La economía de California es más grande que la de la mayoría de los países, con una amplia diversidad de ingresos.

Hay millonarios nuevos que van tomando residencia en la zona de San Francisco, al tiempo que hay campesinos en la zona de Central Valley que no tienen acceso a agua potable.       

El aumento salarial con respecto a los US$10 la hora que impera actualmente afectaría a millones de personas.       

Rafael Gutiérrez, un campesino de 53 años, dijo que el aumento le permitirá sacar a su familia a comer en restaurantes de cuando en cuando e incluso ir de vacaciones a Disneyland desde su vivienda en el condado Fresno.       

Su último empleo cosechando duraznos y uvas le daba US$11 la hora.

También hay empleadores como Chuck Herrin, propietario de Sunrise Farm Labor, que emplea a unos dos mil 500 trabajadores cada año en San Joaquin Valley.

Herrin vaticinó que los agricultores contratarán 10% menos personal debido al aumento del salario.       

“Será algo devastador”, dijo Herrin del impacto del aumento salarial.       

El lunes, el gobernador Brown elogió el acuerdo con la Legislatura y sindicatos como potencialmente histórico y como un factor de justicia económica.

Según la propuesta, que aún no ha recibido aprobación final de la Legislatura, el salario mínimo subirá gradualmente hasta los U$15 la hora en el 2022.       

Después de eso los salarios aumentarán a la par de la inflación, aunque los aumentos podrían prorrogarse en caso de crisis económica.       

La Legislatura enviará el documento al gobernador en los próximos días, dijo el senador Mark Leno, demócrata por San Francisco.       

El aumento creará el salario mínimo más generoso de toda la nación a nivel estatal.

California y Massachusetts tienen actualmente los salarios más altos, a US$10 la hora.

La desigualdad económica ha surgido como uno de los temas más controversiales en la política nacional.

El presidente Barack Obama ha propuesto un aumento del salario mínimo federal y el aspirante a la candidatura del Partido Demócrata Bernie Sanders favorece un salario de US$15 la hora.       

En las zonas más caras de California, la gasolina, la vivienda, los alimentos y otras necesidades pueden tener precios estratosféricos.

Aunque el precio promedio de una vivienda en el estado es de unos US$400 mil, una casa necesitada de reparaciones en San Francisco o en algunas zonas de Los Ángeles puede fácilmente superar el millón de dólares.

Duane explicó que su hija de 27 años la llamó el lunes para decirle que ella y su prometido habían decidido no casarse.

Poco después, la familia decidió compartir la fiesta —cuyo gasto no era reembolsable— con los menos afortunados.       

“Aunque a mi marido y a mí nos da pena por nuestra hija, fue alentador ver que tanta gente estuviera allí disfrutando del banquete”, comentó Duane.       

Agregó que ya había pagado por una recepción para 120 invitados. Unas 90 personas sin hogar, abuelos y familias enteras con bebés se presentaron al lugar y disfrutaron de un banquete con bocadillos, ensalada, ñoquis, salmón y carne asada.

Algunos incluso se vistieron con sus mejores galas para la ocasión.  Erika Craycraft acudió con su marido y cinco hijos. “Perder algo tan importante y después donarlo a otros es realmente meritorio”, dijo Craycraft a la televisora KCRA-TV  http://bit.ly/1LhGQNe.       

Parte del precio incluía un viaje de luna de miel, pero ese no fue donado a los indigentes. El domingo, madre e hija viajaron a Belice.       

“Espero que cuando ella recuerde esto, sepa que convirtió una mala situación en algo positivo”, comentó Duane.

Los votantes de California aprobaron hace tres años una medida para subir los impuestos a las corporaciones y crear empleos en el sector de la energía limpia al financiar proyectos de eficiencia energética en escuelas. Pero apenas se ha creado una décima parte de los empleos prometidos y el estado no tiene un desglose de los trabajos realizados o la energía ahorrada.

El dinero llega más despacio de lo previsto y más de la mitad de los 297 millones de dólares asignados por ahora a las escuelas han ido a parar a consultoras y auditores de energía. La junta creada para supervisar el proyecto y entregar informes anuales de progresos nunca se ha reunido, según un análisis de Associated Press.

Los votantes aprobaron en 2012 la Ley de Empleos de Energía Limpia por un gran margen de diferencia, lo que cerró un agujero legal en las tributaciones de corporaciones con presencia en varios estados. El gobierno de California decidió dedicar la mitad del dinero a financiar proyectos de energía limpia en escuelas y prometió que se generarían más de 11,000 empleos cada año.

