Esta segunda parte consiste en la presentación de ofertas para una obra que se estima requiere de una inversión de US$200 millones, y en cuyo complejo se quiere albergar a unos 11 mil trabajadores y múltiples entes estatales.

Entre las precalificadas se encuentra la brasileña Odebrecht, que ha sido señalada de cometer actos ilícitos; incluso varios ejecutivos de la constructora, que incluyen al presidente Marcelo Odebrecht, fueron encarcelados el 19 de junio recién pasado por el escándalo de corrupción de Petrobras.

Otras de las empresas que pasaron el proceso son Ortiz Construcciones y Proyectos Guatemala, grupo de capital español; Odebrecht de Brasil; Instalaciones Inabensa de España; Consorcio CAE Guatemala (capital guatemalteco y mexicano).

También fueron habilitados Gia Constructora y Edificadora, S. A., de México, y SBI International Holdings, de Suiza. El único que quedó fuera fue la compañía PLIF Corporation y Hansol Eme Co., de capital suizo y coreano.

En un comunicado emitido en Guatemala el jueves último, la firma brasileña Odebrecht indicó que en el proceso de precalificación para el complejo de oficinas estatales demostró que cumple con las bases de licitación por su capacidad financiera, logística y experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos.

Adelantó, en ese mismo boletín, que continuará el proceso de licitación, para lo que presentará “ofertas concretas”.