La iniciativa de Ley de Aguas será analizada en la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, aunque “quizás no con ese nombre tan polémico”, afirma Ronald Sierra, presidente de esa sala legislativa.

Sierra no es el único congresista que pretende tratar el tema, Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, tiene otra iniciativa encaminada a regular el uso del agua, y una tercera propuesta podría surgir de la Comisión de Salud y Asistencia Social.

Sierra se inclina por revisar la “iniciativa de ley que sitúa bajo la rectoría técnica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a las autoridades a cargo de los diferentes cuerpos de agua”, que data de 2008.

El proyecto de ley avanzó hasta segundo debate, y cómo ocurrió con otros de esa naturaleza, quedó estancado.

La futura normativa debiera contener, según Sierra, regulaciones sobre el uso del agua para consumo humano, la agroindustria y la conservación de los recursos hídricos.

Una norma de esta naturaleza serviría para calcular, por ejemplo: “si hay cien mil habitantes en una meseta, las fuentes de agua disponibles, de dónde provienen, cómo pueden ser utilizadas y si son suficientes para garantizar los 30 metros cúbicos que, en promedio, le corresponden a una familia de cinco integrantes y cuánto tiempo durará esa cantidad de líquido”, explica Sierra.

Cualquier uso del agua en el país a partir de una ley requeriría un inventario actualizado de las fuentes de ese recurso, la cual no existe.

Un registro, además, facilitará a las municipalidades supervisar la calidad del agua, su uso industrial y diseñar planes de conservación y de contingencia, agrega Sierra.

¿Mejor calidad?

Tener sistemas de agua, sin embargo, no se traduce en que el acceso a esta sea el mejor, debido a que no se cuenta con procedimientos estandarizados de saneamiento o cloración.

Las reglas del juego que rigen al sector están contenidas por ahora en la Constitución de la República, la Ley de Descentralización, el Código Municipal y de Salud, pero no hay un marco específico, según el estudio Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala, de Emilio Lentini.

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso evaluará los otros proyectos de ley de agua existentes y propondrá, de ser necesario, uno nuevo.

La Constitución garantiza el derecho a la salud, el cual es violado por las municipalidades, según el diputado Luis Hernández, presidente de esa sala legislativa.

“El situado constitucional debe ser para el mejoramiento de la salud, y eso obliga a los alcaldes a invertir los recursos con ese fin. Una de las causas prevenibles de enfermedades es el agua saludable”, refiere.

Existen préstamos por US$100 millones para el Programa de agua potable y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, destinados al área rural, que no han sido liquidados, afirma el legislador.

“Estos empréstitos debieron haber sido ejecutados por el Instituto de Fomento Municipal, en coordinación con las comunas, pero no fue así”, asegura.

El acuerdo del Ministerio de Salud 1148-098 establece que son las direcciones de áreas de Salud y los distritos municipales los encargados de velar por el cumplimiento del manejo y abastecimiento de agua potable, y en esto recae la obligación de purificarla.

Para reducir a la mitad el déficit de cobertura de agua entre 2008 y 2011, debió haberse hecho una inversión de US$290 millones, según las cifras registradas por Lentini, del Plan Nacional de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano.

Divergencias

No hay una sola iniciativa de consenso. Incluso se prepara una nueva, con la participación de las autoridades indígenas, comenta el diputado Amílcar Pop.

Cualquier intento de aprobación, a juicio del legislador, encontrará al menos tres escollos: el uso industrial del agua, su utilización como bien público y la resistencia cultural.

La utilización del líquido vital en la industria incluye normar, por ejemplo, el aprovechamiento que hacen las mineras, dice el diputado.

El empleo del agua como bien público implica “garantizar el acceso a fuentes potables y la debida utilización como bien público por las municipalidades”, añade.

Un tercer valladar es la resistencia cultural de algunos pueblos que han desarrollado sus propios mecanismos para defender el agua como un bien colectivo, como en Sololá y Totonicapán.

“Cualquier iniciativa encontrará retos porque habrá sectores económicos que no querrán pagar impuestos y compensar el uso de grandes cantidades de agua. No será un camino fácil”, advierte Pop.