Por la muy lamentable realidad que estamos viviendo al momento en nuestro país, me parece importante compartir, tanto para los investigadores como para  la ciudadanía, algunas ideas que he ido recopilando al respecto, relacionadas con la explicación del crimen.

Partes de esta sección han sido extraídas de un primitivo escrito titulado El futuro viable de la criminología, criminología en acción, de la Universidad de Montreal, 1968. El escrito en cuestión dice que se ha elaborado un útil modelo analítico de tres sistemas principales: cultura, sociedad y personalidad. El sistema cultural se refiere a valores y normas; el sistema social, a la estructura o la interacción grupal e individual, que se refiere a las fuerzas biosicológicas y psiquiátricas dentro del individuo. Estos son sistemas interesantes, interesados y aislados por motivos analíticos. Cada individuo es un organismo biológico, un bagaje de valores transmitidos culturalmente, un miembro de algunos grupos sociales que de tal modo interactúan con otros. Los tres sistemas están, en la realidad, engranados y combinados, pero las disciplinas del conocimiento enfocan diferentes aspectos de cada sistema.

Tanto en la criminología académica como en la mentalidad popular pueden notarse cambios en el énfasis sobre el sistema. Si el moderno análisis del crimen y del criminal puede datar desde los escritos de Cesare Lombroso en el último cuarto del siglo XIX, el énfasis en la primera etapa puede encontrarse, seguramente, en el sistema individual. Por ejemplo, sobre el criminal atávico o de nacimiento, que era un retrasado biológico en una primera etapa evolutiva, una anomalía genética caracterizada por marcados rasgos físicos como prognatismo, brazos lagos y frente oblicua.

Estudios sicológicos desde 1915 hasta la actualidad han enfatizado sobre la condición mental del individuo.

La tarea principal de dichos estudios era proyectar una tipología de personalidades, con uno o más tipos de personalidades, con uno o más tipos susceptibles de desviación en general, o hacia algún tipo específico de desviación.

Un movimiento hacia el sistema social surgió en la década de los años 20. El “entorno” solo es considerado como la escena de acción para la persona, sino como un material con el cual se construye la propia personalidad. El énfasis en la sicología social como el lado “subjetivo de la cultura social” lo coloca en proximidad con un enfoque de la personalidad y la cultura. Las personas tienen actitudes o propensión a actuar; los valores son externos al individuo y a los objetos hacia los cuales la gente tiene actitudes. Ciertas urgencias sociales, como el deseo de seguridad, de amor, satisfacción del yo, de respuestas, de reconocimiento y nuevas experiencias universales, pero de intensidad variable en distintas personalidades.

Con la noción de que el aprendizaje es parte de un modelo de respuesta que lleva a la desviación que enfatiza el sistema social y la interacción entre el individuo y su grupo, encontró un fértil campo donde desarrollarse en 1924. Ahora la persona que se convierte en criminal debido a frecuentes, largas, intensas o tempranas asociaciones con otros que fueron criminales, comparados con aquellas que no lo fueron. La asociación diferencial realmente cambió el enfoque de la Criminología, sobre el sistema de la personalidad, hacia el sistema social.

Pero todavía debía llegar otro cambio, uno que firmemente colocara el peso de la explicación en un ámbito más amplio, que tomara como causa macrofuerzas e hiciera del delincuente un individuo más cautivo del determinismo histórico, político y económico, que de su interacción biológica o personal con otros.

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Se dice que uno de los síntomas más claros de que un gobierno está agotado es que empieza a  aplicar soluciones sencillas a problemas sumamente complejos.

En un sentido amplio, el término “Estado fallido” se usa para describir a un Estado cuyo gobierno se ha hecho ineficaz, teniendo solo un control nominal sobre su territorio, un gobierno que convive con grupos ilegales armados, como es el caso de los sicarios y extorsionadores, que tienen aterrorizada a gran parte de la ciudadanía —léase pilotos y usuarios de camionetas urbanas y extraurbanas, comerciantes, propietarios de tiendas y almacenes—, y ahora en modalidad motorizada, que atracan a propietarios de automóviles particulares circulando.

Lamentablemente, este y anteriores gobiernos solo han visto los afloramientos de la delincuencia, sin penetrar a reconocer sus verdaderas causas y raíces. Se dice, en forma generalizada, que mucha de la delincuencia radica y surge en los centros penales del país.

Parece ser —y debiera verificarse— que a los sentenciados, cumpliendo condena, se les tiene en condiciones infrahumanas y, como generalmente la mayoría de ellos son personas ignorantes cuyas familias son de escasos recursos económicos, se ven obligados a satisfacer sus necesidades ingentes valiéndose de la telefonía celular, en forma ilegal; la prueba es que para los delincuentes de galones, y los de cuello blanco y corbata, se ha creado una cárcel como la de Mariscal Zavala o Matamoros, donde viven a cuerpo de rey, o sea que los fuertes militares que albergan la tropa para fines específicos como la invasión territorial o motines que salen del fuero policiaco han sido desvirtuados al convertirlos en cárcel.

He pensado que los señores jueces deberían limitar su acción a dictar sentencia y no entrar a discriminar al tipo de delincuente. Digo esto para casos como el de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a quien confinaron a Santa Teresa, pero en un “apartheid” privilegiado.

Los ciudadanos que han cometido algún delito, a mi parecer, deben ser sancionados todos por igual. Si el fallo judicial es privarlos de libertad, deben ir a cumplir su sentencia en las cárceles que son para todos, puesto que el delincuente no tiene clase social.

En resumen, los delincuentes que entran en una clase de persona que debe pagar su delito con privación de libertad, deben purgarlos en los centros de detención por lo que deben tener condiciones razonables de habitabilidad para todos, porque esa sentencia no incluye tortura de ninguna clase, y menos aproximarse al tipo de ergástulas como lo fueron en Europa, en el siglo XVIII.

Por otra parte, “la vagancia es punible”, igual que “el trabajo forzoso”, y el Estado incumple con esos preceptos. Ello obliga a que los centros carcelarios ofrezcan todas las facilidades ocupacionales para los distintos intelectos y capacidades, buscando la entretención de los reos, a la vez que apoyen una formación intelectual, o el desarrollo de sus habilidades innatas. En el sistema actual, tampoco reciben asistencia psicológica, cuando el acto delincuencial como femicidio o violencia intrafamiliar puede tener muchas motivaciones que los jueces de sentencia no deben ignorar.

La forma actual se puede resumir en que los que cometen delitos entran burros y salen mulas.

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En Derecho se entiende justicia  como virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, y Derecho  es el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya  observancia pueden ser compelidos los individuos, por la fuerza. La Constitución guatemalteca, en su artículo 18, se refiere a la pena de muerte, o sea que constitucionalmente está vigente, pero  como consecuencia de un fallo judicial  no se aplicado a criminales que han cometido asesinatos  incluso con todos los agravantes: alevosía, nocturnidad y  despoblado. La ultima vez que se aplicó fue en el 2000, por inyección letal, a dos    miembros de una banda  llamada los Pasaco;  sin embargo, todos los días trasciende al gran público  la ejecución alevosa en las calles citadinas de hombres, mujeres, jóvenes y niños, acción  que ejecutan sicarios  con el fin de amedrentar a la población.

