Irán afirma que está ampliando significativamente el área alrededor del Estrecho de Ormuz bajo su control militar, en un esfuerzo por reforzar su soberanía sobre esta ruta comercial clave.

Un mapa publicado por la recién creada “Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico” (PGSA, por sus siglas en inglés) de Irán afirma que existe una “supervisión de las fuerzas armadas iraníes” sobre más de 22.000 km².

Esa zona se extiende hacia las aguas territoriales de Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU). EAU describió las afirmaciones de control por parte de Irán como “meras fantasías”.

La nueva autoridad iraní añadió que todo tránsito por el estrecho “requiere coordinación con y autorización de la PGSA”.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo han rechazado repetidamente los intentos iraníes de afirmar control sobre el estrecho. EE.UU. le dijo a los barcos que no cumplan con las normas impuestas por Irán.

El asesor diplomático del presidente de EAU, Anwar Gargash, dijo que Irán “está intentando consagrar una nueva realidad nacida de una clara derrota militar, pero sus intentos de controlar el Estrecho de Ormuz o de invadir la soberanía marítima de EAU no son más que meras fantasías”.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los barcos tienen garantizado el paso seguro por aguas de otro país, pero Irán no ha ratificado ese tratado.

Medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán publicaron esta semana imágenes que, según afirmaron, mostraban un ataque de “castigo” contra un petrolero en el estrecho.

Un análisis de BBC Verify reveló que las características clave del buque que aparece en las imágenes coinciden con las del Barakah, un petrolero con bandera de Liberia que reportó haber sido alcanzado por proyectiles no identificados a principios de mayo, según sus operadores.

El impulso de Irán para reforzar su control sobre el estrecho de Ormuz coincide con el abordaje, el miércoles, de un petrolero con destino a Irán por parte de fuerzas estadounidenses.

El Mando Central del ejército estadounidense (Centcom) dijo que se sospechaba que el buque estaba violando el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Imágenes publicadas por Centcom mostraban a marines estadounidenses descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la cubierta de un barco, que se dice es el petrolero Celestial Sea, en el golfo de Omán.

Según la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard, “las fuerzas estadounidenses liberaron posteriormente el buque tras realizar un registro y ordenar a la tripulación cambiar de rumbo”.

El Celestial Sea había sido sancionado anteriormente, bajo otro nombre, por EE.UU. debido a sus vínculos con Irán.

Datos de rastreo de MarineTraffic muestran que el barco informa ahora que su destino es el puerto de Duqm, en Omán.

El Centcom afirmó el jueves que había redirigido 94 barcos comerciales y deshabilitado cuatro embarcaciones desde que entró en vigor el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes el 13 de abril.

Impulso diplomático

Donald Trump dijo el lunes pospuso un ataque militar contra Irán, previsto para el día siguiente, a petición de los estados del Golfo, porque “ahora se están llevando a cabo negociaciones importantes”.

En una publicación en Truth Social, el presidente de EE.UU. dijo que los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos le habían pedido que lo hiciera.

Medios internacionales han informado que se espera que el jefe militar de Pakistán, Asim Munir, visite Teherán este jueves en un intento de mediar en los esfuerzos de paz entre Irán y Estados Unidos.

Los medios estatales iraníes informaron que Munir continuará las conversaciones con altos funcionarios iraníes.

El ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que estaba revisando las últimas propuestas de EE.UU. para poner fin a la guerra.

Trump sugirió que podría esperar unos días a que Teherán acepte el nuevo acuerdo, pero también estaba dispuesto a reanudar los ataques contra el país.

“Créanme, si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos”, dijo el mandatario estadounidense.

Información adicional de Alex Murray.

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• Por qué el estrecho de Ormuz es el arma más potente de Irán en la guerra contra EE.UU.

Cuba representa una “amenaza para la seguridad nacional” para Estados Unidos y la probabilidad de que se alcance un acuerdo pacífico “no es alta”, declaró este jueves el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Sus comentarios se produjeron apenas un día después de que EE.UU. acusara al expresidente de Cuba Raúl Castro de homicidio por el derribo en 1996 de dos aviones, lo que provocó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

Rubio señaló que la preferencia de Washington era “una solución diplomática”, pero advirtió que el presidente Donald Trump tenía el derecho y la obligación de proteger a su país frente a cualquier amenaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de decir “mentiras” y sostuvo que la isla nunca ha representado una amenaza para EE.UU.

Rubio expresó en rueda de prensa que la diplomacia “sigue siendo” su “preferencia con Cuba”, pero agregó: “Solo estoy siendo honesto con ustedes, saben, la probabilidad de que eso ocurra, dadas las personas con las que tratamos en este momento, no es alta”.

El funcionario también acusó a Cuba de ser “uno de los principales patrocinadores del terrorismo en toda la región”, algo que Rodríguez negó de forma tajante en una publicación en X.

El canciller cubano criticó a Rubio por intentar “instigar una agresión militar” y acusó al gobierno de EE.UU. de atacar a su país de forma “implacable y sistemática”.

Cuba atraviesa una crisis de combustible agravada por un bloqueo petrolero efectivo de EE.UU., mientras enfrenta presión del gobierno de Trump para alcanzar un acuerdo.

Sus ciudadanos han experimentado apagones prolongados y escasez de alimentos en los últimos meses.

Rubio agregó que el país había aceptado una oferta de EE.UU. de ayuda humanitaria por US$100 millones.

Trump ha buscado repetidamente ejercer presión sobre Cuba y ha hablado abiertamente de derrocar al gobierno comunista.

La acusación del miércoles contra el expresidente cubano es vista por algunos como un antecedente similar a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Trump en enero.

Sobre si su gobierno llevaría a Castro a EE.UU. para enfrentar los cargos —y cómo—, Rubio respondió a los periodistas: “No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí; si estuviéramos intentando traerlo, ¿por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto?”.

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien anunció los cargos en Miami el miércoles, declaró: “[EE.UU.] espera que se presente aquí, por su propia voluntad o de otra manera”.

Rubio anunció el jueves en X que EE.UU. había detenido a Adys Lastres Morera, hermana de una de los principales funcionarias de un conglomerado administrado por militares cubanos que controla gran parte de los sectores más lucrativos de la economía del país.

Lastres Morera residía en Florida “mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana”, alegó Rubio. Fue detenida por autoridades migratorias y permanecerá bajo custodia mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.

Al hablar con periodistas en el Despacho Oval, Trump declaró que Cuba era un “país fallido” y que su gobierno estaba intentando ayudarlo “sobre una base humanitaria”.

El mandatario añadió que los cubano-estadounidenses “quieren regresar a su país” y ayudar a que la isla prospere.

“Otros presidentes han considerado esto durante 50, 60 años intentando hacer algo y parece que seré yo quien lo haga, así que estaría encantado de hacerlo”, afirmó Trump.

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• 3 formas en que podría evolucionar la crisis en Cuba tras la acusación penal de EE.UU. contra Raúl Castro
• Raúl Castro, el último gran símbolo de la Revolución cubana en el punto de mira de Estados Unidos

Estados Unidos acusó de asesinato al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, lo que ha avivado la especulación de que La Habana podría ser el próximo objetivo en la lista de cambios de régimen de Washington.

En medio de una campaña de máxima presión que ha provocado las mayores carencias de combustible y energía en Cuba en décadas, un coro constante de funcionarios estadounidenses pide el fin del gobierno comunista, que lleva 66 años en el poder en la isla.

Aunque el presidente Donald Trump ha dicho que cree que no será necesaria ninguna “escalada”, la Casa Blanca también ha advertido que no tolerará un “Estado rebelde” a 144 km de las costas estadounidenses.

Lo que está por venir es una incógnita. BBC Mundo te cuenta tres posibles maneras en las que podría evolucionar la crisis en Cuba.

1. EE.UU. podría capturar a Raúl Castro.

La acusación contra Castro, basada en los cargos derivados del derribo en 1996 de dos aeronaves civiles por parte de cazas cubanos, desató de inmediato especulaciones de que fuerzas estadounidenses podrían lanzar una operación para capturarlo y llevarlo a un tribunal en Estados Unidos.

Una operación así no sería inédita.

En enero, comandos estadounidenses llevaron a cabo una operación relámpago en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro —aliado de larga data de Cuba— y trasladarlo a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y armas.

En 1989, una operación mucho mayor —la Operación Causa Justa— implicó que miles de tropas estadounidenses invadieran Panamá para derrocar y detener al entonces líder del país, Manuel Noriega.

El presidente Donald Trump ha evitado hasta ahora responder directamente a preguntas sobre si contempla una operación similar en Cuba.

Varios legisladores estadounidenses, sin embargo, han pedido abiertamente que se lleve a cabo una misión similar.

“No deberíamos descartar nada”, dijo a los periodistas el senador por Florida Rick Scott. “Lo mismo que le pasó a Maduro debería pasarle a Raúl Castro”.

Expertos señalan que, desde una perspectiva militar, una operación para capturar a Castro es factible, pero estaría llena de riesgos y complicaciones, incluida su avanzada edad y la posible resistencia.

“En cierto modo, podría ser más fácil extraerlo”, dijo Adam Isacson, experto regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una ONG. “Su valor simbólico significa que está muy fuertemente custodiado, pero ciertamente es posible”.

Pero capturar a Castro, quien dejó la presidencia en 2018, podría no tener un impacto significativo en el conjunto del gobierno cubano, que desde hace años lo considera una figura muy influyente pero simbólica.

“No creo que afecte mucho la estructura de poder en Cuba a estas alturas. Tiene 94 años”, dijo Isacson. “La dinastía de la familia Castro es influyente, pero no es central para lo que construyeron”.

“Pero por razones de política interna, probablemente sería un golpe”, añadió. “Les encantaría humillar a los Castro y meter tras las rejas a uno de los revolucionarios originales de 1959. Pero el valor estratégico de eso es cuestionable”.

2. EE.UU. podría buscar un cambio de liderazgo en La Habana

Una posibilidad que han planteado funcionarios estadounidenses —incluido Trump— es que surja un nuevo liderazgo en La Habana.

Según señalan expertos, este enfoque podría ser similar al reemplazo de Maduro por Delcy Rodríguez en Venezuela, lo que dejó al gobierno en gran medida intacto, aunque tratando directamente con la administración Trump.

Trump ha dicho repetidamente que ya está en contacto con figuras dentro de Cuba que esperan ayuda de Estados Unidos en medio del empeoramiento de la crisis económica.

“Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar”, escribió en Truth Social el 12 de mayo.

Días después, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios cubanos, incluido el nieto de Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

“Nos relacionaremos con los cubanos… al final del día ellos tienen que tomar una decisión. Su sistema simplemente no funciona”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a los periodistas en Florida el jueves, añadiendo que la preferencia de la administración es un “acuerdo negociado”.

Los cambios que Estados Unidos desea podrían incluir un compromiso para abrir la economía, invitar a más inversión extranjera y permitir la participación de grupos de exiliados cubanos, así como un compromiso para poner fin a la presencia de agencias de inteligencia rusas o chinas en la isla.

Es importante destacar que estos cambios podrían dejar en gran medida intacto al gobierno cubano.

“Así como querían evitar la inestabilidad en Venezuela, quieren evitar la inestabilidad en Cuba”, dijo Michael Shifter, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown y exdirector del centro de estudios Inter-American Dialogue, con sede en Washington.

“Forzar un cambio de régimen sería demasiado arriesgado para eso”, añadió.

Varios expertos consultados por la BBC dijeron que el desafío para la administración Trump es que no hay una figura claramente identificable esperando entre bastidores dentro de Cuba.

“No creo que haya una Delcy Rodríguez evidente en Cuba, y el poder funciona de manera diferente en Cuba que en Venezuela”, dijo Shifter. “Es difícil encontrar lo que están buscando, pero sí creo que buscan algún tipo de estructura de gobierno”.

3. Cuba podría colapsar

Una tercera posibilidad es que Cuba ceda bajo el peso de la enorme presión económica que enfrenta, la cual ya provoca apagones diarios de varias horas y una gran escasez de alimentos en la isla.

“No habrá una escalada. No creo que sea necesario”, dijo Trump esta semana. “Ese lugar se está desmoronando. Es un desastre, y han perdido el control en cierta medida”.

Los expertos, sin embargo, describen un panorama mucho más complejo, en el que los mecanismos de control del gobierno cubano sobre su población permanecen en gran medida intactos, incluso a pesar de la crisis económica.

“Hay que distinguir entre la economía cubana y el Estado y el gobierno cubanos”, dijo Shifter. “La economía cubana puede colapsar, y está colapsando… pero el Estado sigue funcionando, especialmente en el ámbito de la seguridad”.

Cualquier colapso del Estado también podría representar un desafío para la administración Trump si un gran número de cubanos huyera del país, especialmente hacia Estados Unidos.

Los cubanos que han llegado más recientemente tampoco se han librado de la falta de acceso al asilo político y de otras restricciones migratorias durante la administración Trump.

“Si hay un colapso, verás a una gran parte de la población cubana hacer todo lo posible por escapar, del mismo modo que lo han hecho los haitianos a lo largo de los años”, dijo Isacson.

“Florida es el lugar más cercano, pero también esperaría ver a algunas personas irse a México”.

Isacson añadió que estaba “sorprendido” de que tal éxodo no hubiera comenzado ya.

“La gente probablemente está subsistiendo con 1.000 o 1.500 calorías al día y no puede acceder a atención médica básica”, dijo. “Uno pensaría que ya estarían construyendo sus botes”.

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• China y Rusia dicen que EE.UU. debe detener sus amenazas contra Cuba tras la imputación de Raúl Castro por asesinato
• Cómo se compara la imputación de Raúl Castro en EE.UU. con la estrategia que llevó a la captura de Maduro en Venezuela
• Qué cargos presentó EE.UU. contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

Un grupo de manifestantes enfurecidos incendió parte de un hospital en el epicentro del brote de ébola en el este de República Democrática del Congo.

El suceso ocurrió luego de que a los familiares y allegados de un joven, que se cree que murió a causa del virus, se les impidiera llevarse su cuerpo para enterrarlo.

“Comenzaron a lanzar proyectiles contra el hospital. Incluso prendieron fuego a tiendas de campaña que se utilizaban como salas de aislamiento”, relató a la BBC el político local Luc Malembe sobre la escena que presenció en el Hospital General de Rwampara.

En medio del caos, la policía realizó disparos de advertencia para dispersar a la multitud.

El cuerpo de una persona fallecida por ébola es altamente infeccioso y las autoridades necesitan garantizar un entierro seguro para impedir la propagación del virus.

El personal médico del hospital de Rwampara —ubicado en la provincia de Ituri, donde se han producido casi todos los casos conocidos—, quedó bajo protección militar mientras la policía intervenía para restablecer el orden.

