Ricardo Sosa, afectado por el impago, señaló que son más de un centenar de trabajadores los perjudicados, por lo que la semana última impidieron el ingreso de personas al edificio de la comuna.

Berta Lemus, esposa de uno de los empleados, manifestó que ya no les dan crédito en las tiendas.

El jueves último también se llevó a cabo una mesa de diálogo entre las partes, en la que estuvieron presentes delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos. Juan Carlos Catalán, de esa entidad, manifestó: “Solo venimos a verificar que todo se desarrolle con tranquilidad, entendemos a los trabajadores y presentaremos un informe a la sede central.

Postura

Juan Mejía, alcalde, indicó que no todos los empleados son afectados, y que solo se deben tres o cuatro meses, pero que la comuna solo tiene fondos para pagar un mes de salario la próxima semana y otro al recibir el aporte del situado constitucional por parte del Gobierno.