Los asesinatos de mujeres van en aumento y septiembre fue el mes más violento, después de mayo. Además, más de millar y medio de pilotos del transporte urbano han sido asesinados en los últimos 24 meses.

Me permito exhortar a los diputados a reparar en esta situación y meditar sobre la necesidad y oportunidad de sacar del congelador el artículo 18 de la Constitución de la República, que además sería un respaldo más para la institucionalidad y el orden social en el país.

El gran debate doctrinal sobre la legitimidad de la pena de muerte ha constituido una de las más vivas polémicas que se han sostenido en el campo de la disciplina jurídica, como tal. Es por ello que me permito tratar sobre tan inquietante tema, reservándome el derecho de dar mi opinión al respecto.

Hay países que han abolido la pena capital, pero como consecuencia de cuantiosas inversiones dinerarias para fortalecer las instituciones judiciales de investigación y de seguridad, para que haya paz y tranquilidad social, paralelamente con la creación de empleos, asistencia social y educación cívica y moral desde la niñez, así como campañas moralizadores para toda la ciudadanía.

Ha habido dos posturas: la tesis abolicionista y la antiabolicionista, de donde se desprende una posición ecléctica. Amnistía Internacional presentó la siguiente estadística: 60 países mantienen vigente la pena de muerte y la aplican; 91 la han abolido completamente; 11 la mantienen reservada para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales.

La tesis abolicionista propone que se suprima, con el argumento de que no produce efectos intimidatorios, y la antiabolicialista propone que se instaure.

Los defensores de la postura ecléctica consideran que la pena de muerte no debe ser aplicada en tiempo de normalidad, pero sí en circunstancias extraordinarias de descomposición social, como es nuestro caso actualmente.

Concretando, en Guatemala la necesidad es lo que propiamente justifica la reinstalación de la pena de muerte, pues es indiscutible que sin ese castigo se seguirán incrementando los crímenes feroces e irá en aumento el número de malhechores con el gran peligro que para la sociedad guatemalteca representa.

Claro que para su aplicación se exige que concurran las indispensables condiciones: 1) que solo debe aplicarse para casos gravísimos; 2) que exista un proceso investigativo altamente profesional que aporte plena prueba y humanamente cierta de la culpabilidad del condenado; 3) que haga sufrir menos al condenado; y 4) que no se aplique en presencia del pueblo. La publicidad debe sustituirse por la notoriedad.

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En el decreto legislativo 207 del 30 de noviembre de 1945, el Congreso de la República, tomando en consideración que la Usac fue declarada autónoma y que, por lo tanto, no se justificaba que en su plan de estudios existiera un ciclo correspondiente a la enseñanza secundaria, que corresponde directamente al Estado, en un por tanto decretó en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación Pública, decreto  gubernativo 1959,   que el mismo quedara así: “La Enseñanza Secundaria se da en institutos nacionales o en particulares autorizados (artículo 1º.).

El artículo 32 de la Ley Reglamentaria de Educación Pública, decreto gubernativo 2081, quedó como sigue: artículo 32. “La enseñanza secundaria comprende cuatro años y define el Plan de estudios para cada año lectivo, incluyendo clases generales como: Solfeo y Canto; Educación Física; Dibujo lineal y natural; trabajo manual; Lengua latina. Quedando suprimidos los artículos 29 del decreto gubernativo 201 y el 35 del 2081 en su artículo 4º.

Por acuerdo gubernativo número 81, del 18 de mayo de 1946, el presidente de la República, considerando que año con año, en el período de inscripción, la cantidad de aspirantes a los estudios posprimarios era superior a la capacidad de las aulas y del profesorado disponible, y que de los maestros que servían en las escuelas, muchos de ellos, teniendo vocación para ejercer la carrera docente no habían tenido la oportunidad de hacer los estudios pedagógicos que los capacitaran para la función educativa, o bien, habiéndolos iniciado no pudieron terminarlos por múltiples circunstancias, acordó aprobar un reglamento de estudios libres y de capacitación docente, autorizó la impartición de los estudios libres de enseñanza posprimaria de Bachillerato, Comercio, Artes industriales con opción al título o diploma correspondiente.

Se entendió por estudios de capacitación y nivelación docentes los que se hicieran en las asignaturas del plan de estudios de los institutos normales, en la carrera de Magisterio, sin tener la obligación de asistir a las clases ordinarias de los establecimientos, pero llenando los requisitos y sujetándose a las limitaciones que contenía el reglamento.

Los docentes y las personas mayores de 20 años también podían seguir estudios de capacitación y nivelación, siempre que llenaran las condiciones siguientes: a)Haber servido como maestro de escuelas primarias, nacionales o privadas durante un período no menor de cinco años, con resultados satisfactorios, siempre que hayan cursado y aprobado el último grado de la Escuela primaria integral. b)Haber tenido el Diploma de Maestra especializada en la enseñanza de párvulos y ejercido la profesión por un período no menor a tres años. c)Haber obtenido el diploma de Preceptor, Maestro de enseñanza rural o de enseñanza elemental. d)Haber cursado y aprobado, por lo menos, las asignaturas del Primer año normal. e) Tener el diploma de graduado en Ciencias y Letras y haber servido como catedrático en establecimientos nacionales y particulares.

Con esta disposición quedaron derogadas las establecidas por el reglamento de estudios libres y de capacitación y nivelación docentes, de fecha 22 de julio de 1945 y todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al cumplimiento de este reglamento.

Así también se reglamentaron los estudios de los institutos normales públicos y privados para preparar maestros y maestras, y por la demanda también los hay en jornadas nocturnas.

Alrededor de los años 30 hubo una proliferación de colegios privados nacionales y extranjeros de gran prestigio.

No me explico el porqué ni a quién se le ocurrió colocarle Gaviotas a un reclusorio para menores   que han cometido una falta grave o un delito. El nombre pertenece a un ave del orden de las palmípedas. Son compañeras ruidosas y vocingleras de pescadores y gente del mar. Fue también popularizado como una canción regional mejicana escrita por el compositor hidalguense  Manuel Esquivel Durán  e interpretada por la diva mejicana Chayito  Valdez, más conocida como la Reina de la Canción, y otras famosas como Lucha Villa.

En los últimos años varios indicios demuestran que la Sociología está adquiriendo una popularidad creciente. Por una parte, aumentó de manera considerable la cantidad de alumnos inscritos en los cursos de esa carrera en las universidades de varios países del mundo, cursos ya bien diferenciados, de los de asistencia social. Por la otra, en los temas de carácter público se tiende a dar crédito a las opiniones de quienes se llaman a sí mismos sociólogos. En consecuencia, es muy importante que los profesores y los estudiantes de Sociología adquieran una idea más clara de la clase de preguntas que puede contestar su disciplina y de aquellas a las que no logrará responder.

