Crisis de infraestructura, cárceles y justicia

Si el gobierno tan solo se concentrara en justicia y seguridad, se resolverían los principales problemas del país.

Ramón Parellada

23 de octubre de 2025 | 00:03h

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El gobierno de Guatemala se vuelve cada día más ineficiente. Con presupuestos cada vez mayores, las carreteras e infraestructura del país deberían estar nítidas, así como la violencia homicida debería disminuir. Lo contrario es lo que ha estado pasando. Carreteras en pésimo estado, puentes colapsando por falta de mantenimiento, deslaves a causa de malos diseños de las carreteras.  Por otro lado, puertos que se convierten en cuellos de botella e implican mayores costos para los importadores y exportadores, un aeropuerto que estaba caótico y continúa con deficiencias graves pendientes de solucionar.  Por si fuera poco, tenemos un sistema de justicia extremadamente lento que, más que impartir justicia, genera incertidumbre, y un sistema penitenciario corrupto e ineficiente, con cárceles hacinadas, numerosos reos aún en espera de sentencia y, lo más grave, completamente incapaz de mantener bajo control a los delincuentes de máxima peligrosidad que ya han sido condenados.

Llueve sobre mojado, pues recientemente se fugaron 20 presos muy peligrosos, líderes de la pandilla  Barrio 18. Las autoridades del sistema penitenciario se dieron cuenta días después de la fuga. Es decir, no tienen control de nada, o lo tienen y les sirve para cometer actos corruptos como dejar escapar a los reos de máxima peligrosidad y otras anomalías que en el pasado se han publicado, además de permitir que tengan comodidades, celulares y otros lujos que les están prohibidos en la cárcel.

Las funciones básicas del gobierno brillan por su ausencia. Si el gobierno tan solo se concentrara en justicia y seguridad, se resolverían los principales problemas del país. Aunque esto también puede ser proporcionado de forma privada, no cabe la menor duda de que el resto de las actividades también. Mientras no se fortalezca y funcione adecuadamente el sistema de justicia y las fuerzas armadas y de seguridad, el crimen no disminuirá. El gobierno es un pésimo administrador, por eso debe concentrarse en pocas cosas que son sumamente importantes y nada más.

Basta con poner unos pocos ejemplos recientes para darnos cuenta de lo mal que administra el gobierno. La autopista Palín-Escuintla, mientras estuvo a cargo de una empresa privada, funcionaba perfectamente. En cuanto la tomó el gobierno, se deterioró y comenzó a destruirse por falta de mantenimiento.  Las carreteras estatales cada vez están peores, con baches por todos lados, deslaves, puentes que colapsan, sin señalización y pinturas adecuadas. Menos mal que comienzan, contra viento y marea, a surgir carreteras privadas que han sido una maravillosa solución a la ineficiente intervención estatal. El puerto Quetzal es cuello de botella, debido a un manejo inapropiado e ineficiente, los buques cargueros tienen que esperar días y semanas para poder descargar y cargar. El costo de las mercancías se incrementa por esa falta de control, previsión y manejos adecuados. No hay competencia, pues para establecer un puerto privado te piden mil y un permisos que, con la corrupción y la ideología anticapitalista, te complican la existencia. Aunque no hay en Guatemala, las cárceles privadas, aún con sus críticas, funcionan mucho más eficiente y económicamente que las estatales.

Los defensores de la intervención estatal no quieren ver las enormes ventajas de la actividad privada. La evidencia es contundente, pero la ideología los ciega. El discurso populista que siempre promete cosas que luego no se cumplen es atractivo, pero la evidencia empírica demuestra que lo que hace el Estado es más costoso e ineficiente que lo privado. Nos dejamos llevar por la presión de grupo pidiendo más cosas al Estado.   Deberíamos pedir que el Estado no se meta, que deje a las personas trabajar, hacer lo que saben hacer mejor, y no ponerles tantas trabas.

María Corina Machado: un reconocimiento a la libertad

El pueblo venezolano quiere la paz e instituciones fuertes que garanticen el estado de derecho y el respeto a su libertad, vida y propiedad.

Ramón Parellada

16 de octubre de 2025 | 00:03h

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El Premio Nobel de la Paz de este año le fue otorgado el pasado viernes 10 de octubre a la venezolana María Corina Machado. Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, destacó que María Corina es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina y ha sido una figura clave y unificadora de una oposición política que estuvo dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

He sido muy crítico del Premio Nobel de la Paz porque considero que se les ha otorgado a algunas personas por cuestiones ideológicas y políticas que no se lo merecían. Sin embargo, hay excepciones, y esta es una de ellas.

María Corina Machado es merecedora de este premio por su incansable lucha en favor de la libertad, los derechos individuales y la democracia en Venezuela. Su valentía y liderazgo frente a un régimen dictatorial que utiliza el terror y la fuerza contra sus opositores es admirable. El pueblo venezolano quiere la paz e instituciones fuertes que garanticen el Estado de derecho y el respeto a su libertad, vida y propiedad. No quieren más sangre, más represión, más dictadores sanguinarios y mentirosos como Maduro y sus cómplices, que detentan el poder absoluto y que, fraude tras fraude en las elecciones, continúan impunemente gobernando ese bello país.

En una carta que María Corina publicó tras recibir y aceptar el Premio Nobel de la Paz, señaló que lo hacía “en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”. Explica: “los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”. En otro párrafo escribe: “Nuestro pueblo entiende que no puede haber paz sin libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre, y este logro propagará esperanza y coraje por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son las armas que nos unen”.

María Corina ha luchado desde que Chávez estaba en el poder. Luchó siempre pacíficamente contra los abusos y la represión violenta, que luego se convirtieron en la herramienta con la que Chávez y, después, Maduro y sus cómplices controlaban el poder. Luchar en un sistema opresor de esa naturaleza ha sido un acto heroico, y lograr que, con los años, la oposición se uniera, obteniendo alrededor del 90% de los votos en unas elecciones que el régimen anuló es admirable. El Nobel de la Paz viene a asegurar aún más que María Corina pueda seguir con vida ante quienes quieren silenciarla a como dé lugar. Ella ha agradecido también a Donald Trump y le ha dedicado el premio porque, a través de su liderazgo, ha recibido protección y apoyo para su movimiento. Por ello, líderes de la izquierda no han dejado de criticar despectivamente que en esta ocasión el premio se otorgara a “una derechista”. Sin embargo, lo que María Corina defiende es la libertad y los derechos individuales de todos los venezolanos, y lograr un verdadero Estado de derecho en su país. Esto es lo que todos deseamos para nuestros países y, en especial, para nuestras vidas, sea donde sea que vivamos. Solo quienes viven del poder, la fuerza y el terror no quieren que los demás seamos libres y tengamos garantizados nuestros derechos individuales. ¡Enhorabuena, María Corina! Un Nobel bien merecido.

Carreteras en ruinas: ¿solución privada?

Cambiemos las cosas, pensemos fuera de la caja, volvamos a como se originaron históricamente, carreteras e infraestructura privada.

Ramón Parellada

9 de octubre de 2025 | 00:04h

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Cada año, durante la época lluviosa, la historia se repite: Guatemala se desmorona. No es el cambio climático, sino la mala calidad de las obras de infraestructura y el pésimo o inexistente mantenimiento de estas. Por ello, las carreteras se llenan de agujeros, los puentes se caen, las montañas se derrumban, los drenajes colapsan, y todo esto causa terribles atrasos y hasta cobra valiosas vidas humanas. El gobierno está acostumbrado a reaccionar cuando los problemas ocurren y no a prevenir. En la ciudad ocurre lo mismo: malos e insuficientes drenajes que no se dan abasto porque, durante años, se dejó de ampliar la capacidad y distancia de estos, pero la ciudad sigue creciendo a un ritmo cada vez mayor.

El tema del agua y las inundaciones no es nuevo. Por experiencia propia, he vivido y trabajado en lugares que, en más de una ocasión, se han inundado debido a correntadas que entran de la calle del frente, la cual se inunda con facilidad. Las diferentes municipalidades de los distintos lugares donde esto ha ocurrido han sido incapaces de solucionar los problemas. Esto ha resultado muy costoso para quienes hemos sufrido esas inundaciones. Por más que te quejes con la municipalidad, no pasa nada. Todo sigue igual. Año tras año, lo mismo. Al parecer, la burocracia estatal es ineficiente, lenta e inútil. Primero se destruyen las carreteras y puentes, se inundan los pasos a desnivel, condominios y casas; se derrumban tramos de carretera sobre tuberías colapsadas por falta de mantenimiento, y los guatemaltecos sufren las consecuencias. Por ello, Guatemala es uno de los países donde trasladar una mercancía del Atlántico al Pacífico toma más tiempo por kilómetro recorrido que en otros países más competitivos.

Además de la dejadez e incapacidad estatal, hay una deficiencia en la educación de los ingenieros civiles en cuanto al agua pluvial. Algo está muy mal. El libramiento de Chimaltenango es un ejemplo de lo mal construidos que estaban ciertos taludes. De la misma manera, algo similar ocurrió recientemente en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. Entre otros errores, los drenajes resultan insuficientes en ciertas partes de las carreteras. Por otro lado, la falta de mantenimiento preventivo anual provoca grietas por donde luego se filtra el agua y causa daños graves a la base. Algunas carreteras ni siquiera cuentan con una berma adecuada. Pero ni la pintura son capaces de mantener nítida, lo que causa muchos accidentes en áreas de mucha neblina. Todos estos problemas sumados causan atrasos costosos al país, reducen la competitividad, provocan accidentes terribles con personas lesionadas y, peor aún, fallecidas.