Un trabajador de la salud resultó herido por los manifestantes que lanzaban piedras antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad, señaló un empleado del hospital a la agencia de noticias AFP.

El hombre fallecido era una figura popular en la comunidad local y quienes se indignaron por su muerte no “comprenden la realidad de la enfermedad”, dijo a Associated Press Jean Claude Mukendi, quien coordina la respuesta de seguridad al ébola en Ituri.

Testigos indicaron a Reuters que el joven era futbolista y había jugado en varios equipos locales. Su madre declaró a la agencia que creía que su hijo había muerto de fiebre tifoidea, no de ébola.

Malembe expresó que la multitud no creía que el virus, que hasta este jueves había causado la muerte de más de 130 personas en el este de República Democrática del Congo, fuera real.

“La población no está bien informada ni concientizada de lo que está ocurriendo. Para un sector de la población, especialmente en zonas remotas, el ébola es una invención de personas externas: no existe”, afirmó el político.

“Creen que son las ONG y los hospitales los que crean esto para ganar dinero, y eso es trágico”, agregó.

Malembe detalló que dos tiendas de campaña fueron incendiadas, junto con un cuerpo que debía ser enterrado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda “entierros seguros y dignos” para las víctimas de ébola, con personal capacitado que utiliza equipos de protección para manipular los cuerpos.

Seis pacientes estaban recibiendo tratamiento en las tiendas del recinto hospitalario, y puede que hayan huido en el caos, según reportaron los medios.

Según la organización médica Alima, que se dice que operaba las tiendas de campaña, todos están localizados “recibiendo atención en el hospital”.

Emergencia de salud pública

La violencia se produjo cuando se anunció que la selección nacional de fútbol de República Democrática del Congo canceló su concentración previa al Mundial en la capital, Kinsasa, debido al brote.

La OMS ha calificado la situación como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, pero ha dicho que no alcanza el nivel de pandemia.

La organización sanitaria señaló el miércoles que creen que 139 personas en República Democrática del Congo murieron por ébola, de un total de 600 casos sospechosos.

Sin embargo, el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, informó ese mismo día a la cadena estatal RTNC TV que las autoridades registraron 159 muertes.

Otros dos casos del virus se detectaron en Uganda, país vecino de República Democrática del Congo.

Las autoridades allí suspendieron temporalmente vuelos, autobuses y todo el transporte público que cruza la frontera a causa del brote.

También se prohibió la circulación de ferris de pasajeros en el río Semliki, que forma parte de la frontera entre República Democrática del Congo y Uganda.

El brote ha sido causado por una rara variante de ébola conocida como Bundibugyo.

No existe vacuna para esta variante y la OMS ha señalado que podría tardar hasta nueve meses en desarrollarse.

El M23, un grupo rebelde que controla partes del este de República Democrática del Congo, informó este jueves que había confirmado el primer caso de ébola en la provincia de Kivu del Sur, situada a cientos de kilómetros del epicentro en Ituri.

La persona, de 28 años, que había viajado desde Kisangani, murió antes de que se confirmara el diagnóstico, según un comunicado del grupo.

Kisangani es una gran ciudad en la provincia de Tshopo, en el norte del país, donde no se reportaron infecciones por ébola.

Existen crecientes preocupaciones sobre el acceso a zonas bajo control del M23.

El grupo nunca ha gestionado una crisis como el ébola, pero ha afirmado que trabajará con socios internacionales para contener el virus.

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• Qué tan preocupante es el brote de ébola que ya causó más de 130 muertes y se está propagando más rápido de lo que se pensaba, según la OMS
• La OMS declara brote de ébola en República Democrática del Congo como una emergencia global

El gigante petrolero de Estados Unidos está negociando un acuerdo para extraer petróleo venezolano después de décadas de disputas legales con el gobierno del país.

La mayor empresa energética estadounidense, Exxon Mobil, está en conversaciones para adquirir los derechos de producción de petróleo en Venezuela casi dos décadas después de que fuera expulsada de facto del país, según varias personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo sería una importante victoria para el presidente Donald Trump, quien ha declarado que la enorme riqueza natural venezolana está abierta a las empresas estadounidenses.

De concretarse, el acuerdo supondría el regreso de Exxon a un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, tras años de batallas legales que habían convertido al gigante petrolero en una especie de némesis del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

Todavía en enero, Exxon había dicho que Venezuela era “no apto para inversión”.

Tras deponer al líder del país, Nicolás Maduro, Trump designó a la vicepresidenta de Maduro para gestionar la apertura económica de Venezuela a Estados Unidos.

El acuerdo, que podría cerrarse y anunciarse este mismo mes, implicaría que Exxon firmara contratos para producir petróleo en hasta seis yacimientos de varias regiones de Venezuela, según las personas familiarizadas con el asunto que hablaron con la condición de mantener su anonimato porque no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre conversaciones privadas.

Un portavoz de Exxon declinó hacer comentarios. El gobierno y la compañía petrolera estatal de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Cualquier acuerdo entre estos dos archienemigos de la industria petrolera mundial –Exxon y el gobierno venezolano– sería un acontecimiento importante en la campaña de Rodríguez y Trump para convertir a Venezuela en un socio económico estadounidense después de décadas de rivalidad.

En décadas pasadas, Venezuela nacionalizó en dos ocasiones empresas petroleras extranjeras, incluidos los activos de Exxon.

Un acuerdo también significaría un viraje abrupto en la postura de Exxon hacia el país donde empezó a trabajar en la década de 1940.

En 2007, el predecesor de Maduro en la presidencia, Hugo Chávez, nacionalizó los proyectos petroleros propiedad de Exxon y otras empresas petroleras extranjeras. Exxon, a diferencia de la mayoría de sus homólogas, se negó a negociar, abandonó el país e inició una prolongada batalla legal en tribunales internacionales. El gobierno de Venezuela aún le debe a Exxon unos 1000 millones de dólares por daños y perjuicios.

Tras salir del país, Exxon invirtió en Guyana, vecina y rival de Venezuela, y empezó a explotar importantes yacimientos de petróleo en una zona del Atlántico reclamada por Venezuela.

El papel económico dominante de Exxon en Guyana hizo que se convirtiera en objetivo frecuente de los ataques de Maduro, quien acusó a la empresa de patrocinar un gobierno hostil.

En los últimos años, los ejecutivos de Exxon habían rechazado los esfuerzos de Rodríguez, que dirigía la industria petrolera de Venezuela durante el gobierno de Maduro, para atraer a la empresa de vuelta al país, según una persona familiarizada con esas ofertas.

En una reunión de alto nivel de ejecutivos petroleros celebrada el 9 de enero, seis días después de la destitución de Maduro, el director ejecutivo de Exxon le dijo a Trump que Venezuela constituía un riesgo empresarial importante.

“Nos han confiscado nuestros activos dos veces, por lo que pueden imaginar que volver a entrar una tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos”, dijo el ejecutivo, Darren Woods.

Desde entonces ha suavizado su postura.

Este mes, Woods les dijo a los analistas en una llamada telefónica que la experiencia de la empresa en la producción de petróleo ultrapesado en Canadá le daba ventaja en Venezuela, donde la mayor parte del petróleo tiene propiedades similares.

“La inversión y los beneficios parecen prometedores”, dijo sobre Venezuela. “Así que me siento positivo respecto a lo que está ocurriendo, a la oportunidad que hay allí”.

Varias cosas han cambiado desde que Woods descartó a Venezuela en enero.

La guerra en Irán ha aumentado los precios mundiales del petróleo y el gas, lo que hace que las inversiones en producción en distintos mercados sean más atractivas. La agitación en Medio Oriente también ha hecho más urgentes los esfuerzos de las empresas petroleras por diversificar las fuentes de producción.

Y Chevron, el principal rival de Exxon, anunció el mes pasado una importante ampliación de su mayor yacimiento petrolífero en Venezuela, una medida que se espera que cimente el control de la empresa sobre uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Varios analistas petroleros dijeron que la expansión de Chevron ha hecho que, desde el punto de vista estratégico, sea más costoso para Exxon seguir ignorando a Venezuela.

No está claro si el acuerdo inicial que están negociando Exxon y las autoridades venezolanas tendría obligaciones vinculantes o simplemente representaría una expresión del interés de la empresa. En enero, Rodríguez reformó la ley petrolera del país para hacerla más atractiva a los inversores privados, pero aún está acabando un nuevo tipo de contrato para los productores de petróleo.

Una persona familiarizada con los negocios de Exxon en Venezuela dijo que, en las últimas semanas, los negociadores de la empresa habían buscado establecer negocios en el país, y han priorizado tratar de tener un acceso importante más que acuerdos incrementales. Una segunda persona dijo que un grupo de trabajadores de Exxon viajó a Caracas, la capital, en abril para evaluar los yacimientos petrolíferos que se ofrecían.

El gobierno de Rodríguez ha buscado un acuerdo con la misma urgencia, dijo una tercera persona. Esa persona dijo que el regreso de una empresa que en la imaginación popular encarna el poder petrolero estadounidense es una piedra angular de los esfuerzos de Rodríguez por atraer inversiones y ganar el beneplácito del gobierno de Trump.

La búsqueda por parte de Rodríguez del acuerdo con Exxon se ha convertido en una prioridad absoluta, dejando de lado el avance de las leyes nacionales sobre inversiones petroleras o la atracción de otras grandes empresas energéticas occidentales, añadió la persona.

Rebecca F. Elliott colaboró con la reportería.

Anatoly Kurmanaev cubre la actualidad de Venezuela y su gobierno interino.

Rebecca F. Elliott colaboró con la reportería.

El presidente Trump dijo que la guerra con Irán y “otras cosas” le dificultarían llegar a la boda este fin de semana.

Es el clásico dilema.

Eres presidente de Estados Unidos y has iniciado una guerra en Irán que no está saliendo como querías. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están descontentos con la guerra y te culpan de lo caro que se ha vuelto todo a consecuencia de ella. Tu hijo mayor se casa este fin de semana. Según se informa, la boda es en las Bahamas.

¿Irás?

“Esa es una cuestión que no puedo ganar”, reflexionó el presidente Donald Trump el jueves, sentado ante el escritorio Resolute, después de que un periodista le preguntara si iba a asistir.

Fue Trump quien dio la noticia en una fiesta navideña en la Casa Blanca en diciembre de que su hijo mayor, Donald Trump Jr., se había comprometido con una mujer de la alta sociedad de Palm Beach llamada Bettina Anderson. Ambos se casarán en una ceremonia el fin de semana del Día de los Caídos.

“Le gustaría que fuera”, dijo el padre del novio el jueves, “pero va a ser un pequeño acto privado, y voy a intentar ir”. (Un representante de Donald Trump Jr. no respondió a las solicitudes de comentarios).

Pero estaba el pequeño asunto de la guerra que había iniciado al otro lado del mundo.

“Estoy en medio… Dije: ‘Sabes, no es un buen momento para mí. Tengo un asunto llamado Irán y otras cosas'”, dijo.

Trump puede mostrarse a menudo bastante imperturbable ante el tipo de puntos de vista que afectarían a otro presidente –“No pienso en la situación económica de los estadounidenses”, es una frase real que pronunció la semana pasada–, pero esta evidentemente sobrepasó los límites. “Si asisto, me matan”, dijo. “Si no asisto, me matan las noticias falsas, por supuesto”.

Cuando Joe Biden era presidente, su nieta Naomi Biden organizó una gran boda en la Casa Blanca. Posó con Jill Biden, entonces primera dama, para la portada de Vogue. Hay una larga historia de hijos y parientes presidenciales que utilizan la Casa Blanca para celebrar bodas.

Trump desempeña el papel de patriarca de un clan dinástico de hijos y cónyuges Trump. Confía en el esposo de su hija Ivanka, Jared Kushner, como uno de sus principales negociadores en la escena mundial. Empujó a la esposa de su hijo Eric a convertirse en jefa del partido en el Comité Nacional Republicano. El esposo de su hija Tiffany participa en negocios de la familia Trump. Y en su segundo mandato, el presidente nombró a la antigua novia de Don Jr., Kimberly Guilfoyle, embajadora en Grecia.

Y ahora ganará una nueva nuera.

“Está con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo”, dijo Trump el jueves sobre la futura esposa de su hijo. “Y espero que tengan un gran matrimonio”.

Shawn McCreesh es un reportero del Times que cubre el gobierno de Trump.

(Critic’s Notebook)

En lo que respecta al caso Musk contra Altman, ya se ha dictado el veredicto.

En el juicio celebrado en Oakland, California, en el que Elon Musk acusó a Sam Altman y a OpenAI de “robarse” la organización sin fines de lucro para enriquecerse, y ellos lo acusaron de envidioso, el jurado decidió que Musk había esperado demasiado tiempo para presentar su demanda. La prescripción significaba que era nula y sin efecto.

Aun así, ambas partes salen manchadas de este ejercicio de tres semanas de insultos.

Sin embargo, la verdadera pregunta que planteó el juicio quedó sin respuesta: ¿Se puede realmente confiar en estas personas con una tecnología destinada a revolucionar el mundo de todos, posiblemente para siempre? Pero mientras los observadores de la tecnología y los inversionistas analizan las implicaciones, ha surgido un ganador sorpresa: el traje en sí mismo.

No la demanda, el traje.

Después de décadas de ser rebajado a una reliquia del viejo mundo por los inventores del nuevo, un yugo destinado a ser ignorado por los visionarios del futuro que necesitaban liberarse de la chaqueta y la corbata para pensar en grande, la importancia del traje fue lo único en lo que aparentemente todos estuvieron de acuerdo.

Al menos, a juzgar por lo que vistieron en la corte.

Musk, el primero en testificar en el juicio, marcó la pauta con un traje negro y una corbata a juego, en lugar de su habitual camiseta, vaqueros y chaqueta de aviador. Greg Brockman, presidente de OpenAI, lució un traje azul marino con una corbata azul en lugar de su típico suéter y pantalones. Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, también se presentó con un traje oscuro y una corbata brillante, en lugar de su habitual bléiser y camisa de cuello abierto.

Luego estaba el propio Altman, observando junto a su equipo legal y en el estrado. No llevaba el “suéter gris y los vaqueros” que hace poco le dijo a The New Yorker usaba todos los días para disminuir la “fatiga de decisión” (y tal vez para asociarse con Steve Jobs, el famoso usuario de uniformes), sino su propia serie de trajes azul marino y grises y corbatas azules.

Había matices entre las elecciones, sin duda. El aire de señor oscuro de Musk y los memes se colaron a través de su estilo chic tipo “Perros de reserva”. Altman se inclinó más por una apariencia estilo niño de coro angelical, mientras que Nadella y Brockman se fueron más por la de banquero serio. En general, los trajes eran una declaración en sí mismos, sin importar quién estuviera hablando, la verdad.