Sería interesante conocer cuáles fueron los argumentos, que en su momento, invocaron quienes concibieron la idea de fundar esa institución llamada Gaviotas y qué conocimientos relacionados poseían, porque con los acontecimientos de aparente rebelión interna que allí se han suscitado se hace necesario analizar las causas con seriedad y profesionalismo, en vez de solamente tomar una actitud policial para tratar de restituir el orden perdido.

El convencimiento de que la tradición sociológica dominada por el empirismo y el positivismo encierra muchas imperfecciones es lo que hace que quien escribe trate de motivar a quienes corresponda, en el Estado, a retrotraer los fundamentos para revisarlos, porque la tradición empirista impulsa a resolver los problemas colectivos a partir de toscas generalizaciones ad hoc. Y esto porque no estamos hablando de resguardar ganado, o de una rebelión en una cárcel de adultos, sino de educar con principios y valores éticos y morales a jóvenes de 7 a 17 años, ya que quizá en la mayoría de los casos no los reciben de sus padres, que seguramente no juegan ese importante papel, y solo son progenitores, y si además se les imparten cursos acordes con los programas educativos del ministerio correspondiente.

En resumen, debería dársele la estructura de un internado para varones, y calcar ese modelo para niñas, a fin de evitar otra situación como la ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción.

La naturaleza hace que todos los niños nazcan física y mentalmente normales, salvo factores externos o hereditarios que lo impidan. Entonces se les llama malcriados (mal criados), o sea que la mala crianza procede de los padres o los mayores que los rodean. Tal situación requiere que un sociólogo de la institución, previo a recibir a un niño, visite el hogar del cual procede, para hacer una serie de observaciones que le permitan conocer su ambiente físico, moral y legal, porque es la única forma fiable para recoger importantes insumos para estudiar la causa de la conducta irregular del niño o niña, y así la asistencia psicológica que se le provea sea correctamente inducida, ya que la mayoría de esos menores aprenden a encerrarse en el silencio por temor a más agresiones.

El enfoque científico de la Sociología enfatiza el papel que deben desempeñar los modelos teóricos en la orientación que el profesional escoge para abordar los problemas de su investigación.

Aunque el tema pareciera extemporáneo porque el próximo evento electoral se encuentra en lontananza, es oportuno tratarlo esperando que en el Congreso  lo sometan a  análisis, por las múltiples ventajas que conlleva en  beneficio para el país. A mi criterio, es algo que debería adoptarse en Guatemala, por sus múltiples y evidentes beneficios para el desarrollo de la Nación y  la creación de una cultura democrática.

La democracia liberal ha sido construida con base en el concepto de representación, tan presente en la práctica política actual, desde los tiempos de Hobbes hasta los teóricos de modelos más recientes.

En el modelo original de la democracia representativa —con sus premisas políticas o diseños jurídicos— no cabe cómodamente una propuesta encaminada a lograr la efectividad de un instrumento que supone la existencia de un mandato imperativo como vínculo de poder. Como es el caso del voto programático.

El ejercicio del voto programático deriva en la creación de un mandato imperativo para el ejercicio del poder público. De manera resumida, es un andamiaje adscrito a la Ley Electoral y de Partidos Políticos consistente, básicamente, en los siguientes elementos: se vota por un programa —los partidos políticos en contienda deben tener un claro programa de gobierno—, que es entendido como una propuesta vinculante, si se llega a acceder al poder es obligatorio su cumplimiento y, en caso de no hacerlo, deriva en la posibilidad de sanciones de diversa índole.

El voto programático fue visto y encuadrado en la teoría democrática de varios países sudamericanos, particularmente en Colombia se ha desarrollado en la práctica eligiendo presidentes, gobernadores y alcaldes.

En el caso de Guatemala, hemos tenido 63 presidentes en 196 años —tomando como uno las juntas de Gobierno—. Si restamos los 62 años que han ocupado las cuatro grandes dictaduras —Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico— a ese total de 196 años desde la “independencia”, resulta un promedio de un presidente cada dos años.

¿Cómo puede un país “remontar su vuelo” —como reza nuestro himno nacional—, si cada una de las caras y caretas que han ocupado la silla presidencial no han sido más que arribistas politiqueros, sin un plan o programa de gobierno, y solo con el plan de cooptar al Estado?

En nuestra historia patria, el único candidato presidencial que conocía a cabalidad las necesidades y prioridades que el país requería fue el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, de tal manera que el dictador Jorge Ubico Castañeda, cuando él se empezaba a perfilar como candidato alternativo, lo obligó directa o indirectamente a exiliarse en la república de Argentina.

El expresidente Vinicio Cerezo Arévalo, recuerdo, presentó un documento que contenía planes por desarrollar, o algo por el estilo. Fuera de ellos, todos los demás candidatos han llegado a la Presidencia sin más visión que enriquecerse y sentir las mieles del poder.

Obviamente, para adoptar e instituir el voto programático en Guatemala es imperativa la creación de leyes y reglamentos en lo atinente al sistema electoral, la Constitución de la República, la Ley Electoral y quizá hasta la creación o derogación de otras normas.

El voto programático consiste en la obligatoriedad a los candidatos a presidente de la República, alcaldes y gobernadores a presentar un programa de gobierno al momento de solicitar su inscripción como aspirantes a tales puestos, y si al ser elegidos no lo cumplen, la población electoral puede invocar algunos mecanismos legales que permiten incluso removerlo del puesto.

En el cajón de mis “trapos literarios viejos” encontré un libro de Sociología que llevábamos en el Bachillerato, y un tríptico de un evento relacionado con la posición del Grupo de seguimiento al tema del trabajo infantil (GTI) realizado en Guatemala el 20 de noviembre del 2012, los cuales despertaron mi interés por lo acontecido en el Hogar Seguro Virgen de La Asunción, luego en la correccional para menores Las Gaviotas y otros sucesos en los que se ven involucrados niños, adolescentes y jóvenes.

En el mencionado libro de Sociología atrajo mi atención una anécdota que relata un hecho relacionado con una visita hecha por el emperador Napoleón Bonaparte a la Academia Militar Saint Chamond, en Francia, cuando de manera servil el director de la Academia le preguntó cuál era, en su opinión, la edad en que debía iniciarse la educación de los jóvenes. La respuesta de Napoleón fue: “Quince años antes de que nazcan, educando a la madre”.

En cuanto al tríptico mencionado, su título fue El impacto social del trabajo en la niñez y la juventud, en el cual participaron algunos personajes de la época como la señora Ana de Molina. Los objetivos del Foro fueron: Iniciar un proceso de conocimiento sobre las temáticas de la economía contemporánea y su relación con el trabajo de los niños, niñas y adolecentes trabajadores; Conocer los impactos potenciales que las políticas de la economía contemporánea tienen sobre la niñez y la adolescencia trabajadora; Compartir los conocimientos que sobre el tema tengan los miembros del GTI; Los aportes realizados en este foro y otras actividades que se realicen serán una plataforma que servirá para ir construyendo la posición del GTI sobre estos temas económicos que de una u otra forma inciden en la población, especialmente de aquella en mayor riesgo y vulnerabilidad: los niños y las niñas y adolescentes trabajadores, entre otros.

Imagino que, obviamente, debió producirse un informe sobre los resultados y recomendaciones del Foro; sin embargo, en la Hemeroteca Nacional no encontré nada al respecto. Cosa usual en este tipo de eventos.