La solución es que el gobierno deje de hacer carreteras y que los privados se encarguen, ya sea totalmente o bien a través de algunas concesiones. No deberían existir tantas trabas a quienes deseen construir una carretera privada. Quien construye será responsable de sus propios gastos y sus ingresos a través de peajes por el uso de esta. Se eliminarían los impuestos a los combustibles. Serían responsables totalmente de mantener en buen estado sus carreteras, aunque ni hace falta decirlo, porque les conviene. En las municipalidades se debe pedir cuentas a los alcaldes y su equipo cada vez que ocurra un problema de inundación o con la infraestructura de su lugar. Deben pagar los daños causados por su negligencia y falta de mantenimiento y ampliación de drenajes.

Seguir haciendo lo mismo no resolverá los problemas; los empeorará. Cambiemos las cosas, pensemos fuera de la caja, volvamos a como se originaron históricamente: carreteras e infraestructura privada.

¿Etanol obligatorio? Un privilegio inaceptable

La medida debió derogarse junto con la ley que data de 1985 y no prorrogarse.

Ramón Parellada

2 de octubre de 2025 | 00:03h

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El gobierno de Guatemala, a través del ministro de Energía y Minas (MEM), indicó que prorrogará la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de etanol en la gasolina hasta el segundo semestre de 2026. La necedad de obligar a la población a usar etanol sigue presente en la mente de los funcionarios del actual gobierno, con la intención de favorecer a los productores de etanol en el país. Esta medida es completamente mercantilista y beneficia a un sector a costa del resto de la población. La medida debió derogarse junto con la ley que data de 1985, y no prorrogarse.

El gobierno emitió el año pasado el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante, mediante el acuerdo gubernativo 101-2024 del MEM, que obliga a los consumidores de gasolina a utilizar etanol. Aunque productores y funcionarios están promoviendo la medida trayendo expertos al país para hablar sobre las supuestas bondades de esta mezcla, bajo ningún punto de vista se debería aceptar la obligatoriedad de dicha política. Como he señalado en otras ocasiones, ni el agua a la fuerza es buena.

Hoy nos quieren obligar a usar etanol en la gasolina y, seguramente, mañana intentarán forzarnos a utilizar vehículos eléctricos y quién sabe qué otras cosas más. No podemos aceptar esta terrible restricción a nuestra libertad de elección. Independientemente de sus ventajas o desventajas, la libertad de los guatemaltecos se está restringiendo y reduciendo. De hecho, al analizar el ciclo de vida completo de la gasolina con etanol y las alternativas, no está del todo claro que esta mezcla sea ventajosa para los usuarios ni para el medio ambiente en comparación con otros combustibles que se utilizan actualmente. Obligar a los usuarios implica perder la oportunidad de optar libremente por productos que, en el futuro cercano, podrían ser mucho mejores.

Esta obligatoriedad es una medida completamente mercantilista que otorga un privilegio inaceptable e inmoral al sector productor de etanol. Un privilegio solo es moralmente válido si las personas que no lo reciben están de acuerdo con su otorgamiento. Por ejemplo, se considera que los espacios en los estacionamientos cercanos a la entrada de algún edificio son un privilegio válido y moral para las mujeres embarazadas o las personas con discapacidades de movilidad. Normalmente, quienes no tenemos inconvenientes aceptamos esto y permitimos que esas personas disfruten de ese privilegio. Sin embargo, cuando el costo de un privilegio debe ser asumido por los demás y no estamos de acuerdo con la medida, no es moralmente válido. En el caso de la obligatoriedad del uso de etanol en la gasolina, la solución que no violaría la libertad de los guatemaltecos es la opción de escoger. Por lo tanto, quienes producen etanol pueden establecer gasolineras en conjunto con los importadores y distribuidores de combustibles, permitiendo así que el consumidor elija qué tipo de gasolina desea utilizar en su vehículo.

Otro aspecto injusto de la obligatoriedad es que quienes deberían realizar la inversión inicial en las terminales de importación de combustibles, los tanques de almacenamiento, los vehículos que transportan la gasolina con la mezcla de etanol, las estaciones de gasolina y las bombas, así como los vehículos más antiguos que deben adaptarse a estas mezclas, son los propios productores de etanol, quienes están interesados en que se venda su producto. No obstante, con la ley, la inversión inicial la asumen todos, menos ellos.

La pérdida de libertad comienza cuando no actuamos ante medidas populistas y obligatorias que limitan nuestras opciones de escoger lo que consideramos mejor para nosotros mismos. Defender nuestra libertad implica que no podemos aceptar la obligatoriedad del uso de etanol en los combustibles por ningún motivo.

Inseguridad y desempleo: los verdaderos retos de Guatemala

El 79% de los encuestados opina que va por un rumbo equivocado, mientras que apenas el 17% considera que va por el rumbo correcto.

Ramón Parellada

25 de septiembre de 2025 | 00:03h

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La Fundación Libertad y Desarrollo acaba de publicar un estudio de opinión pública. Se basó en una encuesta realizada por Cid-Gallup para «Conocer el sentir de los guatemaltecos en diversos temas económicos, sociales y políticos»,  entre el 3 y el 14 de septiembre de 2025. Pienso que las preguntas deberían ser más concretas, con respuestas de sí o no, y posiblemente con selección múltiple bien elaborada.  De todos modos, mide la percepción de los guatemaltecos en el momento de la entrevista. Es una percepción y lo que siente el guatemalteco sobre la situación actual del país.

El país va por mal camino. El 79% de los encuestados opina que va por un rumbo equivocado, mientras que apenas el 17% considera que va por el rumbo correcto. En cuanto a la situación económica, en varias preguntas se nota que alrededor del 44% o más considera que la situación está mal y va para peor.

Hay una pregunta sobre qué consideran que es lo que más les afecta entre costos de vida, inseguridad y desempleo.  Al sumar costo de vida y desempleo vemos que preocupa a la mayoría de los guatemaltecos más que la inseguridad. El porcentaje de esa suma fue del 57% contra el 16%.  La gente necesita resolver su problema económico, y eso se debe a que faltan oportunidades para la mejora de su propio nivel de vida. El tema de inseguridad en esta pregunta es relativo a las otras dos, pero tiene que ver todo en conjunto, ya que la inseguridad ahuyenta la formación de nuevas empresas. El costo de vida y el desempleo se podrían reducir de inmediato con desregulaciones, eliminación de aranceles y barreras no arancelarias de forma unilateral, por ejemplo, y permitir que el tipo de cambio sea más libre y llegue a su nivel natural si el Banco de Guatemala deja de intervenir comprando tantas divisas como puede.

En cuanto a la inseguridad, la gente considera que el crimen se ha incrementado. La encuesta ha planteado estas preguntas desde septiembre de 2020 hasta la fecha. Estamos ahora en uno de los puntos más altos de esta percepción, que coincide con la realidad, ya que la tendencia de homicidios por cada cien mil habitantes va efectivamente en aumento. Cuando se le da a escoger entre cuatro opciones al entrevistado en la pregunta de: “¿Cuál considera usted que es el principal problema de nuestro país?”, la gente responde: Corrupción del Gobierno (30%), Falta de hospitales (16%), Empleo/Costo de vida (19%) o Violencia y crimen/drogas (30%). Los mismos problemas de siempre que siguen sin solucionarse, pero preocupa mucho la inseguridad, así como la corrupción que sigue en sus niveles más altos.

La segunda parte de la encuesta ofrece resultados más sorprendentes. La mayoría de los guatemaltecos no tienen interés en temas políticos (72%). Por otro lado, cuando se pregunta si estarían de acuerdo con un estado de sitio para controlar el crimen, la mayoría afirma que sí (75%). Esta pregunta está relacionada con otras en las que al 70% de los encuestados no les importaría tener un gobierno no democrático con tal de que resuelva el problema de la inseguridad, y el 72%, si con ello se resolviera el problema económico.

Finalmente, a la pregunta de quién considera que es el responsable de los problemas en Guatemala, pudiendo escoger varias de las opciones a la vez, el orden queda así: el 75% de los encuestados considera que es el Gobierno, 46% considera que también los diputados; 26%, el Ministerio Público; 26%, los alcaldes; 24%, los empresarios; 24%, los jueces y 12%, otros.

Esta encuesta es una guía para que el gobierno enmiende su rumbo y los políticos que quieren participar en las siguientes encuestas sepan enfocarse en los principales problemas de los guatemaltecos.

Prioridades olvidadas en Guatemala

Tenemos toda esa belleza y contamos con gente muy trabajadora y amable, pero nos falta lo más importante.