Fue un cambio de imagen tan dramático como si todos los miembros del Congreso de repente hubieran decidido presentarse al discurso del Estado de la Unión en pantalones cortos de senderismo y un suéter de lana. Claro, los protagonistas se vistieron así para mostrar respeto a la corte, pero también lo hicieron para transmitir un mensaje más amplio, que tiene que ver con el cambio general en la relación del mundo tecnológico con el mundo que lo observa.

A pesar del supuesto rechazo a los antiguos códigos de vestimenta para dejar que sus mentes vuelen libremente en los campos del binario, los tecnócratas siempre han entendido el papel simbólico que desempeña la ropa a la hora de transmitir su agenda. Saben lo eficaz que fue su negativa de adoptar tanto los atuendos preexistentes como las suposiciones profesionales preexistentes para construir su mito. Así fue como las sudaderas con capucha y las sandalias Teva se convirtieron en sinónimos de la frontera digital. El cambio radical en la sala del tribunal no es casualidad. Es estrategia.

“El paso de la tecnología de Patagonia a Brioni es un símbolo de su creciente importancia”, dijo Venky Ganesan, socio de la firma de inversión Menlo Ventures. “Es la transición de ‘muévete rápido y rompe cosas’ a ‘estabilidad y responsabilidad para que puedas confiarnos el futuro de la humanidad'”.

Es la transición de una empresa emergente y de inversionista ángel a una gigantesca empresa pública que tiene que ganarse a Wall Street. (SpaceX ha solicitado una oferta pública inicial prevista para junio; OpenAI podría ser el siguiente pronto).

Un traje, después de todo, es la prenda del gerente y del ejecutivo. Es el uniforme de la autoridad y la tradición, de Washington, Wall Street y la institución. Sigue todas las viejas reglas de la sastrería y aprovecha las asociaciones culturales arraigadas con la edad adulta, la aspiración y el éxito. No es casualidad que sea el atuendo preferido del presidente, a quien muchas de estas empresas están cortejando actualmente.

Viene acompañado de un sistema de valores familiar prácticamente entretejido en las costuras, especialmente los trajes de Brioni y Kiton, las marcas italianas que, según Ganesan, se han convertido en las más populares en Silicon Valley y que alguna vez fueron los uniformes de los grandes industriales del pasado.

A medida que se expone el lado oscuro de la revolución tecnológica en juicios como este y mientras los ejecutivos tecnológicos sean llamados a testificar ante el Congreso para defender y explicar sus decisiones, cubrirse con los trajes del deber y la responsabilidad puede servir como un contrapunto silencioso. La corbata traza una línea en algún lugar profundo del subconsciente entre la realidad actual y sátiras como “The Audacity”, la nueva serie de AMC en la que los personajes moralmente desquiciados tienen un vestuario igualmente desinhibido.

Esto es especialmente importante en un momento en el que crece el temor a la inteligencia artificial, con el doble de estadounidenses que se sienten más pesimistas que optimistas con respecto a la tecnología, según una reciente encuesta de The Economist/YouGov, y mientras los graduados abuchean a los oradores de las ceremonias de graduación que alaban el futuro del aprendizaje automático.

Aunque el juicio ya terminó, es probable que el vestuario continúe. No solo porque Musk haya prometido apelar o por los casos de adicción a las redes sociales que se están llevando a cabo en los sistemas judiciales de otros estados.

“El sector tecnológico pasó años posicionándose culturalmente al margen de los sistemas (Washington, los tribunales, las audiencias del Congreso) que siguen estando profundamente codificados con la semiótica de la autoridad ejecutiva tradicional”, dijo Joseph Rosenfeld, un consultor de imagen ejecutiva que trabaja con clientes en las costas este y oeste. “Ahora, muchos de estos líderes tecnológicos operan directamente dentro de esos sistemas. La vestimenta se transforma naturalmente con ese cambio en la relación con el poder”.

En otras palabras, aunque es probable que los cuellos redondos y las sudaderas con cierre de tres cuartos no desaparezcan por completo, la era del traje de Silicon Valley también podría estar a punto de llegar.

Elon Musk llega para el segundo día de su testimonio en el juicio contra OpenAI en el Tribunal Federal Ronald V. Dellums en Oakland, California, el 29 de abril de 2026. (Jason Henry/The New York Times)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, llega a una audiencia en el juicio de Elon Musk contra OpenAI en el Tribunal Federal Ronald V. Dellums en Oakland, California, el 12 de mayo de 2026. (Jason Henry/The New York Times)

El gobierno de Trump respaldó las demandas interpuestas por la Havana Docks Corporation que permitirían a dicha entidad obtener una indemnización por bienes confiscados por el régimen de Fidel Castro.

La Corte Suprema falló el jueves a favor de una empresa portuaria de propiedad estadounidense cuya propiedad frente al muelle fue confiscada en 1960, cuando Fidel Castro llegó al poder y nacionalizó la propiedad privada, lo que posiblemente abra la puerta a reclamaciones similares de empresas y particulares estadounidenses.

El fallo de 8 a 1 a favor de la Havana Docks Corporation se produjo mientras el presidente Donald Trump aumentaba la presión sobre el país comunista, que ha sufrido una crisis humanitaria después de que Estados Unidos bloqueara los envíos de petróleo a la isla desde Venezuela y México.

El gobierno de Trump había respaldado a la entidad de propiedad estadounidense, la cual demandó a las principales líneas de cruceros que habían estado utilizando los muelles confiscados. El gobierno dijo a los jueces que las demandas para permitir tales indemnizaciones, autorizadas por primera vez por el Congreso en la década de 1990, eran una importante herramienta de política exterior para desalentar la inversión en Cuba.

El juez Clarence Thomas, en nombre de la mayoría, dijo que quienes utilizan una propiedad “manchada por una confiscación anterior” son responsables ante “cualquier ciudadano de Estados Unidos que tenga un derecho sobre dicha propiedad”. Según Thomas, Havana Docks solo tenía que demostrar que las líneas de cruceros habían utilizado propiedades incautadas sobre las que la empresa tenía derechos.

La jueza Elena Kagan discrepó al decir que los muelles siempre habían pertenecido al gobierno cubano y que el interés de la empresa en la propiedad había expirado antes de que las líneas de cruceros la utilizaran.

La sentencia del tribunal puede abrir el camino a otras demandas similares, pero su repercusión más allá de las demandas contra las cuatro compañías de cruceros no quedó clara de inmediato. Los jueces aún no se han pronunciado sobre un segundo caso similar relativo a las reclamaciones de Exxon Mobil sobre sus activos de petróleo y gas confiscados en la isla.

Antes de la revolución comunista en Cuba, las empresas estadounidenses poseían o controlaban el 90 por ciento de la generación de electricidad de la isla, su sistema telefónico, gran parte de su industria minera, los campos de caña de azúcar y muchas refinerías y almacenes de petróleo. Cuando Fidel Castro subió al poder hace más de 60 años, empezó a confiscar los bienes de todas las empresas de propiedad estadounidense. La mayoría se transfirieron a empresas estatales controladas por el gobierno.

Los inversores estadounidenses presentaron reclamaciones al gobierno de Estados Unidos a través de la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras, una agencia del Departamento de Justicia. En 1971, la comisión certificó la reclamación de la Havana Docks Corporation de 9,1 millones de dólares, o casi 100 millones de dólares ajustados a la inflación, la cual sigue sin pagarse. En total, la comisión certificó 1900 millones de dólares en reclamaciones de casi 6000 demandantes, o unos 9300 millones de dólares en valor actual, según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.

En 1996, el Congreso endureció el embargo comercial estadounidense después de que aviones de combate cubanos derribaran dos aviones pilotados por miembros del grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate. Murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.

Los legisladores aprobaron la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, también conocida como Ley Helms-Burton, que declaraba que la resolución de las reclamaciones de propiedad era una condición clave para restablecer los vínculos económicos y diplomáticos con Cuba. Incluía una disposición que proporcionaba a los estadounidenses una vía para demandar ante los tribunales federales el “tráfico” o uso de los bienes incautados por el gobierno cubano, que ahora es la cuestión clave en los casos de la Corte Suprema.

Pero la ley daba a los presidentes un interruptor de encendido y apagado para suspender la disposición y bloquear las demandas, que eran política y diplomáticamente controvertidas. Presidentes de ambos partidos habían suspendido la disposición hasta que el primer gobierno de Trump la activó en 2019.

Ese cambio de política despejó el camino para que la Corporación de los Muelles de La Habana demandara a las compañías de cruceros por aparcar en los muelles y traer a La Habana a casi un millón de personas. La empresa construyó, poseyó y explotó las instalaciones portuarias a principios del siglo XX, como parte de un acuerdo de 99 años con el gobierno cubano anterior a Castro que le permitía explotar el puerto al menos hasta 2004. Cuando el régimen comunista tomó el poder y se apoderó de los muelles, a la empresa aún le quedaban 44 años de acuerdo.

El sector de los cruceros dijo que había actuado legalmente al colaborar con el gobierno cubano y utilizar los muelles, y que seguía el ejemplo del gobierno de Barack Obama, que fomentó los viajes a Cuba en 2016 durante un breve periodo de renovación de las relaciones diplomáticas.

Un juez federal del Distrito Sur de Florida falló en contra de las compañías de cruceros en 2022, y rechazó su argumento de que el uso de los muelles equivalía a un viaje legal. El juez ordenó a las cuatro compañías de cruceros que pagaran al menos 110 millones de dólares cada una.

El Tribunal de Apelación del 11.º Circuito de Estados Unidos revocó la sentencia, al considerar que los derechos de la empresa sobre la propiedad y las operaciones del muelle tenían un límite temporal, y habrían finalizado en 2004 en virtud del acuerdo original con el gobierno cubano.

Ann E. Marimow cubre la Corte Suprema para el Times desde Washington.

El acuerdo al que llegó el presidente con sus propios subordinados se basa en un mecanismo creado por el Congreso que los expertos legales habían advertido que estaba sujeto a manipulación.

En enero, en un vuelo hacia su club de Florida, Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump reflexionó sobre su demanda de 10.000 millones de dólares contra el IRS (Servicio de Impuestos Internos, por su sigla en inglés): “Se supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”, dijo.

Trump es un negociador duro y, al mirarse en el espejo, se enfrentaba a un adversario igual de tenaz. Pero el presidente consiguió llegar a un acuerdo consigo mismo el lunes, tan novedoso y osado como el proceso que lo originó.

Abandonó su demanda y obtuvo de su propio gobierno la promesa de crear un fondo de 1800 millones de dólares para repartir entre sus aliados políticos. Un día después, en un curioso apéndice, Todd Blanche, exabogado de Trump y fiscal general en funciones, pretendió inmunizarlo frente a demandas derivadas de muchas cosas, entre ellas sus obligaciones fiscales.

El gobierno de Estados Unidos, escribió Blanche, queda “prohibido para siempre y precluido” de entablar demandas contra Trump que impliquen una “guerra legal y/o instrumentalización” o declaraciones de impuestos.

Todo el asunto significó una convulsión para la comprensión convencional del sistema constitucional estadounidense, y ha planteado lo que, según expertos legales, eran profundas dudas sobre el poder presidencial. Dijeron que, si se permite que se mantenga el acuerdo, Trump habrá conseguido frustrar simultáneamente el poder presupuestario del Congreso y la capacidad de los tribunales para vigilar la separación de poderes.

De hecho, la adenda del martes coqueteaba con una grave cuestión sin respuesta definitiva: ¿el presidente puede indultarse a sí mismo?

En 1974, poco antes de que el presidente Richard Nixon dimitiera en desgracia por conducta ilegal, Mary C. Lawton, jefa en funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, escribió en un breve dictamen jurídico que “parecería” que Nixon no podía indultarse a sí mismo “en virtud de la norma fundamental de que nadie puede ser juez de su propio caso”.

Ese dictamen no ha sido retirado ni puesto a prueba.

Trump parece decidido a impugnar esa proposición. Aunque el mecanismo fue más complejo que un autoindulto formal, de ser considerada legal, la adenda tendría un efecto sorprendentemente similar, una declaración del gobierno de que Trump no sería responsable de sus actos privados.

Los expertos jurídicos se esforzaron por dar sentido a los acontecimientos de esta semana, y afirmaron de forma provisional que era improbable que alguien pudiera interponer una demanda para detener estas medidas.

“Es realmente difícil pensar en cómo plantear una impugnación judicial a lo que el presidente ha hecho aquí”, dijo Samuel R. Bagenstos, profesor de Derecho de la Universidad de Míchigan. “Eso no significa que la gente no lo esté intentando, y eso no significa que algo no pueda tener éxito”.

De hecho, están empezando a surgir impugnaciones legales. Dos policías que defendieron el Capitolio el 6 de enero de 2021 demandaron al gobierno de Trump el miércoles en un intento de bloquear el nuevo fondo, aunque no está claro si tienen legitimación para impugnarlo.

El Congreso es otra cuestión. Sin duda, tiene poder para actuar.

La Constitución le otorga el control del erario federal. Dice: “No se podrá retirar dinero del Tesoro si no es en virtud de asignaciones efectuadas conforme a la ley”.

Esa cláusula, escribió el juez Samuel A. Alito Jr. en una disidencia de 2024 en un caso no relacionado, “impone al Congreso un deber importante que no puede eludir”.

Pero el Congreso parece haber hecho justo eso al crear el Fondo de Sentencias, una dotación permanente y sin límites para pagar las sentencias judiciales y los acuerdos alcanzados en demandas interpuestas contra el gobierno federal invocando diversas leyes.

Hasta mediados del siglo XX, el Congreso tenía que promulgar legislación fragmentada para autorizar los pagos de las indemnizaciones dictadas por los tribunales contra el gobierno federal.

Para aliviar esa carga, el Congreso creó una primera versión del Fondo de Sentencias en 1956, la cual autorizaba pagos automáticos de sentencias judiciales de hasta 100.000 dólares sin necesidad de que el Congreso actuara. Los importes superiores aún requerían legislación. En 1961, el Congreso amplió el alcance del fondo para incluir los acuerdos extrajudiciales alcanzados para resolver litigios antes de la sentencia. Y en 1978, suprimió el límite de 100.000 dólares, delegando en el poder ejecutivo la facultad de resolver casos por cualquier cantidad en virtud de diversas leyes.

Muy poca gente había pensado en el Fondo de Sentencias hasta esta semana, pero los juristas llevaban tiempo advirtiendo de que se prestaba a abusos.

“La integridad del Fondo de Sentencias depende de la buena fe de los funcionarios del poder ejecutivo”, escribió en 2015 Paul F. Figley, exfuncionario del Departamento de Justicia que ayudó a administrar el fondo de 1978 a 2006, en un artículo publicado en The Journal of Constitutional Law. Su título era revelador: “El Fondo de Sentencias: el bolsillo más profundo de Estados Unidos y su vulnerabilidad al mal uso del Poder Ejecutivo”.

