Autoridades de la SAT aseguraron que han aumentado los controles porque se han detectado muchos paquetes que superan los US$500 sin pago de impuestos de importación, límite que permiten los reglamentos regionales, conocidos como carga para la aduana social.

Muchos no son encomiendas familiares, sino con fines comerciales, y se les hacen ajustes para cobro de impuestos, dijo el intendente de Aduanas, Werner Ovalle.

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Los denunciantes aseguran que los migrantes envían artículos de consumo para las familias, así como prendas de vestir, calzado y otros, pero que en aduanas son “abusados y extorsionados” por personal de la SAT que les cobran cuotas no autorizadas. “Nos roban artículos, maltratan las cajas, retienen los contenedores y hacen cobros ilegales”, se quejaron.

Ovalle pide que se denuncie al personal que comete anomalías, pero explicó que aparte de sobrepasar el monto en mención se han detectado armas y hasta una motocicleta desarmada o productos prohibidos. En una ocasión se detectó droga en una encomienda que salía del país, dijo.

Ovalle añadió que hace dos semanas se reunieron con representantes de esos grupos y esperan una propuesta de ellos. Explicó que no se sabe cuántos negocios operan por no estar registrados y la intención es que se registren como empresas de traslado de carga consolidada.