En cambio, sólo se han creado 1,700 empleos en tres años, planteando el temor a que el dinero no esté consiguiendo lo que se prometió a los votantes.

“Las juntas de supervisión que sólo son figuras decorativas son bastante frecuentes, pero las juntas de supervisión que no se reúnen en absoluto son un gran problema”, señaló Douglas Johnson, experto en gobierno estatal en el Claremont McKenna College del sur de California.

La Comisión Estatal de Energía, que supervisa los gastos dentro de la Propuesta 39, no pudo ofrecer ningún dato sobre proyectos completados ni calcular los ahorros de energía porque no se requiere a las escuelas que informen de los resultados hasta 15 meses después de completar la obra, indicó la portavoz Amber Beck.

Sin embargo, la vocera cree que el programa está en el buen camino.  No se han reunido datos suficientes como para que se reúna el comité supervisor de nueve miembros, que agrupa profesores, ingenieros y expertos en clima, afirmó.

El análisis de AP sobre documentos estatales y locales determinó que no se ha completado ningún proyecto para los que el estado asignó 12.6 millones de dólares en el distrito escolar de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés), que tiene casi 1,000 escuelas. Dos centros tenían previsto modernizar este verano su iluminación y calefacción y mejorar su refrigeración, pero no se han hecho obras de construcción en ninguno de los dos, dijo la portavoz del distrito académico Barbara Jones.

La oficina del presidente del Senado en funciones, Kevin de Leon, demócrata de Los Ángeles, había estimado antes que el distrito se ahorraría 27 millones de dólares anuales en costes de energía. Los proyectos propuestos por ahora por LAUSD sólo ahorrarían 1.4 millones de dólares.

De Leon, el principal defensor de la Propuesta 39 en la cámara estatal, no estaba disponible para hacer comentarios, indicó su portavoz Claire Conlon, que afirmó que el programa opera como estaba previsto.
“Instamos a los distritos locales a permitir que se acumulen sus fondos para poder hacer inversiones mayores y más significativas”, dijo Conlon.

Responsables de los distritos académicos de todo el estado dijeron que pretendían cumplir la fecha límite de 2018 para pedir fondos y de 2020 para completar las obras. El dinero se dedicará a proyectos grandes que se necesitan desde hace tiempo, dijeron, y no les preocupa que las escuelas sólo hayan solicitado la mitad de los 973 millones de dólares disponibles por ahora, o que 153 millones de dólares de los 297 millones asignados a las escuelas hayan ido a parar a planificación realizada por auditores y consultores.

“Si hay dinero ahí, iremos a por él”, comentó Tom Wright, gestor energético para el distrito escolar de San Diego. A diferencia de otras zonas, esta región ha recibido 9.5 millones de dólares de sus 9,7 millones disponibles.

El dinero sobrante se devolvería al fondo general, para proyectos que pueden elegir los legisladores sin restricciones.

El programa también recauda varios millones menos cada año de lo previsto en un principio. Sus defensores, como De Leon y el inversor y filántropo multimillonario Tom Steyer, que financió el referéndum con 30 millones de dólares propios, dijeron a los votantes en 2012 que el plan enviaría hasta 550 millones de dólares anuales al Fondo de Empleos de Energía Limpia. Pero sumó 381 millones de dólares en 2013, 279 millones en 2014 y 313 millones en 2015.

No hay una forma concreta de determinar cómo reaccionaron las empresas al cambio fiscal, pero es probable que la mayoría se adaptara para minimizar su carga fiscal, señaló el analista legislativo independiente Ken Kapphahn. Además, señaló, el cambio afecta a un número muy pequeño de corporaciones.

La oficina de Steyer declinó realizar una entrevista o proporcionar comentarios del magnate sobre las cifras de ingresos del programa.

“La Propuesta 39 ya ha alcanzado su objetivo de proteger los empleos y a los empleadores de California al cerrar un agujero fiscal corporativo para empresas que trasladan los empleos de California a otros estados”, afirmó Steyer en un comunicado. Su equipo intentó distanciar al inversor de la aplicación del programa, señalando que el multimillonario quiere respetar el proceso legislativo.

Es innegable que la Propuesta 39 ha creado un número decepcionante de empleos, señaló Kirk Clark, vicepresidente de la California Business Roundtable, que se opone a la medida pero no hizo una campaña agresiva en su contra.

“Tenemos un largo historial en California de prometer empleos ecológicos de más y no cumplir”, señaló Clark, que también expresó su preocupación por que la mayoría de los empleos creados por ahora parecían ser puestos de consultoría.