“Sirve a un buen propósito”, dijo Figley en una entrevista esta semana. “Pero está sujeto a manipulación”.

El profesor Bagenstos, quien fue consejero general de la Oficina de Gestión y Presupuesto y del Departamento de Salud y Servicios Humanos en el gobierno de Joe Biden, escribió en enero sobre el peligro que representa el Fondo de Sentencias.

“Un gobierno que deseara gastar dinero en proyectos o beneficiarios no autorizados por el Congreso”, escribió, “podría simplemente animar al beneficiario deseado a interponer una demanda contra Estados Unidos y luego resolver esa demanda (por frívola que fuera) mediante un pago con cargo al Fondo de Sentencias”.

Aunque el Congreso ha cedido poder a la rama ejecutiva, también podría recuperarlo. De hecho, el senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo el martes que esperaba que los legisladores examinaran detenidamente cómo se había puesto fin a la demanda del presidente.

Trump, junto con sus hijos mayores y una de sus empresas, presentó en enero una demanda contra el Departamento del Tesoro, junto con el IRS, una agencia ejecutiva dentro del departamento. Pero el secretario del Tesoro “es y debe ser el alter ego del presidente en los asuntos de ese departamento”, dijo la Corte Suprema en 1926. El presidente se demandaba a sí mismo.

Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia publicado el lunes decía que los “demandantes” –es decir, Trump y su familia– “recibirán una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo”, una disposición que la Casa Blanca utilizó para defender el fondo. Aun así, la oportunidad de contribuir a canalizar pagos cercanos a los 2000 millones de dólares a los aliados tiene valor.

Lo mismo ocurre con la eliminación de la amenaza de una auditoría. En 2024, The New York Times informó de que Trump podría enfrentar una deuda tributaria de más de 100 millones de dólares.

El acuerdo era cuestionable por otras razones.

El IRS tenía numerosos argumentos para defenderse contra la demanda de Trump. Por ejemplo, podría haber prescrito.

Tampoco estaba claro que la agencia fuera responsable de los actos de Charles Littlejohn, un antiguo contratista del IRS que se declaró culpable de filtrar la información fiscal de Trump y cuyas acciones Trump había citado como motivo por el que el gobierno lo había perjudicado.

Además, la suma que pedía Trump equivalía aproximadamente al presupuesto anual de la agencia.

Y la demanda era claramente colusoria, lo que normalmente es motivo para que un juez desestime un caso.

La adenda del acuerdo del martes, el codicilo que pretende inmunizar a Trump y a su familia, planteó sus propias cuestiones jurídicas.

“Es un tipo de documento realmente extremo e impactante”, dijo el profesor Bagenstos.

Incluso en virtud de la decisión de 2024 de la Corte Suprema que confiere amplia inmunidad a Trump por sus actos oficiales, la conducta puramente privada, como parecería ser la presentación de una declaración de impuestos, es susceptible de enjuiciamiento después de que un presidente se convierta en ciudadano privado. No está claro si la adenda podría impedir a un futuro gobierno presentar una demanda de este tipo.

Una serie de acuerdos del gobierno de Barack Obama que implicaban recurrir al mismo fondo que Trump desea utilizar ahora ilustran la dinámica de la delegación abierta del Congreso.

Por ejemplo, una demanda interpuesta en 1999 por agricultores nativos americanos por lo que afirmaban era discriminación por parte del Departamento de Agricultura. Un juez denegó la certificación de la demanda colectiva para las reclamaciones monetarias, lo que significa que el gobierno probablemente no se enfrentaba al riesgo de una sentencia judicial cuantiosa. Aun así, tras más de una década de litigios, en 2011 el gobierno aceptó llegar a un acuerdo.

Al no haber suficientes nativos americanos que presentaran reclamaciones, el gobierno pagó solo 300 millones de dólares de los 680 millones que había acordado reservar. Redirigió el resto a grupos sin ánimo de lucro que prestaban servicios a los nativos americanos.

Un tribunal de apelaciones autorizó que se efectuara el pago. En una opinión discrepante, la juez Janice Rogers Brown, del Tribunal de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia, dijo que la mayoría había mostrado un placer perverso al dejar que el gobierno actuara a su antojo.

“Quizás algún día comparta la satisfacción maliciosa de mis colegas por el hecho de que el poder ejecutivo saquee del Tesoro cientos de millones de dólares de los contribuyentes, los deposite en una caja negra disfrazada de acuerdo, y luego reparta el dinero entre cualquier grupo que el ejecutivo quiera financiar”, escribió. “Pero ese día no es hoy”.

Sin embargo, aquel acuerdo solo se parecía superficialmente al anunciado esta semana. Surgió de un litigio real. Y Obama no salió directamente beneficiado.

Adam Liptak es el corresponsal jefe de asuntos legales del Times y presentador de The Docket, un boletín sobre novedades jurídicas. Licenciado por la Facultad de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002.

Una respetada revista literaria publicó un relato corto que muchos lectores creen fue generado por inteligencia artificial. Los expertos no están tan seguros.

La preocupación por el uso cada vez más generalizado de herramientas de IA para ayudar a escribir sigue inquietando al mundo literario.

Esta semana, el Commonwealth Short Story Prize atrajo la atención de lectores que sospechaban que uno de sus relatos ganadores, “The Serpent in the Grove“, había sido escrito por inteligencia artificial. Al igual que los cinco ganadores regionales del concurso, el relato fue publicado en línea por Granta, una revista literaria británica que ha presentado trabajos de autores de renombre como Kazuo Ishiguro, Zadie Smith y Salman Rushdie.

“Hemos tomado nota de los comentarios y hemos intentado ser muy sistemáticos en nuestra comprensión de algunas de las perspectivas y tratado de mirarnos internamente para ver si creemos que nuestro proceso hasta la fecha ha sido lo suficientemente sólido”, dijo Razmi Farook, director general de la Commonwealth Foundation, que administra el premio, en una videollamada con The New York Times. “Confiamos en el rigor de nuestro proceso, pero somos conscientes de que este es un entorno tecnológico en evolución”.

Granta, que no respondió a las preguntas enviadas por el Times antes de la publicación, adoptó una postura diferente en sus múltiples declaraciones públicas.

“Le mostramos a Claude.ai el artículo y le preguntamos si fue generado por IA”, dijo en un comunicado Sigrid Rausing, editora de Granta. “La respuesta fue larga, concluyendo que ‘casi con toda seguridad no fue producida sin la ayuda de un humano'”.

Rausing añadió: “Puede ser que los jueces hayan otorgado ahora un premio a un caso de plagio de IA; aún no lo sabemos, y quizá nunca lo sepamos”.

En su sitio web, la revista publicó una declaración sobre cada uno de los cinco relatos ganadores, distanciando a sus editores del proceso de selección del concurso.

“Los editores de Granta no estuvieron involucrados con estos relatos ni en su selección, más allá de editarlos tras su recepción”, dice en parte la declaración. “La sugerencia de que los escritores han presentado material que no es auténticamente suyo es una acusación que nos tomamos en serio, pero hasta que salgan a la luz pruebas definitivas mantendremos estos relatos en nuestro sitio web”.

El autor del relato, Jamir Nazir, se describe en una biografía adjunta en el sitio web de Granta como “un prolífico poeta y autor, con libros publicados y otros de próxima publicación”. Entre las pocas obras que Nazir parece haber publicado se encuentra un poemario autopublicado, Night Moon Love: Poems for All Who Have Loved or Dreamed of Love. Nazir no respondió a una solicitud de comentarios.

El concurso de este año recibió unas 7800 candidaturas. De los cinco elegidos como ganadores regionales, uno será nombrado ganador general el 30 de junio.

Las especulaciones en torno a “The Serpent in the Grove” se produjeron a raíz de la noticia, publicada por el Times en marzo, de que Hachette Book Group interrumpía sus planes de publicar Shy Girl, una novela de terror, en Estados Unidos, y suspendía las ventas del libro en el Reino Unido. La medida se tomó tras las acusaciones generalizadas en línea de que su autora, Mia Ballard, había dependido en gran medida de la IA para escribir el libro. (Ballard declaró al Times que un conocido al que contrató para editar una versión autopublicada de Shy Girl había utilizado IA, pero que ella misma no lo había hecho).

A principios de esta semana, el Times también descubrió que el autor Steven Rosenbaum había incluido varias citas ficticias o mal atribuidas generadas por IA en su reciente libro de no ficción sobre inteligencia artificial, The Future of Truth. (En un comunicado, Rosenbaum dijo que el libro contenía “un puñado de citas atribuidas indebidamente o sintéticas” y que había iniciado su propia investigación).

Los autores han adoptado diversas posturas públicas sobre el papel de la IA en sus procesos creativos.

La autora Coral Hart, por ejemplo, ha sido abierta sobre el uso de IA para ayudarla a escribir; el año pasado autopublicó más de 200 novelas románticas, con la ayuda de Claude de Anthropic.

La autora polaca Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel, causó un pequeño revuelo en la comunidad literaria esta semana tras decirle a un público en Polonia la semana pasada que utilizó IA al escribir su última novela. Tokarczuk respondió con una declaración compartida por su editorial.

“Hago uso de la inteligencia artificial siguiendo los mismos principios que la mayoría de las personas del mundo: la considero una herramienta que permite documentar y verificar datos más rápidamente”, dijo Tokarczuk. “Ninguno de mis textos, incluida la novela que aparecerá en polaco este otoño, se ha escrito con ayuda de la inteligencia artificial, salvo para utilizarla como herramienta para una investigación preliminar más rápida”.

Para las editoriales y los jurados de los premios, la IA presenta un desafío sin soluciones claras. Las acusaciones vertidas contra “The Serpent in the Grove” y otras obras han revelado lo difícil que puede ser determinar si una obra ha sido escrita por un humano.

En los días siguientes a la publicación del relato, los lectores en las redes sociales y los foros en línea señalaron signos de tics de escritura de la IA, como el uso excesivo de metáforas y símiles; expresiones figurativas sin sentido (una línea en particular, “tenía el tipo de andar que hacía que los bancos se convirtieran en hombres”, recibió muchas críticas); y paralelismo negativo, que se conoce más comúnmente como la construcción “no X, sino Y”.

Pero estos rasgos también aparecen a menudo en la escritura humana. Para confirmar sus sospechas, algunos lectores, entre ellos el profesor de la Wharton School e investigador de IA Ethan Mollick, pasaron el relato por detectores de IA como Pangram, que sugirió que el fue 100 por ciento generado por IA.

Aun así, algunos expertos advierten de que estas herramientas no son del todo confiables.

“Los detectores de texto de IA cometen muchos errores, sobre todo en la escritura creativa que utiliza construcciones inusuales que pueden no ser las típicas en las que Pangram ha entrenado a su sistema”, dijo Nicholas Andrews, investigador principal de ciencias informáticas de la Universidad Johns Hopkins, cuyo trabajo se centra en la IA y el aprendizaje automático.

Jack Grieve, profesor de Lingüística de Corpus de la Universidad de Birmingham, señaló que, si no se controlan las variaciones de dialecto, tema, género e indicaciones, confiar en las herramientas de detección de IA puede ser arriesgado. A su juicio, escribió en un correo electrónico al Times, el relato corto no estaba ni obviamente generado por IA ni obviamente no generado por IA.

“La tecnología aún no está a la altura y, debido a sus imperfecciones, lleva a la gente a pensar que las cosas son blancas o negras cuando no lo son necesariamente”, dijo Farook. Añadió que, para las organizaciones, es importante evitar tener “una reacción impulsiva a la histeria general en torno a estos temas en este momento”.

Este es especialmente el caso, añadió Farook, debido a los riesgos que conllevan las falsas acusaciones para los escritores.

“Se trata de personas con historias personales, escritores que se enfrentan a sus propios retos personales, y la escritura es una herramienta muy vulnerable”, dijo Farook. “El premio trae a esas personas al frente. Tienen que enfrentarse a algo nuevo. A menudo son escritores inéditos, así que hay un deber de cuidado y consideración que debemos tener en cuenta”.

China hizo un llamado a que Estados Unidos deje de usar la “coerción” y las “amenazas” contra su aliado Cuba, después de que Washington imputara al exlíder cubano Raúl Castro por asesinato.

Un tribunal en EE.UU. acusó a Castro, de 94 años, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses en el derribo de dos avionetas en 1996, un incidente en el que cuatro personas murieron y avivó las tensiones diplomáticas entre Washington y la isla caribeña.

El presidente Donald Trump ha buscado repetidamente aplicar presión sobre Cuba y ha discutido abiertamente el derrocamiento del régimen comunista.

El jueves, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró que EE.UU. debería “dejar de amenazar con fuerza en cada ocasión”, y que Pekín “apoya firmemente a Cuba”.

El miércoles, Castro fue acusado junto con otras cinco personas de participar en el derribo de dos avionetas que volaban entre Cuba y Florida en 1996, y fue imputado de crímenes que conllevan penas de cadena perpetua o muerte.

Las aeronaves, operadas por el grupo disidente cubano Hermanos al Rescate, trasportaban a tres ciudadanos estadounidenses cuando fueron derribadas, causando la muerte de todos.

En ese momento, Castro -que dejó la presidencia en 2018- era el comandante de las fuerzas armadas del país.

El incidente causó indignación entre los cubanos en el exilio y ha sido desde entonces una fuente de disputa entre Washington y La Habana.

El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, describió las imputaciones como “una acción política sin ningún basamento jurídico”.

“Firme” apoyo

El ministro de Exteriores de China, un aliado de larga data de Cuba, expresó que Pekín se opone ” a cualquier intento de fuerzas externas de aplicar presión a Cuba bajo cualquier pretexto”.

“Estados Unidos debería cesar el uso de sanciones y del aparato judicial como herramientas de coerción contra Cuba y abstenerse de emitir amenazas de uso de la fuerza en cada ocasión”, dijo el portavoz del gobierno chino.

“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad y se opone a la interferencia externa”.

Estas palabras se producen mientras la Casa Blanca continúa intensificando la presión sobre Cuba.

Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra el país y un bloqueo de petróleo, una medida que ha resultado en apagones y escasez alimenticia.

A comienzos de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de los sectores cubanos de energía, defensa, finanzas y seguridad, así como a individuos que EE.UU. alega que han perpetrado abusos de derechos humanos o han robado bienes públicos.

Desde la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero para enfrentar un juicio en EE.UU. por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, Trump ha dicho abiertamente que Cuba está “lista para caer”.

China se ha acercado más a Cuba desde que el presidente Xi Jinping visitó la isla en 2014.

