan Morales y Julio Díaz, quienes tienen un negocio temporalmente en la Plaza Barrios, zona 1, indicaron que las ventas durante diciembre fueron menores respecto de otros años, pero que este fin de semana bajaron aún más.

Señalaron que las personas ya no acostumbran llegar a comprar a dicho lugar como lo hacían antes, cuando estaban instalados en las ventas informales de la Sexta Avenida, zona 1.

“En fines de semana no hay mucha afluencia, y entre semana la gente pasa solo viendo cuando se dirige a almorzar o a tomar el bus, pero no compran”, mencionaron.

Sergio Huertas, vendedor, dijo que este fin de semana hubo pocos compradores, y refirió: “Las ventas dependen del estado de ánimo. Si se está feliz se vende más”, por lo que ofrece, como lo hizo ayer, con ánimo y con voz fuerte sus productos.

Sin embargo, en Walmart se mantuvo alta demanda, principalmente de abarrotes, entre otros perecederos, carne, boquitas y bebidas. Además, empiezan las compras para el ciclo escolar explicó Dora Quiñónez, coordinadora de Asuntos Corporativos.

Saldos -Ofertas–

Miles de consumidores se dirigieron a centros comerciales o almacenes donde este fin de semana mantenían ofertas de descuentos después de la Navidad.

Las ventas de saldos empezaron el viernes último y en algunos estarán hasta el 31 de diciembre. Ofrecen descuentos de entre 40% hasta 70%, con variedad de productos, según el comercio.

Entre estos están las tiendas  de Cemaco, Siman, La Curacao, Electrónica Panamericana, trajes Emporium, zapaterías Adoc y otros comercios  de muebles, así como productos para el hogar.

La construcción consta de  850 kilómetros de red y   12 subestaciones nuevas, así como la ampliación de  otras 12, con una inversión prevista de US$378 millones.

Las   tres primeras  subestaciones unirán 23 kilómetros de red. San Agustín  conectará con la  línea Chixoy-San Agustín, la cual está pendiente de construcción.

Con esta se podrá evacuar, en el futuro,  la energía que se genera en Chixoy, la mayor hidroeléctrica del país. Además, esta misma subestación se conectará con la de El Rancho  y entrará a reforzar el sistema eléctrico de la zona oriente de Guatemala, refirió Trecsa.

Según la empresa, la operación de estas  instalaciones  permitirá   la conexión de nuevos proyectos industriales, comerciales y residenciales al sistema de transmisión del país, y ayudará  a dar  más confiabilidad al  servicio de electricidad.

Édgar Loaiza, gerente general de Trecsa, dijo que el avance en la construcción  es del    46%  y afirmó  que tienen el   compromiso de finalizar el proyecto; sin embargo, solicitó  el apoyo de las autoridades  estatales, municipales y locales  para generar las  condiciones necesarias que permitan finalizar el PET en los plazos establecidos.

Loaiza dijo que  hay varios municipios  por donde no se les permite pasar para construir. El proyecto lleva un atraso de  dos  años, por lo que la compañía solicitó la ampliación del plazo.

“Quiero reafirmar que este proyecto es declarado como urgencia nacional, ya que ayudará a ampliar la cobertura de energía en el país”, afirmó el presidente Otto Pérez Molina durante la inauguración del proyecto.  

Según Trecsa, al finalizar el proyecto  más de 30 plantas de generación  se conectarán al nuevo sistema de transporte y ayudarán a mejorar el servicio, diversificar la matriz energética y bajar los precios.

Avances

Otras obras del sector

La compañía prevé  energizar la línea San Agustín-Chixoy II y la Subestación Chixoy, a finales de noviembre próximo, además  de energizar otras 10 subestaciones y concluir más de 340 kilómetros de líneas de transmisión durante el primer semestre de 2015.Aparte del 46% de avance en la construcción se mencionaron avances de  71% de subestaciones en fase de construcción, 38% en construcción de líneas de transmisión, 77% de derechos de paso escriturados y un 100% de licencias ambientales otorgadas.