Como el tema está sobre el tapete, y además concierne a nuestros legisladores, el Gobierno Central y la iniciativa privada, me permito abundar en la información sobre lo que se entiende por trabajo infantil. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños o niñas de gozar su infancia. En efecto se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental, por lo cual impiden su desarrollo en general. El trabajo infantil incluye trabajo infantil antes de la edad mínima. La edad legal mínima en que los niños pueden aplicar autorizados a un trabajo es de 15 años, 14 años en los países subdesarrollados, para trabajos livianos, solo unas horas de vez en cuando; el límite mínimo de edad es de 13 a 15 años. Finalmente, para realizar trabajos arduos, el límite asciende a los 18 años, 16 bajo ciertas condiciones en los países subdesarrollados.

Las peores condiciones de trabajo infantil consisten en todas las formas de esclavitud o prácticas similares, como el trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas de los padres o la servidumbre. Esta también incluye actividades ilícitas o a las que puedan poner en peligro la seguridad, la salud y la moral de los menores, como la prostitución, la pornografía, el reclutamiento forzoso debido a conflictos armados, el tráfico de armas o de drogas, etc.

El trabajo forzoso incluye tareas domésticas con horarios excesivos o en un medio insalubre o peligroso, o que requieran uso de sustancias tóxicas o herramientas peligrosas.

Los efectos negativos del trabajo infantil son muchos, además de envejecimiento prematuro, desnutrición, depresión o drogadicción.

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La delincuencia es un fenómeno universal y tan antiguo como la misma humanidad. Ya en la Biblia, con el asesinato perpetrado por Caín, hijo de Adán y Eva, en su hermano Abel, concurre el fenómeno delincuencial que se aloja dentro de la criminalidad. Dentro de la criminalidad no es solo el asesinato el delito que se imputa. En síntesis, es el conjunto de acciones consideradas ilegales y que son perseguidas y castigadas por la justicia. En el marco de la delincuencia se encuentra el crimen, una acción considerada como especialmente grave.

La idea de criminalidad tiene dos acepciones. Por una parte es el conjunto de elementos y factores que permiten que una acción sea considerada criminal. La segunda entiende la criminalidad como el número de delitos criminales que han ocurrido en un lugar determinado, en un período de tiempo. Este último significado es el más común, ya que los medios de comunicación y las autoridades utilizan el índice de criminalidad como un dato importante para evaluar la seguridad en un territorio determinado.

La evolución de la criminalidad es un índice fundamental para comprender la realidad social. Al mismo tiempo, el tipo de crímenes que se cometen es importante para conocer ese fenómeno delictivo.

Ancestralmente, el crimen ha tenido tanta importancia que se ha conjugado en la ciencia reconocida como Criminología, que estudia todos los aspectos que forman parte de ese tipo de conductas. Se trata de un conocimiento que engloba elementos de la Sociología, el Derecho y la Psicología.

La Criminología intenta comprender un hecho aislado, un crimen concreto y, paralelamente, lo estudia como expresión de una sociedad.

La seguridad, en sus distintos aspectos, es una de las necesidades básicas de la humanidad, como lo es el amor, pues sin ellas es difícil llevar una vida normalizada.

En las últimas décadas ha surgido un nuevo concepto: el crimen organizado, que no se refiere simplemente a los grupos mafiosos tradicionales, sino también la trata de personas se incorpora a la idea de crimen como una realidad global. De hecho, los cuerpos de seguridad de otros países cooperan conjuntamente para luchar contra el crimen organizado.

El crimen también tiene su historia y su evolución. Los historiadores y los medios de comunicación se han ocupado tradicionalmente de los crímenes más famosos de la humanidad: Julio César, Lincoln, Kennedy, Luther King, Gandhi.

En Guatemala fue noticia internacional el asesinato del periodista Alejandro Córdova y el cometido contra una niña, en un negocio llamado El Torreón, por Miculax Bux.

Los crímenes pueden tener distintas génesis: políticas, pasionales, religiosas, tráfico de drogas y, ahora, la extorsión.

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El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el otro día a la revista Skynews que no recuerda el nombre del médico ni el de alguno de los médicos que emitieron declaraciones de impedimento físico que le permitieron eludir el prestar servicio militar cinco veces durante la guerra de Vietnam, según consta en la Administración Nacional de Archivos y Registros estadounidense. Las dos primeras veces fueron en los años 1964 y 65; la tercera, en 1966; la cuarta, a principios de 1968; y en la quinta ocasión fue declarado no apto para prestar servicio militar. En una entrevista reciente con el New York Times, el gobernante dijo que “los espolones óseos que tuvo en el hueso calcáneo fueron una enfermedad menor, que no había tenido un impacto significativo”.

Ya como candidato presidencial, Trump había sido objeto de intensas críticas, por sus declaraciones sobre el historial bélico del senador demócrata John McCain, sobre quien dijo que no es un héroe de guerra, como muchos consideran, solo porque estuvo en una prisión norvietnamita” —obviamente porque fue capturado en el campo de batalla—. También criticó la forma como Barack Obama enfrentó el radicalismo islámico y el avance económico de China, y señaló a México como un vecino “que no es amigo porque está ahogando económicamente a EE. UU.”.

Su costumbre de ser afín a la critica destructiva, según me comentó un psicólogo amigo, es característica de personas que tienen temor de ser criticadas porque tienen muchas “colas” —antes de que me digan, digo—.

La ola de rechazo contra Donald Trump se está extendiendo en el mundo entero. El papa Francisco explicó por qué no critica a Trump: “No me gusta anticiparme a los acontecimientos, veremos qué hace”, aseguró en una entrevista publicada el domingo 29 de enero por la prensa italiana.

En relación con haber eludido las obligaciones legales impuestas a los jóvenes estadounidenses en cuanto a la obligación de prestar servicio militar al cumplir la mayoría de edad, Trump manifestó en cierta ocasión, hipócritamente, sentir una especie de culpa por no haber servido a su país en la guerra de Vietnam. Y ha asegurado que si hubiera sido llamado habría ido. Todas estas aclaraciones que nadie le ha pedido ponen de manifiesto su intención de justificar sus cobardes posiciones: eludir la vindicta pública y la ley respectiva.

En 1943, el psicólogo Henry Murray escribió un revelador perfil psicológico de Adolfo Hitler, en que indica: “Su débil apretón de manos demuestra una radical incapacidad para mantener relaciones humanas dentro de parámetros normales, y a quien lo aterra la intimidad.

Al leer sobre el emperador romano Nerón, célebre por ser la persecución de los cristianos y el incendio de Roma, se encuentran similitudes el temperamento de Hitler y el de Trump.

Las innumerables arbitrariedades y extravagancias atribuidas al emperador romano Calígula durante su breve paso por el poder dejaron fuera de toda duda el carácter excéntrico e incluso demente de su personalidad.

Durante los primeros meses de su reinado, Calígula ejerció una política de marcado tono demagógico-populista, lo que le permitió gozar de alguna popularidad entre sus súbditos. Presa de una enfermedad que afectó su mente, pronto empezó a cometer sus célebres extravagancias.