En 2018, Cuba se asoció a la Iniciativa Franja y Ruta de China, que financió varios proyectos de infraestructura estratégica en la isla.

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En su adolescencia, Will Adolphy se fue aislando cada vez más de su familia, siguiendo los consejos de influencers para descubrir cómo un hombre verdadero debería lucir, sentir y actuar.

Se vio envuelto en la llamada “machosfera”: un espacio online donde los hombres comparten las opiniones de que las mujeres deberían estar a su servicio.

En el programa Ready to Talk with Emma Barnett de la BBC, Will habla sobre los anzuelos que lo arrastraron hacia la misoginia digital, y cómo ahora ayuda a adolescentes y hombres jóvenes a evitar ese camino.

La presión de ser aceptado

En la escuela, había una cultura que Will describe como “el estuche del hombre”: una colección de reglas que, de chico, sintió un gran presión de seguir.

“No seas gay”, recuerda que pensaba: “No seas una gallinita. No seas nena. Sé fuerte. Sé estoico. Debes ser atlético”.

“Viene de todas partes”, comenta Will, señalando a todos y todo, desde profesores, padres, películas, publicidad, hasta la música popular. “Esos mensajes te llegan a nivel inconsciente”.

Will era un joven sensible. Quería hacer ballet, ser un actor, pero sus años de adolescencia estuvieron definidos por el deseo de ser aceptado por sus pares.

“Ser uno del grupo era lo más importante en mi vida”, indica. “No ser aceptado por los otros es algo devastador a cualquier edad, pero cuando eres adolescente es de vida o muerte”.

“Eso fue una gran parte de mi niñez”, añade. “Eso fue parte de lo que me enganchó después más adelante”.

Problemas en casa

Los padres de Will se separaron cuando tenía 17 años.

“Fue muy difícil durante muchos años”, dice. “Fue simplemente un hogar increíblemente volátil”.

Se mudó a la oficina de su papá al final del jardín, con su cama y su consola de videojuegos.

“Creo que esa fue más o menos mi manera de separarme de la tensión que estaba absorbiendo en la casa”, explica. “Hubo peleas, hubo violencia”.

Mucha de la fricción sucedía por el tiempo que pasaba con sus videojuegos, a los que se había vuelto adicto.

“El Xbox era el único lugar y tiempo en mi vida donde encontraba algo de consuelo y alivio de lo que estaba sucediendo en la escuela; de lo que estaba sucediendo en casa”.

Will no habló con nadie de lo que le estaba pasando.

“Simplemente no tenía el vocabulario para entender qué era lo que me sucedía. Era mi estado normal”.

La ideología del “donjuán”

Empezó a mirar contenido de supuestos “donjuanes”, que pretenden enseñarles a los hombre jóvenes cómo tener más confianza con las mujeres.

Fue la rendija de entrada en la “machosfera” y, después de la universidad, se encontró cada vez más atraído a ese espacio: un ecosistema indefinido de influencers, ideologías y plataformas.

“Todavía sentía la presión de ser un hombre verdadero y tener éxito, y estaba fracasando en ello”, expresa Will. “No estaba ganando mucho dinero”.

“Y, por otra parte, tenía toda esta presión que experimentaba para no ser tóxico, así que la sentía de ambos lados”.

Cuando surgió el movimiento #MeToo, Will se encontró sintiéndose frustrado con lo que percibió de esa narrativa.

Como un hombre blanco, heterosexual, escuchaba que era privilegiado, que las cosas se le habían dado fácil. Pero, en realidad, se sentía miserable y sufría de ataques de pánico.

“Realmente no quería estar aquí”, reconoce. “Estaba viendo muchos videos en mi cuarto y sintiendo mucho resentimiento con el mundo”.

“Todas las respuestas”

“El mensaje muy claro era que el feminismo es veneno”, recuerda. “Es malo para los hombres y que el mundo está amañado contra los hombres”.

Empezó a sentirse validado y entendió las voces que estaba escuchando online. “Eso fue lo que verdaderamente me atraía la mayoría del tiempo”, dice.

“Estaba principalmente mirando a manera de autoayuda, porque me sentía tan deprimido y ansioso… y aquí tenía un influencer que me indicaba cómo no sentirme deprimido y ansioso”.

Un influencer en particular se convirtió en una especie de figura paternal para él.

“Fue tan tranquilizante tener a alguien que tenía todas las respuestas”, afirma.

“Tenía una pintura de él en la pared”, cuenta. “Solía citarlo en cada conversación que tenía con la gente”.

“Desconfianza de las mujeres”

“Eso me generó desconfianza alrededor de las mujeres que conocía”, señala Will.

“Realmente sentí que, como hombre, el feminismo me la tenía jurada. Así que recuerdo que salía de mi casa pensando en que podía cruzarme con una feminista que me iba a atacar, y debía estar preparado”.

Eso afectó su relación de pareja. “Sentía que era muy difícil conectar con ella y empatizar con su experiencia como mujer”.

“A medida que veía cada vez más contenido, desarrollé una visión de un mundo que estaba en contra mío y que el mundo era feminista y woke y que tenía que protegerme de ese mundo y esconderme”.

Will y su pareja se separaron. Sucedió durante el covid, no estaba trabajando y quedó “sumergido” en una depresión.

De pronto, un día, algo cambió, y Will se dio cuenta de que necesitaba hacer algo.

“Me quedó claro en ese momento… o iba a tener una vida miserable o iba a suicidarme”, expresa.

Una amistad le sugirió que pasara un tiempo alejado de todo el bullicio, así que reservó una estadía de una semana en Gales.

Decidió dejar atrás el teléfono y su portátil, optando por caminar, meditar y “enfrentar esto dentro de mí”.

Eso fue un momento “alucinante” para Will: “Empecé a botar todas estas cosas dentro de mí… sentía dolor, pero estaba bien”.

Le ayudó a Will a darse cuenta de su propósito: capacitarse como un terapeuta y ayudar a jóvenes y hombres como él.

Cree que está en una “posición única” para crear espacios de empatía donde los hombres y muchachos jóvenes pueden hablar francamente sobre sus experiencias.

Parte del proceso fue aceptar también que, en sus palabras, estaba “ciego al tipo de daño y trauma que sufren las mujeres y niñas”.

Will ahora comprende de dónde viene parte de la indignación y hostilidad que hay contra la masculinidad.

“No era simplemente algo que salía de la nada, y yo solía pensar… que no era capaz de empatizar, pero ahora me encuentro en una situación donde puedo asistir a una discusión sobre la violencia contra mujeres y niñas y realmente escuchar”.

La “cura” está en la conexión

Will es ahora un orador, y dice que la clave para ayudar a hombres jóvenes y chicos es “enfocarse en la conexión”, abordarlos de una manera en que no se sientan avergonzados.

“Puede suceder simplemente alrededor de una taza de té”, comenta.

“Cuando se crea un ambiente de seguridad y confianza, podemos sentirnos más dispuestos a hablar de cosas que realmente son útiles de conversar”.

“¿Qué estás viendo online? ¿Qué es lo que estás encontrando? ¿Qué piensas del mundo? ¿Qué te gustaría que yo supiera de lo que significa ser un adolescente ahora? Estas son solo algunas cosas que podemos preguntar”.

Will lo tiene claro: “Formas de ver la vida rígidas se fermentan en el aislamiento… yo no hablaba con mucha gente por miedo y porque conducía a peleas”.

“Vuelvo la vista a esa época de mi vida y puedo ver por qué parte de esos consejos eran realmente persuasivos, realmente útiles. Y muchos de esos mensajes dañinos lograron filtrarse”.

El “verdadero anzuelo”, advierte Will, es cuando el entorno online les ofrece a los chicos la camaradería y validación que les hace falta.

Para él, las conexiones en la vida real son la cura y él está ansioso por difundir ese mensaje.

“Cuando empecé a conectar con el mundo real, con personas reales, el establecer una relación con un influencer simplemente perdió todo su atractivo y fuerza”, concluyó.

*Este artículo está adaptado del programa Ready to Talk with Emma Barnett, de la BBC, cuyo episodio completo en inglés “Escaping the Manosphere with Will Adolphy” puedes escuchar aquí.

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El trato de un ministro de Israel a activistas propalestinos que se encontraban a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, y que fue interceptada por fuerzas navales israelíes, recibió este miércoles el repudio internacional.

España, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos estuvieron entre los países que expresaron indignación después de que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicara un video en el que se lo ve burlándose de activistas arrodillados con las manos atadas a la espalda.

Sus acciones también provocaron una crítica poco habitual del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que no están “en línea con los valores de Israel”.

Un grupo que promueve los derechos humanos que representa a los detenidos indicó que habían sido víctimas de abusos físicos que resultaron en “lesiones graves generalizadas”.

La organización Adalah señaló que al menos tres fueron llevados a un hospital y que ya fueron dados de alta.

“Los abogados (de Adalah) documentaron decenas de participantes con presuntas fracturas de costillas y la consiguiente dificultad para respirar”, afirman en un comunicado.

“Los informes también indicaron el uso frecuente de armas Taser contra los participantes, así como lesiones sufridas por el uso de balas de goma durante la interceptación”.

El grupo afirmó que los activistas también fueron “sometidos a graves degradaciones, acoso sexual y humillación”.

Las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre las acusaciones.

Más de 50 embarcaciones que participaban en la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) zarparon desde Turquía el jueves pasado.

A bordo iban 430 personas de más de 40 países y una cantidad simbólica de ayuda.

Israel desestimó la iniciativa como un “truco publicitario al servicio de Hamás”.

“En contra de su voluntad”

El lunes por la mañana, comandos navales israelíes armados comenzaron a interceptar la flota en aguas internacionales al oeste de Chipre, a unas 250 millas náuticas (460 kilómetros) de la costa de Gaza, que está bajo bloqueo marítimo israelí.

Los organizadores de la GSF afirmaron que todas las embarcaciones habían sido interceptadas para la noche del martes, y que una logró acercarse a 80 millas náuticas del territorio palestino.

Además, acusaron a Israel de una “agresión ilegal en alta mar” y aseguraron que los comandos israelíes abrieron fuego contra seis embarcaciones, utilizaron cañones de agua y embistieron deliberadamente a un buque.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó que no se utilizó munición real e insistió en que no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza.

El ministerio también dijo que todos los activistas fueron trasladados a embarcaciones israelíes y que podrán reunirse con sus representantes consulares tras su llegada a Israel.

El grupo israelí de derechos Adalah había señalado este miércoles que los activistas estaban siendo “llevados a territorio israelí completamente en contra de su voluntad” y detenidos en el puerto de Ashdod.

“El equipo legal impugnará la legalidad de estas detenciones y exigirá la liberación inmediata de todos los participantes de la flotilla”, añadió.

Por la tarde del miércoles, Ben Gvir —un ultranacionalista que, como ministro de Seguridad Nacional, supervisa a la policía de Israel— publicó un video en redes sociales con el texto: “Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel”.

En las imágenes se lo ve visitando un centro de detención en el puerto de Ashdod, donde están retenidos los activistas.

Aparece alentando al personal de seguridad mientras empujan al suelo a una activista que grita “Free, Free, Palestine” (en español, “Libre, Palestina Libre”) mientras él pasa a su lado.

Luego ondea un bandera israelí grande al lado de decenas de activistas arrodillados en el suelo con las manos atadas a la espalda y les dice en hebreo: “Bienvenidos a Israel. Nosotros somos los dueños”.

Otros activistas aparecen arrodillados en la cubierta de un barco mientras se reproduce el himno nacional israelí.

“Una política criminal de abusos y humillación”

En respuesta al video difundido por Ben Gvir, la organización Adalah dijo que las imágenes demuestran que Israel está “aplicando una política criminal de abusos y humillación contra los activistas”.

La secretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó, el miércoles, que el video muestra “escenas totalmente vergonzosas” y que había enviado una citación a la embajada de Israel para exigir una “explicación urgente”.

Cooper informó que están en contacto con las familias de varios británicos implicados para brindarles apoyo consular.

“Hemos exigido una explicación a las autoridades israelíes y hemos dejado clara su obligación de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y de todos los involucrados”, dijo.

El año pasado, Reino Unido, Australia, Noruega, Canadá y Nueva Zelanda les impusieron sanciones a Ben Gvir y al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, “por las incitaciones reiteradas a la violencia contra comunidades palestinas”.

Esa fue la primera vez que ministros israelíes fueron sancionados por gobiernos occidentales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó, el miércoles, el tratamiento de Israel hacia los activistas como “abominable” y añadió que había dado instrucciones para convocar al embajador israelí.

“La protección de los civiles y el respeto por la dignidad humana deben imperar en todas partes, en todo momento”, dijo Carney en una publicación en X.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, condenó a Ben Gvir, diciendo que las acciones de las autoridades israelíes eran “degradantes”.

España, Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica señalaron, el miércoles, que las acciones de Ben Gvir son “inaceptables” y anunciaron que han convocado a sus respectivos embajadores de Israel.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en X que “las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables”.

“No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro del gobierno israelí. Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente”, añadió..

“Es intolerable que estos manifestantes, entre los que hay muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato, que vulnera la dignidad humana”, declaró la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien añadió que su país también exige una disculpa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean Noël Barrot, manifestó la “indignación” del país y pidió que los ciudadanos franceses “sean tratados con respeto y liberados sin demora”.

Su homóloga canadiense, Anita Anand, indicó a periodistas que el video es “profundamente preocupante” y un asunto que toman “muy, muy en serio”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, afirmó que el video muestra que los “participantes de la Flotilla Global Sumud detenidos ilegalmente, incluidos ciudadanos irlandeses, no están siendo tratados en absoluto con la dignidad o el respeto adecuados”.

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, calificó las acciones de Ben Gvir como “despreciables”.

Cuestionamientos internos

En un paso inusual, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, se sumó a la condena y, dirigiéndose a él en X, escribió: “Causaste intencionalmente un daño al país en este espectáculo vergonzoso, y no es la primera vez”.

Ben Gvir respondió rápidamente: “Se espera del ministro de Asuntos Exteriores que comprenda que Israel ya no es un niño al que se le puede dar una bofetada”.

El primer ministro Netanyahu emitió entonces su propia reprensión.

“Israel tiene todo el derecho de impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza”, indicó en un comunicado.

“Sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir actuó con los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel”.

El primer ministro añadió que instruyó a las autoridades israelíes a “deportar a los provocadores lo antes posible”.

La GSF indicó que los activistas a bordo transportaban alimentos, fórmula para bebés y ayuda médica para los palestinos de Gaza, donde las condiciones de vida son extremas y la mayoría de los 2,1 millones de habitantes está desplazada, a pesar del alto al fuego acordado por Israel y Hamás en octubre pasado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel describió Gaza como “inundada de ayuda”, y señaló que más de 1,5 millones de toneladas de ayuda y miles de toneladas de suministros médicos han entrado en el territorio en los últimos siete meses.

