Según los medios de prueba que presentó la fiscalía, ambos  exfuncionarios  cometieron ambos delitos durante en el  período de 1996-2000,  por un faltante en caja fiscal de Q1 millón 344 mil 702.

La audiencia se efectuó en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango, por la vía del procedimiento abreviado.

La judicatura estableció una pena de cuatro años de prisión para cada uno, conmutable a razón de Q.5 diarios, y una multa de Q7 mil para cada uno.

Según el MP, la investigación comenzó a partir de una auditoría practicada por la Contraloría General del Cuentas, en la que se  evidenció el faltante referido.