Entre toda la información gráfica que se ofreció por televisión de los actos callejeros de rechazo y desafío al nuevo presidente estadounidense en Washington, en otros Estados norteamericanos y otros países, se grabó en mi retina el cuadro que mostraba a policías antimotines tratando de disuadir a manifestantes descontentos, especialmente mujeres, por la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue una situación nunca vista en la toma de posesión de los 45 gobernantes que le antecedieron. Presagio de que de hoy en adelante la era de Trump será de constante confrontación y represión al derecho de protesta que tienen los ciudadanos, como ya se está viendo.

El trasfondo de las protestas fue para defender la igualdad, la inclusión, la condena de la discriminación racial, la aversión e irrespeto por el sexo femenino y la cosificación que ese personaje ha hecho de la mujer en su vida privada y pública.

Los sicólogos no tendrán ninguna dificultad en señalar la tipología de la personalidad de Trump, pero quienes carecen de esa disciplina solo pueden verlo como un típico estadounidense ordinario, inculto descendiente de inmigrantes, como lo fueron sus padres, enriquecido, pero ignorante del conocimiento de la existencia de otras culturas ancestrales que han sido el cimiento del Derecho, los valores éticos y morales que equilibran la rotación de la tierra.

Su visión de la vida y su moral parecen estar notoriamente relacionadas únicamente con la riqueza material. Los bostezos manifiestos en la ceremonia religiosa que se le ofreció dieron a entender que no tiene más Dios que el dinero.

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Es una lástima que el señor Donald Trump, quien recibe la banda presidencial de los Estados Unidos hoy, desconozca la fábula del León y el ratón. Esta cuenta que el rey de la selva fue atrapado por una red colocada por unos cazadores, y ante sus atronadores rugidos ninguno de los habitantes de la selva se atrevió a salir para averiguar qué pasaba, salvo un ratoncito que con sus dientes fue capaz de cortar los lazos de la red y liberarlo.

En el sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. Puede ejercerse el poder por medios físicos, psicológicos o intelectuales. Un hombre puede lograr el poder por el hecho de ser físicamente más fuerte que otros; puede igualmente llegar a ser poderoso por ser capaz de ejercer una influencia psicológica o por sus éxitos financieros sobre otros hombres o multitudes. En circunstancias favorables, sus dotes pueden procurar a un hombre una posición de poder dentro de una comunidad o de una nación. El poder de un individuo puede ser considerablemente realzado si consigue ganar para sus fines la devota consideración de un grupo que simpatiza con ellos. Tal grupo puede ser un partido político, una sociedad secreta o una orden religiosa —por mencionar solo unos ejemplos—. Pero si una estructura de poder puede apoderase de todo un Estado y moldearlo con los principios de su propia organización, entonces nos encontramos con el Estado totalitario. En la época medieval, Derecho, religión y moralidad social estaban íntimamente relacionados.

El señor Trump, en papel de dictador, ha violado leyes fundamentales de los Estados Unidos que atañen a que nadie puede tomar decisiones que corresponden al Estado sin la anuencia del Congreso. Además se abrogó el derecho de agredir las relaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional, entre México y su país, al declarar por sí y ante sí, con odio racial, que establecería un muro divisorio entre ambos territorios en el momento en que ni siquiera había sido nominado candidato presidencial.

Viendo las cosas desde el punto de vista rústico, el “visionario” señor Trump no se ha dado cuenta de que la barrera que se propone construir lo aislará de toda América Latina, que puede surtirse de materias primas, diversos insumos, vehículos y productos terminados, de Europa y Asia, a mejores precios.

Aunque no soy agorero ni me gusta pronosticar, la lógica me hace señalar que Estados Unidos van a ser llevados por su presidente electo a múltiples problemas que hasta la fecha han sido cubiertos por mano de obra latinoamericana.

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Rótulos con el texto del acápite deberían colocarse en la sala de juntas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en los pasillos, en las oficinas, los consultorios, las salas de encamamiento, los quirófanos y hasta en los sanitarios.

Como primer antecedente de la legislación social en Guatemala están en las Leyes de Indias, compiladas en 1680. Ellas constituían intento de la corona Española de limitar los desmanes que sus súbditos cometían contra los indígenas. Entre sus disposiciones se encuentra la del establecimiento de la jornada laboral de ocho horas. Si bien es cierto que su aplicación dejó mucho que desear, esas leyes fueron un curioso anticipo de la legislación laboral profesionista que se implementaría siglos después. Las Leyes de Indias fueron renovadas en 1835 y 1851. En 1877 se dictaron varias normas de tipo laboral.

La Constitución de 1921 entroniza los principios e instituciones laborales que estaban en boga a escala internacional y es la plataforma de la legislación posterior. Sin embargo, en materia de seguridad social, solo se regularon algunos aspectos, muy periféricamente.

En 1926 se decretó la Ley del Trabajo, que incluía la protección del salario, la jornada de ocho horas diarias y 48 horas a la semana, descanso semanal, la protección al trabajo de mujeres y menores, y protección a la madre obrera. En 1932 se estableció por decreto el Sistema de jubilación, pensiones y montepíos para funcionarios y empleados públicos. En 1944, mediante decreto, se estableció la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, equivalente a un ministerio de Gobierno, que cubría incapacidad, desempleo, vejez y muerte del trabajador.

El IGSS fue creado oficialmente el 30 de octubre de 1946, durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Él contrató a dos técnicos extranjeros, especialistas en el tema, además del ingeniero y actuario guatemalteco Milton Zepeda.

Desde varios años atrás se han venido presentando quejas contra médicos del IGSS y contra la institución, por deficiencias de diversa índole. De algunas de esas demandas, al final no se publican los resultados. Otras, de gran trascendencia, no han sido llevadas a los tribunales —generalmente, por falta de recursos de los afiliados ofendidos para pagar un abogado—, pero han trascendido por haber ocupado espacios de prensa.

Como anécdota, deseo contar cómo mi padre, una persona muy conservadora, fue el afiliado número 007. Seguramente, aprovechando la oportunidad, decidió hacerse un chequeo general. Para su asombro, el resultado daba positivo para sífilis. Convencido de que eso no podía ser realidad, constató que, efectivamente, se trataba de una confusión en la cual habían cruzado dos expedientes. Su gran preocupación, entonces, fue la de que el IGSS localizara al realmente afectado para ponerlo al tanto y evitar una situación altamente peligrosa.

Desde hace varios años atrás, la mayoría de gobernantes —no obstante que el IGSS es una entidad autónoma— han tomado esa institución como un nicho para alojar a amigotes, a fin de que se harten y “compartan”, o para pagar favores, porque el saqueo no es de ahora ni es la forma más jugosa; desde hace unos 15 o 20 años el fraude está en los contratos de compras y abastecimientos.