Además,  98% de equipos y suministros ya se encuentran en el país. La empresa operará por 50 años la red. Según la adjudicación en la licitación del 2009, cobrará un canon de US$485.2 millones por el transporte de electricidad durante 15 años y posteriormente será por peaje.

La nueva línea

Para el proyecto de la  red de transmisión eléctrica adjudicado a Trecsa se estima una inversión de US$378 millones, pero ha tenido algunos atrasos:

2009 Licitación. Se adjudica construcción de  850 kilómetros de red y 24 subestaciones. Trecsa operará por 50 años la línea. Cobrará canon de US$485.2 millones por 15 años y  posteriormente será por peaje.

2013 Atrasos. El proyecto debía concluirse en el 2013, pero para ese año hacían falta permisos para pasos de servidumbre en 20 de los 74 municipios que atraviesa la red, por lo que se amplió para el 2015.

2013 Oposición. Vecinos de  Río Dulce, Lívingston, rechazan la instalación de  cables aéreos. En 2014 se buscan opciones para que sea submarino.

2014 Avance. A octubre último estaban energizadas cuatro subestaciones y 10 más se encuentran en pruebas. Hay avances de  46% en construcción  general del proyecto, 38% en  construcción de líneas, 16% en   instalación de cableado —135 kilómetros—.

Diputados de  la Unidad Nacional de la Esperanza denunciaron que, en lo que va del segundo semestre, ministerios y secretarías han erogado Q7.5 millones en alimentos y festividades.

Además, dijeron que  se detectaron Q190 mil en gastos por   alimentos y abarrotes   en el despacho de ocho ministros.

El detalle incluye Q901 mil de la SAT para fiestas, convivios, actividades deportivas y protocolo.  “No están recaudando bien, pero sí tienen para la pachanga”, dijo el diputado Carlos Barrera.

Barrera expresó que citarán al ministro de Cultura, Dwight Pezzarossi, y al director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Pedro Duchez, por gastos para campaña.

Orlando Blanco señaló que el Inguat erogó Q5.1 millones por nueve meses para la empresa que hace las encuestas del precandidato presidencial del Partido Patriota,  Alejandro Sinibaldi.

Además, dijeron, el Ministerio erogó Q195 mil para la concentración en que se proclamó a Sinibaldi.

También mencionó Q2.1 millones para pago de  activistas de la vicepresidenta Roxana Baldetti con recursos de salud.

Detalles

Algunos gastos por entidad o despacho ministerial:

GASTO Y ENTIDAD    MONTO EN Q

Alimentos, bebidas, pasteles: ministro de Trabajo      45,175.17

Eventos y protocolo: ministro de Economía    3.7 millones

Alimentos y bebidas: ministro de Gobernación      25,377

Carne importada y otros: ministro de la Defensa    5,251

Abarrotes,  boquitas, frutas: ministro de la Defensa    4,430

Desayunos, almuerzos, cenas, paellas: Canciller    11,476

Alimentos y bebidas para  delegaciones: ministro de Economía    25,354

Alimentos, bebidas, pasteles: exministro de Salud    31,971

Gasto telefonía de un mes: exministro de Salud    26,000

Combustible: exministro de Salud    100,000

Eventos por celebración  de 16 años de la SAT    434,646

Celebración del Día del Niño: SAT    129,600

Torneo de boliche para trabajadores: SAT    61,567

Compra de concentrado en polvo: SAT    15,540

Servicio de limpieza de sanitarios de  estaciones: PNC    3.7 millones

Diversos alimentos:  SAAS     5.3 millones

Arreglo floral para Roxana Baldetti: ministro de Economía    425.00

300 piernas de cerdo y 297 pavos: Registro de Inmuebles    En proceso

597 canastas  navideñas: Registro de Inmuebles    En proceso

Convivio de final de año trabajadores de SAT    En proceso

Fuente: informe de bancada UNE

GUATEMALA- El decreto 13-2013, que reforma la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), refiere que en la primera transición se deben sustituir los dos directores titulares y los dos suplentes que tengan más antigüedad en el cargo,  para lo cual se debe trasladar una nómina de ocho personas  al presidente de la República, quien debe elegir.