La ONU indicó la semana pasada que muchas familias desplazadas en Gaza siguen obligadas a refugiarse hacinadas en tiendas de campaña o estructuras gravemente dañadas debido a la falta de alternativas más seguras.

El acceso a servicios básicos sigue siendo limitado, añadió, con suministros irregulares de agua potable y sistemas de gestión de residuos deteriorados que no pueden abordar de manera eficaz las preocupaciones de salud pública.

Las plagas y los roedores también son un problema.

La ONU señaló que las operaciones humanitarias continúan afectadas por las restricciones a la importación de repuestos críticos, generadores de respaldo y otros equipos, así como por la escasez de insumos esenciales, incluido combustible y aceite de motor.

Y precisó que el 86% de los suministros humanitarios inicialmente aprobados por las autoridades israelíes para entrar a Gaza en abril fueron finalmente descargados en los cruces fronterizos.

Los suministros restantes fueron devueltos a sus puntos de origen.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió con una campaña militar en Gaza, durante la cual más de 72.770 personas murieron, según el Ministerio de Salud del territorio.

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Air France y Airbus fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo de 2009 que causó la muerte de 228 personas.

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a la aerolínea y al fabricante de aeronaves de homicidio involuntario corporativo por el incidente, en el que el vuelo AF447, que cubría la ruta Río de Janeiro-París, cayó en el océano Atlántico.

El avión de pasajeros sufrió una pérdida de sustentación durante una tormenta y se precipitó al agua, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Un tribunal había absuelto previamente a las compañías en abril de 2023, pero fueron declaradas culpables este jueves después de un juicio de apelación de ocho semanas.

Más información en breve

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La oficina del FBI en Washington anunció que ofrece una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica Witt, una exmiembro de las fuerzas armadas estadounidenses y agente de contrainteligencia.

En febrero de 2019, Witt fue acusada por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia de cargos de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de Irán.

En un comunicado el pasado 14 de mayo, el FBI dijo que sigue intentando localizar a Witt, quien, según la acusación, desertó a Irán en 2013.

“Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington.

“El FBI no lo ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero”, agregó Wierzbicki.

Quién es Monica Elfriede Witt

No hay muchos detalles sobre su infancia, pero el cartel de personas buscadas por el FBI indica que Witt nació el 8 de abril de 1979 en El Paso, Texas.

Un CV publicado en el sitio web de empleo Indeed muestra que Witt se unió a la Fuerza Aérea en diciembre de 1997 y fue destinada a la Base Aérea Offutt donde trabajó como especialista en inteligencia en servicio activo en lengua persa-farsi.

Posteriormente, desde noviembre de 2003, se desempeñó como agente especial en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Afosi), en la Base Aérea Andrews en Maryland.

En su sitio web, la Afosi afirma que su misión es “identificar, explotar y neutralizar amenazas criminales, terroristas y de inteligencia contra la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa y el Gobierno de Estados Unidos”.

En 2019, un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le dijo a la BBC que Witt fue dada de baja en junio de 2008 con el rango de Sargento Técnico.

Recibió numerosas condecoraciones, incluida la Medalla Aérea, otorgada por “actos de heroísmo o méritos excepcionales”.

Witt dejó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en mayo de 2008.

Durante los siguientes siete meses, trabajó como consultora para Booz Allen Hamilton en Maryland, asesorando sobre “asuntos iraníes” y ofreciendo “especialización lingüística y cultural”.

De noviembre de 2008 a agosto de 2010, trabajó como responsable de la sección de Medio Oriente en otra empresa contratista, Chenega Federal Systems, en Virginia.

Durante este periodo, Witt afirma que “supervisó, controló y coordinó la ejecución de operaciones de contrainteligencia de alta sensibilidad contra servicios de inteligencia extranjeros en todo el mundo”.

Posteriormente, de diciembre de 2010 a mayo de 2011, trabajó en Washington con Amideast, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación internacional, entrenamiento y desarrollo de actividades en Medio Oriente.

Durante su tiempo en la organización sin fines de lucro, “presentó solicitudes para 60 candidatos iraquíes al programa Fulbright a varias universidades estadounidenses”, indicaba su currículum.

El documento también decía que Witt tenía una licenciatura de la Universidad de Maryland, una maestría de la Universidad George Washington y una certificación en persa (farsi) del Instituto de Idiomas de Defensa.

La Revista de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington publicó dos artículos de Witt en 2012. En uno de ellos, criticaba a Estados Unidos por instar a los países vecinos de Irán a romper relaciones con Teherán.

Según su currículum, vivió y trabajó en países como Irak, Qatar, Jordania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán e Irán.

“Compartiendo información clasificada”

Según la acusación de 2019, Witt viajó a Irán en 2012 para asistir a una conferencia que criticaba los “estándares morales estadounidenses” y promovía propaganda antiestadounidense.

Regresó al año siguiente y funcionarios iraníes supuestamente le proporcionaron a Witt “bienes y servicios, incluyendo vivienda y equipo informático”, para facilitar su trabajo para ellos, según la acusación.

Las autoridades alegan que posteriormente comenzó a trabajar para Teherán compartiendo información clasificada y recopilando información de inteligencia sobre antiguos colegas de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Según la imputación, su servicio militar y su empleo como contratista del gobierno le proporcionaron acceso a información “secreta y ultrasecreta” relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjeras, incluyendo los nombres reales de agentes encubiertos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia alegó en su imputación que Witt fue reclutada por Irán y que, tras desertar, supuestamente reveló a ese país “la existencia de un programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado y la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense, poniendo así en riesgo su vida”, declaró el entonces fiscal general adjunto John Demers.

La fiscalía alegó que desde enero de 2012 hasta mayo de 2015, en Irán y otros países fuera de Estados Unidos, Witt conspiró con iraníes para “proporcionar documentos e información relacionados con la defensa nacional de EE.UU., con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de EE.UU. y en beneficio de Irán”.

Agregó que Witt, que entonces tenía 39 años, también “creó paquetes de información para que Irán los utilizara” contra agentes del gobierno estadounidense y oficiales de contrainteligencia.

También se le acusó de haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas del gobierno estadounidense.

Al supuestamente proporcionar información al gobierno iraní, Witt “puso en riesgo información y programas sensibles y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, dijo el FBI.

“La deserción de Witt a Irán ha beneficiado a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que cuentan con elementos responsables de la recopilación de inteligencia, la guerra no convencional y el apoyo directo a múltiples organizaciones terroristas que atacan a ciudadanos e intereses estadounidenses”, declaró el FBI en su comunicado.

La imputación de 2019 también acusó a cuatro iraníes de delitos de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado, como parte de un supuesto esfuerzo realizado entre 2014 y 2015 “para atacar, a través de medios cibernéticos y otros medios habilitados, al menos a ocho agentes del gobierno estadounidense, todos los cuales en algún momento trabajaron o interactuaron con Monica Witt”.

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Una persona hondureña fue detenida el martes en Nueva York, lo que, según dijeron sus abogados, violaba una prohibición impuesta un día antes. Horas después, el hombre fue puesto en libertad.

Agentes federales detuvieron el martes a un hombre hondureño de 21 años en un tribunal migratorio de la ciudad de Nueva York, una acción que, según dijeron sus abogados, contravino a un juez federal que prohibió esas detenciones un día antes.

El arresto se produjo el martes por la mañana en el número 26 de Federal Plaza, uno de los tres juzgados de inmigración de Manhattan sobre los que el juez P. Kevin Castel había dictaminado el lunes que estaban prohibidos para realizar detenciones.

Los abogados del hombre, Vinely Alexander Castillo-Norales, dijeron que la detención se produjo a pesar de una orden que permitía al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas efectuar detenciones en los tribunales solo en circunstancias extremadamente limitadas, ninguna de las cuales parecía aplicarse el martes.

“Su detención viola directamente una orden de este tribunal, dictada ayer mismo”, dijeron los abogados del hombre en una petición presentada el martes ante el Tribunal de Distrito de Manhattan.

Pero el martes por la noche, después de reiteradas preguntas de The New York Times, el gobierno federal tomó dos medidas que parecen contradictorias: puso en libertad a Castillo-Norales y, al mismo tiempo, afirmó que era un delincuente peligroso.

Poco después de que los abogados de Castillo-Norales emitieran un comunicado el martes por la noche en el que afirmaron que había sido puesto en libertad, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a las peticiones de comentarios, afirmando que Castillo-Norales era miembro activo de la pandilla callejera Bloods y que se había enfrentado a cargos por allanamiento de morada, asalto, robo, y posesión de bienes robados.

“El ICE NO infringió ninguna orden judicial”, decía el comunicado. “Nada prohíbe detener a un infractor de la ley allí donde lo encuentres, especialmente a los miembros de pandillas de extranjeros ilegales”.

El departamento no respondió de inmediato cuando se le preguntó por qué se había puesto en libertad a Castillo-Norales, ni aclaró dónde se le había acusado.

En su petición, los abogados de Castillo-Norales solo dijeron que nunca había sido condenado por un delito. Chloe Chik, vocera de su organización, el Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York, dijo que el departamento estaba “claramente aferrándose”.

“Detener a cualquier persona por acusaciones infundadas subvierte el Estado de derecho y podría tener repercusiones duraderas en las libertades civiles de todos”, dijo.

La fiscalía de Manhattan, que representó al Departamento de Seguridad Nacional ante el tribunal, declinó el martes hacer comentarios sobre la detención.

El martes, antes de que Castillo-Norales fuera puesto en libertad, el juez John G. Koeltl, también del tribunal federal de Manhattan, fijó una audiencia telefónica para el miércoles por la mañana. Esa audiencia podría brindar al gobierno y a los abogados del ciudadano hondureño la oportunidad de exponer sus argumentos.

Desde los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump, su gobierno ha adoptado una postura inusualmente beligerante hacia los tribunales federales y los jueces federales de distrito en particular. Pero el desafío abierto a un juez sigue siendo poco frecuente.

Si el tribunal federal de Manhattan determinara que la detención de Castillo-Norales infringió la orden del juez Castel, sería otro capítulo de una notable secuencia de acontecimientos: el gobierno federal ya había reconocido que el ICE había cometido un error legal que permitió la detención de miles de personas en violación de su propia política. Esa admisión llevó al juez Castel a bloquear la práctica, piedra angular de la represión de la migración del gobierno de Trump en la ciudad de Nueva York.

El gobierno había dicho que las detenciones en los juzgados son simplemente una práctica que permite a los agentes evitar las circunstancias peligrosas que podrían surgir sobre el terreno. Sus críticos han respondido que las detenciones en los tribunales migratorios tienen un efecto amedrentador en todo el sistema, que lleva a los migrantes a evitar las audiencias rutinarias por miedo a ser detenidos.

Según la petición presentada el martes, Castillo-Norales entró en Estados Unidos con su padre hace años y expresó su deseo de solicitar asilo. Tras ser detenido brevemente en aquella ocasión, Castillo-Norales fue puesto en libertad bajo palabra, dice la petición.

Dice que nunca ha sido detenido anteriormente por los tribunales migratorios. “Simplemente se ha dedicado a sus asuntos, construyendo una vida para él y para su padre”, dice la petición.

Benjamin Remy, abogado coordinador de la Unidad de Protección de Migrantes del Grupo de Asistencia Jurídica de Nueva York, dijo en una declaración el martes por la noche: “Estamos emocionados de que Alexander regrese rápidamente a casa con su familia, donde pertenece, tras su detención atroz y flagrantemente ilegal”.

Y añadió: “Aunque nosotros, como sus abogados, y su familia nos sentimos aliviados de que Alexander ya no esté detenido ilegalmente como parte de las horribles redadas de migración de Trump, su detención demuestra el absoluto desprecio del ICE por el Estado de derecho”.

Un veterano observador del tribunal, Peter Melck Kuttel, dijo que presenció la detención y proporcionó fotos que tomó en las que se veía que había tenido lugar alrededor de las 9:15 a. m. del martes. Kuttel trabaja en un programa de ayuda a los migrantes en la iglesia de San Pedro, en el centro de Manhattan.

Kuttel dijo que intentó entregar una copia en papel de la orden de 15 páginas del juez Castel del lunes a un grupo de agentes del ICE antes de la detención. Se negaron a aceptarla, dijo, y uno de ellos le comentó que a la agencia eso no le importaba.

La orden de Castel que prohibía la mayoría de las detenciones en los tribunales migratorios abarcaba el 26 de Federal Plaza y otros dos lugares de Manhattan: 201 Varick Street y 290 Broadway.

En su dictamen, el juez citó un memorando de política del ICE de abril de 2021 que permitía pocas excepciones. Las detenciones en los tribunales migratorios solo se permiten si existe una amenaza para la seguridad nacional; si hay un riesgo inminente de muerte, violencia o daños físicos; si se trata de una persecución en flagrancia de alguien que supone una amenaza para la seguridad pública; o si pueden destruirse pruebas materiales para un caso penal.

Los agentes también pueden detener a personas que supongan una amenaza para la seguridad pública si no existe un lugar alternativo seguro para efectuar la detención y eso ha sido aprobada previamente por un funcionario de alto rango, señaló el juez.

La decisión del juez Castel del lunes se produjo después de que el gobierno admitiera de forma inusual en marzo que se había basado erróneamente en un memorando de 2025 al argumentar que el ICE tenía potestad para detener a no ciudadanos en los tribunales migratorios. La fiscalía de Manhattan dijo que el ICE le había informado que, de hecho, la política no se aplicaba en los tribunales migratorios.

Tras la sorprendente admisión del gobierno, el juez impidió que el ICE efectuara tales detenciones, una decisión que había evitado antes. Su decisión anterior, dijo el juez Castel, “se basaba en la premisa claramente errónea de que las políticas de 2025 se aplicaban a los juzgados de migración”.

La cuestión llegó ante el juez en una demanda de 2025 presentada por dos grupos de defensa de los migrantes sin fines de lucro que impugnaban las detenciones en los juzgados. La demanda señalaba que, durante décadas, los funcionarios federales se abstuvieron en su mayoría de llevar a cabo detenciones civiles de migrantes en los tribunales migratorios. Esa restricción se formalizó en el memorando de política del ICE de abril de 2021, y esas restricciones se restablecieron cuando el juez Castel dictó sentencia el lunes.

Madison Swart colaboró con reportería.

Jonah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

Madison Swart colaboró con reportería.

El 19 de mayo, Rusia inició ejercicios nucleares estratégicos a gran escala “para prepararse y emplear fuerzas nucleares ante una amenaza agresiva”, según anunció el Ministerio de Defensa ruso. El día anterior se habían realizado maniobras con armas nucleares tácticas rusas desplegadas en Bielorrusia.