Ramón Parellada

18 de septiembre de 2025 | 00:04h

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Me gusta mucho la naturaleza, y entre las actividades que practico está el ciclismo de montaña. He tenido la oportunidad de viajar con mi bicicleta a diferentes partes del mundo y siempre regreso añorando algunas cosas que nos faltan y urgen en Guatemala: la seguridad física libre de asaltos y toda clase de crímenes; carreteras en buen estado para llegar rápidamente de un sitio a otro dentro del país; hoteles, hostales y lugares para pernoctar con todas las facilidades necesarias; y nos hace falta mejorar nuestra cultura de tirar la basura en su lugar.

La seguridad se siente al llegar a países con índices de criminalidad bastante menores que el nuestro. No es que no haya criminalidad, sino que inmediatamente te das cuenta de que puedes dejar las bicicletas afuera de cualquier establecimiento sin candado y sin temor a que te las roben. Te percatas de la tranquilidad en este sentido cuando caminas por las calles o te adentras en caminos de terracería o veredas, totalmente tranquilo, sabiendo que no serás asaltado. Pienso que este factor es uno de los más importantes a trabajar en Guatemala para atraer más turismo y todo tipo de inversiones de capital.

Las carreteras en buen estado son algo que también echo de menos, especialmente cuando me toma el mismo tiempo ir de la capital a Huehuetenango que salir del país a un destino tomando dos conexiones de vuelos. El tiempo perdido internamente en Guatemala para llegar a cualquier sitio es impresionante. Carreteras en mal estado, bloqueos, túmulos por doquier, tráfico espantoso, un irrespeto total a las normas de tránsito, y mucho más, hacen que Guatemala sea uno de los países con el tránsito más lento del mundo.

En cuanto a sitios para pernoctar, es difícil encontrar variedad de hoteles, hostales y lugares para dormir o acampar que ofrezcan todas las comodidades necesarias. ¿Cuánto turismo se pierde por no tener sitios adecuados para cada grupo de personas? Es cierto que existen algunas buenas opciones, pero podría haber muchísimas más y variadas.

Finalmente, algo que extraño bastante es la cultura de la limpieza, de tirar la basura en su lugar. En los países más desarrollados, se nota, en parte por cultura y en parte por la aplicación efectiva de la ley, que todo está limpio. No encuentras basura tirada en los bosques, ni a orillas de las carreteras, ni en ríos, lagos ni en el mar.

Cuando veo todos los lugares hermosos de estos países más civilizados que el nuestro, noto que Guatemala no tiene nada que envidiar a los paisajes, montañas, volcanes, lagos y mares, pero sí a todo lo demás que los haría ser una fuente de ingresos estables y permanentes para muchas personas, mejorando así su nivel de vida. Tenemos toda esa belleza y contamos con gente muy trabajadora y amable, pero nos falta lo más importante. Carecemos de esa cultura de limpieza, de tirar la basura en su lugar, de ser responsables con nuestros residuos sólidos y líquidos, de tener un sistema de justicia robusto y eficaz que permita reducir la criminalidad y tener certeza ante la ley, y de contar con una infraestructura envidiable que nos permita trasladarnos rápidamente de un sitio a otro dentro del país.

Todo esto permitirá atraer a más personas que deseen invertir en nuestro país y así desarrollarnos más rápidamente. Es cuestión de prioridades, y nuestros gobiernos no las han sabido entender. Me da pena ver cómo se desperdician nuestros impuestos en mil cosas, descuidando lo más importante. Apenas el 11% del total del presupuesto se destina a seguridad y justicia, cuando eso debería ocupar la mayor parte de este. El que mucho abarca, poco aprieta, y nuestros gobiernos hacen muchas cosas mal, descuidando lo prioritario.

Desafíos en la gestión de la basura

Lo que no genera valor no se debe reciclar, porque quien invierte en ello perderá dinero y empleará más energía e insumos de los que recuperará.

Ramón Parellada

11 de septiembre de 2025 | 00:03h

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El reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes —acuerdo gubernativo 164-2021— fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC). Originalmente, se pretendía que la basura se separara y clasificara en seis o más categorías diferentes, y se colocara en basureros distintos. Luego, la normativa se redujo a tres categorías: orgánicos, reciclables y no reciclables. Finalmente, se decidió que la separación se realizara en dos grupos: orgánicos e inorgánicos. Los camiones recolectores continuarían separando los productos reciclables y entregándolos a quienes los compran para su tratamiento. La normativa fue declarada inconstitucional porque vulnera la independencia municipal, que, en forma descentralizada, tiene, por ley, la responsabilidad de manejar los desechos sólidos.

La normativa no resolvía el problema principal de la basura en Guatemala. Lo primero que hay que hacer es buscar la forma de evitar que la gente tire la basura en la calle, en carreteras, puentes, ríos, barrancos, y en general en cualquier lugar que no sea propiedad privada. La gente arroja la basura donde sea porque no hay consecuencias por contaminar. Además, muchos alcaldes no tienen como prioridad, aunque es su obligación por ley, el manejo y disposición adecuada de los desechos sólidos. Hace dos semanas, hice una vuelta en bicicleta de montaña por los alrededores de Antigua, Guatemala. Al bajar hacia San Antonio Aguas Calientes, me topé con un botadero de basura en el camino que estaba bordeando un barranco adoquinado. La basura estaba por todas partes, en la calle y en el barranco en el que había un rótulo que decía “Propiedad municipal”. ¿Cómo se puede pretender que la separación de la basura resuelva el problema si hasta los mismos alcaldes, quienes por ley tienen la obligación de manejar y controlar la basura, se hacen los desentendidos? En ese botadero había pañales y todo tipo de desechos entre la calle y el barranco. Un área del basurero humeaba debido a algún fuego que se había prendido para reducirla. En los árboles había zopilotes esperando el momento para alimentarse de los desperdicios orgánicos. Y perros esqueléticos merodeaban entre los residuos dispersos por todas partes. Esta es nuestra triste realidad en muchos pueblos del interior del país.

La solución no era la separación de la basura. De hecho, no todo lo que se puede reciclar debe reciclarse. Lo que no genera valor no se debe reciclar, porque quien invierte en ello perderá dinero y empleará más energía e insumos de los que recuperará. Solo lo que genera valor vale la pena reciclar. Para mí, la solución pasa por permitir que no solo los alcaldes tengan la potestad de manejar los desechos sólidos, sino que cualquier persona también pueda hacerlo. Se quejan de que ya no hay áreas para tirar la basura. Pues bien, hay personas con terrenos en fincas privadas que estarían dispuestas a proporcionar un lugar y a manejar adecuadamente los residuos sólidos. Deberían contar con rellenos sanitarios adecuados y podrían gestionar la basura de manera eficiente, como una empresa privada, resolviendo así parte del problema de la disposición de esos desechos sólidos. Otra parte es el sistema de justicia y el cumplimiento de la ley. Si alguien ve que tiran basura en su propiedad, debería poder demandar. Lo mismo podría ocurrir con las propiedades municipales, incluyendo las carreteras que pasan por sus municipios. ¿Por qué demandar a quien contamina? Porque está causando daños a terceros y debe resarcirlo. Bastaría con la justicia a nivel municipal. Hoy en día, con tanta tecnología, se podría identificar a quienes arrojan basura en lugares inapropiados. Esto es más realista que la ley y el reglamento derogado.

Presupuesto 2026: prioridades erradas

Es increíble que este gobierno ha decidido incrementar el presupuesto del MIDES en un 42.4% para llevarlo a 4,100.0 millones de quetzales.

Ramón Parellada

4 de septiembre de 2025 | 00:03h

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Se conoce ya el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026.  Vale la pena que cualquier ciudadano que paga impuestos se entere, pues no necesariamente las prioridades del gobierno coinciden con las de la suyas. El gobierno de Bernardo Arévalo prioriza ciertos rubros que no se alinean con la función primordial del gobierno en cuanto a seguridad y justicia.

De acuerdo con el Diario de Centro América del 2 de septiembre de este año, el ministro de Finanzas afirmó que el proyecto busca “un equilibrio para tener un presupuesto público que abone al crecimiento económico, a más empleo, pero también a construir condiciones de mayor bienestar social”. Para ello, indicó que por cada quetzal que utilice el Ejecutivo se destinarán 20 centavos a la educación de los guatemaltecos, 10 a salud, 13 a protección social y 11 al orden público, seguridad y defensa. Es decir, la función principal que justifica la existencia del gobierno, que es la seguridad y justicia, apenas tendrá el 11% del presupuesto total para 2026. Por eso seguimos tan mal en cuanto a la criminalidad en el país. Gastamos de manera excesiva y equivocada en muchas cosas que nos desvían de lo esencial, que es la seguridad y justicia.

Entre los ministerios que hay que cerrar de inmediato, considero que se encuentran el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Desarrollo (Mides). Ambos han estado caracterizados por despilfarro y corrupción. El MARN ha atrasado con su burocracia los permisos ambientales, impidiendo que cualquier empresa, construcción o iniciativa comience a funcionar. En pocas palabras, obstaculiza el desarrollo económico del país, que urgentemente necesitamos para mejorar el nivel de vida de todos. También se han conocido casos de tortuguismo y rechazos ideológicos a proyectos relacionados con recursos no renovables. Aunque este ministerio tiene asignados pocos recursos en el presupuesto, 343.9 millones de quetzales, y es menor que el del año anterior. El daño causado por el atraso en los permisos ambientales, que considero innecesarios, es gravísimo. Ahuyenta las inversiones de capital y retrasa a quienes, valientemente, han decidido invertir en el país. Los temas ambientales deben resolverse con un sistema de justicia robusto; quien causa daños a terceros debe resarcirlos. Pero si el sistema de justicia está mal y además no se le otorgan más recursos que son imprescindibles para que funcione con eficiencia y prontitud, nada se podrá hacer, por más que exista el MARN.