Dorval Carías, ministro de Finanzas, informó ayer que  tiene previsto  hacer la convocatoria  y que la  comisión puede ser instalada 10 días hábiles después.
La  comisión entregaría la nómina a finales de enero o febrero del 2015,     si se usan los tiempos mínimos  para elección que establece la ley,     y si se usan los tiempos máximos sería  hasta junio.

 “Creemos que la comisión no va a tener mucha complicación en elegir candidatos y nos gustaría que fuera lo antes posible”,  expuso  el ministro.
La   comisión estaría  integrada por nueve miembros, entre estos representes de las universidades, Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas; del Instituto de Contadores Públicos y Auditores; y  del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

cambios

 El directorio está integrado por siete directores (cuatro titulares y tres suplentes).
 Respecto de  las sustituciones, Carías dijo que por antigüedad en el cargo debe retirarse el director Jorge Borstcheff Boyarinoff y el respectivo suplente,  Gladys Gil.
  Sin embargo,  indicó que  en el segundo caso  no está  claro si debe retirarse al más antiguo  en haber llegado a ser director titular o de  haber ingresado al directorio, por lo que se  analiza si debe retirarse el director Rodrigo Montúfar (y el suplente Édgar Pape)   o  Henry Almengor (y la suplente  Adriana Estévez).
El ministro explicó que “después de tantos años de trabajo las ideas se repiten y el directorio requiere que llegue gente con nuevo pensamiento y propuestas novedosas para fortalecer la SAT”.

Para el ministro es importante una reestructuración orgánica, ya que cuando fue creada hace 16 años la estructura es “muy plana” y el superintendente para poder enterarse de la situación de la SAT debe hablar hasta con 16 personas.

La presidenta de la CNEE, Carmen Urízar, aseguró en esa oportunidad que la ley no les permite cargar a usuarios que pagan para cubrir a quienes no lo hacen.

Energuate indicó que en el 2013 se registraron Q140 millones por hurto de energía y Q280 millones por deudas incobrables.

Rodas dijo que la solicitud será parte de los temas que se analizarán en una mesa interinstitucional permanente que se va a conformar y que podría quedar instalada esta semana.

“Hay que luchar mucho. He mandado que todas las hermandades tengan su auditoría, y esto cabalmente no les ha gustado a muchos, pero es necesario”, añadió, al finalizar la misa en la Catedral Metropolitana.

Explicó que el proceso empezó hace año y medio, y se espera tener resultados en un año.

Ver la misión

Aseguró que no se trata solo de controlarlas, sino de ver la misión que tengan y que los fondos también sirvan para ayudar a los más necesitados con obras sociales. Agregó que algunas tampoco apoyan con el mantenimiento de las iglesias a donde pertenecen.

Según Vian, sería aceptable el elevado costo de los turnos para las procesiones, si ese monto se destina para obras de beneficio social, pero “si es para que los directivos se enriquezcan con eso, está absolutamente mal”.

Se conoce que el turno más caro es de Q800, el Jueves Santo, en el templo de La Recolección, que por 116 brazos en la salida, dejaría unos Q92 mil 800.

“Tenemos que tener sobriedad, que sea bonito, pero que se distinga siempre la imagen de Jesús y la Santísima Virgen María. El año pasado vi una procesión, y el adorno, no solo era no tan bonito, sino que me escandalicé más cuando me dijeron que eso valía Q80 mil”, comentó.

Añadió que el Tribunal Eclesiástico debería regular que no se excedan en gastos tan onerosos, y que esa entidad debe autorizar las auditorías independientes.

Roberto Vásquez, relacionista de la Hermandad de Jesús Nazareno del Consuelo y Cruzados del Santo Sepulcro, aseguró que desde hace dos años, el Arzobispo reglamentó que después de la Semana Santa, cada hermandad debe presentar un informe financiero.

