De no proseguir los proyectos, las autoridades municipales y gubernamentales que asuman en enero del próximo año heredarán trabajos de infraestructura sin avance físico o monetario.

Según expertos, las obras son otorgadas como pago de favores políticos e incluso por amenazas de contratistas, y los retrasos se podrían deber a venganzas de los políticos o mala planificación de recursos.

La planificación fue aprobada para la ejecución durante este año por el Congreso de la República, en el Listado Geográfico de Obras, y de no concluirse pasarán a ser obras de arrastre.

Según el SNIP, San Marcos es el departamento con más proyectos en planificación: mil 71; sin embargo, solo 333 están en ejecución y nueve han sido concluidos.

Le siguen Quetzaltenango, con 835 proyectos —284 en proceso y ninguno terminado—; Guatemala, con 691, de los cuales se ejecutan 299 y tampoco se han finalizado obras.

La mayoría de proyectos planeados incluyen ampliación de caminos rurales, escuelas y centros deportivos, proyectos de agua entubada, programas de alimentación, además de mejoramiento de calles.

Javier Brolo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que las obras públicas son otorgadas a financistas de partidos políticos y tienen discrecionalidad, y que existen amenazas de los contratistas para que les sean otorgadas.

“Una de las formas de defensa por parte del político es atrasar el pago de los contratos, lo que retrasa la ejecución de la obra”, opina Brolo.

El experto en sociopolítica también considera que las obras son pago de favores a inversionistas.

“Los políticos más vulnerables a esto son los que están mucho tiempo en el cargo y los que tienen reputación de haberlo hecho antes”, afirmó.

Roberto Mancilla, director de Inversión Pública de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan), explicó que por mala planificación de las unidades ejecutoras existen obras de arrastre, además de imprevistos durante el período.

“La prioridad siempre son las obras que no se concluyen, para que no queden detenidas”, aseguró Mancilla.

El analista José Dávila indicó que las obras públicas podrían tener atraso intencional, con fines electorales, además de estar ligadas a corrupción y falta de planificación estratégica.

“Las leyes no están totalmente adecuadas al tema, porque no se cumplen plazos y están ligadas a pagos de favores”, dijo Dávila, y agregó que hace falta fijar objetivos y metas financieras.

Obras de arrastre

La Segeplán da cuenta de que en el 2014 fueron reprogramados mil 106 proyectos que no fueron ejecutados en el 2013 por los Consejos de Desarrollo, así como 37 obras municipales.

Ambos suman Q550 millones 267 mil 117, monto que se dejó de invertir en infraestructura a escala nacional.

Gerson López, secretario de la Asociación Nacional de Municipalidades, expresó que siempre han exigido la asignación de los recursos, pero por baja recaudación no les son asignados.

“Es lamentable que una obra quede inconclusa porque solo se da un anticipo. Se incumplen compromisos y se pierden beneficios para la población”, señaló.

“A finales del 2014 logramos que se nos acreditaran Q300 millones que se iban a perder, y tuvimos financiamiento”, refirió López. Añadió que muchas veces no se otorgan porque eso está en función de la recaudación.