En cuanto al Mides, desde el inicio critiqué su existencia, por ser un ministerio clientelar, y siempre se menciona la corrupción en sus actividades. Es increíble que este gobierno haya decidido incrementar el presupuesto del Mides en un 42.4%, llevándolo a 4,100.0 millones de quetzales. No cuestiono las intenciones de quienes proponen dichos incrementos, pero, como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.

En lo que respecta a los demás ministerios, aumentar recursos a la camisa de fuerza de la educación no la mejorará; es un barril sin fondo y los resultados son nefastos. Este es un tema para otro artículo. Mientras tanto, seguimos con una infraestructura deficiente, cárceles con reos que siguen delinquiendo y un sistema de justicia y policial desastroso. La deuda es creciente, y la pagarán nuestros hijos y nietos con más impuestos. Este presupuesto es imprudente y tiene prioridades equivocadas. Creceremos, pero porque el gobierno gasta más y mal nuestros impuestos; será un espejismo de corto plazo. Pan para hoy, hambre para mañana.

¿Hasta cuándo? El colapso vial que nos destruye

¿Cuántas horas pierde usted diariamente en el tráfico para ir de su hogar a su trabajo y viceversa?

Ramón Parellada

28 de agosto de 2025 | 00:03h

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El eterno problema del tráfico en Guatemala está causando mucha desesperación y frustración entre quienes deben movilizarse dentro y fuera de la capital. Cada día hay más conductores agresivos, y algunos, perdiendo el control, han disparado a otros en un acto completamente irracional e injustificable. Hace poco, un conductor molesto con unos motociclistas disparó su arma y mató a una persona inocente. No fue un caso aislado; muchos nos advierten de que no bajemos la ventana ni gritemos a los demás conductores, y mucho menos toquemos la bocina, ya que todos están muy irritados y sensibles. ¿Cuántas horas pierde usted diariamente en el tráfico para ir de su hogar a su trabajo y viceversa? ¿Cuál es su costo de oportunidad?

El verdadero problema del tráfico en Guatemala es uno de costos. Las vías públicas son “gratuitas” a cualquier hora, pero si fueran privadas, se podría cobrar de acuerdo con tarifas que varían según las horas pico y valle. Aunque ya se pagan impuestos para mantener las vías en buen estado y utilizarlas para llegar a nuestro destino. No obstante, el modelo actual no funciona. Las vías no están en buen estado, y la cantidad de vehículos las satura casi a todas horas. En la capital, las distintas municipalidades han intentado implementar carriles reversibles en las mañanas y en las tardes. Si bien algo ayuda, es insuficiente. La Municipalidad de Guatemala busca resolver rápidamente accidentes en ciertas vías y ha instalado semáforos inteligentes, pero a menudo se contradice al crear cuellos de botella con sus famosos “retenes”, que solo empeoran el tráfico. No es la forma más adecuada de cobrar multas cuando necesitamos que el tráfico se desplace con mayor fluidez.

Se puede cobrar por kilómetro recorrido utilizando tecnologías de GPS, con un cobro automático mensual basado en el uso de las vías y el horario. Sin embargo, algunos critican esto porque se argumenta que vulneraría la privacidad de los individuos. En mi opinión, es a los vehículos y no a las personas a quienes se les calcula el recorrido y uso de las diferentes vías capitalinas, y lo mismo se aplicaría a las carreteras del país.

Existen muchas otras formas de mejorar la circulación. Hay deficiencias en el transporte colectivo, que funciona como camisa de fuerza, debido al exceso de controles de la Municipalidad. Las vías del transurbano suelen estar muy despejadas y podrían utilizarse para movilizar otros vehículos además de los buses. El anillo periférico regional sigue durmiendo en sus laureles, pero, afortunadamente, algunas iniciativas de inversionistas privados han logrado hacer funcionar sus proyectos, como la VAS. Pronto veremos más que serán fabulosos para liberar el tráfico pesado dentro de la capital.

Considero que moverse en bicicleta es otra opción. Personalmente, me encanta la bicicleta, aunque no siempre es lo más adecuado. Si se necesita llegar luciendo presentable, puede que sudes demasiado. Si llueve, aunque uses capa, es probable que termines mojado. Y si llevas paquetes, quizás no cabrán todos en la bicicleta. No obstante, las ventajas de usarla son notables; en vez de tardar una hora en recorrer cuatro cuadras, lo haces en cinco minutos. El tiempo es oro. Es fundamental que la Municipalidad termine de ampliar todas las ciclovías y las identifique adecuadamente para brindar más seguridad al ciclista. Y no hablemos de las aceras y pasos de cebra para peatones.

El tema central es que, cuando algo parece libre y gratuito, aunque paguemos impuestos, el sobreuso es natural. Una alternativa sería eliminar los impuestos a los combustibles y mantener únicamente un cobro por uso. Esta sería una forma más justa de recaudar y contribuiría a racionalizar la circulación en todo el país.

¿Cómo responder a Trump y sus aranceles?

No hay argumentos económicos para imponer barreras al comercio exterior.

Ramón Parellada

21 de agosto de 2025 | 00:03h

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El mundo entero ha comenzado este año con nuevas condiciones en el comercio exterior. Donald Trump ha impuesto aranceles a todos los países con los que comercia. Veo dos razones detrás de esta imposición: proteccionismo y negociación. Proteccionismo, porque Trump quiere que muchos productos que se importan se fabriquen nuevamente en ese país, y negociación, porque en una importante mayoría de casos, los demás países tenían un mayor proteccionismo que el de Estados Unidos. En este mes parecen haber quedado establecidos ya los aranceles finales para los próximos años, con un 10% hasta un 50% en general.

Restringir, a través de aranceles o barreras no arancelarias, el comercio exterior es puro proteccionismo y política. No hay argumentos económicos para imponer barreras al comercio exterior. Si vemos los aranceles proteccionistas, o incluso las barreras no arancelarias como permisos, licencias, prohibiciones por motivos de salud u otro tipo, ninguno se justifica económicamente. Lo único que hacen estos aranceles es restringir la competencia, lo que se traduce en una reducción de la cantidad de productos que el consumidor puede escoger, y los precios se incrementan. Esto aplica para el país que impone los aranceles; el comercio exterior se disminuye. En cuanto a las razones políticas, un ejemplo claro es el 50% impuesto a ciertos productos de Brasil, un país que, además de ser muy proteccionista, ha tenido un juicio contra su anterior presidente que a todas luces parece injusto. Esta presión del país más poderoso y rico del mundo es efectiva. La mayoría se ha alineado y negociado nuevas condiciones del comercio exterior, disminuyendo aranceles en productos sensibles, eliminando alguno que otro subsidio y aceptando los nuevos aranceles de Trump.

Los países centroamericanos quedaron con un arancel del 10%, con excepción de Nicaragua, a la que se le impuso un arancel del 18%. Sin embargo, debido al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta-DR), existen algunas ventajas que se pueden aprovechar para que los productos fabricados en esta región, con materias primas provenientes de Estados Unidos, no paguen ningún arancel por ese componente. Solo pagaría el 10% por el resto cuyo origen no sea Estados Unidos. De todos modos, considero que se puede hacer más para eliminar ese 10% y dejar todo en 0%. ¿Cómo? Por ejemplo, en Guatemala se podrían eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias que aún existen como primer paso, y dejar de cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) en los puertos cuando ingresa el producto. El IVA se pagaría según se vaya vendiendo el producto, mes a mes.

Eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias haría que los guatemaltecos puedan encontrar más productos a mejores precios. Una disminución en el precio de los productos equivale a un incremento real en sus ingresos. La competencia se incrementaría y haría que los productos locales sean más eficientes y productivos. En cuanto al IVA, permitiría que las empresas reduzcan el capital de trabajo por todo lo que importan. Esto significa menor costo financiero y empresas más competitivas. Al final, el IVA siempre se pagará, pero no en el ingreso de la materia prima, sino en la venta del producto final. Lo del IVA no debería ser argumento para que Estados Unidos imponga aranceles, porque no lo han entendido así; por lo tanto, la idea de no cobrarlo en el ingreso a puerto de los contenedores es una buena idea que trae beneficios a los inversionistas. Al final, si Guatemala logra que Estados Unidos reduzca su arancel a 0%, tendrá una gran ventaja sobre otros países y beneficiará a todos los guatemaltecos. ¿Por qué no hacerlo de una vez?

El futuro del agua: propiedad y responsabilidad

Lo que es público es de todos, y lo que es de todos no es de nadie.