“Nosotros lo hacemos y somos auditados externamente por personas de la curia”, indicó.

Respecto de la supuesta competencia entre hermandades, que elevaría los gastos, Vásquez afirmó que cada una se esfuerza por presentar a los fieles un mejor adorno cada año, pero este pretende ser “evangelizador, y no ostentoso”.

El viceministro de Energía, Edwin Rodas, dijo que autoridades hondureñas vinieron hace dos semanas a Guatemala, en requerimiento de cotizaciones.

Entretanto, ejecutivos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras refirieron a medios locales que desde hace dos semanas las plantas Poliwatt, que genera con agua y carbón, y San Diego, S.A., que utiliza bagazo de caña de azúcar, suministran 95 megavatios por medio del mercado de oportunidad, una forma sin contratos de largo plazo.

El Gobierno de la vecina nación busca el suministro por medio del Mercado Eléctrico Regional, para cubrir 205 MW de contratos que se vencieron en febrero pasado. También se informó que las centrales San José—que usa carbón— y Santa Lucía —bagazo de caña y carbón— presentaron ofertas.

Según Rodas, por ahora el suministro no se hace directamente a Honduras, ya que la línea de transmisión de Panaluyá a San Buenaventura —que forma parte del Siepac y que conecta a ambos países— no está en funcionamiento, por lo que el suministro se hace por medio de El Salvador.

Ayer se hicieron las pruebas para poner en operación comercial esa línea, agregó Rodas. Tanto el funcionario como Rodolfo MacDonald, gerente de la Asociación de Cogeneradores Independientes, dijeron que esa línea permitirá más oportunidades de exportación.

El tiempo de autorización es por un año para efectuar los estudios, sondeos y mediciones de exploración, tanto para la generación, el transporte y la distribución de la electricidad de la mencionada central, según el acuerdo ministerial 465-2013, publicado ayer en el Diario de Centro América.

Las áreas autorizadas están en los municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán y San Francisco El Alto, todos en Totonicapán.

El MEM tiene previsto lanzar una cuarta licitación a largo plazo para adquirir energía con generación geotérmica por 150 megavatios (MW), y la intención es que empiecen a operar en el 2016.

En la actualidad están instaladas las plantas Ozunil 1, en Quetzaltenango, con capacidad para 25.2 MW; y Ortitlán, con 25 MW, en Amatitlán.

Hay áreas con potencial de generación como los campos geotérmicos Zunil 2, San Marcos, Moyuta y Totonicapán, según el Instituto Nacional de Electrificación. La inversión para instalar un megavatio con geotérmica es de US$6 millones.

La decisión deja en vigencia el pliego de tarifas actuales que se aprobaron en el 2009 para Deocsa y Deorsa. Los precios se mantendrán por un plazo no mayor a nueve meses, mientras se resuelven las discrepancias.

Carmen Urízar, presidenta de la CNEE, dijo que de no llegarse a un acuerdo se convocará a una comisión pericial.

La funcionaria no especificó los desacuerdos y dijo que en el segundo informe ya revisado por Energuate propone en US$192 millones anuales el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), es decir, el valor de la empresa con sus costos de operación y mantenimiento. En el 2009 el montó fue de US$129 millones.

Dimas Carranza, director de Regulación de Energuate, expuso que analizarán la resolución.

Dimas refirió que la CNEE hizo 65 observaciones que se solventaron, pero que quedaron 27 pendientes. Argumentó que el monto propuesto toma en cuenta el crecimiento de la red y que en cinco años se conectaron a 250 mil nuevos usuarios.

Además se incluyó que se le reconozca una pérdida del 16% de la energía que suministra, de esa, el 10% es por aspectos técnicos y el 6% por conflictividad social.

El arbitraje se presentó ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París y se efectuará con base en las leyes de Nueve York. Fue presentado tanto por JEG como por otra empresa registrada como AEI Guatemala Jaguar Ltd. con sede en Isla Caimán, ambas propiedad de la estadounidense Ashmore Energy International (AEI).