Rusia suele realizar estos ejercicios nucleares a gran escala en octubre. Generalmente se les denomina “Trueno”, pero en febrero de 2022, antes de la invasión a gran escala de Ucrania, se produjo una excepción a esta norma.

Los ejercicios involucran a toda la tríada nuclear: misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos.

“El ejercicio contará con más de 64.000 efectivos, más de 7.800 piezas de armamento, equipo militar y equipo especial, incluyendo más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos, entre ellos ocho submarinos de misiles estratégicos”, declaró el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Esto representa una parte significativa de todas las fuerzas nucleares estratégicas. Según el Boletín de Científicos Atómicos, en 2026, Rusia cuenta, de acuerdo con estimaciones aproximadas, con más de 320 lanzadores, incluyendo silos y plataformas móviles. Por lo tanto, la mayoría de ellos participan en los ejercicios.

De los 13 submarinos nucleares estratégicos, ocho participan en los ejercicios. Considerando que algunos submarinos suelen estar en reparación o mantenimiento en una base naval, estas ocho naves podrían constituir casi la totalidad de la flota de submarinos estratégicos listos para el combate.

Tras el mayor ataque

Los ejercicios se llevan a cabo en el contexto de los ataques masivos y cada vez más frecuentes de drones de largo alcance de Ucrania contra objetivos en Rusia.

Dos días antes de los ejercicios militares la capital rusa sufrió su mayor ataque con drones, en el que murieron tres residentes de la región de Moscú y 17 personas resultaron heridas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, calificó el ataque nocturno como una “respuesta justa” a los recientes ataques rusos en Ucrania, incluida Kyiv, donde un misil impactó contra un edificio de nueve pisos el 14 de mayo, matando a 24 personas.

Las fuentes oficiales no mencionan ninguna conexión entre el ataque en Moscú y los ejercicios.

Sin embargo, técnicamente, las fuerzas nucleares estratégicas se encuentran en estado de alerta constante, y su despliegue probablemente no requiera tanto tiempo como el de otras fuerzas.

Ejercicios bielorrusos

En la víspera de los importantes ejercicios nucleares estratégicos rusos, Bielorrusia inició maniobras con armas nucleares tácticas. Rusia desplegó ojivas nucleares tácticas en el país en 2023.

El Ministerio de Defensa bielorruso anunció que estos ejercicios pondrían a prueba la capacidad de las unidades de armas nucleares para lanzar misiles desde zonas no preparadas en todo el territorio.

Esta no es la primera vez que Bielorrusia realiza ejercicios nucleares con armas tácticas. En 2024, por ejemplo, se llevó a cabo una prueba de preparación para el combate con portaaviones nucleares: un batallón de misiles tácticos Iskander y un escuadrón de Su-25.

La OTAN realiza ejercicios anuales con unidades aéreas armadas con bombas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa. Estas bombas se encuentran en Italia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Turquía.

Pero los ejercicios en territorio bielorruso suelen generar aprensión en Occidente; la invasión de Ucrania en 2022 comenzó, entre otros lugares, desde territorio bielorruso.

Incluso antes de esta invasión, la OTAN analizó posibles escenarios para el estallido de una guerra con Rusia, en la que el ataque comenzaría con maniobras a gran escala en Bielorrusia. Estas preocupaciones se expresaron ya en 2017.

Lanzamiento del Sarmat

El 12 de mayo, Rusia probó un nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat.

Este misil pesado está diseñado para reemplazar los misiles R-36M Voevoda (nombre en clave de la OTAN: SS-18 Satan) en las fuerzas nucleares rusas, fabricados por la empresa ucraniana Yuzhmash, cuyo mantenimiento ya no corre a cargo de sus especialistas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tras recibir el informe sobre el lanzamiento del Sarmat, declaró que su alcance supera los 35.000 kilómetros, más del doble que el del Voevoda.

Un alcance de 35.000 kilómetros permite dirigir el misil hacia su objetivo a lo largo de cualquier trayectoria, en lugar de la más corta. Esto complica enormemente su interceptación.

Otras características que Putin mencionó —la trayectoria de vuelo suborbital y el peso de lanzamiento— también superan las de otros misiles balísticos intercontinentales (ICBM).

La suma de todos estos parámetros nunca se ha demostrado en pruebas prácticas. En solo dos lanzamientos exitosos, el cohete no recorrió más de 6.000 kilómetros.

Putin suele hablar de armas estratégicas, principalmente nucleares, en sus discursos.

Al comentar el lanzamiento del Sarmat, también mencionó otros proyectos nucleares. Habló del misil de alcance medio Oreshnik, que, según el presidente ruso, estará en servicio a partir de 2025.

También mencionó sistemas de propulsión nuclear: el vehículo submarino Poseidón y el misil de crucero Burevestnik. Se informó de pruebas exitosas de estos dos vehículos en 2025.

Sin embargo, en esos casos, no se recibió ninguna evidencia, por parte de fuentes independientes, de que se hubieran realizado dichas pruebas.

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Ningún presidente ha utilizado el gobierno federal para promover sus intereses personales y los de su familia y aliados de forma tan expansiva y abierta como Donald Trump.

Resulta difícil imaginar que cualquier presidente anterior hubiera pensado que podía emprender un acto tan audaz de autoenriquecimiento.

Demandar al gobierno que dirige, y luego resolver el pleito consigo mismo prohibiendo al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) que audite sus declaraciones pasadas. Y como parte de ese acuerdo, entregar 1800 millones de dólares del dinero de los contribuyentes a sus aliados.

El presidente Donald Trump ha utilizado el gobierno federal para promover sus intereses personales y los de su familia y aliados de forma más amplia y abierta que ningún otro ocupante de la Casa Blanca. Cualquier repaso de la historia indica que no existe otro caso que esté siquiera cerca.

Pero a medida que Trump, el único delincuente convicto que ha sido elegido presidente, se adentra en su segundo mandato, parece aún menos inhibido por las normas, escritas o no, que rigieron a sus predecesores. Aunque es profundamente impopular entre el público en general, esta misma semana ha demostrado que sigue siendo el amo indiscutible de su propio partido y, por tanto, parece creer que puede hacer lo que quiera sin temor a que el Congreso se interponga en su camino.

Su autoconcesión de inmunidad frente a las auditorías del IRS equivale a un pase para librarse de las auditorías, esencialmente el equivalente a indultarse a sí mismo por cualquier delito pasado y perdonar cualquier deuda o sanción fiscal. Aunque no se conoce públicamente la situación de las auditorías que ahora se han interrumpido, en teoría, su acción podría ahorrarle el pago de 100 millones de dólares o más, según cálculos anteriores sobre lo que podría haber sido su responsabilidad en caso de una decisión desfavorable del IRS.

La inmunidad de auditoría del IRS para sí mismo, junto con el pago de los contribuyentes a sus partidarios –incluidos potencialmente quienes atacaron el Capitolio y golpearon a agentes de policía el 6 de enero de 2021, en un esfuerzo por anular unas elecciones que Trump perdió– destacan por su descaro, pero no por lo que revelan sobre su enfoque subyacente de la gobernanza en su sexto año en el cargo.

Trump ha difuminado tanto los límites entre sus intereses económicos y su cargo público que ya es difícil definir dónde están, o si siguen existiendo. Él, su familia y sus amigos han amasado una fortuna en los 16 meses transcurridos desde que regresó al poder, de formas que antaño se habrían considerado conflictos de intereses y que posiblemente habrían generado investigaciones.

“Los presidentes han tenido familiares corruptos, incluso criminales”, dijo Barbara Perry, estudiosa de la presidencia en el Centro Miller de la Universidad de Virginia, citando, entre otros, a Hunter Biden. “Pero ninguno de ellos alcanzó el nivel de corrupción de la familia Trump”.

Y añadió: “Han ganado la presidencia dos veces, han emasculado al Congreso, han creado un alto tribunal que los apoya y han remodelado la ley y las instituciones para absolverles de cualquier delito, mientras ganaban miles de millones de dólares mal habidos”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, rechazó la afirmación.

“Se trata de la misma narrativa agotada que los demócratas han esgrimido contra el presidente Trump, su familia y su gobierno durante una década”, dijo. “El presidente Trump solo actúa en interés del pueblo estadounidense, que es por lo que le reeligieron abrumadoramente para este cargo, a pesar de años de mentiras y falsas acusaciones contra él y sus empresas por parte de los medios de noticias falsas. No hay conflictos de intereses”.

La semana pasada, un formulario de declaración indicó que la cartera de inversiones de Trump realizó más de 3600 operaciones solo en los tres primeros meses de este año, muchas de ellas relacionadas con empresas a las que él ha favorecido con acceso o políticas. Su cartera compró acciones en empresas dirigidas por 15 de los 17 directores ejecutivos que llevó consigo a China la semana pasada. El momento en que se realizaron algunas compras ha suscitado dudas sobre si estaban relacionadas con sus declaraciones o con sus políticas.

La Organización Trump, su empresa familiar, dijo que las operaciones fueron realizadas por empresas de corretaje externas y que ni él, ni su familia, ni su empresa intervinieron en la decisión de qué acciones comprar o vender. Pero, a diferencia de la mayoría de los presidentes modernos, Trump no ha puesto sus inversiones en un auténtico fideicomiso ciego, ya que, como dejó claro el formulario de declaración, no es ningún secreto para él en qué empresas tiene acciones mientras toma decisiones políticas.

Su familia se ha beneficiado enormemente de su nuevo negocio de criptomonedas al mismo tiempo que el presidente ha flexibilizado la regulación del sector. Trump indultó al fundador de la bolsa de criptomonedas Binance, quien ayudó a la familia Trump a crear su empresa de criptomonedas. Jeff Bezos, cuyas empresas reciben contratos federales y dependen de las tarifas del Servicio Postal estadounidense, aprobó el pago de unos 28 millones de dólares a Melania Trump, la primera dama, por una película de autopromoción emitida en Amazon.

Los hijos y el yerno de Trump participan en negocios multimillonarios en los Estados árabes del Golfo, mientras el presidente convierte a esas naciones en favoritas de su política exterior. Una empresa de inversiones vinculada a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) realizó una inversión de 500 millones de dólares en la criptoempresa de Trump pocos días antes de su toma de posesión. Posteriormente, el gobierno de Trump aprobó la exportación de chips avanzados a los EAU. En total, Bloomberg ha calculado que las criptoinversiones de la familia han aumentado su patrimonio neto en más de 1000 millones de dólares, al menos sobre el papel.

Las encuestas muestran que la mayoría de la población ha llegado a la conclusión de que Trump está aprovechando la presidencia en su propio beneficio. Una encuesta realizada por YouGov en marzo reveló que el 54 por ciento de los estadounidenses creía que el término “corrupto” se aplicaba “mucho” al presidente, frente al 46 por ciento de un año antes.

Los demócratas arremetieron tras el anuncio de un fondo de 1800 millones de dólares para los aliados de Trump y de la inmunidad del IRS. “Un asombroso acto de corrupción”, dijo Ron Wyden, senador por Oregón. “Una estafa”, escribieron los representantes Richard Neal, por Massachusetts, y Jamie Raskin, por Maryland. “Esto es de no creerse”, dijo Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts.

Incluso algunos republicanos mostraron su malestar por el acuerdo. John Thune, senador por Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo que “no era un gran fan” del fondo de los contribuyentes para los partidarios de Trump. Brian Fitzpatrick, representante por Pensilvania, llegó a decir que “vamos a intentar acabar con él”.

Pero las mayorías republicanas del Congreso, que persiguieron con ahínco las acusaciones de corrupción contra el presidente Joe Biden y su familia, han mostrado hasta ahora poco interés en examinar la mezcla de intereses personales y públicos de Trump. Y Trump demostró una vez más el martes, con la derrota de Thomas Massie, representante por Kentucky, en las primarias republicanas, que sigue ejerciendo un poder sin rival para castigar a quien se cruce en su camino.

El miércoles, en un encuentro con periodistas, Trump defendió su demanda contra el IRS por el hecho de que un contratista facilitara ilegalmente sus formularios fiscales a los periodistas. Desde entonces, el contratista ha sido condenado por el Departamento de Justicia de Biden y sentenciado a prisión, pero Trump argumentó que la propia agencia debía seguir siendo considerada responsable.

Aún así, actuó como si no tuviera nada que ver con el acuerdo final negociado por los abogados que trabajan para él, incluido el fiscal general en funciones, Todd Blanche, quien fue su abogado defensor personal en casos penales antes de las elecciones de 2024.

“Supongo que llegaron a algún tipo de acuerdo”, dijo Trump. “Yo no participé en el acuerdo. Podría haber participado. Pero no decidí hacerlo”. No explicó por qué la publicación de sus formularios fiscales, incluso si se considera responsable al gobierno, debería impedir que se le auditara por sus declaraciones pasadas.

En cuanto al fondo de 1800 millones de dólares, se destinará a las personas que supuestamente fueron maltratadas por el Departamento de Justicia bajo el mandato de Biden, lo que podría incluir a los atacantes del 6 de enero, que ya fueron indultados por Trump. “Se destruyó a la gente”, dijo. “Fueron a la cárcel. Sus familias quedaron arruinadas. Se suicidaron”. No mencionó a los agentes de policía que fueron agredidos o murieron posteriormente.

Trump es un evasor fiscal descarado, quien ha sido sometido a escrutinio en repetidas ocasiones. La Organización Trump, propiedad al 100 por ciento de su familia, fue declarada culpable ante un tribunal penal en 2022 de 17 cargos de fraude fiscal, asociación ilícita para defraudar, conspiración y falsificación de registros empresariales por repartir beneficios extraoficiales a algunos de sus altos ejecutivos. Se le impuso la multa máxima de 1,6 millones de dólares. Su director financiero, Allen Weisselberg, se declaró culpable de 15 cargos y pasó varios meses en la cárcel.

Durante años, Trump luchó por mantener ocultas al público sus declaraciones de la renta, a diferencia de todos los demás presidentes modernos, que las hicieron públicas voluntariamente. Los documentos fiscales obtenidos por The New York Times en 2020 mostraban que solo pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, cuando se presentó a las elecciones presidenciales con la premisa de ser un empresario multimillonario, y solo 750 dólares en 2017, su primer año en el cargo.

En 10 de los 15 años anteriores, Trump no pagó ningún impuesto sobre la renta al gobierno federal, declarando grandes pérdidas. Una batalla de un año de auditorías con el IRS podría haberle costado 100 millones de dólares sin el acuerdo de esta semana, según un análisis del Times de sus declaraciones en 2020, una suma que podría ser significativamente mayor con seis años más de intereses.