Ramón Parellada

14 de agosto de 2025 | 00:03h

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Guatemala ya cuenta con un sistema de propiedad sobre el agua, y lo que necesitamos es fortalecerlo, no crear una nueva “ley de aguas”. Es verdad que han ocurrido problemas de escasez de agua potable. Otros problemas han sido causados por la contaminación de los ríos, lagos y fuentes subterráneas. Han surgido problemas en verano por el uso de agua para riego de cultivos.  Hay razones para estar preocupados por este líquido vital.  ¿Qué conviene para que el agua potable sea accesible a todos, que las aguas del país no estén contaminadas y que los vecinos utilicen adecuadamente el agua que pasa por sus propiedades sin afectar río abajo a otros usuarios?

En primer lugar, el agua dulce, potable y limpia es un recurso escaso hoy en día. A medida que crece la población y las ciudades, este recurso se vuelve más escaso. Para que alcance para todos, se deben establecer los derechos de propiedad privada del agua.  Lo que es público es de todos, y lo que es de todos no es de nadie.  Lo que es privado se administra prudentemente y, al precio de mercado, ni más ni menos, alcanza para todos. El agua más cara es la que no se tiene. Quienes no disponen de agua potable entubada deben comprarla por camionadas, toneles o galones. Lo hacen a mayores precios que si tuvieran el servicio entubado. Es el agua más cara que hay. El hecho de que el agua potable sea un bien escaso implica que tiene un precio. No es gratis. Hay que obtenerla, purificarla, transportarla y gestionar su cobro. Quienes no quieren pagar por el agua están viviendo en el pasado, cuando había poca población, el líquido vital abundaba y no estaba contaminado. Hoy en día, es un reto poder atender a una población y ciudades crecientes, y nada mejor que los derechos de propiedad y los precios del mercado para racionar su uso y que alcance para todos. Cualquier ley que quiera ser eficiente debe forzosamente garantizar los derechos de propiedad sobre el agua.

En cuanto a la contaminación de las fuentes de agua, el problema no radica en una ley, sino en la justicia. Ya existen sanciones para quienes contaminan y afectan a otros. Sin embargo, nuestro sistema de justicia es lento, débil y selectivo. Mientras se enfocan en fábricas que pueden hacer frente al reto de no contaminar, dejan a un lado las aguas servidas de las comunidades y alcaldías que contaminan los ríos y lagos con aguas negras por todos lados. Las sanciones no llegan o son limitadas. Si yo contamino, debo ser sujeto a una demanda por los afectados, y la justicia debe exigir al contaminante que pague por el daño causado. Además, debe evitar seguir contaminando. Ahora bien, en comunidades muy pobres, donde apenas sobrevive la gente, no hay drenajes y las aguas negras corren por veredas hacia los ríos. El mejor aliado para mejorar esta situación y el medio ambiente es el crecimiento económico. Al generar más oportunidades de mejora del nivel de vida, la gente podrá hacer las mejoras para evitar contaminar. No podemos pedirle peras al olmo.

Finalmente, los conflictos por el agua utilizada en riego se resuelven pacíficamente entre los vecinos de tierras arriba y abajo. Así se han resuelto conflictos por el agua en fincas en la costa sur, permitiendo que todos puedan utilizarla eficientemente. Nuevas tecnologías, como el riego por goteo, tuberías de plástico, acolchados y otras, hacen que el uso de agua para riego sea más eficiente en los cultivos, requiriendo menos cantidades por hectárea.

En países donde sí se ha legislado y ha funcionado, como Chile, lo que ha dado resultados es otorgar derechos de propiedad claros y permitir la formación de un mercado.

Legado de libertad

¿Por qué somos pobres? ¿Cómo mejorar el nivel de vida?

Ramón Parellada

7 de agosto de 2025 | 00:03h

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El pasado lunes, 15 años después de su muerte, recordamos con cariño a Manuel F. Ayau Cordón. Muso, como le conocía todo el mundo, fue la persona que considero más importante e influyente para nuestro país durante el siglo XX. Su legado sigue más vivo y fuerte que nunca en este siglo XXI. Un hombre de ideas y acción. No solo estudiaba los temas que le preocupaban, sino que los ponía en práctica. Estaba tan convencido de lo que era importante para que Guatemala dejara de ser un país pobre, que luchó, con argumentos políticamente incorrectos y sin temor, contra políticos, mercantilistas y académicos socialistas y keynesianos, que nos empobrecían con sus ideas.

En 1958, Muso juntó a unos amigos empresarios con inquietudes intelectuales para estudiar y discutir temas que le preocupaban, haciéndose preguntas difíciles de responder: ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué una persona que trabaja en Estados Unidos gana más que la misma persona haciendo lo mismo en Guatemala? ¿Cómo mejorar el nivel de vida? Estas reuniones lo llevaron a fundar el CEES (Centro de Estudios Económico-Sociales), que quedó legalmente inscrito al año siguiente. Años más tarde surgió la idea de buscar una forma más efectiva de transmitir las ideas a las que llegaban y que harían prosperar a Guatemala, logrando fundar así la UFM (Universidad Francisco Marroquín). Esta universidad tiene como misión “la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables”. El 12 de agosto se cumplirán 54 años desde su creación.  Mario Monteforte Toledo, amigo de Muso, aunque de ideas contrarias, le dijo en una ocasión que la UFM fue lo más grande que pudo haber hecho, ya que no vio venir la cantidad de graduados que saldrían muy bien preparados, entendiendo y defendiendo una sociedad capitalista.

Muso también fue diputado y corrió para presidente y, más tarde, vicepresidente del país. Era muy elocuente, y lamento que no hubiera ganado cuando participó, pues estoy seguro de que Guatemala sería otra, una muy próspera, de haber llegado al poder. Creo que habría tratado de eliminar tantas regulaciones que nos agobian y que impiden un crecimiento económico más rápido, eliminando todas las barreras proteccionistas, arancelarias y no arancelarias, y suprimido el nefasto impuesto a la renta, al que llamaba impuesto a los rendimientos de capital, así como cualquier intervención gubernamental que frenara las inversiones y la atracción de capitales.

Si analizamos a conciencia algunas leyes fabulosas que, gracias a sus ideas y a sus amigos y colaboradores, se lograron implementar en Guatemala, podría mencionar fácilmente cuatro: la Ley de Telecomunicaciones, la prohibición constitucional que tiene el Banco de Guatemala de otorgar préstamos directamente al gobierno central,  la Ley de Desconcentración de Divisas y la fundación de la Bolsa de Valores. 

De sus libros destacaría el que más le importaba: Un juego que no suma cero. En él explicaba la ley de ventajas comparativas y los beneficios del comercio libre, sin barreras de ninguna clase. Decía con certeza que, si la gente llegaba a entender estos principios, entonces ya había comprendido economía. Su legado sigue creciendo y multiplicándose. Hoy vemos a personas escribiendo en periódicos y revistas o en programas de televisión sobre temas desde el punto de vista de la libertad. Las ideas tienen consecuencias, y Guatemala, aunque sometida a intensa lucha ideológica, se encamina poco a poco hacia la libertad. Esta semana, la UFM rinde homenaje al centenario del nacimiento de su fundador.  Aunque los cumpliría el 27 de diciembre, se aprovecha para que coincida con la celebración del 54 aniversario de la casa de la libertad.

Retroceso en la violencia homicida

¿Pero por qué en Guatemala nos hemos estancado y la tendencia se está revirtiendo?

Ramón Parellada

31 de julio de 2025 | 00:03h

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Guatemala está sufriendo un retroceso en cuanto a la violencia homicida. Desde el año 2009, en que se tuvo una tasa de 45.7, hasta 2021, en que la tasa fue de 15.9 homicidios por cada cien mil habitantes, la tendencia era a disminuir la violencia homicida. Sin embargo, desde entonces hasta 2024, la tasa prácticamente se ha estancado y este año preocupa una tendencia al alza, ya que a julio de este año se sitúa en 17.3 homicidios por cada cien mil habitantes. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no logramos que los homicidios  bajen a niveles de Estados Unidos, cuya tasa fue de 6.9, o de Europa, que fue de 0.9 homicidios por cada cien mil habitantes en 2023?

Nuestro país vecino, El Salvador, pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener una de las menores tasas de homicidio, con 2.4 por cada cien mil habitantes. Mientras tanto, Honduras, con una tasa de 35, y México, con 25, son dos vecinos que no han podido controlar la violencia homicida. ¿Pero por qué en Guatemala nos hemos estancado y la tendencia se está revirtiendo? No es solo percepción, como diría con desdén el ministro de Gobernación; es una realidad con evidencias que ha quedado registrada para la historia.

Lo que El Salvador hizo para enfrentar la inseguridad en ese país tiene mucho de positivo, aunque no todo. No es correcto encarcelar a personas inocentes solo por sospechas; se debe garantizar el debido proceso a los detenidos. Sin embargo, los delincuentes y miembros de pandillas que aterrorizaban a la población están controlados y no tienen posibilidad de volver a las calles en un buen tiempo. Creo que valdría la pena adoptar algunas medidas que El Salvador ha implementado con éxito. El problema en Guatemala es que, al capturar a algún delincuente, los tribunales de justicia no pueden mandarlos a prisión en muchos casos por falta de pruebas, o porque el parte policial no ha sido elaborado adecuadamente. El tema es que no basta solo con incrementar la cantidad de agentes policiales; estos deben ir acompañados de un sistema de justicia robusto y efectivo que no devuelva a la calle a los verdaderos delincuentes.