Ni la Comisión de Energía ni Tim Rainey, director de la Junta de Inversión de Empleo de California, pudieron identificar la clase de empleos creada por proyectos de la Propuesta 39. Esa información estará disponible cuando se reúna por primera vez la junta de supervisión, afirmaron, probablemente en octubre o noviembre.

Clark también señaló que casi la mitad de los proyectos aprobados han sido cambios de iluminación, que no crean tantos empleos como obras más amplias como sustituir los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Las escuelas suelen priorizar la iluminación porque funcionan bien con la fórmula de la Comisión de Energía, que requiere que las escuelas ahorren al menos 1.05 dólares en costes energéticos por cada dólar gastado. La Comisión de Energía señaló que su cifra de empleos se basa en los dólares gastados y no tiene en cuenta la clase de obra realizada.

Los lentos resultados muestran que la junta de supervisión debería haber intervenido mucho antes, afirmó Johnson.
“Deberían haber supervisado todas las etapas de este proyecto, no esperar a que el dinero se haya ido y ver a dónde se fue”, dijo Johnson.

Pero ya que el Congreso federal no pudo aprobar una reforma migratoria, los legisladores californianos abordaron nuevamente el tema. La medida, AB20, avanzó rápidamente por la Asamblea el mes pasado, pero su futuro es incierto en el Senado.

“Aquí estamos tres años después y no podemos esperar más”, dijo el asambleísta Luis Alejo, el autor de la propuesta, al Times. “Diferentes organizaciones siguen viendo hacia Washington. Mientras tanto, aquí nuestras familias, especialmente los que trabajan en agricultura, son las que sufren más, sin una solución a la vista”.

En vez de otorgar una visa de trabajo temporal a los jornaleros extranjeros, como hacen los programas en la actualidad, esta iniciativa daría permisos a las personas que ya viven en California sin la debida autorización y trabajan en la agricultura.

Los trabajadores, sus cónyuges y sus hijos que asistan a la escuela podrían permanecer en el estado sin riesgo de ser deportados. Los trabajadores necesitarían ser mayores de 18 años y haber realizado determinada cantidad de trabajo en las fincas del estado. Las personas sentenciadas por delitos graves o que hubieran cometido al menos tres delitos menores no podrían solicitar el programa.

Alejo dijo que la iniciativa crearía un grupo para recibir autoridad del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional para el programa.

El asambleísta Matthew Harper, una de las dos personas que se opusieron a la iniciativa en la Asamblea, dijo que las decisiones sobre inmigración deberían competer a Washington.

“Me preocupa bastante qué tanto quiere la Legislatura del estado involucrarse con asuntos federales”, apuntó Harper al Times. “Si la gente se quiere involucrarse en asuntos migratorios quizá deberían postularse al Congreso”.

Las autoridades estatales anunciaron la decisión de decirle a más de un centenar de tenedores de derechos hídricos en cuencas de los ríos Sacramento, San Joaquin y el delta que dejen de usar agua de esos cuerpos.

Es la primera vez que el estado obliga a grandes números de tenedores de antiguos derechos de agua a recortar el uso del líquido. Afectará a miles de granjeros.

La medida adoptada por la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos muestra que California está aplicando restricciones a cada vez más usuarios a fin de reducir el uso de agua durante la actual sequía, que se ha extendido por cuatro años.

“Estamos ahora en el punto en que la demanda en nuestro sistema está superando el suministro para incluso los tenedores de derechos hídricos más viejos“, dijo Caren Trgovcich, vicedirectora de la junta de recursos hidrológicos.

La orden es válida para agricultores y otros cuyos derechos al uso de agua fueron reivindicados hace más de un siglo. Muchos de esos agricultores afirman que el estado no tiene autoridad para ordenar los recortes.

-Hay pocos medidores de agua-

Las reducciones son cumplidas básicamente sobre la base del honor, porque hay pocos medidores de agua o sensores instalados para monitorear el consumo.

California ya ordenó recortes en el uso de agua a ciudades, poblados y muchos otros agricultores.

Un grupo de granjeros con derechos antiguos llegó a un arreglo con el estado para recortar voluntariamente el uso de agua por 25% y evitarse de esa forma recortes obligatorios en el futuro.

La cuenca del río San Joaquin va desde la Sierra Nevada hasta la Bahía de San Francisco y es una fuente clave de agua para granjas y comunidades en el área.

Miles de granjeros con derechos hídricos más recientes y menos seguros recibieron ya órdenes de cesar todo el bombeo de agua de las cuencas del San Joaquin y el Sacramento. Esos granjeros están acudiendo a otras fuentes, como pozos, represas y el costoso mercado libre.