Sería conveniente revisar los trabajos de quienes han sido jefe de servicios de actividades financieras, actuariales y estadísticas —si existe la plaza— porque el 80% de las deficiencias se originan por carencia o incompetencia en los servicios actuariales. Esos son los planos de ruta para conocer el crecimiento o decremento de la población afiliada en cuanto a enfermedad, incapacidad y retiro, por edad o muerte, o sea que determinan las cifras que, en todo aspecto, va requiriendo la institución, para ser permanentemente eficiente, ya que los servicios que se deben prestar no son gratuitos, sino prepagados por los afiliados y las cuotas patronales.

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En este punto pensé que estaba incursionando en un terreno escabroso porque la historia está llena de nombres de hombres célebres y hombres talentosos dirigiendo empresas importantes, tanto como de mujeres destacadas, inspiradoras, profesionales talentosas, importantes, creativas, virtuosas, incluso la actual directora de la Nasa es mujer. Ello me permitió aclarar que mi intención era dar reconocimiento a la mujer, genéricamente hablando.

Mi tema va dirigido a la mujer citadina de escasos recursos, y escasa educación, que en su responsabilidad originaria con gran valentía se abre paso a codazos todos los días para llenar en vacío familiar que dejan los hombres, que ni siquiera asumen responsabilidad personal sobre sus propias vidas.

Las niñas maduran más temprano que los varones. Desde sus 10 u 11 años guardan como sacramental el sigilo del inicio de sus menstruos, apoyan en los quehaceres de la casa y en la crianza de sus hermanitos menores, asisten a los institutos para prepararse mejor, esperando que la sociedad se interese en propiciar oportunidades para ellas.

En la capital, al transitar por el Paseo de la Sexta desde muy temprano, se ve a mujeres, incluso con un niño en la espalda, empujando una carretilla de supermercado, ofreciendo desayunos a los jóvenes que se desempeñan en las tiendas, y durante el día también ofrecen elotes cocidos, porque hay demanda, dado que la economía familiar no es un tema para el Gobierno. Creo que en la provincia la situación es mejor.

En Guatemala, la única mujer que participó abiertamente en política fue doña Dolores Bedoya de Molina, en 1821, y desde entonces han transcurrido 63 presidentes, incluyendo al actual, que con muy honrosas excepciones, no han dejado huella de honestidad ni desarrollo para el país.

Recientemente vimos la fortaleza de carácter de una mujer que en EE. UU. luchó para alcanzar el poder y demostrar que las mujeres pueden, al margen de su posición ideológica. Yo insto a las estudiantes y graduadas en Ciencias Políticas para que organicen y capitaneen un partido político femenino y construyan una organización para apoyar a las mujeres que luchan solitarias. Si en algo puedo serles útil, con gusto apoyo para proponer a una mujer de reconocida solvencia moral y capacidad para futura Presidenta de la República.

Cuando me enteré del resultado de la reciente consulta electoral de los Estados Unidos, me quedé boquiabierto. Esto, porque por enésima vez acerté sobre mi creencia con relación al resultado final de algún asunto controversial de mi interés, de cualquier índole pero, esencialmente, en el área Socio Política, aunque mi expectativa no sea congruente con lo que finalmente hubiera querido que fuera. Hago esta confesión porque no se trata de ser agorero o brujo; creo que a muchas personas les pasa algo semejante. Tampoco se trata de apostarle a dos púgiles en contienda, para siempre ganar con cualquiera de ambos. Tampoco se trata de ciencias ocultas. Solo puedo suponer que no es más que el resultado de un profundo análisis que se da en el subconsciente, cuando el tema motiva mi interés.

El viernes 30 de septiembre, en este matutino expresé opinión negativa sobre el candidato Donald Trump. Argumenté que, “a ojos vista”, carecía de una aceptable cultura general y política. Pero cuando alguien me pidió opinión personal sobre el probable ganador, manifesté que, aunque Trump no era el candidato de mis simpatías, bien podría ser ganador, porque en sus apariciones públicas se le notaba autenticidad y porque sus mensajes eran lo que el elector en Norteamérica, en voz baja, deseaba oír.

Me parece que los estrategas de la señora Clinton le recomendaron que destacara su dialéctica política, su calidad profesional, su experiencia política y su urbanidad. El resultado fue un cúmulo de ideas, muchas veces incomprensibles. Algo así como que en Guatemala alguien que hubiera querido poner un plato de fiambre en cada uno de los hogares repartiera en cada uno todos los ingredientes necesarios para elaborarlo, o sea todas las materias primas, pero sin tomar en cuenta que en esta época el gran público ya no hace su propio fiambre, si no que lo compra hecho.

Si le damos toda clase de verduras y vegetales, aceite de olivas, pollo, quesos, chorizos, ajos, cebollas, pimienta recién molida, pimentón, jengibre, huevos duros, embutidos varios, un chile pimiento, filetes de pollo, etc. y fuego a todos los habitantes del país, solo uno entre miles sabrá, con todos esos ingredientes, elaborar un fiambre. Y solo uno entre millones de personas sabrá combinarlos para inventar con ellos un plato nuevo, aceptable por “todos”.

Lo mismo ocurre con las ideas políticas. Si damos información genuina y honrada, pero fragmentaria, con toda sinceridad, pero sin ninguna hilación, esperando que los receptores de estas ideas entiendan lo que estamos diciendo, solo uno entre mil podrá entender nuestro mensaje, y solo uno entre un millón podrá extraer conclusiones de ese confuso montón de materias primas que les hemos entregado.

Todo ese montón de materias primas que repartió la señora Clinton le costó más de 687 millones de dólares. Se atuvo a los datos que le dieron las “empresas encuestadoras”, a quienes pagó 11.1 millones de dólares. Confió en el voto de las minorías, siendo que ellas aún no son determinantes.

El ganador invirtió solo 307 millones de dólares, un 47% menos. Le habló a un triste subconsciente disperso en Norteamérica. Lo que convierte en “temas de salón”, espectros que ya se consideraban borrados en las naciones diz que civilizadas. Lo que resulta peligroso. Y contagioso. Sobre todo en países como los nuestros, tan fragmentados; por ejemplo, en lo racial.

La violencia es una de las múltiples manifestaciones de la pobreza, es por ello que me permito tomar de el libro El mundo al revés del autor Eduardo Galeano, los siguientes hermosos párrafos: (…) “Es tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir”. También me inspiró para involucrarme en este tema, la lectura del libro: Pariendo pobres de Roxana Ávila, licenciada en Informática y Administración Pública.

La pobreza se define como situación o condición socioeconómica de una población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer sus necesidades vitales. Tristemente la pobreza es un patrimonio del mundo.

La causa es la desigualdad que se agrava en el reparto de los ingresos y de la riqueza en los países y entre ellos, contribuye a consolidar ésta. Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales son complejas, al ser esencialmente de naturaleza política, económica, estructural y social, familiar o espiritual, y se refuerzan por la ausencia de voluntad política, y los seres están limitados por la inadecuación de las medidas que toman los poderes públicos, especialmente en lo que toca a la explotación de los recursos locales.

En el plano individual los seres están limitados a la imposibilidad de acceder a los recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente.

En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructura, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios de información. Lo mismo ocurre con los servicios sociales: educación, salud, agua potable y salud pública. Estas desigualdades perjudican más a quienes habitan en las zonas rurales, en las que viven el 77% de los pobres del mundo, aunque sin duda en las ciudades están todavía más desfavorecidos; todas estas dificultades afectan más a las mujeres que a los hombres.