La falta de justicia tiene atemorizado al país. La gente ya comienza a tomar la justicia por sus propias manos. Lo vimos con los delincuentes que tenían hartos a los vecinos de Santa María de Jesús y que fueron acorralados, linchados y quemados vivos por la población. Los comentarios eran que los detenían los policías, pero los dejaban libres los jueces. Volvían a delinquir, y esto demuestra la impunidad del sistema.

Otro tema que está afectando al país es el narcotráfico. La guerra entre grupos que quieren controlar ciertos territorios y el comercio de drogas se ha hecho evidente a través de diversos tipos de asesinatos cometidos por grupos muy bien armados y organizados. ¿Cómo evitar esto? Para mí, no hay solución posible mientras las drogas sigan prohibidas en el mundo entero. La prohibición y la presión por parte de Estados Unidos provocan que existan estos grupos poderosísimos que compran policías, militares, jueces, diputados, ministros y hasta presidentes de diferentes países. El problema es que utilizan cualquier amenaza para lograr sus objetivos. Como dicen por ahí, ofrecen de quienes esperan algún favor dos metales: oro o plomo.

El gobierno no está cumpliendo con su principal función, que es garantizar la seguridad y la justicia. Para eso se formaron los gobiernos: para salvaguardar la vida, la propiedad y la libertad. En cambio, están dedicando los escasos recursos a muchas actividades que nada tienen que ver con su misión, descuidándola. Si algo es prioritario, es la seguridad y la justicia, y se debe trabajar de la mano, coordinando esfuerzos.

Desmantelamiento petrolero: un error del gobierno

Contrario a lo que el gobierno piensa, la explotación moderna de recursos naturales es un aliado poderoso del medioambiente.

Ramón Parellada

24 de julio de 2025 | 00:03h

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El cierre de las actividades petroleras del contrato 2-85 Xan con la empresa Perenco ha dado mucho de qué hablar. El tema implica las leyes actuales de hidrocarburos, así como la ineptitud de diferentes gobiernos para crear una legislación clara que incentive la inversión en la explotación de recursos naturales no renovables en este país. Es lamentable que el gobierno actual pretenda cerrar y desmantelar dichas instalaciones bajo una mal entendida protección al medio ambiente.

Mi amigo Jorge Antonio García, experto en estos temas, exviceministro del MEM (Ministerio de Energía y Minas), me explicó lo que hay detrás de este cierre y lo resumo a mi modo a continuación:  “En Guatemala, la exploración y explotación petrolera están reguladas por la Ley de Hidrocarburos (decreto 109-83), que permite concesiones de hasta 25 años sin prórroga. Las empresas recuperan su inversión a través de los ingresos generados por la producción, pagando regalías al Estado que comienzan en el 5%.

Una vez recuperada la inversión, se inicia la fase de “Hidrocarburos Compartibles”, donde el Estado recibe al menos el 30% de los ingresos, porcentaje que llegó a alcanzar hasta un 40% hace unos años. Al finalizar un contrato, las inversiones pasan a ser propiedad del Estado y se requiere una licitación internacional para adjudicar el campo.

El contrato 2-85 del campo Xan expiró en 2010, y el gobierno de Colom aprobó el decreto 71-2008, que otorgó una prórroga de 15 años a Perenco, evitando la licitación. Esta prórroga termina este año y no puede renovarse legalmente. Aunque se intentó modificar la ley durante el gobierno de Giammattei, no se logró.

El actual gobierno se opone a nuevos contratos petroleros y ha exigido el cierre del campo Xan, responsabilidad que corresponde al Estado. El MEM y sus funcionarios podrían haber incurrido en incumplimiento de funciones al no promover actividades clausuradas como el caso de la mina El Escobal, por ejemplo. La salida de Perenco dejará al Estado con el complicado cierre de pozos y la necesidad de importar asfalto, actualmente procesado en la refinería de La Libertad, Petén”.

La explotación de recursos naturales no renovables en Guatemala presenta un gravísimo defecto: el subsuelo es propiedad del Estado. Es de todos, y lo que es de todos no es de nadie. Si el dueño del subsuelo es el mismo que el de la superficie, se evitan los problemas políticos, sociales  y ambientales relacionados con la explotación de minerales, petróleo y gas natural.

Esto se puede resolver sin cambiar la Constitución, otorgando títulos de usufructo del subsuelo a los propietarios de la superficie de esos terrenos. Los inversionistas se sentirían más seguros y confiados. El valor de las propiedades aumentaría, beneficiando a las comunidades y al medio ambiente, y disminuirían los conflictos sobre cómo manejar la propiedad de cada persona.

En vez de gastar recursos para destruir una inversión productiva (capital acumulado), se podría licitar inmediatamente para que alguien con experiencia la explote y beneficie a los guatemaltecos y al medio ambiente. Contrario a lo que el gobierno piensa, la explotación moderna de recursos naturales es un aliado poderoso del medio ambiente. Un excelente ejemplo de cooperación que beneficia al medio ambiente lo llevó a cabo la Sociedad Audubon, al trabajar en conjunto con las empresas que explotan el gas natural en Texas. Esto les ha permitido recibir buenos ingresos para proteger a las aves de esa región y de otras más. Esa área protegida puede ser mantenida mucho mejor con parte del fruto de esa operación petrolera. Se puede y debe priorizar al ser humano y, a la vez, al medio ambiente. Lo que este gobierno hará es exactamente lo contrario.

Desbloqueando la educación: un cambio necesario

La educación es tan importante que debe ser un asunto completamente de los padres de familia y no del Estado.

Ramón Parellada

17 de julio de 2025 | 00:03h

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La huelga de algunos miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que causó la toma del parque central y bloqueos en el país, ha sido una demostración más de por qué la educación pública no debe estar en manos del Estado. Es una vergüenza tener maestros que no respetan el derecho de las demás personas. Por más que sus demandas puedan parecer sensatas, aunque no lo sean, no tienen derecho a actuar dañando a los demás.

¿Quiénes salieron perjudicados? Los niños que no recibieron clases porque sus maestros no se presentaron a trabajar, así como quienes se movilizaban en las carreteras y en la ciudad hacia sus diferentes destinos, debido a los bloqueos que les impedían el paso. Aunque tarde, por fin el gobierno, a través de la Policía, actuó para desalojarlos del lugar que ocupaban y de los bloqueos. 

Esos maestros dan un mal ejemplo, pues no es a través del chantaje ni dañando a terceros como se progresa en una sociedad civilizada. Todo esto ocurrió porque los maestros querían un aumento del 15% en sus salarios y el gobierno les otorgó el 5%. Está claro que todos queremos ganar más, pero no es a través de presiones de este tipo que se logrará, aunque lo obtuvieran en el pasado.

Si entendieran que, para tener mayores salarios necesitamos una sociedad más rica y próspera, buscarían la forma de que en el país se desregulara y se lograra que el capital invertido per cápita aumentara rápidamente.  Es la única forma de incrementar los salarios reales de todos.

Llevo muchos años involucrado en la educación y creo que la calidad educativa en Guatemala es muy mala, debido a los controles excesivos del gobierno y la camisa de fuerza que imponen a la educación privada. La educación es tan importante que debe ser un asunto completamente de los padres de familia y no del Estado.  Separar la educación del Estado sería un logro enorme. Para ello, es necesario eliminar tanta regulación para la constitución y funcionamiento de nuevos colegios.  Si uno quiere establecer un nuevo colegio privado, debe atravesar un viacrucis de papelería, regulaciones y condiciones que desalientan a la mayoría de las personas. Un colegio privado debería establecerse de la misma forma en que se establece una empresa, siempre que cumpla con las leyes del país.

Una vez establecido un colegio, debe dejarse que funcione libremente, fijando las cuotas y tarifas que consideren necesarias para ofrecer un buen servicio a los alumnos y los padres de familia que lo demanden. Para ello, hay que eliminar todos los controles que se imponen en todos los sentidos y permitir la libre competencia. Justamente, la competencia impide que un colegio aumente sus cuotas a su antojo. Es inaudito que el Gobierno y el Ministerio de Educación impidan la formación de más y mejor competencia en un país con falta de oferta de servicios educativos.

Por otro lado, la gratuidad en la educación es un grave error. Lo ideal es que los colegios, al igual que las empresas, sean lucrativos. Precisamente, son las empresas más exitosas las que, en una economía libre, sirven mejor al consumidor. Un colegio lucrativo velaría no solo por su mejor activo, que son sus alumnos y los padres de estos, sino también por mantener su prestigio.

Para aquellos que no pueden acceder a una educación costosa, no hay que olvidar que, en una economía libre, la caridad es mayor, permitiendo alternativas asequibles e incluso préstamos educativos y becas. El rol del Estado sería el de subsidiariedad. No habría educación estatal.

Temblor: un recordatorio de vulnerabilidad

Cada uno es responsable de cuidarse y cuidar a los suyos. ¿Está Ud. preparado?

