En opinión de Stefano Gatto, embajador de la UE en Guatemala, tres años es tiempo suficiente para su aprobación, por lo que se mostró confiando en que su avance se agilice luego de que el miércoles pasado recibió dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso.

El plazo para aprobarla vence el próximo 30 de noviembre, fecha que se estableció dentro del Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Guatemala en el 2013.

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“Creemos que el argumento de decir no (la aprobamos) y tenemos que pensarlo mejor, no es el más adecuado”, agregó el diplomático italiano.

Inquietudes

Gatto, quien conversó con Prensa Libre, destacó como punto positivo de la iniciativa que no exceptúa a ningún área productiva, aunque recordó que algunos sectores argumentaron que ya existe control de la competencia, como en los casos de la electricidad y las telecomunicaciones.

Sin embargo, Gatto aclaró que esas figuras a las que ellos apelan se denominan regulaciones de mercado, las cuales seguirán existiendo y no se desmantelarán.

El diplomático opinó que entre las inquietudes se encuentra la aplicación en relación a la parte operativa de investigaciones y sanciones en aspectos anticompetitivos, ya que la iniciativa establece que empiece dos años después de haber entrado en vigencia la ley. A criterio de Gatto, lo ideal es que sea un año.

Otra de las inquietudes del embajador es la figura de Defensas por Eficiencia, capítulo que funcionaría como una cláusula a la que las empresas tendrían derecho de invocar y ampararse, con el objetivo de no ser sancionadas por una práctica que pueda ser considerada anticompetitiva.

El artículo detalla seis tipos de prácticas que serían amparadas y la superintendencia que se creará para operar esa ley, no las sancionará si se comprueba que generan ganancias por eficiencia.

El problema, explicó Gatto, es que se puede caer en abuso con el uso de esta figura y llegar a ser discrecional, lo cual causaría que la ley se vuelva inoperante.

Citó como ejemplo que la legislación europea la contempla; sin embargo, afirmó que las empresas se han acostumbrado a no utilizarla, porque cuando se analizan los casos, casi siempre son sancionadas.

“El tema es no evitar la posición dominante, sino evitar los abusos de esa posición en el mercado y que puedan impactar al consumidor”, refirió el embajador de la UE.

Otras opiniones

Sigfrido Lee, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que se debe poner atención al debido proceso y establecer los mecanismos de defensa, además que para que la ley sea funcional debe incluir, como se hizo en el dictamen, a todos los sectores, sin excepción.

Lee criticó que la iniciativa contempla la creación de una superintendencia y su directorio, pero que será politizado, ya que el superintendente sería nombrado por el presidente y dos de sus directores, por el Congreso.

El miércoles último, el diputado Carlos Barrera dijo que se conocerán otros cambios, ya que hay más propuestas de parlamentarios.