A partir de la fecha de solicitud del arbitraje hay 30 días para nombrar a los árbitros y 90 días más para resolver.

Sarmiento aseguró que la obra de construcción continuará e intentarán finalizarla en tiempo para suministrar energía a Energuate, pero será hasta febrero que informen si cumplirán con el plazo fijado para el 1 de mayo del 2015.

Desacuerdo

Dimas Carranza,  director de Regulación de Energuate, dijo que desconoce  detalles del arbitraje. 

Energuate ya le notificó a JEG que cayó en   incumplimiento del contrato con ellos,  respecto de  la calificación del contratista que exigía la licitación.

A su criterio el contratista no se puede cambiar sin su autorización por lo que  tienen hasta el 9 de febrero para argumentar su decisión. Si Energuate no está de acuerdo tiene el  derecho de cancelar el contrato, agregó.

Gaitán dijo que, aunque la figura de cotización por excepción, que la Superintendencia ha decidido usar para sus compras y contrataciones, está establecida en la ley, “es para casos de excepción, no para que se convierta en una regla de uso cotidiano”, por eso cree necesario que la Contraloría General de Cuentas fiscalice esas decisiones.

El jueves recién pasado se adjudicó un contrato por Q13.3 millones por arrendamiento de equipo para ampliar el almacenamiento de datos usando esa figura, por ese caso ya se había realizado una licitación en enero, pero se declaró desierta.

Arévalo expuso que la licitación se pudo haber repetido, aunque agregó que la contratación por cotización excepción es aceptada por la ley, que en el caso de equipos, principalmente de cómputo, puede ser arrendamiento con opción de compra.

Cotización por excepción

Autoridades de la SAT indicaron que para  agilizar la  adquisición de diversidad de equipos para aduanas y   de computación harán una cotización por excepción,  porque argumentan que tienen los mismos requisitos que la licitación,  pero a plazos más cortos.  

Los timbres estarán a disposición del público el próximo 2 de enero —primer día hábil del año— en las agencias y oficinas tributarias, aseguró la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Los que corresponden al 2013 y estén en poder de los contribuyentes se podrán usar solo en documentos que tengan fecha de ese año.

La Ley Antievasión II (decreto 4-2012) permite ahora que el ente recaudador pueda diseñar y enviar a imprimir los timbres a entes nacionales o extranjeros y adaptarlos a nuevas técnicas de producción.

Este año, aunque la SAT cambió el diseño, el impresor será el mismo, el Taller Nacional de Aceros y Grabados del Ministerio de Finanzas, con el cual se tiene un convenio.

Entre los 14.4 millones de timbres se incluyen diferentes denominaciones desde los Q0.50 hasta los Q100.

Se agregaron características de seguridad, en la parte inferior, como la impresión de un código de barras, el cual representa en cada timbre el número correlativo de fábrica, refirió la SAT.

También se implementó un holograma tridimensional visible y estampado mediante un sistema de impresión por transferencia de calor y presión con letras, así como el logo de la SAT. El nuevo timbre no es fotocopiable y es antiescáner a color.

También se elimina el perforado de la parte principal y el talón —será un solo cuerpo—.

Los cambios se realizan para dar certeza de la autenticidad de los timbres fiscales que se utilizan en documentos públicos y privados, y así evitar las falsificaciones.

El costo de cada unidad subió tres centavos, de un promedio de Q0.21 por timbre a Q0.24. El monto invertido para el 2013 fue de Q2.8 millones y el previsto para el 2014 es de Q3.4 millones.

Estas son las herramientas, por medio de las cuales se paga el impuesto sobre timbres fiscales y papel sellado. A noviembre del 2012, los ingresos por ese impuesto fueron de Q739.7 millones y al mismo plazo del 2013 se han recaudado Q407.9 millones, una baja de Q331.8 millones (-44%).