Ramón Parellada

10 de julio de 2025 | 00:03h

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Hace dos días tembló en Guatemala. El sismo se sintió fuerte, y mucha gente se asustó; la población fue evacuada de los edificios. Me encontraba en el tercer nivel de un edificio cuando todo comenzó a moverse.  Fue un temblor más, como tantos otros, seguido de otro que sí se sintió con mayor fuerza y ruido.  A diferencia del terremoto de 1976, esta vez estaba tranquilo y no me asusté. Quizás porque estaba más preparado y tenía conocimiento de qué hacer en caso de un terremoto, y al notar que no se fue la energía eléctrica, no me preocupé.

Fueron varios temblores, pero los dos más fuertes ocurrieron uno a las 3 p.m. de 5.2 grados en la escala de Richter y el otro, más fuerte, a las 3:41 p. m., con magnitud de 5.6. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se activó la falla de Jalpatagua, cuyos efectos se sintieron en Amatitlán, Mixco, Antigua Guatemala y Villanueva. En la capital se sintió fuerte por la cercanía del epicentro. Las áreas más afectadas fueron las poblaciones al borde del volcán de Agua, donde ocurrieron deslaves y algunas paredes de adobe se cayeron, así como otras estructuras mal construidas. Al momento de escribir, ya hay seis fallecidos en Santa María de Jesús, según el alcalde del lugar.

Guatemala es un país de sismos. Desde pequeños nos enseñan a estar preparados para estos casos, especialmente después del terremoto del 4 de febrero de 1976. Ese sismo fue de 7.5 de magnitud en la escala de Richter y duró casi un minuto. Ocurrió a las 3:01 a. m., y prácticamente todos estaban en sus camas. Por ello, considero que la cifra de fallecidos fue más alta, 23 mil, que si hubiera sido de día. El problema principal fue con las casas de adobe, que se desmoronaron con facilidad. Quizás yo no contaría esta historia de haber sido de día, pues el aula del colegio donde estudiaba quedó aplastada al caerse el piso superior. Ese terremoto sí me asustó, especialmente al escuchar el ruido de cosas cayendo al piso.

Guatemala está en una zona geológicamente activa, ya que hay tres placas tectónicas: la del Caribe, la de Norteamérica y la de Cocos. Existen muchas fallas, incluidas cuatro principales: la del Motagua, que se activó en 1976; la de Paxil, la de San Vicente y la del Polochic. También está la de Jalpatagua, que se activó hace dos días y está entre las placas del Caribe y la de Norteamérica. Por la cercanía a la ciudad, el temblor se sintió fuerte. 

El temblor de hace dos días fue un recordatorio a estar preparados porque puede ocurrir uno más fuerte, un terremoto algún día no tan lejano.  Lo más importante en esta zona sísmica es no perder la calma y conocer los lugares en donde uno se puede proteger en caso de un fuerte temblor o terremoto.  Considero importante que todas las familias traten de encontrar cuál es el lugar seguro en sus hogares y las rutas de evacuación.  Hay que explicar que con calma, pero sabiendo lo que uno hace, podrán evitar accidentes.  Si se está en un edificio, lo adecuado es buscar lugares seguros y luego evacuar por las escaleras de emergencia, no por los elevadores.  Muchos de los accidentes ocurren por el pánico más que por los efectos del sismo.  A diferencia de lo que ocurrió en 1976, hoy hay mejores construcciones en el interior del país.  Pocas casas son de adobe y las estructuras son más fuertes y seguras que antes, por los materiales que se utilizan.  Lo malo es que estamos sujetos a muchos deslaves por el tipo de suelo que hay en muchas de nuestras montañas, y muchas viviendas en mayor riesgo están a las orillas de los barrancos.  Cada uno es responsable de cuidarse y cuidar a los suyos.  ¿Está Ud. preparado?

Gasto irresponsable: la herencia de un mal gobierno

El ciudadano de a pie seguirá sufriendo las consecuencias de esta gran irresponsabilidad fiscal.

Ramón Parellada

3 de julio de 2025 | 00:03h

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Mientras los guatemaltecos de a pie estiran sus ingresos para llegar a fin de mes a como dé lugar, el gobierno de Guatemala, irresponsablemente, sigue gastando lo que no tiene. El gobierno actual gasta mucho y mal; es un gobierno con políticas keynesianas y socialistas, y la herencia será un país con más gasto, deuda y déficit fiscal. Quienes apostaron por un gobierno diferente deben estar arrepentidos. Las expectativas que crearon quienes hoy nos gobiernan cuando aún eran candidatos se evaporaron, y quienes votaron por ellos aún no logran entenderlo.

La realidad es que, después de casi dos años de este nuevo gobierno, la gente ya quiere cambios. El desgaste es enorme, y el mismo partido que llevó al presidente Bernardo Arévalo al poder ya se ha dividido por las ambiciones personales y las diferencias internas entre ellos. Siempre sucede esto con los partidos de izquierda. Pero no hay que desestimarlos, porque siempre pueden hacer mucho daño, tal como lo han estado haciendo hasta ahora, con presupuestos enormes, incrementando gastos que no van a resolver los problemas más urgentes del país y déficits fiscales que se presupuestan como si nada fuera a pasar en el futuro.

La propuesta de presupuesto de egresos para el 2026 contempla un incremento de aproximadamente el 9% sobre el presupuesto actual, financiado, en parte, con deuda pública y generando un déficit del 3.2%. Uno de los ministerios que más incremento tendrá es el nefasto Ministerio de Desarrollo. En vez de eliminarlo, están proponiendo un incremento del 47%, Q1,321 millones más que en 2025. Este ministerio ha sido cuestionado desde su inicio porque no tiene relación con la misión fundamental del gobierno, que es la seguridad y la justicia. Causan muchas dudas las asignaciones, destinos y compras que ahí se realizan. Se ha dicho que se utiliza para hacer campaña política a favor del gobierno, a través de dádivas, regalos y subsidios a sectores donde interesa al partido oficial obtener más votos.

Mientras tanto, el país sigue con carreteras en muy mal estado, la criminalidad parece desbordada y creciendo, y el sistema de justicia sigue sin funcionar adecuadamente. No vale la pena traer a colación la pelea entre la fiscal y el presidente, porque eso es de niños; deberían trabajar en conjunto para hacer que Guatemala sea un país más seguro y civilizado. Pero volviendo al presupuesto, el gasto para el 2026 se estima en 15.8% del producto interno bruto (PIB). Un gasto que, en comparación con otros países, parece bajo, pero para un país como Guatemala es alto. En vez de concentrar el gasto en seguridad y justicia, en la defensa irrestricta de los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad, se incrementan rubros donde se mantendrán los mismos problemas de siempre por toda la eternidad. El presupuesto se financia a través de impuestos y deuda. La creciente deuda implica impuestos en el futuro. Un país pobre necesita reinvertir sus utilidades en lo que genera más riqueza, y por ello, el presupuesto está mal asignado, diluyéndose en tantas cosas superfluas que no deberían existir, pero que drenan valiosos recursos que generarían oportunidades de mejora de vida para los más desafortunados.

No me extrañará que el presupuesto sea aprobado por los diputados. Los incentivos para aprobarlo están dados, ya que a todos les tocará una buena tajada para sus comunidades y votantes a través de proyectos que apoyan. De igual manera, las obligaciones a cargo del Estado traen un incentivo perverso para que todos apoyen ese incremento. El ciudadano de a pie seguirá sufriendo las consecuencias de esta gran irresponsabilidad fiscal.

Libertad en peligro: reflexiones sobre la guerra

Mises afirmaba que las guerras eran el resultado del intervencionismo estatal sobre la economía.

Ramón Parellada

26 de junio de 2025 | 00:03h

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El mundo está en un momento crítico en el que todos los países viven una paranoia de temor por ser atacados por otros. No es para menos, después de haber visto la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que se ha desatado en esa región, lo que ha llevado a los países miembros de la Otán a temer por su seguridad y a dedicar más fondos a la defensa de sus territorios. La guerra continuada de Israel contra sus vecinos es otro ejemplo del miedo a ser atacados y destruidos; por ello, las iniciativas han sido atacar para destruir todo aquello que los amenace. Lo más reciente ha sido esta guerra contra Irán, donde el régimen actual es de puro fanatismo religioso que amenaza continuamente a Israel, EE. UU. y Occidente con ser eliminados por infieles.

Ese temor de ser atacados provoca intervenciones de los gobiernos, que, al adquirir más poder, deciden aumentar los gastos militares como forma de disuadir a sus posibles enemigos. De ahí que los ataques se justifiquen por miedo, por temor a ser atacados primero. Esa fue la excusa que tuvo Putin para invadir Ucrania y lo mismo con Israel al destruir puntos clave en Irán. La destrucción de los centros estratégicos de enriquecimiento de uranio en Irán por parte de Estados Unidos fue, de alguna manera, un mayor disuasivo. Sin embargo, una vez comenzadas las guerras, se generan muchas bajas inocentes de todo tipo y resentimientos que provocan destrucción económica, empobrecimiento, odio y venganzas. ¿Se pueden evitar las guerras? No lo sé; a veces no es realista, aunque sea deseable. Realista porque, si dejas que otros, con ideas no tan claras sobre la paz, emprendan una carrera armamentista monumental y tú no lo haces, corres el riesgo de ser invadido y dominado. Sea como sea, las guerras traen consecuencias terribles para todo el mundo; nadie se escapa.