El problema nacional es que la pobreza es generadora de violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el divorcio y la procreación descontrolada, porque el hombre acosado por la asfixiante situación, se siente disminuido en su incapacidad de generar el ingreso familiar necesario, y para reafirmar su hombría, copula irreflexivamente incrementando la prole irreflexivamente.

En los planos social, económico y estructural, las resultantes son múltiples, variadas y generadoras de distintos tipos de violencia: Los embarazos de jovencitas, la procura de los papás, sobre todo de las madres, por casar pronto a la mayorcita, para quitarse una boca de encima, la imposibilidad de evitar que los varones tengan que cambiar la escuela primaria por una “caja de lustre” para agenciarse los alimentos del día y llevar algunos centavos a la casa por la noche —y ojalá los lleven— otros, se incorporan a grupos de mareros y las jovencitas entregadas a la prostitución, la realidad que nos presentan las noticias como una eficiente labor, no es más que el afloramiento de la pobreza.

La Constitución dice en su Artículo I. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Irrespetar o violar la Constitución constituye un delito fraglante.

La Administración Hospitalaria es una especialidad enfocada a la autonomía de la gestión de los servicios y las instituciones hospitalarias.

Actualmente, en Guatemala, una universidad privada cuenta con una maestría en Administración Hospitalaria, que llena un vacío que ha existido en este y otros países.

La dirección hospitalaria incluye, además de los servicios médico-quirúrgicos, la adquisición de equipos e insumos varios y los medicamentos. Pero como esta humanitaria acción esencialmente corresponde al Estado, al igual que la educación pública, se ha politizado, incluyendo los servicios que corresponden a la Seguridad Social, que en teoría es una institución autónoma, al servicio de los trabajadores. La administración hospitalaria debería ser encomendada a un administrador de empresas y a un director médico.

Parece que, aproximadamente hasta 1978, en la administración pública solo hubo “pulpitos corruptitos” que a partir de esa época crecieron y engordaron a nivel de la Presidencia y del Congreso. Hasta ese momento las compras hospitalarias de medicamentos eran así: los directores contaban con un administrador. El director con el grupo de médicos elaboraba la “Terapéutica Dirigida” a seguir para el año siguiente y, por medio de los agentes vendedores y visitadores médicos de las empresas proveedoras hacían el pedido necesario, con el que surtían mensualmente la farmacia del hospital. Los agentes y visitadores llegaban mensualmente, presentaban al administrador las facturas del mes anterior a cobro, inventariaban los saldos de los medicamentos que les correspondían; la administración cotejaba facturas, elaboraba la solicitud del respectivo cheque de pago, los saldos de existencias y el nuevo pedido. Ese papeleo lo presentaban al médico director, para su revisión y firma, los devolvía al cajero y este entregaba el pago, reteniendo los comprobantes.

Así de sencillo. Nunca hubo manifestaciones reclamando salarios de los empleados de Salud Pública, de ciudadanos quejándose por falta de insumos o deudas multimillonarias a proveedores, ni muertes numerosas de pacientes mayores o infantes, ni partos a 10 metros del hospital. Parece que los “pulpitos gordos” son altamente virulentos porque el IGSS está en agonía, por contagio.

Lamentablemente, la administración pública, desde aquel 1978, fue erradicando sin miramiento a funcionarios de alto rango, eficientes, de frente en alto, honorabilidad reconocida, sin caras ni caretas horripilantes, y fue sustituyéndolos por personas lábiles, o sea que resbalan y se deslizan fácilmente en los terrenos del compadrazgo y la corrupción.

Por lo que se ve, no han sido suficiente escarmiento los juicios y la larga sentencia que aguardan nuestro anterior presidente y la exvice, porque, según se dice, las campanas siguen diciendo en su tañir, dan, dan, darán.

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Así se denominó, varios años atrás, a un baile que consistía en que la pareja, frente a frente, daba tres pasitos adelante y cuatro para atrás, y tal parece que el gobernante y su camarilla lo aprendieron. Lo inconveniente está en que lo están usando para gobernar.

Si bien dice el adagio latino “humanum est errare” (es de humanos cometer errores), ha sido sana la costumbre de que las personas, ante la necesidad de tomar una decisión difícil, consulten con alguien de su entera confianza, que sea idóneo o versado en el tema. Es de ahí de donde, desde la antigüedad, los reyes, los papas y otros soberanos han contado siempre con consejeros. En la clásica novela El Príncipe y el Mendigo de Marck Twain , se nos relata que el Príncipe en algunas noches se disfrazaba de mendigo y, escapándose subrepticiamente del Palacio Real, iba a los barrios pobres a preguntar y escuchar las opiniones de sus súbditos con relación al reinado de su padre.

El expresidente estadounidense John F. Kennedy (1960-1963), no obstante su grado académico en Harvard, haber sido miembro de la Cámara de Representantes y oficial de la marina de guerra norteamericana, destinó un salón contiguo a su despacho, en el cual dispuso un área con muebles de sala y catres y colchonetas. Ahí permanecía un grupo plural de ciudadanos norteamericanos de distintos orígenes, oficios, culturas y costumbres, en absoluta francachela, a quienes acudía para que le dieran su punto de vista sobre algún tema de interés público atinente a la ciudadanía, incluyendo migrantes, para conformar su criterio. Este grupo, obviamente, era por fuera del Consejo de Estado.

En Guatemala, no es primera vez que el Gobierno toma una decisión y luego se echa para atrás. La ciudadanía no es ajena a eso y su reacción no es tanto de decepción con la administración pública, sino que la situación genera inseguridad.

Esa misma situación está viviendo el pueblo estadounidense respecto del aspirante a la Presidencia Donald Trump, quien se ha hecho multimillonario, sin duda dignamente, pero adolece de una aceptable cultura general. Demuestra carecer de buenos modales, no tiene conocimientos ni experiencia política. En la mesa de noche al lado de la cama de los presidentes está el teléfono “rojo”, cuyo objeto es declarar en un momento dado la orden de activar la defensa o el ataque de una guerra nuclear, y ese es uno de los temores de la ciudadanía que lo adversa.

Ni Supermán ni Mandrake se atreverían a gobernar un país sin un consejo de Estado y un grupo de asesores, pero este no integrado por “cuates”, compañeros de farándula o para devolver favores, sino un gabinete formado cien por ciento por ciudadanos profesionales, no comprometidos con grupos de interés.

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A finales del Siglo XVII, la Escuela Liberal difundió el principio de la incompetencia del Estado para actuar en la vida económica, porque estimó que al Estado, ente jurídico, le faltaba el motor del interés individual, único móvil que, a su juicio, era capaz de producir una actividad óptima. Y presentó pruebas de cómo el Estado en su intervención económica alcanzaba resultados muy inferiores a los que es capaz de alcanzar el esfuerzo individual.

