Roberto Fuentes, CEO de BAC y representante de los emisores, explicó que se busca demostrar vicios en el procedimiento de la emisión de la normativa.

Fuentes agregó que los abogados de los emisores encontraron que no se llevó a cabo el procedimiento usual que debe llevar este tipo de legislación financiera para su emisión, principalmente al no pedir opinión a la Junta Monetaria ni al Banco de Guatemala respecto de la incidencia en la economía de los cambios que se están promoviendo con la Ley.

Según información de la CC, las tres acciones serán conocidas la próxima semana por el pleno de los magistrados.

La primera es una inconstitucionalidad contra la norma, presentada por Gabriel Orellana Rojas, y las otras dos son amparos planteados, uno por el directivo de la ABG y el segundo por representantes de la AEMPG.

Según la información de la CC, los amparos buscan que se suspenda la entrada en vigencia de la Ley hasta que haya sentencia definitiva, mientras que la inconstitucionalidad persigue que la norma se expulse de la legislación guatemalteca.

Las impugnaciones, que ingresaron el jueves por la tarde, no han sido presentadas al pleno y se sabe que podrían ser conocidas la próxima semana, pues no están listadas en la agenda urgente.

Regulan a emisores

La Ley de Tarjetas de Crédito fue publicada el 8 de diciembre del año pasado en el Diario de Centro América y entrará en vigor  el 8 de marzo del 2016.

Entre los aspectos de la nueva normativa que más destacan a favor de los consumidores están: evitar  abusos en el cobro de intereses al ordenar un tope de tasas  del 26%, y castigar el hostigamiento a  morosos.

Según la norma, los emisores estarán obligados a ejecutar programas de educación financiera.

El Congreso de la República había aprobado   el 5 de noviembre último, la norma, que  además de regular las tasas de interés, limitará los  gastos de los usuarios.

Sin embargo, la iniciativa de ley permaneció en el Congreso durante dos años a la espera de ser  aprobada.