Tres de mis economistas favoritos y defensores de la libertad, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Milton Friedman, compartieron ciertas visiones sobre la guerra y su relación con la economía y la libertad. Mises afirmaba que las guerras eran el resultado del intervencionismo estatal sobre la economía. Las guerras disminuyen la libertad individual y afectan negativamente la economía de mercado, ya que provocan más intervenciones del gobierno en la vida privada. Hayek opinaba de manera similar y afirmaba que las guerras desvían el progreso social y económico. La mejor forma de evitar conflictos es una sociedad basada en la libertad y el libre mercado, sin mayor intervención estatal. Para él, el colectivismo y el autoritarismo fomentan los conflictos y las guerras. Milton Friedman criticaba la guerra y la forma en que era financiada. Debido a que los gobiernos intervienen masivamente en financiar las guerras con lo que sea —especialmente aumentando la deuda pública y emitiendo moneda—, los países entran en una situación económica crítica de altos déficits e inflación. Esto provoca resultados económicos desastrosos en la vida de las personas. Consideraba que el gobierno no debe intervenir en la economía, ni en tiempos de paz ni en los de guerra, con el fin de garantizar la libertad individual y no afectar el crecimiento económico.

Mises y Hayek eran los máximos exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, mientras que Friedman, de la de Chicago  o monetarista. Ambos tenían metodologías diferentes, pero en cuanto a sus defensas de la libertad y las consecuencias económicas de las guerras, coincidían plenamente. La intervención del Estado agrava los conflictos, provoca guerras, hace que muchas personas inocentes pierdan sus propiedades y la vida, y daña la libertad y la prosperidad de las personas.

Los candidatos y el poder

¿Qué debemos buscar en los candidatos de elección popular? Aquí algunas ideas: el mejor gobierno no es el más grande, sino el más pequeño.

Ramón Parellada

19 de junio de 2025 | 00:04h

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Cada vez que tenemos que elegir a nuestros gobernantes, surgen muchas inquietudes sobre lo que ofrecen en sus campañas como candidatos. Con pocas excepciones, los aspirantes a puestos de elección se llenan la boca diciendo lo que van a hacer para complacer a su audiencia y, así, ganar los votos necesarios para alcanzar el poder. Llegar al poder es lo más importante; luego, harán lo que les convenga para mantenerlo. Esto es lo que la teoría del Public Choice nos explica en todas partes.

La democracia es solo un vehículo para alternar el poder, pero es un sistema imperfecto que en algunos lugares favorece a quienes mejor conocen el sistema y no a los mejores. El objetivo de los candidatos es controlar todas las instancias de poder para gobernar a placer; es decir, tratar de tener bajo su mando la supuesta división de poderes. Se trabaja para dominar espacios en los poderes Judicial y Legislativo, de manera que el poder Ejecutivo no tenga oposición. Esto es lo que ha ocurrido legalmente en El Salvador, por ejemplo.

También ha sucedido en muchos otros países donde la permanencia en el poder no ha sido legítima, como en Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre otros. Cuando el poder está dividido, comienzan las negociaciones de intercambio de favores entre diferentes grupos, haciendo que todos lleguen a un acuerdo a cambio de futuras concesiones. Los ofrecimientos de campaña se desvanecen y, para lograr el apoyo de los opositores, se pagan los favores con legislación. El resultado es el incremento del gasto público y de impuestos.

Con pocas excepciones, hay quienes gobiernan de manera clara y consistente de acuerdo con sus ofrecimientos de campaña. Un caso es Milei, en Argentina, quien, a pesar de no tener mayoría en el Legislativo, ha logrado avanzar en su agenda de reducción del gasto público, seguridad, déficit e inflación. No ha logrado todo lo que quería por la falta de mayorías en el Legislativo, pero en las elecciones de medio término podría conseguirlo y avanzar mucho más rápido en la recuperación de una Argentina próspera y vibrante.

¿Qué debemos buscar en los candidatos de elección popular? Aquí algunas ideas: el mejor gobierno no es el más grande, sino el más pequeño. Un gobierno que se concentre en reducir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia es fundamental para que la sociedad funcione civilizadamente y atraiga inversiones. Es necesario eliminar ministerios que no tengan que ver con la misión básica y original del gobierno, que son la seguridad y la justicia. Debemos lograr una moneda sana en la que las personas puedan elegir y usar la moneda que más les convenga, incluso para pagar impuestos. El gobierno no tiene que hacer todo lo que se le ocurre, pues la iniciativa privada lo hace mucho mejor, tanto en eficiencia como en calidad. Si el gobierno ha de apoyar a los menos afortunados, debe ser de manera complementaria y selectiva, mediante subsidiariedad: ayudando con bonos a cambio de educación o salud, siempre y cuando la persona realmente lo necesite y solo mientras dure esa necesidad. Estos bonos se intercambiarían en escuelas y hospitales privados, evitando lo público, debido a su ineficiencia. La justicia puede ser impartida principalmente por instituciones de arbitraje e instancias menores; solo algunos casos penales deberían ser resueltos por el sistema de justicia pública. Cárceles, aeropuertos, carreteras, puertos, correos, electricidad, minería, agua potable, etc., deben ser todos privados. Ninguna empresa que brinde servicios al público puede ser pública. Los precios y salarios deben ser libres, sin intervención estatal de ningún tipo. Es imprescindible eliminar permisos y licencias.

Reactivación innecesaria del correo estatal

“…al ser estatal, por pura naturaleza, el correo era ineficiente y necesitaba subsidios para funcionar”.

Ramón Parellada

12 de junio de 2025 | 00:03h

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Hace nueve años, el servicio de correos de Guatemala se suspendió, al no renovarse el contrato que se tenía con la empresa Canada Post Corporation, bajo el nombre de El Correo, S. A., que lo administraba. El Congreso no se pudo poner de acuerdo en prorrogar el contrato o volver a la administración por cuenta del Estado y dejó de funcionar. Me enteré ayer, por una noticia en este medio, que el servicio de correos se reactivó, ahora administrado por la Dirección General de Correos y Telégrafos. Considero que es un grave error haberlo reactivado y explicaré por qué.

Guatemala lleva nueve años sin correos y todos los servicios se llevan a cabo por empresas privadas que funcionan muy eficientemente, llevando y trayendo toda clase de cartas, sobres, encomiendas, paquetes y lo que se puedan imaginar, al y desde el exterior. Algunos podrán argumentar que el correo era más barato, pero al ser estatal, por pura naturaleza, el correo era ineficiente y necesitaba subsidios para funcionar. Ineficiente porque, en primer lugar, no hay un dueño que esté persiguiendo utilidades, lo cual es el incentivo para brindar un buen servicio, ser eficiente y competitivo. Las empresas estatales no funcionan buscando utilidades ni dan buen servicio; los costos se incrementan porque se concentran más en las presiones sindicales de aumentos salariales, más cantidad de puestos de trabajo, en vez de enfocarse en el cliente. Las empresas estatales han sido desastrosas en cuanto al servicio al cliente. Recuerdo que tenía que hacer largas colas para poder ser atendido en correos cuando era estatal, al igual que en Guatel (teléfonos) o en la Empresa Eléctrica. Otras empresas estatales fracasadas que recuerdo fueron Flomerca (Flota Mercante de Guatemala), una compañía naviera guatemalteca que ni siquiera tenía barcos; Fegua (Ferrocarriles de Guatemala), que no podía funcionar sin subsidios por mala administración; y también algunas empresas de lácteos que, al final, quebraron o fueron privatizadas por ineficientes.  Hospitales y escuelas son otro gran ejemplo de ineficiencias estatales.

Hoy en día, la gente se comunica instantáneamente y de forma casi gratuita a través de correos electrónicos, WhatsApp, llamadas telefónicas por internet, etc. Recuerdo muy bien que en la empresa en que comencé a trabajar se usaban mucho los telegramas y el télex. Con el tiempo, el télex dejó de usarse porque el fax lo sustituyó. Finalmente, hoy en día todo es por medio de comunicaciones instantáneas a través de las redes inalámbricas de internet. Si se necesita mandar algo físico, se hace a través de empresas de correos privados o courier y, en menos de 24 horas, los documentos suelen estar en manos del destinatario. Todo tiene su costo, pero estas empresas privadas compiten fuertemente entre sí. El usuario tiene para escoger.

Desconozco los motivos por los cuales volvieron a abrir la empresa estatal de Correos de Guatemala, pero me temo que no va a poder competir, que será ineficiente y que va a tener que ser subsidiada; es decir, que quienes no utilicemos ese servicio estaremos pagando sus pérdidas a través de nuestros impuestos. El edificio de la zona 1 de Guatemala, donde estaba correos, es una joya y podría servir de museo. Volverlo a utilizar para correos me parece un desperdicio.

¿Por qué el gobierno no se enfoca en lo que es su verdadera función de seguridad y justicia? ¿Cuál es la gana de desperdiciar nuestros valiosos impuestos en actividades que las empresas privadas ya hacen y lo hacen muy bien? El gobierno debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad, y para ello debe concentrarse en reforzar los sistemas de seguridad y de justicia. Todo lo demás sobra.