Sobre estas ideas, con estos argumentos y con los fracasos evidentes que el Estado de Guatemala ha mostrado en las últimas décadas —por la corrupción inveterada de muchos de los últimos gobernantes, y que alcanzó el top de la corrupción durante el anterior período de gobierno del Partido Patriota—, muchos piensan en la incompetencia del sector público como algo que es inherente del Estado e incuestionable.

A mi juicio, el problema se plantea mal porque se parte del principio de que el Estado es un ente estático, que no evoluciona según las necesidades que debe afrontar. La realidad es que el Estado puede evolucionar y transformarse, y eso es, precisamente, lo que la ciudadanía espera del actual gobierno después de su primer año de noviciado: que con una adecuada organización —obviamente no comprometida con intereses espurios ni nepotismo ni compromisos por amistad—, pueda adaptarse a las nuevas condiciones históricas, económicas y sociales que estamos viviendo a partir de abril del 2015.

En consecuencia, el problema debe plantearse sobre esta base: ¿es necesario que el Estado intervenga en la vida económica?, ¿es posible dejar entregada una economía nacional al libre juego de los intereses individuales? La experiencia en otras naciones ha demostrado que la acertada actuación del Estado es absolutamente indispensable, pues es la única entidad con el peso suficiente para imponer fórmulas de solución. Adecuadas, por supuesto. Inspiradas en el logro del bien común a partir de las capacidades unidas de todos los recursos con los que cuenta el país.

Una crisis representa para la ciudadanía, desde el punto de vista de su simple manera de vivir, un descenso sumamente apreciable en sus posibilidades de subsistir. El desempleo puede ser el inicio de una de esas crisis, capaz de generar otros conflictos de gran trascendencia nacional.

Si entendemos que el Estado somos todos nosotros y no una entidad ajena, bien podemos comprender y aceptar la intervención del Estado. Y más aún, entenderla como necesaria en la vida económica, y aun deseable para muchos. Lo que procede es dotar al Estado —es decir, a nosotros mismos— de los organismos necesarios para poder actuar con precisión y con el máximo de eficiencia. Un órgano que parece necesario para estos propósitos es un Consejo de Estado, integrado por personas de reconocida capacidad, sin intereses gremiales, que permita actuar a partir de mayores consensos.

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No se por qué, pero es notorio que la riqueza de proverbios en Guatemala se ha ido perdiendo. Eso me parece muy penoso porque son sentencias, adagios o refranes cargados de mucha lógica y sabiduría práctica para vivir o eludir casos de la cotidianidad, sin afanes ni problemas. El que encabeza estas reflexiones refleja muy bien muchas de nuestras acciones personales y de nuestros gobernantes, pasados y presentes, que “la beben fría” o toman decisiones tardías sobre acontecimientos que se sabe que, indefectiblemente, van a suceder.

Las palabras introductorias vienen al caso para comentar el destrozo de las carreteras ni bien entrado el invierno, el hacinamiento humano en las cárceles del país, el déficit de aulas escolares, así como de hospitales públicos de enfermedades comunes, que incluyen al IGSS; la carencia de hospitales de especialidades, como hospitales infantiles, hospitales de cardiopatías, de gastroenterología, de traumatología, distribuidos en la provincia. Y no porque se haya incrementado la enfermedad o el deseo de los niños por estudiar, sino simplemente porque los programas de gobierno de los partidos políticos jamás han existido y, menos, haber hecho proyecciones estadísticas de crecimiento de la población para prever los requerimientos de servicios públicos, acorde con las proyecciones del crecimiento poblacional.

Fue necesario que se produjeran crímenes en la granja penal Pavón para desnudar la realidad del mal llamado Sistema Penitenciario, para que ahora aparezca en los medios de comunicación un ministro y hasta el presidente fotografiados, colocando la primera piedra de una nueva cárcel. Igualmente, fue necesario que un gobernante y su vice reventaran el tonel de la corrupta ambición para que la corrupción generalizada en lo público y en lo privado quedara al desnudo y se activara notoriamente el sistema de hacer públicos los juicios, al menos los de alto impacto —procedimiento para la administración de la justicia penal que fue propuesto por el entonces presidente de la Corte Suprema licenciado Edmundo Vásquez Martínez, que culminó con la aprobación del actual Código Procesal Penal.

¿Será que todos somos ineptos o solo los ineptos han copado los puestos en la Administración Pública?

Nadie previó que el transporte público existente en determinado momento iba a colapsar por el crecimiento de la ciudad y de la población citadina. Entonces, quienes pudieron se hicieron de un automóvil familiar, pero no se mejoraron los accesos a los sectores circunvecinos. Ninguno previó que con la baja en los precios de los combustibles y las facilidades para comprar una motocicleta el incremento de la circulación de esos vehículos iba a requerir drásticas regulaciones en el Reglamento de Tránsito.

“Después de ahogado el niño, cegado el pozo”

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Se denomina espectro electromagnético (E.E.M) a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina “espectro” a la luz, radiaciones UV (ultravioleta), rayos X y a la radiación IF (infrarroja). El E.E.M. es el resultado de la distribución de diferentes componentes de distintas longitudes de onda del conjunto de las radiaciones de naturaleza eléctrica y magnética.

Para mejor entender decimos que es un bien público, porque forma parte del espacio aéreo guatemalteco, como una cúpula formada por ondas eléctricas-magnéticas que cubre todo nuestro territorio. Por tanto, el Estado guatemalteco puede intervenir por mandato de ley, pero no lo hace, para garantizar el pluralismo informativo y la competencia y evitar las prácticas monopolísticas del citado bien. La radio, la televisión, la telefonía, la difusión por cable, el telégrafo, el télex y, actualmente, internet son algunos de los medios que utilizan el E. E. M. para enviar y recibir mensajes, y en general toda clase de datos e información.

Como bien público, el espectro electromagnético es inalienable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control exclusivo del Estado, que debe garantizar el acceso a su uso en igualdad de oportunidades y en los términos que fije la Ley. Por lo tanto, la libertad de fundar medios masivos de comunicación haciendo uso de este bien público también se ve limitada. Al hacer uso de E.E.M. se tiene que subordinar obligadamente a las normas que lo reglamentan. Para ello hay que revisar el Reglamento Guatemalteco de Radiocomunicaciones del Convenio de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) y ver los documentos que se refieren a gestión, control y vigilancia del E.E.M., así como el decreto 195 de 2005, fundamentos de la recomendación UIT-TK52, que quizá necesiten actualización.

La Constitución de Guatemala, en su artículo 121. Bienes del Estado, entre el listado de bienes el inciso h. dice que son “las frecuencias radioeléctricas”. Ahora que se están haciendo algunas reformas a la Carta Magna me permito sugerir al Congreso una redacción para el inciso h: El espectro electromagnético del Estado es un bien público, inalienable e imprescriptible.

En la mayoría de países latinoamericanos —conozco el caso de Colombia— existe una dependencia gubernamental específica para negociar los espacios electromagnéticos con los empresarios de las radiodifusoras, radiocomunicaciones privadas, televisoras, cable, correo electrónico, VHF, fax y toda actividad que requiera emplear las ondas electromagnéticas, y, en consecuencia, a cada una de esas empresas privadas les corresponde fijar el precio del tiempo que comercializan.

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