Otros presidentes hicieron lo que pudieron para evitar parecer que escatimaban en impuestos, comerciaban en los mercados, ganaban dinero con decisiones políticas o utilizaban fondos de los contribuyentes para recompensar a aliados políticos. Aunque muchos presidentes modernos han ganado dinero tras dejar el cargo, ninguno ha ganado tanto como Trump y su familia durante su estancia en la Casa Blanca.

Ni siquiera los escándalos financieros presidenciales más notorios de la historia –Credit Mobilier durante el gobierno de Ulysses Grant, Teapot Dome durante la presidencia de Warren Harding y Watergate durante el mandato de Richard Nixon– se acercaron al dinero que se ha arremolinado en torno a la familia Trump durante su segundo mandato.

“No solo los tres escándalos financiero-políticos más infames de presidencias anteriores parecen menores comparados con el de Trump”, dijo Perry, la académica especializada en las presidencias, “sino que ninguno de los tres presidentes –Grant, Harding, Nixon– llenó sus propias cuentas bancarias”. Las personas que rodeaban a Grant y Harding intercambiaron políticas públicas por dinero, pero no hubo pruebas de que los presidentes se beneficiaran. Y el dinero recaudado por el equipo de Nixon fue a parar a la caja negra de su campaña y al dinero para silenciar a los ladrones del Watergate, pero no al bolsillo del presidente.

El miércoles, la revista Forbes calculó el patrimonio neto de Trump en 6100 millones de dólares, frente a los 5100 millones del año pasado y los 2300 millones de 2024.

Trump ha insistido en que no toma decisiones políticas basadas en sus propios intereses y ha acusado de persecución política a quienes lo han investigado a lo largo de los años. Pero a medida que se va asentando en el cargo, parece menos preocupado por la apariencia de sus acciones. En enero declaró a The New York Times que no veía ninguna ventaja en seguir las tradiciones presidenciales de fideicomisos ciegos, desprenderse de activos o evitar negocios.

“En mi primer mandato les prohibí hacer negocios”, dijo refiriéndose a su familia, “y no obtuve absolutamente ningún reconocimiento por ello. No tenía por qué hacerlo. Y es realmente injusto para ellos”. Los críticos argumentarían que, de hecho, no se distanció por completo de los negocios durante su primer mandato. Pero él señaló que eso no supuso ninguna diferencia: “Descubrí que a nadie le importaba, me está permitido”.

Peter Baker es el corresponsal principal de la Casa Blanca para el Times. Está cubriendo su sexta presidencia y a veces escribe artículos de análisis que ponen a los presidentes y sus gobiernos en un contexto y marco histórico más grandes.

Aunque muchos estaban divididos sobre la legitimidad de los cargos de asesinato imputados al expresidente de Cuba, la esperanza de que se produzcan avances que alivien su sufrimiento es generalizada.

Mientras la noticia de que Estados Unidos había imputado a Raúl Castro, expresidente de Cuba, por cargos de asesinato, se extendía por todo el mundo, muchos cubanos seguían sin enterarse.

Los apagones generalizados en la isla, que carece de combustible, y las señales telefónicas inestables hicieron que la noticia de la nueva y pronunciada escalada de la campaña de presión de Estados Unidos contra el gobierno cubano tardara en llegar a muchos de los propios residentes de Cuba.

Atrapados en las garras de un régimen represivo y de las punitivas sanciones estadounidenses, los cubanos que recibían las noticias a través de sus inestables celulares y televisores se dividían en cuanto a la legitimidad de los cargos presentados por Estados Unidos, que acusaban a Castro de asesinato y conspiración en el derribo de dos aviones en 1996, en el que murieron cuatro personas, entre ellas tres estadounidenses.

Pero muchos compartían un cansancio común ante el statu quo.

Yoandy Benítez Ramírez, de 24 años, quien trabaja en una fábrica de tabaco en La Habana, dijo que la situación tenía que cambiar.

Los cubanos enfrentan apagones, hambre y una crisis de salud, que empeoró después de que el gobierno de Donald Trump prácticamente cortara el suministro de petróleo a Cuba en enero, y muchos anhelan un avance que pueda aliviar su sufrimiento.

El gobierno de Trump utilizó una acusación federal contra Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, como pretexto para removerlo con una redada en enero. No se sabe si el ejército estadounidense está preparando una operación similar en Cuba. Pero muchos cubanos se preguntan si la imputación no es más que otro paso en una dolorosa y prolongada campaña de presión estadounidense, o el catalizador de una intervención estadounidense más potente.

Yasiel Lugones, repartidor de 27 años, sentado en su motocicleta en La Habana, dijo que no creía que una intervención militar fuera la solución, pero que lo que el país necesita es que la situación en la que está termine.

Dijo que esperaba un desmantelamiento completo de toda la clase dirigente de Cuba, de la cúpula y de la familia Castro.

Lugones dijo que el país vive en un ciclo interminable de más de 60 años, en el que los dirigentes actúan como si fuera una propiedad que se repartieran entre sí. Dijo que tienen que irse, que los cubanos ya no los quieren.

El gobierno cubano condenó el miércoles, de inmediato, la imputación del Departamento de Justicia. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la acusación de “una acción política, sin ningún basamento jurídico”, y dijo que se estaba utilizando para construir la justificación de una posible agresión militar contra la isla.

Algunos cubanos calificaron las acusaciones de ilegítimas, argumentando que Cuba había actuado en defensa propia después de que su espacio aéreo fuera violado repetidamente por el grupo de ayuda que organizó los vuelos, Hermanos al Rescate.

Frank Alejandro Font, de 24 años, ingeniero mecánico en La Habana, dijo que Cuba había tomado la decisión correcta al derribarlos.

También advirtió del riesgo de una incursión militar extranjera.

Dijo que, aunque muchos cubanos piden una intervención, hay que tener en cuenta que siempre hay daños colaterales.

En los días previos al anuncio se habían extendido rumores en Cuba de que algo iba a ocurrir el miércoles. ¿Realizaría Estados Unidos una intervención militar? ¿Se formaría una gran protesta en el país? Los jóvenes cubanos bromeaban sombríamente con los cubanos de más edad diciendo que debían estar preparados para sacar el viejo fusil soviético que tenían guardado.

El empeoramiento de las condiciones de vida en Cuba ha provocado un creciente número de protestas, pero los expertos afirman que es improbable que las manifestaciones se conviertan en un levantamiento popular que amenace al régimen.

En Cuba es difícil encontrar encuestas fiables. Una encuesta reciente realizada por un sitio web de noticias cubano, El Toque, que recopiló más de 40.000 respuestas, reveló que alrededor del 56 por ciento de los cubanos que residen en la isla y casi el 70 por ciento de los que se encuentran en el extranjero apoyarían una intervención militar de Estados Unidos.

Aunque los resultados de la encuesta –que recogió respuestas de participantes voluntarios– no pueden considerarse un sondeo representativo, sus conclusiones probablemente reflejen el agotamiento de muchos cubanos, dijo el profesor Michael Bustamante, catedrático de historia y titular de la cátedra de estudios cubanos y cubanoamericanos de la Universidad de Miami.

“No creo que signifique que a los cubanos les guste la idea de que venga una potencia extranjera a solucionar sus problemas”, dijo Bustamante. “Pero creo que la gente está a tal nivel de exasperación, de desesperación, que aceptará ayuda de dondequiera que pueda obtenerla”.

Raúl Cardoso, jubilado cubano de 70 años, dijo que, sea cual sea la decisión de Estados Unidos, deberían darse prisa en tomarla.

“Si van a entrar, que entren”, dijo Cardoso. “Y si no, que dejen de hablar tanto”.

Emma Bubola es una reportera del Times que cubre Argentina. Reside en Buenos Aires.

¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego, no en los tiempos modernos. El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes para crear un fondo de enriquecimiento político de 1.800 millones de dólares. Aunque supuestamente fue creado para compensar a quienes, según el departamento, han “sufrido la instrumentalización y la persecución de la ley”, en realidad recompensará a leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos violentos en nombre del presidente.

El fondo consigue combinar tres de los comportamientos más alarmantes de Trump. Uno, es una forma evidente de corrupción, procedente de un presidente que ha utilizado su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados. Dos, el fondo continúa su patrón de uso del Departamento de Justicia como ejecutor para castigar a quien considera sus adversarios y proteger a sus amigos y aliados. Tres, el fondo es su último intento de reescribir la historia sobre las elecciones de 2020 y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.

Vale la pena hacer una pausa para situar el fondo en el contexto más amplio del proyecto político de Trump: está destruyendo pilares de la democracia estadounidense para consolidarse en el poder. Sostiene que las elecciones solo son legítimas cuando él gana. Utiliza las fuerzas de seguridad federales para investigar y perseguir a sus supuestos enemigos. Expulsa de su partido a los dirigentes que se atreven a desafiarlo. Califica a los miembros del otro partido y de la sociedad civil de traidores y enemigos. Incentiva a sus partidarios a infringir la ley en su nombre y los recompensa cuando lo hacen. Ordena a sus aliados que cambien las reglas electorales para mantener a su partido en el poder.

El proyecto de Trump aún no ha triunfado, al menos no del todo. Muchos estadounidenses -en el sistema judicial, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en otros lugares- siguen defendiendo la democracia y oponiéndose a sus ambiciones autocráticas. A estas alturas, sin embargo, nadie debería hacerse ilusiones sobre lo que intenta hacer.

La existencia del fondo es una historia de autogestión política. Es nominalmente el producto de una endeble demanda personal que Trump presentó este año contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en español), organismo que él supervisa, por la filtración de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato. Esa demanda dio lugar a una negociación absurda, en la que los abogados de una parte representaban a Trump, el ciudadano, y los de la otra, a Trump, el presidente.

Para mayor absurdo, los abogados del gobierno dependían de Todd Blanche, el fiscal general en funciones, quien anteriormente había trabajado como abogado personal de Trump. Una juez federal de Miami que ayudaba a supervisar el caso, Kathleen Williams, señaló que las dos partes no eran adversarias, lo que ponía en duda el proceso. Incluso Trump reconoció la situación poco después de presentar la demanda al decir: “Se supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”.

Aun así, las conversaciones siguieron adelante porque el Departamento de Justicia de Trump estaba al mando. Como era de esperar, desembocaron en un acuerdo extremadamente favorable para él.

A cambio de que el presidente retirara la demanda contra el IRS, tanto él como sus partidarios recibirán beneficios financiados por el Estado. Para Trump, la ayuda viene en forma de permiso para haber eludido impuestos. El gobierno le ha concedido a Trump y a su familia inmunidad frente a las continuas auditorías de sus pagos de impuestos. Según los expertos, tiene un largo historial de maniobras contables cuestionables, y las auditorías podrían haberle costado más de 100 millones de dólares. Ahora no le costarán nada.

Para sus partidarios, las dádivas procederán de una caja negra. El Departamento de Justicia recurrirá a una fuente permanente de ingresos que el Congreso creó en 1956, conocida como Fondo de Sentencias, destinada originalmente a resolver demandas contra el Gobierno federal. Como señaló Paul Figley, antiguo funcionario del Departamento de Justicia, el nuevo fondo parece legal pero contrario a la intención del Congreso. “Es una política horrible”, dijo Figley a El Times.

El departamento ha destinado 1800 millones de dólares a lo que denomina, en un alarde orwelliano, Fondo contra la instrumentalización, y ha invitado a presentar solicitudes a quienes hayan sido objeto de ataques por “motivos políticos, personales o ideológicos”. Blanche -que mantiene su cargo de fiscal general en funciones en gran medida por su disposición a utilizar el poder federal al servicio de los caprichos personales de Trump- nombrará una junta de cinco miembros, y los líderes del Congreso podrán opinar sobre uno de los cinco. Trump puede despedir a cualquiera de los miembros en cualquier momento.

Para entender quién probablemente recibirá pagos, basta con observar quiénes ya han recibido anteriormente acuerdos del Departamento de Justicia. Michael Flynn, quien fue brevemente asesor de seguridad nacional de Trump en 2017, recibió 1,25 millones de dólares, a pesar de que se declaró culpable de mentir a agentes del FBI. La familia de Ashli Babbitt, que participó en los disturbios del 6 de enero, y a quien agentes federales dispararon cuando ella y otros se acercaban al hemiciclo de la Cámara de Representantes, recibió casi 5 millones de dólares, a pesar de que los investigadores exculparon a los autores de los disparos. El gobierno de Trump está pagando a quienes cometieron actos violentos y delitos, siempre que sean sus aliados.

El calendario del fondo es la clave de cómo Trump planea usarlo. El Departamento de Justicia dijo que el fondo dejaría de procesar las reclamaciones el 15 de diciembre de 2028, semanas antes de que el presidente abandone el cargo, asegurándose de que el dinero se distribuya mientras él todavía tiene el poder de despedir a quien se oponga. El plazo coincide exactamente con la duración de la autoridad de Trump.

Incluso algunos de sus defensores habituales están descontentos. El senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo mansamente que “no era muy partidario” del fondo. Brian Morrissey, consejero general del Departamento del Tesoro, renunció a las pocas horas del anuncio, siete meses después de que el Senado lo hubiera confirmado.

Ofrecer sobornos es solo una parte de la cuestión. Otra, según Blanche, es “garantizar que esto no vuelva a ocurrir”. ¿Qué es exactamente “esto”? La aplicación ecuánime de la ley.

El gobierno de Trump ya ha despedido a agentes federales que cumplieron con su deber al investigar los intentos del presidente de anular las elecciones de 2020. Trump ha concedido clemencia general a más de 1500 alborotadores del 6 de enero, algunos de los cuales ahora podrían recibir pagos. Su Departamento de Justicia consiguió que James Comey, el exdirector del FBI, fuera imputado por cargos dudosos como retribución por su papel en la investigación de los vínculos de la campaña de Trump con Rusia en 2016. El fondo continúa el esfuerzo por convertir la aplicación de la ley en una herramienta de poder político bruto.

El fondo también fomenta la anarquía futura en nombre de Trump. Envía el mensaje de que utilizará su poder no solo para proteger de la rendición de cuentas a quien infrinja la ley, sino también para colmarles de beneficios. Así como el castigo es un elemento disuasorio, las recompensas son un incentivo.

Después de los abusos del presidente Richard Nixon en el escándalo Watergate, el Congreso y el poder ejecutivo construyeron normas y tradiciones para garantizar que las agencias federales, especialmente el Departamento de Justicia, operaran en el interés público, y no en el del presidente. Trump ha intentado desmantelar este sistema. Una vez que se haya ido, habrá que reconstruirlo, y mejor que antes. Ha expuesto y explotado sus defectos y lagunas. A menos que se subsanen, la corrupción y la perversión de la justicia de Trump corren el riesgo de convertirse en la norma.

Mientras tanto, los estadounidenses deberían tener claro lo que está haciendo el presidente. Está tomando su dinero para repartirlo entre delincuentes.