Algunos granjeros han creado sus operaciones comerciales sobre la base de acceso casi garantizado al agua.

Jeanne Zolezzi, una abogada de dos pequeños distritos de irrigación en el área de San Joaquin, dice que planea acudir a la corte la semana próxima para frenar la medida de la junta.

Dijo que sus clientes incluyen pequeñas granjas familiares con cultivos permanentes, como albaricoque y almendra, sin el respaldo de pozos subterráneos o represas locales a las que puedan acudir cuando no puedan bombear agua de ríos y arroyos.

También procuraría obtener autorización federal para vender un seguro no subvencionado a quienes residen sin autorización, a través del programa estatal Covered California.

• Si el gobernador Jerry Brown aprueba el proyecto, la afiliación limitada al Medi-Cal para adultos inmigrantes de bajos ingresos de 19 años o más sería permitida según el monto de los fondos que los legisladores aprueben para ello en el presupuesto del año entrante.

El proyecto avanzó a la Asamblea mediante votación bipartidista de 28 a favor y 11 en contra. El senador demócrata Ricardo Lara dijo que su proyecto es una iniciativa histórica para expandir la atención médica a millones de inmigrantes que trabajan en los campos, limpian habitaciones en hoteles y cuidan niños.

“Asegurar que cada niño en California crezca sano y con una oportunidad para desarrollarse bien y tener éxito simplemente es lo correcto por hacer”, dijo Lara al presentar el proyecto de ley. “Esto es lo que estamos a punto de lograr en California”.

Algunos republicanos advirtieron que no facilitarán el acceso de los inmigrantes a los médicos debido a la escasez de profesionales que aceptan el Medi-Cal, la versión californiana del Medicaid, el servicio de seguros médicos patrocinado por el gobierno para la gente pobre.

La senadora republicana Janet Nguyen se abstuvo de votar porque considera que la propuesta es una promesa que carece de bases para sustentarla. “Asegurémonos de que no prometemos un vehículo si no tiene motor”, dijo Nguyen.

Los demócratas en California, grupos defensores de los inmigrantes y del cuidado de la salud se han fortalecido por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama para aplazar la deportación de algunos inmigrantes ante la falta de una reforma migratoria amplia.

Las acciones diferidas ordenadas por el mandatario excluyen a los inmigrantes que llegaron al país sin permiso de tener acceso a las prestaciones federales en salud. Pero California tiene su propia política de ofrecer cobertura médica con dinero estatal a los inmigrantes de bajos ingresos bajo Medi-Cal.

Un análisis legislativo calcula que el costo de ampliar Medi-Cal a los niños migrantes sin importar cuál sea su estatus legal dependerá del desenlace de una demanda que presentaron varios estados contra la orden ejecutiva de Obama.

La medida de otorgar las prestaciones de salud costaría hasta US$135 millones anuales sin la acción ejecutiva del presidente y 83 millones con ella.

La Comisión de Control de Recursos Hidráulicos del estado dio luz verde el martes recién pasado a las medidas que obligan a las ciudades a restringir el uso del agua en la propiedad pública, instan a los dueños de casas a que dejen secar sus jardines e impone objetivos obligatorios de ahorro de agua a centenares de agencias y ayuntamientos que suministran agua a clientes en California.

El gobernador Jerry Brown había pedido normas más estrictas con el argumento de que las campañas de acción voluntario no habían redituado el ahorro necesario frente a la sequía, que está en su cuarto año.

-Reducción en consumo urbano-

Brown ordenó a las agencias de recursos hidráulicos que reduzcan un 25% el consumo urbano de agua en comparación con el 2013, el año anterior a que se declarase el estado de emergencia por la sequía en California.

“Es mejor que nos preparemos ahora que enfrentar recortes mucho más dolorosos si no llueve durante el otoño”, dijo la presidenta de la comisión, Felicia Marcus, cuando el comité aprobó por cinco votos a favor y ninguno en contra las nuevas normas.

Aunque se ha catalogado de obligatorias a las normas, se desconoce el tipo de sanciones que la comisión estatal del agua y las agencias locales pueden imponer o impondrán a quienes incumplan los objetivos.

Funcionarios de la comisión dijeron que prevén ahorros considerables de agua en junio y están dispuestos a aumentar las restricciones y sanciones a las agencias que se queden atrás.

Sin embargo, la comisión carece del personal para supervisar a cada una de las centenares de agencias relacionadas con el agua, que tienen grandes diferencias de tamaño y atribuciones.

Algunas agencias a las que se ha encomendado que ahorren agua carecen de los recursos para emitir multas a quienes la desperdicien, y muchas otras han optado por mantenerse al margen.