Por denominación

Denominaciones de los  timbres:   Q0.50, Q1,  Q2, Q5,  Q10, Q25  y   Q100.

Se usan para contratos civiles y mercantiles, documentos   otorgados en el extranjero que tengan efectos en el país.

Pagos emitidos por las aseguradoras o afianzadoras, por  primas pagadas o pagos de fianzas. 

Pagos de premios de loterías, rifas y sorteos.

Pago por retiro de fondos de empresas o negocios, para gastos personales o por viáticos no comprobables.

Los documentos que respalden los pagos de dividendos.

Documentos que acreditan comisiones que pague el Estado por recaudación de impuestos, compras de especies fiscales y otros.

Q3.4 millones es el costo de emisión de los timbres fiscales para el 2014.

El equipo legal del Ejecutivo concluyó su análisis jurídico y determinó que no hay problema para proceder a la intervención de cinco aduanas por medio de la SAT, pero de igual manera presentará una consulta en la CC.

“Se trabajó con asesoría del ministerio de Finanzas, por ser el rector de la SAT, pero también con abogados de Gobernación, de la Defensa y de la Secretaría General, y se determinó que la intervención es procedente”, explicó Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia.

De acuerdo con Martínez, el presidente Otto Pérez Molina decidió hacer una consulta a la CC “para garantizar un mejor resultado”.

Las cinco aduanas que el Gobierno planea intervenir son la de los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, la Central, y las de Pedro de Alvarado y Tecún Umán.

Retraso

Analistas, académicos y políticos cuestionaron la intención del Ejecutivo, por considerar aspectos de la Constitución Política y porque los puertos Quetzal y Santo Tomás ya están intervenidos.

Aunque el mandatario dijo el viernes último que según la “versión” de abogados oficiales no es inconstitucional y defiende que las aduanas de la SAT son independientes de los puertos, sí motivó al equipo de entre 15 y 17 abogados a profundizar la “discusión legal”, y ahora, a consultar a la CC.

Esperan reunión

Integrantes del Directorio de la SAT, cuyo destino no está claro con los alcances de la intervención, solicitaron por escrito al gobernante una reunión, para hablar del asunto.

De hecho, algunos miembros del Directorio también mostraron su desacuerdo con una intervención, en una nota enviada a Pérez Molina, y le sugirieron establecer un convenio entre las fuerzas de seguridad y la SAT, refirióÉdgar Pape Yalibat, de la institución.

Hoy está prevista la sesión ordinaria del Directorio, que preside la ministra de Finanzas, María Castro, pero se prevé que sea la cita “normal”, mientras esperan la respuesta del mandatario.

Secuencia del anuncio

Desde la decisión del Gobierno, varios acontecimientos le han seguido.

El 15 de octubre último, el presidente anunció que intervendría cinco aduanas.

El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, renunció al cargo.

Aunque argumentó motivos de salud, fuentes del Ejecutivo refirieron que hubo diferencias por la intervención.

Después, Centeno declaró que él no recomendó intervenir la SAT.

Sectores empresariales criticaron el control de la SAT y los objetivos de esa acción.

Analistas y opositores se suman a cuestionar la  viabilidad jurídica de la medida.

El Gobierno atrasa publicación del acuerdo de intervención, para solventar dudas legales.

Rechazan medida 

La Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) mostró su rechazo a una posible intervención de las aduanas, como lo anunció el presidente Otto Pérez Molina. Los empresarios indican que esa medida “no es necesaria” y que, de implementarse con un interventor que no tenga  conocimiento sobre aduanas, retardaría los procesos de importación y exportación.

La CNT sugirió que en vez de la intervención  el Gobierno debe resolver  la escasez de personal, evitar la discrecionalidad con que actúan los empleados de aduanas y dotar de mayor tecnología los procesos de revisión.

 Los transportistas aseguran  que la lentitud con que operan las aduanas del país les deja pérdidas de entre US$150 a US$300 por día,   y temen que una intervención retrase de cuatro a ocho o hasta 10 días la revisión de los contenedores.