Gerardo Villamar, defensor del Debido Proceso de esa institución, informó que se declaró la violación del derecho a la integridad y a la seguridad de la población reclusa, debido a 188 denuncias que presentaron víctimas.

El funcionario explicó que tanto la cartera del Interior como el Sistema Penitenciario son responsables, por no tomar las acciones necesarias para preservar el orden y la seguridad en los centros carcelarios del país.

La resolución tiene fecha 10 de diciembre de 2015 y fue firmada por Claudia López, procuradora adjunta.

La decisión exige al director del Sistema Penitenciario, directores, subdirectores y alcaides, que atiendan con carácter urgente las necesidades del sistema carcelario.

Villamar señaló que el 2015 finalizó con 104 personas fallecidas, de las cuales, 57 murieron en forma violenta en centros carcelarios. En los datos se incluyen los hechos ocurridos en Izabal, el 31 de diciembre recién pasado.

“El primer derecho humano por el cual debe velar el Estado en una cárcel es la vida, y esto no se cumple”, lamentó Villamar.

Problema constante

El documento expone que se han hecho pocos cambios para resolver el hacinamiento, toda vez que los problemas de habitabilidad e infraestructura persisten, lo que desencadena de manera directa factores de riesgo para la población privada de libertad.

También recomienda al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que gire instrucciones a efecto de que los órganos jurisdiccionales emprendan las diligencias pertinentes para dar celeridad a los procesos judiciales.

Al Ministerio de Salud se le exhorta a seguir los esfuerzos para brindar atención médica a los reclusos, y que se establezcan mecanismos para que el sistema carcelario brinde atención a los enfermos de gravedad.

El viceministro de Gobernación, Élmer Sosa, afirmó que desconocía la condena de la PDH y por ello no podía brindar mayor información.